Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2013-00604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00604-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2013-00604-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL – configuración por presentación
de demanda fuera del plazo legal para el medio de control procedente.
Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
a través de la cual se negaron las pretensiones.
Se demanda la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado por la falta
de pago oportuno de una obligación surgida de un premio de lotería.
SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se decidió la demanda de reparación
directa presentada el 1° de octubre de 2013 1, por el señor Fredy Rafael Solano
Flórez en contra del departamento de Bolívar, con el fin de que se le declare
patrimonialmente responsable y se obligue a pagar los intereses moratorios y los
perjuicios morales que se causaron por el pago tardío del billete de lotería del
premio mayor que ganó el demandante. Las pretensiones, hechos y fundamentos
de derecho invocados en la demanda fueron, los siguientes:
Pretensiones
2. Se solicita el pago, por perjuicios materiales: i) seiscientos cuarenta millones
quinientos diecinueve mil ochocientos dos pesos M/cte. ($640’519.902),
correspondientes a los intereses moratorios causados por el impago del premio
mayor; ii) de diez millones de pesos ($10’000.000), de la cláusula penal que tuvo
que asumir el demandante por la falta del dinero que le correspondía recibir
oportunamente, y, iii) cincuenta y cuatro millones quinientos noventa y seis mil
1 Folio 1 c. 1.
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
novecientos veintiocho pesos M/cte. ($54’596.928), por los honorarios que tuvo que
pagar a un abogado2
Hechos
3. No obstante la ausencia claridad del libelo demandatorio, se logra establecer
que el 24 de diciembre de 2007, el señor Fredy Rafael Solano Flórez resultó
ganador del premio mayor del sorteo 4501 de la Lotería de Bolívar, motivo por el
cual, el 9 de enero de 2008 presentó la respectiva reclamación de pago, sin que se
precisara el monto total del citado premio.
4. El 14 de enero siguiente, la Lotería de Bolívar efectuó un pago parcial por valor
de setenta y cinco millones de pesos M/cte. ($75’000.000) al beneficiario del
premio, al tiempo que le propuso un acuerdo para el pago diferido del capital
restante.
5. Desde entonces, el señor Solano Flórez presentó varias peticiones de pago que
no fueron atendidas por la Lotería de Bolívar (no se informó fechas o radicados).
6. Mediante Decreto 254 de 2008, el gobernador del departamento de Bolívar
ordenó la liquidación y supresión de la Lotería de Bolívar.
7. En informe del 27 de agosto de 2008, el agente liquidador tuvo en cuenta la
acreencia del señor Solano Flórez, pero aun así, no dispuso su pago.
8. El señor Solano Flórez presentó diversas peticiones (sin indicar fechas o
radicados) ante la gobernación de Bolívar y ante el agente liquidador de la Lotería
de Bolívar, sin tener pronunciamiento de fondo frente a su acreencia, ya que solo
se le indicó que debía estarse a lo resuelto por el liquidador en relación con la
graduación y liquidación de créditos.
9. Con ocasión de una acción de tutela instaurada por el señor Solano Flórez,
instaurada contra el fallo de consulta proferido por la Corte Suprema de Justicia, en
un incidente de desacato de orden de tutela, la Corte Constitucional, mediante
sentencia T-463 de 2011, amparó el derecho al debido proceso del señor Solano
Flórez y ordenó al departamento de Bolívar que entregara copia de la constitución
de reserva técnica para pago de premios de que trata el artículo 47 de la Ley 643
de 2001, solicitada por el actor, sin que a la fecha de presentación de la demanda
hubiera satisfecho el mandato judicial.
2 Folios 48 a 50 c. 1.
2
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
10. Con ocasión del fallo de tutela y peticiones adicionales del actor, el
departamento de Bolívar reconoció no haber constituido la reserva técnica para los
años 2006 a 2008.
11. Finalmente, con fundamento en el registro presupuestal 7263 del 25 de octubre
de 2011, el departamento de Bolívar pagó cuatrocientos nueve millones quinientos
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos veintiocho pesos M/cte. ($409’554.428),
correspondiente al capital del premio mayor del juego de azar y propuso pagar los
intereses correspondientes que ascendían a trescientos sesenta millones
setecientos siete mil quinientos catorce pesos M/cte. ($360’707.514) con
posterioridad, sin que la fecha de presentación de la demanda se hubiera recibido
suma alguna, pese a que el Comité de Vigilancia de Reestructuración de Pasivos
Departamentales de Bolívar hubiera ordenado cumplir con el fallo proferido por la
Corte Constitucional.
Fundamentos de Derecho
12. Se indicó que el departamento de Bolívar debía indemnizar los perjuicios
causados al actor, ya que incumplió la obligación legal de constituir las reservas
técnicas para pagos de premios de juegos de azar, además de no haber pagado
de forma oportuna y completa el premio mayor que ganó el señor Solano Flórez y
culminó el proceso liquidatorio de la Lotería de Bolívar, desconociendo el crédito a
favor del actor3.
La defensa
13. El departamento de Bolívar presentó extemporáneamente la contestación de
demanda, por lo que no fue tenida en cuenta en primera instancia4.
Alegatos de parte y concepto del Ministerio Público
14. Surtido el trámite probatorio, la parte demandante indicó que las pruebas eran
demostrativas tanto del pago tardío del premio mayor de lotería que ganó el señor
Solano Flórez, como del impago de los intereses moratorios, razón por lo que pidió
que se accediera a las pretensiones5.
15. La parte demandada expresó que, si bien se hallaba probado que el actor ganó
el premio mayor de la Lotería de Bolívar y que, por tal concepto, el 14 de enero de
2008, ésta desembolsó a su favor $75’000.000, y luego, el 26 de octubre de 2011,
el departamento de Bolívar pagó $409’554.428, lo cierto era que el ente territorial
3 Folios 15 a 25 c. 1.
4 Folio 288 c. 1.
5 Folios 324 a 328 c. 1
3
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
lo hizo con el fin de agilizar y garantizar las obligaciones de aquella gestora de
juegos de azar que devino en liquidación, razón por la cual no le asiste legitimación
en la causa por pasiva; además, indicó que el actor no se hizo parte del proceso
concursal de la Lotería de Bolívar y, por tanto, no puede desconocer dicho trámite
y pretender el pago de la obligación, desconociendo los derechos de igualdad de
aquellos que concurrieron a la liquidación. Finalmente, señaló que si consideraba
irregular el acto administrativo por el cual el departamento ordenó el pago
efectuado, debió controvertirlo a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y no bajo el cauce de la reparación directa, situación
que evidencia la indebida escogencia del medio de control al igual que su
caducidad6.
16. El Ministerio Público solicitó que se accediera a las pretensiones de la
demanda, pues el departamento de Bolívar asumió el pasivo de esa gestora de
juegos de azar después de que fue liquidada, razón por la cual debía asumir los
intereses adeudados por la mora en el pago; no obstante, precisó que los perjuicios
derivados del pago tardío no se demostraron, lo cual sólo permitiría reconocer a su
favor los intereses solicitados7.
La decisión recurrida
17. Mediante sentencia proferida el 30 de noviembre de 2014, el Tribunal
Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, para lo cual
consideró que, aun cuando estaba probado el pago tardío del premio de lotería que
ganó el señor Solano Flórez, lo cierto era que el desembolso que el departamento
de Bolívar efectuó a su favor en octubre de 2011 incluyó la indexación de la deuda
con base en el IPC, razón por la cual resultaba improcedente reconocer a su favor
intereses moratorios, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado que
estima excluyentes ambos rubros. Como agencias condenó a la parte vencida a
pagar setecientos cinco mil ochocientos veintidós pesos M/cte. ($705.822), esto es,
el 0.01% del valor de las pretensiones8.
El recurso interpuesto
18. La parte demandante solicitó la revocatoria del fallo de instancia, para lo cual
manifestó que: i) no se puede equiparar los intereses y la indexación del capital,
toda vez que aquellos operan por virtud de la ley, tal como lo contempla el Código
Civil, y ii) de acuerdo con un informe periodístico sobre un estudio científico francés,
los ganadores de un premio de lotería mejoraban sus condiciones psicológicas y
6 Folios 329 a 334 c. 1.
7 Folios 335 a 342 c. 1.
8 Folios 349 a 352 c. principal.
4
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
de estrés, lo cual demostraba que al haberse retenido el pago del premio mayor a
favor del señor Solano Flórez, se causó un perjuicio a su salud mental9.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
19. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en su recurso de
apelación10.
20. El Ministerio Público no presentó concepto y la parte demandada guardó
silencio.
CONSIDERACIONES
21. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
Del objeto del recurso
22. La solución del recurso del recurso de apelación se concreta en establecer si
el actor tiene derecho a que se le reconozca el pago de los intereses moratorios y,
además, si existe prueba de los perjuicios que el actor reclama haber padecido.
Cuestión previa: presupuestos para decidir de fondo
23. Es pertinente precisar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del CGP, la competencia del ad quem se circunscribe a las razones de
inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la
situación creada por el fallo de primera instancia y a los aspectos que estén
íntimamente relacionados con ellos o, según la postura unificada de esta
Corporación, se encuadren dentro del marco global de la apelación; sin embargo,
lo anterior no impide que el juez se pronuncie respecto de todos los aspectos que,
de conformidad con la ley deben ser estudiados, aún sin que medie petición de
parte, tal como la caducidad, la legitimación en la causa y la adecuada o correcta
escogencia del medio de control. Este criterio fue ratificado en sentencia de
unificación proferida por la Sala Plena de esta Sección el 6 de abril de 2018:
“Este entendimiento del principio de congruencia y de los límites
competenciales del ad quem frente el recurso de apelación es el que la Sala
acoge y reitera, de manera que si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte
de ese aspecto más general, aunque de manera expresa no se haya referido a
ellos el apelante único. Lo anterior, desde luego, sin perjuicio de la
9 Folios 354 a 360 c. principal.
10 Folios 411 a 421 c. principal.
5
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la
indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por
el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia
censurada”11 (negrillas fuera de texto).
24. Por lo tanto, verificada la secuencia fáctica que soporta la demanda, la Sala
establecerá si el medio de control de reparación directa es el cauce procesal
adecuado, teniendo en cuenta la génesis del daño cuya indemnización se solicita.
El medio de control procedente en el caso concreto
25. Como punto de partida habrá de indicarse que el daño es una de las
condiciones esenciales que condiciona la vocación de prosperidad de la
responsabilidad patrimonial del Estado, a causa de las acciones, omisiones,
operaciones administrativas, ocupación temporal o permanente de un inmueble por
causa de trabajos públicos o, en general, por cualquier otra causa.
26. Concordante con esta idea, el daño es fuente determinante del cauce procesal
que la víctima debe invocar a la hora de presentar la demanda; así, el tipo de medio
de control no está a merced de la liberalidad de quien acude a la jurisdicción en
busca de tutela efectiva, sino que está atada a la situación o condición originaria de
la lesión, pues, por regla general, si éste proviene de una circunstancia respecto de
la que no media una decisión administrativa, como “un hecho, una omisión, una
operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”, la procedente es el medio
de control de reparación directa, como lo concibe el artículo 140 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero si el origen
de la lesión del interés subjetivo proviene de una decisión de la administración, lo
procedente es demostrar su ilegalidad y, de este modo, evidenciar que los daños
por ésta ocasionados son antijurídicos y pasibles de indemnización, en los términos
descritos en el artículo 138 ibídem.
27. En este caso, de acuerdo con el material obrante en el plenario, está
demostrado que:
28. En el giro ordinario de sus negocios, la Lotería de Bolívar efectuó el sorteo 4501
del 24 de diciembre de 2007 correspondiente al premio mayor, el cual fue acertado
por el señor Fredy Rafael Solano Flórez, haciéndose acreedor del ente público por
un valor de seiscientos millones de pesos M/cte. ($600’000.000), como lo indica la
constancia del 28 de diciembre de 2007, emitida por la lotería12.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de abril de 2018, Exp. 46.005.
12 Folio 52 c. 2.
6
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
29. Como consecuencia, el 14 de enero de 2008 fue desembolsada la suma de
setenta y cinco millones de pesos M/cte. ($75’000.000) a favor del citado señor, tal
como lo evidencia el comprobante de pago 225413 y como fue reconocido en el
escrito de demanda.
30. Encontrándose pendiente el pago del capital restante, la Lotería de Bolívar
entró en proceso de supresión y liquidación por Decreto 254 de 2008, proferido por
el gobernador del departamento de Bolívar, tal como lo reconocieron las partes en
contienda14. A pesar de que esa obligación fue contemplada entre los pasivos
ciertos de la entidad en liquidación, el señor Solano Flórez no se hizo presente al
respectivo proceso concursal, como lo manifestó en la demanda15.
31. No obstante lo anterior, por razón del impago de la totalidad de la obligación, el
13 de agosto de 2010, el señor Solano Flórez, en ejercicio del derecho fundamental
de petición, solicitó al departamento de Bolívar que: i) profiriera acto administrativo
por el cual negara o concediera el pago de la diferencia del premio mayor, lo cual
estimó en trescientos veintitrés millones cuatrocientos mil pesos M/cte.
($323’400.000), más los intereses y, ii) entregara copia del registro de reserva
técnica y capitalización que la Lotería de Bolívar debía efectuar para el pago de
premios, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 47 de la Ley 643 de 2001,
en armonía con el artículo 27 del Decreto 2975 del 200416.
32. El departamento de Bolívar trasladó la petición al agente liquidador la Lotería
de Bolívar “en liquidación” y, éste, a su turno informó al señor Solano Flórez que la
solicitud de proferir acto administrativo reconociendo o negando un pago sólo podía
ser resuelta una vez vencieran las etapas de graduación y calificación de créditos,
ante la situación concursal en la que se hallaba la lotería; asimismo, ordenó hacer
entrega del documento solicitado17.
33. Inconforme con lo anterior, el señor Solano Flórez interpuso acción de tutela
contra el departamento de Bolívar, por violación al derecho fundamental de petición,
la cual fue resuelta a su favor por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Córdoba,
mediante sentencia del 29 de septiembre de 2010, quien ordenó proferir el acto
administrativo solicitado, negando o accediendo a lo pedido18.
13 Folio 52 c. 2.
14 Es preciso destacar que no hay copia alguno de estos actos administrativos; no obstante, se tiene por
acreditado este hecho, en consideración a que ambas partes lo reconocieron como cierto (ver folios 6 del escrito
de demanda y 329 de los alegatos de conclusión de primera instancia).
15 Folio 20 c. 1 “nunca nos constituimos en parte dentro del proceso liquidatorio por diversos motivos que va
desde la buena fe en la administración (Gobernación de Bolívar) de tener un legítimo interés de pagar, hasta
la seguridad de la existencia de estas reservas que no se registran en el presupuesto”.
16 Folio 107 c. 2.
17 Folio 112 c. 2.
18 Folios 119 a 123 c. 2.
7
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
34. Al estimar que no se había dado cumplimiento a la anterior orden, por razón del
impulso de un trámite de desacato, mediante auto del 29 de octubre de 2010, el
Juzgado Primero Penal del Circuito de Córdoba impuso sanción económica y
medida de detención contra el gobernador del departamento de Bolívar por
incumplimiento a la orden constitucional de amparo19, decisión que, el 23 de
noviembre de 2010, fue revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de
Montería, al estimar que se había satisfecho la orden de respuesta, toda vez que el
departamento había proferido la Resolución 07 del 5 de octubre de 2010 20, por la
cual se negaba el reconocimiento y pago de lo solicitado por el señor Solano Flórez.
35. Al estimar que la determinación del Tribunal violentaba sus derechos
fundamentales, el ciudadano Solano Flórez interpuso acción de tutela aduciendo la
violación al debido proceso, la cual fue despachada en forma negativa el 9 de
diciembre de 2010, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
al considerar que la Resolución 07 de 2010 resolvió el fondo de la petición
presentada. No obstante, esta decisión fue revocada por la Corte Constitucional,
mediante fallo T – 463 del 9 de julio de 2011, en consideración a que, si bien se
había proferido la Resolución 07 de 2010, por la cual el departamento de Bolívar
negaba el pago solicitado por el señor Solano Flórez, la entidad territorial no había
atendido el segundo punto de la petición, consistente en hacer entrega del registro
de reserva técnica y capitalización para el pago de premios de la Lotería de
Bolívar21.
36. En cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional, por oficio del 29 de julio de
2011, el departamento de Bolívar informó al señor Solano Flórez que la Lotería de
Bolívar no había registrado una reserva técnica y de capitalización para pago de
premios durante los períodos comprendidos entre los años 2006 a 2008, tal como
lo hacía constar el contador de la Lotería de Bolívar “en liquidación”; por tanto, no
era posible entregar copia de un documento inexistente. De otro lado, y con
fundamento en las consideraciones del Comité de Vigilancia de Acuerdo de
Reestructuración de Pasivos del Departamento de Bolívar, el ente territorial
procedió a emitir la Resolución 1419 de 2011, por la que ordenó el pago a favor del
citado señor por cuatrocientos nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos veintiocho pesos M/cte. ($409’554.428), sin incluir los intereses
moratorios debidos. Las consideraciones del acto administrativo fueron las
siguientes (se transcribe literalmente):
19 Folios 130 a 133 c. 2.
20 En el plenario no obra original o copia de este acto administrativo; sin embargo, se tiene por acreditada su
existencia, así como su contenido relativo a la negación de la petición de pago del señor Solano Flórez, en
consideración a que así fue valorado en el trámite de la acción que dicho señor promovió y que finalizó con
sentencia T – 463 de 2011, proferida por la Corte Constitucional.
21 Folios 63 a 74 c. 2.
8
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
“Que la Lotería de Bolívar realizó el sorteo No. 4501 del 24 de diciembre de 2007,
siendo favorecido el número 6464 serie 08, el cual fue acertado por el señor FREDY
RAFAEL SOLANO FLOREZ, identificado con la cédula de ciudadanía (…)
Que en agosto 8 de 2010 el señor FLOREZ SOLANO elevó derecho de petición
ante la Gobernación de Bolívar, encargada de realizar los pagos como consecuencia
de la Liquidación de la Lotería de Bolívar, para que emitiera el acto administrativo que
ordenara el pago del premio con sus respectivos intereses o lo negara y expidiera copia
auténtica del documento que avalaba las reservas técnicas y de capitalización
constituida por la Gobernación de Bolívar de conformidad con el numeral 2° del art. 47
de la Ley 643 de 2001 y el art 27 del decreto 2975 de 2004.
Precisó el actor que al no recibir respuesta alguna frente al derecho de petición
presentado, inició acción de tutela en contra del Departamento de Bolívar en
septiembre 8 de 2010, siendo resuelta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Montería el 29 de septiembre del mismo año, mediante sentencia de tutela que ordenó
el amparo del derecho de petición, sin que dicha sentencia, hubiese sido objeto de
impugnación por parte de alguna de las partes procesales.
El accionante inició incidente de desacato en contra de la entidad accionada por el
incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de tutela, decidiendo el juzgado de
conocimiento: ‘imponer sanción por desacato al Gobernador de Bolívar, consistente en
cinco (5) días de arresto y multa en cuantía de cinco (5) salarios mínimos legales
vigente’.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 52 del decreto 2591 de 1991, la Sala
Penal del Tribunal Superior de Montería desata la consulta y mediante providencia
calendada el 23 de noviembre de 2010, revoca la sentencia materia de la consulta, al
considerar que la Gobernación de Bolívar había cumplido con la orden contenida en la
sentencia del 29 de septiembre de 2010, por cuanto la Gobernación del departamento
de Bolívar expidió la Resolución No. 007 de octubre 5 de 2010, mediante la cual se
negaba al accionante el reconocimiento de la acreencia solicitada y se disponía anexar
a la misma copia del documento que avalaba las reservas técnicas y de capitalización.
El señor SOLANO FLÓREZ instauró acción de tutela en contra de la Sala Penal
del honorable Tribunal Superior de Montería, aduciendo la vulneración de su derecho
fundamental constitucional al debido proceso, por cuanto consideró que la Lotería de
Bolívar en el sorteo realizado el 24 de diciembre de 2007 distinguido con el número
4501, el cual resultó favorecido con el premio mayor, y que el mismo solo fue cancelado
parcialmente, adeudándose hasta agosto 27 de 2008 la suma de CUATROCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
($487.048.200) M/CTE, más los intereses moratorios.
Adujo el tutelante que por la crisis económica y financiera de la Lotería de Bolívar
la Superintendencia Nacional de Salud, solicitó la liquidación de la empresa, quedando
la obligación a su favor relacionada en el listado denominado ‘situación de pasivos a
agosto 27 de 2008’.
Dentro del trámite de esta acción de tutela, con escrito de diciembre 7 de 2010 la
Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Montería remitió a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia copia del auto de noviembre 23 de 2010, en el
cual se resolvió revocar la sentencia materia de la consulta, al considerar que la
9
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
gobernación de Bolívar había cumplido con la orden contenida en la sentencia del 29
de septiembre de 2010 proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería
a través de la cual se había sancionado al gobernador de Bolívar por desacato al fallo
de tutela de septiembre 29 de 2010 que amparó el derecho fundamental de petición al
señor FREDY RAFAEL SOLANO FLÓREZ para lo de su competencia.
Que la Sala Sexta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional, en el trámite
d e revisión eventual de la sentencia de tutela del nueve (9) de diciembre de dos mil
diez (2010) proferida por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia de
acuerdo a lo establecido en el decreto 2591 de 1991, mediante sentencia de tutela T-
463 de 2011, resolvió revocar la sentencia dictada en diciembre 9 de 2010 por la Corte
Suprema de Justicia Sala de Decisión Penal y, en su defecto, dispuso TUTELAR EL
DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO PROCESO dejando sin efecto la sentencia
proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de montería el día 23 de noviembre
de 2010, que al resolver la consulta respectiva revocó la sanción que por desacato le
había impuesto al señor gobernador del departamento de Bolívar el juzgado Primero
Penal del Circuito de Montería con providencia de octubre 29 de 2010. De la misma
manera resolvió la H. Corte Constitucional al señor gobernador del departamento de
Bolívar actual que en el término máximo de 40 horas, contadas a partir de la notificación
de esta providencia, aún no la ha efectuado, entregue al señor FREDY RAFAEL
SOLANO FLÓREZ copia auténtica del documento que avala las reservas técnicas y de
capitalización que constituyó la Lotería de Bolívar, en lo atinente al premio al cual le
acertó el señor SOLANO FLÓREZ en el sorteo realizado en diciembre 24 de 2007.
Igualmente resolvió hacer efectiva al gobernador del departamento de Bolívar la
sanción de cinco (5) días de arresto y multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, en caso de no acatar lo ordenado.
El Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería ordenó mediante auto darle
cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-463 de junio 9
de 2011, por cuanto consideró que el gobernador del departamento de Bolívar no había
cumplido con el mandato impuesto en la referida providencia y solicitó al Ministerio del
Interior, la suspensión del fuero especial del que goza el Departamento de Bolívar, para
cumplir con el arresto ordenado por la H. Corte Constitucional.
Que el gobernador del departamento de Bolívar no pudo entregar la copia auténtica
del documento que avala las reservas técnicas y de capitalización al señor FREDY
RAFAEL SOLANO FLÓREZ por cuanto el representante legal de la mentada empresa
Lotería de Bolívar, durante los años 2006, 2007 y 2008 omitió constituir la referida
reserva, tal como consta en la certificación expedida por el contador de la mencionada
empresa, señor (…) en certificación calendada el 27 de julio de 2011.
Que la Superintendencia Nacional de Salud expidió la Resolución No. 2162 de 2006,
en virtud de la cual se ordenó la Liquidación de la Lotería de Bolívar. Esta Resolución
fue recurrida por la Lotería de Bolívar y confirmada mediante providencia distinguida
151 de 2007.
Que mediante Resolución no 4436 de 2007, expedida por el Ministerio de la
protección social se aprobaron los sorteos de loterías para la vigencia fiscal de 2008,
sin embargo, a la Lotería de Bolívar, no se le autorizó la operación para ese año.
Que la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar expidió la ordenanza 04 de
2008, en virtud de la cual se facultó al gobernador del departamento de Bolívar,
10
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
mediante el cual se reglamenta todo el proceso de liquidación, el cual fue modificado
por el número 185 de 2011, que amplió el término para cumplir con la liquidación hasta
el 31 de diciembre de 2011.
Que la Lotería de Bolívar en Liquidación una vez realizado la contabilización de las
obligaciones a su cargo, que hacen parte de la masa de liquidación, no cuenta con los
recursos necesarios para atender el pago de la totalidad de las acreencias.
Que el liquidador de la Lotería de Bolívar en Liquidación, le solicitó al gobernador
del departamento de Bolívar proveer los recursos necesarios para finalizar el proceso
de su liquidación, solicitud esta que fue sometida a la consideración del Comité de
Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos II, del departamento de Bolívar
en sesión celebrada el 2 de septiembre del año en curso, acta que hace parte integral
de esta Resolución, aprobando dicho comité pagar al señor FREDY RAFAEL SOLANO
FLÓREZ la suma adeudada por concepto del premio mayor de la Lotería de Bolívar,
aplicando a la liquidación los parámetros señalados en el acuerdo de reestructuración
de pasivos.
Que para los efectos anteriormente señalados el asesor de la unidad de
contabilidad doctor (…) realizó la liquidación que a continuación se indica:
Premio $600.000.000
Retención 17% $102.000.000
Subtotal $498.000.000
Retención 20% $99.600.000
A pagar $398.400.000
Abono $75.000.000
Valor neto a $323.400.000
pagar
Indexación enero $48.922.208
15-08 a agosto 21 –
11
Capital más $372.322.208
indexación
Honorarios $27.232.221
profesionales 10%
Total capital, $409.554.428
indexación y
honorarios
Que en virtud de la autorización anteriormente expuesta, la unidad de presupuesto
del departamento de Bolívar expidió el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)
distinguido con el número 6707 de septiembre de 28 de 2011 por el valor de
CUATROCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($409.554. 428.oo) M/CTE” 22.
37. Como se puede observar, el departamento de Bolívar, aunque no fue parte de
la relación contractual que se derivó del contrato aleatorio de lotería que subsistió
entre el señor Flórez y la liquidada Lotería de Bolívar, lo cierto es que asumió la
22 Folios 318 c. 1.
11
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
obligación insoluta de ésta de pagar una suma de dinero a favor de aquél mediante
la Resolución 1419 de 2011 que viene de transcribirse; así, tal como evidencia la
transcripción, mediante dicho acto administrativo, el ente territorial ordenó el pago
de la diferencia del capital adeudado, previa indexación, pero no así los intereses
moratorios a los que, según el demandante tenía derecho, por haber transcurrido
casi cuatro años desde el 24 de diciembre de 2007, cuando la obligación se hizo
exigible.
38. La anterior resolución es indicativa de que el daño, aunque relacionado con una
obligación proveniente de un negocio jurídico con contenido económico de un ente
liquidado, estuvo mediado por un acto administrativo y, en ese sentido, es preciso
indicar que la citada Resolución es la fuente del daño cuya reparación se solicita,
pues, tal como lo evidencia la demanda, el ente departamental debiendo pagar los
intereses moratorios causados desde que la obligación de pago se hizo exigible,
sólo ordenó el desembolso del capital adeudado.
39. Por lo tanto, los cargos de antijuridicidad que predica el demandante por el
indebido proceder de la administración departamental no son susceptibles de
canalizar a través del medio de control de reparación directa, pues están orientados
a cuestionar la legalidad de un acto de la administración y, en consecuencia, de
conformidad el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, las pretensiones del demandante debieron encausarse
por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a efectos de que
en el escenario de un proceso de tal naturaleza, se desvirtuará la presunción de
legalidad del acto, previa demostración de las razones por las cuales el actor
considera que el departamento de Bolívar debió pagar, además de la suma
ordenada en la Resolución 1419 de 2011, los seiscientos cuarenta millones
quinientos diecinueve mil novecientos dos pesos M/cte. ($640’519.902) de los
intereses moratorios que reclama, así como los perjuicios indirectos que dijo
haberse derivado por el impago.
40. Ahora, no pasa por alto la Sala que, de conformidad con el artículo 171 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), al momento de admitir la demanda el juez debe darle “el trámite que le
corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada”,
con lo cual se procura evitar decisiones inhibitorias que devengan en una
aproximación atentatoria del acceso a la administración de justicia; sin embargo, es
preciso indicar que aún en el evento en que se hubiera adecuado la demanda al
cauce procesal del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
cierto es que el fenómeno de la caducidad impediría proferir una decisión de fondo
que resolviera el caso.
12
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
41. Como lo ha expuesto en precedentes oportunidades la Sala23, la caducidad del
medio de control impone la carga de promover el litigio y, por ende, de presentar la
demanda en el plazo fijado por la ley a quienes están comprometidos en un
conflicto; así, de no hacerlo en tiempo, fenece la posibilidad de accionar ante la
jurisdicción para hacer efectivo el derecho o dirimir la situación conflictiva
correspondiente. La caducidad, como fenómeno procesal, no admite renuncia ni
suspensión del término, el cual cursa de manera inexorable, salvo cuando se
presenta solicitud de conciliación extrajudicial en derecho, suspensión que, en todo
caso, debe atenderse según los parámetros fijados en las Leyes 446 de 1998 y 640
de 2001.
42. Así, de acuerdo con el literal d, del artículo 164 del CPACA, “cuando se
pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse
dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo”; en este
caso, el acto administrativo fuente del daño data del 25 de octubre de 2011 y la
demanda se radicó el 1° de octubre de 201324, lo cual evidencia la extemporaneidad
del ejercicio del citado medio de control.
43. Por lo tanto, pese al imperativo contenido en el artículo 171 del CPACA, no hay
cabida para desconocer las normas que reglamentan la caducidad de los medios
de control contencioso-administrativos y la naturaleza de orden público y obligatorio
acatamiento que las acompaña, situación que impide a la Sala proferir una decisión
de fondo que resuelva el litigio planteado y fuerza a este órgano colegiado a revocar
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su
lugar, declarar de forma oficiosa la caducidad del medio de control.
De las costas
44. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la liquidación
y ejecución de la condena en costas debe efectuarse en atención de las reglas del
Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Este Código
dispone, en el numeral 1 del artículo 365, que se debe condenar en costas a quien
resulta vencido en el proceso o se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación25, lo que quiere decir, que la procedencia de dicha condena depende
únicamente de una condición objetiva, derivada del hecho de ser vencido en el
proceso, perdiendo relevancia si las partes actuaron de forma temeraria.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de mayo de 2021, exp. 53913.
24 Folio 1 c. 1.
25 Artículo 365 C.G.P.: “En los procesos y en las actuaciones posteriores aquellos en que haya controversia la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto (…).
13
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
45. En este caso, la presente providencia revocará la decisión de primera y se
declarará la caducidad del medio de control, por ende, puede colegirse que la parte
demandante que interpuso recurso de apelación resultó vencida, de ahí que resulte
procedente la condena en costas en su contra.
46. Según el artículo 361 ejusdem, las costas están integradas por las agencias en
derecho y las expensas sufragadas durante el trámite de la controversia.
47. En relación con las agencias en derecho, el Acuerdo 1887 de 2003, expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura, establece que, para efectos de su
determinación, es preciso tener en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil
de la gestión realizada por el apoderado, la cuantía de la pretensión y cualquier otra
circunstancia relevante26.
48. El pleito de la referencia corresponde a una controversia de reparación directa
con cuantía que, por razón de la interposición del recurso de apelación, duró más
de 1 año en esta Corporación, lo que implicó que la parte demandada vencedora
tuviera que sufragar un abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses,
motivo por el cual la Sala fijará las agencias en derecho a su favor en un (1) SMLMV,
lo cual se acompasa con lo dispuesto con el artículo 6 del citado Acuerdo 1887 de
200327, según el cual dicho valor podrá ser de hasta el cinco por ciento (5%) del
valor total petitum.
49. Finalmente, la liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a
quo, en los términos del artículo 366 del CGP28.
IV. PARTE RESOLUTIVA
50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
26 ARTÍCULO TERCERO. - “Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas establecidas
hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la
gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la
pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por
porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones”.
27“ARTICULO SEXTO. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
3.1. ASUNTOS.
(…)
3.1.3. Segunda instancia.
(…)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la
sentencia”.
28 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que
haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia
que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a
las siguientes reglas (…)”.
14
Radicación: 13001-23-33-000-2013-00604-01 (56751)
Actor: Fredy Rafael Solano Flórez
Demandado: Departamento de Bolívar
Referencia: Reparación directa
RESUELVE:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 2 de octubre de 2014, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca; en consecuencia, DECLÁRASE la
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante y fijar las agencias en
derecho de segunda instancia en un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. El
Tribunal de origen deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 366 del
Código General del Proceso.
CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del
Consejo de Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
su integridad y autenticidad en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
15
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.