Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2013-00327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2013-00327-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
30 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00327-01 (1033-2015)
Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio), Distrito de Cartagena de
Indias, Secretaría de Educación
Temas: Reconocimiento pensión de vejez
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 16 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo, la señora Lilia Isabel Otero Herazo, por intermedio de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00327-01 (1033-15)
Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo
en orden a que se declare la nulidad del Oficio 2008-SED-EE-2918 del 4 de julio de
2008, por medio del cual la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena
negó su solicitud de reconocimiento de una pensión de vejez.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó se ordene i) reconocer la pensión de vejez, en los términos de las Leyes 33
de 1985 y 91 de 1989, con efectividad a partir del 11 de junio de 2007, fecha en la
que adquirió el estatus de pensionada; ii) pagar las sumas de dinero dejadas de
percibir debidamente indexadas e incluyendo los intereses moratorios; iii) dar
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA; y
iv) condenar en costas a las demandadas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Lilia Isabel Otero Herazo prestó sus servicios como docente en el
departamento en Córdoba, durante un tiempo acumulado de 9 años, 10 meses y
27 días.
ii) Posteriormente, se vinculó en el Distrito de Cartagena desde el 8 de mayo
de 1997, como educadora al servicio de los distintos centros educativos de la
ciudad, y fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
en adelante Fomag.
iii) El 28 de septiembre de 2007, mediante la Resolución 012225, el Instituto de
Seguro Social, en adelante ISS, le reconoció una pensión de vejez, como
trabajadora de carácter privado dependiente del Colegio de la Presentación.
iv) El 4 de julio de 2008, a través del Oficio 2008-SED-EE-2918, la Secretaría de
Educación del Distrito de Cartagena negó la solicitud de reconocimiento de la
pensión deprecada, bajo el argumento de que ya se encontraba pensionada por el
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
ISS, luego acceder a su solicitud significaría el reconocimiento de una doble
erogación, por lo que existiría una incompatibilidad en el goce de las prestaciones
de conformidad con lo reglado en la Ley 797 de 2003.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 53, 58, y 128 de la Constitución Política;
15 de la Ley 91 de 1989; 6 de la Ley 60 de 1993; 36 de la Ley 100 de 1993; y 84,
85, 132, 206 y siguientes del CPACA.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
i) El acto administrativo demandado «no es acertado» al negar la prestación
con fundamento en la incompatibilidad pensional, por cuanto, la mesada
reconocida por el ISS es resultado de aportes eminentemente privados.
ii) Se encuentra plenamente acreditado que la demandante prestó sus
servicios al departamento de Córdoba y a la ciudad de Cartagena por más de 20
años, y además que cuenta con más de 55 años de edad, luego no existe
justificación para que el Fomag se niegue a reconocer la prestación.
iii) Las normas que rigen la pensión deprecada son la Leyes 33 y 62 de 1985,
por lo que en la liquidación deberán tenerse en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último año de servicio y no en las previsiones de la Ley 100 de
1993, tal como lo ha considerado, además, el Consejo de Estado en la sentencia
del 4 de agosto de 2010.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fomag)
Mediante apoderado se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso como
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
razones de defensa que la solicitud de la demandante no se encuentra ajustada a
derecho, toda vez que tal como se consideró en el acto administrativo acusado no
es viable reconocer otra pensión de vejez cuando ella ya se encuentra pensionada
por parte del ISS desde 2007.1
Propuso las excepciones de inexistencia del derecho por errónea interpretación de
la norma, buena fe, caducidad y la genérica o innominada.
1.2.2. Distrito de Cartagena, Secretaría de Educación
La apoderada de la entidad territorial2 contestó la demanda para indicar que el
acto administrativo acusado no violó las disposiciones invocadas, por el contrario,
está estrictamente ceñido a las disposiciones en que debía fundarse, pues en
atención a que lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política
(prohibición de percibir dos asignaciones que provengan del erario) se extiende a
las pensiones, y como el ISS hoy Colpensiones «hace parte de las entidades
descentralizadas del Estado» y la prestación reconocida a la actora desde 2007
deviene de esta, no es posible que el Fomag le otorgue otra asignación o mesada.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, medio
exceptivo que fue declarado en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del
CPACA, celebrada el 27 de mayo de 2014.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia escrita proferida el 16 de
octubre de 2014,3 accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:
i) El hecho de que a la demandante se le hubiera reconocido una pensión de
1 Folios 72 al 76.
2 Folios 87 y 92.
3 Folios 185 al 196. Con ponencia de la magistrada Hirina Meza Rhénals.
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
vejez por parte del ISS no constituye un impedimento para acceder a la prestación
reclamada ante el Fomag, en la medida en que con ello no se vulnera la
prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución Política, al no provenir
las mesadas del ISS de recursos del tesoro público.
ii) Lo anterior por cuanto, en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado ha
sostenido que los recursos que administra el ISS, así provengan de cotizaciones de
entes públicos, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
no gozan de la calidad de públicos.
iii) En ese orden, no son de recibo los argumentos expuestos por la entidad
demandada referidos a la incompatibilidad de las prestaciones, máxime cuando la
prestación otorgada por el ISS tiene origen en las cotizaciones realizadas por
vinculaciones en el sector privado, por lo que se debe analizar si la demandante
cumple con los requisitos de ley para que le sea reconocida su mesada por parte
del Fomag.
iv) Se advierte que la señora Otero Herazo nació el 22 de septiembre de 1951,
es decir, que cumplió 55 años de edad el 22 de septiembre de 2006; en su calidad
de docente nacionalizada prestó sus servicios desde el 22 de marzo de 1972
hasta el «4 de julio» de 1982, para un total de 9 años, 10 meses y 27 días. Con
posterioridad se vinculó desde el 8 de mayo de 1997 hasta la fecha de radicación
de la demanda, por lo que cumplió 20 años de servicio el 11 de junio de 2007.
v) Así las cosas, acreditó los requisitos para acceder a una pensión de vejez
con cargo al Fomag en cuantía del 75% del promedio del salario devengado
durante el último año anterior a la adquisición del estatus pensional. En cuanto a
los factores a aplicar en el IBL deberán observarse aquellos certificados por su
empleador, estando facultada la entidad demandada para efectuar los descuentos
de los aportes no aplicados.
vi) Frente a la prescripción de las mesadas pensionales se advierte que si bien
no está demostrada en el expediente la fecha en la que la demandante presentó la
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
solicitud de reconocimiento pensional, desde la fecha de expedición del acto
demandado (14 de julio de 2008) hasta la presentación de la demanda (29 de
mayo de 2013) transcurrieron más de 4 años, razón por la cual se debe declarar el
fenómeno prescriptivo de las mesadas anteriores al 29 de mayo de 2010, esto es,
3 años antes de la data de radicación del libelo, en los términos del artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y del artículo 102 del Decreto 1848 de 1979.
vii) En suma, declaró la nulidad del oficio demandado, condenó al Fomag a
reconocer, a partir del 11 de junio de 2007, una pensión mensual vitalicia de
jubilación a la accionante, en cuantía del 75% del promedio de lo percibido en el
último año anterior a la adquisición del estatus pensional, e incluyendo como
ingreso base de liquidación todos los factores salariales devengados por ella
durante el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2006 y el 11 de junio de
2007, debidamente certificados por su empleador tales como sueldo básico, prima
de navidad, prima de vacaciones y horas extras, previo descuento de los aportes a
seguridad social no aplicados sobre los factores salariales referidos; y dispuso el
pago de las mesadas pensionales a partir del 29 de mayo de 2010, por
encontrarse prescritas las anteriores a dicha fecha.
1.4. El recurso de apelación
La Nación (Ministerio de educación Nacional, Fomag), actuando por intermedio de
apoderado, interpuso recurso de apelación4 en contra de la sentencia previamente
referenciada, el cual sustentó en los siguientes términos:
En el presente caso, reiteramos que, tal como se expuso al Juez de Primera
Instancia, la normatividad invocada como violada por la accionante, es inaplicable al
caso particular por las siguientes razones:
[…]
f. Continuando con el contexto de interpretación de la Ley 91 de 1989, en relación
con el régimen aplicable para los docentes nacionales encontramos que como parte
de las normas que a futuro o posteriores a esta fueron expedidas, se encuentra la
Ley 812 de 2003 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo para los años 2003 a 2006,
4. Folios 199 al 204.
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Radicado: 13001-23-33-000-2013-00327-01 (1033-15)
Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
en la cual en su artículo 81, estableció el régimen prestacional de los docentes
oficiales, disposición que condicionó la cuantía de la pensión de jubilación a los
factores sobre los cuales a partir de la fecha de vigencia de la ley cotiza el educador
al FNPSM. Así, esta ley modificó el concepto de aportes para el personal afiliado al
fondo indicando que el valor total de la cotización corresponderá a la suma de
aportes que para la pensión y salud establezcan las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.
[…]
Sin embargo en materia de pensión ordinaria de jubilación no disfrutan de ninguna
especialidad en su tratamiento de acuerdo con las normas que regulan su actividad
porque un régimen especial de pensiones se caracteriza por tener, mediante
normas expresas, condiciones propias en cuanto a edad, tiempo de servicio y
cuantía de la mesada, diferentes de las establecidas en la norma general, lo que no
se da respecto de los maestros qué, por ende, a pesar de ser servidores públicos
del régimen especial, no gozan de un régimen especial de pensiones
Consideramos, que yerra el juez de primera instancia en su decisión al condenar a
la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a re-liquidar la pensión de
jubilación de la actora.
En tales circunstancias, reafirmamos nuestros argumentos expuestos en la primera
instancia, en el sentido que los requisitos para acceder a la pensión están
expresamente delimitados en las normas mencionadas y fuera de ellos no existe la
posibilidad de reconocer y pagar el reajuste a la cuantía de la pensión vitalicia de
jubilación a favor de la docente.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La demandante
La señora Lilia Isabel Otero Herazo insistió en las consideraciones plasmadas en
la demanda.5
1.5.2. La demandada
La Nación (Ministerio de educación Nacional, Fomag), por conducto de
apoderado, descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos invocados en
5 Folio 233 al 237.
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
el recurso de apelación referentes a las normas aplicables para la liquidación de
las mesadas de los educadores.6
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. Cuestión previa. Alcance del recurso de apelación
El recurso de apelación es el medio procesal previsto por el artículo 247 del CPACA
para que el recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la sentencia.
Además, su adecuada sustentación delimita el pronunciamiento de la segunda
instancia, conforme lo dispone el artículo 328 del Código General del Proceso.
La finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea
revisada por el superior jerárquico del funcionario judicial que la profirió, para que,
en el análisis de su legalidad, la confirme, revoque o modifique.
De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente, es decir, que el
recurrente manifieste los motivos concretos de inconformidad con la decisión y
sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o no se pronunció.8
Debido a la importancia de que la alzada cumpla con parámetros de suficiencia en
su fundamentación, se ha concluido que la «revisión de lo decidido por el a quo,
sin mediar razones o con meras afirmaciones deliberadas desgasta y dilata el
6 Folio 238 al 243.
7 Folio 244.
8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010, Radicación 25000-23-
27-000-1999-00875-01(15328).
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
efectivo funcionamiento de la administración de justicia y puede evidenciar,
incluso, un actuar temerario».9
Así las cosas, al apelante le corresponde confrontar los argumentos que el juez de
primera instancia adujo para tomar su decisión, con sus propias consideraciones,
por ende, esta carga no se satisface con la simple manifestación de disenso frente
a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que,
en su lugar, se acceda a sus intereses o con la mera reiteración de las razones
expuestas en el curso de la primera instancia.10
Por el contrario, el interesado debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos
en los que incurrió el a quo al resolver la litis, es decir, «lo que la ley impone es
que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de
sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo
porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque
exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en
primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por
tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia
recurrida».11
En caso de que el apelante incumpla con la carga argumentativa en comento, deja
a la segunda instancia sin herramientas o elementos de juicio para revisar si la
providencia apelada resolvió con corrección o no el debate, pues el superior no
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2021, radico:
81001-23-31-000-2011-10003-01 (52299).
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2021,
radicado: 05001-23-31-000-2006-03257-01 (52413). En igual sentido pueden consultarse las
siguientes providencias de esta corporación: i) Sección Cuarta, sentencia de 17 de junio de 2021,
radicado: 66001-23-33-000-2018-00366-01 (25244); ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia
de 16 de abril de 2020, radicado: 54001-23-33-000-2013-00354-01 (1174-15); iii) Sección
Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de julio de 2019, radicado: 11001-03-15-000-2019-01014-
01(AC); iv) Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de febrero de 2019, radicado: 15001-
23-33-000-2012-00137-01 (1009-14).
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2021, radicado:
25000-23-26-000-2009-00784-01 (51497).
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Radicado: 13001-23-33-000-2013-00327-01 (1033-15)
Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados
en contra de la decisión.12
En este sentido, se ha advertido que no le es dable al juez asumir cargas que
corresponden a las partes, pues ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si
uno de los sujetos procesales está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de
la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial.13
En el presente asunto, la actora solicitó le fuera reconocida por parte del Fomag
una pensión de vejez, en los términos de las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, con
efectividad a partir del 11 de junio de 2007.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 16 de
octubre de 2014, dispuso que la accionante tenía derecho a recibir dos pensiones.
Una ya reconocida en por el ISS, pues la señora Otero Herazo laboró para un
empleador privado y cumplió con los requisitos previstos en el Decreto 758 de
1990. La otra correspondiente al servicio prestado durante más de 20 años en el
sector educativo oficial y que se rige por las Leyes 33 y 62 de 1985.
El a quo sostuvo que la demandante acumuló el tiempo de servicio suficiente en
los sectores público y privado para hacerse acreedor a dos pensiones
independientes, conforme lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
En consecuencia, el tribunal anuló el Oficio 2008-SED-EE-2918 del 4 de julio de
2008, por medio del cual el Fomag negó el reconocimiento pensional. A título de
restablecimiento del derecho, ordenó al Fomag reconocer a partir del 11 de junio
de 2007 la prestación, en cuantía del 75% del promedio de lo devengado en el
último año anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo como ingreso
12 Ibidem
13 Ibidem
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
base de liquidación todos los factores salariales percibidos durante el año anterior
a la adquisición del estatus, esto es, entre el 11 de junio de 2006 y el 11 de junio
de 2007, debidamente certificados por su empleador, tales como sueldo básico,
prima de navidad, prima de vacaciones, y horas extras.
Este recuento permite evidenciar que la demanda y la decisión del a quo
reconducen a dos problemas jurídicos, que corresponden a los siguientes:
i) Compatibilidad entre la pensión de vejez y la de jubilación por los tiempos
laborados en los sectores público y privado en el ejercicio de la docencia.
ii) Reconocimiento de la pensión de jubilación al amparo de las Leyes 33 y 62
de 1985, así como la determinación del monto de la prestación.
En cuanto al primer problema jurídico, el Fomag se limitó a indicar que «tal
como se expuso al Juez de Primera Instancia, la normatividad invocada como
violada por la accionante, es inaplicable al caso particular» e hizo un recuento
normativo en tres páginas.
En este orden de ideas, la Sala concluye que la apelante no esgrimió argumento
alguno para controvertir las razones que expuso el tribunal para determinar que en
este caso existía una compatibilidad entre la pensión de vejez, ya reconocida, y la
decretada en sede judicial.
Es decir, que el Fomag no adujo ningún tipo de razonamiento que pudiera
analizarse en esta instancia para rebatir la argumentación que expuso el a quo en
materia de compatibilidad pensional, por ende, la Sala entiende que dicha
determinación no fue apelada, adquirió firmeza y es ajena a la competencia de la
segunda instancia.14
14Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A: i) sentencia de 17 de octubre de 2018, radicado: 08001-2331-000-2007-
00833-02(2891-14); ii) sentencia de 24 de agosto de 2017, radicado: 50001-23-31-000-2004-
40643-01 (3499-14).
11
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00327-01 (1033-15)
Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
No ocurre lo mismo con el segundo problema jurídico, esto es, el ingreso base
de liquidación de la pensión reconocida por el fallador de primera instancia, pues
el Fomag afirmó que el régimen prestacional de los docentes oficiales,
«condicionó la cuantía de la pensión de jubilación a los factores sobre los cuales a
partir de la fecha de vigencia de la ley cotiza el educador al FNPSM».
Así las cosas, la Sala se ocupará exclusivamente de estudiar el aludido segundo
problema jurídico, conforme se establecerá en el siguiente acápite.
2.2. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la señora Lilia Isabel Otero Herazo tiene derecho a
que su pensión de jubilación reconocida por el a quo se liquide con inclusión de
todos los factores salariales percibidos en el último año anterior a la adquisición
del estatus pensional.
2.3. Marco normativo
Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales
Frente al régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
esta Corporación mediante sentencia de unificación de 25 de abril de 2019, señaló
que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, son dos los
regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o
vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al
servicio público educativo oficial y que la aplicación de cada uno de estos está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial
de cada docente, de la siguiente manera:15
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019, del 25
de abril de 2019, radicado 68001 23 33 000 2015 00569 01.
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.
b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.
Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:
51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y
sobre los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de
la Ley 33 de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el
mencionado artículo 1º de la Ley 62 de 1985.
52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de
la pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de
1985 son: asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.
53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o
aportes de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores,
distinto al de los empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo
8º, que contiene los recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los
numerales 1 y 3, el 5% del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y
el 8 % equivalente al aporte de la Nación sobre “los factores salariales que forman
parte del rubro de pago por servicios personales de los docentes”, respectivamente.
[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los
principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de
interpretación sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para la
liquidación de la mesada pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812
de 2003, fijando la siguiente regla:
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los
respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo
tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el
mencionado artículo.
63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en
la base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se
incluían todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.
64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las
pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona
hubiere efectuado las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta
disposición para el goce de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el
ingreso base de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985.
65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación
de los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores.
Lo que quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente
los que se señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º
de la Ley 33 de 1985.
66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema
General de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
que establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al
consumidor según certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco
les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la
liquidación de la mesada pensional.
67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con
las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:
• Edad: 55 años
• Tiempo de servicios: 20 años
• Tasa de remplazo: 75%
• Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
De lo expuesto se advierte que la sentencia de unificación desarrolló la
determinación de los regímenes para los casos de docentes oficiales cuyo tiempo
de servicio hubiese sido prestado únicamente en el sector público docente.
2.4. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.4.1. Sobre la relación laboral de la demandante
i) La señora Lilia Isabel Otero Herazo nació el 22 de septiembre de 1951.16
ii) Entre el 22 de marzo de 1972 y el 19 de febrero de 1982, prestó servicios
como docente en el departamento de Córdoba.17
iii) Desde el 14 de abril de 1997, con el Decreto 0275, se vinculó a la
Secretaría de Educación Distrital de Cartagena como docente.18 Tomó posesión
del cargo el 8 de mayo de 1997.
iv) El 8 de mayo de 2013, la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena
hizo constar que la accionante entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre
de 2007) devengó los conceptos de asignación mensual, horas extras, prima de
navidad, y prima de vacaciones.19
16 Folios 20 y 32.
17 Folios 17, 18 y 166.
18 Folio, 19, 141 al 144
19 Folio 21
15
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
v) El 28 de mayo de 2013, la directora del Fondo Territorial de Pensiones del
Distrito de Cartagena certificó que la actora «no recibe pensión de jubilación,
sustitución, de vejez, ni invalidez por parte de la Alcaldía Distrital de Cartagena».20
2.3.2. Sobre la reclamación de las prestaciones en litigio
i) El 28 de septiembre de 2007, mediante la Resolución 012225, el ISS le
reconoció una pensión por vejez a la demandante en los siguientes términos:21
El día 10 de mayo de 2007, el asegurado (a) LILIA ISABEL OTERO HERAZO, con
fecha de nacimiento 22 de septiembre de 1951, […] de la seccional BOLÍVAR elevó
solicitud de pensión de vejez teniendo como último patrono COLEGIO LA
PRESENTACIÓN patronal […]
Que según lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de
transición se aplica a quienes al momento de entrar en vigencia el nuevo sistema
general de pensiones tenía 35 años la mujer o 40 años el hombre o 15 años de
servicios cotizados, para reconocer la pensión con la edad, tiempo y monto en él
establecida.
Que el régimen aplicable en transición para los afiliados al ISS exige tener 60 años
o más de edad el hombre o 55 la mujer y 500 semanas pagadas dentro de los
últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la referida edad o 1000 semanas
cotizadas en cualquier época, para adquirir el derecho a la pensión según lo
dispuesto por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758
del mismo año.
Que en el caso concreto del peticionario, se cumplen las condiciones anteriormente
indicadas para ser beneficiario del régimen de transición y cumple los requisitos de
edad y semanas exigidos para adquirir el pretendido derecho, razón por la cual se
procederá a conceder la pensión solicitada a partir del 22 de septiembre de 2006.
ii) De conformidad con el reporte de semanas cotizadas expedido por la
Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, la señora
Otero Herazo cotizó como trabajador o dependiente del empleador «Colegio la
Presentación, Hermanas Dominicas» entre el 1° de febrero de 1982 y el 31 de
diciembre de 2004.22
iii) El 4 de julio de 2008, con el Oficio 2008-SED-EE-2918, la Secretaría de
20 Folio 22
21 Folios 23 y 24
22 Folios 26 al 31
16
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
Educación del Distrito de Cartagena, negó el reconocimiento pensional deprecado
por la actora, en atención a que esta se encontraba devengando una pensión de
vejez otorgada por el ISS, luego la contingencia por vejez ya se encontraría
cubierta.23
En cumplimiento a lo dispuesto en el auto del 10 de agosto de 2019, reiterado el
10 de marzo de 2022, mediante los cuales se decretaron pruebas de oficio en
segunda instancia, fueron aportadas al expediente las siguientes documentales:24
• Reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones, respecto de los
aportes de la señora Otero Herazo, quien cotizó como trabajador o dependiente
del empleador «Colegio la Presentación, Hermanas Dominicas» entre el 1° de
febrero de 1982 y el 31 de diciembre de 2004.
• Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral del 31 de
marzo de 2022, expedido por el FOMAG, que hizo constar la vinculación de la
actora con la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena entre el 8 de
mayo de 1997 y el 5 de julio de 2016.
• Certificación del rector de la Institución Educativa San Francisco de Asís, en
la que hizo constar que la señora Otero Herazo laboró en ese colegio desde el
8 de mayo de 1997 hasta el 26 de marzo de 1998, en la jornada de la tarde,
esto es, de 12:45 pm a 6:30 pm.
• Certificación del rector de la Institución Educativa José De La Vega, en la
que hizo constar que la señora Otero Herazo laboró en ese claustro desde el 27
de marzo de 1998 hasta el 30 de noviembre de 2003, en la jornada de la tarde,
esto es, de 12:45 pm a 6:45 pm.
• Constancia de la Oficina de Certificaciones de la Secretaría de Educación
de Cartagena de Indias en la que se indicó que la actora desempeñó el cargo
23 Folios 15, 16, 56 y 57
24
Memoriales electrónicos visibles en los índices 55, 56, y 58 de la Plataforma SAMAI.
17
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
de docente de aula, grado 14, nombrada en propiedad, y que acumuló un
tiempo total de servicios de 19 años, 1 mes, y 28 días.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
El a quo consideró que, adicional a la pensión de vejez reconocida por la
Resolución 012225 del 28 de septiembre de 2007 por el ISS, en virtud de los
aportes realizados en el sector privado, la actora también tenía derecho a la
pensión de jubilación deprecada ante el Fomag por haber trabajado durante más
de 20 años al servicio de la docencia en el departamento de Córdoba y en el
Distrito de Cartagena, respectivamente, por lo cual ordenó que esa prestación se
liquidara con base en el 75% del promedio de lo percibido en el último año
anterior a la adquisición del estatus pensional, incluyendo como ingreso base de
liquidación todos los factores salariales devengados durante el período
comprendido entre el 11 de junio de 2006 y el 11 de junio de 2007, tales como
sueldo básico, prima de navidad, prima de vacaciones y horas extras.
Sin embargo, el Fomag considera que la aludida pensión debe liquidarse
conforme el régimen prestacional de los docentes oficiales, disposición que
condicionó la cuantía de la pensión de jubilación a los factores sobre los cuales a
partir de la fecha de vigencia de la ley cotiza el educador a ese Fondo.
Para resolver la alzada es necesario tener en cuenta que la demandante cumplió
55 años de edad el 22 de septiembre de 2006; prestó sus servicios, en condición
de docente del 22 de marzo de 1972 al 19 de febrero de 1982 (9 años, 10 meses
y 24 días) en el departamento de Córdoba; y entre el 8 de mayo de 1997 y el 5 de
julio de 2016 (19 años, 1 mes y 25 días), al servicio de la Secretaría de
Educación del Distrito de Cartagena, esto es, acumuló un tiempo total de labores
de (29 años y 19 días).
Así las cosas, tal como lo determinó el a quo, la demandante adquirió el estatus
pensional el 11 de junio de 2007, cuando completó los 20 años de servicios
exigidos por la Ley.
18
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
Teniendo en cuenta que la actora se vinculó al servicio educativo docente con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, resulta claro que para
efectos de realizar la respectiva liquidación de su pensión vitalicia de jubilación, se
deben incluir los factores sobre los cuales efectuó aportes durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, en aplicación de lo
estipulado en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985.
De suerte que, en atención a lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, y de
acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 25 de abril de 2019 que se desarrolló en el marco jurídico de esta
providencia, el ingreso base de liquidación de los docentes que alcanzaron la
calidad de pensionados bajo el amparo de las Leyes ibidem, se liquida sobre los
factores que hayan servido para calcular aportes.
Así las cosas, en cuanto a los factores salariales que deben incluirse en el ingreso
base de liquidación, se tiene que la Ley 62 de 1985, enlista los siguientes:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o
en día de descanso obligatorio, por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a estos.
Los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional
por la accionante de conformidad con la certificación obrante en el dosier (primas
de vacaciones y de navidad) y que fueron tenidos en cuenta por el Tribunal al
ordenar el reconocimiento de la prestación, además de la asignación mensual y
de las horas extras, no están contemplados para los fines de la norma en
mención, luego, no se pueden incluir en el IBL de la mesada, pues, se itera, la
regla jurisprudencial sentada por esta corporación es clara al indicar que «los
factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre los cuales se deben
hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33 de 1985, son
únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo 1º de la
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
Ley 62 de 1985».
Por consiguiente, de acuerdo con las condiciones fácticas y jurídicas del caso de
la referencia, la correcta liquidación de la pensión de la demandante debe
corresponder a una cuantía del 75 % del promedio del ingreso base de liquidación
(como lo establecía la Ley 33 de 1985), el cual estará conformado por los factores
salariales devengados y taxativamente dispuestos, es decir, la asignación básica
mensual y las horas extras, únicamente.
Por lo anterior, la Sala modificará el numeral segundo de la sentencia apelada en
el sentido de señalar que la pensión de jubilación reconocida en primera instancia,
al amparo de las Leyes 33 y 62 de 1985, debe corresponder a la liquidación
indicada en el párrafo anterior.
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201625, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
25Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-
01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, C. P. William Hernández Gómez.
20
Radicado: 13001-23-33-000-2013-00327-01 (1033-15)
Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de
agosto de 2016 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y
la complejidad e intensidad de la participación procesal; que las estipulaciones de
las partes en materia de costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su
liquidación no estará atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las
costas (incluidas las agencias en derecho) la hará el juez de primera o única
instancia y que procede condenar en costas tanto en primera como en segunda
instancia.
Conforme a las anteriores reglas y teniendo en cuenta que la decisión que aquí se
adopta es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales trazadas en la
sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, emitida en forma posterior a la
sentencia de primera instancia, no se impondrán costas, pese a que se comprobó
su causación con el fin de salvaguardar los principios de buena fe y confianza
legítima.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que la decisión del a quo deberá ser modificada en lo
que respecta a los factores que componen el IBL de la pensión de jubilación de la
actora, con el fin de adecuarla a las reglas de la Sentencia de Unificación de 25 de
abril de 2019. Sin condena en costas de la segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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Demandante: Lilia Isabel Otero Herazo
F A L L A:
Primero.- Modificar el numeral segundo de la sentencia proferida el 16 octubre
de 2014 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el proceso promovido por la
señora Lilia Isabel Otero Herazo, contra la Nación (Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), en el sentido
de precisar que se debe liquidar la pensión de vejez reconocida a la demandante
únicamente con la inclusión de los factores salariales de asignación mensual y
horas extras, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.
Segundo.- Confirmar en lo demás la sentencia apelada.
Tercero.- Sin condena en costas de la segunda instancia.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
AVM
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