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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2014-00056-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2014-00056-02

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2014-00056-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia apelada. 2. RECONOCER personería a Betty Alejandra de la Espriella Saldarriaga para actuar en representación del departamento de Bolívar, en los términos del poder visto en el índice 12 del proceso (SAMAI). 3. RECONOCER personería a Jorge Eliécer Rodríguez Sierra para actuar en representación de la Universidad de Cartagena, en los términos del poder visto en el índice 22 del proceso (SAMAI). 4. Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 13001-23-33-000-2014-00056-02

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

25 de agosto de 2022

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00056-02 (25667)
Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00056-02 (25667)
Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
Demandado: ASAMBLEA DEPARTAMENTAL - DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR/ UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Temas: Estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de
los tiempos. Hecho generador. Actividad notarial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el departamento de Bolívar y la
Universidad de Cartagena contra la sentencia del 29 de octubre de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Ordenanza 26 de 2012, expedida por
la Asamblea Departamental de Bolívar, específicamente en los siguientes apartes:

i) “autenticaciones de los notarios “señalado en el numeral 3º del artículo cuarto
de la Ordenanza 26 de 2012.
ii) El literal b) “Autenticaciones de firmas de Notarios, 10% sobre el valor de la
autenticación, establecido en el artículo octavo de la Ordenanza 26 de 2012.
iii) La nulidad del artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012.

SEGUNDO: No condenar en costas en esta instancia de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.
[…]”

DEMANDA

Ana Piedad Román de Rojas, Eudenis del Carmen Casas Berthel, Alberto Víctor
Marenco Mendoza, Evelia Rosa Ayazo de Mendivil, Elith Isabel Zúñiga Pérez, Martha
Luz Méndez de Ordosgoitia y Margarita Rosa Jiménez Nájera, en ejercicio del medio
de control previsto en el artículo 137 del CPACA, pidieron que se declare la nulidad
de un aparte del numeral 3 del artículo cuarto; del artículo octavo literal b) y del artículo
décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012, proferida por la Asamblea Departamental
de Bolívar, “Por medio de la cual se reglamenta la Estampilla Universidad de
Cartagena siempre a la altura de los tiempos y se dictan otras disposiciones” 1.

Solicitaron además, “Que se ordene al DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR”, abstenerse de incluir nuevamente el hecho
generador “autenticaciones de firmas por parte de los notarios” de futuras

1 Fls. 1 a 29 c.p.1.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00056-02 (25667)
Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

reglamentaciones de la Estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de
los tiempos, mientras dicho hecho generador no sea autorizado o creado por la ley.”

Las normas demandadas disponen lo siguiente:

“ARTÍCULO CUARTO. Hecho generador. Son hechos generadores de la estampilla
“Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos”, los siguientes:
[…]

3) También será obligatorio el uso de la estampilla “Universidad de Cartagena siempre
a la altura de los tiempos”, en las siguientes actividades y operaciones que se
desarrollen, realicen o ejecuten en el departamento de Bolívar, así:

Certificaciones, paz y salvo de Tesorería y Contraloría Departamental; autenticaciones
de firmas por parte de los notarios, […].

ARTÍCULO OCTAVO. -Tarifas. […]

Para los hechos generadores contemplados en el numeral 3º del artículo 4º, fíjanse las
siguientes tarifas:
[…]
b) Autenticaciones de firmas de Notarios, 10% sobre el valor de la autenticación. […]

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Facúltase al Gobernador del Departamento de Bolívar,
para que en un término de sesenta – 60 – días contados a partir de la vigencia de la
presente Ordenanza, establezca mediante acto administrativo las características de la
Estampilla “Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos”.

La demandante indicó como normas violadas, las siguientes:

 Artículos 131, 150 [11 y 12], 287, 300 [4] y 338 de la Constitución Política.
 Artículo 3 de la Ley 334 de 1996.
 Artículo 71 [5] del Decreto Extraordinario 1222 de 1986.
 Artículo 218 del Decreto Ley 960 de 1970.
 Artículos 6 y 55 del Decreto Ley 0188 de 2013.

El concepto de la violación se sintetiza así:

Extralimitación de las facultades de la Asamblea Departamental de Bolívar. Las
autenticaciones de firmas no son hecho generador de la estampilla.

La Ley 334 de 1996, modificada por la Ley 1495 de 2011, autorizó la emisión de la
“Estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos” y señaló
como hecho generador, los actos jurídicos del orden departamental y municipal, de
carácter documental, en los que intervengan en forma directa funcionarios de ese
orden, excepto los contratos laborales y órdenes de servicios personales.

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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

La actividad de “autenticaciones de firmas por parte de los notarios” no está
establecida en la ley como hecho generador de la “Estampilla Universidad de
Cartagena siempre a la altura de los tiempos”, razón por la que las disposiciones
demandadas son contrarias a la ley en que debieron fundarse (L. 334/96) y a los
artículos 300 [4] y 338 de la Constitución Política.
En efecto, las autenticaciones de firmas por parte de los notarios no tienen la categoría
de actos jurídicos del orden departamental y municipal, puesto que la función notarial
es ajena a la de los entes administrativos territoriales.

En virtud del artículo 131 de la Constitución Política y de los Decretos 960 de 1970
(Estatuto de Notariado) y 2163 de 1970, de la Ley 29 de 1973 y del Decreto 2148 de
1983, entre otros, la función del notario de dar fe pública (fedataria) solo puede
reglamentarse por el Congreso de la República.

La gestión notarial implica el ejercicio de autoridad para revestir de autenticidad a los
actos y atestaciones que presencia, como depositario de la fe pública. Sin embargo,
esto no convierte a los notarios en autoridades administrativas o servidores públicos
en sentido subjetivo u orgánico, aunque en sentido objetivo presten un servicio público.

Para efectos de la función notarial, el país está dividido en círculos notariales, lo que
no identifica a las notarías como entidades departamentales o municipales, por el solo
hecho de estar ubicadas en determinado departamento o municipio.

Además, las notarías no forman parte de las entidades que conforman la organización
del Estado ni de la estructura de la administración pública. No tienen el carácter de
entidad territorial al no estar incluidas en el artículo 286 de la Constitución Política.
Tampoco conforman la Rama Ejecutiva, ni son consideradas organismos estatales con
régimen especial, de los regulados en el artículo 40 de la Ley 489 de 1998. Igualmente,
no son entidades descentralizadas administrativamente de las previstas en los
artículos 68 y ss de la misma ley.

En consecuencia, al pretenderse la imposición de la “Estampilla Universidad de
Cartagena siempre a la altura de los tiempos” respecto de actuaciones que realizan
particulares frente a los notarios que tienen ubicadas sus notarías en el departamento
de Bolívar, la ordenanza demandada excede los límites de la potestad tributaria
establecida por el legislador. Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido que, de
acuerdo con el principio de territorialidad, no es posible imponer el cobro de la
estampilla sin la participación de una entidad o autoridad del departamento o
municipio.

Violación de la prohibición del Decreto 1222 de 1986 y del artículo 131 de la
Constitución Política

El artículo 71 numeral 5 del Decreto 1222 de 1986 prohíbe a las asambleas
departamentales imponer gravámenes a los productos que ya están gravados por la
ley.

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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

El artículo 131 de la Constitución Política dispone que los aportes, como tributación
especial de las notarías, deben ser reglamentados por la ley. Las tarifas por concepto
de la función notarial, que corresponden a tasas, están fijadas en el Decreto 188 de
2013, expedido por el Gobierno Nacional, en virtud de lo previsto en el artículo 218 del
Decreto Ley 960 de 1970.

El artículo 6 del Decreto 188 de 2013 señala el valor de los derechos notariales por las
autenticaciones de firmas que hacen los notarios. En consecuencia, al estar gravada
por la ley la función notarial de autenticar una firma, por expresa prohibición legal las
asambleas departamentales no pueden gravarla con la estampilla.

Violación de los principios constitucionales de legalidad, certeza y seguridad
jurídica en la determinación de los sujetos pasivos de la estampilla.

Se presenta una indeterminación frente a quién es el obligado a pagar el tributo, pues
no es claro si debe ser la persona natural que se acerca a la notaría a autenticar su
firma, el notario o ambos.

Nulidad del artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012 por violar el
principio de legalidad.

El artículo décimo sexto establece una delegación al gobernador del departamento de
Bolívar para establecer las características del tributo. Sin embargo, esa delegación es
contraria al artículo 338 de la Constitución Política, puesto que los órganos colegiados
(nacionales y territoriales) no pueden delegar en los entes del gobierno la facultad para
establecer los elementos o características del tributo.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. La Universidad de Cartagena se opuso a las pretensiones de la demanda 2. Como
excepciones previas formuló la indebida escogencia y caducidad del medio de control,
la indebida representación de los demandantes y la falta de legitimación por activa 3.

Como argumentos de fondo indicó los siguientes:

No existe transgresión de normas superiores

El artículo 3 de la Ley 1495 de 2011, que modificó el artículo 3 de la Ley 334 de 1996,
autorizó gravar con estampilla todos los actos jurídicos del orden departamental y
distrital sin distinguir su carácter documental. La misma norma autorizó a la asamblea
departamental para fijar las características y tarifas de los hechos generadores.

2 Fls. 66 a 84 c.p.1.
3 En audiencia inicial de 17 de marzo de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las excepciones
propuestas por la Universidad de Cartagena. Esa decisión fue confirmada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado por auto de 7 de noviembre de 2017. (Fls. 278 a 282 c.p.1. y 9 a 12 c.p.2).
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

Con base en tal autorización, la Asamblea Departamental de Bolívar, a través de la
Ordenanza 26 de 2012, fijó las características y tarifas de los hechos ya gravados por
la ley, sin exceder su facultad. Así, en los artículos 4 y 8 de la Ordenanza 26 de 2012,
la asamblea incluyó las actividades y operaciones sujetas a la estampilla, como las
autenticaciones de firmas de notarios y estableció la tarifa de estas.
Asimismo, el parágrafo del artículo 7 de la Ley 334 de 1996 identificó como hecho
generador de la estampilla, las obligaciones que se generen de los actos, contratos de
obra y operaciones administrativas de los institutos descentralizados y entidades de
orden nacional que funcionen en el departamento de Bolívar.

Las autenticaciones de los notarios son actos jurídicos del orden departamental
o municipal

Como se precisó, el parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 1495 de 2012 determinó que
los actos gravados con la estampilla deben ejecutarse, realizarse o desarrollarse en el
departamento de Bolívar, sin discriminar la calidad de quienes intervienen. De manera
que las autenticaciones de los notarios son actos jurídicos del orden departamental
porque se desarrollan en el departamento de Bolívar, lo que significa que encuadra en
el hecho generador de la estampilla.

De todas formas, de acuerdo con el Decreto Extraordinario 2163 de 1970, el notario
es un funcionario público que cumple un servicio o función pública que, en este caso,
se desarrolla en el departamento de Bolívar. Entonces, la aplicabilidad de la estampilla
opera tanto para los notarios como para cualquier otro funcionario público de una
entidad descentralizada, así sea por colaboración.

No es aceptable considerar que la distribución territorial en círculos notariales exima
la imposición del gravamen, pues la función de los notarios se desarrolla en el marco
de la estructura del Estado. De manera que no se transgrede el principio de
territorialidad.

No se viola el artículo 71 del Código de Régimen Departamental

La facultad para gravar los actos jurídicos de orden departamental o municipal, como
las autenticaciones de notarios, derivó de la Ley 1495 de 2012 y no de la ordenanza
demandada. Igual se predica de las tarifas fijadas, según el hecho generador.

No existe extralimitación en la determinación de los sujetos pasivos

El artículo 6 de la Ordenanza 26 de 2012 dispone que son sujetos pasivos las personas
naturales y jurídicas que suscriban, ejecuten, realicen y desarrollen los hechos
generadores previstos en ese acto administrativo. Tal determinación la hizo la
ordenanza demandada con base en la autorización de la Ley 1495 de 2012, puesto
que frente a ese elemento la ley guardó silencio.

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No existe delegación de la facultad impositiva.

Según los artículos 300 [4] y 338 de la Constitución Política y del 62 del Decreto Ley
1222 de 1986, las asambleas departamentales están facultadas para establecer
tributos, conforme con la ley que los crea. De forma que, ante la omisión de uno de los
elementos esenciales o características del tributo, resulta admisible que la asamblea
departamental los pueda determinar. Ello, en ejercicio de la potestad tributaria derivada
y en aras de garantizar la autonomía reconocida a los entes territoriales.
En su calidad de notarios, los demandantes no han recaudado la estampilla prevista
en la Ley 1495 de 2011 y la Ordenanza 26 de 2012, lo que representa un presunto
detrimento patrimonial para la Universidad y una presunta falta disciplinaria. En
consecuencia, pidió compulsar copias a los órganos de control por incumplimiento de
las citadas normas.

2. La Asamblea Departamental de Bolívar se opuso a las pretensiones de la
demanda con los siguientes argumentos 4:

Las Leyes 334 de 1996 y 1495 de 2011 autorizaron a la Asamblea Departamental de
Bolívar para emitir la “Estampilla de la Universidad de Cartagena siempre a la altura
de los tiempos”. En cumplimiento de esa autorización, se expidió la Ordenanza 26 de
2012 en la que se previó, entre otros elementos, el hecho generador y se señalaron
las entidades del orden departamental y nacional que tienen la obligación de cobrar el
tributo, que suscriban, desarrollan o realizan contratos en el departamento de Bolívar.

Así que, al gravar las autenticaciones de firmas por parte de los notarios, la asamblea
no excedió sus límites y potestades ni transgredió los principios constitucionales a los
que deben acogerse las autoridades departamentales en materia tributaria. Por el
contrario, cumplió los mandatos trazados en las leyes antes referidas.

La obligación de cobrar la estampilla se impone de derecho, pues el parágrafo 3 del
artículo 3 de la Ley 1495 de 2011, textualmente indica “los actos gravados deben
ejecutarse o desarrollarse en el Departamento de Bolívar”.

En ese sentido, el artículo 4, numeral 2, de la Ordenanza 26 de 2012 dispone como
hecho generador “las obligaciones que se generen del acto, contratos de obras y
operaciones de los Institutos Descentralizados y entidades del Orden Nacional que
funcionen en el Departamento de Bolívar, que se ejecuten, realizaren o desarrollen en
dicho Departamento”.

En el mismo sentido, el artículo 5 de la ordenanza demandada señala que “el tributo
se causa a partir del momento de la suscripción de los contratos o convenios que se
ejecuten, realicen o desarrollen en el Departamento de Bolívar o al momento de
realizar actividades y operaciones contempladas en esta Ordenanza o de cumplirse
las obligaciones emanadas de tales contratos”.

4 Fls. 124 a 131 c.p.1.

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La función notarial es un servicio público que desarrolla el Estado mediante la
descentralización por colaboración. Para su prestación, las notarías se dividen en
círculos notariales que se distribuyen en el territorio de uno o más municipios de un
departamento. Por esta razón, los actos de los notarios y, en especial, la autenticación
de firmas es un hecho generador de la estampilla para las notarías ubicadas en el
departamento de Bolívar.

3. El departamento de Bolívar se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda de nulidad, en los siguientes términos 5:
La Asamblea Departamental de Bolívar, en ejercicio de la facultad conferida en los
artículos 300 [4] y 338 de la Constitución Política y en desarrollo de lo dispuesto en la
Ley 334 de 1996, modificada por la Ley 1495 de 2011, reguló la “Estampilla de la
Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos” en la Ordenanza 26 de
2012. Y señaló los hechos generadores, entre ellos, la autenticación de las firmas por
parte de los notarios, que encuadra en el hecho generador definido por el legislador
referido a todos los actos jurídicos del orden departamental y municipal.

En virtud de las facultades constitucionales y legales, las asambleas departamentales
establecen tributos, conforme con la ley que los crea y si alguno de los elementos o
características del tributo no es definido, es dable a la asamblea determinarlo.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda en consideración a lo siguiente 6:

De acuerdo con la autorización expresa dada en las Leyes 334 de 1996 y 1495 de 2011,
la Asamblea Departamental de Bolívar expidió la Ordenanza 26 de 2012, “por medio
de la cual reglamentó la estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los
tiempos”.

El artículo cuarto de dicha ordenanza dispuso el uso obligatorio de la estampilla en las
actividades y operaciones que se desarrollen, realicen o ejecuten en el departamento
de Bolívar, entre las que se incluyó “las autenticaciones de firmas por parte de
notarios”. Y en el artículo octavo, literal b) de la misma ordenanza se estableció como
tarifa el 10% sobre el valor de cada autenticación.

Si bien la ley facultó a la asamblea para fijar las características y tarifas del hecho
generador de la estampilla, la individualización de los actos sujetos al tributo debe
enmarcarse en la delimitación territorial y en la definición del sujeto que el legislador
estableció. En consecuencia, debe entenderse que el tributo cobija todo acto jurídico
departamental o municipal lo que, a su vez, permite colegir que en la operación gravada
con la estampilla necesariamente debe participar un servidor público de ese mismo
orden territorial.

5 Fls. 224 a 230 c.p.1.
6 Fls. 54 a 61 c.p.2.

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En ese entendido, para que se configure el hecho generador de la estampilla, se
requiere que el acto, contrato u operación se realice en el territorio del departamento y
que cuente con la intervención de una autoridad departamental no solo como sujeto
activo de la relación tributaria, sino como interviniente real de la operación que se grava
con la estampilla. De lo contrario, se gravaría cualquier actividad generada en el
departamento sin distinción del sujeto, finalidad que no posee el referido tributo.

Los notarios son particulares que cumplen una función pública y prestan un servicio de
la misma naturaleza, en desarrollo del principio de descentralización por colaboración.
Sin embargo, no tienen el carácter de servidores públicos o de autoridades
administrativas en sentido subjetivo u orgánico.
De manera que “los notarios que prestan el servicio en los distintos municipios del
Departamento de Bolívar, no tienen la calidad de servidores públicos territoriales, ni
mucho menos sus actuaciones podrían ser catalogadas o consideradas como del orden
departamental o municipal, ya que al revestir de autenticidad un documento, lo que está
indicando esencialmente es que el mismo proviene de quien lo presenta, sin que ello
indique que se deba caracterizar o categorizar dicha actuación según el lugar o la
jurisdicción donde se encuentre el notario.”

Aunque el legislador estableció unos “círculos territoriales” para garantizar la prestación
del servicio, ello no indica que el notario adquiera la calidad de empleado territorial, ni
mucho menos que sus actuaciones tengan la connotación de ser municipales,
departamentales o distritales, ya que el ejercicio de dicha función pública tiene por
naturaleza dar fe pública, sin restricción al territorio. Así lo precisó la Corte
Constitucional en la sentencia C-1212 de 2001.

Adicionalmente, al consultar el proyecto de ley inicialmente presentado por el Senado,
que culminó en la Ley 1495 de 2011, se evidencia que se dispuso como hecho
generador de la estampilla todos “los contratos, convenios, órdenes de servicio,
órdenes de compra, órdenes de trabajo, operaciones de los entes territoriales, en las
entidades públicas descentralizadas del orden nacional, departamental, distrital,
municipal, sociedades públicas por acciones; el reconocimiento espontáneo de
documentos privados, declaraciones extrajuicio, todas las declaraciones que conforme
a las leyes requieran escritura pública, así como todos los actos que se efectúen en las
Notarías que funcionen en el Departamento de Bolívar…” 7

Sin embargo, al conciliar el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, se
estableció como hecho generador de la estampilla “todos los actos jurídicos de orden
departamental y municipal con excepción de los contratos laborales y órdenes de
servicios personales” 8. Así que finalmente se gravaron con dicho tributo los contratos,
operaciones y demás actos jurídicos que se gesten en el departamento de Bolívar y en
los que intervengan funcionarios del orden departamental o municipal.

7
Gaceta del Congreso No. 689 del 23 de septiembre de 2010, pág. 6.
8
Gaceta del Congreso No. 977 del 14 de diciembre de 2011, pág. 3.
8
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En resumen, la asamblea excedió las competencias y atribuciones conferidas por las
Leyes 334 de 1996 y 1495 de 2011, pues estableció como hecho generador de la
estampilla, las autenticaciones que realicen los notarios en el departamento de Bolívar,
actividad en la que no intervienen servidores públicos del orden departamental ni
municipal.

Por lo expuesto, se anula la Ordenanza 26 de 2012, en lo relacionado con el aparte
“autenticaciones de firmas por parte de los notarios”, contenido en el numeral 3º del
artículo cuarto, al igual que el literal b) del artículo octavo del mismo acto
administrativo, que regula la tarifa de la estampilla por dichos actos.

Frente a la nulidad del artículo décimo sexto de la misma ordenanza, por el cual la
asamblea departamental facultó al Gobernador de Bolívar para que establezca las
características de la estampilla, el Tribunal precisó que, conforme con el artículo 338
de la Constitución Política, la fijación de los elementos del tributo (sujeto pasivo, sujeto
activo, hecho y base gravable y tarifa) corresponde al Congreso originalmente y por
autorización de este, a las asambleas y concejos.

Como la potestad de establecer las características de la estampilla fue conferida
expresamente por el legislador a la asamblea departamental, esta no podía delegarla
en el gobernador. Al hacerlo, extralimitó el ejercicio de sus facultades, en contravía del
artículo 338 de la Constitución Política. En consecuencia, declaró la nulidad del
artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012.

Por último, no procede la condena en costas por ser un proceso en el que se ventila un
interés público.

RECURSO DE APELACIÓN

1. La Universidad de Cartagena apeló en los siguientes términos 9:

Indebida escogencia del medio de control y caducidad

La pretensión de nulidad de la Ordenanza 26 de 2012, respecto del hecho gravado
“autenticaciones de notarios”, promovida por los notarios del Círculo Notarial de
Cartagena busca el restablecimiento automático del derecho de los notarios y que se
les exima de la retención del pago de la estampilla en los actos jurídicos del orden
departamental o municipal que estos ejecutan o desarrollan.

En consecuencia, el medio de control de nulidad debió encauzarse en el trámite del
artículo 138, parágrafo segundo, del CPACA y presentarse dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la publicación del acto.

9 Fls. 77 a 87 c.p.2.

9
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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00056-02 (25667)
Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

El anterior argumento se expuso en la contestación de la demanda, pero en la
sentencia de primera instancia no se le dio el tratamiento de excepción de mérito ni
hubo pronunciamiento al respecto. En consecuencia, la Universidad pidió que en
segunda instancia se haga el correspondiente pronunciamiento, se declare que se
configura la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción
y se inhiba para fallar el fondo del asunto.

No existió extralimitación de competencias

La ordenanza demandada se ajustó a lo dispuesto en la Ley 1495 de 2011, por la cual
se crea la “Estampilla Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos”.

La asamblea no excedió sus competencias al precisar que las autenticaciones de los
notarios constituyen hecho generador del gravamen. Lo anterior, porque son actos
jurídicos que se realizan, ejecutan o desarrollan en el departamento de Bolívar,
conforme con el parágrafo tercero del artículo tercero de la citada ley.

El sujeto activo del tributo es la Universidad de Cartagena, de acuerdo con la ley que
crea la estampilla y no las demás entidades que se establecen en el artículo 6 de la
Ley 1495 de 2011, que se encargan de efectuar su recaudo. Los sujetos pasivos son
todas las personas que deben pagar el tributo dentro de los límites territoriales
establecidos y los agentes retenedores son todos aquellos a quienes les corresponde,
conforme a los hechos generadores, intervenir en la operación a fin de retenerlo o
recaudarlo.

Los actos que desarrollan los notarios son actos jurídicos

El Tribunal sostuvo que “los actos que desarrollan los notarios no son actos jurídicos”.
Sin embargo, la actividad notarial es un servicio público y los actos que los notarios
desarrollan son actos jurídicos.

No solo por la naturaleza del particular involucrado puede considerarse que el acto es
jurídico, más aún cuando se trata de la actividad que desarrollan los notarios,
considerada fundamentalmente como un servicio público, reglamentado en el Decreto
960 de 1970.

La naturaleza del servicio prestado, sobre la que hay consenso, lo hace en sí mismo
relevante para el derecho público, razón por la cual ese servicio público no puede estar
por fuera de la juridicidad, tal como lo pretende presentar el Tribunal.

Factor territorial determinante en la imposición de la estampilla

La Ley que autorizó el gravamen - Ley 1495 de 2011- establece claramente cuándo
los actos jurídicos del orden departamental o municipal están gravados con la
estampilla y da relevancia a que esos actos deben ejecutarse, realizarse o
desarrollarse en el departamento de Bolívar. No es relevante el funcionario que
intervenga en dichos actos.

10
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

En ese sentido, el fallo es equivocado al considerar como imperativo que un
funcionario del orden departamental deba intervenir en el acto o hecho gravado, pues
determinó una regla que no contiene el acto administrativo atacado ni tiene relación
con los cargos de ilegalidad que se debaten. Igualmente, es irrelevante determinar si
los notarios son o no servidores públicos, como lo hace el fallo apelado. Ello, porque
no corresponde al asunto debatido.

La consulta que hizo el Tribunal al proyecto de ley de la norma autorizadora (Ley 1495
de 2011) pone en evidencia que se refirió a asuntos no debatidos, relacionados con
los actos, contratos y operaciones de los institutos descentralizados, pues los apartes
demandados se refieren a las autenticaciones de firmas de notarios.

Adicionalmente, en virtud de la figura de la descentralización por colaboración, el
servicio notarial se presta en los departamentos y municipios, es decir, los actos de
los notarios tienen un lugar de realización sin que con ello se desconozca que sus
efectos irradian todo el ordenamiento jurídico y son vigentes para todo el territorio.

Infracción del principio de congruencia frente al artículo décimo sexto de la
ordenanza demandada

En la página 10 del fallo impugnado se fijó el litigio, el cual se enmarcó en si la
Asamblea Departamental de Bolívar extralimitó las competencias otorgadas por la Ley
334 de 1996, modificada por la Ley 1495 de 2011, al gravar las autenticaciones de
firmas de los notarios.

No obstante, en la página 15 del referido fallo, se analizó y decidió sobre la legalidad
del artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012, a pesar de que no se incluyó
en la fijación del litigio, por lo que se viola el principio de congruencia de la sentencia.
También se desconoce el debido proceso, en el entendido de que el juez no tiene
facultades ilimitadas para fallar.

Por último, la Universidad sostuvo que el artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de
2012 se fundamenta en la autonomía impositiva de las entidades territoriales.

Precedente judicial sobre la legalidad de la Ordenanza 26 de 2011

Debe tenerse en cuenta la sentencia de 26 de febrero de 2020 10 de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado porque analizó la legalidad de la Ordenanza 26 de 2012 frente
al principio de reserva de ley y la potestad reglamentaria.

2. El departamento de Bolívar en el recurso de apelación sostuvo lo siguiente11:

10
Exp. 13001-23-31-000-2009-00253-03 (22640), C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
11
Fls. 118 a 126 c.p.2.
11
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

Los notarios desarrollan actos jurídicos

La actividad notarial es un servicio público especial, ejercido por particulares a través
de la descentralización por colaboración. Aunque los notarios no son servidores
públicos tienen una condición de autoridad, por tratarse de una actividad relevante
para el Estado y por ende para el derecho.

En ese entendido, los actos en los que los notarios intervienen en el ejercicio de sus
funciones son verdaderos actos jurídicos. No es posible considerar, como lo hizo el
Tribunal, que los actos en los que intervienen los notarios no son actos jurídicos por
no tener la condición de servidores públicos.

No existe extralimitación de competencias de la asamblea

Las rentas recibidas por concepto de emisión de estampillas, según la Corte
Constitucional, son recursos propios de los entes territoriales, lo que justifica que el
legislador no señale todos los elementos del tributo, con el fin de respetar su
autonomía administrativa y fiscal, pues solo a ellas corresponde administrar los
recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones
(arts. 287-3, 294, 295, 300-4 y 313-4 C.P.).

Las Leyes 334 de 1996 y 1495 de 2011 determinaron como hecho generador de la
estampilla “todos los actos jurídicos del orden departamental o municipal con
excepción de los contratos laborales y las ordenes de servicios personales”.
Dispusieron, además, que esos actos deben ejecutarse, realizarse o desarrollarse en
el departamento de Bolívar. Igualmente, autorizaron a la asamblea departamental para
determinar las características y tarifas y todos los demás asuntos referentes al uso
obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones que se realizan en el
departamento de Bolívar y en sus municipios.

Con fundamento en la ley, la Asamblea Departamental de Bolívar expidió la
Ordenanza 26 de 2012, “por la cual se reglamenta la estampilla Universidad de
Cartagena a la altura de los tiempos”. En ese acto no se establecen hechos
generadores, sujetos pasivos, agentes de retención y responsabilidad fiscal, distintos
a los autorizados por la Ley 334 de 1996, modificada por la Ley 1495 de 2011.

Las autenticaciones notariales son actos jurídicos del orden departamental, pues se
ejecutan o desarrollan en el departamento, independientemente de la autoridad que
interviene en dicho acto jurídico.

Por lo anterior, no existe extralimitación de la potestad impositiva otorgada por el
legislador a la asamblea departamental.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Los demandantes reiteraron, en términos generales, lo dicho en la demanda12.

12 Índice 24 del aplicativo SAMAI

12
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

El departamento de Bolívar y la Universidad de Cartagena insistieron en los
argumentos de apelación 13.

El Ministerio Público no rindió concepto en esta instancia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por el departamento de Bolívar
y la Universidad de Cartagena, la Sala decide si procede la nulidad parcial de los
artículos cuarto y octavo de la Ordenanza 26 de 2012, expedida por la Asamblea
Departamental de Bolívar, al incluir como hecho generador de la “Estampilla
Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos” la autenticación de
firmas por parte de los notarios y determinar la tarifa a pagar.

También decide si en esta instancia debe pronunciarse sobre la nulidad del artículo
décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012, que declaró el Tribunal.

Cuestión previa

Antes de abordar el estudio de fondo, es necesario referirse a las excepciones previas
que formuló la Universidad de Cartagena y que, según ella, no fueron resueltas en la
sentencia de primera instancia.

Al contestar la demanda, la Universidad de Cartagena formuló como excepciones
previas, entre otras, la de indebida escogencia de la acción y caducidad del medio
de control.

A su juicio, la demanda debe tramitarse conforme con las reglas propias del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho (art. 138 CPACA) porque la
pretensión de nulidad de la Ordenanza 026 de 2012, busca que las autenticaciones
de los notarios no sean gravadas con la Estampilla Universidad de Cartagena y, por
tanto, existe un restablecimiento automático de los derechos de estos.

En consecuencia, la demanda debió presentarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la publicación del acto [28 de agosto de 2012]. Así que el término venció
el 29 de diciembre de 2012 y a pesar de ello, la demanda se interpuso en el año 2014.

Sobre la base de que el medio de control idóneo es el de nulidad y restablecimiento
del derecho, la Universidad también propuso la excepción de indebida
representación de los demandantes porque en los poderes otorgados por estos no
se indicó su condición de notarios. Y, de falta de legitimación por activa, pues los
demandantes no persiguen que se preserve el ordenamiento jurídico sino un interés
particular, dado que, como sujetos pasivos del tributo, pretenden que cese la
obligación de recaudo y cobro.

En audiencia inicial de 17 de marzo de 2015, el Tribunal negó todas las excepciones
propuestas. Frente a la caducidad y la indebida escogencia del medio de control,
que son las que vienen al caso, sostuvo que la declaratoria de nulidad parcial de la

13 Índices 22 y 23 del aplicativo SAMAI

13
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FALLO

Ordenanza 026 de 2012 no genera un restablecimiento automático de derechos a favor
de los demandantes, razón por la que no procede el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Igualmente, afirmó que lo que se busca es el
restablecimiento del orden legal, así que el estudio de legalidad del asunto
corresponde hacerlo bajo las reglas de la nulidad simple, por lo que se podía demandar
en cualquier tiempo.

Contra la decisión del Tribunal de negar las excepciones previas planteadas, la
Universidad de Cartagena interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por esta
Sección, por auto de 7 de noviembre de 2017, que confirmó la providencia apelada.

En consecuencia, quedaron resueltas las excepciones previas en la etapa procesal
correspondiente, en este caso, en la audiencia inicial, como lo disponía el artículo 180,
numeral 6, del CPACA, antes de ser modificado por el artículo 39 de la Ley 2080 de
2021. No era procedente que en la sentencia apelada se volviera a emitir
pronunciamiento sobre las excepciones a que se refiere la universidad apelante,
puesto que fue un asunto oportunamente decidido y se garantizó el debido proceso
de las partes. No prospera el cargo.

Asunto de fondo

Los demandantes pidieron la nulidad de la expresión “autenticación de firmas por parte
de los notarios” del artículo cuarto numeral 3 de la Ordenanza 26 de 2012; del artículo
octavo literal b) de la misma ordenanza, que señala “b) Autenticaciones de firmas de
Notarios 10% sobre el valor de la autenticación” y del artículo décimo sexto de la
ordenanza en mención, que faculta al Gobernador del Departamento de Bolívar para
establecer las características de la “Estampilla Universidad de Cartagena siempre a la
altura de los tiempos”.

El fallo que es objeto de apelación anuló las expresiones y normas demandadas.

Frente a la autenticación de firmas por parte de notarios como hecho generador de la
estampilla y la tarifa por las autenticaciones, el Tribunal sostuvo, en esencia, que las
normas demandadas exceden las competencias y atribuciones que las Leyes 334 de
1996 y 1495 de 2011 otorgaron a la Asamblea del departamento de Bolívar. Lo
anterior, porque, aunque los actos se otorgan en el departamento, no interviene un
funcionario departamental, pues los notarios son particulares que cumplen función
pública y no servidores públicos del orden territorial.

Por su parte, los apelantes sostienen, en resumen, que los actos de los notarios son
actos jurídicos y que es irrelevante la calidad de la persona que intervenga en el acto
que requiera el uso de la estampilla, pues lo determinante es que los actos, contratos
y actividades se realicen, desarrollen o ejecuten en el departamento de Bolívar.

La Sala confirma la sentencia apelada bajo el siguiente análisis:

Estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos

En virtud de los artículos 287 [3], 300 [4] y 338 y de la interpretación que la Corte

14
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

Constitucional ha efectuado de esas normas constitucionales 14, el criterio reiterado de
esta Sección es que, para la adopción de impuestos locales, las asambleas
departamentales y los concejos municipales y distritales deben estar autorizados por
el legislador [ley de autorización]15. Así que dichas entidades territoriales están
facultadas para establecer los elementos del tributo, siempre que dicha competencia
normativa sea ejercida dentro de los límites y conforme con los parámetros mínimos
fijados por la ley de creación o autorización del impuesto 16.
Esos parámetros mínimos, según se desprende de la jurisprudencia constitucional y
contenciosa administrativa, son dos: (i) la autorización del gravamen por el legislador
y (ii) la delimitación del hecho gravado con el mismo (i.e. el aspecto material del
elemento objetivo del hecho imponible) 17.

El artículo 1 de la Ley 334 de 199618 autorizó a la Asamblea del Departamento de
Bolívar para que se ordene emitir una estampilla, denominada “Universidad de
Cartagena, siempre a la altura de los tiempos”. La Ley 334 de 1996 fue modificada por
la Ley 1495 de 2011, vigente al momento de la expedición de la ordenanza
demandada.

En relación con la determinación del hecho generador de la estampilla, el artículo 3 de
la Ley 1495 de 2011, que modificó el artículo 3 de la Ley 334 de 1996, dispone lo
siguiente:

“ARTÍCULO 3o. Modifíquese el artículo 3o de la Ley 334 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 3o. Establézcase como el gravamen de la estampilla de que trata el artículo 1o
de la presente ley a todos los actos jurídicos del orden departamental y municipal con
excepción de los contratos laborales y órdenes de servicios personales.

Adicionalmente, autorícese a la Asamblea Departamental de Bolívar para que fije las
características y tarifa de los anteriores hechos gravados en la presente ley. La
Ordenanza que expida la Asamblea Departamental de Bolívar en desarrollo de lo
dispuesto en la presente ley, será puesta en conocimiento del Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO 1o. La tarifa contemplada en esta Ley no podrá exceder el 2% del valor
del hecho sujeto al gravamen.

PARÁGRAFO 2o. Los contratos laborales, de aprendizaje e interadministrativos, sin
cuantía entre entidades públicas quedan exentos de la presente estampilla.

14 Sentencias C- 467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-084 de 1995, M.P. Jaime Araújo Rentería; C-538 de

2002, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-1043 de 2003. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-992 de 2004. M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto y C-035 de 2009, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
15 Sentencias del 6 de agosto de 2009, Exp. 16315 y de 11 de marzo de 2010, Exp. 16667, C.P. Hugo Fernando

Bastidas Barcenas; de 10 de marzo de 2011, Exp. 18141, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; del 19 de mayo
de 2011, Exp. 17764, C.P. William Giraldo Giraldo; del 7 de junio de 2011, Exp. 17623, C.P. Martha Teresa Briceño
de Valencia y del 6 de agosto de 2014, Exp. 20678, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, entre otras.
16 Sentencias del 8 de octubre de 2015, Exp. 19552, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, del 24 de octubre de

2013, Exp. 18808, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, del 6 de diciembre de 2012, Exp. 19085, C.P. Martha
Teresa Briceño de Valencia y del 5 de diciembre de 2011, Exp. 18542, C.P. William Giraldo Giraldo, entre otras.
17 Sentencia de 29 de abril de 2020, Exp. 22674, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
18 Con fundamento en la Ley 334 de 1996, la Asamblea Departamental de Bolívar expidió las Ordenanzas 12 de

1997 y 11 de 2006, pero estas quedaron derogadas con la expedición de la Ordenanza 26 de 2012.
15
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PARÁGRAFO 3o. Los actos gravados deben ejecutarse, realizarse o desarrollarse en
el departamento de Bolívar.”

Por su parte, el artículo 7 [parágrafo] de la Ley 334 de 1996, aún vigente, dispuso que
están gravadas las obligaciones que se generen de los actos, contratos de obras y
operaciones celebradas por institutos descentralizados y entidades del orden nacional
que funcionen en el departamento.

Lo anterior significa que los hechos imponibles definidos por el legislador son “todos
los actos jurídicos del orden departamental y municipal con excepción de los contratos
laborales y órdenes de servicios personales” (art. 3 L. 1495/11) y “[l]as obligaciones
que se generen de los actos, contratos de obras y operaciones de los institutos
descentralizados y entidades del orden nacional que funcionen en el Departamento”
(art. 7, par. L 334/96), siempre que los actos, obligaciones y operaciones se ejecuten,
realicen o desarrollen en el departamento de Bolívar (art. 3 par. 3 L. 1495/11) y que
sean expedidos por funcionarios públicos departamentales y municipales, distritales,
nacionales o de entidades descentralizadas que funcionen en el departamento, como
se concluye, también, de los artículos 3 parágrafo 3 de la Ley 1495 de 2011 y 7
parágrafo de la Ley 334 de 1996.

Ahora bien, el artículo 3 de la Ley 1495 de 2011 autorizó a la Asamblea Departamental
de Bolívar para fijar las características y tarifa de los anteriores actos gravados. Así, el
legislador otorgó a la asamblea un margen amplio para que fije los elementos del
tributo que no quedaron establecidos en la ley de autorización.

En igual sentido, esta Sección se pronunció frente al artículo 3 de la Ley 334 de 1996,
que resulta similar a la autorización contenida en el artículo 3º de la Ley 1495 de 2011,
que lo modificó. En concreto en sentencia de 29 de abril de 2020, la Sala consideró lo
siguiente19:

“2.1- A la luz de las anteriores consideraciones, la Sala debe concluir que el legislador
concedió un amplio margen de libertad a la Asamblea Departamental de Bolívar para
que acotara los elementos del tributo que no fueron expresamente establecidos en la
ley de autorización. De tal suerte que, en lo que respecta a la estampilla «Universidad
de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos» el mencionado órgano de
representación territorial es a quien compete determinar, dentro de los términos fijados
por la Ley 334 de 1996, cuáles son las actividades, obras y operaciones sujetas al
gravamen aludido y los demás elementos del tributo no fijados por el Legislador.”

En atención al amplio margen que el legislador concedió a la Asamblea Departamental
de Bolívar, esta expidió la Ordenanza 26 de 2012, “Por medio de la cual se reglamenta
la Estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos y se dictan
otras disposiciones”.

En concordancia con el artículo 1 de la Ley 1495 de 2011, que modificó el artículo 1
de la Ley 334 de 2006, el artículo segundo de la ordenanza dispone que los recursos
producto de la estampilla se invertirán para la construcción, adecuación, remodelación,
mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos y educación virtual, entre

19
Exp. 22674, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez
16
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otros, de la Universidad de Cartagena y también para invertir en proyectos de
investigación y en las demás sedes de la Universidad en el departamento de Bolívar.

En el artículo cuarto determinó los hechos, actividades, actos, contratos y operaciones
gravados. En lo pertinente, el artículo cuarto dispone lo siguiente:

ARTÍCULO CUARTO. Hecho Generador. Son hechos generadores de la Estampilla
“Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos”, los siguientes:

[…]

3. También será obligatorio el uso de la estampilla “Universidad de Cartagena siempre
a la altura de los tiempos”, en las siguientes actividades y operaciones que se
desarrollen, realicen o ejecuten en el departamento de Bolívar, así:

Certificaciones, paz y salvo de Tesorería y Contraloría Departamental; autenticaciones
de firmas por parte de los Notarios […]”

El artículo quinto señala como momento de causación del tributo, la suscripción de los
contratos o convenios que se ejecuten, realicen o desarrollen en el departamento de
Bolívar o la realización de las actividades u operaciones contempladas en la
ordenanza. Y el cumplimiento de las obligaciones emanadas de tales contratos.

El parágrafo de este artículo quinto dispone que, para efectos del cobro de la
estampilla, las tesorerías departamentales, distritales y municipales y las tesorerías o
dependencias de las entidades del orden nacional serán agentes retenedores de la
estampilla y quedan facultados para hacer la retención de las tarifas correspondientes.

El artículo sexto de la ordenanza demandada determina como sujetos pasivos del
tributo a las personas naturales y jurídicas que suscriban, realicen y desarrollen los
hechos generadores de la estampilla. El artículo séptimo fija la base gravable en el
valor o cuantía del hecho generador, excluido el IVA.

El artículo octavo de la Ordenanza 26 de 2012 señala lo siguiente:

“ARTÍCULO OCTAVO- Tarifas. La tarifa aplicable a la base gravable del tributo será
el 1.0% para los hechos generadores contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo
4º de esta Ordenanza.

Para los hechos generadores contemplados en el numeral 3º del artículo 4º, fíjanse las
siguientes tarifas:

a) Certificados, Certificaciones de Paz y Salvo de las diferentes Tesorerías
Departamentales, Municipales, Distrital e Institutos Descentralizados en sus
diferentes órdenes, así como las Contralorías Departamental, Municipal y
Distrital, 10% sobre el valor del certificado de Paz y Salvo.
b) Autenticaciones de firmas de Notarios, 10% sobre el valor de la autenticación.
c) […]”

El artículo noveno ordena que el recaudo de la estampilla está a cargo de los entes
territoriales, las entidades públicas descentralizadas del orden nacional,
departamental, distrital y municipal. Y el artículo décimo dispone que la obligación de
17
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

adherir y anular la estampilla está a cargo del agente retenedor o funcionario
competente.

Frente a lo dispuesto en el referido artículo décimo de la Ordenanza 26, debe
entenderse que el agente retenedor o funcionario competente que debe adherir y
anular la estampilla debe ser funcionario público departamental y municipal,
distrital o nacional de entidades que funcionen en el departamento. Así se
desprende de los artículos 3 (parágrafo 3) de la Ley 1495 de 2011 y artículo 7
(parágrafo) de la Ley 334 de 1996.

Por su parte, en el artículo décimo sexto, la Asamblea Departamental de Bolívar faculta
al gobernador de ese departamento para establecer las características de la
estampilla.

Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, la Asamblea Departamental de
Bolívar determinó los hechos gravados por la estampilla y completó los demás
elementos no fijados expresamente por el legislador, con fundamento en la
autorización que este le concedió.

Entre las actividades y operaciones que se desarrollen, realicen o ejecuten en el
departamento de Bolívar, que generan el pago de la estampilla, quedaron incluidas las
“autenticaciones de firmas por parte de los Notarios” (art. 3, num. 3) con una tarifa del
10% sobre el valor de la autenticación (art. 8, lit b).

Como se precisó, el Tribunal anuló el hecho generador y la tarifa de la estampilla por
concepto de autenticaciones notariales porque los notarios son particulares que
cumplen función pública y no funcionarios departamentales ni territoriales.

Para los apelantes, los actos de los notarios son actos jurídicos y lo determinante es
que se realicen, desarrollen o ejecuten en el departamento de Bolívar.

Para resolver los puntos de divergencia expuestos en el recurso de apelación, la Sala
advierte que es equivocado el entendimiento que los apelantes le dan a algunos de los
fundamentos jurídicos de la sentencia de primer grado, puesto que el Tribunal no se
encargó de demostrar si los actos de los notarios son o no jurídicos, sino si estos
pueden clasificarse como del orden departamental y municipal dada la calidad de los
notarios.

Así, no se trata en este caso, como entienden las demandadas, de determinar si las
autenticaciones efectuadas por los notarios, en virtud de la función de dar fe pública
que se les ha conferido, son o no actos jurídicos, pues el Tribunal partió de la base de
que sí lo son.

Lo que corresponde precisar es si dada la calidad de particular que ejerce función
pública, el notario realiza actos jurídicos del orden departamental o nacional, distrital,
y municipal dentro del departamento y, en ese entendido, si es legal incluir como hecho
generador del tributo la autenticación de firmas y fijar una tarifa por esas
autenticaciones, lo que implica también que el notario tenga la obligación de adherir y
anular la estampilla y de actuar como agente retenedor cada vez que autentica las
firmas de un documento.
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

Para la Sala, a diferencia de lo sostenido por las apelantes, sí es relevante que el
funcionario que intervenga en la imposición de la estampilla sea un servidor público
del orden departamental y distrital o municipal o de entidades descentralizadas o del
orden nacional que funcionen en el departamento. Lo anterior, porque, como quedó
precisado, en virtud de las leyes de autorización (L. 334/96 y L. 1495/11), el hecho
imponible debe enmarcarse en los actos jurídicos del orden departamental y municipal
con excepción de los contratos laborales y órdenes de servicios personales (art. 3 L.
1495/11) y en las obligaciones que se generen de los actos, contratos de obras y
operaciones de los institutos descentralizados y entidades del orden nacional que
funcionen en el departamento (art. 7, par. L 334/96), lo que implica que deban ser
emitidos por funcionarios públicos del orden municipal, distrital, departamental y
nacional, cuya intervención es necesaria, además para efectos de su retención y
recaudo.

No basta entonces con que los actos jurídicos tengan ocurrencia en el departamento
de Bolívar, como lo estiman los apelantes. Los actos deben provenir de funcionarios
públicos, pues, se insiste en que el artículo 3 de la Ley 1495 de 2011 es claro al
disponer como hecho gravable “los actos jurídicos del orden departamental y
municipal” y el 7 parágrafo de la Ley 334 de 1996 se refiere a las “obligaciones que
se generen de los actos, contratos de obras y operaciones de los institutos
descentralizados y entidades del orden nacional que funcionen en el
departamento”.

Además, a diferencia de lo que alegan los apelantes, es procedente el análisis sobre
si el notario es funcionario público o no. Lo anterior, porque la parte demandante pidió
la nulidad de las normas relacionadas con la autenticación de firmas como hecho
generador de la estampilla y la tarifa correspondiente a dichos actos, precisamente,
porque los notarios son particulares y no funcionarios públicos del orden municipal y
departamental. Por tanto, dicho argumento debía ser analizado por el Tribunal, como
en efecto lo hizo, en cumplimiento del artículo 281 del CGP, sobre congruencia de la
sentencia.

En consecuencia, como se indicó, es relevante determinar si las autenticaciones de
firmas realizadas por los notarios, son actos jurídicos que provienen de funcionarios
públicos.

Pues bien, el artículo 131 de la Constitución Política20 dispone que la función notarial
es un servicio público. En palabras de la Corte Constitucional, la función notarial
consiste en ejercer la fe notarial, en concreto, dar autenticidad a las declaraciones que
son rendidas ante el notario y a determinados documentos y dar fe de ciertos hechos
con plenos efectos legales 21.

Entonces, el notario es un depositario de la fe pública (función fedante), la cual lleva

20 Artículo 131. Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la

definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las
notarías, con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante
concurso. Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la
determinación del número de notarios y oficinas de registro.
21 C-741 de 1998

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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

inmerso el interés general, por lo que solo le puede ser otorgada por el Estado, en
virtud de la descentralización por colaboración, teniendo en cuenta que es un
particular.
En varios pronunciamientos, entre ellos, las sentencias C-1508 de 2000 22, C-1212 de
200123, C-863 de 201224 y C-029 de 2019 25, la Corte Constitucional ha considerado
que la función notarial es un servicio público, a cargo de particulares, que actúan en
desarrollo de la figura de la descentralización por colaboración. Que esta función
apareja, además, el ejercicio de una función pública, en tanto son depositarios de la fe
pública y que para estos efectos se encuentran investidos de autoridad, sin que por
ello adquieran el carácter de servidores públicos o de autoridades
administrativas en sentido subjetivo u orgánico.

Así que los notarios son particulares que ejercen una función pública. No tienen la
calidad de servidores públicos ni vinculación legal con una entidad pública del orden
nacional, departamental, distrital o municipal. Es decir que la actividad notarial es ajena
a la de los entes administrativos territoriales.

En el caso concreto, en virtud de lo dispuesto en los artículos cuarto y octavo parcial
de la Ordenanza 26 de 2012, se causa la estampilla por la autenticación de firmas ante
notario y se debe pagar la tarifa correspondiente, a pesar de que el notario no es
funcionario público de ningún orden. Además, sin tener la calidad de funcionario
público, pues es particular que cumple función pública, el notario debe adherir y anular
la estampilla y actuar como agente retenedor del tributo.

Por último, la mención que hace el fallo apelado sobre el proyecto de ley que culminó
con la Ley 1495 de 2011 sí tiene relación con el asunto debatido, pues pone en
evidencia que la voluntad del legislador, al modificar la estampilla Universidad de
Cartagena siempre a la altura de los tiempos autorizada en la Ley 334 de 1996, no fue
gravar con este tributo los actos notariales. Esto, porque, aunque el proyecto inicial
incluía como hecho generador “todos los actos que se efectúen en las Notarías que
funcionen en el Departamento de Bolívar”26, la Ley 1495 no incluyó estos actos como
gravados con el tributo.

En consecuencia, la Asamblea Departamental de Bolívar excedió las competencias
concedidas por el legislador, como lo consideró el Tribunal, puesto que la autenticación
de firmas por parte de los notarios no encuadra en el hecho imponible definido en
forma general por las Leyes 334 de 1996 y 1495 de 2011, para que sea gravado con
la estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos.

Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada en cuanto
anuló las autenticaciones notariales como hecho generador de la estampilla en
mención y la tarifa correspondiente a tales actos.

22
M.P. Jairo Charry Rivas (E)
23
M.P. Jaime Araujo Rentería
24
M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
25
M.P. Alberto Rojas Ríos
26
Pueden consultarse las Gacetas del Congreso 689 del 23 de septiembre de 2010, pág. 6 y 977 de 14
de diciembre de 2011, pág. 3.
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

Respeto del principio de congruencia (artículo décimo sexto de la Ordenanza 26
de 2012)

El Tribunal anuló el artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012 porque la
facultad de establecer las características de la estampilla no podía delegarse al
gobernador de Bolívar. Sostuvo que tal delegación contradice el artículo 338 de la
Constitución Política, puesto que la potestad de establecer las características de la
estampilla fue conferida expresamente por el legislador a la Asamblea Departamental
de Bolívar.

La Universidad de Cartagena dice que se violó el principio de congruencia porque la
declaratoria de nulidad del artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012 no se
incluyó en la fijación del litigio que hizo el Tribunal. Y que la norma respeta la
autonomía de las entidades territoriales.

Pues bien, en las pretensiones de la demanda se observa que los demandantes
pidieron la nulidad del artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de 2012.

Por su parte, en el trámite de primera instancia, al continuar con la audiencia inicial, el
18 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo de Bolívar planteó los problemas
jurídicos que debían resolverse en la sentencia, así 27:

“¿Hay lugar a declarar la nulidad del aparte “autenticaciones de firmas por parte de los
notarios”, contenido en el numeral 3º del artículo cuarto de la Ordenanza No. 26 de
2012, por haber incluido la Asamblea Departamental de Bolívar como hecho generador
de la estampilla “Universidad de Cartagena a la altura de los tiempos”, las
autenticaciones de firmas por parte de los notarios?

¿Hay lugar a declarar la nulidad del literal b) del artículo octavo de la Ordenanza No.
26 de 2012 expedida por la Asamblea Departamental de Bolívar y en virtud del cual se
fija como tarifa de la estampilla “Universidad de Cartagena a la altura de los tiempos”,
por concepto de “autenticaciones de firmas por parte de los notarios”, el 10% sobre el
valor de la autenticación?

¿Determinar si procede declarar la nulidad del artículo décimo sexto de la Ordenanza
26 de 2012?

Con ocasión de los anteriores problemas jurídicos el Tribunal deberá determinar si la
Asamblea Departamental de Bolívar vulneró el principio de legalidad del tributo, en
especial si desbordó o no las potestades que le otorgó el legislador en la ley 334 de
1996, modificada por la Ley 1495 de 2011 y si los actos de los notarios son o no, actos
jurídicos del orden departamental o municipal, susceptibles de general la aludida
estampilla.

[…] Determinar si hay lugar a declarar la nulidad del artículo décimo sexto de la
Ordenanza 26 de 2012.” (Subraya la Sala)

La anterior fijación del litigio quedó debidamente notificada a las partes por estrados,
sin que se interpusiera recurso alguno.

27
Fls. 30 a 33 c.p.2.
21
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Demandante: ANA PIEDAD ROMÁN DE ROJAS Y OTROS
FALLO

Respecto a la fijación del litigio, la Sala ha precisado lo siguiente” 28

“Si bien la fijación del litigio es una técnica de reducción de la complejidad de los
problemas planteados por las partes, ella no constituye la resolución definitiva de
los extremos de la litis, en el entendido en que este se resuelve en el fallo y, por
tanto, aquella puede alcanzar mayores niveles de abstracción, de discusión
jurídica que los trazados en esa diligencia inicial.
[…]
El juez de lo contencioso está facultado para pronunciarse sobre temas que, si
bien expresamente no quedaron enunciados en la diligencia de fijación del litigio,
se desprenden de forma clara y razonable, de los cargos expuestos en la demanda
y en la contestación de la misma.”

Entonces, además de que en la fijación del litigio se precisó que debía estudiarse si
era nulo el artículo décimo sexto de la ordenanza demandada, la sentencia debía
pronunciarse sobre ese punto, como en efecto lo hizo, pues la parte actora pidió la
nulidad de dicha norma.

Valga precisar en este punto que la sentencia atacada cumple con lo exigido en el
artículo 187 del CPACA 29, puesto que incluyó un resumen de la demanda y de su
contestación y se motivó con razonamientos constitucionales, legales y jurisprudencias
que apoyan las conclusiones que condujeron a la nulidad de las normas acusadas.

En relación con el principio de congruencia, el artículo 281 del CGP 30 dispone que la
sentencia debe guardar consonancia con los hechos y las pretensiones de la
demanda.

Como se precisó, el fallo de primer grado resolvió todos los cargos de anulación en
debida forma, teniendo en cuenta tanto los argumentos de la demanda como los de
las demandadas sin que se advierta transgresión alguna al debido proceso de las
partes y menos del principio de congruencia.

Finalmente, en el recurso de apelación la Universidad de Cartagena se limitó a decir
que el artículo décimo sexto de la ordenanza demandada respeta la autonomía
territorial. No obstante, no fundamentó su argumento ni se opuso a la sentencia
apelada en cuanto concluyó que es nula la delegación de la asamblea departamental
en el gobernador para fijar las características de la estampilla. Por tanto, no hay lugar
a abordar el estudio de legalidad de la referida norma.

No existe precedente judicial frente a la legalidad de la Ordenanza 26 de 2012.

28 Exp. 24693, C.P. Milton Chaves García.
29 ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un

breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos
legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con
brevedad y precisión y citando los textos legales que se apliquen.
[…]
30 ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones

aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. […]
22
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FALLO

La Universidad de Cartagena sostuvo que debe tenerse en cuenta como precedente,
la sentencia de 26 de febrero de 2020, exp. 22640, porque se refirió a la Ordenanza
26 de 2012.

Al respecto, la sentencia de 26 de febrero de 2020, dictada por esta Sección, se
pronunció sobre la nulidad parcial del artículo 2 de la Ordenanza 12 de 1997 31, “Por
medio de la cual se faculta al gobernador del departamento de Bolívar para la emisión
de la estampilla Universidad de Cartagena, siempre a la altura de los tiempos.”,
proferida por la Asamblea Departamental de Bolívar, que, a su vez, se expidió con
fundamento en la Ley 334 de 1996.

Lo anterior significa que no es cierto que exista precedente judicial de esta Corporación
en el que se haya estudiado la legalidad de los artículos cuarto, octavo y décimo sexto
de la Ordenanza 26 de 2012, expedida con fundamento en la Ley 1495 de 2011,
normas cuya nulidad parcial se pidió en este proceso.

Valga indicar que existe un proceso de nulidad contra los artículos cuarto (num. 2),
sexto, quinto (parágrafo) parcial, noveno parcial y décimo sexto de la Ordenanza 26
de 2012 de la Asamblea Departamental de Bolívar, el cual conoció en primera instancia
el Tribunal Administrativo de Bolívar con radicado 13001-23-33-000-2012-00218-00.

Según se consultó en el link de consulta de procesos de la página web de la Rama
Judicial, ese Tribunal dictó sentencia el 12 de marzo de 2021 en la que resolvió:

Se observa que se declaró la nulidad del artículo décimo sexto de la Ordenanza 26 de
2012. Sin embargo, esa providencia fue objeto de apelación y, según se advierte en la
información que se consultó, el asunto aún no ha sido enviado al Consejo de Estado
para que avoque conocimiento en segunda instancia 32.

Las razones que anteceden son suficientes para confirmar la sentencia apelada.

Finalmente, en atención a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, no se condena en
costas en esta instancia, por cuanto en el presente asunto se debate un asunto de
interés público.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

31
Artículo segundo: La emisión de la estampilla cuya creación se autoriza, será hasta por la suma de
sesenta mil millones de pesos ($60.000.000.000.oo) en valor constante.
32
En el aplicativo SAMAI se efectuó la búsqueda por número de radicado y parte procesal y no se
encontró ningún proceso repartido al Consejo de Estado para resolver apelación de sentencia.
23
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FALLO

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia apelada.

2. RECONOCER personería a Betty Alejandra de la Espriella Saldarriaga para
actuar en representación del departamento de Bolívar, en los términos del poder
visto en el índice 12 del proceso (SAMAI).

3. RECONOCER personería a Jorge Eliécer Rodríguez Sierra para actuar en
representación de la Universidad de Cartagena, en los términos del poder visto
en el índice 22 del proceso (SAMAI).

4. Sin condena en costas en esta instancia.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección

(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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