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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2014-00125-01

Fecha
21 de octubre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2014-00125-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la cual se declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes, con sustento en las consideraciones que anteceden y en su lugar se dispone: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Condenar en costas por la segunda instancia. Para el efecto, se fijan como agencias en derecho un (1) salario mínimo mensual legal vigente, a cargo de la parte vencida y en favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2014-00125-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

21 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Proceso: Medio de control de Reparación de Perjuicios causados a un
grupo – Ley 1437 de 2011

CONTEXTO FÁCTICO Y NORMATIVO QUE SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA EL PAGO
DEL AUXILIO ECONÓMICO EN FAVOR DE LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS CON LA
SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011 – Caso específico de lo sucedido en el municipio de
San Cristóbal - Bolívar / AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN DE LA CERTEZA DEL DAÑO -
No se evidenció el cumplimiento de los requisitos para considerarse damnificados directos
según lo establecido en la Resolución 074 de 2011

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, contra la sentencia del 30 de septiembre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que decidió:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de caducidad de la acción
de grupo presentada por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa presentada por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Enviar copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo,
para los efectos del artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, archívese previas las desanotaciones
pertinentes.

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad patrimonial de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, el departamento de
Bolívar - Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres CDGRD,
el municipio de San Cristóbal - Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres CMGRD, por el daño causado al grupo actor en condición de habitantes
de San Cristóbal, damnificados por la segunda ola invernal de 2011, daño que se
aduce, se concretó en la falta de reconocimiento y pago del auxilio económico,
equivalente a $1’500.000 por familia, dispuesto en la Resolución 074 de 2011.

Esta situación, según se afirmó, obedeció a la falla del servicio acaecida en el marco
del trámite administrativo previsto para acceder al pago de esos recursos, en
cuanto, tanto el municipio de San Cristóbal como el departamento de Bolívar, a
través de sus organismos de gestión de riesgos de desastres, no coordinaron el
envío del censo de las familias damnificadas a la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres dentro de los plazos legales, lo que condujo a que ésta los
devolviera por su remisión extemporánea, sin ordenar el respectivo desembolso de
los dineros en favor de los afectados.

II. ANTECEDENTES
La demanda

El 30 de enero de 20141, y posteriormente, en escrito2 reformado el 10 de febrero
de 2015, los señores Tomasa Julio Ortiz, Guillermina Villa Suárez, Ingrid Jaramillo
Murillo, Sara San Juan Sarabia, Tibisay Castilla Ortiz, Zayda Romero González,
Berta Guerrero de Ramos, Domingo Ortiz Peña, Temilda Mercado Mercado, José
Guillermo Zapata Rodríguez, Elis Julio de Monterosa, Catalina Hernández Jiménez,
Luis Ramón Ortiz Rivera, Manuela Ospino Rojano, Emelina Torrenegra Villa, Justo
Rafael Cantillo Martínez, Yaneth Molina Villa, Victoria Castilla Jaramillo, Jakenis
Ester Escorcia Cantillo, Osiris Ortiz Guerrero, Gloriceth Rodríguez Marengo, Alberto
Rodríguez Reales, José Luis Rodríguez Orozco, Enilsa Morales Castilla, Denis
Orozco de Cantillo, Amada Jiménez, Julio José Pino Carrera, Carlina Ahumada

1 Folio 191 del cuaderno 1.
2 Folios 270 a 313 del cuaderno 1.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Jaramillo, Evelin Jaramillo Mercado, Carmen Rosa Puello Castilla, Fredis Catalino
Barcasnegras Mendoza, Elsel del Socorro Ortiz Torres, Fredis Reales Ortiz,
Ramona Maza Camargo, Catalino Sierra Ospino, Orlando Mármol Utria, Beatriz
García Castillo, Nesly María Sierra Mendoza, Genoveva Cueto Almanza, Omar
Rodríguez Martínez, Edith Moreno Sierra, Dalida Jiménez Utria, Donatila Cassiani
de Sierra, Aura Castillo Polo, Jesús María Utria Mendoza, Cristina Bolaño de Utria,
Luz Padilla Medina, Daniel Cueto de los Ríos, Lucy Alma Orozco Almanza, Alex
Alfonso Moreno Utria, María del Carmen Rodríguez, Vera Judith Utria Cera, Rafael
Enrique Romero Maza, Rosa Margarita Jinete Martínez y José de la Cruz Ospino
Pérez presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo, contra el municipio de San Cristóbal – Bolívar –
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres CMGRD, departamento
de Bolívar – Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
CDGRD y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD,
para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Que se declare que el Municipio de SAN-CRISTÓBAL-Bolívar, representado por el
Dr. FREDIS JIMÉNEZ TORES en su calidad de Alcalde electo y en su condición de
Representante del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres
"CMGRD", antes CLOPAD, que eI DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, representado
por el Dr. JUAN CARLOS GOSSAIN R., en su calidad de Gobernador electo - Consejo
Departamental para Gestión del Riesgo de Desastres '"CDGRD" antes Comité
Regional de Atención y Prevención de Desastres - CREPAD (Coordinado por el Dr.
ERICH PIÑA FELIX), que la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES - "UNGRD" - Fondo Nacional de Calamidades (hov Fondo Nacional
de Gestión de Riesgo de Desastres), representado para todos los efectos legales por
eI Dr. IVAN MÁRQUEZ PÉREZ en su calidad de Director General de la UNGRD,
respectivamente y/o quienes hagan sus veces al momento de notificación de la
presente acción son solidaria y administrativamente responsables por los Daños y
perjuicios de todo orden Material e Inmateriales, como son los Morales, aquellos
derivados de la Alteración Grave en las Condiciones de Existencia, y los que son
producto de la Violación de Derechos Constitucionales y/o Convencionales tal y como
nos enseña la Jurisprudencia Nacional, de los cuales son titulares las personas
indicadas, como “Parte demandante", dado que el Resarcimiento de los Perjuicios a
este Grupo de afectados no se ha realizado; Se solicita que la condena se declare en
favor de las personas que se hagan parte en el proceso, se integren al grupo o se
acojan a los efectos de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55
de la Ley 472 de 1998, petición que se hace como consecuencia de las OMISIONES
ADMINISTRATIVAS- FALLAS EN LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEMANDADAS, la cual se produjo por el
hecho de no surtirse los procedimientos tendientes a que este Grupo de Damnificados
habitantes de la Competencia Territorial del Municipio de San Cristóbal Bolívar les
llegara a sus manos los recursos económicos establecidos en las Resoluciones No.
074 de 2011 y N° 002 de 2012, así como en la Nueva Resolución No. 840 de 2014en
sus condiciones de Damnificados. (Énfasis fuera del texto).

Perjuicios Materiales - Daño Emergente

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

1. La suma de $1.500.000 a cada uno de los jefes de hogares Integrantes del grupo,
correspondientes al valor destinado para la ayuda.

2. La suma de $ 450.000 a favor de cada uno de los Jefes de Hogares integrantes del
grupo, correspondiente al pago de los honorarios profesionales por la gestión
realizada y asesoría en la elaboración y presentación de una acción de tutela para
pago del $1.500.000 en sede administrativa en caso de darse antes de que se profiera
la Sentencia dentro del presente proceso.

Perjuicios Inmateriales Daños Morales:

1. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (60 smlmv) para cada uno de los demandantes y miembros de las
respectivas Unidades Familiares Damnificadas a título de Reparación-
Compensación.

Daño a la Vida de Relación o Alteración grave de sus condiciones de existencia

2. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (60 smImv) para cada uno de los miembros de las Unidades Familiares
demandantes a título de Reparación, Compensación por daños a la Vida de Relación
o Alteración de sus condiciones de existencia, disminución de sus condiciones de
Bienestar y calidad de vida.

Daño por violación a Derechos Constitucionales y/o Convencionales.

3. La suma equivalente a SESENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (60 smlmv) para cada uno de los miembros de las Unidades Familiares
demandantes a título de Reparación, Compensación por vulneración a los derechos
fundamentales de la dignidad humana, igualdad, vivienda digna y debido proceso
administrativo sufridos, el derecho a la unidad familiar y a la protección integral de la
familia y el derecho a la seguridad personal, "puesto que el desplazamiento por
desastre natural conlleva riesgos específicos, individualizados, concretos, presentes,
importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y desproporcionados.

Como consecuencia de las declaraciones de responsabilidad y de la aplicación de la
Ley y la Jurisprudencia, se proceda a la actualización de los valores a los cuales
fueren condenadas los demandados, conforme a los artículos 187 y 189 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se reconozcan
los intereses legales liquidados con la variación promedio mensual del índice de
precios al consumidor, con las fórmulas, índices y cálculos operacionales,
reconocidos y utilizados por el Honorable Consejo de Estado desde la fecha de los
hechos hasta que se cumpla la sentencia que pongan fin al proceso.

Hechos

Los sucesos relevantes expuestos como base del litigio se concretan a
continuación:

En el segundo semestre de 2011, en el período comprendido entre el 1 de
septiembre y el 10 de diciembre de ese año, se presentó una ola invernal conocida
como fenómeno de “La Niña” que afectó gran parte del territorio colombiano
causando pérdidas humanas y materiales. Ese impacto cobijó igualmente a los
miembros del grupo actor, quienes para esa época residían en el municipio de San

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Cristóbal – Bolívar y, como consecuencia del desastre meteorológico, sufrieron
perjuicios materiales e inmateriales.

Ante esa situación de calamidad, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres UNGRD expidió las Resoluciones 074 del 15 de diciembre de 2011 y 02
del 2 de enero de 2012 y la Circular Informativa del 16 de diciembre de 2011, por
las cuales se creó una ayuda humanitaria consistente en la entrega de hasta
$1'500.000 por familia, a jefes de hogares -DAMNIFICADOS DIRECTOS- que
hubieren sufrido graves efectos ocasionados por el evento climático antes
mencionado, como alivio monetario para ser destinado al restablecimiento de las
condiciones de bienestar de dichas familias y/o de habitabilidad de la vivienda y de
algunos bienes perdidos o averiados.

De conformidad con la Resolución 074 de 2011, para proceder al pago del apoyo
económico en los municipios donde ocurrieron las afectaciones, los Comités
Locales para la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD, (hoy Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre "CMGRD") en cabeza del alcalde
municipal, debían diligenciar las planillas de apoyo económico de los damnificados
directos, información que debía ser entregada a la CREPAD (hoy Consejo
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres "CDGRD), entidad que,
además de avalar la información que sería luego remitida a la UNGRD, también
realizaría las acciones necesarias correspondientes en los distintos municipios con
afectaciones, dentro de su departamento para que estos le entregaran la
información en debida forma y en el tiempo determinado.

En la Resolución 074 de 2011 se otorgó un plazo a las administraciones
municipales que vencía el 30 de diciembre de 2011 para la entrega de las planillas
contentivas del censo de damnificados, término que fue prorrogado hasta el 30 de
enero de 2102, mediante la Resolución 02 de 2012.

Se sostuvo en la demanda que el Consejo Departamental para la Gestión del
Riesgo de Desastres CDGRD del departamento de Bolívar no ejerció
eficientemente la labor de coordinación con los distintos concejos municipales de
ese territorio orientada al reporte de los damnificados, debido a una errada
interpretación acerca de la fecha límite para la entrega del censo, pues

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

equívocamente consideró que el plazo para su presentación vencía el 10 de
diciembre de 2011.

Lo anterior, a juicio del grupo actor, impidió que se organizara de manera acertada
y eficiente con los alcaldes municipales la entrega de la información y se hiciera el
seguimiento de la entrega y asignación de la ayuda humanitaria a los afectados,
entre ellos, a los demandantes.

Aunado a lo dicho, aseguraron que mediante Circular del 16 de diciembre de 2011,
expedida por el director de la UNGRD a los gobernadores, alcaldes, entidades
técnicas y operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres, CREPAD y CLOPAD se informó que el Gobierno Nacional había
dispuesto recursos para atender a las familias damnificadas por la segunda
temporada de lluvias, sin notificar de ello a los directos afectados e impidiendo de
esta manera que ejercieran sus derechos de información, contradicción,
impugnación y control del ejercicio del poder.

Se explicó en el escrito introductorio, que la Corte Constitucional en sentencia T-
648 de 2013, detectó una serie de fallas, errores y omisiones en el proceso
señalado en la Resolución 074 de 2011 que produjo una vulneración sistemática y
masiva de derechos fundamentales de numerosas familias damnificadas de la ola
invernal del segundo semestre de 2011, a las cuales se les estaba privando del
acceso y recibo de la ayuda humanitaria que dispuso el Gobierno Nacional. Y que,
como consecuencia de esos hallazgos, la Corte ordenó a la UNGRD rehacer el
procedimiento administrativo dispuesto en la Resolución No 074 de 2011, orden
que se materializó con la expedición de la Resolución 840 de 2014 por parte de esa
Unidad.

Afirmaron los accionantes que, en cumplimiento de la Resolución 840 de 2014, el
CMGRD de San Cristóbal - Bolívar reconoció oficialmente a los miembros del grupo
actor como damnificados al incluirlos en las planillas, censo ejecutado con apego a
lo dispuesto por el artículo quinto de la Resolución 074 de 2011.

Se esgrimió que, pese a lo anterior, en este nuevo procedimiento igualmente se
incurrió en irregularidades, en razón a que no se expidió una circular informativa
respecto del trámite a seguir para conocimiento de los interesados y el reporte del

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

censo de damnificados se realizó el 24 de octubre de 2014, siendo que la fecha
para ese propósito vencía el 17 de octubre de ese mismo año, razón por la cual los
demandantes no pudieron acceder al auxilio económico.

Basados en las circunstancias narradas, varios de los damnificados promovieron
una nueva acción de tutela que fue resuelta el 16 de enero de 2015 por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de San Cristóbal, amparando el derecho al debido
proceso y ordenando “que sin excusas de Extemporaneidad en la recepción de la
información- Censos, cada una debe surtir los procedimientos que le competen
para que estas Unidades Familiares Censadas puedan acceder al goce del subsidio
económicas”.

Finalmente se sostuvo en la demanda que:

Con Fundamento en lo anterior ordenó que se surtieran los procedimientos
correspondientes tendientes a viabilizar el recibo de la ayuda por parte de estos
sujetos de especial protección Estatal, pero más allá de que por la Vía Constitucional
se obtenga el pago de la ayuda, que correspondería a la parte Material de la presente
demanda, todo estos errores han generado Daños y Perjuicios del Orden Inmaterial
que se hace necesario resarcir porque los padecimientos a los que han sido
sometidos por la Desprotección Estatal han causado en estas Familias una
DISMINUCION EN SUS CONDICIONES DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA,
Daños y Perjuicios que deben ser reparado en conjunto por parte de estas entidades
públicas por orden de este Despacho Judicial.

Contestación de la demanda

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

En escrito aportado oportunamente, se opuso a las pretensiones tras advertir que
no era la UNGRD la encargada de elaborar las planillas de apoyo económico ni
tomó la decisión de incluir o excluir a los accionantes.

Añadió que, en virtud de la sentencia T- 648 de 2013, la Corte Constitucional le
ordenó a la UNGRD rehacer el procedimiento para la entrega de la ayuda
económica, por lo que ese organismo emitió la Resolución 840 de 2014, pero que
en desarrollo de ese nuevo trámite el municipio de San Cristóbal Bolívar no hizo
llegar ante la UNGRD el listado de damnificados.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Adujo que la ayuda humanitaria estaba destinada a los damnificados directos con
la ola invernal y no a todos los afectados con ese fenómeno de manera
indiscriminada. En esa línea, señaló que los demandantes debían acreditar que
reunían las condiciones de damnificados directos previstas en la Resolución 074 de
2011, cuestión que en el proceso no estaba demostrada.

Adicionalmente formuló las excepciones de caducidad de la acción, improcedencia
de la acción de grupo para cobrar una subvención económica dispuesta por el
Gobierno Nacional, falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de legitimación
en la causa por activa, inexistencia del hecho dañoso realizado por la UNGRD,
inexistencia del daño sufrido por los accionantes, inexistencia de nexo de causalidad
frente a la UNGRD.

Departamento de Bolívar

Presentó la contestación dentro del término legal, argumentando que el
departamento no era el responsable por el no pago de los recursos económicos
establecidos en las Resoluciones 074 de 2011 y 02 de 2012.

Expresó que las pretensiones debían ser denegadas, toda vez que, por vía de tutela,
la Corte Constitucional ya había ordenado rehacer el procedimiento administrativo
para pagar los subsidios motivo de esta acción de grupo, situación que condujo a la
UNGRD a expedir la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014.

Propuso los medios exceptivos de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia del daño o perjuicios atribuibles al departamento de Bolívar, fuerza
mayor en relación con el fenómeno de “La Niña”.

Municipio de San Cristóbal – Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres CMGRD

Ejerció su derecho de defensa en el plazo legal, advirtiendo que, desde la
expedición de la Resolución No 002 de 2012 que cobijó a la administración local de
San Cristóbal, la cual fue dictada un día después de la posesión del nuevo alcalde,
la UNGRD y el CDGRD originaron rupturas en el desarrollo del correspondiente y
prorrogado procedimiento administrativo, en el sentido de que no se ejecutaron las

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

labores de coordinación e información complementarias debidas, como por ejemplo
no haber expedido una circular informativa respecto de la Resolución 02 como si lo
hizo la UNGRD cuando dictó la Resolución 074.

Precisó que el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres no
ejerció ni un solo acto de coordinación para que se pudiera entregar en debida forma
y en el tiempo determinado la información de las familias afectadas directas del
desastre natural.

Argumentó que efectivamente se presentaron las fallas detectadas por la Corte
Constitucional respecto de la aplicación de la política pública tendiente a activar la
solidaridad estatal para las familias, circunstancia que dio lugar a la expedición de
la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014, por la cual se ordenó rehacer la
actuación administrativa a fin de no seguir afectando los derechos de quienes
resultando damnificados con la ocurrencia de dicha catástrofe natural, fueron
privados de recibir la mencionada ayuda humanitaria

Aseveró que la UNGRD no profirió una circular informativa sobre la Resolución 840,
de suerte que solo a través de un derecho de petición de interés particular
presentado al municipio, este pudo conocer de la expedición y términos establecidos
en dicha resolución.

Explicó que, dada la cercanía de su presentación a la fecha límite para el reporte de
las planillas de los damnificados - 17 de octubre de 2014, se le imposibilitó al
municipio ejecutar en el tiempo determinado los procedimientos exigidos en tal
resolución, los cuales pudo surtir solo hasta el 24 de octubre de 2.014, fecha en que
se reportó el censo de los damnificados del citado desastre natural ante el CDGRD
de Bolívar, organismo que, pese a no haber realizado la labor de coordinación que
le asistía, negó por extemporánea la solicitud de aval radicada por el CMGRD del
municipio de San Cristóbal, desconociendo el contenido obligacional que le
compelía.

Sentencia de primera instancia

En sentencia del 30 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
decidió declarar no probada la excepción de caducidad de la acción de grupo,

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

declarar la prosperidad de la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa presentada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
y negar las pretensiones de la demanda.

Inició su análisis señalando que no estaba probada la excepción de caducidad,
teniendo en cuenta que el daño alegado se concretaba en la omisión del envío de
las planillas para el reconocimiento de la ayuda económica. Como el plazo para
surtir esa actuación se extendió hasta el 17 de octubre de 2014, desde esa fecha la
parte actora contaba con dos años para presentar la demanda, y en consideración
a que el libelo introductor se impetró el 30 de enero de 2014, concluyó que fue
allegado dentro del término legal.

Acto seguido consideró que no se acreditó el daño antijurídico, debido a que, si bien
se demostró la omisión del municipio accionado en remitir el censo de los
damnificados a la UNGRD, no se probó que los demandantes tuvieran derecho a
acceder a las ayudas humanitarias, con arreglo a lo establecido en la Resolución
074 de 2011.

En desarrollo de su argumentación aclaró que el daño cuya reparación se pretendía,
correspondía al no pago de las ayudas humanitarias de las cuales consideraban ser
acreedores los actores, por ser damnificados de la segunda temporada de la ola
Invernal del año 2011.

Al efecto, sostuvo que, mediante la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011,
"por la cual se destinan recursos para atender a las familias damnificadas directas
por la segunda temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011", en conjunto con la circular del 16 de
diciembre de 2011, se establecieron los requisitos para ser acreedores de las
ayudas económicas en calidad de damnificados directos, requisitos que no fueron
demostrados en este proceso. En ese sentido, sostuvo que:

“… si en sede judicial se reclama el pago de las ayudas económicas, se requiere la
acreditación en el proceso judicial de la calidad de damnificados directos, a través de
los distintos medios probatorios que permitan llevar a la convicción al juez que los
actores son acreedores directos de las ayudas humanitarias.

Por ende, de no contar con un documento oficial idóneo, que acredite su calidad de
damnificado directo, la parte accionante debió probar que cuenta con esa condición
haciendo uso de cualquier medio probatorio.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

En virtud de lo anterior, la Sala evidencia que ninguna de las pruebas obrantes en el
expediente da cuenta de la irrogación de un daño a los accionantes en los términos
señalados en esta providencia, debido a que no acreditaron los requisitos que lo
habilitan como titulares de la ayuda humanitaria que hoy reclaman”.

Para el a quo, no resultaba suficiente con acreditar la omisión en la presentación
del censo, siendo, además imperioso acreditar los demás requisitos señalados para
acceder a la subvención, por lo que ante la ausencia de su comprobación no se
tendría certeza acerca del perjuicio reclamado, incumpliéndose con el carácter
cierto del daño para que fuera indemnizable.

Por último, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa, conforme los siguientes derroteros:

“…tal como se indicó en precedencia, los actores no acreditaron su condición de
damnificados directos para ser acreedores de la ayuda humanitaria dispuesta para
los damnificados de la Ola Invernal del segundo semestre del año 2011, razón por la
cual, si bien se encuentran incluidos en el censo de damnificados de la ola invernal
del municipio de San Cristóbal y ello los legitima procesalmente para presentar la
acción de grupo, lo cierto es que no se avizora la legitimación en la causa por activa
material o sustancial debido a que no acreditaron su condición de damnificados
directos y en consecuencia no son titulares del derecho que pretenden reclamar a
través de la presente acción”.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, con el fin de
que se revocara y se accediera a las súplicas de la demanda.

En sustento de su inconformidad adujo que el cumplimiento de los requisitos para
obtener las ayudas humanitarias era un tema muy diferente al incumplimiento de
contenido misional asignado a las demandadas en el trámite de su reconocimiento.

Para dotar de sustrato argumentativo lo anterior, explicó que correspondía al
CLOPAD la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos en la
Resolución 074 de 2011, tendientes a acreditar la calidad de damnificados directos
con la ola invernal del segundo semestre de 2011, para ya luego sí incluir a los
afectados cabezas de familia en los respectivos censos.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Alegó que, de acuerdo con el material probatorio anexo al expediente, integrado por
certificaciones expedidas por autoridades municipales miembros del CLOPAD,
copias de las planillas de los censos que dan cuenta de la ocurrencia de estragos
en la jurisdicción del municipio de San Cristóbal Bolívar, se concluía que en el caso
bajo estudio, ni siquiera era materia de discusión la condición de damnificados
directos presentada por las familias accionantes ya que dicha calidad ya había sido
verificada por el CLOPAD con información consignada en las planillas que se
presumía veraz, cuestión que estaba demostrada en el proceso y en cuya virtud los
demandantes tenían la legítima expectativa de acceder al beneficio decretado por
el Gobierno Nacional, las cuales no pudieron obtener por errores ajenos.

Para los recurrentes, muestra de las fallas que cercenaron el derecho del grupo de
recibir los subsidios, fue la orden que dio la Corte Constitucional de rehacer la
actuación administrativa dirigida a su reconocimiento, resultando inaceptable que
las personas afectadas por desastres naturales pudieran afectarse por negligencia
de la administración pública.

En lo sucesivo, se refirió a varios pronunciamientos jurisprudenciales dictados sobre
casos análogos y una vez más aludió a la falla en el servicio que se presentó en
desarrollo del trámite de reconocimiento de ayudas económicas a los damnificados
con la ola invernal de 2011, como causa consistente en su no pago. Las
irregularidades mencionadas se concretaron en: i) la negativa del CDGRD en 2011-
2012 recibir el reporte del CLOPAD correspondiente a San Cristóbal por
extemporánea; ii) rechazo del CDGRD en 2014 recibir el reporte del CMGRD
correspondiente a San Cristóbal por extemporánea.

Se advirtió que todo lo anterior “acredita así la existencia del daño sufrido por estas
familias y la antijuricidad de tal daño, determinado por la inactividad estatal al no
haberles entregado oportunamente Ia ayuda humanitaria de emergencia como lo
exige el art. 90 Superior”.

Finalmente, arguyó que debía brindarse especial atención a la solicitud de perjuicios
morales, los cuales estaban probados en el expediente con testimonios que
declararon acerca de las protestas realizadas por los accionantes en el palacio
municipal, actos que revelaban el grado de desesperación y angustia del grupo al
no recibir la ayuda ofrecida por el Estado.

12

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Agregó que también debía reconocerse la afectación de bienes convencional y
constitucionalmente amparados, menoscabados por cuenta de la falla de la
administración traducida en el incumplimiento de la función protectora de la dignidad
humana.

Trámite de segunda instancia

El 28 de julio de 2023, el Despacho sustanciador del proceso admitió la
impugnación. En proveído del 20 de mayo de 2024, se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Publico para que rindiera concepto.

En el término concedido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres allegó escrito en el que reiteró los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales precedentes.

Los demás sujetos procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

En atención a que se trata de un medio de control de reparación de los perjuicios
causados a un grupo, radicado el 30 de enero de 2014, al presente asunto le
resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998 —norma
especial que lo rige— y el CPACA, ya vigente para la fecha de radicación de la
demanda, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y
pacífica de esta Corporación, dicho Código modificó la Ley 472 en lo atinente a las
normas que disciplinaban la pretensión, caducidad y competencia3.

Asimismo, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
providencia del 6 de agosto de 20204, señaló que, aun cuando el artículo 68 de la
Ley 472 de 1998 disponía la aplicación del CPC —hoy CGP— en lo no regulado, lo
cierto era que el CPACA contenía normas que resultaban directamente aplicables

3 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del

10 de febrero de 2016. Exp. 2015-00934; auto de 31 de enero de 2013, exp: 63001-23-33-000-2012-
00034-01(AG); auto de 18 de mayo de 2017, exp: 2016-00131; 18 de julio de 2017, exp: 2013-00583
y sentencia del 2 de julio de 2021, exp: 25000-23-41-000-2018-00153-01(AG).
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto

del 6 de agosto de 2020. Exp: 64.778.

13

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

a algunos aspectos referentes a este medio de control5.

I.- Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

1.- A esta jurisdicción le corresponde el estudio del caso, en tanto que, de
conformidad con los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 150 y 152.16 del CPACA,
se trata de un asunto que se suscitó con ocasión del ejercicio del medio de control
para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, originado en los daños
atribuidos a las acciones y omisiones de entidades públicas, naturaleza de la que
participan el municipio de San Cristóbal – Consejo Municipal para la Gestión de
Riesgos de Desastres CMGRD6, el departamento de Bolívar – Consejo
Departamental para la Gestión de Riesgos de Desastres CMGRD y la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD 7.

2. Medio de control procedente – La existencia de condiciones uniformes
respecto de la causa común del origen del daño

2.- De conformidad con los artículos 3 y 46 de la Ley 472 de 1998, en consonancia
con el artículo 145 del CPACA, el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo, —aquí presentado— es el idóneo para obtener el
reconocimiento y pago de indemnización respecto de un número plural o conjunto
de personas que reúnen condiciones uniformes frente a la causa que los originó. En
palabras de la Corte Constitucional:

5 Posteriormente, en sentencia del 14 de noviembre de 2024, exp: 69376, la Sala Plena de la Sección

Tercera unificó su jurisprudencia respecto de las normas procesales aplicables a estas acciones, en
demandas presentadas después de la entrada en vigencia de la Ley 2213 de 2022. La aplicación de
la regla jurisprudencial, por virtud de la misma decisión, rige para las sentencias proferidas luego de
notificada la sentencia de unificación y en aquellos procesos en los que se haya notificado la
sentencia y concedido la apelación. Dado que la demanda fue presentada antes de la vigencia de la
Ley 2213 de 2022 y la sentencia de primera instancia fue proferida antes de la notificación de la
sentencia de unificación, esta regla jurisprudencial no resulta aplicable.

6 De conformidad con la Ley 1523 de 2012, los Consejos Municipales de la Gestión de Riesgos de

Desastres son instancias de coordinación y orientación cuyo propósito es optimizar el desempeño
de las diferentes entidades públicas, privadas y comunitarias en la ejecución de acciones de gestión
del riesgo.

7 Creada por el Decreto 4147 de 2011 como Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica,

autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama
Ejecutiva, de la orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República.

14

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

“Las acciones de grupo o de clase se originan en los daños ocasionados a un
número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para
obtener la respectiva reparación y (…) a pesar de referirse a intereses comunes,
se pueden individualizar en relación con el daño cuya indemnización se
persigue. En este caso, se trata de proteger intereses particulares de sectores
específicos de la población (por ejemplo, consumidores), de ahí su denominación
original de Class Action. En cuanto se refiere a las acciones de clase o de grupo,
hay que señalar que estas no hacen relación exclusivamente a derechos
constituciones fundamentales, ni únicamente a derechos colectivos, toda vez que
comprenden también derechos subjetivos de origen constitucional o legal, los cuales
suponen siempre – a diferencia de las acciones populares – la existencia y
demostración de una lesión o perjuicio cuya reparación se reclama ante la juez. En
este caso, lo que se pretende reivindicar es un interés personal cuyo objeto es
obtener una compensación pecuniaria que será percibida por cada uno de los
miembros del grupo que se unen para promover la acción. Sin embargo,
también es de la esencia de estos instrumentos judiciales que el daño a reparar sea
de aquellos que afectan a un número plural de personas que por su entidad deben
ser atendidos de manera pronta y efectiva” 8.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original)

Asimismo, esta Corporación ha determinado que:

“La ley 472 de 1998 exige como requisito de procedibilidad que el grupo que hace
uso de la acción reúna condiciones uniformes respecto de la causa del daño
(…).

En otras palabras, se exige identidad de la causa generadora del daño por el cual
se pide la correspondiente indemnización de perjuicios. Requisito de acreditación
de legitimidad procesal por activa, coherente del todo con la naturaleza plural del
mecanismo procesal (mínimo 20 personas), que conlleva la necesidad de probar
que el hecho dañoso, con independencia de que sea instantáneo o sucesivo, es el
‘origen de los perjuicios que se demandan, lo que permite que una o varias personas
que han sufrido un daño individual puedan interponer una acción que beneficie al
grupo, en lugar de presentar numerosas y múltiples acciones en interés particular,
en el entendido de que las controversias son muy parecidas y la solución o decisión
en derecho podrá ser la misma y con efectos respecto de todos ellos (cosa juzgada
ultra partes)'.”9
(Negrilla fuera del texto original).

3.- Resulta indispensable identificar si la causa del daño es la misma para todos los
demandantes, siendo esta la senda para establecer el requisito de uniformidad en
la causa que la ley exige, de suerte que su examen se constituye como elemento
de procedibilidad de este medio de control, sin cuya configuración no resulta viable
analizar el fondo del asunto. En ese sentido, el Consejo de Estado ha considerado:

8 Corte Constitucional. Sentencia C-215 de 1999.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de

marzo de 2011. Exp: 23001-23-31-000-2003-00650-02(AG).

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

“Conforme a lo anterior, la Sala 10 puntualizó que el análisis de las condiciones
uniformes respecto de una misma causa que generó perjuicios, como requisito
de procedibilidad de la acción, debe realizarse así: i) en primer término
identificar el hecho o hechos generadores alegados en la demanda y determinar
si éstos son uniformes para todo el grupo; ii) en segundo término, mediante el
análisis de la teoría de la causalidad adecuada, determinar si éstos hechos
generadores tienen un mismo nexo de causalidad con los daños sufridos por
los miembros del grupo; y iii) finalmente, ‘… el resultado de este análisis debe
ser la identidad del grupo, como pluralidad de personas que sufren unos daños
originados en uno o varios hechos generadores comunes a todos; (sic) si se
descubre lo contrario, en cualquiera de los dos pasos, debe concluirse la
inexistencia del grupo y por consiguiente la improcedencia de la acción …” 11.

4.- Se destaca, entonces, que el medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo tiene como único propósito obtener la indemnización de los
perjuicios causados a cada individuo 12 cuando existan condiciones uniformes
respecto de una misma causa generadora de un daño y ésta haya afectado a
mínimo 20 personas13. Sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la
Corte Constitucional han admitido un número inferior de demandantes, siempre que
se señalen los criterios que permitan identificar la vocación grupal de las
pretensiones; esto es, que la causa del daño haya podido perjudicar al menos a 20
personas, de la siguiente manera:

“Explicó la Corte en la Sentencia C-898 de 2005, acorde con la jurisprudencia
del Consejo de Estado, que la interpretación que debe darse al inciso tercero
(3°) del artículo 46 de la Ley 472 de 1998, es la de que, la exigencia de que
el grupo debe estar integrado al menos por veinte personas, no puede
entenderse como un obstáculo para la presentación de la demanda, en
cuanto no se requiere la concurrencia de todos ellos para tal acto, toda vez
que, de conformidad con el artículo 48 del mismo ordenamiento, en la acción
de grupo el actor o quien actúa como demandante, representa a las demás
personas que hayan sido afectadas por los hechos lesivos. Por ello, lo que
resulta exigible al actor al momento de presentar la demanda, a la luz del
numeral cuarto (4°) del artículo 52 del mismo ordenamiento, es el deber de
señalar en ella la identidad de por lo menos veinte de los miembros del grupo
afectado o, en todo caso, señalar los criterios que permitan su
identificación por parte del juez. Sobre este particular, la Corte sostuvo en el
referido fallo:

‘Así mismo que en relación con el número mínimo de 20 personas, el Consejo
de Estado, luego de dicha decisión de constitucionalidad ha precisado que el
número mínimo aludido no puede entenderse tampoco como una limitante para

10 Original de la cita: “Ibídem”.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de diciembre de 2017, Exp. 41001-23-31-000-2004-00120-01(AG), M.P. Carlos
Alberto Zambrano Barrera.
12 Corte Constitucional. Sentencia C- 215 de 1999 y Sentencia C- 1062 de 2000.
13 Artículo 46 de la Ley 472 de 1998.

16

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

la presentación de la demanda pues no es indispensable la concurrencia de
todos ellos al momento de dicha presentación, toda vez que, de conformidad
con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 48 de la Ley 472 de 1998, ‘[e]n la
acción de grupo el actor o quien actúe como demandante, representa a las
demás personas que hayan sido afectadas individualmente por los hechos
vulnerantes, sin necesidad de que cada uno de los interesados ejerza por
separado su propia acción, ni haya otorgado poder’. El Consejo de Estado ha
advertido que si bien la acción puede ser interpuesta por una persona esta
debe actuar en relación con el daño causado a un grupo no inferior de 20
personas y que la demanda debe, en todo caso establecer los criterios que
permitan la identificación del grupo afectado.’

De esta manera, en la Sentencia C-898 de 2005, la Corte concretó el alcance
de la exigencia contenida en el inciso tercero (3°) del artículo 46 de la Ley 472
de 1998, en el sentido de precisar que no se requiere conformar un grupo
para demandar en acción de grupo, pues cualquier persona puede
instaurarla en nombre y representación del colectivo afectado con el
mismo daño, debiendo sí proporcionar en la demanda el nombre de por lo
menos veinte de los integrantes del mismo grupo, o en su defecto, señalar
los criterios para identificarlos y definirlos.”14.
(Negrillas fuera del texto original).

De acuerdo con esta Sección15, la exigencia de que el grupo actor reúna
condiciones uniformes respecto de la causa que originó los perjuicios implica la
existencia de una litis colectiva, de «conveniencia y trascendencia social», que
excede una mera acumulación subjetiva de pretensiones, y justifica un trámite
preferencial y sumario16, de modo que:

“Lo que se requiere, es acreditar desde la demanda la existencia misma del grupo y
su conformación por un número superior a veinte víctimas, para valorar la
procedencia de la acción y, por tanto, al demandante le corresponde señalar
cuáles son las razones por las cuales, en su concepto, resulta necesario acudir
a la acción de grupo y no a las acciones ordinarias para que las víctimas que
conforman el grupo al que se refiere la demanda, logren la indemnización de
daños que se pretende en ella. Y, será el Juez quien en el auto admisorio de la
demanda valore la procedencia de la acción de grupo por corresponder a una causa
común y decida si ella es apropiada para resolver el asunto planteado en la
demanda, sin perjuicio de que al momento de decidir el superior, por ejemplo, el
recurso de apelación, verifique este presupuesto de la acción.”17.
(Negrillas fuera del texto original).

5.- Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que, con posterioridad a la sentencia

14 Corte Constitucional. Sentencia C-116 de 2008. Criterio también sostenido por el Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 10 de febrero de 2005.
Exp: AG-25000-23-06-000-2001-00213-01.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 16 de

abril de 2007. Exp: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG).
16 Artículos 53, 62 a 64 y 67 de la Ley 472 de 1998 y la sentencia C-569 de 2004 de la Corte

Constitucional.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 16 de

abril de 2007. Exp: 25000-23-25-000-2002-00025-02(AG).

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

C-569 de 8 de junio de 2004 de la Corte Constitucional, mediante la cual fueron
declaradas inexequibles las expresiones “[l]as condiciones uniformes deben tener
también lugar respecto de todos los elementos que configuran la responsabilidad”,
la trascendencia social de las pretensiones responde a que el perjuicio haya sido
sufrido por más de 20 personas, de manera que:

“(…) Desaparecido este criterio diferenciador, para distinguir entre la
procedencia de la acción de grupo y una acumulación subjetiva de
pretensiones en las demás acciones reparatorias, no queda sino el número de
personas afectadas con el daño proveniente de una misma causa. (…)”18.
(Negrillas fuera del texto original)

De esta manera, si los demandantes pueden demostrar que las pretensiones se
dirigen a la indemnización de perjuicios causados a un número mínimo de 20
personas que reúnen condiciones uniformes respecto de la causa que los originó,
procede el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo, y el
juez debe darle el trámite correspondiente19.

Sobre este punto, la doctrina ha resaltado que en la legislación colombiana se ha
admitido que la vocación de grupo que habilita esta acción responda exclusivamente
al número fijado por la ley, a diferencia de las class actions del derecho
estadounidense, en la que la rule 23 de la Federal Rules of Civil Procedure dispone
que el requisito consiste en que la cantidad de los miembros de la clase sea tan
numerosa que no sea posible atender todas las demandas a través de
litisconsorcio20.

6.- En oportunidad anterior, esta Sección estimó procedente el ejercicio del medio
de control de reparación de perjuicios causados a un grupo para reclamar el daño
derivado de la falta de reconocimiento del pago de los auxilios económicos
ordenados en el marco de la declaratoria de emergencia por la ola invernal de 2011,
en los siguientes términos:

En el sub lite se pretende la indemnización de los perjuicios supuestamente
causados como consecuencia del no pago del auxilio económico previsto en la
Resolución 074 de del 15 de diciembre de 2011 que, según se alega, se debía

18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 6 de

octubre de 2005. Exp: 41001-23-31-000-2001-00948-01(AG); criterio reiterado en la sentencia del
16 de abril del 2007.
19 Guayacán Ortiz, Juan Carlos. Las acciones populares y de grupo frente a las acciones colectivas.

Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 2013. P. 389.
20 Ibidem.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

a los miembros del grupo en su condición de damnificados por la ola invernal
de 2011 y que no se reconoció en su favor, por cuanto el censo consolidado en
el que se hallaban incluidos fue aportado extemporáneamente por parte del
FOPAE a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

La existencia de la causa común alegada como génesis del daño se encuentra
acreditada a través del censo21 realizado a la población de las localidades de
Bosa y Kennedy del Distrito Capital, damnificada con la ola invernal de 2011,
entregado el 29 de febrero de 2012 por el Fondo de Prevención y Atención de
Emergencias a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el cual,
en concordancia con lo ocurrido en reunión del 27 de abril de 2012, llevada a
cabo entre el FOPAE, la UNGRD, representantes de la Personería Distrital y
varios voceros de la comunidad22, no fue tomado en consideración por la
autoridad de gestión del riesgo, por lo que a las personas allí relacionadas no
se les hizo entrega del subsidio económico ordenado en la Resolución No. 074
de 201123.

7.- En el sub examine se plantea como causa común generadora del daño, la falta
de reconocimiento de las ayudas económicas ordenadas por el Gobierno Nacional
en favor de la población damnificada en el municipio de San Cristóbal Bolívar con
la ola invernal del segundo semestre de 2011, debido al cúmulo de irregularidades
en el trámite dispuesto para su entrega en que incurrieron las demandadas en
calidad de actores del sistema nacional de gestión de riesgos y que se concretó en
la remisión extemporánea de los censos de los damnificados a las entidades
competentes, entre otras anomalías.

Para fundamentar la existencia de condiciones uniformes frente a la causa común
del daño se aportó:

La Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011 24, por la cual la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres ordenó el reconocimiento de la suma de
$1’500.000, como apoyo económico para cada damnificado directo con la segunda
temporada de lluvias en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011. También se dispuso el procedimiento para su entrega. Al
anterior acto administrativo se acompañó la Resolución 02 del 2 de enero 2012 25,
por la cual esta misma entidad prorrogó el plazo para la remisión del reporte de los

21 Obra en el CD visible en el folio 492 del cuaderno 1, aportado al proceso por la UNGRD el 7 de

septiembre de 2015.
22 El contenido de lo ocurrido en esa reunión se desprende del oficio que obra a folios 482 y 483 del

cuaderno 1, suscrito por el FOPAE.
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2020, exp. 2013-

00488, C.P. Marta Nubia Velázquez Rico.
24 Folios 412 a 415 del cuaderno 1.
25 Folios 420 a 421 del cuaderno 1.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

damnificados a la UNGRD.

Igualmente, se adjuntó la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014 26, expedida por
la UNGRD en cumplimiento de la sentencia T-648 del 2013 proferida por la Corte
Constitucional, en la cual ordenó rehacer el procedimiento administrativo previsto
para la entrega de los apoyos económicos reconocidos a los damnificados con la
ola invernal que hasta esa fecha no se habían brindado, debido a las irregularidades
en que incurrieron las distintas entidades del sistema de gestión de riesgos a cargo
de ese trámite.

Y para sustentar la conformación del grupo actor en conexidad con la causa que se
aduce como fuente del daño, allegaron los siguientes documentos:

• Certificación27 expedida por el secretario de planeación, obras públicas y
finanzas del municipio de San Cristóbal, en cuyo contenido se hace constar
que “como consecuencia del desastre generado por el fenómeno de la niña,
específicamente la llamada ola invernal del segundo semestre del año 2011,
del periodo comprendido del 1° de septiembre al 10 de diciembre, en la
jurisdicción municipal se causaron grandes pérdidas materiales y
afectaciones en unidades de vivienda al momento de los eventos y que
sufrieron daños en el inmueble y bienes al interior del mismo”. A ese
documento se acompañó el censo28 de damnificados, jefes de hogar,
integrado entre otros, por las siguientes personas:

Tomasa Julio Ortiz, Guillermina Villa Suárez, Ingrid Jaramillo Murillo, Sara
San Juan Sarabia, Tibisay Castilla Ortiz, Zayda Romero González, Berta
Guerrero de Ramos, Domingo Ortiz Peña, Temilda Mercado Mercado, José
Guillermo Zapata Rodríguez, Elis Julio de Monterosa, Catalina Hernández
Jiménez, Luis Ramón Ortiz Rivera, Manuela Ospino Rojano, Emelina
Torrenegra Villa, Justo Rafael Cantillo Martínez, Yaneth Molina Villa, Victoria
Castilla Jaramillo, Jakenis Ester Escorcia Cantillo, Osiris Ortiz Guerrero,
Gloriceth Rodríguez Marengo, Alberto Rodríguez Reales, José Luis
Rodríguez Orozco, Enilsa Morales Castilla, Denis Orozco de Cantillo, Amada
Jiménez, Julio José Pino Carrera, Carlina Ahumada Jaramillo, Evelin
Jaramillo Mercado, Carmen Rosa Puello Castilla, Fredis Catalino
Barcasnegras Mendoza, Elsel del Socorro Ortiz Torres, Fredis Reales Ortiz,
Ramona Maza Camargo, Catalino Sierra Ospino, Orlando Mármol Utria,
Beatriz García Castillo, Nesly María Sierra Mendoza, Genoveva Cueto

26 Folios 422 a 431 del cuaderno 1.
27 Folios 146 a 165 del cuaderno 1.
28 También reposa en el archivo digital CD2233 de la carpeta escaneada, enviada por el Tribunal de

origen en cumplimiento del auto del 15 de julio de 2025. Índice 49 aplicativo SAMAI.

20

Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

Almanza, Omar Rodríguez Martínez, Edith Moreno Sierra, Dalida Jiménez
Utria, Donatila Cassiani de Sierra, Aura Castillo Polo, Jesús María Utria
Mendoza, Cristina Bolaño de Utria, Luz Padilla Medina, Daniel Cueto de los
Ríos, Lucy Alma Orozco Almanza, Alex Alfonso Moreno Utria, María del
Carmen Rodríguez, Vera Judith Utria Cera, Rafael Enrique Romero Maza,
Rosa Margarita Jinete Martínez y José de la Cruz Ospino Pérez29.

• La sentencia de tutela dictada el 16 de enero de 2015 30, por el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de San Cristóbal, en la cual se amparó el
derecho al debido proceso de los damnificados de la ola invernal de 2011,
habitantes de ese municipio, luego de constatar que, a esa fecha, -posterior
a la presentación de la demanda inicial-, continuaban las irregularidades
administrativas que habían impedido la entrega de los recursos destinados a
atender a las familias afectadas.

• Informe31 rendido por el secretario de planeación, obras públicas y finanzas
del municipio de San Cristóbal, en el que se evidencia que la frustración en
el trámite de la entrega de las ayudas a los damnificados del municipio de
San Cristóbal obedeció a la extemporaneidad con que se presentó el censo
de afectados ante el organismo departamental CREPAD Bolívar.

8.- De acuerdo con lo expuesto en líneas precedentes, la conformación del grupo
de más de 20 afectados que aducen haber sufrido perjuicios por no recibir la entrega
del apoyo económico decretado en la Resolución 074 de 2012, como consecuencia
de la ola invernal, satisface los requisitos legales exigidos para la procedencia de
este medio de control, en la medida en que se demostró la condición de afectados
con el fenómeno meteorológico y, por tanto, su calidad de aspirantes al beneficio
económico decretado por el Gobierno Nacional, que, según se afirma, no se ha
reconocido por causa de anomalías en el trámite dispuesto para su entrega.

La circunstancia anotada da cuenta de la uniformidad de la causa que originó los
daños reclamados por el número mínimo de personas, dado que con los
documentos antes relacionados se demostró que la no entrega de los subsidios
ordenados en favor de los damnificados, en el caso del municipio de San Cristóbal

29 Cabe precisar en todo caso que, en auto de 9 de junio de 2017, el Tribunal de origen negó la

integración al grupo de otros demandantes que aspiraban hacer parte del mismo, decisión que luego
de ser recurrida en reposición fue confirmada en providencia del 4 de septiembre de 2018 en la que
resolvió recurso de reposición negando y rechazado el de apelación.
30 Folios 462 a 474 del cuaderno 1.
31 Folios 405 y 406 del cuaderno 1.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

obedeció a la extemporaneidad de la remisión del reporte de afectados al CREPAD.

3. Demanda en tiempo

9.- El instituto de la caducidad, inicialmente regulado en la Ley 472 de 1998, fue uno
de los aspectos modificados expresamente por el CPACA, compendio que en su
literal h) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé qué:

“Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el reconocimiento y pago
de indemnización de los perjuicios causados a un grupo, la demanda deberá
promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se causó el
daño. (…)”.

10.- El daño cuya reparación se pretende se materializó en la no entrega de la ayuda
económica dispuesta en la Resolución No. 074 de 2011 a los damnificados directos
de la ola invernal en el municipio de San Cristóbal, precisado lo cual concierne
realizarse la siguiente acotación en torno al cómputo de la caducidad.

11.- Debe tenerse en consideración que, si bien se presentó originalmente la
demanda el 30 de enero 2014, posteriormente se allegó escrito de reforma en el
que se incorporaron pretensiones y hechos nuevos acaecidos luego de la
formulación del escrito introductorio, circunstancias que, acorde con la posición
unificada32 de esta Corporación, ameritan apreciarse de manera independiente para
efectos de la respectiva oportunidad en que fueron instauradas.

11.1.- En la demanda inicial, presentada el 30 de enero de 2014, se pusieron de
presente como causas generadoras del daño, lo acontecido respecto de la entrega
extemporánea del censo de damnificados en los plazos dispuestos en las
Resoluciones 074 del 15 de diciembre de 2011 y 02 del 2 de enero de 2012, término
que vencía el 30 de enero de 2012. Se aduce que, al no haberse remitido el censo

32
“[L]a jurisprudencia de esta Sección se unifica en el sentido de que toda pretensión debe
efectuarse dentro del término en que se puede ejercer el derecho de acceder a la administración de
justicia, período que sólo puede ser suspendido pero no interrumpido, de tal forma que su
contabilización continua hasta su culminación sin que sea relevante que con anterioridad a su
vencimiento se presente en forma oportuna peticiones en ejercicio del derecho de acción señalado,
por lo que se impone que se verifique la caducidad de toda nueva pretensión sin perjuicio de que
ésta se formule al comenzar un proceso, o durante su trámite vía reformulación del libelo introductorio
(…) tal como la presentación de pretensiones requieren que las mismas sean elevadas en el término
establecido para ello por la caducidad de la acción, so pena de que se rechacen al momento de
admitirse la demanda o su reforma, o se denieguen cuando se profiera el fallo correspondiente”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de mayo del 2016, exp.40777, C.P. Danilo Rojas
Betancourth.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

en esa fecha por el CLOPAD (hoy CMGRD) ante el CREPAD (hoy CDGRD) y luego
a la UNGRD, este organismo se abstuvo de reconocer los auxilios.

La Sala no tiene conocimiento de la fecha en que se devolvió el censo al CLOPAD
por su aporte tardío. Sin embargo, teniendo en cuenta que el término para la
presentación del censo se cumplía el 30 de enero de 2012 y que este fue rechazado
por extemporáneo, se tiene que al haberse interpuesto la demanda inicial el 30 de
enero de 2014, esto es, dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se
presentó la irregularidad que le sirve de fundamento a la reclamación del daño, se
colige que su interposición fue oportuna.

11.2.- A su turno, el 10 de febrero de 2015, el grupo actor reformó la demanda
introduciendo nuevos hechos consistentes en que en la Corte Constitucional en
sentencia T-648 de 2013, advirtió que en el trámite de reconocimiento de las apoyos
económicos destinados a los damnificados de la ola invernal de 2011 se
presentaron anormalidades que resultaron en una vulneración sistemática y masiva
de derechos fundamentales de numerosas familias, por lo que ordenó a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD rehacer el procedimiento
administrativo dispuesto en la Resolución 074 de 2011, orden que se materializó en
la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014.

Continuando su relato, en el escrito reformatorio precisaron que, pese lo anterior,
las entidades del sistema de atención de desastres nuevamente cometieron fallas
que se tradujeron una vez más en el envío extemporáneo del censo de afectados a
las entidades regionales, siendo que la fecha para ese propósito vencía el 17 de
octubre de ese mismo año, razón por la cual los demandantes no pudieron acceder
al auxilio económico.

Manteniendo la misma lógica observada frente la demanda inicial, se tiene
conocimiento que el 18 de noviembre de 2014, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgos de Desastres informó al municipio de San Cristóbal que “el plazo
establecido para la entrega en la UNGRD de dicha información por parte de los
CMGRD, venció el pasado 17 de octubre de 2014, (…) Es decir, que su solicitud fue
presentada de manera extemporánea a la UNGRD y por ende no puede ser tenida

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

en cuenta para iniciar la actuación administrativa dispuesta, conforme a la
Resolución No. 840 de 2014”33.

De ahí, resulta claro que para la fecha en que se interpuso la reforma -10 de febrero
de 2015-, no habían trascurrido los dos años desde que la UNGRD rechazó el
nuevo reporte de víctimas -18 de noviembre de 2014-, razón con sustento en la cual
es válido colegir que su formulación se llevó a cabo dentro del término de
caducidad.

4. Legitimación en la causa por activa.

12.- En ese sentido conviene hacer referencia a la postura jurisprudencial del
Consejo de Estado conforme a la cual, frente a “la concepción de la legitimación en
la causa en el marco de la acción constitucional de grupo, se centró en la
interpretación del contenido normativo de los artículos 46 y 47 de la Ley 472 de 1998
y al respecto concluyó que este presupuesto se conecta con la exigencia de que
existan condiciones uniformes respecto de la causa que generó el daño ...”34.

13.- Como se anotó en precedencia, los demandantes35 que impetraron el presente
medio de control demostraron la válida integración al grupo como afectados con la
ola invernal de 2011, a quienes, arguyeron, a pesar de estar inscritos en el censo,
no se les ha reconocido la ayuda económica decretada en Resolución 074 de 2011,
circunstancia que, a su turno, permite determinar la legitimación en la causa por
activa que les asiste para reclamar en el presente juicio la reparación del daño

33 Folios 1 y 2 de la carpeta DVD 2280. Audiencia del expediente escaneado.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 2 de febrero de 2001,

exp. AG 017, C.P. Alier E. Hernández Enríquez, reiterada por la Sección Tercera en sentencia del
31 de julio de 2020, exp. AG 2013-00488, C.P. Marta Nubia Velázquez Rico.
35 Tomasa Julio Ortiz, Guillermina Villa Suárez, Ingrid Jaramillo Murillo, Sara San Juan Sarabia,

Tibisay Castilla Ortiz, Zayda Romero González, Berta Guerrero de Ramos, Domingo Ortiz Peña,
Temilda Mercado Mercado, José Guillermo Zapata Rodríguez, Elis Julio de Monterosa, Catalina
Hernández Jiménez, Luis Ramón Ortiz Rivera, Manuela Ospino Rojano, Emelina Torrenegra Villa,
Justo Rafael Cantillo Martínez, Yaneth Molina Villa, Victoria Castilla Jaramillo, Jakenis Ester Escorcia
Cantillo, Osiris Ortiz Guerrero, Gloriceth Rodríguez Marengo, Alberto Rodríguez Reales, José Luis
Rodríguez Orozco, Enilsa Morales Castilla, Denis Orozco de Cantillo, Amada Jiménez, Julio José
Pino Carrera, Carlina Ahumada Jaramillo, Evelin Jaramillo Mercado, Carmen Rosa Puello Castilla,
Fredis Catalino Barcasnegras Mendoza, Elsel del Socorro Ortiz Torres, Fredis Reales Ortiz, Ramona
Maza Camargo, Catalino Sierra Ospino, Orlando Mármol Utria, Beatriz García Castillo, Nesly María
Sierra Mendoza, Genoveva Cueto Almanza, Omar Rodríguez Martínez, Edith Moreno Sierra, Dalida
Jiménez Utria, Donatila Cassiani de Sierra, Aura Castillo Polo, Jesús María Utria Mendoza, Cristina
Bolaño de Utria, Luz Padilla Medina, Daniel Cueto de los Ríos, Lucy Alma Orozco Almanza, Alex
Alfonso Moreno Utria, María del Carmen Rodríguez, Vera Judith Utria Cera, Rafael Enrique Romero
Maza, Rosa Margarita Jinete Martínez y José de la Cruz Ospino Pérez.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

alegado.

Cobra relevancia destacar que aun cuando en la sentencia de primera instancia, el
a quo estimó que los demandantes carecían de legitimación en la causa material
por no acreditar su condición de damnificados directos titulares del derecho que
buscan reivindicar a través de la presente acción y así lo declaró en la parte
resolutiva, ciertamente esta instancia se aparta de esa consideración.

Frente a este tópico es necesario aclarar que la condición de damnificados directos
de los demandantes, de la que pretenden derivar su calidad de acreedores del
auxilio económico decretado por Gobierno Nacional, constituye una circunstancia
que atañe a la certeza del daño alegado y, por tanto, es al abordar el fondo del
asunto que concierne analizarla, a la luz de los cargos del recurso de la apelación
propuestos y de las pruebas válidamente recaudadas.

Por lo demás, se advierte que los actores se encuentran legitimados en la causa
por activa tras demostrar su inclusión en el censo de afectados, aspecto del cual
desprende su aspiración a ser reconocidos como damnificados directos, siendo esta
la premisa que habilita el subsiguiente estudio de los elementos de la
responsabilidad endilgada a las demandadas.

5. Legitimación en la causa por pasiva

14.- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra
legitimada en la causa por pasiva, por ser la entidad que expidió las resoluciones
074 de 2011, 02 de 2012 y 840 de 2014 que fungieron como fundamento para el
reconocimiento del auxilio económico en favor de los afectados con las fuertes
lluvias en el municipio de San Cristóbal, entidad a la que se atribuyen fallas en la
publicidad para el cumplimiento de los requisitos previstos para acceder al apoyo
económico decretado en esos actos.

15.- El departamento de Bolívar – Consejo Departamental para la Gestión de
Riesgos de Desastre CDGRD tiene legitimación para integrar el extremo pasivo del
litigo, habida cuenta de que se le imputan fallas en sus funciones de coordinación
con las entidades de nivel municipal para el diligenciamiento y recibo del censo de
damnificados con la ola invernal de 2011.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

16.- También le asiste legitimación en la causa por pasiva al municipio de San
Cristóbal – Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastre CMGRD por
ser el ente que, se sostiene, remitió tardíamente el reporte de afectados al Consejo
Departamental ocasionando que no se accediera al pago del auxilio económico.

6. Objeto de la apelación

17.- Según el tribunal de primera instancia, en el presente caso no se concretó el
daño reclamado porque el hecho de estar incluidos en el censo de afectados no
convertía a los accionantes automáticamente en damnificados directos y, por tanto,
en beneficiarios del auxilio pecuniario, siendo indispensable que cumplieran con los
requisitos previstos en la Resolución 074 y en la circular del 16 de diciembre de
2011, cuestión que no fue demostrada en este proceso.

18.- Los recurrentes discreparon de dicho razonamiento, pues, en su criterio, su
inscripción en el censo de afectados sí permitía evidenciar el cumplimiento de los
requisitos exigidos para ser acreedores del auxilio ordenado por el Gobierno
Nacional, en la medida en que dichas planillas fueron diligenciadas por el CLOPAD
de San Cristóbal, entidad pública encargada de hacer constar que los enlistados
llenaran las exigencias contempladas en las normas aplicables, información que se
presumía veraz.

19.- En síntesis, el reparo expuesto en la impugnación gira en torno a la
configuración del daño reclamado. Despejado esto, el análisis de la Sala se
contraerá a establecer si en el caso está configurado ese elemento estructurante de
la responsabilidad, cometido para el cual esta instancia se apoyará en el estudio
previo del contexto normativo y fáctico relacionado con el reconocimiento y pago de
la ayuda económica a los damnificados de la ola invernal de 2011 en el municipio
de San Cristóbal – Bolívar.

7. Contexto normativo y fáctico relacionado con el reconocimiento y pago
de la ayuda económica a los damnificados de la ola invernal de 2011 en
el municipio de San Cristóbal – Bolívar

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

20.- En atención a la multiplicidad de acontecimientos que rodearon lo concerniente
a la entrega de las ayudas humanitarias, este recuento se dividirá en cuatro etapas
a saber:

7.1. La expedición de la Resolución 074 de 2011 que sirvió de fundamento
para la entrega de los apoyos

21.- En 2010 se presentó una fuerte ola invernal, conocida como el fenómeno de
“La Niña” que motivó la declaratoria de desastre nacional en todo el territorio,
adoptada mediante Decreto 4579 del 7 de diciembre de 2010, por el cual se
establecieron varias líneas de acción, entre ellas, la prestación de asistencia
humanitaria a las familias afectadas.

22.- Dentro del marco de esa emergencia, la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres UNGRD expidió la Resolución 074 del 15 de diciembre de
201136, en la que ordenó el pago hasta la suma de $1.500.000,oo como apoyo
económico, para cada damnificado directo por los eventos hidrometeorológicos de
la segunda temporada de lluvias en el período comprendido entre el 1 de septiembre
y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional, que se encontraran incluidos
como tal en el registro emitido por los Comités Locales y Regionales de Atención y
Prevención de Desastres.

23.- En ese acto administrativo, se incorporaron las exigencias y el trámite para el
desembolso de los recursos.

En cuanto a lo primero, esto es, a la exigencia que debían reunir sus futuros
beneficiarios, se dispuso que:

• El beneficiario de la ayuda económica sería el damnificado directo, entendido
este como la familia residente en la unidad de vivienda afectada al momento
del evento que hubiera sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles
al interior del mismo, ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de la
segunda temporada de lluvias en el período comprendido entre el 01 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional.

36 Folios 169 a 172 del cuaderno 1.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

• El pago se haría en favor de quien figurara como jefe de hogar en el registro
del CLOPAD.

Frente al trámite dispuesto para el reconocimiento del apoyo económico, se
estableció:

• Los recursos serían entregados por el Fondo de Calamidades, a través del
Banco Agrario, a quien se encontrara registrado como damnificado directo.

• Los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD,
en cabeza del alcalde municipal, debían diligenciar la planilla de apoyo
económico de los damnificados directos, información que sería reportada a
la UNGRD a más tardar el 30 de diciembre de 2011.

• La entrega de la información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres debía estar firmada por el alcalde municipal y el coordinador
del CLOPAD y avalada por el Coordinador del CREPAD, a quien
correspondía realizar las acciones necesarias para que los diferentes
municipios con afectaciones, dentro de su departamento, entregaran la
información en debida forma, en el tiempo determinado, así como del
seguimiento de la entrega y aplicación de estos recursos.

• Los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD,
en cabeza del respectivo alcalde, sería la única instancia responsable para
el diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión total de damnificados y
entrega de estas en los términos señalados, es decir, con los soportes de la
afectación.

24.- En consonancia con lo anterior, al día siguiente, 16 de diciembre de 2011, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD expidió la
Circular Informativa37 para los gobernadores, alcaldes, entidades técnicas y
operativas del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
CREPAD Y CLOPAD, en la que ponía en conocimiento los requisitos para acceder
a la asistencia económica, los cuales detalló en los siguientes términos:

37 Folios 173 a 175 del cuaderno 1.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

1. Ser cabeza de hogar damnificado por la segunda temporada de lluvias, periodo
comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
2. Habitar el primer piso de la vivienda afectada.
3. Estar registrado en la Planilla correspondiente, avalada por los CLOPAD y
CREPAD.
4. Presentación de la cédula de ciudadanía amarilla con holograma.
5. Cada jefe de hogar deberá registrarse una sola vez en la planilla.

En lo concerniente al trámite, la Unidad Nacional informó que: i) los CLOPAD debían
analizar y evaluar el nivel de afectación que se presentara en su jurisdicción; ii) el
CLOPAD diligenciaría físicamente la planilla y elaboraría el acta que respaldara
dicho registro; iii) el CREPAD debía revisar y firmar las planillas y enviar a la Unidad
Nacional la solicitud de ayuda departamental; iv) La Unidad Nacional revisaría los
documentos enviados por los CREPAD y remitiría a la Fiduciaria La Previsora S.A.,
los registros que cumplieran con los requisitos, adjuntos a la respectiva solicitud de
desembolso.

En contraste, el contenido de las planillas y el procedimiento para su
diligenciamiento a cargo del CLOPAD era el siguiente:

-. Fecha del Evento: Día, mes y año en el cual se presentó el evento que causó la
afectación. Entre 1 de septiembre y 10 de diciembre de 2011.

-. Lugar: barrio, condominio, conjunto residencial, vereda, resguardo, otros.

-. Entidad que reporta: Nombre de La institución que hace parte del CLOPAD
encargada de levantar La información en campo.

-. Responsable de diligenciamiento: Nombre de la persona encargada del
diligenciamiento de la planilla perteneciente a la entidad que reporta.

-. Tipo de Evento: identifique el evento causante de la afectación (inundación,
avalancha, deslizamiento, granizada, tormenta eléctrica, tornado y vendaval).

-. Nombre de jefe del hogar: Nombres y apellidos completos la persona residente
habitual del hogar, que es reconocida como tal por los demás miembros del hogar,
en razón a su edad, respeto, autoridad, o por ser el principal sostén económico del
hogar.

-. No. de identificación C.C.: Número de la cédula de ciudadanía original amarilla
con holograma. No se aceptan contraseñas, así estén autenticadas.

-. Dirección: Identificar el lugar de domicilio, especificando si es rural o urbano.

-. Afectación familiar:

a. Número de personas que habitan la vivienda afectada, en el primer piso, incluido el
jefe del hogar.
b. Señale con una X si la vivienda fue destruida o averiada.
c. Especifique la tenencia del inmueble, así: A: arrendatarios ó P: propietarios.

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Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

25.- En Resolución 02 del 2 de enero de 2012, la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres UNGRD decidió ampliar el plazo para hasta el 30 de enero
de 2012, para entregar la información a esa dependencia, en los mismos términos
y cumplimiento de requisitos referidos en la Resolución 074 de 2011.

26.- De lo expuesto hasta este punto, se desprende que:

Los organismos municipales, a través de los CLOPADS debían realizar un
diagnóstico de la afectación en su respectiva jurisdicción respecto de cada uno de
los afectados y diligenciar los censos de damnificados, con observancia de los
requisitos contemplados en las disposiciones aludidas, listados que debían remitirse
a los CREPAD para su aval, siendo estas las dependencias que verificarían el
cumplimiento de esos requisitos.

Agotada esta fase, los CREPAD enviarían los documentos a la Unidad Nacional
para que ésta autorizara los respectivos desembolsos en favor de los damnificados
directos de la ola invernal 2011.

La remisión de esos documentos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres debía llevarse a cabo hasta el 30 de enero de 2012.

7.2. Las irregularidades presentadas en el marco de la actuación
administrativa dispuesta en la Resolución 074 de 2011 que motivó la
expedición la sentencia T-648 de 2013 por la Corte Constitucional

27.- En el proceso se evidenció que, en el caso del municipio de San Cristóbal, se
presentaron irregularidades en la etapa de remisión de la información al nivel
central, toda vez que no se respetó el plazo contemplado para ese propósito.

28.- Ello obedeció al hecho de que las autoridades departamentales interpretaron
que la fecha límite para su envío vencía el 10 de diciembre de 2011, por cuanto de
acuerdo con la redacción del artículo tercero de la Resolución 074 se establecía
ambiguamente que la información debía reportarse en el periodo comprendido entre

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
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grupo

el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 201138, situación que condujo a que las
planillas presentadas en época posterior fueran rechazadas y no se prosiguiera con
el trámite de verificación de requisitos y desembolso de los apoyos económicos.

De estos acontecimientos da cuenta el informe presentado por el coordinador de la
CRGRD de San Cristóbal.

En nuestra administración se ejecutó una segunda etapa de verificación, donde se
lograron censar a otras 156 unidades familiares que estando en zonas afectadas, no
habían sido incluidas en el censo en mención, el cual no se reportó para el mes de
enero del año 2012, a la CREPAD Bolívar en el inicio de nuestras y competencias
para asumir el cargo, dado que el Coordinador de dicho Comité que a su vez
coordinaba a todos los Municipios del Departamento de Bolívar en lo concerniente a
la entrega de la información de damnificados en debida forma y en el tiempo
determinado (Enero 30 2012 Resolución No 002 de 2012), nos informó al llegar a las
dependencias Departamentales que el plazo máximo para la entrega de la
información citada- Planillas Damnificados de la Segunda Temporada de Lluvias del
año 2011 había sido hasta el 10 de Diciembre de 2011, información que se le dio
veracidad por la importancia y función de quien nos la transmitía (nuestro
Coordinador), información interpretativa errónea que recientemente fue ratificada y
enviada a los Alcaldes del Departamento de Bolívar por medio de la Circular No 033
de Junio 04 de 2013, en la cual frente a la segunda temporada de lluvias del año 2011
se señala textualmente el equívoco de que el plazo para la entrega de la información
era hasta el día 10 de diciembre del año 2011.

Y a su vez si bien la Resolución No 074 de 2011 era clara en establecer el plazo de
entrega de información hasta el día 30 de Diciembre de 2011, dada a conocer a los
Alcaldes y Gobernadores del país que estaban por terminar sus periodos, no se
procedió de igual manera con nosotros los alcaldes entrantes en el sentido que la
UNGRD, frente a la prórroga dispuesta hasta el 30 de enero de 2012 consagrada por
la Resolución No 002 de Enero 02 de 2012 no emitió Circular alguna de información
así como procedió frente a la creación de la primera Resolución, por lo anterior
manifestamos que no recibimos el apoyo requerido por parte de las entidades del
Orden Departamental y Nacional para que estos Damnificados se les pudieran surtir
los tramites que le permitieran obtener la ayuda económica por valor de $1.500,000
ordenada por el Gobierno Nacional39.

29.- Está visto igualmente que esta situación no solamente tuvo ocurrencia en el
municipio de San Cristóbal. Fueron muchos los entes territoriales y
departamentales, entre ellos, Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y Magdalena que
atravesaron las mismas dificultades hermenéuticas en torno a los plazos para remitir
el reporte de los damnificados con la ola invernal de 2011 a la Unidad Nacional,
entre otras anomalías, circunstancia que consecuencialmente desencadenó una
negativa masiva al reconocimiento de los auxilios decretados por el Gobierno
Nacional.

38 Con todo en el artículo 4 de ese mismo acto administrativo sí se contemplaba con precisión que

el plazo de remisión de información a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo era el 30 de
diciembre de 2011, prorrogado en Resolución 02 de 2012 hasta el 30 de enero de esa anualidad.
39 Folios 167 a 168 del cuaderno 1.

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grupo

30.- De cara al contexto de lo sucedido, muchos interesados en ser reconocidos en
calidad de damnificados directos por el fenómeno climático, presentaron sendas
acciones de tutela en procura del amparo de su derecho al mínimo vital y a la
vivienda digna, demandas que finalmente fueron acumuladas y dieron como
resultado la expedición de la sentencia T- 648 del 7 de septiembre de 2013, por
medio de la cual la Corte Constitucional amparó el derecho al debido proceso de los
accionantes que encontró cercenado en desarrollo de la actuación administrativa
dispuesta en la Resolución 074 de 2011.

En curso de su análisis, el máximo órgano constitucional advirtió una serie de
situaciones irregulares en desarrollo de la referida actuación administrativa, a saber,
existieron municipios que no reportaron la información a la UNGRD; otros enviaron
documentos que no guardaban relación con el episodio de lluvias del segundo
semestre de 2011; en algunos eventos, se inscribieron en los censos personas que
no residían en los municipios afectados y que no padecieron los efectos de las
inundaciones.

Con base en lo anterior, la Corte consideró:

Debido a que, se evidenciaron fallas en el desarrollo del proceso descrito en la
Resolución 074 de 2011 y en las circulares del 16 de diciembre del mismo año,
esta Sala tutelará el derecho al debido proceso y le ordenará a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres UNGRD que junto con los
CLOPAD y CREPAD verifiquen en primer lugar, cuáles son los municipios que
resultaron afectados por la segunda ola invernal, en segundo término,
corroborar qué personas son cabeza de hogar, residen en el primer piso de la
vivienda afectada y cumplen con todos los requisitos exigidos en las
disposiciones legales mencionadas. Adicionalmente, el DANE deberá enviar el
número estimado de hogares registrados y en todo caso los subsidios otorgados
a cada municipio no podrán superar esta cifra.

Se evidencia que en el desarrollo del procedimiento administrativo para
reclamar el subsidio de un $1.500.000 otorgado por el Gobierno Nacional para
superar la situación calamitosa por la que atravesaron miles de ciudadanos, se
presentaron irregularidades o quebrantamientos en la implementación del
mismo, situación que demuestra una vulneración al debido proceso a los
damnificados de la segunda ola invernal.

Y adicionalmente, el mencionado fallo dispuso:

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

TERCERO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres-
UNGRD que coordine con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD de los
municipios que no hayan enviado el reporte de las planillas para que en el término de
un (1) mes contado a partir de la notificación de esta sentencia, le informe y justifique
ante la Procuraduría General de la Nación el término que considere necesario para
rehacer el proceso administrativo establecido en la Resolución 074 de 2011 y en la
Circular del 16 de diciembre de 2011, el cual no podrá exceder de 6 meses.

7.3. La orden dispuesta en la Resolución 840 de 2014 consistente en rehacer
la actuación administrativa contenida en el Resolución 074 de 2011 para
el pago de los auxilios económicos a los damnificados directos de la ola
invernal de 2011

31.- En cumplimiento de la sentencia T- 648 de 2013 de la Corte Constitucional, la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dictó la Resolución 840
del 8 de agosto de 2014, por medio de la cual ordenó rehacer el procedimiento
previsto en la Resolución 074 de 2011 para entregar los auxilios económicos a
quienes demostraran ser damnificados directos con la ola invernal de 2011, decisión
que habría de cobijar a las personas que se hallaran en los siguientes supuestos:

1.- Ser habitantes de un municipio afectado por la segunda ola invernal de 2011
y encontrándose demostrada su condición de damnificado directo de acuerdo
con la definición de la Resolución 074 de 2011.

2.- Estar registrado en un censo, que no fue enviado o llegó de manera
extemporánea a la UNGRD.

3. . Encontrarse registrado en planillas enviadas en tiempo, pero que no se haya
realizado el pago a los damnificados.

4. Personas que hayan interpuesto acción de tutela por estos mismos hechos
o similares antes del 1 de julio de 2014, fecha en la cual la Honorable Corte
Constitucional notificó a esta entidad la sentencia T-646 del 2013., cuyo fallo
haya sido favorable y el mismo se encuentre en firme.

De conformidad con el artículo segundo de la referida Resolución 840 de 2014, los
municipios que no hubieran enviado las planillas a las autoridades competentes -
cuestión que incluía aquellos que las hubieran remitido fuera de los plazos-, debían
rehacer la actuación administrativa en los términos de la Resolución 074 de 2011.
Las planillas debían signarse por el alcalde, el coordinador del CMGRD, el
personero municipal y el aval del CRGRD.

Adicionalmente se dispuso que, en orden a rehacer la actuación, los municipios
debían realizar el levantamiento de la información correspondiente a la ocurrencia

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

de la afectación, así como de los damnificados directos por el fenómeno
hidrometeorológico

Se agregó que a las planillas se acompañarían del oficio remisorio dirigido a la
UNGRD por el alcalde, identificando en cuáles supuestos enunciados anteriormente
se encontraban los ciudadanos de cada municipalidad.

Se indicó que a las planillas de apoyo económico debidamente diligenciadas y
suscritas por los funcionarios, se debían anexar los siguientes documentos, entre
otros:

• Copia auténtica del acta del Consejo- Municipal, de Gestión del Riesgo de
Desastres-en dónde se reconozca la condición de cada ciudadano enlistado en las
planillas como damnificado directo, en los términos de la Resolución No.-074 de
2011.

• Copia auténtica del acta del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de
Desastres en donde se hayan avalado las planillas de apoyo económico elaboradas
por el municipio, y que efectivamente cumplan los requisitos establecidos en la
Resolución 074 de 2011 y la Resolución 840 de 2014.

• Copia auténtica del acta o las actas, de las reuniones del CLOPAD que en su
momento debieron ser emitidas por los funcionarios que hacían parte de dicho
órgano municipal, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 10 de
diciembre de 2011, en donde se haya identificado la emergencia acaecida y los
lugares donde se presentaron los efectos por dicha emergencia.

• Copia auténtica de los informes de las entidades de primera respuesta, en donde se
identifique de manera clara la atención de la emergencia, los lugares y las fechas
en donde se presentó y atendió la misma.

Se previno igualmente que a las planillas debían anexarse los demás documentos
y demás elementos probatorios producidos o generados entre el 1 de septiembre y
el 10 de diciembre de 2011 que tuviera en su poder el municipio y que permitieran
establecer que en ese lugar hubo inundaciones entre el 1 de septiembre al 10 de
diciembre de 2011 y que, además, las personas enlistadas en las planillas cumplían
con los requisitos establecidos en la Resolución 074 de 2011, estos son:

• Que la persona era residente del sitio afectado por fenómeno hidrometereológico.
• Que el fenómeno hidrometereológico que lo afectó tuvo ocurrencia entre el 1 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2010.
• Que era damnificado directo en los términos de la Resolución 074 de 2012, es
decir sufrió daños en su vivienda y enseres.
• Ser cabeza de hogar.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

El incumplimiento de lo anterior daría lugar a negar el reconocimiento de las ayudas,
cuestión que debía armonizarse con lo previsto en el artículo décimo sexto que
consagraba:

INEXISTENCIA DE MATERIAL PROBATORIO PARA DEMOSTRAR LA
AFECTACIÓN Y LA EXISTENCIA DE DAMNIFICADOS DIRECTOS. Si Las
autoridades municipales no cuentan con material probatorio para demostrar la
ocurrencia de la situación de emergencia, la afectación presentada y las personas
damnificadas, deberán abstenerse de rehacer la actuación administrativa e incluir a
habitantes del municipio sin el lleno de los requisitos, so pena de ser denunciado ante
las autoridades a que haya lugar.

En armonía con lo prenotado, en el artículo sexto de la Resolución 840 se
estableció:

ARTÍCULO SEXTO. AVAL DE LAS PLANILLAS DE DAMNFICADOS DIRECTOS
POR PARTE DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES: Las autoridades municipales deberán remitir al Consejo.
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - CDGRD, los - documentos y
evidencias, que soporten la afectación o inundación sufrida durante el periodo
comprendido entre el 1 de septiembre al -10 de diciembre de 2011, así como los
soportes que demuestren que las personas relacionadas- en las planillas/de apoyo
económico, se encuentran en alguno de los casos señalados en el-artículo primero
de la presente resolución y reúnen; las condiciones establecidas en la Resolución -
074 del 2011, de conformidad con lo señalado en el Artículo Quinto del presente acto
administrativo.

El Consejo Departamental de Gestión, del Riesgo de Desastres - COGRD verificará
con base en la información remitida, así como la que tenga registrada en sus archivos,
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 074 de 2011 y la
presente resolución, y mediante. Acta del Comité aprobara y avalara la misma si fuere
el caso, autorizando al Coordinador del CDGRD para que-firme cada una de las
planillas de apoyo económico, conforme a lo establecido en la Resolución No. 07.4
de 2011 y el artículo segundo de este acto administrativo.

En caso-.de que la información remitida no reúna los requisitos, señalados, deberá
devolver la misma al municipio, Indicando las razones por las cuales .se niega el aval.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo décimo de esa resolución se concedió un
plazo de dos meses desde su publicación para que los municipios remitieran la
información a la Unidad Nacional y esta entidad profiriera la decisión tendiente a la
aprobación o negativa de la entrega de las ayudas, plazo que vencía el 17 de
octubre de 2014 en atención a que la Resolución No. 840 de 2014, fue publicada en
el Diario Oficial No. 49.246 del 17 de agosto de 2014.

7.4. Las anomalías evidenciadas luego de rehacer el procedimiento
administrativo establecido en la Resolución 840 de 2014

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grupo

32.- Se demostró que, no empero lo anterior, una vez más el municipio de San
Cristóbal remitió los documentos, de manera extemporánea a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres. Así se desprende de la comunicación
enviada el 18 de noviembre de 2014, en la que esta entidad informó al alcalde del
municipio de San Cristóbal que “el plazo establecido para la entrega en la UNGRD
de dicha información por parte de los CMGRD, venció el pasado 17 de octubre de
2014, (…) Es decir, que su solicitud fue presentada de manera extemporánea a la
UNGRD y por ende no puede ser tenida en cuenta para iniciar la actuación
administrativa dispuesta, conforme a la Resolución No. 840 de 2014” 40.

33.- De nuevo, lo relatado dio lugar a la interposición de sendas tutelas por parte de
los damnificados del municipio de San Cristóbal, quienes solicitaron que se
amparara su derecho a la vivienda digna y al debido proceso.

34.- Así, en sentencia del 16 de enero de 2015, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de San Cristóbal decidió tutelar los derechos fundamentales al debido
proceso, vivienda digna y dignidad humana de los accionantes señores Abel
Guerrero Orozco, Adalberto Jiménez Castilla, Adanith María Cueto Morales y todos
los demás que suscribieron la acción de tutela, en calidad de damnificados directos
de la Temporada invernal del segundo semestre del año 2011 del municipio de San
Cristóbal, tras constatar otra vez la presencia de irregularidades administrativas que
truncaban la finalización del trámite determinado para la entrega de los apoyos
económicos. Consecuencialmente, resolvió:

• Ordenar al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (CMGRD)
de San Cristóbal que reenviara el censo y todos los documentos requeridos
en la Resolución 840 de 2014 al CDGRD para lo de su competencia.
• Ordenar al Consejo Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres
(CDGRD) de Bolívar para que, una vez recibido el censo de damnificados de
San Cristóbal, continuara con el trámite administrativo previsto en la
Resolución 840 de 2014 sin excusas de extemporaneidad, de acuerdo con
sus competencias en coordinación con el CMGRD hasta la culminación de la
actuación allí descrita.
• Ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres que
continuara el trámite consignado en la Resolución 840 de 2014, sin excusas

40 Folios 1 y 2 de la carpeta DVD 2280. Audiencia del expediente escaneado.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
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grupo

de extemporaneidad, con arreglo a sus competencias en relación con los
damnificados de la ola invernal de San Cristóbal.

35.- Se desconoce el estado de cumplimiento de las mencionadas ordenes
impartidas en sede de la referida acción constitucional.

36.- En atención al contexto fáctico y jurídico planteado se pasará analizar los
cargos de la apelación.

8. El daño

37.- Se recuerda que el daño alegado consiste en la falta de reconocimiento de la
ayuda económica decretada en la Resolución 074 de 2011 en favor de los
demandantes quienes afirmaron ser damnificados directos con la ola invernal del
segundo semestre de 2011.

38.- Para resolver el punto en controversia, la Sala parte de precisar que conforme
a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.

39.- En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad
patrimonial del Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración
de un daño sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los
demás requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un
juicio de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las
voces del artículo 90 C.P.

40.- De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración

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grupo

o lesión a un interés legítimo y lícito41 42 es el primer elemento que debe quedar
certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:

“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la reflexión
de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y su cuantía, ha
de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos, en la labor de las
partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede determinar o no se le
pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo adicional, relativo a la
autoría y a la calificación moral de la conducta del autor resultará necio e inútil” 43.

41.- El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto44, es decir, que su
existencia sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe
ser personal, es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación 45. Y
también debe ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar
claramente sus características.

42.- Además, el daño debe ser probado. De esta manera, tratándose de la prueba
del daño, el artículo 167 del Código General del Proceso, prescribe: “Incumbe a las

41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente

61.340.
42 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses

lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales
o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros
requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de
l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual
del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de
Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
43 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao,

Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.

13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.

Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
45 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio

1998, P. 88 y 104

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partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico
que ellas persiguen”. De ahí que no es suficiente que “en la demanda se hagan
afirmaciones sobre la existencia del daño, porque el demandante no puede
limitarse, si quiere sacar avante su pretensión, a hacer afirmaciones sin respaldo
probatorio”46:

43.- Con sujeción al panorama normativo, jurisprudencial y doctrinario expuesto, la
Sala considera que en el caso no se demostró la configuración del daño alegado,
materializado en la falta de pago del auxilio económico decretado en favor de los
damnificados directos con la invernal del segundo semestre de 2011, por las
razones que se expondrán enseguida:

44.- Al respecto, el recuento fáctico plasmado en precedencia permite identificar e
individualizar la existencia de dos períodos cruciales respecto del procedimiento de
reconocimiento de ayuda económica para las familias víctimas del fenómeno de “La
Niña” acaecido en el segundo semestre de 2011.

44.1.- El primero de ellos inició con ocasión de la orden prescrita en la Resolución
074 de 2011, dirigida al reconocimiento y entrega de los recursos en cuantía de
hasta $1’500.000 en favor de los damnificados directos con las fuertes
precipitaciones en todo el territorio nacional y culminó con la expedición de la
sentencia T-648 del 13 de septiembre de 2013, en la que la Corte Constitucional
puso de presente sendas irregularidades en el referido trámite y se ordenó rehacer
la actuación administrativa.

44.2.-El segundo surgió con la Resolución 840 de 2014, en la que la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en cumplimiento de la sentencia
T-648 del 13 de septiembre de 2013, dispuso los pasos que debían adelantase
nuevamente para el cometido anunciado y finalizó con la sentencia del 16 de enero
de 2015 del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Cristóbal, por la cual
previno a las entidades del sistema de prevención de desastres que continuaran
con los pasos de verificación del cumplimiento de los requisitos para la entrega de
las ayudas sin excusas de extemporaneidad en la remisión de las planillas.

46 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de agosto de 2021, Rad. 50802
[fundamento jurídico 4.3].

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grupo

45.- En ninguna de las dos fases enunciadas se acreditó que los accionantes
cumplieran con los requisitos para acceder al auxilio económico.

46.- En lo que respecta a la primera, quedó sentado que las entidades integrantes
del sistema de prevención de desastres iniciaron una serie de actuaciones
tendientes a llevar a cabo el desembolso, para cuyo propósito previeron el
cumplimiento de los requisitos por parte de los acreedores del subsidio y unos
plazos para que las autoridades locales remitieran los censos y sus soportes a la
Unidad Nacional.

Los requisitos quedaron consignados tanto en la Resolución 074 de 2011 como en
la circular del 16 de diciembre de 2011. Así al tenor de esas disposiciones, el
afectado directo era la familia residente en la unidad de vivienda afectada al
momento del evento que hubiera sufrido daño directo en el inmueble y bienes
muebles al interior del mismo, ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de
la segunda temporada de lluvias en el período comprendido entre el 01 de
septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio nacional.

Y para ser beneficiarios de la ayuda se requería ser cabeza de hogar damnificado
por la segunda temporada de lluvias, en el lapso antes señalado. Habitar el primer
piso de la vivienda afectada. Estar registrado en la planilla correspondiente, avalada
por los CLOPAD y CREPAD.

A su turno, el referido listado debía contener información relativa a los pormenores
de la afectación que servía de fundamento para la entrega de la ayuda, tales como
la fecha del evento. El lugar de su ocurrencia y su dirección: barrio, condominio,
conjunto residencial, vereda, resguardo, si era rural o urbano. El tipo de evento
causante de la afectación (inundación, avalancha, deslizamiento, granizada,
tormenta eléctrica, tornado y vendaval).

Así mismo correspondía indicarse en los registros
el número de personas que habitaban la vivienda afectada, en el primer piso,
incluido el jefe del hogar, precisando si la vivienda fue destruida o averiada, así
como si la vivienda era propia o arrendada.

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grupo

Los datos descritos debían ser recopilados y consignados por el Comité Local para
la Prevención y Atención de Desastres CLOPAD del respectivo municipio, en este
caso, de San Cristóbal, entidad encargada de levantar la información de campo,
diligenciar el censo y realizar el diagnóstico de la afectación de manera
individualizada respecto de cada familia.

Con todo, no bastaba con que este organismo municipal hiciera acopio de esos
datos; resultaba indispensable, además, que remitiera esa documentación junto con
los soportes que le sirvieran de sustento al Comité Regional para la Prevención y
Atención de Desastres CREPAD de Bolívar47.

Sería la instancia regional la que, de conformidad con los términos de la Resolución
074 de 2011 y la circular del 16 de diciembre de 2011, determinaría el cumplimiento
de los requisitos señalados, a través del otorgamiento de su respectivo aval. Solo
una vez agotado este paso, los documentos serían enviados a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Sin embargo, lo acontecido en el caso del trámite administrativo en relación con los
damnificados de San Cristóbal no ofrece elementos para advertir el cumplimiento
de los mencionados requisitos.

En efecto, reposa en el expediente el censo48 de los damnificados de la ola invernal,
en el que se identifica el nombre de los jefes de hogar, su cédula y el barrio. Ese
listado se acompañó con una certificación -sin fecha- expedida por el Secretario de
Planeación y Obras Públicas del municipio de San Cristóbal que da cuenta de que,
como consecuencia del desastre invernal del segundo semestre de 2011, en el
periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011, se
causaron grandes pérdidas y afectaciones en unidades de vivienda que sufrieron
daño en los inmuebles y en su interior.

47 Así lo corroboró la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de Bolívar en informe rendido el

29 de mayo de 2019, ante el Tribunal en cumplimiento del auto de pruebas. “Así mismo, es
conveniente manifestar que, la condición de damnificado directo, no podía ser ostentada de pleno
derecho sin acreditarse los requisitos mínimos establecidos por la UNGRD, razón por la cual, no era
prudente avalar las planillas de apoyo económico si dentro de las mismas, no se anexaban las
pruebas fehacientes que indicaran de manera sumaria la situación de debilidad manifiesta, de quién
era acreedor del pago de la subvención económica. Folios 2249 a 2251 del cuaderno 10.

48 Se limitó a trascribir que se trataba de la segunda ola invernal de 2011, sin precisar el suceso que
provocó la aceptación si inundación, avalancha, derrumbe, deslizamiento etc.

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grupo

Sin embargo, a dichos documentos no se anexaron los soportes que acreditaran su
ocurrencia con las especificaciones que se exigía informar respecto de cada núcleo
familiar, como lo imponía la normativa que regulaba la materia bajo estudio.

Tampoco en las planillas49 tituladas “Formato para el censo y registro de hogares
afectados por situación de desastre, calamidad o emergencia”. En lo que concierne
a ese documento nota la Sala que fue diligenciado de manera incompleta, pues más
allá de enunciar el jefe de hogar y la composición del grupo familiar, no identificó la
clase de evento causante de la afectación, ni la fecha de su ocurrencia, ni el tipo de
suceso causante de los daños, menos aun si se trataba de viviendas ubicadas en
la primera planta de la edificación que eran las únicas que habrían de resultar
beneficiarias del auxilio

Ante esas falencias no se cuenta con elementos para establecer si los afectados
realmente eran damnificados directos de la oleada invernal del segundo semestre
de 2011 y si se encontraban en los supuestos contemplados para resultar
favorecidos con la entrega de las ayudas económicas. En ese sentido, no bastaba
con que se diligenciara el censo con información incompleta que ninguna
información brindaba sobre la afectación sufrida por cada uno de los inscritos y la
situación particular de cada una de las viviendas

Se recuerda, al respecto, que la verificación de esos datos debía realizarse
igualmente a instancia del CREPAD, organismo que debía otorgar su aval tras la
revisión de los listados y los documentos que le servían de sustento. Sin embargo,
en este caso, en lo que hace a la primera fase aludida, no se llegó a ese punto dado
que cuando se remitió el censo por parte del órgano local este no fue admitido por
extemporáneo, situación que tornó en inviable el otorgamiento del aval por el
CREPAD.

Es esta misma circunstancia la que conduce a la imposibilidad de establecer si en
esa fase de revisión por parte de la autoridad regional se demostró la condición de
damnificados directos de las personas registradas en los censos.

49 Visibles en los CDS 2232 y 2233 de la carpeta Audiencias de la carpeta escaneada, enviada por

el Tribunal de origen en cumplimiento del auto del 15 de julio de 2025. Índice 49 aplicativo SAMAI.

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47.- En lo que concierne a la segunda etapa delimitada anteriormente, se tiene que
la acreditación de los requisitos para demostrar la condición de damnificados
directos con la ola invernal de 2011 para el reconocimiento y entrega del apoyo
económico, se vigorizó con la decisión adoptada por el Corte Constitucional en
sentencia T- 648 del 13 de septiembre de 2013.

Muestra de ello son los requerimientos introducidos en la Resolución 840 de 2014 -
a los que se hizo expresa alusión en precedencia- respecto del carácter mandatorio
de adjuntar los documentos y evidencias que sirvieran de fundamento para
demostrar la ocurrencia de la afectación de cada una de las personas enlistadas en
los censos remitidos para poder otorgar el respectivo aval por parte del órgano
departamental, al extremo de prevenir que, en caso de no contar con los referidos
soportes, se debían abstener de rehacer la actuación encaminada a obtener la
entrega de los apoyos económicos.

El reforzamiento de estas exigencias obedeció a que las irregularidades observadas
en el trámite administrativo dispuesto en la Resolución 074 de 2011 trascendieron
del ámbito de la extemporaneidad. En efecto, la frustración en la entrega de los
recursos se produjo no solo por cuenta del envío tardío de los censos por parte de
los CLOPAD a los CREPAD.

Fueron múltiples las anomalías concurrentes en la actuación ordenada en ese acto
administrativo, según lo puso de relieve la Corte Constitucional en el
pronunciamiento en el que ordenó rehacerlo, tales como el envío de documentos
que no guardaban relación con el episodio de lluvias del segundo semestre de 2011
sino ocurridos en otra temporada; o la inclusión en el censo de personas que no
residían en los municipios afectados y que no resultaron cobijados por los estragos
de los episodios invernales.

Sobre ese punto, en la sentencia T-648 de 2013 la Corte Constitucional dejó
sentado:

“… que es posible no sólo en este caso, sino que este sucediendo en otros
municipios del país, incluso diferentes a los acá estudiados, que hayan
personas que estén solicitando el subsidio y que no sean residentes en el
municipio, que no sean cabezas de hogar o que en no habiten el primer piso de
la vivienda afectada, en conclusión que sean personas que no cumplen con los
presupuestos de la Resolución 074 de 2011 y de las circulares del 16 de

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grupo

diciembre del mismo año y por lo tanto no tendrían derecho a acceder a lo
pretendido en la presente acción de tutela.

Este tipo de sospecha, así como las diferentes situaciones manifestadas por las
partes amerita una fuerte intervención en este proceso por parte de los entes
de control”.

Es así que, en procura de atender el fallo de la Corte Constitucional y conjurar las
situaciones irregulares y fraudulentas que se estaban presentando en torno al
reconocimiento de subsidios, la Unidad Nacional, al dictar la Resolución 840 de
2014, dispuso la implementación de acciones tendientes a endurecer la prueba
sobre la calidad de damnificados directos por la ola invernal del segundo semestre
de 2011, para solo así acceder al amparo financiero concedido.

No hay evidencias en el expediente en cuya virtud se pueda colegir que en la
analizada segunda etapa se observaron tales requisitos en cuanto a la demostración
de la afectación concreta padecida por cada uno de los demandantes en los
términos plasmados en la Resoluciones 074 de 2011 y 840 del 2014.

A propósito de ese aspecto, si bien en el expediente reposa una constancia
expedida el 10 de diciembre de 2013 por la personera municipal de San Cristóbal,
en la cual se registró “Que como consecuencia de la ola invernal ocasionada por el
fenómeno de la Niña, específicamente la del segundo semestre del año 2011 en el
periodo comprendido» entre el primero de Septiembre y el diez de Diciembre, en
esta jurisdicción se originaron grandes pérdidas materiales y afectaciones en las
viviendas dejando como consecuencias daños en los inmuebles y de bienes al
interior de las mismas”50, ciertamente tal documento no pasa de ser una afirmación
genérica y abstracta que aun cuando describe un acontecimiento, no reúne las
condiciones de especificidad y concreción respecto de las circunstancias
particulares de la alegada afectación padecida por cada uno de los accionantes en
sus inmuebles de habitación.

Adicionalmente, de lo que se tiene noticia es que el secretario del interior de la
gobernación de Bolívar, mediante oficio del 29 de octubre de 2014 51, devolvió los
“documentos” para acceder al pago del auxilio, al alcalde de San Cristóbal por

50 Folio 166 del cuaderno 1.
51 Folio 379 del cuaderno 1.

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Radicación: 130012333000201400125 01 (69982)
Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

haberlos remitido fuera del plazo establecido y que el mandatario municipal le reiteró
la solicitud de que fueran recibidos a través de oficio 14-00787352.

No obstante, se ignora a cuáles documentos se hacía referencia, así como el
contenido de los mismos, lo que impide constatar por esta instancia si tales
elementos resultaban pertinentes, idóneos y suficientes para acreditar la condición
de damnificados directos de quienes figuraban en el censo.

Igual situación, en punto a su indeterminación, se predica de la comunicación
remitida el 4 de noviembre de 2014 53 por el alcalde de San Cristóbal a la UNGRD,
misiva en la que se mencionó que se enviaban unas planillas con el reporte de
afectados para obtener el desembolso de los auxilios. Con todo, se recuerda que
anteriormente se apreció que las planillas en comento no estaban diligenciadas
acorde con la información exigida en la Resolución 074 de 2011 y en la circular del
16 de diciembre de la misma anualidad para extraer de su contenido la calidad de
damnificados directos.

De otro lado, ningún elemento adicional ofrece los testimonios decretados, en auto
de 22 de abril de 2019, de los residentes del municipio de San Cristóbal, José
Guillermo Zapata Rodríguez54 y Valentín Jacome Zapata55, ambos coincidentes en
afirmar que se produjeron afectaciones en las viviendas de los habitantes de ese

52 Folios 380 a 382 del cuaderno 1.
53 Folios 596 a 598 del cuaderno 1.
54
En su declaración indicó que en el segundo semestre de 2011 se presentaron fuertes aguaceros
en el municipio y las familias que allí habitaban fueron afectadas. Porque debieron salir de sus casas
y eso les produjo daños psicológicos. Dijo que no podía especificar quienes fueron los afectados.
Solo mencionó a Benigno Escobar, Lacidez Guerrero, Inés Rodríguez -ninguno de ellos forma parte
del grupo actor-. Narró que hubo inundaciones causando daños materiales en sus viviendas. Añadió
que los pobladores hicieron muchas protestas en el año 2012 y 2013 ante la alcaldía y los colegios,
porque no se les dio ayuda económica, a diferencia de lo ocurrido en otros municipios, como
Soplaviento. Advirtió que él recogió mucha gente para auxiliarla porque las autoridades no brindaban
ayudas. Aseveró que los habitantes no han superado el suceso y se sienten excluidos del territorio
nacional. DVD 2258 carpeta audiencias del archivo escaneado, enviado por el Tribunal de origen en
cumplimiento del auto del 15 de julio de 2025. Índice 49 aplicativo SAMAI.

55 El testigo Valentín Jacome Zapata, residente del municipio de San Cristóbal, afirmó que las casas

venían averiadas desde 2012 y con el fenómeno de 2011 se terminó de agravar la afectación con la
lluvia; señaló que en 2012 los habitantes salieron a protestar porque en el municipio de Soplaviento
sí dieron ayuda gubernamental pero no en San Cristóbal. Dijo que la mayoría del pueblo quedó
afectado con la lluvia pero que no podía suministrar nombres. Declaró que el Estado no brindó ayuda
a los damnificados. DVD 2258 carpeta audiencias del archivo escaneado, enviado por el Tribunal
de origen en cumplimiento del auto del 15 de julio de 2025. Índice 49 aplicativo SAMAI.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

municipio con ocasión de la ola invernal del segundo semestre de 2011, sin
especificar la situación concreta de lo sucedido en el caso de los demandantes.

48.- Alcanzada esta altura de la providencia, de manera articulada con lo advertido,
la Sala estima necesario poner de presente que aun cuando no se desconoce que
era al organismo municipal del sistema de riesgo de desastres al que le asistía el
deber de recopilar la información referente a la ocurrencia del siniestro y la situación
particular de cada uno de los censados para remitirla al CREPAD, información que
según se ha dejado expuesto, no figura en el proceso, tal falencia, no obstante ser
censurable, no relevaba a los accionantes de satisfacer en esta sede litigiosa la
carga de la prueba enfocada a demostrar su condición de damnificados directos y
de acreedores de los recursos concedidos por la situación de emergencia ecológica
en los términos y bajo las prevenciones consignadas en la Resolución 074 de 2011
y 840 de 2014.

Dicho esto, cabe anotar que, contrario a lo advertido por los recurrentes, la condición
de damnificados no se derivaba de forma automática del hecho de encontrarse
inscritos en el censo de afectados de la ola invernal de 2011.

Para ese propósito era indispensable demostrar, tal como lo consideró el a quo, por
cualquier medio de prueba regulado en la legislación procesal, que el inmueble
afectado se hallaba en la primera planta, cuál fue el evento meteorológico causante
de la afectación, la fecha de su ocurrencia, la dimensión o tipo daño, esto es, si fue
una avería o conllevó su destrucción.

Este entendimiento ha sido igualmente prohijado por la Sección Tercera en casos
análogos en los que se ha considerado que la sola inclusión en el censo de
afectados por la ola invernal de 2011 no traducía per se la demostración de la
condición de damnificados directos:

“Como se aprecia en el listado entregado por el FOPAE el 28 de febrero de
2012, no es posible concluir que las personas allí registradas ostentaran la
calidad de beneficiarias del auxilio económico al tenor de lo dispuesto en la
Resolución No. 074 de 2011, modificada por la Resolución No. 002 de 2012,
actos administrativos que no podían ser desconocidos por ninguna autoridad o
por esta instancia judicial, toda vez que, al no haber sido enjuiciada su validez,
estaban llamados a mantener su presunción de legalidad y sus efectos
vinculantes.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

(…).

“En otras palabras, la inclusión de los integrantes del grupo actor en el censo,
por sí sola, no los convertía automáticamente en acreedores del apoyo
económico creado para el restablecimiento de los deterioros sufridos en los
bienes de los afectados, en razón a que, para ese propósito, era indispensable
verificar que se hubiera presentado el padecimiento material directo en sus
muebles o inmuebles de habitación, circunstancias que, según lo evidenció la
UNGRD al revisar el contenido del censo entregado el 29 de febrero de 2012,
no se acreditaron, a pesar de estar enlistadas en el pluricitado registro; por el
contrario, en la gran mayoría de los casos se trató de familias que no sufrieron
ningún tipo de afectación directa en su inmueble o muebles y que ni siquiera se
encontraban en manzanas de afectación directa y en ninguno de los eventos,
se determinó que fueran personas que residían en los primeros pisos de los
bloques impactados con las inundaciones”56.

De este derrotero emerge con nitidez que solo a partir de la demostración del
cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución 074, y la circular del 16 de
diciembre de 2011 se determinaba la procedencia del reconocimiento del amparo y
se activaba el beneficio económico, máxime cuando en el curso de este trámite se
evidenciaron irregularidades, no solo de parte de las entidades estatales sino
también de terceros que procuraban burlar el cumplimiento de esas exigencias para
acceder a los auxilios.

Con base en estos planteamientos, propio resulta concluir que en cuanto el
menoscabo patrimonial que alega haber padecido el grupo actor no recayó sobre
un interés jurídico tutelado o, dicho de otro modo, sobre un interés que hubiera
adquirido un status consolidado y protegido por la legislación aplicable, esa
circunstancia impide configurar el daño aducido.

No bastaba con esgrimir que se produjo un detrimento por causa del no
reconocimiento de los auxilios económicos ordenados por el Gobierno Nacional.
Para que se estructurara el daño reclamado, era necesario demostrar que los
recursos no fueron desembolsados pese a que los accionantes reunían las
condiciones establecidas por el ordenamiento para ser reconocidos como
damnificados directos de la ola invernal del segundo semestre de 2011 y,

56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 31 de julio de 2020, exp. AG

2013-00488, C.P. Marta Nubia Velázquez Rico.

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grupo

consecuentemente, acreedores de la entrega de los dineros determinados en los
actos administrativos que enmarcaron la declaratoria de la emergencia.

En efecto, la ausencia de prueba de la calidad de damnificados directos de la ola
invernal por parte de los actores se opone a la certeza del daño, atributo del cual
solo estaría revestido ese elemento de la responsabilidad siempre que se hubiera
acreditado que existía el derecho a recibir los auxilios económicos y que no obstante
ello, no fue reconocido en favor de aquellos.

Sin embargo, la titularidad de ese derecho económico respecto de los actores
incluidos en el censo de afectados no solo quedó en el plano de la incertidumbre
ante la falta de acreditación concerniente a la condición de damnificados directos,
sino también por otra especial circunstancia que en este punto se torna relevante
traer a colación.

49.- Conviene recodar, de acuerdo con lo reseñado en acápite precedente, que con
posterioridad a la expedición de la Resolución 840 de 2014 la que, en cumplimiento
de la sentencia T-648 de 2013, ordenó rehacer el procedimiento administrativo
precitado, en el caso del municipio de San Cristóbal nuevamente se advirtieron
anomalías en los tiempos de traslados del censo de damnificados al Consejo
Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres de Bolívar, lo que condujo
a que se acudiera a la instancia judicial mediante acciones de tutela encaminadas
a solicitar la protección del derecho al debido proceso y a la vivienda digna de los
habitantes de ese ente territorial.

Como resultado de esa situación, en sentencia del 16 de enero de 2015, el Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de San Cristóbal tuteló los derechos fundamentales
al debido proceso, vivienda digna y dignidad humana de los demandantes. En
mérito de esa decisión se ordenó tanto al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo
de Desastres (CMGRD) de San Cristóbal como al Consejo Departamental de
Gestión de Riesgo de Desastres (CDGRD) de Bolívar que continuaran con el trámite
administrativo implementado en la Resolución 840 de 2014, sin excusas de
extemporaneidad hasta la culminación de la actuación allí descrita.

Está visto que al haber dispuesto que en el caso del municipio de San Cristóbal se
reactivara el trámite para el reconocimiento de los auxilios de los afectados directos

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grupo

sin que pudieran oponerse razones de extemporaneidad como las que hasta ese
entonces se habían enrostrado por el CMGRD y la UNGRD, se superaron los
motivos que habían truncado el reconocimiento de los auxilios para los afectados
en esa localidad y se dispuso proseguir el procedimiento hasta su finalización, es
decir, hasta la etapa en que se verificara el cumplimiento de los requisitos
contemplados en la Resolución 074 para proceder a los respectivos desembolsos.

De allí se impone concluir que la actuación administrativa adelantada con la citada
finalidad no culminó con la devolución de los censos al municipio de San Cristóbal
por haber sido allegados fuera de los plazos. Por el contrario, continuó con las fases
subsiguientes en curso de las cuales correspondía la acreditación de la condición
de damnificados directos de las personas incluidas en los listados por parte del
órgano departamental, siendo al interior de esa actuación en la que se determinaría
el reconocimiento y entrega de los recursos. Así, incluso, lo puso de presente la
misma parte actora al sostener en la reforma de la demanda que:

Con Fundamento en lo anterior ordenó [se refiere a la sentencia de tutela del 16 de
enero de 2015] que se surtieran los procedimientos correspondientes tendientes a
viabilizar el recibo de la ayuda por parte de estos sujetos de especial protección
Estatal, pero más allá de que por la Vía Constitucional se obtenga el pago de la ayuda,
que correspondería a la parte Material de la presente demanda, todo estos errores
han generado Daños y Perjuicios del Orden Inmaterial que se hace necesario resarcir
porque los padecimientos a los que han sido sometidos por la Desprotección Estatal
han causado en estas Familias.

La Sala desconoce el resultado de ese procedimiento en relación con los afectados
del municipio de San Cristóbal, esto es, si en desarrollo de las fases adelantadas
por el CMGRD finalmente se demostraron los requisitos para el reconocimiento y
entrega de los dineros pretendidos, situación que, se reitera, riñe con la certeza del
daño que ahora se pide resarcir.

50.- En secuencia con lo anotado, tampoco se estima acertado el argumento del
extremo activo, en cuya virtud pretende distorsionar la concreción del daño
reclamado, consistente en la falta de reconocimiento de la ayuda económica
decretada en la Resolución 074 de 2011 en favor de los demandantes en calidad
de damnificados directos con la ola invernal del segundo semestre de 2011, para
en su lugar hacerla extensiva a los daños inmateriales que se afirma haber padecido
con ocasión del no pago de esos recursos.

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grupo

Es esa precisamente la intención que extrae la Sala de la afirmación consignada en
la reforma de la demanda, según la cual, al margen de que se paguen en sede de
las acciones de tutela los auxilios económicos a los actores, en cualquier caso, se
produjeron perjuicios inmateriales que deben ser reconocidos.

No puede perderse de vista que la base de la presente reclamación estriba en que
no se pagaron unos recursos a quienes ostentaban el derecho de recibirlos.
Partiendo de esta premisa, el reconocimiento de los perjuicios inmateriales y
materiales que se persigue solo sería plausible si se hubiera demostrado el daño
que sirvió de fundamento para solicitarlos.

51.- De contera, la falta de acreditación del daño en el que se edifica la demanda
descarta la procedencia del reconocimiento de los perjuicios inmateriales y
materiales57 que supuestamente se causaron con su acaecimiento.

52.- Por las razones expuestas, la Sala encuentra infundados los cargos del recurso
de apelación que se resuelve y concuerda con la decisión impugnada mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda por falta de acreditación del daño
alegado.

9. Conclusión

53.- Esta Subsección MODIFICARÁ la sentencia proferida el 30 de septiembre de
2022, por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la cual se declaró la falta
de legitimación en la causa por activa de los demandantes, para en su lugar negar
las pretensiones de la demanda.

10. Costas

57 Esta consideración cobija igualmente lo concerniente a los perjuicios concretados en el pago de

honorarios a abogado para la formulación de una acción de tutela en representación de los miembros
del grupo, hecho que, además, no estar demostrado en el proceso, ya que se bien se acreditó la
interposición de la acción constitucional que dio como resultado la sentencia del 16 de enero de
2015, dictada por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Cristóbal que extendió sus efectos
a todos los habitantes de San Cristóbal en cuanto ordenó continuar el trámite administrativo del
reconocimiento para el pago de los auxilios económicos a los damnificados directos, lo cierto es que
no se evidencia que fueran los ahora accionantes quienes otorgaron poder a algún abogado para su
interposición como tampoco está probado el supuesto pago de honorarios en favor de algún
profesional del derecho.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
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grupo

54.- Habida cuenta de que para este proceso se aplica el artículo 188 del CPACA,
de conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, en la presente
providencia se impondrá la condena en costas a cargo de la parte vencida, es decir,
la parte demandante.

55.- Procede la Sala a fijar las agencias en derecho correspondientes, para que se
tengan en cuenta en la liquidación de costas.

56.- Para el efecto, de conformidad con el numeral 4 del artículo 366 del mismo
Código, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada,
la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las hubiere 58. Siguiendo
el Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente
para la fecha en que se presentó la demanda59, se observa que, al tenor de su
artículo 6, en el medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo,
en segunda instancia, las agencias en derecho se tasarán: “Hasta un salario mínimo
mensual, legal vigente”.

A partir de lo expuesto, se fijan las agencias en un (1) salario mínimo mensual legal
vigente, a cargo de la parte vencida, en este caso la parte demandante y en favor
de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, por ser la
única integrante del extremo pasivo que alegó de conclusión en segunda instancia.

58 “Acuerdo 1887 de 2003 Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

“ARTÍCULO 3º. Criterios. (…), tendrá en cuenta la naturaleza, la calidad y la duración útil de la
gestión apoderado por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía de la pretensión
y las demás circunstancias relevantes siempre que sean equitativas y razonables”.

“(…).“Artículo 4º—Fijación de tarifas. Las tarifas máximas de agencias en derecho se establecen
en salarios mínimos mensuales legales vigentes, o en porcentajes relativos al valor de las
pretensiones de la demanda reconocidas o negadas en la sentencia.

“Artículo 6º. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho

“(…).

3.2. acciones populares y de grupo.

(…).

Segunda instancia Hasta un salario mínimo mensual, legal vigente.
59 La demanda se presentó el 30 de enero de 2014.

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar mediante la cual se declaró la falta de legitimación
en la causa por activa de los demandantes, con sustento en las consideraciones
que anteceden y en su lugar se dispone:

NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Condenar en costas por la segunda instancia.

Para el efecto, se fijan como agencias en derecho un (1) salario mínimo mensual
legal vigente, a cargo de la parte vencida y en favor de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE60

60
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado

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Demandante: Tomasa Julio Ortiz y otros
Demandado: Municipio de San Cristóbal – Bolívar y otros
Asunto: Reparación de perjuicios causados a un
grupo

NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

53

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