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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00518-01

Fecha
27 de abril de 2026
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00518-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 07 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en los siguientes términos: “PRIMERO: ABSTENERSE de conocer la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 en cuanto a la decisión de inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio únicamente, por no tener un efecto jurídico directo y, por tanto, no ser pasible de control judicial, según lo expuesto. SEGUNDO: Declarar probada de oficio la falta de legitimación en la causa por activa del señor Gustavo Camacho Rojas, en los términos formulados en la parte motiva de la decisión. TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la sociedad CARMAN INTERNATIONAL S.A.S. contra la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: SIN condena en costas en primera instancia. QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el expediente, previa devolución del remanente, si existiere”. SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia. TERCERO: COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación para que determine las eventuales responsabilidades producto de las actividades extractivas sin título minero y licencia ambiental llevadas a cabo por la sociedad Carman International S.A.S. 44 Radicado: 130012333000201300518-01 (67180) Demandante: Carman International S.A.S. y otro CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00518-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

27 de abril de 2026

Radicado: 130012333000201300518-01 (67180)
Demandante: Carman International S.A.S. y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO (CPACA)
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00518-01 (67180)
Demandante: CARMAN INTERNATIONAL S.A.S. Y OTRO
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CANAL DEL DIQUE

TEMAS: ACTO ADMINISTRATIVO – Es toda declaración de voluntad unilateral, que puede ser
general o particular, con efectos jurídicos directos, en ejercicio de la función administrativa, expedido
por una entidad pública o un particular que ejerce potestades administrativas. ACTO DE TRÁMITE
– No tiene efectos jurídicos directos y, por tanto, no es un auténtico acto administrativo, por lo que
no tiene recursos en la sede administrativa, ni es pasible de control judicial. ACTOS MIXTOS – Son
aquellos donde concurren elementos de distintas categorías de decisiones de la Administración.
Entre ellos, se encuentran aquellas decisiones donde existen determinaciones con efectos jurídicos
directos y otras que son de simple trámite, caso en el cual el juez solo se pronunciará sobre los
primeros elementos. SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS – Cuentan con personería
jurídica propia, separada de la de sus socios, en los términos del artículo 2 de la Ley 1258 de 2008.
FLAGRANCIA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL – Se configura solo en el
evento en que al momento de las inspecciones respectivas se sorprende a una persona realizando
daños al medioambiente. No opera por la simple evidencia de infracciones al régimen ambiental.
PROCEDIMIENTO DE IMPOSICIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA AMBIENTAL –
No requiere un traslado para rendir descargos, en atención a su carácter expedido. EXTRACCIÓN
OCASIONAL – Está regida por el artículo 152 de la Ley 685 de 2001 y consiste en aquella explotación
incidental, transitoria, en cantidades pequeñas, a poca profundidad y por medios manuales de
minerales sin un fin comercial. MATERIAL DE CANTERA – Está regido por el Código de Minas, por
lo que su extracción requiere título minero y licencia ambiental. CONDENA EN COSTAS – No
procede cuando se es beneficiario del amparo de pobreza.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Carman
International S.A.S. y el señor Gustavo Camacho Rojas contra la sentencia del 12
de febrero de 2021, proferida por la Sala de Decisión No. 07 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante las Resoluciones Nos. 0048 del 19 de enero de 2006 y 0407 de mayo de
2008 la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique acogió un Plan de
Manejo Ambiental a favor de la sociedad Carman International S.A.S., para la

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disposición de residuos de origen animal provenientes de empresas procesadoras
de pescado y el almacenamiento y tratamiento de aguas de sentina y aceites usados
provenientes de barcos para su comercialización.

El 23 de enero de 2013, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
emitió el concepto técnico No. 0037, producto de una visita efectuada el 21 de enero
del mismo año, donde se reseñó que la sociedad Carman International S.A.S.
realizó movimientos de tierra y extracción de material de cantera sin contar con
licencia ambiental para el efecto, motivo por el cual, el 30 de enero de 2013 expidió
la Resolución No. 0075, mediante la cual dispuso la medida preventiva de
suspensión de las actividades de explotación minera e inició un procedimiento
sancionatorio en contra de la referida entidad.

Inconforme, la sociedad Carman International S.A.S. presentó demanda contra la
Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, a efectos de que se anulara
la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, por considerar que desconoció: i)
el procedimiento para la imposición de la medida preventiva, ii) el trámite para el
inicio de la actuación sancionatoria, y iii) que las labores que realizó contaban con
respaldo en las licencias ambientales que se le otorgaron.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 14 de agosto de 20131, la sociedad Carman International S.A.S. -en lo
sucesivo se la denominará Carman- y el señor Gustavo Camacho Rojas
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique -en adelante se la catalogará la Cardique-, con el fin de que se anulara la
Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, mediante la cual, según adujo, se
sancionó a dicha persona jurídica por minería ilegal y, en consecuencia, se ordenara
a la demandada desistir de tal procedimiento e indemnizarla por la suma de 5.000

1 Folios 1 a 32 del cuaderno 1 y 370 a 653 del cuaderno 2.

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salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el daño reputacional y moral de
la decisión.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben
de forma literal, incluso con eventuales errores):

“Primera: Sírvase Honorable Magistrado declarar la nulidad de la
Resolución 0075 del 30 de enero de 2013 expedida por CARDIQUE y
ordenar a CARDIQUE desistir del proceso sancionatorio por supuesta
minería ilegal contra CARMAN INTERNATIONAL S.A.S. y su
Representante Legal.

Segunda: Se restablezca el derecho al BUEN NOMBRE de mi
poderdante, a su empresa familiar CARMAN INTERNATIONAL S.A.S. y
su familia, CONDENÁNDOSE a CARDIQUE a pagar indemnización por
la suma de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes
por el daño moral ocasionado por la expedición de la Resolución 0075 del
30 de enero de 2013 y demás actuaciones irregulares. La cuantía
pretendida está discriminada de la siguiente forma:

1. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smmlv) por la
afectación del derecho al Buen Nombre de CARMAN INTERNATIONAL
S.A.S

2. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smmlv) por la
afectación del derecho al Buen Nombre de su representante legal Gustavo
Camacho Rojas.

3. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smmlv) por la
afectación del derecho al Buen Nombre de Juan Camacho Samra,
representado legalmente por Margarita Samra, derivado de la afectación
al Buen Nombre de su padre, Gustavo Camacho Rojas.

4. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smmlv) por la
afectación del derecho al Buen Nombre a Margarita Samra Dager,
cónyuge de Gustavo Camacho Rojas.

5. Mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (1.000 smmlv) por la
afectación del derecho al Buen Nombre de Daniel Camacho Samra,
representado legalmente por Margarita Samra, derivado de la afectación
al Buen Nombre de Gustavo Camacho Rojas”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante
formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Afirmó que, por medio de la Resolución No. 0048 del 19 de enero de 2006, la
Cardique acogió un Plan de manejo Ambiental -en adelante PMA- para la
disposición de residuos de origen animal proveniente de empresas procesadoras

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de pescado, debido a que la actividad atinente al objeto social de Carman requería
de un permiso ambiental.

1.3.2. Arguyó que, mediante la Resolución No. 0407 de mayo de 2008 se modificó
el PMA en el sentido de ampliarlo para incluir la actividad de recepción,
almacenamiento y tratamientos previos de aguas de sentina y aceites usados
provenientes de barcos para después comercializarlos con empresas con un
proceso de tratamiento más avanzado.

1.3.3. Indicó que, mediante memorial del 8 de junio de 2009, informó a la Cardique
el inicio de una obra de relleno de escombros en la zona de la vía principal del predio
donde operaba Carman y, el 10 de septiembre de la misma anualidad, manifestó
que el relleno debía ser de material de escombros de concreto, calculando el
trasplantado de las instalaciones y que la nivelación del material se compactaría con
material de cantera de la zona.

1.3.4. Adujo que, el 12 de enero de 2010, la Subdirección de Gestión Ambiental de
la Cardique emitió el concepto técnico No. 0019/10, mediante el cual se pronunció
sobre las obras de relleno de escombro, y se advirtió una topografía irregular y
ondulada del predio, así como el estancamiento de aguas. A la vez, se anotó que
era necesaria una compensación forestal y la no obstaculización de las escorrentías
superficiales.

1.3.5. Consideró que el 1° de febrero de 2010, la Cardique expidió la Resolución
No. 0078, por medio de la cual autorizó el relleno con material de escombros, de
conformidad con el concepto técnico No. 0019/10, decisión que fue notificada a
Carman el 10 de febrero de 2010.

1.3.6. Anotó que, el 10 de diciembre de 2010, radicó un oficio a la Cardique,
informando del inicio de las obras autorizadas, así como solicitó, en concordancia
con el artículo 152 de la Ley 685 de 2001, un “permiso transitorio” para que el
material sobrante sirviera para el arreglo de las vías de acceso y otras obras de
propiedad de Carman, y para el apoyo en las zonas de emergencia por la ola
invernal; empero, a su juicio la solicitud nunca fue contestada.

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1.3.7. Argumentó que, pese al cumplimiento de manejos de seguridad y protocolos
de contingencia “por fuerza mayor y caso fortuito”, se rebosó una de las piscinas
contenedoras de material orgánico de Carman a mediados de julio de 2011, como
consecuencia de las fuertes lluvias ocasionadas por los estragos del fenómeno de
La Niña, lo que a su juicio hizo imperativa la extracción de material “de carácter
urgente” con retroexcavadoras.

1.3.8. Señaló que, el 22 de noviembre de 2011, la Cardique expidió la Resolución
No. 1282, mediante la cual impuso una medida preventiva de suspensión de
actividades a Carman. A la par, argumentó que, el 22 de octubre de 2012 inició un
procedimiento sancionatorio contra dicha sociedad por contaminación ambiental,
ordenándole llevar a cabo planes de remediación del suelo.

1.3.9. Manifestó que, frente a las anteriores decisiones, interpuso una acción de
tutela, la cual, en su opinión, ordenó que se revocaran los actos administrativos
referidos anteriormente, por haber vulnerado el debido proceso.

1.3.10. Aseguró que, el 23 de enero de 2013, Cardique emitió el concepto técnico
No. 0037, en el cual se consignaron los resultados de una visita del 21 de enero de
esa anualidad, en virtud de las labores de control y seguimiento conferidas por la
Ley 99 de 1993 a las autoridades ambientales, con el fin de corroborar la existencia
de proyectos de explotación de minería ilegal. Así, se indicó que en las instalaciones
de Carman se realizaron movimientos de tierra y la extracción de “material” con
retroexcavadora y una zaranda artesanal para la clasificación del material
trasladado, lo que constituían auténticas “actividades de explotación minera, sin
contar con los permisos necesarios para realizar dicha actividad”.

1.3.11. Puntualizó que, el 30 de enero de 2013, Cardique expidió la Resolución No.
0075, en virtud de la cual impuso a Carman la medida preventiva de suspensión
inmediata de las “actividades de explotación minera por no contar con licencia
ambiental para la realización de este tipo de actividades”, inició un procedimiento
sancionatorio en su contra, hizo varios requerimientos y ordenó otras actuaciones
como la compulsa de copias a los entes de control.

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1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora expuso que la
demandada infringió la Constitución de 1991, la Ley 1437 de 2011 -CPACA-, la Ley
1333 de 2009 y desconoció las sentencias C-293 de 2002, C-595 de 2010 al expedir
la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, por cuanto dicha actuación
adoleció de una desviación de poder, infracción de la normativa superior, falsa
motivación y desconocimiento del derecho de defensa.

Previo a formular el concepto de derecho, la parte actora aclaró que el acto atacado
es de trámite, no obstante lo cual, según adujo, era plenamente demandable.

Luego, consideró que, aunque la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 se
fundó en la existencia de una supuesta flagrancia en la comisión de actividades de
minería ilegal por Carman, lo cierto es que, aunque el artículo 15 de la Ley 1333 de
2009 dictaminó que de estarse ante ese escenario se habría de legalizar el acta
respectiva a través de acto administrativo, aquella en realidad fue plasmada “en un
concepto técnico”.

Por otro lado, consideró que, aunque la Ley 1333 de 2009 atribuyó a la autoridad
ambiental la carga de realizar todo tipo de diligencias para determinar con certeza
los hechos objeto de las sanciones que impusiera, a su juicio dicho deber nunca fue
cumplido, por cuanto “dos etapas procesales fueron contempladas arbitrariamente
en un solo acto, y las dos están unidas por una indagación de 10 días”, por lo que,
en la práctica, la etapa de indagación preliminar a su juicio fue pretermitida, como
resultado de un atropello y desconocimiento de la presunción de inocencia, el
derecho de defensa y jerarquía constitucional, que imponían que primero se
verificara si existía mérito para iniciar el procedimiento administrativo y ahí sí se le
diera inicio.

A su vez, reprochó que no se le hubiera dado traslado para descargos, como lo
ordenaba el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, diligencia que era necesario surtir,
aunque el origen del procedimiento sancionatorio fuera la flagrancia.

Igualmente, adujo que “se ha violado la transitoriedad de las medidas preventivas”
y que la autoridad ambiental no corrigió las falencias del procedimiento
sancionatorio, haciendo que la medida provisional deviniera en permanente.

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Entretanto, manifestó que, contrario a lo consignado en la decisión cuestionada, la
actividad que realizó era permitida, obligatoria, urgente y legal, fundada en la fuerza
mayor por el desborde de las aguas del área donde recaía la autorización ambiental,
de manera que, bajo su criterio, no incurrió en actividades de minería ilegal. Sobre
ello puntualizó que no requería contar con Registro Minero Nacional para la
extracción de material que realizó, pues no perseguía un lucro, sino preservar el
predio objeto de explotación económica ante la temporada invernal que causó el
desborde de una de las piscinas contenedoras de material orgánico.

En desarrollo de lo anterior, afirmó que la Cardique no contaba con pruebas de que
el material extraído se hubiera comercializado, y que hubiera sido una auténtica
labor minera, como sí una actividad de remediación del suelo, tanto así que ni
siquiera los propietarios de los predios aledaños advirtieron en su contra la
realización de minería ilegal.

También aseveró que es dudoso que el registro fotográfico consignado en el
concepto de la Cardique y la foto geo-posicionada correspondan al predio de
Carman, por no evidenciarse la presencia de piscinas, así como por existir mineros
tradicionales en la zona dedicados a la explotación de canteras, circunstancia que
no necesariamente da cuenta de su responsabilidad en materia sancionatoria.

Finalmente, argumentó que, dado que mediante la Resolución No. 0075 de 2013 se
le atribuyó indebidamente a Carman la comisión de un delito, como lo es la
explotación ilegal de minerales, sin que bajo su opinión hubiera incurrido en tal
conducta, afirmó que ello afectó el buen nombre tanto de la empresa, como del
núcleo familiar de los socios.

1.5. Carman también solicitó la suspensión provisional de la Resolución No. 0075
de 2013, apoyada en que, a su juicio, la decisión resultó ser abiertamente ilegal y
desconocedora del debido proceso, a la vez que la está perjudicando en su buen
nombre ya que, entre otros, por la conducta que se le atribuyó se compulsaron
copias a la Fiscalía General de la Nación, lo cual afectó su reputación, las utilidades
de la empresa y sus miembros y la salud de uno de sus hijos, todo lo cual devino en
la causación de sendos perjuicios.

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2. Admisión de la demanda, contestación y decisión de medidas cautelares

2.1. El 1° de noviembre de 20132, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la
demanda, por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.
A la vez, concedió amparo de pobreza a la parte actora3.

2.2. El 9 de mayo de 20144, la Cardique contestó la demanda y se opuso a sus
pretensiones, por considerar que la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013
fue expedida con apego a la Constitución y la Ley y fue producto de la realización
de actividades de explotación minera sin autorización. Como consecuencia, formuló
las excepciones de “trámite inadecuado de la demanda por carencia de acto
administrativo susceptible de control judicial”, “razones de hecho y de derecho que
le imparten legalidad al acto administrativo demandado” y “legalidad y fundamentos
fácticos jurídicos por los cuales Cardique impuso medida preventiva y se inicia
proceso sancionatorio ambiental contra Carman International S.A.S.”.

Previo a los reproches de fondo, la demandada argumentó, frente a la excepción de
“trámite inadecuado de la demanda por carencia de acto administrativo no
susceptible de control judicial” que, a su juicio, la Resolución No. 75 del 30 de enero
de 2013 no es un auténtico acto administrativo “por ser de trámite” y por no crear,
modificar y/o suspender situaciones jurídicas, al punto que el procedimiento
administrativo sancionatorio “no ha terminado”, lo que lleva a que no sea pasible de
control judicial y, por tanto, deban negarse las pretensiones de la demanda frente a
aquel.

Seguidamente reconoció, frente a la excepción de “razones de hecho y de derecho
que le imparten legalidad al acto administrativo demandado”, que aunque autorizó
varias actividades a Carman para el dragado de aguas y residuos, lo cierto es que
los informes exigidos fueron presentados escuetamente y, para el 22 de noviembre

2 Folios 206 a 207 y 221 a 227 del cuaderno 1.
3 El 4 de agosto de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la reforma a la demanda

presentada por Carman, mediante la cual se pidió tener como pruebas varios documentos
adicionales. Folios 465 a 467 del cuaderno 2. La Cardique no contestó la reforma a la demanda.
Folio 471 del cuaderno 2.
4 Folios 232 a 256 del cuaderno 2.

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de 2011, se suspendieron las labores de Carman en “el predio La Gloria, en la
margen izquierda de la vía que conduce a la vereda Bajo del Tigre en el
corregimiento de Pasacaballos” por el “inadecuado almacenamiento de residuos”.
Al punto, aclaró que, en todo caso, esos hechos no guardan ninguna relación con
la extracción de material por la parte demandante, pues ese último actuar fue
posterior y no está fundado en circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito.

A su turno, aseveró que, como Carman estaba efectuando auténticas labores
extractivas en el municipio de Turbaná del departamento de Bolívar sin título minero
y/o licencia ambiental, se vio obligada a decretar la medida preventiva de
suspensión de tales labores, así como a iniciar un procedimiento sancionatorio
ambiental a la luz de las Leyes 1333 de 1999 y 1437 de 2011, en el marco del cual
se garantizó el debido proceso “toda vez que la administración inició y agotó el
procedimiento para imponer la medida preventiva de suspensión de actividades de
explotación de materiales de construcción”.

También manifestó que no incurrió en ninguna irregularidad por resolver, de manera
conjunta, la imposición de medidas preventivas y el inicio del procedimiento
sancionatorio, pues era plenamente posible resolver ambos aspectos en la misma
decisión, a partir de lo previsto en la Ley 1333 de 1999 y en línea con los principios
de economía, celeridad, precaución y eficacia de las actuaciones administrativas.
Así pues, enfatizó en que no debía esperar los 10 días a que se refiere el artículo
13 de la norma referenciada anteriormente para iniciar el procedimiento
sancionatorio, ya que “el presunto infractor y los hechos constitutivos de la infracción
ambiental se encontraban establecidos e identificados”.

Por otro lado, destacó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-
pasó a asumir la investigación y no fue vinculada en el proceso y, aunque el 21 de
abril de 2014 la devolvió a la Cardique por ser de su competencia, “insistirá ante el
ANLA, para que asuma la competencia del proceso administrativo sancionatorio por
explotación ilegal de minería”.

En cuanto a la excepción de “legalidad y fundamentos fácticos jurídicos por los
cuales Cardique impuso medida preventiva y se inicia proceso sancionatorio
ambiental contra Carman International S.A.S.”, adujo que Carman desatendió los

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artículos 8 y 9 del Decreto 2820 de 2010 y 282 de la Ley 685 de 2001 al llevar a
cabo la extracción de materiales de construcción sin trámite y obtención de una
licencia ambiental, sin que fuera una simple explotación incidental u ocasional, pues
“dicha empresa utilizó una retroexcavadora y una zaranda en el desarrollo de las
mismas, siendo que el precepto legal señala que para que tenga ocasión la figura
alegada, se requiere que sea por medios manuales en cantidades pequeñas y a
poca profundidad”.

Finalmente, estimó que con la decisión demandada se atuvo al principio de
precaución, por cuanto “existía un peligro de daño grave e irreversible”, lo que hizo
necesario la adopción de medidas tendientes a evitar la degradación del medio
ambiente.

2.3. El 15 de abril de 20155, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó la medida
cautelar de suspensión provisional del acto demandado, por considerar que no se
avizoró, prima facie, un desconocimiento del ordenamiento jurídico, pues, entre
otros, la compulsa de copias efectuada por la Cardique obedeció a las facultades
que le otorgaron los artículos 20 a 21 de la ley 1333 de 2009. A lo anterior se sumó
que no se probó, siquiera sumariamente, la existencia de perjuicios.

3. Trámite de primera instancia

3.1. Los días 20 de septiembre y 4 de octubre de 20166, el Tribunal Administrativo
de Bolívar llevó a cabo la audiencia inicial, en la que no se encontró vicio alguno
que debiera ser objeto de saneamiento. Posteriormente desestimó las excepciones
de: i) “trámite inadecuado de la demanda por carencia de acto administrativo no
susceptible de control judicial”, por cuanto la adopción de medidas preventivas se
realiza a través de auténticos actos administrativos definitivos para esos efectos; y
ii) “falta de integración del litisconsorcio necesario” -esta última de oficio-, por
cuanto, si bien la ANLA en algún momento se irrogó la competencia para resolver
la actuación, no participó en la expedición del acto administrativo acusado.

5 Folios 497 a 501 del cuaderno 3. La decisión de medidas cautelares fue confirmada tras haber sido

recurrida en sede de reposición por Carman, como obra de folios 512 a 513 del cuaderno 3.
6 Folios 545 a 547 y 560 a 566 del cuaderno 3.

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Radicado: 130012333000201300518-01 (67180)
Demandante: Carman International S.A.S. y otro

Seguidamente se fijó el litigio, en el entendido de determinar si la Resolución No.
075 del 30 de enero de 2013 expedida por la Cardique debe anularse por haber
sido expedido con una falsa motivación, desviación de poder, infracción de las
normas superiores y desconocimiento del derecho de defensa y, de prosperar tal
aspecto, si es procedente el restablecimiento del buen nombre de Carman y la
indemnización por el supuesto daño moral ocasionado. A su vez, se declaró fallida
la conciliación extrajudicial, ante la falta de ánimo conciliatorio de las partes.

Por último, el a quo decretó como pruebas las documentales aportadas con la
demanda y su contestación, una declaración de parte y varios testimonios.

3.2. El 25 de octubre de 20167, el Tribunal Administrativo de Bolívar llevó a cabo la
audiencia de pruebas, en la cual se recaudaron los testimonios y la declaración de
parte decretados en la audiencia inicial. Luego, se corrió traslado a los sujetos
procesales para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto.

3.2.1. Carman reiteró que, a su juicio, la Cardique le impuso, mediante el acto
administrativo demandado, una medida preventiva de suspensión de actividades
sin el lleno de los requisitos de ley, pues asumió que estaba llevando a cabo
actividades de minería ilegal cuando, en realidad, lo que efectuó fueron actos de
dragado de aguas que hacían inevitable el movimiento de material y que estaban
fundadas en los PMA acogidos por la autoridad ambiental. A su turno, reprochó que
la demandada hubiera tomado la medida de suspensión e iniciado el procedimiento
sancionatorio en la misma decisión, pretermitiendo la fase de indagación y el
requerimiento previo de ley. También cuestionó el informe del 10 de junio de 2016,
no solo por ser extemporáneo, sino por no haberse efectuado un estimativo de las
toneladas extraídas para determinar si se estaba o no ante minería ocasional y por
carecer de sustento técnico8.

3.2.2. La Cardique reiteró que, a su juicio, la Resolución No. 0075 del 30 de enero
de 2013 fue expedida con apego a la Constitución y la ley, por cuanto Carman

7 Folios 579 a 586 del cuaderno 3.
8 Folios a 597 a 610 del cuaderno 3.

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estaba efectuando actividades de explotación minera sin contar con licencia
ambiental, lo que justificó la medida preventiva de suspensión de esas labores,
suceso que fue debidamente demostrado mediante las pruebas recaudadas, entre
ellas los testimonios9.

A la par, manifestó que no se le causaron perjuicios a la parte demandante, pues si
en su criterio no efectuaba actividades mineras, la decisión de suspenderlas no tuvo
por qué perjudicarla, pues la medida provisional no recayó sobre las actividades de
la empresa y/o su objeto social. Igualmente, aseveró que, aunque Carman contaba
con un PMA para realizar ciertas actividades, aquellas no cubrían las labores
extractivas. A su turno, advirtió que la temporada invernal de 2011 fue notoriamente
anterior a los hechos, por lo que no contaba como justificación.

Por último, reafirmó que el procedimiento para la imposición de la medida preventiva
fue ajustado a derecho pues, entre otros, no estaba obligada a iniciar el proceso
administrativo sancionatorio por separado, ni mucho menos a efectuar una
indagación preliminar cuando era claro que contaba con certeza sobre las labores
extractivas sin licencia ambiental.

3.2.3. El Ministerio Público emitió concepto, en el cual solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda “al no probarse en el plenario la configuración de las
causales de nulidad de desviación de poder, infracción de normas fundantes, falsa
motivación y desconocimiento del derecho de defensa”10.

Como apoyo de lo anterior, consideró que, de la Ley 1333 de 2009 se desprende
que la indagación preliminar no es una etapa obligatoria dentro del procedimiento
administrativo sancionatorio ambiental, por lo que la Cardique no estaba llamada a
agotarla, máxime si se tiene en cuenta que tenía claridad de la conducta objeto de
la medida preventiva. A su vez, afirmó que tampoco se deduce de la ley la
imposibilidad de adoptar en el mismo acto donde se tomara tal cautela el inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio.

9 Folios 627 a 638 del cuaderno 3.
10 Folios 618 a 626 del cuaderno 3.

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Por otro lado, argumentó que, con ocasión de una visita técnica, se evidenció que
Carman estaba realizando actividades de explotación minera sin contar con los
permisos necesarios para ello, de manera antitécnica y desatendiendo las normas
de seguridad, por lo que se emitió el concepto técnico No. 0037 del 23 de enero de
2013, en el que se señaló que se “está haciendo aprovechamiento ilegal de un
recurso natural no renovable el cual requiere condiciones racionales y técnicas para
su explotación” y, sobre esa base, se profirió la Resolución No. 0075 del 30 de enero
de 2013, mediante la cual se ordenó, a título de medida preventiva, la suspensión
de la extracción minera y se inició un procedimiento sancionatorio, lo cual el
Ministerio Público consideró acertado, habida cuenta que se fundó en las facultades
de la Ley 1333 de 2009 y en un hecho ilícito evidente contra el ambiente.

Finalmente, descartó que se estuviera ante un caso de flagrancia que motivara a
tomar las medidas directamente en el lugar y ocurrencia de los hechos y advirtió
que los PMA acogidos por la autoridad ambiental no cobijaban las labores
extractivas de material de cantera realizadas.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 12 de febrero de 202111 la Sala de Decisión No. 07 del
Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la demandante, por encontrar que la Resolución No. 0075 del 30 de
enero de 2013 se ajustó a derecho.

Para arribar a la anterior conclusión, comenzó por indicar que, a su juicio, no
correspondía llevar a cabo el trámite de la flagrancia, sino el convencional del
artículo 13 de la Ley 1333 de 2009 -que fue el efectuado por la demandada-, por
cuanto la Cardique fue recopilando una serie de hallazgos de manera sucesiva y, al
momento de efectuar la visita técnica del 21 de enero de 2013, si bien se evidenció
la extracción de material de cantera, no se encontró que aquella se estuviera
efectuando al momento de esa diligencia “razón por la cual no es aplicable el
procedimiento contemplado en el artículo 15 de la Ley 1333 de 2009 para la
imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia”.

11 Folios 639 a 651 del cuaderno 3.

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Por otra parte, puntualizó, de la lectura de los artículos 17 y 18 de la ley 1333 de
2009, que la indagación preliminar no es una etapa previa obligatoria para iniciar el
procedimiento administrativo sancionatorio, sino una fase facultativa que no
corresponde realizar cuando se tiene certeza de la conducta que origina el trámite
en cuestión, de suerte que no evidenció irregularidad alguna por el hecho de que
mediante el acto administrativo demandado, además de tomarse la medida
preventiva, se hubiera proseguido automáticamente a iniciar el procedimiento
administrativo sancionatorio.

Finalmente, consideró que, teniendo en cuenta que el artículo 1° de la Ley 1333 de
2009 invirtió la carga de la prueba en cabeza del sancionado en materia ambiental,
en el sentido de que debía controvertir las infracciones que se le atribuyeran, expuso
que “correspondía a Carman desvirtuar la presunción legal en su contra y probar
que no tenía lugar la imposición de la medida preventiva”; sin embargo, no acreditó
que sus labores no hubieran transgredido el ambiente o, expresado de otra manera,
no demostró que “los movimientos de tierra y extracción de material pétreo
guardaran relación directa con las actividades para las que sí fue autorizada dicha
sociedad”, en virtud de los PMA que se le otorgaron.

5. Recurso de apelación y trámite de segunda instancia

5.1. El 26 de abril de 202112, Carman interpuso recurso de apelación, que fue
concedido el 10 de mayo de 202113 y admitido el 9 de julio de 202114.

En su escrito, la recurrente solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, que
se accediera a las pretensiones de la demanda, con apoyo en que, contrario a lo
concluido por el a quo, la resolución demandada sí fue producto de sendos vicios
de legalidad no solo por falencias en el trámite mediante el cual se impuso la medida
preventiva, sino porque, según indicó, no realizó actividades de minería ilegal.

12 Folios 652 a 664 del cuaderno 3.
13 Folio 666 del cuaderno 3.
14 Índice 4 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.

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Efectivamente, consideró que las actividades para establecer el mérito de iniciar el
procedimiento y constatar la ocurrencia de la conducta y la verificación de los
hechos son dos etapas distintas, así como reafirmó que, en aquel evento en que se
inicia el procedimiento en el caso de flagrancia, se debe agotar una fase de
descargos, en virtud de los artículos 17, 18 y 22 de la Ley 1333 de 2009, lo cual, a
su juicio, fue desconocido en la sentencia recurrida, pues todas esas etapas fueron
equiparadas.

Enseguida aseveró que, para la configuración de la flagrancia, basta simplemente
que para el momento en que acuda la autoridad ambiental, verbi gratia, al realizarse
la visita de seguimiento y control, se evidenciara la existencia de daños al ambiente,
elemento que, a su juicio, se cumplió cuando se llevó a cabo la visita del 21 de enero
de 2013, de suerte que se debió seguir el trámite para ese escenario, lo cual no
sucedió pues “el demandado, violando las normas que rigen el procedimiento
sancionatorio ambiental, procede a realizar nueva visita el 22 de enero de 2013 y el
23 de enero de 2013”.

Por otro lado, se opuso a la afirmación del a quo según la cual la indagación
preliminar era facultativa, ya que, en su criterio, de la lectura del artículo 17 de la
Ley 1333 de 2009 se deriva que cuando aquella proceda es imperativa y, a la vez,
era obligatoria en la flagrancia.

Entretanto, catalogó como desacertado, falso y subjetivo el razonamiento del
tribunal de primera instancia en cuanto a la carga de la prueba sobre la conducta
que originó la sanción, puesto que “no se le dio la oportunidad para descargos”. Al
punto, estimó que el acto administrativo demandado fue producto de una falsa
motivación, por cuanto la verificación de los hechos fue escueta, “máxime si existían
licencias que amparaban las actividades, que ni siquiera fueron mencionadas” y, en
su lugar, la demandada se limitó a señalar que “verificó los archivos”.

Finalmente, estimó que, como se le concedió un amparo de pobreza, no se le debió
condenar en costas, en virtud de lo previsto en el artículo 154 del Código General
del Proceso.

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5.2. Una vez en firme el auto que admitió el recurso de apelación, el expediente
ingresó para fallo, debido a que no se solicitaron ni se decretaron pruebas en el
trámite de la segunda instancia.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia del Consejo de
Estado para conocer el presente asunto, (2) procedencia del medio de control, (3)
oportunidad de la demanda, (4) legitimación en la causa, (5) problemas jurídicos,
(6) solución a los problemas jurídicos y (7) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del
asunto, con base en el artículo 10415 del CPACA, pues la Resolución No. 0075 del
30 de enero de 2013 fue dictada por la Corporación Autónoma Regional del Canal
del Dique, en tanto entidad autónoma de índole nacional16.

Ahora bien, vale advertir que la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, por
medio de la cual la Cardique impuso a Carman una medida preventiva de
suspensión de la extracción minera y se inició un procedimiento sancionatorio en

15 Al sub judice le son aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación

de la demanda y el recurso de apelación -14 de agosto de 2013 y 26 de abril de 2021- es decir, la
Ley 1437 de 2011 -CPACA-, incluyendo las modificaciones de la Ley 2080 de 2021 -salvo las
modificaciones atinentes a la competencia, que comenzaron a regir hasta el 26 de enero de 2022
para los nuevos asuntos- y la Ley 1564 de 2012 -CGP-, en los aspectos no contemplados en el
primero, por virtud de la remisión efectuada en el artículo 306 del primer estatuto procesal. // “Artículo
104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en
leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y
operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas,
o los particulares cuando ejerzan función administrativa […]”.
16 Ley 99 de 1993. “Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son

entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales
que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del
área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su
desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del
Medio Ambiente”. // Bajo el anterior derrotero, la Corte Constitucional ha sostenido que las
corporaciones autónomas regionales son entidades de índole nacional de carácter autónomo.
Sentencia C-035 del 8 de febrero de 2016.

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virtud de la Ley 1333 de 2009 es un asunto ambiental -que no minero-, pues en el
marco de tales determinaciones se ejercieron exclusivamente las potestades en
materia ambiental otorgadas a las corporaciones autónomas, por lo que, en
principio, el conocimiento de este proceso estaría a cargo de la Sección Primera de
esta Corporación, de conformidad con el numeral 4 del artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019 del Consejo de Estado17.

Con todo, la asignación de asuntos entre Secciones del Consejo de Estado no
afecta la competencia de la Sala, ni constituye motivo de nulidad procesal, pues,
como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación, dicha distribución no
altera la competencia funcional establecida a este Órgano Jurisdiccional, sino que
corresponde a un “reparto interno de cargas de trabajo”, de suerte que,
encontrándose asuntos para fallo que, por diversas razones, hayan terminado en
una Sección distinta de la misma Corporación, corresponde dictar sentencia de
mérito18, en línea con los principios de celeridad y economía procesal19.

Bajo las anteriores premisas, el Consejo de Estado también es competente para
desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con los artículos 15020 del y 152-
3 del CPACA21, dada la vocación de doble instancia del proceso, considerando que

17 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos de repartimiento, los

asuntos de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: Sección Primera: […] 4. Las
controversias en materia ambiental […]”.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 10 de febrero de 2025.

Radicado 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525).
19 Según los cuales el proceso judicial debe propender por resolver de fondo las controversias que

se pongan en su conocimiento, de manera expedita y con los menores costos posibles. Corte
Constitucional. Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998.
20 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación.

[modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto al que corresponda, o no se concedan
los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.
21 “Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 3. De los de nulidad y restablecimiento del derecho en que se controviertan actos
administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, y, sin atención a la cuantía, de los actos que se expidan en
ejercicio del poder disciplinario asignado a los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación,
diferentes al Procurador General de la Nación”.

17

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la pretensión mayor para la fecha de presentación del escrito inicial supera 300
SMLMV22.

2. Procedencia del medio de control

En el caso concreto, Carman presentó demanda contra la Cardique, con el fin de
que se anulara la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, mediante la cual
se tomó una medida preventiva de cesación de actividades extractivas de material
y se ordenó el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio en su contra.

Sobre ello, durante el trámite de primera instancia, la Cardique formuló la excepción
de “trámite inadecuado de la demanda por carencia de acto administrativo no
susceptible de control judicial”, por considerar que, dado que la Resolución No. 0075
del 30 de enero de 2013 se emitió en el curso del inicio de un procedimiento
administrativo sancionatorio, no tenía la vocación de crear, modificar o extinguir
situaciones jurídicas, por lo que no era un acto administrativo, de suerte que la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo debía abstenerse de emitir juicio
alguno sobre su legalidad.

Comoquiera que la procedencia del medio de control está sujeta al tipo de decisión
recurrida, a la Sala le corresponde determinar la naturaleza de la Resolución No.
0075 del 30 de enero de 2013.

Así las cosas, corresponde comenzar por señalar que la jurisprudencia de esta
Subsección ha considerado que los actos administrativos y/o definitivos se
diferencian de los actos de la administración o de trámite por el hecho de que los
primeros son declaraciones unilaterales, que pueden ser generales o particulares,
con efectos jurídicos directos, y en ejercicio de la función administrativa, lo que
quiere decir que crean, modifican o extinguen una situación jurídica; mientras que

22 Lo anterior, teniendo en cuenta que en el asunto de conocimiento la pretensión mayor fue de 5.000

salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2013 -$2.947’500.000- monto que excedió 300
veces la suma de $589.500 (589.500 x 300 = 176’850.000), que correspondía al salario mínimo legal
mensual vigente para la fecha de presentación de la demanda.

18

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los segundos sencillamente no alteran derechos y deberes, pues por no ser
conclusivos se restringen a impulsar el trámite en sede administrativa 23.

Al punto, esta Corporación ha sido reiterativa en que, por regla general, los actos
de trámite no son pasibles de control judicial pues, como no alteran jurídicamente
los derechos y obligaciones de los administrados, con menor razón tienen un
contenido que sea enjuiciable, a diferencia de los actos definitivos, que por tener
efectos jurídicos directos sí son pasibles de ser impugnados ante el juez
contencioso administrativo24.

En cualquier caso, lo anterior guarda como excepción aquellos casos en que un
acto rotulado como de trámite en realidad sí tiene un efecto jurídico directo, caso en
el cual se ha considerado que, en atención a su contenido material, sí sería pasible
de control jurisdiccional25.

Sin perjuicio de lo expuesto, se ha reconocido que es posible que en una misma
decisión concurran competencias y/o atribuciones de distinta naturaleza, lo que
justifica la existencia de los actos mixtos, en los cuales pueden coincidir, entre
otros26, elementos propios de un acto administrativo definitivo y de una decisión de
simple trámite27, caso en el cual es posible que la parte que a bien lo tenga los

23 Consejo de Estado: i) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 25000-23-42-000-2017-

01441-01(1846-19) y ii) Sección Tercera, Subsección C. Sentencias del 19 de mayo de 2025.
Radicado 25000-23-36-000-2017-01461-01 (68473) y del 23 de febrero de 2026. Radicado 11001-
03-26-000-2021-00054-00 (66716).
24 Consejo de Estado, Sección Tercera: i) Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2019.

Radicado 11001-03-26-000-2011-00077-00 (42711) y ii) Subsección C. Sentencia del 28 de octubre
de 2024. Radicado 11001-03-26-000-2015-00098-00 (54485).
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de junio de 2011. Radicado

11001-03-26-000-2005-00067-00 (32018).
26 La mixtura del acto administrativo puede verse desde el punto de vista de la función que lo origina

-legislativa y/o administrativa, como cuando se ejercen facultades propias de un estado de excepción
en forma concurrente con las convencionales de la Rama Ejecutiva-, a partir de sus destinatarios -
como cuando una parte de la decisión determina o individualiza sujetos y la otra se destina a una
generalidad de personas- o respecto a sus efectos -como en el evento en que parte de la decisión
cuenta con efectos propiamente hablando, por crear, modificar o extinguir una situación jurídica,
mientras que otra no trae consigo tal alteración de un estado de cosas anterior-. Consejo de Estado:
I) Sección Primera. Sentencia del 5 de marzo de 2009. Radicado 11001-03-24-000-2004-00053-01
y ii) Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de septiembre de 2023. Radicado 11001-03-
25-000-2022-00348- 00 (2832-2022). // Corte Constitucional. Sentencias C-049 del 7 de febrero de
2012 y C-400 del 3 de julio de 2013. // SANTOFIMIO, Jaime Orlando. Compendio de Derecho
Administrativo. Bogotá: 2023. Editorial Tirant Lo Blanch. P. 713-714.
27 Tratándose de la procedencia de la tutela contra actos administrativos, la jurisprudencia de la Corte

Constitucional ha señalado que: “La Corte Constitucional ha acogido la improcedencia general de la
acción de tutela contra actos administrativos de trámite o preparatorios, atendiendo el requisito de
subsidiariedad previsto en el ordenamiento Superior, en la medida en que tienen por objeto impulsar

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cuestione en sede judicial para que el juez del caso se pronuncie sobre la legalidad
de aquellos apartes que cuentan con efectos jurídicos directos.

Lo anterior guarda coherencia con el artículo 43 del CPACA, a cuyo tenor se expone
que “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del
asunto o hagan imposible continuar la actuación”, disposición que, interpretada en
concordancia con el artículo 74 ibidem28, que previó los recursos de la sede
administrativa “contra los actos definitivos", y con el artículo 104 del mismo estatuto,
citado con antelación, que estableció que los jueces contencioso administrativos
conocerían de las controversias atinentes a “actos […] sujetos al derecho
administrativo”, revela que a la Jurisdicción Contencioso Administrativo solo se le
atribuyó el conocimiento de los actos definitivos y, por tanto, administrativos -que no
de trámite-.

A la luz de lo expuesto, en el evento en que se conoce de una decisión de naturaleza
mixta, donde concurren elementos propios del acto administrativo definitivo -efectos
jurídicos directos- y el acto de trámite -impulso del procedimiento administrativo-,
ello no es óbice para conocer judicialmente de tal actuación; empero, en el marco
de ello corresponde pronunciarse únicamente sobre la legalidad del contenido que
crea, modifica y/o extingue una situación jurídica -derecho, deber u obligación- y no
frente a aquellos apartes que constituyen las formalidades propias del trámite
administrativo, pues aquellos no cuentan con un control jurisdiccional, ya que, como
se expuso párrafos atrás, no concluyen ninguna actuación administrativa y, por
tanto, no tienen la vocación de alterar el estado de cosas anterior.

En ese orden de ideas, la Sala pone de presente que la Resolución No. 0075 del 30
de enero de 2013 es un auténtico acto mixto, conformado por decisiones que son

las actuaciones administrativas, lo cual tendrá reflejo en el acto principal posterior. Empero, ha
estimado que en aquellos eventos en los que el acto administrativo de trámite resuelve un asunto de
naturaleza sustancial, en el que la actuación sea manifiestamente irrazonable o desproporcionada y
que amenace o vulnere derechos fundamentales, será procedente el amparo como mecanismo
definitivo”. Lo anterior puede obedecer a que, en realidad, se está ante una decisión definitiva o, en
su lugar, frente a una actuación de naturaleza mixta. Corte Constitucional. Sentencia T-682 del 3 de
noviembre de 2015. // BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique y BERROCAL MORA, Carlos enrique.
Manual del acto administrativo. Bogotá: 2026. Editorial Tirant Lo Blanch. P. 305-312.
28 “Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos

definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para
que la aclare, modifique, adicione o revoque. // 2. El de apelación, para ante el inmediato superior
administrativo o funcional con el mismo propósito”.

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definitivas y, por otro lado, determinaciones de simple trámite. Lo anterior,
considerando que en la referida decisión se resolvió: i) imponer una medida
preventiva de suspensión de labores extractivas de material en el predio de Carman
-acto administrativo definitivo- y ii) dar inicio al procedimiento administrativo
sancionatorio correspondiente, a la Luz de la ley 1333 de 2009 -acto de trámite-.

Primero, el artículo 13 de la Ley 1333 de 200929 determinó que, comprobada la
necesidad de imponer una medida preventiva, la autoridad ambiental procedería a
imponerla mediante “acto administrativo motivado”, de suerte que fue el propio
legislador quien reconoció el carácter de definitivo de dicha determinación, en
consideración a que, una vez impuesta, aquella surte plenos efectos, lo que buscó
conciliar la necesidad apremiante de evitar afectaciones al ambiente, pero
garantizando la posibilidad de demandar la legalidad de esta decisión.

De ello se sigue que, por expreso mandato legislativo, la decisión en la cual se
impone una medida preventiva en materia ambiental es un auténtico acto
administrativo y, como en la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 se tomó
tal determinación, no cabe duda de que, en lo que atañe a dicha decisión, aquella
es pasible de control en sede judicial, de ahí que no le asistió razón a la parte
demandada en concluir que no se estaba ante una decisión de naturaleza definitiva
y, por consiguiente, susceptible de ser conocida por el Juez Contencioso
Administrativo.

Segundo, el artículo 18 de la Ley 1333 de 200930 estableció que el procedimiento
administrativo sancionatorio se iniciaría, entre otros, como consecuencia de
haberse impuesto una medida preventiva mediante acto motivado, determinación a
la cual no se le dio el alcance de definitivo, pues, como es natural, posterior al

29 “Artículo 13. Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas preventivas. Una vez

conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a
comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se
impondrá(n) mediante acto administrativo motivado. // Comprobada la necesidad de imponer una
medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto administrativo
motivado”. (Se subraya).
30 “Artículo 18. Iniciación del procedimiento sancionatorio. El procedimiento sancionatorio se

adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida
preventiva mediante acto administrativo motivado, que se notificará personalmente conforme a lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, el cual dispondrá el inicio del procedimiento
sancionatorio para verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas
ambientales. En casos de flagrancia o confesión se procederá a recibir descargos”.

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comienzo del trámite en comento prosigue la realización de toda una serie de
etapas, dirigidas a determinar de forma definitiva la infracción de la normativa en
materia ambiental.

En virtud de lo anterior, es claro que la determinación de la Cardique, contenida en
la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, en la cual resolvió iniciar el
procedimiento administrativo sancionatorio, no es un auténtico acto administrativo,
sino una simple decisión de trámite que, aunque está atada a la decisión de medidas
preventivas, no quiere decir que sea pasible de control judicial para el estadio
procesal en que se encuentra el trámite en cuestión, ya que, si con ocasión de aquel
surgen irregularidades que afectan el debido proceso de Carman, aquella está
investida para efectuar los reproches del caso recurriendo la decisión sancionatoria
definitiva, en el momento en que se dicte y se le notifique.

A partir de las consideraciones que anteceden, la Sala coincide parcialmente con la
Cardique en que hubo una “carencia de acto administrativo susceptible de control
judicial”, pero solo en lo atinente a la determinación, contenida en el acto
administrativo No. 0075 del 30 de enero de 2013, a partir de la cual se dio apertura
a un procedimiento sancionatorio ambiental, motivo por el cual esta Corporación se
abstendrá de conocer los reproches contra dicha determinación, por no ser pasible
de conocimiento jurisdiccional, al ser una simple actuación de trámite -lo cual será
declarado en la parte resolutiva de la sentencia- y, por el contrario, conocerá de la
referida decisión, pero solo en cuanto a la medida preventiva adoptada, en los
términos expuestos anteriormente.

Precisada la naturaleza de la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, cabe
destacar que el artículo 138 del CPACA31 prescribió que toda persona que se crea
lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica con ocasión de

31 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. // Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo
general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se
contará a partir de la notificación de aquel”.

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un acto administrativo particular podrá pedir que se declare su nulidad y se le
restablezca el derecho y/o se le repare el daño.

Comoquiera que Carman presentó demanda contra la Cardique, con el fin de que
se anulara la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 201332, mediante la cual se
impuso la medida preventiva de cesación de labores extractivas a la demandante
en virtud de las atribuciones contenidas en la Ley 1333 de 2009, el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Oportunidad del medio de control

El literal d) del numeral 233 del artículo 164 del CPACA previó que, en las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho contra actos administrativos,
el término para ejercer el derecho de acción será de 4 meses, contados a partir del
día siguiente a su comunicación, notificación, ejecución o publicación, según el
caso.

Así, como la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 fue notificada a Carman
el 19 de febrero de 2013, los 4 meses para ejercer el derecho de acción en principio
habrían corrido entre el 20 de febrero y el 20 de junio de 2013; sin embargo, los
términos judiciales fueron suspendidos entre el 18 de junio y el 13 de agosto de
2013 con ocasión del agotamiento del trámite de la conciliación extrajudicial34,
cuando faltaban 3 días para que operara la caducidad, de suerte que el plazo para
tal efecto se extendió hasta el 16 de agosto siguiente y, como la demanda se radicó
el 14 de agosto de 2013, no cabe duda de que fue presentada en tiempo.

32 Por lo demás, conviene precisar que, comoquiera que en los términos del artículo 32 de la Ley

1333 de 2009, las medidas preventivas no tienen recurso alguno en la sede administrativa, la parte
actora no estaba obligada a agotar algún trámite previo ante la Administración para ejercer el derecho
de acción. “Artículo 32. Carácter de las medidas preventivas. Las medidas preventivas son de
ejecución inmediata, tienen carácter preventivo y transitorio, surten efectos inmediatos, contra ellas
no procede recurso alguno y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar”.
33 “Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […]

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] d) Cuando se pretenda la
nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro
(4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras
disposiciones legales”.
34 Folios 33 a 35 del cuaderno 1.

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4. Legitimación en la causa

Carman y La Cardique se encuentran legitimados en la causa por activa y por
pasiva, respectivamente, debido a que el primero fue destinatario de la Resolución
No. 0075 del 30 de enero de 2013 y la segunda la profirió en el marco de sus
atribuciones en materia ambiental sancionatoria.

Por el contrario, el señor Gustavo Camacho Rojas, quien también fungió como
demandante en forma autónoma de Carman, no se encuentra legitimado en la
causa por activa, habida cuenta que la Resolución No. 0075 del 30 de enero de
2013 no recayó sobre aquel, sino frente a Carman, constituida como una sociedad
por acciones simplificadas que, en los términos del artículo 2 de la Ley 1258 de
200835, tiene personería jurídica propia, separada de sus socios, por lo que, por más
que el mencionado sujeto sea representante de parte de dicha persona jurídica36,
ello no quiere decir que conformen un solo ente y, por tanto, que la decisión
cuestionada hubiera recaído frente a aquel, -lo cual será declarado en la parte
resolutiva de la sentencia-.

5. Problemas jurídicos

5.1. El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, a menos que
las partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual el juez resolverá sin
limitaciones. Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
CGP37, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no
fue objeto de apelación, “salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer
modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquella”38.

35 “Artículo 2. Personalidad jurídica. La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el

Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas”.
36 Como obra en el certificado de existencia y representación de Carman, de folios 37 a 39 del

cuaderno 1.
37 “Artículo 328. […]. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia
o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
38 Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala

Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 6 de abril de 2018 con
radicado 05001233100020010306801 (46005), unificó su jurisprudencia en los siguientes términos:
“19. Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites competenciales del ad quem

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En virtud del principio de congruencia, el juez contencioso administrativo en sede
de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le
formule y en consonancia con lo que haya sido ventilado en la demanda y su
contestación, sin poder tomar otras determinaciones que vayan más allá de lo
anterior, excepto el análisis de los presupuestos procesales, que le corresponde
verificar aun cuando aquellos no hayan sido objeto de reproche, todo ello
considerando que el proceso contencioso administrativo es, en esencia, rogado39.

5.2. Previo a la delimitación del problema jurídico, vale poner de presente que, amén
de la abstención de esta Subsección para conocer de la Resolución No. 0075 del
30 de enero de 2013 en cuanto a las determinaciones atinentes al inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio -tal y como se razonó en el acápite 3 de
procedencia del medio de control-, por ser propias de un acto administrativo de
trámite no pasible de control jurisdiccional, no es posible pronunciarse sobre los
reproches en virtud de los cuales se consideró que: i) las actividades para
establecer el mérito de iniciar el procedimiento y constatar la ocurrencia de la
conducta y la verificación de los hechos son dos etapas distintas; y ii) la indagación
preliminar no era facultativa, por cuanto aquellas se refieren al inicio del
procedimiento administrativo sancionatorio y, por tanto, no constituyen
cuestionamientos en torno a las determinaciones definitivas tomadas en el acto
demandado.

Por el contrario, la Sala encuentra que los reproches dirigidos a considerar que la
Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 fue producto de una falsa motivación
por el hecho de que se configuró la flagrancia, por lo que al imponerse la medida
preventiva se le debió otorgar la oportunidad para rendir descargos, así como se
desconoció que la verificación de los hechos fue escueta, por existir una

frente el recurso de apelación es el que la Sala acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto
global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a ellos el apelante
único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse
oficiosamente sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la
acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad
con la providencia censurada”.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de marzo de 2024. Radicado

18001-23-33-000-2015-00105-01 (62848).

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autorización frente a Carman para la realización de las labores proscritas, contenida
en varias autorizaciones ambientales, son pasibles de ser analizados por esta
Subsección, habida cuenta que se refieren a una decisión definitiva contenida en el
referido acto administrativo que, por tanto, tiene la vocación de ser estudiada por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

5.3. En esa medida, en virtud de los cargos del recurso de alzada, corresponde
determinar si le asistió razón al a quo al negar las pretensiones de la demanda por
considerar que la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013, en virtud de la cual
se ordenó a Carman la cesación de labores extractivas se ajustó a derecho, o si por
el contrario fue producto de una falsa motivación, por haberse pretermitido una
etapa de descargos en favor de dicha sociedad al estarse ante una supuesta
flagrancia y/o por haberse sustentado en una verificación superficial de los hechos,
desconociendo que la labor proscrita se encontraba amparada en varias
autorizaciones ambientales a aquella otorgada.

A la vez, la Sala debe estudiar si, dado que se había concedido un amparo de
pobreza en favor de la demandante, no se le debió condenar en costas, en
concordancia con lo previsto en el artículo 154 del Código General del Proceso.

Finalmente, de prosperar las pretensiones anteriores, se pasará a estudiar el
restablecimiento del derecho solicitado.

6. Solución a los problemas jurídicos

A efectos de determinar si la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 adoleció
de una falsa motivación, corresponde verificar los sucesos alrededor de su
expedición, para lo cual se analizarán las pruebas relevantes incorporadas en
primera instancia, incluidos los documentos aportados al proceso, de conformidad
con lo previsto en el artículo 24640 del CGP, y los testimonios recaudados, en virtud

40 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.

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de lo prescrito en el artículo 21141 del CGP. Luego, se retomarán los cargos de
apelación, a efectos de determinar si hay lugar a acceder a lo allí señalado.

6.1. El contexto en el marco del cual fue emitida la medida preventiva contra
Carman

6.1.1. Por medio de la Resolución No. 0048 del 19 de enero de 2006 42, la Cardique
acogió el documento de manejo ambiental43 presentado por Carman para la
disposición de residuos de origen animal, provenientes de empresas procesadoras
de pescado, en el predio “La Gloria”, localizado en el margen izquierdo de la vía que
conduce a la vereda “Bajo del Tigre” en el corregimiento de Pasacaballos,
jurisdicción del distrito de Cartagena del departamento de Bolívar -en lo sucesivo se
lo denominará “el predio”-.

Dentro de las actividades para la labor anterior se destacaron las de: i) adecuación
y nivelación del terreno; ii) construcción de piscinas; iii) construcción de canales
para conducción de aguas lluvias; y iv) construcción de muros de contención.

6.1.2. El 19 de mayo de 200844, la Cardique emitió la Resolución No. 407, mediante
la cual modificó un “documento de manejo ambiental” de Carman, en el sentido de
“ampliarlo para la actividad de recepción, almacenamiento y tratamiento previo de
aguas de sentinas y aceites usados para luego comercializarlos a empresas que
cuenten con procesos de tratamiento más avanzados”.

Como obligaciones de Carman se dispusieron las de disponer de las medidas de
prevención del riesgo, atenerse a la normativa en materia de higiene y seguridad,
gestionar el material y escombro generado, mitigar el ruido, capacitar a sus
empleados en cuanto a la seguridad industrial y educación ambiental, señalizar la
zona de la obra, cuidar que la disposición de aguas se hiciera teniendo en cuenta la

41 “Artículo 211. Imparcialidad del testimonio. Cualquiera de las partes podrá tachar el testimonio de

las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparcialidad, en
razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación con las partes o sus
apoderados, antecedentes personales u otras causas. // La tacha deberá formularse con expresión
de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar de acuerdo
con las circunstancias de cada caso”.
42 Folios 70 y 182 a 194 del cuaderno 1.
43 Folios 381 a 460 del cuaderno 2.
44 Folios 40 a 50 y 195 a 205 del cuaderno 1.

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prevención y el control necesario “para prevenir erosión, inundaciones y
encharcamientos”, así como efectuar una debida diligencia con los residuos, aceites
y/o desechos procesados, entre otros.

Finalmente se sostuvo que “la modificación del documento de manejo ambiental
solo ampara las actividades anteriormente descritas y no es extensible a ningún otro
tipo de proyecto, obra o actividad diferente al señalado”.

6.1.3. El 8 de junio de 200945, Carman informó a la Cardique que iniciaría la obra de
relleno con escombros en el predio donde realiza su objeto social “por situaciones
de que existe un fenómeno geológico que tiende a debilitar la bancada de la misma
vía”.

6.1.4. El 10 de septiembre de 200946, Carman le reiteró a la Cardique el relleno
solicitado busca estabilizar el suelo del área de trabajo, y habría de realizarse con
material de escombro duro, preferiblemente desechos en concreto, luego material
regado en la zona y, finalmente, “material de cantera de la zona”.

6.1.5. El 3 de diciembre de 200947, Carman informó a la Cardique el inicio de las
obras de adecuación del terreno y solicitó un “permiso transitorio” para que el
material sobrante “sirva para los arreglos de las vías de acceso y otras obras de
propiedad de esta misma firma […] y también sirva de apoyo para algunas zonas
de emergencia por esta ola invernal”.

6.1.6. El 12 de enero de 201048, el Grupo de Seguimiento Ambiental de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Cardique dio visto bueno a Carman para
que dispusiera del predio de su propiedad en cuanto al relleno de escombros. Para
el efecto, consideró que la actividad de relleno, nivelación y adecuación del área del
inmueble no requería licencia ambiental, ya que, por demás, en el área a intervenir
no existían ecosistemas frágiles o estratégicos, ni áreas de protección ambiental;
sin embargo, se ordenó realizar una compensación forestal.

45 Folio 51 del cuaderno 1.
46 Folio 52 del cuaderno 1.
47 Folio 60 del cuaderno 1.
48 Folios 54 a 56 del cuaderno 1.

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Bajo esa senda argumentativa, se ordenó informar por escrito la procedencia de los
materiales de escombro a utilizar en el sitio a rellenar, efectuar un inventario de
árboles, realizar un registro fotográfico de las condiciones iniciales del bien inmueble
y un programa de compensación forestal, así como elaborar un informe sobre la
cantidad de escombros dispuestos “y su sitio de procedencia”.

6.1.7. El 1° de febrero de 201049, la Cardique profirió la Resolución No. 0078,
mediante la cual autorizó a Carman a efectuar un relleno con material de escombros
de un área de 1.000 metros cúbicos en el predio de su propiedad, reiterando las
obligaciones a cargo de dicha sociedad del visto bueno del 12 de enero de 2010.

6.1.8. El 22 de noviembre de 201150, la Cardique expidió la Resolución No. 1282,
mediante la cual ordenó “imponer medida preventiva de suspensión a las
actividades que viene desarrollando la empresa Carman” y “el inicio de un
procedimiento sancionatorio” en su contra por “el inadecuado almacenamiento de
residuos, que de acuerdo a las características organolépticas representan grandes
riesgos de contaminar a los cuerpos de agua de su área de influencia” y “la práctica
de extracción de material de suelos provenientes del mismo predio […] y sin contar
con autorización ambiental para realizar este tipo de explotación minera”.

También se puso de presente que Carman desatendió las obligaciones dispuestas
en la Resolución No. 0078 del 1° de febrero de 2010 por no presentar informes,
cronogramas de actividades y registros fotográficos de las labores efectuadas.

6.1.9. El 22 de octubre de 201251, la Cardique profirió la Resolución No. 1174, por
medio de la cual resolvió “mantener la medida preventiva impuesta en el artículo
primero de la Resolución N°1282 del 22 de noviembre de 2011”.

6.1.10. El 23 de enero de 201352, el Grupo de Seguimiento Ambiental de la
Subdirección de Gestión Ambiental de la Cardique expidió el concepto técnico No.

49 Folios 57 a 59 del cuaderno 1.
50 Folios 65 a 78 del cuaderno 1.
51 Folios 79 a 95 del cuaderno 1.
52 Folios 160 a 165 del cuaderno 1.

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0037, mediante el cual se concluyó que Carman estaba efectuando
“aprovechamiento ilegal de un recurso natural no renovable, el cual requiere
condiciones racionales y técnicas para su explotación”. Lo anterior, por encontrar
que “se han estado realizando movimientos de tierra y extracción de ese material,
en diferentes sitios del área donde se encuentra ubicada la empresa. Se detectó la
presencia de una retroexcavadora Hitachi, y una zaranda artesanal para la
clasificación de material”.

Al punto, se destacó que las labores extractivas encontradas presentan las
características de una explotación minera a cielo abierto, realizada de manera
antitécnica, con taludes completamente verticales con alturas entre 6, 7 y 8 metros,
con un área intervenida de 5.000 metros cuadrados, con la extracción de
aproximadamente 12.000 metros cúbicos de material pétreo. Se adjuntó la siguiente
imagen como evidencia del área objeto de las actividades mineras53:

Frente al anterior panorama, Carman estimó que “en algunas ocasiones el material
sobrante, según sus propias palabras, es trasladado y utilizado como material de
relleno en la finca de su propiedad llamada «Cachencha»”.

53 El área de color blanco corresponde a la zona objeto de extracción de material de cantera -cuyas

coordenadas son N 10° 16’633” – W 75° 28’ 797” a N 10° 16’624 y W 75° 28’ 772”-, versus la zona
total frente a la cual recayó la autorización ambiental de la Cardique para otras actividades. Folio 160
del cuaderno 1.

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Ante ello, se conceptuó que la sociedad Carman debía suspender de manera
inmediata la explotación minera y retirar los equipos y maquinaria del predio en
mención.

6.1.11. Como resultado de una demanda de tutela en la cual Carman solicitó que la
Cardique dejara sin efectos varias resoluciones en virtud de las cuales fue
sancionado ambientalmente, el 22 de marzo de 201354, el Juzgado Único Penal del
Circuito Especializado de Cartagena resolvió tutelar su derecho fundamental al
debido proceso y ordenó a la Cardique que “revoque la Resolución 1174 de fecha
octubre 22 de 2011 y, en consecuencia, le dé trámite al memorial fechado marzo 28
de 201255, para efectos que siga el curso que la ley ordena en la investigación
sancionatoria”. La anterior decisión fue confirmada mediante proveído del 4 de junio
de 2013 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena56.

6.1.12. El 22 de marzo de 201357, la Fiscalía General de la Nación emitió el informe
No. 13-31536, mediante el cual llevó a cabo una visita al predio de Carman donde
se encontraron varios movimientos de tierra para un proceso de “encalamiento”.

6.1.13. El 30 de enero de 201358, la Cardique expidió la Resolución No. 0075 -acto
administrativo demandado-, mediante el cual resolvió: i) imponer la medida
preventiva de suspensión de labores de extracción de materiales de Carman y ii) el
inicio de un procedimiento sancionatorio, conforme a lo previsto en el artículo 18 de
la Ley 1333 de 2009.

Las anteriores determinaciones se sustentaron en hallazgos de “actividades de
explotación minera, sin contar con licencia ambiental, aprovechándose de un
recurso natural no renovable el cual requiere de condiciones racionales y técnicas
para su explotación”, lo cual fue motivado en el concepto técnico No. 0037 del 23
de enero de 2013.

54 Folios 96 a 115 del cuaderno 1.
55 Mediante el cual Carman efectuó una oposición a las medidas sancionatorias tomadas por la

Cardique.
56 Folios 116 a 140 del cuaderno 1.
57 Folios 141 a 146 del cuaderno 1.
58 Folios 166 a 169 del cuaderno 1.

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Finalmente, se estableció que, en virtud de lo previsto en el artículo 32 de la Ley
1333 de 2009, frente a la medida preventiva no proceden recursos en su contra y
se habría de aplicar de inmediato “sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar”.

La anterior decisión fue notificada a Carman el 19 de febrero de 201359.

6.1.14. El 4 de octubre de 201360, el Grupo de Seguimiento y Control de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional
de Minería llevó a cabo un informe de una visita técnica realizada en el predio de
Carman donde se evidenciaron pequeñas pilas de material y varios sitios de
movimiento de ese producto. También se evidenció que se ha utilizado piedra de
cantera para adecuar los taludes de las piscinas, adecuar las vías de la finca y para
la nivelación del terreno. Lo anterior fue rotulado, preliminarmente, como una
“extracción ocasional”.

6.1.15. El 21 de abril de 201461, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, a
quien anteriormente se le había remitido el asunto sancionatorio, retornó el
expediente a la Cardique, por considerar que era la entidad competente para
proseguir con aquel.

6.1.16. El 10 de junio de 201662, el Grupo de Seguimiento y Control de la
Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera de la Agencia Nacional
de Minería emitió el informe de visita F-FIS-FMI-007, mediante el cual se evidenció
que en el predio de Carman “se encuentran adelantando actividades de explotación
de material de cantera”, lo cual fue denominado “una extracción sin el cumplimiento
del artículo 14 y 85 del Código de Minas”.

6.1.17. Frente a los anteriores sucesos, los señores Gustavo Camacho Rojas,
Margarita Samra Dager, Beatriz Eugenia Dager Suárez y Antonio Berastegui, en
tanto individuos vinculados a Carman, rindieron una “declaración de parte” en el

59 Folio 170 del cuaderno 1.
60 Folios 375 a 379 del cuaderno 2.
61 Folios 346 a 367 del cuaderno 2 y 551 a 556 del cuaderno 3.
62 Folios 589 a 596 del cuaderno 3.

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primer caso y sendos testimonios en últimos eventos. Coincidieron en que, a su
juicio, la actividad realizada en el predio de la sociedad mercantil no comportó una
circunstancia de minería ilegal, sino que fue producto de la necesidad de llevar a
cabo labores de dragado y gestión del suelo en el marco de la autorización
ambiental otorgada. Finalmente, estimaron que la decisión demandada les causó
perjuicios63.

Por su parte, los señores Ana Catalina Noguera Toro, Nelcy Judith Burgos Ávila,
Gerson Pereira Reyes e Ingrid Helena Ibáñez Salgado, en tanto exprocuradora
judicial ambiental de Cartagena en el caso de la primera y funcionarios de la
Cardique frente a los demás, respectivamente, que estuvieron en la visita al predio
de Carman, rindieron testimonios, coincidiendo en que lo que en realidad efectuó
Carman fueron labores extractivas de material de cantera, sin contar con la licencia
ambiental respectiva, lo que a la postre fundamentó que la Cardique le impusiera la
medida preventiva de suspensión de las actividades mineras en el predio de su
propiedad64.

6.2. La medida preventiva de suspensión de labores mineras resuelta en la
Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 se ajustó a derecho

Carman sostuvo que el a quo erró al negar las pretensiones de la demanda por
considerar que la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 se ajustó a derecho,
ya que, a su juicio, adoleció de una falsa motivación y fue producto de múltiples
vicios de legalidad tanto por un desconocimiento del debido proceso en cuanto al
trámite procedente, como frente a la valoración de las pruebas que, a su juicio,
permitían concluir que no realizó labores de minería sin licencia ambiental.

Ciertamente, la parte apelante adujo que: i) para cuando la Cardique inspeccionó
su predio, se habrían configurado los supuestos de la flagrancia, lo que obligaba a
esa entidad a agotar una etapa de descargos que, en realidad, se pretermitió, ii) la
verificación de los hechos fue escueta, por cuanto Carman contaba con una
autorización plena de la autoridad ambiental para llevar a cabo los movimientos de

63 Sin perjuicio de que, como se concluyó en los presupuestos procesales, no se encuentra
legitimado en la causa por activa -ver aparte No. 5-. Folios 579 a 580 del cuaderno 3 y videos
obrantes en el link de OneDrive obrante en el archivo 9 del índice 2 del expediente digital en SAMAI.
64 Ibid.

33

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material de cantera que efectuó; y iii) no se la debió condenar en costas en primera
instancia, amén del amparo de pobreza que se le concedió.

Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que no se configuró ninguna irregularidad
frente a la medida preventiva adoptada mediante la Resolución No. 0075 del 30 de
enero de 2013 que devenga en su ilegalidad, debido a que la Cardique se atuvo
tanto al procedimiento para imponer dicha decisión, como a los hechos que la
fundamentaron, como se pasa a exponer.

6.2.1. Primero, frente al reproche en virtud del cual la Cardique pretermitió una etapa
de descargos que, a juicio de Carman procedía por haberse configurado el
escenario de la flagrancia, se encuentra que dicha figura no operó, debido a que si
bien la entidad demandada, en tanto autoridad ambiental, al inspeccionar el predio
de la demandante encontró que se había efectuado extracción de material de
cantera, lo cierto es que dicha actividad no se estaba realizando para el momento
de la visita, por lo que correspondía llevar a cabo el trámite ordinario, en el cual no
era imperativo efectuar una fase de descargos.

Al respecto, vale comenzar por señalar que la Ley 1333 de 2009 reguló la flagrancia
tratándose de la imposición de medidas preventivas en el ámbito sancionatorio
ambiental, señalando en su artículo 1465 que consistiría en aquel evento en que “un
agente sea sorprendido […] causando daños al medio ambiente, a los recursos
naturales o violando disposición (sic) que favorecen el medio ambiente sin que
medie ninguna permisión de las autoridades ambientales competentes”.

Como se observa, la flagrancia en materia sancionatoria ambiental exige que la
conducta vulneradora del ambiente se esté realizando al momento mismo en que
se descubre por la autoridad ambiental66, de suerte que, ante ese escenario, el

65 “Artículo 14. Cuando un agente sea sorprendido en flagrancia. Cuando un agente sea sorprendido

en flagrancia causando daños al medio ambiente, a los recursos naturales o violando disposición
que favorecen el medio ambiente sin que medie ninguna permisión de las autoridades ambientales
competentes, la autoridad ambiental impondrá medidas cautelares que garanticen la presencia del
agente durante el proceso sancionatorio”.
66 Según el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la flagrancia, en tanto

cualidad del flagrante, alude a algo “que se está ejecutando actualmente” y que es “de tal evidencia
que no necesita pruebas”.

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artículo 15 de la Ley 1333 de 199967 previó un procedimiento para la imposición de
medidas preventivas consistente en el levantamiento de un acta donde consten los
motivos que las justifican, que será suscrita por el presunto infractor y/o por un
testigo, y que será legalizada mediante un acto administrativo donde se establezcan
las condiciones impuestas, en un término no mayor a 3 días.

Bajo los anteriores derroteros, en el caso concreto se acreditó que Carman contaba
con una autorización ambiental para realizar actividades atinentes a la disposición
de residuos de origen animal y aguas residuales (hechos probados 6.1.1. y 6.1.2.)
y, con todo, el 23 de enero de 2013, la Cardique emitió el concepto técnico No. 0037
producto de una visita efectuada al predio de la aquí demandante, en el que
encontró que se habían estado realizando movimientos de material de cantera; sin
embargo, no se evidenció ni se reseñó que tales actividades se estuvieran
realizando para el preciso momento en que se inspeccionó el inmueble (hecho
probado No. 6.1.10).

Incluso, en visitas anteriores tampoco se evidenció que los días que la autoridad
ambiental acudió al predio donde operaba Carman, hubiera encontrado in fraganti -
en el mismo momento- la realización de labores mineras (hechos probados 6.1.8 y
6.1.9.). Distinto es que, al elaborarse las inspecciones en referencia, se evidenciara
que en otros momentos se extrajo piedra de cantera, lo cual resultaba evidente,
habida cuenta que había erosión en el suelo y herramientas para clasificar dicho
elemento.

Las circunstancias descritas revelan que, en el asunto que ocupa la atención de la
Sala, no se configuró la flagrancia como institución regulada en el procedimiento
administrativo sancionatorio, por cuanto es sumamente claro que las ocasiones en
que la Cardique visitó el predio de Carman no se estaban realizando en ese mismo

67 “Artículo 15. Procedimiento para la imposición de medidas preventivas en caso de flagrancia. En

los eventos de flagrancia que requieran la imposición de una medida preventiva en el lugar y
ocurrencia de los hechos, se procederá a levantar un acta en la cual constarán los motivos que la
justifican; la autoridad que la impone; lugar, fecha y hora de su fijación; funcionario competente,
persona, proyecto, obra o actividad a la cual se impone la medida preventiva. El acta será suscrita
por el presunto infractor o, si se rehusare a hacerlo, se hará firmar por un testigo. En el caso de que
no sea factible la firma del acta por parte del presunto infractor o de un testigo, bastará con la sola
suscripción por parte del funcionario encargado del asunto. De lo anterior deberá dejar la constancia
respectiva. El acta deberá ser legalizada a través de un acto administrativo en donde se establecerán
condiciones de las medidas preventivas impuestas, en un término no mayor a tres días”.

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instante labores extractivas, sino que, en su lugar, se evidenció que aquellas se
habían efectuado en otro momento, pues había maquinaría, erosión del suelo y
movimiento de material de cantera que, no obstante, no se había llevado a cabo en
el mismo instante. Como consecuencia, no era aplicable el trámite para la
imposición de la medida preventiva contenido en el artículo 15 de la Ley 1333 de
1999, tal y como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Sobre ello, se descarta la interpretación del apelante, dirigida a señalar que para la
configuración de la flagrancia bastaba que la autoridad ambiental encontrara la
simple existencia de situaciones contrarias al marco jurídico ambiental, pues, bajo
esa premisa errada, toda infracción de dicha normativa quedaría inmersa en ese
concepto y, por tanto, el procedimiento convencional para la imposición de medidas
preventivas quedaría vaciado de contenido.

Es así como, en el contexto esbozado, para imponer la medida preventiva prevista
en la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 correspondía acudir al
procedimiento contenido en el artículo 13 de la Ley 1333 de 200968, según el cual,
una vez conocido el hecho vulnerador en materia ambiental, se tomaría la decisión
cautelar en cuestión “mediante acto administrativo motivado”, sin necesidad de
realizar un acta, ni mucho menos de agotar una etapa de descargos, pues fue el
querer del legislador prever un trámite expedito cuyo único objetivo es hacer
prevalecer la protección de los derechos ambientales y, entre ellos, la efectividad
de los principios de precaución y prevención, a partir de los cuales al Estado le
corresponde actuar diligente, oportuna y eficazmente ante escenarios de riesgo -
tanto estimables como no estimados-69.

68 “Artículo 13. Iniciación del procedimiento para la imposición de medidas preventivas. Una vez

conocido el hecho, de oficio o a petición de parte, la autoridad ambiental competente procederá a
comprobarlo y a establecer la necesidad de imponer medida(s) preventiva(s), la(s) cual(es) se
impondrá(n) mediante acto administrativo motivado. // Comprobada la necesidad de imponer una
medida preventiva, la autoridad ambiental procederá a imponerla mediante acto administrativo
motivado”.
69 En virtud de los cuales, ante la existencia de peligro de un daño, corresponde tomar medidas

dirigidas a evitar su ocurrencia y/o impacto. Al respecto, vale precisar que, mientras que el principio
de precaución procede en eventos en que no existe certeza científica, el principio de prevención
opera en aquellos escenarios en que los riesgos son conocidos, estimables y medibles. Corte
Constitucional. Sentencias T-614 del 16 de diciembre de 2019 y C-300 del 8 de septiembre de 2021.

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Con todo, ello no quiere decir que el sujeto frente al cual recaen las medidas
preventivas materia ambiental quede desprovisto de su debido proceso, pues,
precisamente, el Congreso de la República les otorgó a esas decisiones el carácter
de actos administrativos que, como se razonó en el aparte de procedencia del medio
de control -acápite No. 3 de los presupuestos procesales-, son pasibles de control
judicial, lo que armoniza la rapidez que se requiere para proteger el ambiente ante
circunstancias de riesgo con la posibilidad del sujeto frente al cual recae la medida
de atacar judicialmente dicha decisión.

Bajo los términos expuestos, en el caso de estudio la Cardique se atuvo al
procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 1333 de 2009, dado que, como se
indicó en precedencia, no estaba ante un escenario de flagrancia, sin que, en todo
caso, tal normativa estableciera una fase de descargos para la imposición de la
decisión cautelar, motivo por el cual no le asiste razón a la apelante en que se
vulneraron sus derechos por no haberse acudido al trámite de la Ley 15 de la Ley
1333 de 2009, que previó la simple imposición de la medida una vez conocido el
hecho vulnerador del ambiente. Como consecuencia, el primer subcargo de
apelación no prospera.

6.2.2. Segundo, en cuanto el cuestionamiento según el cual la decisión adoleció de
una falsa motivación por haberse efectuado una verificación escueta de los hechos,
habida cuenta que se contaba con una supuesta autorización ambiental para llevar
a cabo los movimientos de material de cantera realizados, la Sala advierte, de
entrada, que la medida preventiva resuelta en la Resolución No. 0075 del 30 de
enero de 2013 fue afín al escenario fáctico encontrado, como se pasa a exponer.

En efecto, conviene resaltar que, mediante proveídos del 19 de enero de 2006 y del
19 de mayo de 2008, la Cardique acogió el documento de manejo ambiental
presentado por Carman para la disposición de residuos de origen animal, aguas de
sentinas y aceites usados en el predio “La Gloria” de su propiedad, para lo cual,
entre otros, previó labores como la adecuación y nivelación del terreno, así como el
control necesario para prevenir la erosión, inundaciones y encharcamientos (hechos
probados 6.1.1. y 6.1.2.).

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Posteriormente, los días 8 de junio y 10 de septiembre de 2009, Carman informó a
la Cardique que realizaría una obra de relleno con escombros “y material de cantera
de la zona” por problemas geológicos en el predio (hechos probados Nos. 6.1.3. a
6.1.4.) y, para el 3 de diciembre de 2009, solicitó a la Cardique un permiso transitorio
para utilizar el material sobrante en el arreglo de vías de acceso y otras obras de su
propiedad, sin que hubiera obtenido respuesta alguna (hecho probado 6.1.5.).

El 12 de enero de 2010, la Cardique le otorgó visto bueno a Carman para que
dispusiera del predio de su propiedad en cuanto al relleno de escombros, sin que a
su juicio se requiriera una licencia ambiental para tal fin (hecho probado 6.1.6.).

A pesar de ello, para el 22 de noviembre de 2011, la Cardique ordenó imponer una
primera medida preventiva por, entre otros, la práctica de extracción minera de
material del suelo sin licencia ambiental, decisión que fue confirmada el 22 de
octubre de 201270 y, para el 23 de enero de 2013, se profirió un concepto técnico
mediante el cual se concluyó que Carman estaba realizando actividades mineras de
material de cantera sin las exigencias de ley, con una retroexcavadora y una
zaranda artesanal, con un área intervenida que ascendía a 5.000 metros cuadrados
y con la extracción de aproximadamente 12.000 metros cúbicos de material pétreo
que, en ocasiones, era utilizado tanto para labores de relleno en dicho bien, como
para otros usos en la finca “Cachencha” (hechos probados 6.1.8. a 6.1.10.).

De ese modo, la Cardique profirió la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013,
mediante la cual impuso la medida preventiva de suspensión de las labores de
extracción de materiales a Carman, por desconocer la normativa en materia minero-
ambiental (hecho probado 6.1.13.).

A pesar de lo anterior, el 4 de octubre de 2013 la Agencia Nacional de Minería
efectuó una visita al predio de Carman, evidenciando que persistía la extracción de
material de cantera que se extendió al menos hasta el 10 de junio de 2016, fecha

70 Si bien, como se narró en el hecho probado No. 6.1.11., el Juzgado Único Penal del Circuito

Especializado de Cartagena resolvió tutelar el derecho fundamental al debido proceso de Carman,
ordenando a la Cardique revocar dichas decisiones, sentencia que fue confirmada en proveído del 4
de junio de 2013, ello se debió a que no se dio trámite a un memorial presentado por Carman, de
suerte que en dichas actuaciones judiciales no se controvirtió de forma alguna la ocurrencia de
minería ilegal.

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en la que dicha autoridad minera volvió a inspeccionar el inmueble, evidenciando
que “se encuentran adelantando actividades de explotación de material de cantera”,
lo cual fue denominado “una extracción sin el cumplimiento del artículo 14 y 85 del
Código de Minas” (hechos probados 6.1.14. y 6.1.16.)71.

A juicio de esta Subsección, las anteriores circunstancias, atinentes a la extracción
de material de cantera por parte de Carman, no estaban cubiertas por las
autorizaciones ambientales otorgadas por la Cardique, ni por la figura de la
extracción minera ocasional, no solo porque desbordaron el visto bueno para relleno
en el área de influencia de la actividad societaria de esa entidad, sino porque
rebasaron su magnitud -en el tiempo y espacio-.

En desarrollo de lo anterior, de la lectura de las autorizaciones ambientales referidas
se encuentra que, si bien se autorizó a Carman para rellenar el predio donde
efectuaba su actividad económica, ello solo se avaló para ese inmueble y con el
único fin de estabilizar el suelo, sin que se hubiera asentido la extracción continua
de material de cantera, pues contrario a la salida de ese elemento, lo que debía
haber era un ingreso de aquel, tanto así que la autoridad ambiental condicionó la
labor mencionada a que se elaboraran informes sobre la cantidad de escombros
dispuestos y su sitio de procedencia, cuya realización y entrega no se probó.

Contrario a ello, está demostrado que la extracción de material de cantera por
Carman no solo se utilizó para rellenar el predio, sino para trasladar dicho elemento
a otros bienes -entre ellos la finca Cachencha-, panorama que desborda con creces
el aval de la autoridad ambiental, al punto que, en las distintas verificaciones
efectuadas, más que un relleno lo que se encontró fue una auténtica cantera a cielo
abierto de más de 5.000 metros cuadrados (hecho probado No. 6.1.10).

Ahora bien, en cuanto a la extracción ocasional, es necesario precisar, en los
precisos términos del artículo 152 de la Ley 685 de 200172, que corresponde a

71 Pese a que inicial y preliminarmente la autoridad minera catalogó dichas labores como de minería

ocasional, a partir del 10 de junio de 2016 reconoció que eran actividades ilegales sin título minero.
72 “Artículo 152. Extracción ocasional. La extracción ocasional y transitoria de minerales industriales

a cielo abierto, que realicen los propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca
profundidad y por medios manuales, no requerirá de concesión del Estado. Esta explotación
ocasional solamente podrá tener como destino el consumo de los mismos propietarios, en obras y
reparaciones de sus viviendas e instalaciones, previa autorización del dueño del predio. Todo otro

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aquella explotación “ocasional” y “transitoria” de recursos minerales “en cantidades
pequeñas”, “a poca profundidad” y “por medios manuales”, que no requiere
concesión del Estado73 y que solo puede tener como destino el consumo de los
mismos propietarios, estando prohibido su destino “industrial o comercial”, pues
requiere título minero y licencia ambiental.

Los anteriores requisitos contrastan con el panorama fáctico del asunto de estudio,
por cuanto, está debidamente demostrado que: i) la extracción no fue ocasional y
transitoria, pues se extendió entre el 3 de diciembre de 2009 (hecho probado 6.1.5.)
y el 10 de junio de 2016 inclusive (hecho probado 6.1.16.); ii) no fue en cantidades
pequeñas, pues solo en la verificación contenida en el informe del 23 de enero de
2013, se encontró la extracción de más de 12.000 metros cúbicos de material pétreo
en un área intervenida de 5.000 metros cuadrados equivalentes a mil camiones
volquete suministrados con ese elemento (hecho probado 6.1.10); y iii) no fue a
poca profundidad y por medios manuales, pues la cantera a cielo abierto contaba
con profundidades de entre 6 a 8 metros y se utilizó una retroexcavadora Hitachi
(hecho probado 6.1.10).

De lo expuesto se sigue que las labores extractivas de material de cantera
realizadas por Carman fueron sistemáticas, prolongadas y a gran escala, nada de
lo cual estaba cobijado por las autorizaciones ambientales de la Cardique, ni mucho
menos por la figura de la extracción ocasional, por lo que requerían título minero y
licencia ambiental74, considerando que, en virtud de lo previsto en el artículo 11 de
la Ley 685 de 200175, los materiales de construcción están regidos integralmente

destino industrial o comercial que le den a los minerales extraídos, al amparo de este artículo, les
está prohibido. // En uso de la autorización contemplada en el presente artículo, los propietarios están
obligados a conservar, reparar, mitigar y sustituir los efectos ambientales negativos que puedan
causar y a la readecuación del terreno explotado”.
73 Sobre ello, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que “Si bien

el artículo 14 del Código de Minas dispuso que solo el contrato de concesión otorga derechos a
explorar y explotar recursos mineros, no puede perderse de vista que, además de esa figura, el
legislador también previó otras -como la extracción ocasional y el barequeo- en las que estos se
conceden, sin necesidad de la suscripción de un negocio jurídico”. Sentencia del 18 de septiembre
de 2023. Radicado 11001-03-26-000-2022-00206-00 (69267).
74 Código de minas. “Artículo 205. Licencia ambiental. Con base en el Estudio de Impacto Ambiental

la autoridad competente otorgará o no la Licencia Ambiental para la construcción, el montaje, la
explotación objeto del contrato y el beneficio y para las labores adicionales de exploración durante
la etapa de explotación. Dicha autoridad podrá fundamentar su decisión en el concepto que al
Estudio de Impacto Ambiental hubiere dado un auditor externo en la forma prevista en el artículo 216
de este Código”.
75 “Artículo 11. Materiales de construcción. Para todos los efectos legales se consideran materiales

de construcción, los productos pétreos explotados en minas y canteras usados, generalmente, en la

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por el régimen minero y sus requisitos y requieren contar con un contrato de
concesión del Estado, debidamente registrado76.

Se recuerda que, en materia ambiental, si bien la Constitución reconoce el derecho
a la propiedad, no se puede perder de vista que tal mandato se supedita a una
función social y ecológica77, lo que persigue que se puedan ejercer los atributos de
uso, goce y disposición de los bienes, pero con respeto del ambiente y sin
desconocer las exigencias de la Ley para la explotación del subsuelo78, aspectos
que fueron desatendidos por Carman al llevar a cabo labores de minería ilegal sin
el lleno de las exigencias del ordenamiento jurídico para el efecto.

A partir de las consideraciones precedentes, la Sala encuentra ajustada a los
hechos objeto de la controversia la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013,
mediante la cual se impuso a Carman la medida preventiva de suspensión de las
labores mineras, de ahí que aquella no adolece de una falsa motivación, motivo por
el cual el segundo subcargo de apelación no prospera.

En conclusión, esta Subsección advierte que la Resolución No. 0075 del 30 de
enero de 2013, mediante la cual, entre otros, se dictó una medida preventiva en

industria de la construcción como agregados en la fabricación de piezas de concreto, morteros,
pavimentos, obras de tierra y otros productos similares. También, para los mismos efectos, son
materiales de construcción, los materiales de arrastre tales como arenas, gravas y las piedras
yacentes en el cauce y orillas de las corrientes de agua, vegas de inundación y otros terrenos
aluviales. // Los materiales antes mencionados, se denominan materiales de construcción aunque,
una vez explotados, no se destinen a esta industria. // El otorgamiento, vigencia y ejercicio del
derecho a explorar y explotar los materiales de construcción de que trata este artículo, se regulan
íntegramente por este Código y son de la competencia exclusiva de la autoridad minera”.
76 Código de Minas. “Artículo 14. Título minero. A partir de la vigencia de este Código, únicamente

se podrá constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal,
mediante el contrato de concesión minera, debidamente otorgado e inscrito en el Registro Minero
Nacional. // Lo dispuesto en el presente artículo deja a salvo los derechos provenientes de las
licencias de exploración, permisos o licencias de explotación, contratos de explotación y contratos
celebrados sobre áreas de aporte, vigentes al entrar a regir este Código. Igualmente quedan a salvo
las situaciones jurídicas individuales, subjetivas y concretas provenientes de títulos de propiedad
privada de minas perfeccionadas antes de la vigencia del presente estatuto”.
77 “Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando
de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en
conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o social. // La propiedad es una función social que implica
obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”.
78 HERRERA CARRASCAL, Giovanni. La función ecológica de la propiedad y de la empresa. Análisis

normativo y jurisprudencial: En: Perspectivas del Derecho Ambiental en Colombia. LONDOÑO,
Beatriz, RODRÍGUEZ, Gloria Amparo y HERRERA CARRASCAL, Giovanni [Editores]. Bogotá: 2006.
Universidad del Rosario. P. 96- 131.

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contra de Carman, no adoleció de ningún vicio de legalidad, por haberse dictado en
forma afín al procedimiento que le resultaba aplicable, así como de forma
concordante con los hechos que le sirvieron de fundamento, motivo por el cual el
Tribunal Administrativo de Bolívar acertó en negar las pretensiones de la demanda.

7.2.3. Finalmente, Carman cuestionó la condena en costas resuelta en la sentencia
de primera instancia, por considerar que se le concedió un amparo de pobreza en
el curso de la primera instancia, por lo que no se la debió condenar en costas, en
virtud de lo previsto en el artículo 154 del Código General del Proceso.

Sobre ello, está demostrado que, el 1° de noviembre de 2013 79, el Tribunal
Administrativo de Bolívar concedió el amparo de pobreza solicitado por Carman
“desde la fecha de presentación de la solicitud” inclusive.

Precisado lo anterior, el artículo 154 del Código General del Proceso 80 estipuló que
el amparado por pobre no estaría obligado a prestar cauciones procesales ni a
pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación
“y no será condenado en costas”81, mandato que, aterrizado al caso concreto,
permite concluir que el a quo erró en condenar en costas a Carman, pues dicha
sociedad, en calidad de demandante, fue beneficiaria del amparo de pobreza, de
ahí que le asiste razón a la parte recurrente en el sentido de indicar que no hay lugar
a condenarla en costas en el marco del presente proceso.

En atención a lo expuesto, la Sala modificará la sentencia del 12 de febrero de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para en su lugar: i) abstenerse
de conocer la Resolución No. 0075 del 30 de enero de 2013 en cuanto a la decisión
que ordenó dar inicio al procedimiento administrativo sancionatorio; ii) declarar la
falta de legitimación en la causa por activa del señor Gustavo Camacho Rojas, por
no haber recaído la actuación cuestionada frente a aquel; y iii) negar las costas en

79 Folios 206 a 207 y 221 a 227 del cuaderno 1.
80 “Artículo 154. Efectos. El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales

ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y no será
condenado en costas”.
81 Lo cual ha sido reafirmado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Providencia del

20 de junio de 2023. Radicado AL1629-2023 – 81819.

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primera instancia, según lo expuesto. En lo demás, la sentencia de primera instancia
se mantendrá incólume.

6.3. Otras determinaciones

El estudio de la controversia arrojó que Carman llevó a cabo actividades mineras
sin contar con título minero y/o licencia ambiental, lo que, en concordancia con el
artículo 332 del Código Penal82, se encuentra inmerso en el delito de “explotación
ilícita de yacimiento minero y otros materiales”, de manera que se compulsarán
copias a la Fiscalía General de la Nación para que, si a bien lo tiene, determine las
eventuales responsabilidades derivadas de la situación en comento83.

7. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA84 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y en los numerales 1 y 8 del artículo 365 del
CGP85, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

82 “Artículo 332. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de

autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga
yacimiento minero, o explote arena, material pétreo o de arrastre de los cauces y orillas de los ríos
por medios capaces de causar graves daños a los recursos naturales o al medio ambiente, incurrirá
en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de ciento treinta y tres
punto treinta y tres (133.33) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
83 En anteriores decisiones, esta Sección ha sido enfática en que la actividad minera a la luz de la

Ley 685 de 2001 requiere título minero y licencia ambiental, so pena de que se incurra en una
actividad ilegal, lesiva del ambiente y no cobijada por el ordenamiento jurídico. Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 6 de noviembre de 2020. Radicado 25000-23-36-000-
2015-01594-02 (58954).
84 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo en

los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil
[actualmente Código General del Proceso]. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal” (aclaración añadida).
85 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en

que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […] 8. Solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”
(énfasis añadido).

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Demandante: Carman International S.A.S. y otro

En este caso, no hay lugar a condenar en costas a la parte demandante en segunda
instancia, debido a que fue beneficiaria del amparo de pobreza y, en los términos
del artículo 154 del Código General del Proceso precitado párrafos atrás, en tales
escenarios no corresponde proceder en tal sentido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 12 de febrero de 2021, proferida por la
Sala de Decisión No. 07 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en los siguientes
términos:

“PRIMERO: ABSTENERSE de conocer la Resolución No. 0075 del 30 de
enero de 2013 en cuanto a la decisión de inicio de un procedimiento
administrativo sancionatorio únicamente, por no tener un efecto jurídico
directo y, por tanto, no ser pasible de control judicial, según lo expuesto.

SEGUNDO: Declarar probada de oficio la falta de legitimación en la causa
por activa del señor Gustavo Camacho Rojas, en los términos formulados
en la parte motiva de la decisión.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda que en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
sociedad CARMAN INTERNATIONAL S.A.S. contra la CORPORACIÓN
AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE – CARDIQUE, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: SIN condena en costas en primera instancia.

QUINTO: Una vez ejecutoriada la presente sentencia, ARCHIVAR el
expediente, previa devolución del remanente, si existiere”.

SEGUNDO: SIN condena en costas en esta instancia.

TERCERO: COMPULSAR copias a la Fiscalía General de la Nación para que
determine las eventuales responsabilidades producto de las actividades extractivas
sin título minero y licencia ambiental llevadas a cabo por la sociedad Carman
International S.A.S.

44

Radicado: 130012333000201300518-01 (67180)
Demandante: Carman International S.A.S. y otro

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado
VF

45

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