Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00205-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2013-00205-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
20 de enero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
Demandante : Marina Beatriz Silva Ortiz
Demandada : Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema : Insubsistencia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 17 de mayo de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 81 a 96 del cuaderno principal 1). La señora Marina
Beatriz Silva Ortiz, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Nación - Fiscalía General de la Nación, para que se acojan las
pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare «[…] la nulidad de la Resolución […] 01210 del
26 de [j]ulio de 2012 […] por medio de la cual se declaró insubsistente, a la
[actora] […] que se motiva […] en la razón de [n]o confianza “intuito
personae” […] del [c]argo de [d]irectora [s]eccional del [c]uerpo [t]écnico de
[i]nvestigación de la [d]irección [s]eccional del [c]uerpo [t]écnico de
[i]nvestigación de Cartagena» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, se ordene su reintegro al empleo que
desempeñaba «[…] sin solución de continuidad para todos los efectos legales
y prestacionales y se le repare el daño, esto es, tomando en equivalencia como
medida de tasación, todos los sueldos, prestaciones, cesantías, vacaciones,
incrementos salariales prestacionales, bonificaciones y otros, que se hayan
concedido y pagado en la misma cuantía de lo cancelado a quien la reemplazó
en el cargo, tomando estos valores de salarios y otros como medida de
cuantificación del perjuicio causado, indexándolos y con sus intereses
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Marina Beatriz Silva Ortiz contra la Nación –
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debidamente liquidados, hasta el momento del pago efectivo de la sentencia
[…]». En forma subsidiaria al restablecimiento del derecho reclamado, se
condene al pago de los perjuicios morales en cuantía de cien salarios mínimos
legales mensuales vigentes. Todo ello con la indexación y las costas a que haya
lugar.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la actora que desempeñó los siguientes
cargos en la accionada:
Empleo Inicio Finalización
Investigador judicial I 03/01/1996 03/02/1999
Profesional universitario judicial I 04/02/1999 24/09/2000
Investigador judicial II 25/09/2000 02/03/2003
Jefe de sección III 03/03/2003 18/01/2005
Profesional especializado I 19/01/2005 04/09/2006
Directora seccional del cuerpo técnico de
05/09/2006 02/03/2010
investigación de Montería (Córdoba)
Dirección seccional del cuerpo técnico de
08/03/2010 26/07/2012
investigación de Cartagena de Indias (Bolívar)
Que «[e]n toda su vida laboral como consta en su hoja de vida al servicio de la
Fiscalía General de la Nación, se distinguió por su compromiso institucional,
eficiencia, responsabilidad, honestidad y trasparencia […]», al punto que fue
encargada de las siguientes direcciones y fiscalías delegadas:
Cargo Inicio Finalización
Fiscal delegada ante los jueces penales del
14/07/1998 05/08/1998
circuito de Cartagena de Indias (Bolívar)
26/12/2000 19/01/2001
Directora seccional del cuerpo técnico de «hasta la
investigación de Cartagena de Indias terminación de
17/12/2002
(Bolívar) las vacaciones
del titular»1
19/08/2003 12/09/2003
Directora seccional del cuerpo técnico de
23/05/2005 «por 50 días»
investigación de Bogotá, D. C.
17/02/2006 ---2
Afirma que «[e]n cada uno de estos encargos se distinguió por el compromiso
institucional, sentido de pertenencia, que se reflejaron en los resultados de su
1
F. 84 del cuaderno principal 1.
2
En los hechos del libelo introductorio no se indicó la fecha final de este encargo.
2
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gestión durante éstos cortos períodos» (sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo demandado los artículos 109, 123 y 251 de
la Constitución Política y 138 del CPACA.
Arguye que la accionada «[…] viol[ó] por exceso la normatividad vigente, pues,
es claro que estaba en completa libertad de declarar insubsistente el
nombramiento de la [d]irectora [s]eccional del CTI de Cartagena a la
demandante, pero sin incurrir en la falsa motivación que efectuó en la
Resolución que estamos demandando, donde se observa que hay una desviación
de poder del mismo; hecho que se prueba con l[a]s diferentes noticias
periodísticas que se aportan y con la propia Resolución N° 01210 que l[a]
declara insubsistente, pues en ella contra la ley el nominador textualmente dijo
“que la designación y desvinculación de los servidores en cargos de libre
nombramiento y remoción puede efectuarse por razones de confianza intuito
personae en orden a plasmar y ejecutar políticas generales diseñadas por el
nominador […]» (sic).
Que «[…] el […] Fiscal persiguió un fin diferente como lo era sacar de los
cargos de mando a los [d]irectores [s]eccionales para colocar a aquellas
personas que comulgaran con sus intereses y sus fines políticos o profesionales,
un fin diferente al que el derecho le asigna, aspecto por el cual se hizo una
barrida de funcionarios seccionales y se ubicó en estos puestos [a] las personas
del entorno político y profesional del mismo», motivo por el que «[n]o es cierto
en el caso concreto, que existan razones del servicio para que el […] Fiscal
General de la Nación, argumentando falta de confianza en la funcionaria, […]
la retirara ilegalmente […]».
Sostiene que quien «[…] la relev[ó] en el cargo […] no tiene ni las calidades,
ni la preparación intelectual, ni la experiencia, ni las distinciones del mismo
como se prueba así aspecto ético y de comportamiento que no existe en la
funcionaria […]»; además, «[…] sin llenar los requisitos exigidos para el
desempeño del empleo no se entiende c[ó]mo s[í] se puede tener confianza en
una persona con la abrumadora cantidad de investigaciones penales y
disciplinarias […] contrario a la limpia, brillante, trasparente hoja de vida de
la [d]irectora [s]eccional retirada de sus servicios quien en toda su vida
profesional nunca tuvo una sola observación[,] anotación o investigación».
1.5 Contestación de la demanda (ff. 115 a 124 del cuaderno principal 1). La
3
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entidad accionada, a través de apoderada, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones; y respecto de los hechos afirma que no le constan, por lo que
deben probarse.
Asevera que «[a]l Fiscal General de la Nación, tanto la Constitución como la
Ley, le confieren facultades para nombrar, remover y definir las situaciones
administrativas de los funcionarios y empleados de la Entidad, entonces, de
acuerdo con estas normas, los actos administrativos de insubsistencia de los
servidores que ejerce[n] cargos de libre nombramiento y remoción, llevan
implícita la presunción de legalidad, situación que los conduce a motivar el
acto en la facultad legal de quien lo produce».
Que «[e]n este caso no se encuentra demostrada desviación alguna, puesto que
no existe prueba [de] que efectivamente la [actora] […] como [d]irector[a]
[s]eccional del CTI de Cartagena, hubiere sido declarada insubsistente por
razones distintas a la facultad de dirección y organización que le confiere la
[C]onstitución y la ley a la Fiscalía General de la Nación». Igual ocurre con el
alegado vicio de falsa motivación.
1.6 La providencia apelada (ff. 243 a 250 del cuaderno principal 2). El
Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de 17 de mayo de 2019, negó
las súplicas de la demanda (con condena en costas), al considerar que «[…] la
demandante para el momento en que fue retirada de la entidad mediante la
declaratoria de insubsistencia, se encontraba desempeñando un cargo de libre
nombramiento y remoción para todos los efectos legales, circunstancia que
hacía procedente que el nominador válidamente l[a] retirar[a] del servicio, en
ejercicio de la facultad discrecional y sin necesidad de adelantar procedimiento
previo para la expedición del acto o motivar su contenido, es decir, no se
encontraba amparad[a] por ningún fueron de estabilidad relativa en el cargo,
bien por los derechos de carrera o por el nombramiento en período fijo».
Que la actora «[…] argumenta que la persona nombrada en su reemplazo, no
tenía las condiciones ni requisitos para desempeñar el cargo como [d]irector
[s]eccional del CTI, y pone de presente que fue objeto de innumerables
sanciones e investigaciones disciplinarias y penales por su proceder en el
ejercicio de sus funciones, circunstancias que generaron el desmejoramiento
en la prestación del servicio y vició el acto acusado de ilegalidad»; sin
embargo, se «[…] advierte […] que los requisitos para desempeñar [ese] […]
cargo […] previstos en el MANUAL DE FUNCIONES, COMPETENCIAS
LABORALES Y REQUISITOS DE LOS CARGOS DE LA FISCALÍA GENERAL
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DE LA NACIÓN vigente [en] el año 2012, eran los de [t]ítulo de formación
profesional relacionado con las funciones del cargo, [t]ítulo de formación
avanzada relacionado con las funciones del cargo y seis (6) años de experiencia
profesional o docente» (sic), los que la señora Miriam Martínez Palomino
cumplió, pues «[…] ostentaba los títulos de [b]achiller, [a]bogada y
[e]specialista en [d]erecho [p]enal y [c]riminología, y experiencia: acreditó 2
años como [f]iscal [d]elegado ante [j]ueces [r]egionales, 13 como [f]iscal
[d]elegado ante [j]ueces del [c]ircuito [e]specializado, así como haber
desempeñado varios cargos en la Rama Judicial entre los años 1990 a 1996,
tales como Juez Promiscuo Municipal, Juez Décimo Civil Municipal, Juez de
Instrucción Criminal y Juez Penal Municipal, con lo cual se desmeritan las
afirmaciones […] en cuanto al incumplimiento de los requisitos de ley para el
ejercicio del cargo de quien la reemplazó».
Precisa que, respecto de las «innumerables investigaciones y sanciones
disciplinarias y penales» de la señora Martínez Palomino, «[…] se trata de
simples afirmaciones sin respaldo probatorio, que le impiden a esta
Corporación llegar al convencimiento que con la expedición del acto
demandado se incurrió en desmejoramiento del servicio y que se obró con
motivos diversos y contrario a la facultad discrecional de la cual se encuentra
investido el nominador. Ello por cuanto la única sanción disciplinaria
encontraba en el cuaderno laboral de [ella] […] fue una multa equivalente a
11 días de salario impuesta por el [s]ecretario [g]eneral de la Fiscalía General
de la Nación mediante Resolución No. 2-1353 del 14 de junio de 2002, diez
años antes de su nombramiento en el cargo de [d]irector [s]eccional del CTI,
cuando la misma ya no tenía vigencia en el registro de antecedentes
disciplinarios, término correspondiente a 5 años […]».
Que, frente a las calidades de la accionante, «[…] la idoneidad y eficacia en la
prestación del servicio no se pueden considerar como argumentos contundentes
que permitan desvirtuar la facultad discrecional conferida al nominador para
la libre remoción, es obligación de todo servidor público prestar sus servicios
en forma óptica y eficiente, en la medida en que ayuda a la consecución de los
fines esenciales del Estado […]».
1.7 El recurso de apelación (ff. 254 a 256 del cuaderno principal 2). La
demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al insistir en
que «[e]l Fiscal General de la época extralimit[ó] los límites del principio de
legalidad para presuntamente ejercer una actividad administrativa y para ello
no bacil[ó] en atropellar los derechos de los administrados nombrándole para
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Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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que administre la justicia a una persona que [la] sustituyera […] quien estaba
con múltiples procesos en curso que indicaban que el desarrollo de este
reemplazo pondría en peligro como lo hizo el mantenimiento del orden público»
(sic).
II. TRÁMITE PROCESAL.
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 8 de agosto de
2019 (f. 258 del cuaderno principal 2) y admitido por esta Corporación a través
de auto de 4 de marzo de 2020 (f. 264 ibidem), en el que se dispuso la
notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado,
en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitido el recurso de apelación, se continuó con
el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al
Ministerio Público, con auto de 8 de febrero de 2021 (f. 385 del cuaderno
principal), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara,
oportunidad aprovechada por las primeras para reiterar sus argumentos de
demanda, alzada y defensa3.
III. CONSIDERACIONES.
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si la Resolución 1210 de 26 de julio de
2012, mediante la cual la Fiscalía General de la Nación declaró insubsistente a
la actora del cargo de directora seccional del Cuerpo Técnico de Investigaciones
(CTI), se ajusta al ordenamiento jurídico, o si por el contrario, fue expedida con
desviación de poder y falsa motivación, pues se desmejoró el servicio, en la
medida en que quien la reemplazó no contaba con las calidades para el empleo,
como lo alega aquella.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.
3
Memoriales adjuntados a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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El artículo 125 de la Constitución Política dispone que «[l]os empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y
los demás que determine la ley».
Respecto de los cargos de libre nombramiento y remoción, en términos
generales, el artículo 5 de la Ley 909 de 20044, norma que regula el empleo
público, prevé que son aquellos que corresponden a (i) la dirección, conducción
y orientación, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices
institucionales, tanto en la administración central del nivel nacional, como en
los órganos de control del nivel territorial y descentralizados; (ii) los que
impliquen especial confianza, tengan asignadas funciones de asesoría
institucional, asistenciales o de apoyo a determinados funcionarios, y adscritos
a su despacho, en la administración central del nivel nacional, órganos de
control territorial y descentralizados; (iii) cuyo desempeño involucra la
administración y el manejo directo de bienes, dineros y/o valores del Estado;
(iv) los que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado cuyas
funciones, como las de escolta, consistan en la protección y seguridad
personales de los servidores públicos; (v) que tengan funciones de asesoría en
las mesas directivas de las asambleas departamentales y de los concejos
distritales y municipales; y (vi) de especial confianza con funciones de asesoría
institucional adscritos a las oficinas de los secretarios de despachos, directores
de departamentos administrativos y gerentes en los departamentos, distritos
especiales y municipios y distritos de categoría especial y primera.
Ahora bien, la vinculación del personal, que ocupe empleos de libre
nombramiento y remoción, se efectúa en ejercicio de la facultad discrecional
del nominador de escoger a quien tenga las condiciones de idoneidad para
desempeñar las funciones del cargo, y el retiro a su vez debe estar precedido de
razones objetivas plenamente justificadas en el interés general, sin que con ello
quiera decir que el acto mediante el cual se declara la insubsistencia deba
contener una motivación expresa.
Asimismo, esta Colegiatura ha sostenido que el desempeño de un cargo de libre
nombramiento y remoción no confiere fuero de inamovilidad o prerrogativa de
permanencia alguna al empleado que lo ocupa5, por tanto, el nominador en
ejercicio de la facultad discrecional que la ley le otorga podrá removerlo libre y
4
«Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y otras
disposiciones».
5
Entre otras, ver sentencia de 23 de febrero de 2006, expediente 25000-23-25-000-2002-01649-01 (7195-05), con
ponencia del entonces consejero de Estado Jaime Moreno García (sección segunda, subsección A).
7
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prudencialmente, bajo la presunción legal de que se expide en aras de un mejor
servicio público del que es responsable como director de la entidad que regenta.
Por su parte, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, sobre las causales de retiro
del servicio, preceptúa:
El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre
nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en
los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los
empleos de libre nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como
consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del
desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;
[…]
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez;
[declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia
C-501 de 2005, en el entendido de que no se pueda dar por terminada
la relación laboral sin que se le notifique debidamente su inclusión en
la nómina de pensionados correspondiente].
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del
mismo; [letra declarada exequible por la Corte Constitucional, en
sentencia C-1189 de 2005, en el entendido que para aplicar esta
causal, es requisito indispensable que se dé cumplimiento al
procedimiento establecido en el inciso primero del artículo 35 del
Código Contencioso Administrativo para la expedición de cualquier
acto administrativo de carácter particular y concreto, esto es, que se
permita al afectado el ejercicio de su derecho de defensa, previa la
expedición del acto administrativo que declare el retiro del servicio].
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos
para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5 de la
Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen;
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Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
[…]
Parágrafo 2. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos
de carrera de conformidad con las causales consagradas por la
Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto
motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante
acto no motivado.
En desarrollo de esta disposición, concretamente de la causal de retiro del
servicio por insubsistencia en los cargos de libre nombramiento y remoción,
esta Corporación, en providencia de 23 de febrero de 20116, indicó:
La declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre
nombramiento y remoción, como el demandante, es procedente de
forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de
presunción de legalidad tal como lo ha sostenido la jurisprudencia del
Consejo de Estado. No obstante lo anterior, por ser presunción legal,
es susceptible de ser desvirtuada presentando pruebas que tiendan a
infirmarla. Tal presunción surge de la aplicación del principio de
legalidad, en virtud del cual las autoridades en el ejercicio de sus
funciones están sometidas a la Constitución, la Ley y los
Reglamentos, y “opera en el quehacer de la administración pública
imponiendo una determinada modalidad de obrar ajustada a las reglas
jurídicas y políticas, de legitimidad o juridicidad estricta y de
oportunidad o convivencia”.
Por lo anterior, frente a los empleados de libre nombramiento y remoción, el
nominador goza de facultad discrecional para disponer su vinculación y retiro;
potestad que se presume ejercida con el fin de lograr el mejoramiento del
servicio oficial.
3.4 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
6
Sección segunda, subsección B, expediente 170012331000200301413-02 (734-10).
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Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Hoja de vida de la accionante (ff. 7 a 10 del cuaderno principal 1), de la que
se desprende la siguiente información relevante:
Formación académica:
• Bachiller de la Normal de Señoritas de Santa Marta (Magdalena), 1971.
• Licenciada en ciencias sociales y económicas de la Universidad del Atlántico,
1977.
• Abogada de la Universidad del Atlántico, 1991.
Otros estudios:
• Especialización en investigación criminal y criminalística, Escuela de
investigación criminal y criminalística de la Fiscalía General de la Nación,
1996.
Experiencia profesional en la Fiscalía General de la Nación:
Cargo Inicio7 Tipo de vinculación
Investigador judicial I 07/12/1995 Provisional
Fiscal delegado ante jueces del circuito 14/07/1998 Encargo
Profesional universitario I 27/01/1999 Provisional
Investigador judicial II 01/01/2000 Provisional
Director seccional del CTI de Cartagena 26/12/2000
Encargo
de Indias (Bolívar) 17/12/2002
Jefe de sección III 24/01/2003 Provisional
12/01/2005
Profesional especializado I Provisional
12/12/2005
Director seccional del CTI de Montería 31/08/2006 Provisional
Director seccional del CTI de Cartagena
23/02/2010 Provisional
de Indias (Bolívar)
b) Resolución 1210 de 26 de julio de 2012 (ff. 5 y 6 del cuaderno principal 1),
proferida por el Fiscal General de la Nación, a través de la que se declaró
insubsistente el nombramiento de la actora del cargo de directora seccional del
7
Se destaca que en la hoja de vida en mención, solo se relaciona la fecha de inicio en el respectivo empleo, mas no
de su finalización.
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CTI de Cartagena de Indias (Bolívar), previas las siguientes consideraciones:
Que el artículo 130 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia clasifica el cargo de [d]irector [s]eccional de la Fiscalía
General de la Nación, como empleo de libre nombramiento y
remoción.
Que el artículo 59 de la Ley 938 de 2004, clasifica los empleados de
la Fiscalía General de la Nación según su naturaleza y la forma como
deben ser provistos en cargos de carrera y de libre nombramiento y
remoción.
Que el artículo 59 de la Ley 938 de 2004, señala la competencia del
Fiscal General de la Nación para proveer y remover libremente, entre
otros, los cargos de [d]irectores [s]eccionales de la entidad, al
calificarlos como empleados de esa naturaleza.
Que, en todo caso, las funciones asignadas por el artículo 30 de la Ley
938 de 2004, a las [d]irecciones [s]eccionales del Cuerpo Técnico de
Investigación, muestran que ese cargo pertenece al ámbito de
dirección institucional.
Que la doctora MARINA BEATRIZ SILVA ORTIZ fue nombrada
[d]irector[a] [s]eccional del Cuerpo Técnico de Investigación de la
Dirección Seccional del CTI de Montería, mediante Resolución 0-
02760 del 31 de agosto de 2006, “por medio de la cual se efectúa un
nombramiento”. Posteriormente, la doctora SILVA ORTIZ fue
objeto de traslado a la seccional de Cartagena.
Que la designación y desvinculación de los servidores en cargos de
libre nombramiento y remoción puede efectuarse por razones de
confianza intuito personae en orden a plasmar y ejecutar políticas
generales diseñadas por el nominador.
Que la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional (entre otras
en las sentencias C-734 de 2000, T-857 de 2007 y T-187 de 2010) y
del Consejo de Estado (sentencias del 2 de septiembre de 2010,
expediente 1529-09, del 13 de mayo de 2010, expediente 1293-08 y
9 de julio de 2009, expediente 5624-05, todas con ponencia de Bertha
Lucía Ramírez de Páez, de 4 de agosto de 2010, expediente 0516-07),
C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila y 19 de agosto de 2010,
expediente 2622-07, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero), indica que
la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre
nombramiento y remoción, es procedente sin procedimiento o
condiciones, porque la organización del equipo de trabajo implica un
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Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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Fiscalía General de la Nación
cierto margen de libertad para decidir con qué funcionarios cumple
mejor la Administración los fines encomendados.
[…] (sic para toda la cita).
c) Resolución 2-2554 de 27 de julio de 2012 (f. 426 del cuaderno de pruebas 2),
expedida por el Fiscal General de la Nación, por medio de la cual se encargó,
por el término no superior a tres meses, a la señora Miriam Martínez Palomino
del cargo de directora seccional del CTI de Cartagena de Indias (Bolívar), quien
ocupaba el empleo de fiscal delegada ante los jueces especializados de la unidad
nacional de fiscalías contra delitos de desaparición y desplazamiento forzado
con sede en esa ciudad.
d) «Formato» de revisión de requisitos para nombramientos y encargos de la
accionada (f. 425 del cuaderno de pruebas 2), según el cual la señora Miriam
Martínez Palomino, al momento de asumir el anterior encargo, contaba con los
títulos de bachiller, abogada y especialista en derecho penal y criminología; y
como experiencia dos años como fiscal ante jueces regionales y 13 como fiscal
ante jueces del circuito. Esta información se corrobora con la hoja de vida del
Departamento Administrativo de la Función Pública visible en los folios 1 a 3
del cuaderno de pruebas 2, en la que indica también haber sido juez promiscuo
municipal de Polonuevo (Atlántico), juez trece penal municipal, juez décimo
civil municipal y juez doce de instrucción criminal de Barranquilla (Atlántico),
en los años 1978 a 1993, antes de ingresar a la Fiscalía General de la Nación.
e) En los cuadernos de pruebas 1 y 2 que contienen un total de 445 folios se
halla la documentación laboral de la señora Miriam Martínez Palomino,
referente a los soportes de su hoja de vida y situaciones administrativas al
interior de la demandada.
De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se tiene que la accionante
prestó sus servicios en la Fiscalía General de la Nación desde el 7 de diciembre
de 1995 y el 23 de febrero de 2010 asumió el cargo de director seccional del
CTI de Cartagena de Indias (Bolívar) hasta el 26 de julio de 2012, cuando fue
declarada insubsistente, mediante el acto demandado, que acusa viciada de
nulidad por desviación de poder y falsa motivación.
Con ocasión de la anterior decisión, la actora acudió a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo con el propósito de obtener su nulidad, lo que no
logró ante el Tribunal de instancia, por lo que interpuso recurso de apelación,
sustentado en que la persona que la reemplazó no era idónea para ejercer ese
empleo, por cuanto contaba con investigaciones y sanciones disciplinarias y
12
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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penales e incluso cuestiona que el a quo no «ofici[ó] para que se remitiera[n]
antecedentes del estado actual […]»8 de tales investigaciones.
Lo primero que debe recordarse es que de acuerdo con lo previsto en el artículo
167 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por la remisión expresa
del 306 del CPACA, «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», motivo por el
que quien alega la existencia de vicios de nulidad en los actos administrativos
debe desplegar las actuaciones necesarias para llevar al juez a ese
convencimiento y, para tal propósito, aportar todos los elementos probatorios a
que haya lugar, los que serán valorados de acuerdo con las reglas de la sana
crítica.
Para resolver el asunto sub examine, según la jurisprudencia de esta
Corporación, para que se configure la falsa motivación de los actos
administrativos «[…] es necesario que se demuestre una de dos circunstancias:
a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta
hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían
conducido a una decisión sustancialmente diferente»9.
Frente a la desviación de poder, la Corte Constitucional ha sostenido que este
vicio «en la expedición de un acto administrativo se presenta, cuando un
órgano del Estado, actuando en ejercicio y dentro de los límites de su
competencia, cumpliendo las formalidades de procedimiento y sin incurrir en
violación de la ley, utiliza sus poderes o atribuciones con el propósito de buscar
una finalidad contraria a los intereses públicos o sociales, en general, o los
específicos y concretos, que el legislador buscó satisfacer al otorgar la
respectiva competencia»10.
Precisado lo anterior, para retomar lo expuesto en el marco jurídico de este
fallo y con el propósito de concretar la resolución del recurso de apelación
objeto de esta providencia, resulta relevante indicar que «[l]a regla general en
el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el
sistema de carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de
la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la
8
F. 236 del cuaderno principal 2.
9
Sección cuarta, sentencia de 26 de julio de 2017, expediente 11001-03-27-000-2018 00006-00 (22326), C. P.
Milton Chaves García.
10
Sentencia C-456 de 1998, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
13
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus
empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y
el grado de confianza que se exige para ello»11; en estos eventos, se ha previsto
como excepción al sistema de carrera administrativa, el ingreso al servicio
público para ejercer empleos con funciones de conducción, dirección u
orientación institucional que requieran el más alto grado de confianza para su
desempeño.
No obstante, es justamente ese grado de confianza el que le otorga al
nominador la facultad de decidir en forma libre su provisión y retiro, sin que
se requiera la exposición de los motivos en los que se funda esa determinación;
«[e]n otras palabras, […] es claro que los actos de desvinculación de los
funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación,
en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia
de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de
confianza»12, «presumiendo razones objetivas para su retiro, es decir, que la
no expresión de motivación implica un fin intrínseco y adecuado de
mejoramiento del servicio; sin embargo, cuando existe una motivación clara y
expresa dentro del acto de insubsistencia de un empleado provisional, ya no
opera la presunción referida y en su control jurisdiccional, se atiene la
Administración a las razones de hecho y de derecho consignadas en dicho acto
por cuanto constituye entonces un acto reglado»13.
En el caso de los empleados de libre nombramiento y remoción, resulta
pertinente recordar que fue voluntad del legislador establecer, de manera
específica y especial, que «[l]a competencia para efectuar la remoción en
empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará
mediante acto no motivado», en el artículo 41 (parágrafo segundo) de la Ley
909 de 2004, para destacar esta atribución conferida a los nominadores de los
entes públicos, normativa que debe armonizarse con el artículo 44 del CPACA,
cuando de actos discrecionales se trata, en el sentido de que deben ser adecuados
a los fines de la norma que los autoriza y proporcionales a los hechos que les
sirven de causa, para evitar arbitrariedad o capricho, en virtud de que no hay
potestades omnímodas en el Estado social de derecho; en efecto, el artículo 122
de la Carta Política estipula que «[n]o habrá empleo público que no tenga
funciones detalladas en la ley o reglamento».
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 19 de febrero de 2018, expediente 25000-23-42-
000-2013-01223-02 (4578-16).
12
Ibidem.
13
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, sentencia de 26 de junio de 2008, expediente 68001-23-15-
000-2001-01916-01 (606-07). C. P. Eduardo Gómez Aranguren.
14
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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Acerca de este tema, esta Corporación14 ha sostenido que «[l]a facultad
discrecional conforme a nuestro ordenamiento, es parte del ejercicio de la
función administrativa en tanto se encuentra al servicio del interés público o
general conforme lo dispone el artículo 209 de la Constitución Política,
operando como límite negativo del ejercicio de la facultad discrecional para
excluir de cualquier decisión lo arbitrario, ilógico o irrazonable15. Esta
facultad prevista en el anterior Código Contencioso Administrativo en el
artículo 36 y hoy en el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, prevé la regla general de la
discrecionalidad y plantea la proporcionalidad entre los hechos que le sirven
de causa y los fines de la norma que lo autoriza, que no es otra cosa que la
acción del hecho causal sobre el efecto jurídico, la medida o razón que
objetivamente debe existir entre la realidad de hecho y el derecho que supone
la verdad fáctica y su conexidad con la decisión16. En ese sentido conforme a
los dos presupuestos de la citada norma, cabe precisar que la regla y medida
de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de
insubsistencia es la razonabilidad; vale decir, la discrecionalidad hace
referencia a lo proporcionado e idóneo y al uso del poder dentro de límites
justos y ponderados».
Sumado a lo anterior, es del caso indicar que la Corte Constitucional, en
sentencia C-429 de 201117, discurrió que «[a]sí, por su propia naturaleza, los
cargos de libre nombramiento y remoción gozan de una precaria estabilidad
pues el ordenamiento deja un margen más amplio de discrecionalidad al
nominador, toda vez que aspectos tales como la confianza y la credibilidad que
recaen sobre el trabajador pueden determinar la disponibilidad del cargo».
Precisado lo anterior, esta Sala se centra en el motivo de inconformidad de la
accionante con la sentencia de primera instancia, concerniente a que la señora
Miriam Martínez Palomino no era idónea para ocupar el empleo del que se le
declaró insubsistente. Al respecto, se retoma lo expuesto con antelación, en
cuanto a la carga probatoria que tiene a su cargo la demandante, quien, para
lograr una declaratoria de nulidad de un acto administrativo, debe acreditar la
existencia de los vicios de nulidad que considera existentes.
14
Sentencia de 20 de agosto de 2015, expediente 25000-23-25-000-2010-00254-01 (1847-2012), C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
15
«Radicado interno No. 1866-2010, actor: Diego León Villamarín, M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
16
«Radicación 25000-23-25-000-2000-04935-01 (1132-08) Actor, Elizabeth Herrera Neira, Demandado,
Ministerio de Justicia y del Derecho y otro. M.P. Gerardo Arenas Monsalve».
17
C. P. Jaime Araújo Rentería.
15
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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En este caso, se destaca que la demandante en el libelo introductorio solo se
pidió como prueba que se allegara la hoja de vida de la señora Martínez
Palomino, más que se oficiara a las respectivas autoridades administrativas,
penales y disciplinarias acerca de la existencia de investigaciones y sanciones
de esa naturaleza contra aquella, omisión que de ningún modo puede imputarse
su consecuencia adversa al Tribunal de instancia, como lo hace la accionante
en su alzada.
En ese entendimiento, para esta Corporación no hay duda acerca de que el
listado de investigaciones penales y disciplinarias contra la señora Martínez
Palomino, contenido en la demanda y en el recurso de apelación, no es más
que eso, una lista que no fue soportada con alguna prueba aportada o solicitada
por la actora. Sin perjuicio de ello, se destaca que el a quo efectuó la consulta
del caso y evidenció que «[d]entro de los 5 años anteriores al encargo
efectuado mediante Resolución No. 2-2554 del 27 de julio de 2012, no se
encontraron sanciones disciplinarias o penales impuestas […]»18 a ella.
Ahora bien, no sobra aclarar que la mera existencia de una investigación penal,
disciplinaria o de cualquier naturaleza, no implica per se la comisión de alguna
conducta ilegal, pues no puede olvidarse que en Colombia rige el principio de
presunción de inocencia contemplado en el artículo 29 de la Constitución
Política, conforme al cual «toda persona se presume inocente mientras no se
le haya declarado judicialmente culpable».
Sumado a lo anterior, tal como lo concluyó el a quo, tanto la accionante como
la señora Miriam Martínez Palomino cumplían los requisitos mínimos para
acceder al cargo de directora seccional del CTI, cuales eran un título de
formación profesional, otro de formación avanzada y seis (6) años de
experiencia profesional o docente, los que fueron ampliamente superados y no
discutidos en la alzada, por cuanto, se insiste, su inconformidad se limitó a las
investigaciones y sanciones disciplinarias y penales contra la señora Martínez
Palomino, pero que no fueron probadas.
Entonces, para la Sala los argumentos anotados no constituyen prueba ni
motivos para concluir que existió desviación o abuso de poder de la autoridad
nominadora y mucho menos falsa motivación, por lo que el acto demandado no
es contrario a derecho.
18
F. 247 del cuaderno principal 2.
16
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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Por otro lado, se aclara que el hecho de que la demandante atendiera sus deberes
y observara buena conducta, no le otorgaba fuero de estabilidad en el empleo,
de modo que no era óbice para que el nominador ejerciera la potestad de libre
remoción del cargo. Esto, en atención a que es deber de todo servidor público
«[c]umplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión
o perturbación injustificada de un servicio esencial», como lo consagran los
artículos 34 (numeral 2) del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002) y
209 de la Constitución Política, este último según el cual la función
administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de eficacia,
celeridad e imparcialidad, entre otros.
En lo concerniente a la idoneidad y buen desempeño de los empleados de libre
nombramiento, esta Colegiatura19 ha dicho:
Tratándose de decisiones discrecionales como la acusada, el registro
en la hoja de vida del actor de unas calificaciones superiores en el
desempeño de las funciones constitucional y legalmente asignadas
no generan por sí solas fuero alguno de estabilidad ni pueden limitar
la potestad discrecional que el ordenamiento le concede al
nominador, pues ha sido criterio de la Corporación que la idoneidad
para el ejercicio de un cargo y el buen desempeño de las funciones,
no otorgan por sí solos a su titular prerrogativa de permanencia en el
mismo, pues lo normal es el cumplimiento del deber por parte del
funcionario.
[…]
En el caso concreto, […] se observa que, no obstante advertirse un
buen desempeño en sus funciones debe decirse, de una parte, que ello
no otorga per se, inamovilidad en el cargo público, y de otra, que no
se observan elementos de juicio que permitieran inferir a la Sala que
la administración obró con desviación del poder en la expedición del
acto con detrimento del mejoramiento del servicio.
Lo anterior para arribar a la conclusión de que la facultad discrecional para los
cargos de libre nombramiento y remoción se trata de una atribución legal de que
disponen los nominadores de este tipo de empleos que va atada a un grado de
confianza para su desempeño y esta fue la razón que llevó a que, en su momento,
el Fiscal General de la Nación haya adoptado la determinación de separar de su
19
Sección segunda, subsección B, fallo de 20 de marzo de 2013, expediente 05001-23-31-000-2001-03004-01 (357-
12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
17
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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trabajo a la accionante, con una declaratoria de insubsistencia de su
nombramiento.
En tal sentido, resulta importante insistir en que tratándose de la presunción
legal de una decisión propia de la Administración pública, le corresponde al
particular eventualmente afectado con ella, desvirtuarla; y en el sub lite, como
ya se vio, la accionante no demostró que la parte demandada hubiera actuado
de tal modo que viciara de nulidad el acto acusado; quien alega tal vicio tiene
la obligación de acreditarlo con suficiencia, puesto que, conforme al artículo
167 del Código General del Proceso (CGP), le incumbe la carga de la prueba.
En ese sentido, las razones que llevaron a tomar la decisión de insubsistencia de
la actora resultan suficientes para esta Corporación y, por ende, descartan los
vicios de nulidad alegados en los escritos de demanda y alzada, lo que conlleva
la negativa de las pretensiones del libelo introductorio, como lo concluyó el a
quo.
Por otro lado, en relación con la condena en costas y las agencias en derecho
que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso,
esta Corporación, en sentencia de 1º. de diciembre de 201620, se pronunció así:
En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:
Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá
sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».
Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
20
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).
Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses de la
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.
Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición
del juez la procedencia o no de la condena en costas, por cuanto para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación
y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a
sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que,
se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la
accionante, se revocará la condena en costas.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda, y se revocará la condena en costas.
En razón a que quien se halla habilitada legalmente para ello confirió poder en
19
Expediente 13001-23-33-000-2013-00205-01 (5211-2019)
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nombre de la Nación – Fiscalía General de la Nación21, se reconocerá personería
a la profesional del derecho destinataria de aquel.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 17 de mayo de 2019 proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de la demanda
incoada por la señora Marina Beatriz Silva Ortiz contra la Nación - Fiscalía
General de la Nación, conforme a lo indicado en la parte motiva.
2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, de acuerdo
con las consideraciones del presente fallo
3º. Reconócese personería a la abogada Myriam Stella Rozo Rodríguez, con
cédula de ciudadanía 51.961.601 y tarjeta profesional 160.048 del Consejo
Superior de la Judicatura, como apoderada de la Nación – Fiscalía General de la
Nación, en los términos del poder conferido.
4º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
21
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
20
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