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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00821-01

Fecha
27 de octubre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2013-00821-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda; en consecuencia, DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación directa. SEGUNDO: CONDENAR a los demandantes por concepto de las agencias en derecho fijadas en esta providencia por esta instancia, al pago de seis millones ochocientos nueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte. ($6’809.424), equivalente al 1% de las pretensiones negadas, a favor de la entidad demandada. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2013-00821-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

27 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique
-CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Daños causados a los particulares por
obra pública / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Su
cómputo inicia desde la ocurrencia del daño o desde cuando el afectado tuvo
conocimiento de este, lo último que ocurra – En el presente caso se demandó por fuera
del término legal establecido.

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
a través de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita la reparación de los daños causados como consecuencia de la
construcción irregular de un canal ciclópeo en el predio propiedad de los
demandantes que ocasionó afectaciones al bien.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia antes indicada, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Bolívar decidió la demanda de reparación directa presentada el
18 de diciembre de 20131 por los señores Martha Luz Cortina Pájaro y Hernando
Marrugo González, en contra de la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique (en adelante CARDIQUE)2.

La demanda

2. Como fundamento fáctico de la demanda, los actores indicaron que son
propietarios del predio rural identificado con la matrícula inmobiliaria 060-186974
de la Oficina de Instrumentos Públicos de Cartagena, ubicado en el municipio de
Turbaco del departamento de Bolívar, así como de los árboles frutales,
maderables y pastos naturales sembrados en el mismo.

1 Folio 1 del cuaderno 1.
2 Solicitaron una indemnización por concepto de perjuicios materiales en las modalidades de daño emergente
y lucro cesante en la suma global de $533’542.400, correspondiente al precio del área que quedó inutilizable -
878.23 M2-, así como la suma de $29'500.000, referente a los árboles frutales y musáceas dejadas de
producir entre los años 2009 y 2013. Valores que pidió que fueran actualizados al momento de la sentencia.
También se pidió el reconocimiento de una indemnización por concepto de daño moral por valor de 100
SMLMV a favor de cada uno de los demandantes.

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

3. Indicaron que entre CARDIQUE y el señor Carlos Joaquín Guete Rodríguez se
suscribió el contrato de obra 138 del 29 de octubre de 2008, que tenía por objeto
la realización de los estudios topográficos, diseños, construcción de canal de
concreto ciclópeo – sector Puente Honda – municipio de Turbaco – departamento
de Bolívar.

4. Con motivo de la ejecución de dicha obra pública se afectó el predio de los
actores, en tanto el canal en concreto ciclópeo fue construido dividiendo el
inmueble en dos, dejándolo inutilizable para casi todo tipo de actividad comercial,
lo que incidió en que el lote hubiera perdido considerablemente su valor comercial,
al punto que llevaba más de tres años a la venta antes de la interposición de la
presente acción. Aunado a lo anterior, las fuertes lluvias, entre esas, las
generadas por el fenómeno natural denominado “La Niña”, -entre los periodos
2009 y 2010-, conllevaron al desbordamiento del canal debido a los errores de
ingeniería con los que fue construido, lo que derivó en la inundación del predio que
terminó por arrastrar las matas de plátano y de yuca sembradas. Agregó que en la
zona se presentaron fuertes lluvias en octubre de 2011, las cuales causaron una
erosión a los costados del canal, la cual ponía en riesgo los predios aledaños al
mismo.

5. Manifestaron que tampoco se adoptaron medidas efectivas para mitigar el
daño luego de que colapsó el canal, pues si bien entre CARDIQUE y el señor Luis
Francisco Pérez Correa se suscribió un nuevo contrato de obra, esto es, el 212 del
12 de diciembre de 2012, cuyo objeto consistió en la construcción de un canal en
el sector Punto Honda – municipio de Turbaco – departamento de Bolívar y, en
consecuencia, se realizó una reparación al canal ciclópeo en cuestión, lo concreto
fue que no solucionaron los enormes problemas de la primera obra, existiendo
amenaza de derrumbes en predios circunvecinos al de los actores que ponen en
peligro vidas humanas.

6. Finalmente, se indicó que la demanda estaba llamada a responder, puesto
que la construcción de ese canal fluvial generó graves daños al inmueble de los
demandantes y una situación de riesgo permanente para los habitantes del sector,
dada la constante amenaza de inundaciones, situación que ha empeorado con el
pasar de los años3.

La defensa

7. CARDIQUE contestó la demanda de manera extemporánea4.

3 Folios 174, al respaldo, del cuaderno 1.
4 Folios 309 a 326, c. 1.

2

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

8. Agotada la audiencia inicial y surtido el debate probatorio, en el término para
alegar de conclusión, la parte demandada manifestó oponerse a la prosperidad de
las pretensiones. Indicó que antes de la obra pública en comento, el arroyo fluvial
presentaba problemas que se solucionaron con la construcción del canal en
concreto ciclópeo, el cual se determinó era el adecuado para el efecto. Además,
manifestó que había operado el fenómeno jurídico de la caducidad, en tanto en el
libelo introductorio se hizo consistir el daño en los errores de construcción de dicho
canal que terminaron por generar perjuicios a terceros, incluidos, a los aquí
actores. Así, el término inició a correr a partir de la terminación de la obra pública
que fue el 28 de enero de 2009, y como la demanda fue presentada el 18 de
diciembre de 2013, estuvo por fuera de los dos daños para instaurarla.
Finalmente, sostuvo que los elementos probatorios aportados carecían de
estudios técnicos que dieran cuenta de los supuestos errores en la construcción
del canal en concreto ciclópeo y, en todo caso, que la erosión por cuya
indemnización se pretendía era constitutiva de una fuerza mayor, en tanto el
fenómeno de “La Niña” constituyó un desastre natural con consecuencias y
dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se agudizó de forma inusitada
e irresistible hasta el mes de enero de 2011, al punto que por medio del Decreto
020 del 7 de enero de 2011, se declaró la emergencia económica social en todo el
territorio nacional5.

9. Por su parte, la actora y el Ministerio Público guardaron silencio6.

La decisión objeto de impugnación

10. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda,
por considerar que las inundaciones se produjeron por una fuerza mayor, esto es,
un hecho de la naturaleza que resultó imprevisible e irresistible derivado de la ola
invernal de los años 2010 – 2011, la cual fue catalogada por el IDEAM como uno
de los inviernos más fuertes de dimensiones inconmensurables, anormales e
incontrolables en esa región7.

II. RECURSO DE APELACIÓN

11. Al presentar recurso de apelación contra el anterior proveído, la parte actora
cuestionó la declaratoria de fuerza mayor, bajo el dicho que su predio resistió a la
fuerza de la naturaleza acaecida antes de la construcción del canal en concreto
ciclópeo, pues años atrás al 2009 -año en que se construyó dicho canal- también
se presentaron fuertes lluvias en la zona sin que el bien hubiera presentado daño
alguno. Insistió que el daño alegado en la demanda devino de haberse construido
un canal sin el cumplimiento de las normas técnicas, hecho que no se le puede

5 Folios 265 a 270 del cuaderno 3.
6 Folio 271 del cuaderno 3.
7 Folios 272 a 277 del cuaderno principal.

3

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

endilgar a la naturaleza ni a la fuerza de sus fenómenos, sino a errores humanos
que incidieron en la construcción de un canal inservible y defectuoso en términos
de ingeniería y que terminó por afectar el predio, tal como se probó con las
experticias allegadas al interior del proceso8.

12. En el término para alegar de conclusión en la segunda instancia y rendir
concepto, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio9.

III. CONSIDERACIONES

13. Sin que se observe causal de nulidad que impida dictar sentencia, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto de la apelación

14. El ámbito del recurso interpuesto se circunscribe a verificar si se encuentra
probada la causal eximente de responsabilidad con fundamento en la cual el
Tribunal negó las pretensiones, por manera que solo en caso de que se descarte
la misma, se indagará sobre los demás elementos de la responsabilidad que se
reclama.

Oportunidad del medio de control ejercido

15. Sin perjuicio de lo anterior, previo a abordar el análisis del recurso antes
indicado, la Sala se ve compelida a analizar la caducidad del medio de control,
pues a pesar de no haber sido un punto de apelación, se trata de un presupuesto
procesal que debe analizarse de manera oficiosa, amén de que median razones
justificadas para estimar que el debate sobre tal aspecto no se ha clausurado.

16. Mediante auto del 26 de marzo de 2014 el Tribunal a quo dispuso inadmitir la
demanda a efectos de que la parte actora indicara el momento a partir del cual
ocurrió el daño alegado, a lo cual ésta respondió que lo fue el 24 de octubre de
2011, cuando erosionó el canal colocando en peligro a terceros, tal como se podía
corroborar con la petición del 26 de octubre de ese mismo año que le dirigió a
CARDIQUE. Posteriormente, a través de proveído del 16 de junio de 2014 el
Tribunal resolvió decidir sobre la caducidad del medio de control en la sentencia
-ante la duda-; sin embargo, al decidir el proceso no realizó análisis alguno ni
mucho menos se refirió sobre tal aspecto.

8 Folios 281 a 286 del cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folio 306 del cuaderno del Consejo de Estado.

4

Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

17. Ab initio, la Sala anuncia que revocará la decisión objeto de alzada. A partir
de los elementos de prueba allegados, se impone concluir que se encuentra
configurado el fenómeno jurídico de la caducidad.

18. Los actores pretenden que se declare la responsabilidad de CARDIQUE
tanto por la ocupación permanente de un inmueble de su propiedad, como por
los trabajos irregulares de construcción del canal, dado que como consecuencia
de las fuertes lluvias presentadas entre los años 2009 y 2011 -generadas
por el fenómeno de “La Niña”-, el canal se desbordó y propició inundaciones en
el lote.

19. El artículo 136, numeral 8 del Código Contencioso Administrativo -vigente
para el momento de los hechos que aquí se discuten-10 señala que la demanda
debe presentarse en el término de dos años contados a partir de la ocurrencia del
daño, bien se trate de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o definitiva de un inmueble ajeno al Estado, por razón de una
obra pública o cualquier otra causa, o desde cuando el demandante tuvo o debió
tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

20. Cuando se trata de la ocupación temporal o permanente de inmuebles con
ocasión de la ejecución de trabajos públicos, la Sala Plena de la Sección Tercera
en sentencia del 25 de agosto de 2016 11 , ha señalado que se requiere tener
claridad acerca del momento en que se tiene conocimiento de la consolidación de
la ocupación o, en su defecto, de la fecha en la cual culminó la obra en el predio
afectado, pues a partir de un momento o del otro, según el caso, debe
contabilizarse el término de dos años que prevé la ley para accionar contra la
respectiva entidad pública.

21. Conforme se sostuvo en la citada sentencia, el término de caducidad debe
contabilizarse desde el momento en que se conoce la consolidación de las obras
que afectaron directamente un inmueble o desde que estas hayan culminado
dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo
proyecto general; es decir, el término no necesariamente empieza a correr desde
la terminación de la totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, sino que
también puede correr desde cuando culmina o se consolida la afectación del

10 A pesar de que la demanda de la referencia se interpuso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 -entró a regir
el 2 de julio de 2011-, en el caso particular resulta aplicable el artículo 136 del Decreto 01 de 1984, para
efectos del cómputo de la caducidad, puesto que los hechos que dieron origen al asunto de la referencia
sucedieron cuando la mentada codificación se encontraba vigente (inciso 2, artículo 40 Ley 153 de 1887).
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del
25 de agosto de 2016, expediente: 73001-23-31-000-2003-01601-01(35947) A. C.P. Carlos Alberto Zambrano
Barrera.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

inmueble, bien con la terminación de la obra en el predio o bien con la finalización
de la parte de la obra que afecta al inmueble12.

22. Descendiendo al caso materia de estudio, se tiene acreditado que desde el 31
de diciembre de 2003, los señores Martha Luz Cortina Pájaro y Hernando Marrugo
González son propietarios del bien inmueble identificado con la matrícula
inmobiliaria 060-186974, referido en el certificado de tradición de la oficina de
instrumentos públicos de Cartagena del 13 de junio de 2013, como un predio rural
denominado “Lote M”, ubicado en el municipio de Turbaco (Bolívar)13.

23. Asimismo, se probó que mediante contrato civil de obra 138 del 29 de
octubre de 2008 suscrito entre CARDIQUE y el señor Carlos Joaquín Guete
Rodríguez se contrató “LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS,
DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN CONCRETO CICLÓPEO –
SECTOR PUENTE HODA – MUNICIPIO DE TURBACO – DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR”14.

24. También se encuentra probado, según el acta de iniciación 15 , que el
mentado contrato empezó a ejecutarse el 28 de noviembre de 2008 y terminó el
28 de enero de 2009, según acta final y de liquidación del contrato16.

25. La demanda refiere que la obra pública de construcción del canal en
concreto ciclópeo, el cual -afirmó- presentaba errores de ingeniería, dividió el bien
en dos, circunstancia que impide, por un lado, realizar cualquier tipo de obra civil
en esa parte del predio y, por el otro, adelantar cualquier tipo de actividades
comerciales, lo que incidió en que el inmueble perdiera su valor comercial, al
punto que llevaba más de tres años a la venta -previo a la presentación de la
demanda de la referencia-, sin obtenerse ninguna oferta por el mismo.
Adicionalmente, se indicó que como consecuencia de las fuertes lluvias
presentadas entre los años 2009 y 2011, entre esas, las generadas por el

12 Dicha postura fue adoptada teniendo en cuenta lo expuesto en anteriores providencias de las
Subsecciones de la Sección Tercera. En sentencia del 24 de junio de 2015, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sostuvo: “(…) el término de caducidad debe
empezar a contarse desde el momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan
culminado dentro del mismo, aun cuando todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto
general; esto es, que el término no empieza a correr desde la terminación de la totalidad del proyecto o de las
obras que lo integran .
“(…) el término de caducidad no se extiende hasta los dos años siguientes a la terminación de la
totalidad del proyecto o de las obras que lo integran, pues el mismo debe empezar a contarse desde el
momento en que las obras que afectaron directamente un inmueble hayan culminado, aun cuando
todavía quede por ejecutar una parte del respectivo proyecto general. El hecho de que los efectos del
daño se extiendan indefinidamente después de su consolidación, no puede evitar que el término de caducidad
comience a correr, porque, si ello fuera así, en los casos en los cuales los perjuicios tuvieran carácter
permanente, como ocurre cuando se construyen unas viviendas en el inmueble de un particular, la acción no
caducaría jamás” (negrilla fuera del texto).
13 Folios 16 y 17 del cuaderno 1.
14 Folios 34 a 39 del cuaderno 1.
15 Folios 158 del cuaderno 1.
16 Folio 159 del cuaderno 1.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
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fenómeno natural denominado “La Niña”, el canal se desbordó propiciando
inundaciones en el lote, arrasando los cultivos, y causando erosión a los costados
del canal, hechos estos que se endilgaron a los trabajos irregulares de
construcción del canal.

26. De manera que son dos los hechos daños alegados en la demanda; el
primero que se vincula a la obra pública de construcción del canal en concreto
ciclópeo en el “Lote M” de propiedad de la parte actora y, el segundo,
correspondiente a las inundaciones del predio, entre el periodo 2009-2011, a raíz
de las fuertes lluvias que superaron el límite del canal, haciendo que sus aguas
arrasaran los cultivos allí sembrados debido a que el canal fue construido con
errores de ingeniería.

27. Así para efectos del cómputo de la caducidad, se tendrán en cuenta dos
momentos, el primero de ellos a partir del día siguiente a la terminación de las
obras en el “Lote M” y el otro de ellos el día de la inundación del mentado bien.

28. En cuanto al primero, debe señalarse que no hay prueba que dé cuenta el
momento o fecha exacta desde que los demandantes hubieran podido conocer la
construcción del referido canal, razón por la cual debe computarse desde el
conocimiento de la consolidación de la ocupación o, en su defecto, de la fecha en
la cual culminó la obra en el predio afectado.

29. En el plenario obra el acta final y de liquidación del contrato civil de obra
13817, en la que se hizo constar que las obras terminaron el 28 de enero de 2009,
de manera que si el predio venía siendo explotado, resulta claro que sus
propietarios al considerar que tal obra había afectado el valor comercial del bien,
tenían hasta el 29 de enero de 2011 para interponer la demanda de reparación
directa en procura de reclamar la indemnización por ese perjuicio. En tanto la
demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2013 18 , se concluye que se
interpuso cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

30. Frente a los daños derivados de las inundaciones del predio entre el periodo
que va del año 2009 al año 2011, concerniente a la pérdida de las matas de
plátano y de yuca sembradas en el mismo y que fueron arrasadas por el agua, si
bien la Sala podría computar el término de caducidad de manera diferencial entre
las inundaciones previas al fenómeno de la niña y las ocasionadas por éste o,
aún, entre las inundaciones previas a la construcción del canal y las posteriores a
éste, lo cierto y definitivo es que la demanda fue presentada en el mes de
diciembre de 2013, esto es, pasados los dos años desde que ocurrieran
cualquiera de estos hechos.

17 Folio 158 del cuaderno 1.
18 Folio 1 del cuaderno 1.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

31. En las pretensiones de la demanda se solicitó una indemnización por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado,
por la suma de $29'500.000, referente a los árboles frutales y musáceas dejadas
de producirse entre los años 2009 y 2013. Así se indicó:

“3. Adicionalmente a título de reparación del daño continuado, CONDENE a LA
CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
‘CARDIQUE’, a pagar a los señores MARTHA LUZ CORTINA PAJARO y
HERNÁNDO MARRUGO GONZALEZ, las siguientes sumas de dinero:

(…)

Por lucro cesante consolidad durante al menos 5 años (De finales de 2009 a julio
de 2013) por el cese de producción de árboles y musáceas, según se especifica
en los hechos de la demanda $29.500.000”

(…)”19

32. Mediante Decreto Legislativo 4580 del 7 de diciembre de 2010 el Gobierno
Nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica, en el cual se dejó
consignado, lo siguiente:

“1.1. Que el fenómeno de La Niña desatado en todo el país, constituye un
desastre natural de dimensiones extraordinarias e imprevisibles, el cual se
agudizó en forma inusitada e irresistible en el mes de noviembre de 2010
[mes en que ocurrió la ruptura del Canal del Dique]

1.2. Que la magnitud de las precipitaciones inusitadas resulta extraordinaria
e imprevisible, como lo demuestran los registros del IDEAM. Estos registros
indican que en los quince primeros días del mes de noviembre llovió más de lo
que llueve en todo el mes. El nivel superó todos los registros históricos de
precipitaciones para el mes de noviembre.

1.3. Que esta agudización inusitada e imprevisible del mes de noviembre de
2010, se sumó al hecho de que durante el segundo semestre del año la lluvia
ya había superado los niveles históricos registrados. Que según informe
presentado por el IDEAM de fecha 6 de diciembre de 2010, el Fenómeno de la
Niña 2010-2011 alteró el clima nacional desde el comienzo de su formación en el
mes de junio de este año, ocasionando en los meses de julio y noviembre las
lluvias más intensas y abundantes nunca antes registradas en el país, en las
regiones Caribe, Andina y Pacífica…” (resalta la Sala).

33. Bajo ese escenario, en la medida en que en el segundo semestre de 2010
permaneció una tendencia de ascenso en los niveles de los ríos y tuvo especial
connotación en los primeros quince días del mes de noviembre del mismo año,
pues las lluvias en Colombia superaron todos los antecedentes históricos de datos
de niveles registrados, en el caso bajo estudio, en lo referente al daño derivado de
las inundaciones del predio de la parte actora, el cómputo de la caducidad debe

19 Folio 2 del cuaderno 1.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

analizarse desde el 15 de noviembre de 2010, época que la misma ley calificó
como un desastre natural de dimensiones extraordinarias.

34. Así, como no hay ningún otro medio de prueba que permita inferir un
conocimiento del daño por parte de los demandantes en una fecha posterior, la
fecha para el cómputo de caducidad debe ser desde el 16 de noviembre de 2010.
Como la demanda fue presentada el 18 de diciembre de 2013, se concluye que se
interpuso cuando ya había operado el fenómeno jurídico de la caducidad.

35. Finalmente, y sin perjuicio de lo anterior, no se soslaya que la parte actora,
en atención al auto del 26 de marzo de 2014 proferido por el Tribunal a quo -que
dispuso inadmitir la demanda a efectos de que la parte actora indicara el
momento a partir del cual ocurrió el daño alegado-, respondió que el daño ocurrió
el 24 de octubre de 2011, cuando se erosionó el canal colocando en peligro a
terceros, tal como se podía corroborar con la petición del 26 de octubre de ese
mismo año dirigió a CARDIQUE.

36. Revisado el acervo probatorio, se constata que bajo la petición referida
anteriormente, la parte actora señaló lo siguiente:

“… En este mes de octubre de 2011, con el invierno la fuerza del agua erosionó el
canal de tierra, creando un hueco de más de 6 metros de profundidad y un cráter
de más de 40 metros de diámetro, acercándose la erosión a la cosa donde habita
el señor Juan Franco Meza y colocando la casa de mi vecino Alberto Aníbal
Arnedo Marrugo

(…)
Derecho de petición

PRIMERO: Me suministre copia del contrato que realizó CARDIQUE de dicha obra
civil la canalización del arroyo.

SEGUNDO: Que repare urgentemente el daño ocasionado, por los errores
cometidos en la obra civil del contrato que su entidad suscribió, con el agravante
que la vida del señor Juan Franco Meza, de su esposa e hija están corriendo
peligro sus vidas. Si se demoran en solucionar el daño, este se incrementara por
la pérdida de las casas”.

37. La circunstancia antes referida, no está llamada a considerar fecha diversa
para el inicio del cómputo del término de caducidad de la acción, en tanto se
asocia a daños de terceros -Juan Franco Meza, Alberto Aníbal Arnedo Marrugo y
sus familias-, por manera que la fecha de inicio del cómputo de caducidad debe
ser la referida anteriormente, la que, por demás, comprende las obras a las que
los demandantes imputan haber propiciado el daño cuya indemnización reclaman
en las pretensiones de su demanda.

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

38. Así, se considera que la parte actora conoció del daño mucho antes al mes
de octubre de 2011, como se deriva de las demás pruebas del acervo probatorio,
máxime que pide el reconocimiento de perjuicios derivados de las inundaciones
desde el año 2009.

39. Finalmente, es de anotar que, si bien la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial el 8 de octubre de 2013 20 ante la Procuraduría 130
Judicial II para Asuntos Administrativos, la misma no tuvo la virtualidad de
suspender los términos de la caducidad frente a los daños alegados en la
demanda, por cuanto se radicó tiempo después de que hubiera operado tal
fenómeno jurídico -29 de enero de 2011 y 16 de noviembre de 2012-.

40. Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia recurrida y, en su lugar,
declarará probada la excepción de caducidad de la acción.

Condena en costas

41. El artículo 365-4 del CGP indica que “... cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias ...”. De cara al caso concreto, la Sala
precisa que la regla transcrita no resulta aplicable, toda vez que, como se expresó
en el acápite anterior, se revocará la sentencia de primera instancia, por
encontrarse acreditada la excepción de caducidad de la acción de reparación
directa, lo que significa que no es total la revocatoria del fallo dictado por el
Tribunal a quo. Conviene señalar que la revocatoria total de la sentencia de
primera instancia en este caso se hubiese predicado en el evento de haber
accedido a las pretensiones de la demanda -total o parcialmente-, cosa que no
ocurrió. Es así que, a pesar de que en esta instancia se declarará la excepción de
caducidad -que implica la revocatoria de la determinación del a quo de negar las
pretensiones de la demanda, lo cierto es que esta decisión, al igual que la del
Tribunal, resulta desfavorable a los intereses de la parte demandante -aquí
apelante.

42. Aclarado lo anterior, es necesario señalar que, de conformidad con el
artículo 188 del CPACA 21 y con la disposición especial del artículo 365-1 del
CGP22, para el caso particular procede la condena en costas a cargo de la parte a

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Folio 118 del cuaderno 1.
21 “Artículo 188. Condena en costas [CPACA]. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil [actualmente Código General del Proceso]” [aclaración añadida]”.
22 “Artículo 365. Condena en costas [CGP]. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación,
queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […]” [énfasis y aclaración añadida].

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de apelación, en este asunto a
la demandante.

43. En el presente caso a pesar de que no se encuentra acreditada la gestión del
apoderado de la entidad demandada frente a la interposición del recurso de
apelación, lo concreto es que la vigilancia judicial que se desprende del hecho de
contar con un mandatario que supervise el desarrollo del proceso es suficiente
para fijar agencias en derecho a favor de la parte pasiva23.

44. En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el
acuerdo vigente para la fecha en que se presentó la demanda, en materia de
tarifas de agencias en derecho se tiene en cuenta lo siguiente:

“ACUERDO 1887 DE 2003
‘Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho’.
(…).
Artículo 3º—Criterios. El funcionario judicial, para aplicar gradualmente las tarifas
establecidas hasta los máximos previstos en este acuerdo, tendrá en cuenta la
naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y
las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables.
Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones.
(…).
Artículo. 6º—Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho:
(…)
III CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(…).
3.1.3. Segunda instancia.
(...)
Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia” (se resalta).

45. A partir de lo expuesto, la Sala fijará las agencias en derecho por esta
instancia que estarán a cargo de los demandantes y se pagará a la entidad
demandada en la suma equivalente al 1% de las pretensiones negadas24, esto es,

23 Sobre la fijación de agencias en derecho -en segunda instancia- respecto de la parte procesal que no actuó
de forma directa, pero que contaba con apoderado judicial para la gestión de sus intereses, se pueden
consultar las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de octubre de 2020, expediente No. 54.114; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020,
expediente No. 55.710 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 6 de noviembre de 2020, expediente No. 58.954.
24 Por daño emergente y lucro cesante se pidió la suma de $533’542.400, correspondiente al precio del área
que quedó inutilizable -878.23 M2-, así como la suma de $29'500.000, referente a los árboles frutales y
musáceas dejadas de producir entre los años 2009 y 2013. Valores que pidió fueran actualizados al momento
de la sentencia. También se pidió el reconocimiento de una indemnización por concepto de daño moral por
valor de 100 SMLMV a favor de cada uno de los demandantes

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Radicación: 13001-23-33-000-2013-00821-01 (63.041)
Demandante: Martha Luz Cortina Pájaro y otro
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-
Medio de control: Reparación directa

seis millones ochocientos nueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte.
($6’809.424).

IV. PARTE RESOLUTIVA

46. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las súplicas de la
demanda; en consecuencia, DECLARAR la caducidad del medio de control de
reparación directa.

SEGUNDO: CONDENAR a los demandantes por concepto de las agencias en
derecho fijadas en esta providencia por esta instancia, al pago de seis millones
ochocientos nueve mil cuatrocientos veinticuatro pesos m/cte. ($6’809.424),
equivalente al 1% de las pretensiones negadas, a favor de la entidad demandada.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

VF

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