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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00218-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00218-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinar cuarto de la sentencia del 25 de mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Ruth Yaneth Martínez García contra el departamento del Bolívar, el municipio de Arroyohondo y la ESE Centro de Salud con Cama de este último ente territorial; el cual quedará de la siguiente forma: «[…] Cuarto: Condenar a la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo a pagar a favor de la señora Ruth Yaneth Martínez García, los salarios y prestaciones sociales dejadas de abonar desde el momento en que se efectuó su retiro del servicio en aplicación de la Resolución 00009 del 6 de abril de 2011 y hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro, sin que para el efecto se entienda que hubo solución de continuidad en la vigencia de la relación legal y reglamentaria. 25 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]». 26 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil […].» Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Radicado: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017) Demandante: Ruth Yaneth Martínez García Las sumas resultantes de la condena a favor de la parte activa se actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula: R = RH Índice final Índice inicial En la que el valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico (RH) que es lo dejado de percibir por la demandante, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2014-00218-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

10 de noviembre de 2022

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017)
Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017)
Demandante: RUTH YANETH MARTÍNEZ GARCÍA
Demandado: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, MUNICIPIO DE
ARROYOHONDO, E.S.E. CENTRO DE SALUD
CON CAMA DEL MUNICIPIO DE ARROYOHONDO

Temas: Reintegro de empleada inscrita en el escalafón de
carrera administrativa. Proceso de traslado e
incorporación de servidoras del sector salud del
departamento de Bolívar al municipio de
Arroyohondo y finalmente a la ESE Centro de Salud
con Cama de dicho territorio. Existencia de una
relación legal y reglamentaria con la institución de
salud. Apartamiento parcial y justificado de la
sentencia SU-354 de 2017.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-189-2022

ASUNTO

Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la ESE Centro de
Salud con Cama del Municipio de Arroyohondo contra la sentencia del 25 de
mayo de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Ruth Yaneth Martínez García en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 5 a 6, C1)

1. Declarar la nulidad de la Resolución 0009 del 6 de abril de 2011 por medio
de la cual la entidad demandada desvinculó del servicio, entre otras, a la
libelista.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte pasiva
reintegrar a la demandante al cargo que ejercía al momento de su retiro o
a uno de igual o superior categoría al interior de la estructura de la ESE
Centro de Salud con Cama del Municipio de Arroyohondo.

1 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017)
Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

3. Se reconozcan y paguen de manera indexada los salarios, prestaciones y
demás emolumentos dejados de percibir desde la fecha de desvinculación
de la señora Martínez García (6 de abril de 2011), así como la sanción
moratoria de que trata el artículo 2.° de la Ley 244 de 1995 respecto de las
cesantías no abonadas, esto es, el equivalente a 1 día de salario por cada
uno de retardo.

4. Que se condene a las entidades demandadas a pagar la indemnización por
despido injusto, y que para todos los efectos legales relacionados con el
reconocimiento de prestaciones sociales, se entienda que no ha habido
solución de continuidad en la prestación del servicio por parte de la libelista.

5. Conminar a la parte pasiva cumplir la sentencia conforme al artículo 195
de la Ley 1437 de 2011, junto con el pago de las costas y agencias en
derecho a que haya lugar.

Supuestos fácticos relevantes (Folios 1 a 4, C1)

1. La señora Ruth Yaneth Martínez García fue vinculada con el departamento
de Bolívar, Servicio Seccional de Salud desde el 22 de enero de 1985 hasta
el 6 de abril de 2011, fecha en la que su último empleador fue la ESE Centro
de Salud con Cama del Municipio de Arroyohondo, donde se desempeñó
como promotora de salud inscrita en el escalafón de carrera administrativa
conforme a la Resolución 3140 del 3 de abril de 2011 y con un salario para
ese momento equivalente a $860.279.

2. En virtud de lo previsto en la Ley 10 de 1990, el departamento de Bolívar
celebró el 21 de diciembre de 1999 un convenio interadministrativo con el
municipio de Arroyohondo, tendiente a la asunción de la dirección y
prestación de servicios de salud del primer nivel de atención. En dicho acto
jurídico se determinó que se incorporarían a la planta de personal municipal
los servidores que fueron trasladados de la Secretaría Departamental de
Salud con las mismas condiciones salariales y prestacionales que los
cobijaban en esta última entidad.

3. El municipio de Arroyohondo expidió el Decreto 99-31-12 con el que se
determinó que al 1.° de abril de 2000 serían nombrados y posesionados de
manera provisional los funcionarios que venían vinculados de la planta de
personal de salud departamental, entre estos la libelista, ello bajo la
aclaración de que esta incorporación sería provisionalmente mientras se
creaba y organizaba administrativamente la ESE Centro de Salud con
Cama de la mentada entidad territorial, en donde finalmente sería
nombrada de manera definitiva.

4. La referida institución de salud fue creada a través del Decreto 99-05-31-
12 del 31 de mayo de 1999. La gerente designada de dicha empresa social
del Estado profirió la Resolución 0009 del 6 de abril de 2011 con la que
desvinculó, entre otras, a la señora Ruth Yaneth Martínez García. La
demandante interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, pero
esta fue confirmada por parte de la misma autoridad.

5. La entidades demandadas fueron convocadas a audiencia de conciliación
ante la Procuraduría 22 Judicial II para Asuntos Administrativos de Bolívar,
y en tal diligencia, el centro de salud empleador se comprometió a pagar a
favor de la parte activa la suma de $12.710.816,99 por concepto de
prestaciones sociales y beneficios de los años 2010 y 2011, más salarios
adeudados de enero al 6 de abril de la última anualidad referida. No
obstante, a la fecha de interposición de la demanda (9 de mayo de 2013)
no se había dado cumplimiento a lo acordado.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017)
Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»2, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las
partes se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 9 de julio de 2015.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«[…] 4.1. Excepción de caducidad

El Departamento de Bolívar propuso la excepción de caducidad fundamentada en que
el acto administrativo demandado, Resolución 0009 del 6 de abril de 2011, fue
corregido y aclarado por otro acto y posteriormente notificado mediante edicto fijado
en lugar visible al público el día 3 de octubre de 2011, se mantuvo fijado hasta el 14
de octubre de 2011, día en que el apoderado de la parte demandante presentó
recurso de reposición contra el acto aclaratorio; y que conforme a lo anterior, el día
15 de octubre empezó a correr el término de caducidad de la acción, por lo que la
demanda debía ser radicada dentro de los 4 meses siguientes, estos es, hasta el 15
de febrero de 2012, y no hasta el 11 de junio de 2012 como se mencionó en el auto
admisorio de la demanda.

[…] Para el Despacho la excepción de caducidad no prospera, por las siguientes
razones:

Primero, si bien las pretensiones de la demanda van dirigidas a que se declare la
nulidad de la Resolución 0009 de 2011, por medio de la cual la ESE Centro de Salud
Con Cama desvinculó, entre otros, a la señora Ruth Martínez García, el artículo 163
del CPACA dispone que si el acto que se demanda fue objeto de recursos ante la
Administración, se entenderán demandados los actos que los resolvieron, razón por
la cual, también se entiende demandado el oficio sin número del 12 de diciembre de
2011, por medio del cual se confirma la Resolución N° 00009 del 6 de abril de 2011 y
el acto aclaratorio y de corrección de la misma.

Segundo, conforme a lo previsto en el artículo 87 del CPACA, los actos
administrativos quedarán en firme desde el día siguiente a la publicación,
comunicación o notificación de los recursos interpuestos, y en este sentido, una vez
haya concluido la actuación administrativa tendiente a agotar los recursos previstos
en la ley, es que se puede iniciar el conteo del término para la presentación de la
demanda.

Tercero, tal como se indicó en el auto admisorio de la demanda, el oficio sin número
del 12 de diciembre de 2011, por medio del cual la ESE Centro de Salud Con Cama
de Arroyohondo resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.
00009 del 6 de abril de 2011, fue notificada el 10 de febrero de 2012, como consta en
el reverso del folio 121, por lo que, en principio el término de caducidad de cuatro

2 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

meses empezó a correr a partir del 11 de febrero de 2012 hasta el 11 de junio de
2012.

Cuarto, dado que el 14 de febrero de 2012 la parte demandante presentó solicitud de
conciliación extrajudicial, como consta de folio 13 a 15, se interrumpió el término de
caducidad cuando aún quedaban 3 meses y 27 días, y al haberse expedido por parte
de la Procuraduría la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad el 14
de mayo de 2012 a partir del 15 de mayo de 2012 se reanudó el término restante para
que operara la caducidad, que corría hasta el 11 de septiembre de 2012 y al haberse
presentado la demanda el 30 de agosto de 2012 (fl. 104), es claro que la misma fue
oportuna.

[…] 4.2. Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el Municipio de Arroyohondo

El apoderado del Municipio de Arroyohondo sustentó la excepción en que los hechos
que han dado lugar a la actuación procesal, son de resorte único y exclusivo del
Centro de Salud Con Cama, pues así lo reconoce la demandante en los presuntos
hechos que se alegan en la demanda, y que además, la ESE es una entidad
descentralizada, con personería jurídica, que por ello está habilitada para ejercer
derechos y contraer obligaciones y para ser representada judicial y
extrajudicialmente.

Para el Despacho la excepción propuesta no prospera, ya que, si bien los actos
demandados mediante los cuales se desvinculó a la señora Ruth Martínez García de
la ESE Centro de Salud Con Cama de Arroyohondo, fueron expedidos por la Gerente
de esa entidad, en la parte motiva de los mismos se expresa que, la demandante,
previa entrega que hizo el Gobernador de Bolívar al Alcalde del Municipio de
Arroyohondo del recurso físico y humano del Centro de Salud de Arroyohondo, fue
nombrada y posesionada en la Alcaldía Municipal de Arroyohondo y no en la planta
de la ESE mencionada; razón por la cual, considera el Despacho que el Municipio de
Arroyohondo sí está legitimado para debatir sobre los motivos que dieron origen a los
actos demandados, y sobre su competencia o no, para el pago de los emolumentos
reclamados por la demandante.

[…] 4.3. Excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por
el Departamento de Bolívar

El Departamento de Bolívar también propuso la excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva, teniendo en cuenta que debido a los convenios
interadministrativos celebrados entre ese ente territorial y el Municipio de
Arroyohondo en 1999, este último asumió la dirección y prestación del servicio de
salud, y que además, la ESE Centro de Salud Con Cama de Arroyohondo es de
carácter municipal, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio
propio e independiente, con capacidad jurídica para comparecer directamente a
llamados judiciales, siendo ésta quien profirió el acto demandado.

Para el Despacho esta excepción tampoco prospera, toda vez que, el convenio
interadministrativo invocado es de 1999 y la actora estuvo vinculada con el
Departamento de Bolívar hasta el 29 de marzo de 2000, por lo menos, lo que justifica
la vinculación de dicha entidad en las pretensiones de restablecimiento reclamadas,
precisando que, una vez recaudado el material probatorio pedido por las partes y el
que de oficio decrete el Tribunal, sólo al momento de la sentencia, es que se puede
determinar si le cabe o no responsabilidad al mencionado ente territorial, y no a esta
altura procesal. […]». (Folios 441 a 443 y CD obrante a folio 452, C3).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] PROBLEMA JURÍDICO: Conforme a lo manifestado en la demanda, se debe
resolver si es nula o no, la Resolución No. 0009 de 2011, por medio de la cual la

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Gerente de la ESE Centro de Salud Con Cama de Arroyohondo desvinculó a la
demandante de esa entidad.

Así mismo, se deberá resolver si es procedente el reintegro de la demandante a un
cargo de igual o mejor categoría, y el pago de sueldos, aumento de salarios, primas,
subsidios, vacaciones dejadas de disfrutar, sanción moratoria, indemnización por
despido injusto y demás emolumentos dejados de percibir. […]». (Folio 443 y CD
que reposa a folio 452, C3).

SENTENCIA APELADA
(Folios 583 a 592, C3)

El a quo profirió sentencia escrita el 25 de mayo de 2017 por medio de la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento
en las siguientes consideraciones:

El tribunal de primera instancia resaltó que conforme a los preceptos de la Ley
909 de 2004, los empleados inscritos en carrera administrativa tienen derecho
a permanecer en el servicio siempre y cuando cumplan con lealtad, honestidad
y eficiencia los deberes a su cargo, al punto de que solo pierden su condición
de escalafonado en carrera administrativa en virtud de la ocurrencia de
cualquiera de las causales de retiro del servicio enunciadas en el artículo 41
ibidem.

Adicionalmente adujo que una vez evaluados todos los medios de probatorios,
se advierte que la señora Ruth Martínez García se encontraba inscrita en
carrera administrativa cuando se realizó el convenio interadministrativo entre
la Secretaría de Salud del Departamento de Bolívar y el municipio de
Arroyohondo, en virtud del cual fue transferida a la planta de esta última
entidad territorial.

Destacó que en dicho convenio se señaló claramente que la transferencia de
empleados se haría conforme a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 10 de
1990 y en el Decreto 1399 del mismo año, es decir, con las mismas
asignaciones salariales y prestacionales a que tenían derecho en el
Departamento. Indicó que el alcalde municipal de Arroyohondo expidió el
Decreto 99-05-31 del 31 de mayo de 1999 en el cual ordenó la creación de la
E.S.E. Centro de Salud con Cama de Arroyohondo, y posteriormente mediante
el Decreto 2000-03-16-16 del 16 de marzo de 2000, incorporó
provisionalmente a la planta de personal de dicho municipio al personal que
laboraba en los centros y puestos de salud, ello bajo la aclaración de que sería
una medida provisional mientras se organizaba la referida empresa social del
Estado, donde serían incorporados de forma definitiva los referidos
funcionarios, dentro de los cuales figura la señora Martínez García en el cargo
de Promotor de Salud, lo que implica que se garantizó su continuidad en el
servicio.

En tal sentido, sostuvo que la aludida institución demandada tenía que haber
cumplido con dicha obligación una vez ajustara la planta de cargos y
asignaciones de personal con base en el Decreto 0008 del 1.° de abril de 2011,
más aún cuando la libelista era empleada de carrera administrativa. Señaló
que al no haberlo hecho, se vulneró su derecho a la estabilidad que le otorga
estar inscrita en carrera administrativa, puesto que aquella solo podía perder
esta condición en virtud de la ocurrencia de cualquiera de las causales de retiro
del servicio enunciadas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, lo cual no
aconteció en el caso sub lite.

Por último, precisó que en lo referente a la pretensión de aplicabilidad del
contenido de la Ley 244 de 1995, tal pedimento no es viable, toda vez que ante

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

la inexistencia de acto expreso o presunto que contenga la liquidación en firme
de las cesantías de la demandante, debe entenderse que esta no ocurre con
la sentencia que decreta el monto del auxilio. Además, puntualizó que para
efectos de la sanción moratoria, debe aceptarse que esta condena se causa a
partir de la ejecutoria de la sentencia de instancia que contiene la liquidación
efectuada por esta jurisdicción, tal como lo ha indicado el Consejo de Estado
en múltiples pronunciamientos, entre ellos en la providencia proferida el 31 de
julio de 2003 dictada en el proceso con radicado 47001-23-31-000-1999-1055-
01(4063-02).

Acorde con estas precisiones, el tribunal de primera instancia profirió sentencia
que en su parte resolutiva se resume de la siguiente forma: i) declaró no
probadas las excepciones de fondo formuladas por la parte pasiva; ii) declaró
la nulidad del acto administrativo censurado en cuanto a la desvinculación de
la libelista; iii) a título de restablecimiento del derecho condenó a la ESE Centro
de Salud con Cama de Arroyohondo a reintegrar a la demandante al cargo que
ocupaba en el momento de su separación del servicio, o a uno de igual o
similar categoría; iv) ordenó a la referida institución pagar a favor de la señora
Martínez García los sueldos y demás prestaciones dejadas de reconocer
desde su desvinculación hasta que se haga efectivo el reintegro, ello sin que
se entienda que hubo solución de continuidad en la relación legal; y v) negó
las demás pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 595 a 600, C3)

La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
nieguen los pedimentos de la libelista.

Al respecto manifestó que de acuerdo con la forma de vinculación de los
empleados al servicio público, lo propio ocurre solo cuando media en primer
lugar un acto administrativo de nombramiento expedido por la autoridad
competente, así como la respectiva posesión, situación que en efecto nunca
sucedió en el caso de la demandante frente a la ESE demandada, pese a que
el a quo ignoró lo propio al admitir que con el Decreto 99-05-31-12 se
legalizaba el acceso a los cargos públicos al interior de la referida entidad,
pues en realidad dicha manifestación únicamente creó una expectativa, toda
vez que tales servidores siempre pertenecieron al municipio de Arroyohondo.

Añadió que la gerente de la mentada empresa social del Estado le comunicó
al alcalde municipal cuáles fueron los fundamentos para expedir la Resolución
0009 de 2011, para lo cual le indicó que era la referida entidad territorial la que
tenía que nombrar a funcionarias como la libelista, toda vez que sus
emolumentos salariales ya habían sido incorporados al presupuesto de la
vigencia de 2011 del municipio como lo demuestra el proyecto de acuerdo de
Noviembre de 2010 aprobado por el Concejo bajo el concepto de gastos de
salud pública, pago talento humano, es decir, la ESE fue totalmente
responsable al emitir el acto administrativo demandada, habida cuenta de que
sería un delito pagar con el presupuesto de un organismo los empleados de
otra. Afirmó que esta situación fue debidamente demostrada con las pruebas
aportadas al plenario, las cuales no fueron tenidas en cuenta por el a quo.

Precisó que la demandante tenía un vínculo con la institución de salud porque
en sus instalaciones desempeñaba su cargos, pero lo cierto es que desde un
principio estaba posesionada por parte del municipio de Arroyohondo, de
suerte que no había una autonomía en la voluntad de la primera autoridad,
sino la demostración de una imposición por asuntos políticos.

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Refirió que al no obrar en el expediente las pruebas que demuestren que la
señora Martínez García estaba nombrada y posesionada en la ESE, no se
podía hablar de un retiro del servicio por parte de esta última como lo estimó
el tribunal de primera instancia, pues simplemente se terminó la relación
laboral que no era legal y reglamentaria, por no estar constituida en forma
ajustada a derecho, al punto de que la libelista debía ser trasladada a la
mentada entidad territorial que era la que tenía la provisión económica para
pagar sus salarios y prestaciones.

Manifestó además que de conformidad con lo previsto en el artículo 125 de la
Constitución Política, los empleos en los órganos y entidades del Estado son
de carrera, salvo los exceptuados en la misma norma y en la ley. Asimismo,
aclaró que este postulado determina que el ingreso a los cargos de carrera y
el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los
aspirantes, lo cual implica que únicamente podrán ser incorporados a las
plantas de personal los ciudadanos que cumplan con los requisitos para
acceder y permanecer en el cargo del que se trate.

Bajo tal contexto, aseguró que la ESE demandada verificó que la demandante
no había colmado las exigencias legales necesarias para su vinculación con
esta entidad, por lo que era necesario retirarla del servicio a fin de no
transgredir el precepto constitucional en comento.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ministerio Público (Folios 638 a 646, C4): emitió concepto en el presente
caso en el sentido de solicitar que se confirme el fallo apelado.

Sobre el punto acotó que aunque no se observa dentro del expediente un acto
administrativo mediante el cual se transfiere a la ESE Centro de Salud con
Cama de Arroyohondo la planta de personal incorporada al respectivo
municipio, el Decreto 2000-03-16-16 sí previó la garantía del nombramiento
definitivo en dicha institución una vez esta se organizara, obligación que la
referida demandada debió cumplir una vez ajustó la estructura de cargos y
asignaciones con base en el Decreto 0008 del 1.° de abril de 2011.

Del análisis general de los hechos y las pruebas aportadas, concluyó que la
falta de diligencia de la administración, bien sea del ente territorial o de la
E.S.E. municipal, no puede afectar los derechos de los empleados públicos de
carrera, en este caso de la señora Ruth Martínez García. Es decir, la
administración no puede tomar decisiones caprichosamente, estas deben
basarse en consideración a las circunstancias de hecho o de derecho que en
cada caso se presenten, puesto que estas circunstancias son las que
constituyen su causa o argumento para sustentar la decisión a través de los
actos administrativos.

Por lo anterior, consideró que el acto administrativo demandado se encuentra
viciado de nulidad, pues con este se transgrede el derecho a la estabilidad en
carrera administrativa de la parte activa sin ningún tipo de base jurídica. En
consecuencia, planteó que se debe tener en cuenta la responsabilidad de esta
entidad territorial en la violación de las garantías de la libelista, habida cuenta
de que en la nueva planta de personal del mentado centro de salud, estaba
previsto el ingreso de las mismas personas que ocupaban sus cargos de
carrera administrativa en la Secretaria Seccional de Salud del Departamento
de Bolívar, y que fueron trasladadas a la planta de funcionarios del municipio
de Arroyohondo de manera provisional.

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal según constancia
secretarial visible a folio 647 del cuaderno 4.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos expuestos en
la respectiva alzada, la cual en el presente caso solo presentó la parte
demandada.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se
circunscribe a los argumentos de impugnación de la parte apelante, los cuales
se resumen en la siguiente pregunta:

¿Existía una relación legal y reglamentaria entre la ESE Centro de Salud con
Cama de Arroyohondo y la señora Ruth Yaneth Martínez García, en virtud de
la cual deba considerarse que su desvinculación en cumplimiento de la
Resolución 0009 del 6 de abril de 2011, fue ilegal al desconocer derechos de
carrera administrativa, al punto de ser necesario su reintegro y pago de los
haberes salariales y prestacionales dejados de abonar desde la mentada
fecha?

Al respecto la Subsección sostendrá como tesis que: sí existió un vínculo
laboral oficial de la ESE demandada con la libelista, quien por tener derechos
de carrera administrativa, no podía ser desvinculada del servicio en la forma
en que se determinó a través el acto administrativo censurado, toda vez que
tenía una garantía de estabilidad que implicaba de manera preferente una
nueva incorporación, la cual no se coordinó entre la institución de salud y el
municipio de Arroyohondo, tal como se explica a continuación:

 Marco normativo y jurisprudencial sobre la desvinculación de un
servidor público de carrera administrativa

La carrera administrativa es la institución a través de la cual la administración
pública garantiza la estabilidad laboral del personal vinculado a las distintas
dependencias del Estado, cuya reglamentación legal se encuentra consignada
en la Ley 909 de 20043, que particularmente en los artículos 27 y 28 consagra
lo siguiente:

«ARTÍCULO 27. CARRERA ADMINISTRATIVA. La carrera administrativa es
un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto
garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e
igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para
alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera
administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante
procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad,
sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 28. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN EL INGRESO Y EL ASCENSO
A LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. La ejecución

3 «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia

pública y se dictan otras disposiciones.».

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de los procesos de selección para el ingreso y ascenso a los empleos públicos
de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo con los siguientes
principios:

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera
administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán
determinados por la demostración permanente de las calidades académicas, la
experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de los empleos;
b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que
acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán participar en
los concursos sin discriminación de ninguna índole;
c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en
condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos
potenciales;
d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el
escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección;
e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los procesos
de selección;
f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar a
cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los
miembros responsables de ejecutarlos;
g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la
capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos
de carrera;
h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los
candidatos seleccionados al perfil del empleo;
i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de todas y
cada una de las garantías que han de rodear al proceso de selección. […]».

De otra parte, bien es sabido que los derechos no son absolutos, y por ende,
la estabilidad laboral que se predica de la permanencia de un servidor público
en la carrera administrativa, como expresión del artículo 53 de la Carta
Política4, está en todo caso sometido a algunas excepciones que de igual
manera son de rango superior como las que se encuentran consignadas en el
artículo 125 idem5, a saber: por calificación no satisfactoria en el desempeño
del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causales
previstas en la Constitución o la ley.

Por tanto, es procedente el retiro de un servidor público de la carrera
administrativa, siempre y cuando se configure alguna de las excepciones
previstas. Así se refirió la Corte Constitucional6 sobre el particular:
4 ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta

por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores.
5 Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de

elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el
ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para
determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en
el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en
la Constitución o la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Los períodos establecidos en la
Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes
sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo
harán por cl resto del período para el cual este fue elegido. (Subrayas nuestras)
6 Sentencia C-954 de 6 de septiembre de 2001.

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«Según lo anterior, la estabilidad con la que están protegidos los empleados de
carrera no puede ser concebida como una inamovilidad absoluta ya que, si se
presentan una de las causales señaladas en el artículo 125 de la Carta, su retiro
no sólo es legítimo, sino necesario para alcanzar los fines del Estado bajo los
principios de eficacia, eficiencia, moralidad, entre otros, pues se han perdido los
méritos y las calidades morales que justifican su permanencia en el cargo. En
consecuencia, tal estabilidad es apenas relativa.

En síntesis, el derecho a la estabilidad laboral de los empleados de carrera
no es absoluto y encuentra su principal restricción en la misma
Constitución, que establece en su artículo 125 las causales en que procede
el retiro de dichos empleados, en armonía con el artículo 58, que consagra la
prevalencia del interés público sobre el particular.

Se debe recordar que la finalidad misma de la carrera administrativa es reclutar
un personal óptimo y capacitado para desarrollar la función pública. Con el
propósito de garantizar el cumplimiento de los fines estatales, la carrera permite
que quienes sean vinculados a la administración bajo esta modalidad, ejerzan de
manera calificada la función pública que se les asigna, ya que dicho sistema está
diseñado para que ingresen y permanezcan en él aquellas personas que tengan
suficientes calidades morales, académicas, intelectuales y laborales para asumir
con eficiencia y honestidad dicho servicio. Existe entonces una estrecha
relación entre el cumplimiento de los fines del Estado y la prioridad que el
constituyente otorga a la carrera administrativa, que se explica en la
naturaleza del sistema y en los principios que lo fundan.». (Negritas y
subrayado fuera de texto original).

En vista de que el artículo 125 Superior fue enfático en señalar que
corresponde a la ley fijar las causales de retiro de un servidor de la carrera
administrativa, el Título VII de la norma ejusdem previó el supuesto normativo
del retiro de un funcionario de la carrera administrativa bajo los siguientes
postulados:

«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio
de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y
de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia
del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un
empleado de carrera administrativa;
c) < Literal INEXEQUIBLE >
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) < Literal CONDICIONALMENTE exequible > Retiro por haber obtenido la
pensión de jubilación o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) < Literal CONDICIONALMENTE exequible > Por declaratoria de vacancia del
empleo en el caso de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el
desempeño del empleo, de conformidad con el artículo 5 o. de la Ley 190 de
1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.

PARÁGRAFO 1o. < Parágrafo INEXEQUIBLE >

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PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución
Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento
y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.

ARTÍCULO 42. PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE CARRERA
ADMINISTRATIVA.

1. El retiro del servicio por cualquiera de las causales previstas en el artículo
anterior, implica la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los
derechos inherentes a ella, salvo cuando opere la incorporación en los
términos de la presente ley.

2. De igual manera, se producirá el retiro de la carrera administrativa y la
pérdida de los derechos de la misma, cuando el empleado tome posesión de
un cargo de libre nombramiento y remoción sin haber mediado la comisión
respectiva.

3. Los derechos de carrera administrativa no se perderán cuando el empleado
tome posesión de un empleo para el cual haya sido designado en encargo.

[…] ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA
ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados
públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación,
reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias,
o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta
de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán
derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la
nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser
reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El
Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el
reconocimiento de la indemnización.

[…] ARTÍCULO 45. EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL EMPLEADO DE
CARRERA ADMINISTRATIVA A LAS NUEVAS PLANTAS DE PERSONAL.
Cuando la incorporación se efectúe en un empleo igual no podrán exigirse
requisitos distintos a los acreditados por los servidores al momento de su
inscripción o actualización en el Registro Público de Carrera Administrativa en
el empleo suprimido. Cuando la incorporación se realice en un empleo
equivalente, deberán acreditarse los requisitos exigidos por la entidad que esté
obligada a efectuarla, de conformidad con el manual específico de funciones y
requisitos de la misma. […]». (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De hecho, al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-954 del 6 de
septiembre de 2001 al declarar exequible el artículo 39 de la entonces Ley
443 de 1998, consignó los siguientes argumentos:

«[…] 3. La supresión de cargos de carrera administrativa como consecuencia
de los procesos de reestructuración de la administración pública frente a los
derechos de los trabajadores.

(…) Tales reajustes pueden conducir a la supresión de cargos de carrera,
concretamente como consecuencia de reestructuraciones administrativas que
impliquen reformar las plantas de personal, lo cual podría afectar los derechos
de los empleados, especialmente los de carrera, que en principio gozan de
cierta estabilidad laboral. Con fundamento en ello, el legislador, en procura de
la protección de estos derechos, exige que la supresión de tales cargos no
pueda ser caprichosa, arbitraria o subjetiva.

Por lo anterior, la expresión acusada, contrariamente a lo que considera el
actor, no desampara al empleado de carrera ante la supresión de su cargo sino
que lo protege a través de los mecanismos anotados. No en vano el artículo

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39, demandado parcialmente, se titula: ‘Derechos del empleado de carrera
administrativa en caso de supresión del cargo.

Así pues, la norma es respetuosa del artículo 53 de la Carta, que consagra,
entre otros, los derechos de los trabajadores a la igualdad, la estabilidad en el
empleo y la prevalencia de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales, en armonía con el artículo 25 superior,
que consagra el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas y
justas.».

Si bien el contexto normativo y jurisprudencial expuesto previamente hace
alusión a los casos en los que se suprimen ciertos empleos públicos, deberá
tenerse en cuenta que aquel es aplicable en su integridad para eventos como
el presente en el que se verifica un proceso de descentralización o
transferencia de funciones, personal e infraestructura del departamento al
municipio, pues lo propio corresponde a una situación jurídica que está
expresamente contemplada como generadora de derechos de estabilidad
para los funcionarios de carrera administrativa según el artículo 44 de la Ley
909 de 2004, así la reestructuración interna de las entidades no implique una
eliminación de plazas, pues se trata de una incorporación que conlleva los
mismos efectos y naturaleza de una supresión.

Es pues con fundamento en el anterior marco legal y jurisprudencial que la
Sala desatará el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
Igualmente resulta ilustrativo tener de presente el siguiente criterio
jurisprudencial trazado por esta Sección7 que se ajusta al caso sub examine8
así:

«Cuando las reformas de las plantas de personal conllevan la supresión de
empleos, se erigen en criterios y condiciones relacionados con las necesidades
del servicio o modernización de la Administración, siendo objetivas las razones
que justifican la reforma. La decisión de retirar a un empleado de la planta de
cargos, como consecuencia de una supresión, puede originarse bien porque
todos los cargos de su categoría fueron suprimidos por el acto general, o bien
porque en la nueva planta de personal no se creen cargos con funciones
iguales o equivalentes en uno de los cuales pudiera incorporarse.
[…]

El artículo 39 de la Ley 443 de 19986, prevé que la supresión de un cargo de
Carrera Administrativa puede ocurrir por diferentes razones, verbi gracia fusión
o liquidación de una Entidad Pública; la reestructuración; por modificación de
la planta de personal; por reclasificación de los empleos; traslado de funciones
de una entidad a otra; o simplemente por políticas de modernización del Estado
con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público, que trae
consigo las consecuencias jurídicas que de ella se derivan, como son la opción
de ser incorporado a un empleo equivalente o ser indemnizado en los términos
y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.».

En otras palabras, el derecho a la estabilidad no impide que la administración
por razones de interés general ligadas a la propia eficacia y eficiencia de la
función pública pueda suprimir determinados cargos, por cuanto ello puede ser
necesario para que el Estado cumpla sus cometidos. Por consiguiente, cuando
existan motivos de interés general que justifiquen la supresión de cargos en
una entidad pública, es legítimo que el Estado lo haga, sin que pueda
oponérsele los derechos de carrera de los funcionarios, toda vez que estos

7 Sentencia C-370 de 1999, Referencia Expedientes D-2219 y D-2225 (acumulados), Demanda de
Inconstitucionalidad contra los artículos 5º, parcial, 39, parcial, 41, 48-2 y 56 de la Ley 443 de 1998,
Demandantes: Carlos Alberto Lozano Velásquez, Rubén Darío Díaz Rueda y otros, M.P. Dr. Carlos
Gaviria Díaz, sentencia de 27 de mayo de 1999. En el proveído en mención, se declaró exequible la
expresión “o a recibir indemnización” contemplada en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998.
8 Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 6 de octubre de 2011 Radicación número: 25000-23-

25-000-2003-01392-01(2429-10).

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deben ceder ante el interés general.

 Acerca del proceso de incorporación de la demandante a la ESE
Centro de Salud con Cama de Arroyohondo.

En primer lugar, debe destacarse que el 21 de diciembre de 1999 el
departamento de Bolívar y el municipio de Arroyohondo celebraron un
convenio interadministrativo cuya finalidad se fijó en los siguientes puntos: i)
determinar los mecanismos y acciones necesarias que permitan la dirección y
prestación de servicios de salud de primer nivel; ii) asignar los recursos del
situado fiscal que la Nación destina para su funcionamiento; y iii) transferir al
municipio la dirección y prestación de los servicios de la salud del primer nivel
de atención por parte de la Secretaría Seccional de Salud.

Las cláusulas más relevantes para el desarrollo del mentado convenio 9 son las
siguientes:

«[…] CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR – SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD: En desarrollo del presente
Convenio El Departamento de Bolívar – Secretaría Seccional de Salud se
compromete a) 1- Prestar la asesoría y asistencia técnica requerida por el municipio
para la Dirección y prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención;
2- Prestar apoyo técnico necesario para que el municipio pueda formular el plan local
de salud, en el contexto de su plan de desarrollo, articulado con el plan de desarrollo
nacional “Cambio para Construir la Paz”; 3- Distribuir y transferir los recursos del
situado fiscal correspondiente al primer nivel de atención en salud para el municipio
de Arroyohondo; hasta tanto el ministerio de hacienda y de los recursos directamente
al fondo local de salud; 4- Transferir al municipio a título gratuito la posesión pacífica
material e interrumpida que ha ejercido sobre el bien inmueble donde funciona el
centro hospital de Arroyohondo y los puestos de salud de su jurisdicción mediante
acta de entrega y recibo firmado por las partes previo trámite de escrituras por el
municipio; transferencia que sea en un tiempo máximo de tres meses contados a
partir de la firma del presente convenio; 5- Transferir al municipio en la planta de
Carlos aprobada para el centro hospital Arroyohondo y los puestos de salud de su
jurisdicción que se encuentran en la planta de cargos de la Secretaría Seccional de
Salud en un término de máximo de tres meses a partir de la firma del presente
convenio; 6- Gestionar ante el Fondo Nacional del Pasivo Prestacional el saneamiento
del pasivo prestación al de los funcionarios que sean transferidos al municipio. En
consecuencia, los funcionarios transferidos pasarán sin deudas salariales ni
prestacionales a cargo del municipio; 7- Ejercer vigilancia y control sobre la ejecución
de los recursos destinados para el sector salud. CLÁUSULA TERCERA –
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: para el desarrollo del objeto del presente
convenio el municipio se compromete a: 1) recibir la dirección y prestación de
servicios de primer nivel de atención de su jurisdicción; 2) implementar el sistema
básico de información de acuerdo con el cronograma establecido en el decreto
número 99-05-31-09 de mayo de 31/99 y enviar información cada dos meses en la
división de planeamiento y control; 3) desarrollar las acciones en materia de dirección
y prestación de los servicios de salud del primer nivel de atención en la jurisdicción,
de conformidad con las normas legales vigentes, los lineamientos y directrices que al
respecto establezcan el departamento; 4) Realizar los trámites con el departamento,
necesarios para legalizar mediante escritura pública y ceder el título de propiedad del
bien y muebles que no lo tienen y que se recibirá y cumplimiento del presente
convenio en un plazo de 90 días; 5) recibir y destinar adecuadamente los bienes,
muebles e inmuebles que se transfieran al municipio para el desarrollo de las
actividades del primer nivel de atención en salud, de conformidad con las normas
aplicables; 6) Crear e incorporar a la planta de personal del municipio los
empleados que se transfieran por la Secretaría Seccional de Salud, conforme a
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 10/90 y el Decreto 1399 del mismo año,
con las mismas asignaciones salariales y prestacionales a que tenían derecho
en el departamento; 7) Dar cumplimiento al proceso de convocatorias ejecutadas y
culminadas de acuerdo a lo establecido en la Ley 443 de 1998 y decretos

9 Visible de folios 16 a 18, C1.

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reglamentarios cuando la función pública reanude actividades de acuerdo con lo
establecido en la circular No. 1000-02; 7) (sic) adicionar el presupuesto del municipio
el monto del situado fiscal asignado por el departamento, de conformidad con las
disposiciones legales vigentes y ejecutarlo conforme a su destinación […] CLÁUSULA
CUARTA – PLAZO: Por el carácter permanente de las obligaciones que adquiere el
municipio en relación con el primer nivel de atención de salud en la localidad, el
presente convenio se considera de carácter indefinido. No obstante, periódicamente
se harán revisiones a los términos en el consignados y se acordarán los ajustes
pertinentes para el mejor cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes
[…]». (Negrita intencional).

Conforme al acta del 29 de marzo de 2000 (obrante de folios 19 a 20, C1)
suscrita entre los referidos entes territoriales, se evidencia que fue llevada a
cabo la entrega de los servidores por parte del departamento de Bolívar al
municipio de Arroyohondo. En dicho documentó se indicó con claridad lo
siguiente:

«[…] Al momento de darse esta transferencia, el municipio de Arroyohondo debe crear
los cargos en mención, incorporarlos a la planta de personal del municipio, dando
posesión mediante acto administrativo a cada uno de los funcionarios transferidos.
De conformidad con el artículo 11 del mismo decreto, los funcionarios incorporados
al municipio de Arroyohondo que estén en carrera administrativa se les debe respetar
la continuidad en la carrera, por lo tanto a los funcionarios transferidos no se les podrá
disminuir los niveles de orden salarial ni prestaciones legales definidos en la ley, para
el caso de funcionarios transferidos que se encuentren laborando en cargos de
carrera sin pertenecer a ella, se les reconocerá el derecho a ingresar a ella mediante
concurso abierto, el cual será convocado por el municipio de Arroyo hondo, una vez
se defina el procedimiento de concursos que se reglamentó en el artículo 14 de la Ley
443 de 1998, declarado inexequible por la sentencia C-372 de 1999. La planta de
personal transferida consta de 10 cargos en el centro de salud de Arroyohondo y un
calvo en el puesto de salud de Sato, según el detalle del anexo uno. En el anexo dos,
se relaciona el resumen de la hoja de vida de cada uno de los empleados del centro
de salud de Arroyohondo y puesto de salud de Sato, el cual contiene el nombre del
trabajador, su identificación, el cargo que ocupa, la asignación básica mensual, la
fecha de ingreso un retiro, la clasificación del empleo, el último periodo de vacaciones,
la filiación en salud, pensiones cesantías y el número de folios que contiene cada hoja
de vida. […]».

A partir del Anexo 1 que reposa a folio 21 del cuaderno 1, se logra verificar que
la señora Ruth Martínez García fue una de las funcionarias transferidas del
departamento al municipio, ello con la aclaración de que su cargo era el de
promotora de salud código 541 y que su vinculación era en carrera
administrativa inscrita en el respectivo escalafón según la Resolución 2147 del
8 de marzo de 1995.

También se precisa en el presente recuento que, por medio del Decreto 99-
05-31-12 del 31 de mayo de 1999 (folios 22 a 40, C1) se creó la Empresa
Social del Estado Centro de Salud con Cama de Arroyohondo como una
entidad pública del orden municipal, tendiente a la prestación de servicios de
salud en el mencionado territorio. No obstante, este organismo no entró en
funcionamiento en la referida fecha, sino que debía adoptarse un tiempo
durante el cual se organizara, entre otros aspectos, la estructura funcional y
su planta de personal.

Seguidamente, a través del Decreto 2000-03-16-16 del 16 de marzo de 2000
(folios 41 a 44, C1), el alcalde del municipio de Arroyohondo incorporó a su
planta de personal del subsector salud a algunos de los empleados en
comento, entre estos a la demandante, ello sin solución de continuidad y sin
perjuicio de los derechos de carrera administrativa. Igualmente, por medio del
Decreto 2000-07-01-01 del 1.º de julio de 2000 (folios 48 a 49, C1) dicha
autoridad dio por terminado el período de transición en virtud del cual se

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asumió en forma provisional la administración de los servicios de salud en el
citado municipio, razón por la cual adecuó el presupuesto general para
trasladar los recursos del situado fiscal y los recursos propios para el normal
funcionamiento de la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo.
Incluso, se precisó que habría de transferirse la planta de personal que había
sido incorporada mediante el primer decreto en mención donde se reitera que
figuraba la libelista.

 De la situación particular de la parte activa

En lo que respecta al caso de la señora García Martínez, se destaca que los
elementos probatorios relevantes aportados al proceso son los siguientes:

 A partir de la Resolución 2147 del 8 de marzo de 1995 (folio 51, C1), se
extrae que la demandante fue inscrita en el escalafón de la carrera
administrativa de la planta de personal del servicio seccional de salud de
Bolívar, bajo el cargo de promotora de salud, código 5052, grado 05.

 Mediante Oficio del 5 de abril de 2011 (folios 221 a 222, C2), el gerente de
la ESE demandada le informó al alcalde de Arroyohondo que la señora Ruth
Martínez García no estaba vinculada directamente con el centro de salud, sino
con el municipio en razón de la condición prevista en el artículo 25 del Decreto
99-05-31-12 del 31 de mayo de 1999, es decir hasta tanto se definiera la
estructura orgánica funcional de la empresa social del Estado en atención a
sus necesidades particulares. Con motivo de lo expuesto, en dicho documento
se indicó que se expidió la Resolución 009 del 6 de abril de 2011 con la cual
se desvinculó, entre otras, a la libelista, ello debido a que su plaza no se
ajustaba a los requerimientos internos de la institución.

 Con la Resolución 00009 del 6 de abril de 2011 (folios 45 a 47, C1), el
gerente de la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo desvinculó a
varias funcionarias que habían sido trasladadas del departamento de Bolívar
al municipio en comento, entre ellas a la señora Ruth Yaneth Martínez, esto
con base en la siguiente motivación:

«[…] Que mediante acta, de la Secretaría Seccional de Salud de la Gobernación de
Bolívar, suscrita en marzo 29 del 2000, el gobernador de Bolívar, hace entrega del
recurso físico y humano del centro de salud de Arroyo Hondo (sic), administrado por
la gobernación hasta ese entonces, a la alcaldía del municipio de Arroyo hondo (sic).

Que en abril 1 del 2000, las señoras, […] Ruth Martínez García C.C. No. 22.849.297
[…] fueron nombradas y posesionadas en la Alcaldía Municipal de Arroyohondo,
Bolívar, en sus cargos ante el Alcalde de Arroyohondo […]

Que las señoras […] Ruth Martínez García C.C. No. 22.849.297 […] no están
nombradas y posesionadas en la planta de cargos de la ESE Centro de Salud Con
Cama de Arroyohondo, Bolívar, y que estuvieron vinculadas en esta entidad por la
condición del artículo 25, régimen de presupuestación, parágrafo transitorio del
Decreto No. 99-05-31-12 de mayo 31 de 1999.

Que la Resolución No. 0008 de abril 01 de 2011 ajusta la planta de cargos y
asignaciones del Personal de la Planta y se establece su sistema de nomenclatura,
clasificación y categoría de los empleos de la Empresa Social del Estado Centro de
Salud Con Cama de Arroyohondo Bolívar.

Que la Resolución No. 0008 de abril 1 de 2011 en su artículo 7 define la siguiente
planta de cargos:

Nivel Directivo
GERENTE 085 01 1
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 090 05 1

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

Nivel Profesional
Profesional SSO 217 02 2

Nivel Asistencial
Asistente Administrativo 367 07 1

[…]». (Negrilla y mayúscula del texto original).

Ahora, del contexto jurídico y fáctico reseñado con antelación, se advierte en
primer lugar, sin que haya debate sobre el punto, que la señora Ruth Yaneth
Martínez García prestó su servicio en la ESE Centro de Salud con Cama de
Arroyohondo bajo el cargo de promotora de salud código 5052, grado 05, para
el cual fue inscrita en carrera administrativa conforme a la Resolución 2147 del
8 de marzo de 1995, ello en virtud de una incorporación temporal con el
municipio demandado hasta tanto se definiera la estructura funcional y la
planta de personal de la mentada empresa social del Estado, en donde tendría
que ser incorporada de manera definitiva en atención a sus derechos laborales
adquiridos con motivo de su tipo de nombramiento, esto conforme al Decreto
2000-03-16-16 del 16 de marzo de 2000.

Desde el punto de vista normativo, se verifica que en virtud de las Leyes 10 de
1990, 60 de 1993 y 100 de 1993, se contempló la posibilidad jurídica de que
los municipios efectuaran procesos de descentralización de servicios como la
salud. Para ello debe tenerse en cuenta que el departamento de Bolívar
certificó que el municipio de Arroyohondo colmaba las exigencias legales para
que le fueran transferidos recursos del entonces situado fiscal a fin de prestar
el servicio en comento.

Ante esta circunstancia, se encuentra probado que entre las referidas
autoridades se celebró un convenio interadministrativo que tenía como
objetivos principales los siguientes: i) definir los mecanismos y acciones
necesarias que permitan la dirección y prestación de servicios de salud de
primer nivel; ii) asignar los recursos del situado fiscal que la Nación destina
para su funcionamiento; y iii) transferir al municipio la dirección y prestación de
los servicios de la salud del primer nivel de atención por parte de la Secretaría
Seccional de Salud departamental.

Por lo expuesto, es claro que los funcionarios que prestaban su servicio al
departamento serían transferidos al municipio de Arroyohondo, y este último a
su vez tendría la posibilidad de incorporarlos nuevamente a las entidades que
aquel definiera para desarrollar materialmente actividades y atenciones en
salud, como en efecto lo era la ESE demandada. Ahora bien, para lo propio se
destaca que los empleados que estaban inscritos en carrera administrativa
como la libelista, consolidaron sendas garantías que conllevaban su
permanencia en el cargo sin relevancia sobre la determinación del organismo
que los nombrara o en el que desempeñaran efectivamente su cargo, esto al
menos hasta tanto no se configurara alguna de las causales legales para su
retiro o declaratoria de insubsistencia.

Con base en lo anterior, es decir, en observancia de los derechos de carrera
que detentaban, entre otras la demandante, el municipio de Arroyohondo
incorporó en su planta de personal a los funcionarios provenientes del
departamento de Bolívar, incluida la señora Martínez García. No obstante,
conforme al marco regulatorio precitado, se destaca que esa vinculación se
condicionó a una temporalidad basada en el siguiente postulado:

«[…] ARTÍCULO SEGUNDO: Al personal incorporado en forma provisional a la planta
de personal del municipio en virtud del presente decreto, se le garantizará su
incorporación definitiva a la planta de personal de la E.S.E. CENTRO DE SALUD

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CON CAMA DE ARROYOHONDO una vez se organice esta. […]». (Mayúscula
conforme a la transcripción y negrita de la Sala).

Ahora bien, también se encuentra demostrado que de conformidad con el
Decreto 2000-07-01-01 del 1.º de julio de 2000, el ente municipal demandado
dio por terminado el lapso de adecuación de la ESE en comento, ello según
los siguientes postulados:

«[…] ARTICULO 1°: Desee (sic) por terminado el periodo de transición donde la
Administración Municipal de Arroyohondo, asume en forma provisional las funciones
de los servicios de salud en el Municipio, las cuales a partir de la fecha de expedición
del presente decreto serán asumidas por la E.S.E. Centro de Salud Con Cama
Francisca Ospino Martínez Municipio de Arroyohondo.

ARTICULO 2°. Como consecuencia de lo anterior, la Administración Municipal
adecuará el Presupuesto General del Municipio, para trasladar los recursos del
situado fiscal, Ecosalud, Fogyga; y los recursos propios para el normal
funcionamiento de la E.S.E, así como también transferirá la Planta de Personal
Incorporada provisionalmente mediante Decreto N° 2000-03-16-16. […]».
(Negritas intencionales).

Como se aprecia, es evidente que el municipio de Arroyohondo no solo
garantizó en su momento la permanencia de la demandante en su cargo
debido a sus derechos de carrera, sino que además declaró que se había
cumplido la condición en razón de la cual aquella debía incorporarse de
manera definitiva en la planta de personal del centro de salud demandado con
motivo del proceso de descentralización de la atención en salud de primer
nivel del territorio a cargo de la empresa social del Estado creada para el
efecto.

Empero, la última autoridad en comento esgrimió en su recurso que, entre
esta y la señora Ruth Yaneth Martínez, nunca existió una relación legal y
reglamentaria en el entendido de que lo propio se había configurado
únicamente con el aludido municipio que tiene autonomía administrativa y
financiera diferente a la de la ESE.

De hecho, en su impugnación adujo que el a quo no había valorado
adecuadamente ciertas pruebas documentales como: a) la conclusión de la
investigación realizada por la Contraloría Departamental de Bolívar que
determinó la ausencia de responsabilidad fiscal de dicha entidad de salud
(folios 230 a 234, C2); b) el concepto jurídico del asesor de la Alcaldía
Municipal, en el que se indicó que la demandante hacía parte de la planta de
personal del ente territorial (folios 237 a 238, C2); c) el Acta n.° 2 de 2011
emitida por el Concejo Municipal de Arroyohondo en la que se consignan las
discusiones políticas en torno a la desvinculación de las promotoras de salud
de la empresa social del Estado y la falta de modificación de la planta de
personal para incluirlas una vez fueron transferidas por parte de la alcaldía
(folios 239 a 261, C2); y d) el presupuesto fiscal de gastos e ingresos para la
vigencia fiscal 2011 del municipio en el que se destaca una partida por
concepto de nómina para la prestación de servicios de salud (folios 263 a 277,
C2).

Al respecto, una vez revisada dicha documentación, se encuentra que esta no
demuestra la inexistencia de una relación legal y reglamentaria de la
demandante con la ESE demandada, sino que por el contrario la confirma,
pues lo que se extrae es que tanto el departamento de Bolívar como el
municipio de Arroyohondo realizaron las gestiones administrativas tendientes
a efectuar los traslados e incorporaciones necesarias de los funcionarios con
derechos de carrera administrativa, en orden de que estos finalmente
quedaran vinculados de manera definitiva en el mentado centro de salud.

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Particularmente, en el informe de la Contraloría Departamental de Bolívar del
28 de septiembre de 2012 se manifestó lo siguiente: «[…] Las pruebas
documentales aportadas dan claridad a los hechos denunciados, porque consta en
la documentación allegada que las denunciantes estaban en cargos de carrera
administrativa, al momento de ser trasladadas de la seccional de salud de la
Gobernación de Bolívar a la Alcaldía municipal de Arroyo hondo laborando en la
E.S.E. estas fueron posesionadas por la Alcaldía municipal de Arroyohondo, pero
laboraban en la E. S. E. Centro de Salud Con Cama Francisco Ospina Martínez del
municipio Arroyohondo, sin ser trasladadas por la alcaldía municipal y sin ser
posicionados (sic) por la E.S.E., quien en últimas al crear la planta de cargos
prescinde de estos. Ante este hecho estas funcionarias debían volver al ente que las
posesionó, quien debe incluirlas en su nómina mensual. […]».

Igualmente, en el concepto emitido por el asesor jurídico de la Alcaldía
Municipal de Arroyohondo, es de destacar que para asegurar que los
funcionarios trasladados del departamento de Bolívar eran del mentado
municipio y no del centro de salud, se planteó como argumento lo siguiente:
«[…] Dentro de la documentación que hace parte de la foliatura que conforman las
carpetas examinados, no aparece administrativo alguno, ni actas de posesión que
permitan establecer que el personal que fue transferido por el Departamento de
Bolívar - Secretaría de Salud Departamental y recibido e incorporado a la planta de
personal del municipio de Arroyohondo Bolívar - Secretaría de Salud Municipal, haya
sido transferido e incorporado a la planta de personal de esta empresa. […]».

Pues bien el fundamento relacionado con la falta de posesión de la
demandante ante la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo, no
puede ser tenido en cuenta como el sustento para alegar la inexistencia de
vínculo alguno de la primera con dicha entidad, toda vez que su situación
jurídica laboral en ningún momento ha sido escindida, enervada o sometida a
una solución de continuidad desde el mismo momento en que fue nombrada
por el departamento de Bolívar, e inscrita en carrera administrativa conforme
a la Resolución 2147 del 8 de marzo de 1995.

Lo anterior implica que no se hacía necesario acreditar el hecho de que la
libelista hubiese sido nombrada por la institución de salud en comento, y que
además hubiera tomado posesión del cargo ante dicha autoridad, habida
cuenta de que ante su inscripción en carrera administrativa y las consecuentes
garantías laborales que esto conlleva, debe entenderse que su vinculación en
ningún momento feneció o se interrumpió, así como tampoco se cambió por
otra diferente a pesar de las distintas etapas de traslado e incorporación entre
entidades.

Sobre el punto se recuerda que conforme a los artículos 42 y 44 de la Ley 909
de 2004, cuando se realizan procesos de liquidación, reestructuración,
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, así como el
traslado de funciones de una institución a otra, o incluso cuando se efectúa
una modificación de las plantas internas de personal; los empleados públicos
con derechos de carrera administrativa tienen inicialmente una prerrogativa
inherente a la estabilidad que se predica de su tipo de vinculación, la cual
efectivamente consiste en la incorporación en las nuevas estructuras
funcionales que se hayan creado o transformado.

Tal garantía que en esencia es el traslado de un funcionario previamente
nombrado y posesionado en una entidad, hacia una dependencia u organismo
diferente, lo que genera es que este tenga la certeza de una movilidad laboral
frente a los cambios en la organización interna, o inclusive respecto a la misma
existencia del ente en el que laboraba inicialmente.

Es decir, de ninguna manera se enerva su vínculo oficial, pues aquel servidor
terminará por ejercer su propia plaza u otra equivalente, bajo la égida de la

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continuidad y univocidad de la mentada relación primigenia, sin que se exija
legal o jurídicamente el formalismo de un nuevo nombramiento y posesión
ante la autoridad o dependencia receptora, pues se asume que con motivo de
dicha circunstancia, nunca se materializó un retiro del servicio y un posterior
reingreso a la función pública, en virtud de la cual se haga necesario volver a
colmar las mentadas exigencias de estructuración de un nexo de labor oficial
con el Estado (el acto administrativo de nombramiento y la diligencia de
posesión del cargo).

En todo caso, debe tenerse en cuenta que el proceso de transferencia de
empleados entre entidades y sus respectivas incorporaciones finales, son
actuaciones interadministrativas en las que las autoridades involucradas,
deben materializar lo propio sin exigir formalismos adicionales que
prevalezcan sobre las realidades fácticas y jurídicas de los servidores, ello en
respeto del principio constitucional desarrollado en el artículo 53 Superior. En
tal sentido, la relación legal y reglamentaria en este tipo de casos, se predica
respecto del organismo público que recibe de manera definitiva al funcionario,
es decir, a quien este último le presta materialmente el servicio conforme a los
elementos del desempeño personal de las funciones, la subordinación y la
remuneración; de suerte que se torna irrelevante para el efecto, determinar
cuál es la última institución que nombró y posesionó al empleado. Por ello, las
pruebas en mención no tienen la suficiencia para desvirtuar la relación
existente entre la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo y la señora
Martínez García.

De hecho, en el presente caso se hace evidente que la vinculación de la
demandante subsistía con la entidad de salud demandada, y no con el
municipio de Arroyohondo, pues precisamente la solicitud de nulidad recae
sobre la Resolución 00009 del 6 de abril de 2011 que fue emitida por el
gerente de la empresa social del Estado en comento y no por el alcalde del
aludido ente territorial. Es decir, la decisión cuestionada en esta oportunidad
es la que adoptó de manera unilateral la ESE, por medio de la cual desvinculó,
entre otras, a la libelista, manifestación que técnica y jurídicamente solo podía
adoptar como competente quien fuera el empleador de aquella. Por tanto, al
haberse proferido dicho acto, la autoridad mencionada reconoció al mismo
tiempo que sí existía un nexo laboral oficial de esta con la señora Ruth Yaneth
Martínez, el cual no puede desconocer ahora en este escenario judicial.

De otro lado, en lo atinente a la falta de valoración probatoria del Acta n.° 2 de
2011 emitida por el Concejo Municipal de Arroyohondo, así como del
presupuesto fiscal de gastos e ingresos para la vigencia fiscal 2011 del
respectivo municipio, es necesario resaltar que en el primer documento en cita
se indicó lo siguiente:

«[…] Mi visita aquí es para exponerle el tema y las partes de todo esto pensé
encontrarlas aquí, ustedes todos conocen la situación que se presentó en el hospital
a raíz de la salida de la auxiliar Rosa Cimarra, Unicel García y de las tres promotoras,
realmente se ha vuelto una situación difícil, pero como primera autoridad del
municipio hay que empezar a darle una solución, nosotros hemos estudiado mucho
el caso, yo conozco del caso no es de ahora, cuando yo fui gerente del hospital
solicité a BERNABÉ la vinculación de ellas a la alcaldía municipal de todas maneras
no se dio digamos que el acercamiento político suficiente para lograr que BERNABÉ
lograra acceder a ellas pero tampoco fui un irresponsable de echarlos a la calle,
Bernabé no me las aceptó entonces yo decidí asumirlas o seguir con ellas porque
tampoco es irresponsable de echarlas de la manera como se echó. Yo pienso que
independientemente que Alfredo pertenezca al grupo político de ellos es una realidad
y es una irresponsabilidad actuar de esa manera yo lo vi de una manera
irresponsable, lo vi de una manera irresponsable (sic) porque estamos hablando de
personas que están en carreras administrativas porque es muy diferente cuando uno
echa a una persona de libre nombramiento y remoción porque uno puede en

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cualquier momento pedir la resolución y echarlo porque es muy diferente ahí no
estamos aplicando un deterioro administrativo como tal a la entidad, cuando un
funcionario está en carrera administrativa se tiene que aplicar algunas normas de
algunos procedimientos que hacer vuelvo y le repito en su momento y ya que ellas
llegaron cuando estaba Bernabé alcalde yo pretendí que Bernabé las vinculara, no
se pudo conseguir el momento político de qué Bernabé las asumiera pero tampoco
no fui un irresponsable de echarlas a la calle como efectivamente se hizo, que les
quiero resumir con esto, nosotros el año pasado solicitamos al Concejo la
modificación de la respectiva planta de personal de la alcaldía con el objetivo único
de poderlas incluir a ellas en la planta de personal de la alcaldía en su momento, creo
que eso lo hicimos en las sesiones del mes de agosto para estas mismas sesiones,
luego de esta reunión que yo sostuve aquí con ustedes en el Concejo, ustedes todos
me dijeron que sí porque ninguno se opuso a la incorporación de ellos a la planta de
personal, fijemos ese día y convocamos a la junta directiva del hospital para que la
junta directiva otorgará facultades a la gerente para que la gerente modificara
también la planta de personal de la E. S.

E. y enviara a las promotoras a la alcaldía,
en ese orden de ideas nos sentamos con la Gerente, nos sentamos con el asesor y
le dijimos ya el consejo acaba de decir que si todavía no tengo las facultades
formalmente pero ellos están de acuerdo que efectivamente las asuma la alcaldía
municipal siempre y cuando no afecten el funcionamiento de la alcaldía o sea que
nosotros podamos asumirlas y que no afecten digamos que la Ley 617 porque los
límites de funcionamiento de la alcaldía no se eleven, nosotros hicimos los estudios
técnicos y con ellas nos daba más o menos 63.4 o 63.5 la incorporación de ellas a la
planta de personal y si ustedes recuerdan el cumplimiento de la Ley 617 tiene que
estar por debajo del 70% (…) hablé con la gerente en su momento le dimos las
facultades para la modificación de la planta y ella hizo sus respectivas modificaciones
de la planta y sus respectivos estudios, cuál ha sido digamos la molestia digámoslo
así, en el momento cuando yo le digo a la doctora Nicolasa nosotros quedamos que
la alcaldía recibirían las promotoras a paz y salvo hasta el 31 de diciembre de 2010
fue donde efectivamente ella nunca se puso hacer paz y salvo y nunca suscribió un
acto administrativo donde se les reconociera la deuda que tenía con ellas hasta el 31
de diciembre de 2010, en enero cuando ya empezamos a ejecutar los presupuestos
donde yo tengo que presentarle a ustedes la planta de personal para que ustedes la
aprueben la nueva planta y yo expedir un acto administrativo donde yo adopto la
nueva planta nos encontramos efectivamente que ella ni me las envió con un acto
administrativo donde decía la responsabilidades de ellas, los sueldos, las
prestaciones, de la afiliación a pensión a ARP que es la responsabilidad de la ESE Y
se los tiene que pagar, yo le dije yo asumo desde el momento en que las recibo en
adelante, con sus prestaciones, con su salario con todo de esa manera no se hizo no
se dio, seguimos debatiendo entre febrero y marzo y nunca se dieron las cosas hasta
el mes de marzo o abril, abril seis ella expide un acto administrativo donde dice que
ellas no pueden seguir perteneciendo a la ESE por qué es responsabilidad de la
alcaldía por constitución porque está claro y por la ley 617 las competencias de las
promotoras de salud son de la Secretaría de salud municipal yo nunca me he negado
a esa situación porque es una situación de índole netamente jurídico
constitucionalmente es así y lo que es Constitución hay que acogerlo, lo único que le
pedía era que se entregará la alcaldía a paz y salvo y la alcaldía asumía su
responsabilidad, ellas tuvieron que presentarse ante un juez para que ellas pudieran
sobre guardar sus derechos y hoy por hoy digamos que tenemos un proceso
administrativo en contra del hospital y en contra del municipio que si nosotros no le
paramos bolas entre 4 o 5 años que ellos puedan ganar a través de un proceso
ordinario laboral, eso le costará una millonada al municipio (…) fui gerente en el
hospital y en el momento de buscar dos actos administrativos en el 2000 firmados
por Arnulfo Ospino donde uno la recibía en la Secretaría municipal de Arroyohondo
y donde el mismo acto administrativo decía una vez que las enviaban a la ESE centro
de salud Con Cama y había ya un acto administrativo donde efectivamente el señor
Víctor del Río Guerra que era el gerente de la época las recibía a ellas en la entidad,
desafortunadamente de sus actos administrativos hemos logrado recuperar uno solo
donde Arnulfo Ospino las envía a ellas a la ESE pero no existe el acto administrativo
donde Víctor del Río las recibe, nosotros hemos revisado documentos y no los hemos
encontrado […]».

De lo transcrito ut supra se extrae que, entre el municipio de Arroyohondo y la
ESE demandada, existió en su momento una discusión política que impidió

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determinar, a cuál de las dos plantas de personal debían quedar incorporadas
de manera definitiva las promotoras de salud provenientes del departamento
de Bolívar, trasladadas con base en el convenio interadministrativo celebrado
entre ambos entes territoriales.

Es decir, las primeras autoridades en comento no lograron llegar a un acuerdo
sobre la permanencia laboral de empleadas como la demandante, en procura
del respeto de sus garantías derivadas de sendos derechos de carrera
administrativa, lo cual finalmente generó que el referido centro de salud
tomara la decisión de desvincularlas, sin ninguna fundamentación diferente a
aducir que una vez ajustada su estructura funcional, empleadas como la
libelista no se acompasaban a ninguna de las plazas definidas.

Se advierte entonces que la ESE demandada estimó que al retirar del servicio,
entre otras, a la señora Martínez García, el municipio de Arroyohondo la
recibiría sin ningún tipo de objeción, ello al entender que la relación legal y
reglamentaria la sostenía con dicha entidad y no con la institución de salud,
dado que la primera fue la que la había nombrado y posesionado en el
respectivo cargo. Aunado a esto, consideró que conforme al presupuesto del
ente territorial para la vigencia 2011, aquel era el que tenía la partida necesaria
para asumir el pago de la nómina de tales servidoras.

Pues bien, lo cierto es que tal como se adujo previamente, el vínculo de labor
oficial de la demandante efectivamente se configuró fue con la ESE Centro de
Salud con Cama de Arroyohondo, quien reglamentaria y materialmente fue
desde un comienzo el organismo receptor de esta empleada, tanto así que
fue esta institución la que finalmente la retiró del servicio.

Ahora, si lo que la mencionada empresa social del Estado buscaba era
entregar nuevamente a la señora Ruth Yaneth Martínez al municipio, basada
en una reestructuración, supresión o modificación de su propia planta de
personal, en la que se determinada que no era necesaria una plaza como la
ocupada por la funcionaria, se debió tener en cuenta que tal decisión no podía
ser adoptada por la propia estimación de no necesitar ciertos empleos, sino
que requería la generación de un estudio técnico serio y estructurado que así
lo avalara, y bajo los parámetros del Departamento Administrativo de la
Función Pública o de la ESAP, tal como lo pone de presente para el efecto el
artículo 46 de la Ley 909 de 2004, así:

«[…] ARTÍCULO 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de plantas
de personal de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes
nacional y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio
o en razones de modernización de la Administración y basarse en
justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por
las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento
Administrativo de la Función Pública y de la Escuela Superior de
Administración Pública - ESAP-

El Departamento Administrativo de la Función Pública adoptará la metodología
para la elaboración de los estudios o justificaciones técnicas, la cual deberá
ceñirse a los aspectos estrictamente necesarios para soportar la reforma a las
plantas de personal.

Toda modificación a las plantas de personal de los organismos y entidades de
la Rama Ejecutiva del poder público del orden nacional, deberá ser aprobada
por el Departamento Administrativo de la Función Pública. […]». (Negritas de
la Subsección).

Adicionalmente, es de destacar que debido al tipo de vinculación de la libelista
como empleada pública inscrita en el respectivo escalafón de carrera

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administrativa, la ESE demandada no solo debió volver a reestructurar su
planta de personal para eliminar cargos como el de aquella, o por lo menos
haber fundado el primer ajuste en un estudio técnico adecuado que respaldara
lo propio, sino que tuvo que haber coordinado de manera eficiente con el
municipio de Arroyohondo, el traslado e incorporación de la señora Martínez
García al ente territorial, ello una vez este último también hubiese modificado
su estructura funcional para recibirla, lo cual conforme a la documentación
estudiada previamente, no sucedió.

Incluso, en caso de que no hubiese sido posible tal traspaso, se hacía
indispensable dar aplicación al artículo 44 ibidem que reza lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso
de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que
como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de
entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una
entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los
cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y
de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales
o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará
el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. […]».
(Negrita intencional).

En tal sentido, al evidenciar que la ESE Centro de Salud con Cama de
Arroyohondo no cumplió con las previsiones legales para desvincular en
debida forma a la demandante, que tenía derechos de carrera administrativa,
pues solo esperó que al retirarla del servicio, el municipio demandado la
recibiera sin ningún tipo de coordinación al respecto, se advierte que, en
efecto, la Resolución 00009 del 6 de abril de 2011 se encuentra viciada de
nulidad, tal como lo determinó el a quo en el fallo apelado.

Todo lo expuesto hasta este punto halla respaldo y cohesión por parte de la
Sección Segunda, Subsección B de esta Alta Corte10, pues en sentencia del
2 de octubre de 2020 dictada en un proceso con idénticos presupuestos
fácticos y jurídicos a los del sub examine, pero relacionado con otra de las
promotoras de salud desvinculadas por la ESE demandada, se expuso con
precisión lo siguiente:

«[…] Así pues, no es viable afirmar que no existió una relación laboral entre la
E.S.E. Con Cama de Arroyohondo con la señora Rosa Mabel Simarra Ospino,
cuando se encuentra probado que: (i) desde el año de 1985 la demandante
venía prestando sus servicios en este centro médico; (ii) a partir del 1º de julio
de 2000, fecha en que se produjo la transferencia de la planta de personal que
venía de ser incorporada por el Departamento de Bolívar, la E.S.E. Con Cama
de Arroyohondo comenzó a efectuar los pagos de los salarios de éstos con
aportes que le realizaba la Nación, el Departamento de Bolívar y el municipio
de Arroyohondo, entre otros; (iii) la intención de la Gerente de la E. S. E. Centro
de Salud Con Cama era desvincular a aquellas personas que se encontraban
en carrera administrativa esperando que el municipio de Arroyohondo las
recibiera, sin tener en cuenta que, previamente, la administración municipal
debía efectuar una serie de actuaciones administrativas que permitieran su
incorporación, tal es el caso de la ampliación de su planta de personal y del
estudio técnico correspondiente que reflejara la necesidad del servicio por parte
de éstas; (iv) tampoco la Gerente de la E. S. E. Centro de Salud Con Cama
efectuó un estudio técnico al interior de su entidad que permitiera su
modernización y el consecuente retiro de la demandante; y, (v) desconoció a
toda costa la calidad de la demandante de empleada pública en carrera
administrativa.

10Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 2 de octubre de 2020. Radicado: 13001233300020130029101 (4267-2017).

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017)
Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

Se insiste, no era necesario que la vinculación de la planta de personal que
había sido incorporada como consecuencia del Convenio Interadministrativo
celebrado entre el Departamento de Bolívar y el municipio de Arroyohondo
estuviera que estar precedida de un acto de nombramiento, pues, así como le
serían trasladados de manera directa todos los recursos del situado fiscal,
estaba en la obligación de recibir todos los empleados que le habían sido
enviados producto de dicho convenio. […]».

En suma, resulta clara la procedencia de acceder a los pedimentos de la
demanda, no solo en cuanto a la anulación del acto administrativo censurado,
sino en lo atinente a la orden de reintegro de la libelista al mismo cargo en el
que se desempeñaba, o a uno de igual o similar categoría, sin que se entienda
que hubo solución de continuidad en el relación legal y reglamentaria.

 Aplicación de la sentencia SU-354 de 2017

De otra parte, en lo referente al pago de salarios y prestaciones dejadas de
devengar como consecuencia de la nulidad del acto de retiro del servicio tanto
de empleados en carrera administrativa y en provisionalidad, la Corte
Constitucional en sentencia SU-354 de 201711, consideró que debían
descontarse de la condena de restablecimiento del derecho, además de los
salarios y prestaciones sociales que la persona desvinculada hubiese
percibido del Tesoro con ocasión del desempeño en otros cargos públicos,
durante el tiempo en que estuvo desligada del servicio, también los que
hubiese recibido del sector privado, ya sea como trabajador dependiente o
independiente.

Así, en atención a que lo relativo a los descuentos de lo devengado en el sector
público es procedente conforme a lo indicado en el acápite anterior, esta
Sección considera que en virtud de la independencia judicial y con base en la
figura del apartamiento judicial, es dable separarse de la regla definida por la
Corte Constitucional sobre la deducción de lo percibido por concepto de
trabajo privado, siempre y cuando cumpla los requisitos señalados para el
efecto, esto es, el reconocimiento del precedente, la suficiencia de la carga
argumentativa y, por otra parte, que evidencie adecuadamente que el alcance
e interpretación que se ofrece, desarrolla de mejor manera los derechos,
principios y valores constitucionales. Las razones que sustentan el
apartamiento se exponen a continuación:

En primer lugar, debe resaltarse que los derechos que aquí se discuten son
de naturaleza laboral, los cuales tienen especial protección constitucional y
convencional. Esto se evidencia, no solo en el artículo 25 de la Carta Política,
en el cual se consagró como un derecho y una obligación social, que goza en
todas sus modalidades de la especial protección del Estado, sino también en
las siguientes normas: i) libertad de escogencia de la profesión u oficio (artículo
26); ii) autorización expresa a los trabajadores y empleadores para constituir
sindicatos (artículo 39); iii) derecho a la seguridad social (artículos 48 y 49); iv)
principios mínimos fundamentales de la relación laboral (artículo 53); v)
obligación del Estado de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad
de trabajar y de garantizar a los discapacitados el derecho al trabajo acorde
con sus condiciones de salud (artículo 54); vi) derechos a la negociación
colectiva y a la huelga (artículos 55 y 56); vii) derecho preferencial de los
trabajadores para acceder a la propiedad accionaria (artículo 60); viii) deber
del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y la
efectividad de algunos derechos de trabajadores agrarios en forma individual
y asociativa (artículo 64); ix) prohibición de desmejorar los derechos sociales
de los trabajadores mediante los decretos proferidos en Estados de excepción;
y el x) límite a la libertad de configuración del legislador en tratándose de
11 Referencia: Expediente T-5.882.857.

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

monopolios, en lo relativo al respeto por los derechos adquiridos de los
trabajadores12.

Es importante enfatizar que la misma jurisprudencia constitucional13 ha
considerado que la naturaleza jurídica del trabajo tiene una triple dimensión,
pues es: i) valor fundante del Estado Social de Derecho; ii) principio rector del
ordenamiento jurídico y iii) un derecho y un deber social.

Con base en esta especialísima connotación del trabajo, la Corte
Constitucional ha sostenido que «el marco de la protección estatal al trabajo no se
agota con la protección al empleo dependiente sino también en la efectividad de su
ejercicio independiente»14, ello al precisar incluso que «la fuerza laboral se
considera como un instrumento para obtener los recursos necesarios para lograr una
vida digna y como un mecanismo de realización personal y profesional»15, por lo que
es «objeto de garantía superior tanto el empleo como todas las modalidades de
trabajo lícito»16.

Ahora bien, debe resaltarse que los artículos 4817 y 5318 de la Carta Política
contienen un mecanismo especial de amparo al empleo cuando se trate, entre
otros principios, de la irrenunciabilidad de los beneficios laborales mínimos,
incluyendo los asociados a la seguridad social. El amparo reforzado que le
asiste a tales derechos es merecido en virtud de la íntima conexidad que tiene
el trabajo con la dignidad humana y, a su vez, la estrecha relación de esta
última con la realización de los valores y principios en que se funda el Estado
Social y Democrático de Derecho, cuestión que es advertida desde la propia
Declaración Universal de los Derechos Humanos.

De esta forma, aquellos beneficios de naturaleza laboral que constituyen
exigencias mínimas a satisfacer en cualquier caso, lo son por cuanto a través
de ellos se garantiza la subsistencia de los miembros de la especie humana
en condiciones que son inherentes a efectos de poder vivir como tal, pero
también porque el empleo, además de proveer el sustento para la
supervivencia, da lugar a la generación de recursos económicos y humanos
para el disfrute de otras actividades que permiten la realización personal,
entendida esta como uno de los fines esenciales del hombre, por el cual debe
propender el Estado en virtud de lo previsto en el preámbulo y los artículos 1.º
y 2.º de la Constitución Política.

Así, la caracterización que se le ha dado a los derechos en comento impacta
de manera directa la forma como deben ser protegidos, máxime cuando del

12 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-614 de 2009.
13 Entre otras sentencias: C-177 de 2005, C-100 de 2005, C-019 de 2004, C-038 de 2004, C-425 de

2005 y C-580 de 1996.
14 Sentencia C-593 de 2014.
15 Sentencia C-614 de 2009.
16 Ibidem.
17 CP, art. 48: «La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo

la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social […]».
18 CP, art. 53: «El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por

lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y
discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos
de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el
descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad
humana ni los derechos de los trabajadores».

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

trabajo depende también el mínimo vital y, por ende, la satisfacción de las
necesidades básicas del trabajador y su familia.

En materia laboral tiene especialísima relevancia el principio protector o
protectorio y el principio pro homine o pro persona, pues en ellos se recogen
las características propias del derecho al trabajo y, de contera, el
reconocimiento de la dignidad humana como principio fundante del Estado
Social de Derecho (artículo 1.° de la Constitución Política). En virtud de este
principio se protege a la parte más vulnerable de la relación laboral, que es el
trabajador y, por ende, hay desigualdad o discriminación positiva en su favor
con el fin de equipararlo con la otra. Su trascendencia «radica en que diferencia
el derecho laboral del derecho civil, en el cual se predica igualdad de las partes y no
discriminación»19. Su fundamento está ligado con la propia razón de ser del
derecho del trabajo, en virtud de la cual «el legislador no pudo mantener más la
ficción de una igualdad existente entre las partes del contrato de trabajo y tendió a
compensar esa desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección
jurídica favorable al trabajador»20. Dentro de las manifestaciones de este
principio se encuentran el principio de favorabilidad, el «in dubio pro operario»,
«el de la condición más beneficiosa», «el de la irrenunciabilidad de los derechos» y
el de «la primacía de la realidad sobre las formas».

No debe pasarse por alto que los salarios y prestaciones son un componente
del derecho laboral vulnerado con el acto de retiro que se busca restablecer.
De ello se deriva que incluso quien fue desvinculado de un empleo que ocupó
en provisionalidad, en aras de su auto sostenibilidad, pueda y deba conseguir
un trabajo para generar sus ingresos en el sector privado ya sea de manera
dependiente o independiente, sin que ello deba tener incidencia en el valor a
recibir con ocasión del restablecimiento del derecho que le fue ocasionado con
el acto administrativo declarado ilegal.

A lo anterior se agrega que, a partir del entendimiento de que las sumas que
se ordenan pagar al trabajador como consecuencia de la anulación del acto
de retiro lo son a título de restablecimiento del derecho, pues se trata de
salarios y prestaciones dejados de recibir como consecuencia de la
desvinculación ilegal, es imperativo atender las limitaciones a tal derecho. Una
de estas restricciones la impone la prohibición general contenida en el artículo
128 de la Constitución Política, con las excepciones desarrolladas en el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, dentro de las cuales no se concibe las
provenientes del sector privado.

Además, la jurisprudencia se ha ocupado de resaltar la importancia de la
diferencia conceptual de la naturaleza de las sumas objeto de orden judicial21,
esto es, si son a título de restablecimiento del derecho o de indemnización. Es
a partir de esta última que se predica la evaluación del perjuicio como su
limitante. En consecuencia, este aspecto no resulta compatible con la primera
figura que en esta oportunidad se acoge, es decir la de restablecimiento del

19 Américo Plá Rodríguez, Los principios del Derecho del Trabajo, 2.ª ed., Buenos Aires, ediciones De la

Palma, 1990, p. 23.
20 Ibidem, p. 25.
21 En este sentido, se destaca que la sentencia SU-354 de 2017 se refirió al tema así: «La esencia del

restablecimiento del derecho es retrotraer las cosas a su estado inicial, luego de hacer cesar los efectos
jurídicos del acto administrativo que lesionó los derechos del ciudadano. Es por esa razón que ese tipo
de condenas están dirigidas a reintegrar al funcionario al cargo que venía desempeñando y al pago de
los salarios y las prestaciones dejados de percibir, creando una ficción jurídica de que aquel nunca fue
retirado del servicio.
Bajo ese entendido, no puede concluirse que las sumas que se ordenan a título de restablecimiento del
derecho, que en todo caso se reconocen indexadas, tengan además un carácter indemnizatorio, porque
se estaría desnaturalizando la finalidad de la decisión de restablecimiento. De ahí la diferencia con la
acción de reparación directa, la cual supone el resarcimiento de los daños causados al empleado que
fue desvinculado, lo que quiere decir que, una cosa es la condena por restablecimiento del derecho en
donde las sumas reconocidas serán a título de salarios y prestaciones dejados de percibir y otras distinta
la que corresponda a los daños y perjuicios causados por el acto ilegal de la desvinculación».

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

derecho, cuya finalidad es la de restituir las cosas como si el acto de retiro no
hubiera sido expedido.

En suma, la tesis que sostiene esta Sección consiste en que de la condena de
restablecimiento del derecho a favor del empleado de carrera administrativa
desvinculado del servicio por causa de una supresión que es declarada ilegal,
solamente proceden los descuentos de que trata el artículo 128 de la Carta
Política y no de aquellas sumas de dinero que este haya devengado por su
trabajo dependiente o independiente en el sector privado. Sin perjuicio de las
deducciones de lo reconocido por indemnización por supresión de cargo y por
los demás conceptos derivados del retiro del servicio.

Por último, se hace necesario aclarar que esta Corporación, a través de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 9 de agosto de 2022 22
señaló que «son procedentes los descuentos efectuados a la condena derivada del
fallo que resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde se obtenga la nulidad del acto
que retiró del servicio a un empleado público nombrado en provisionalidad, a razón
de las sumas de dinero recibidas por la parte demandante a título de salarios,
prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector público», pauta
unificadora que a pesar de arribar a la misma conclusión sobre la procedencia
de descontar de la condena impuesta solo los montos percibidos del sector
público, no podría ser aplicable directamente en el sub lite, toda vez que la
demandante se encontraba vinculada en carrera administrativa23 al servicio de
la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo como quedó probado con
anterioridad.

Es decir, el supuesto fáctico que hubiese permitido la observancia literal de la
misma regla en comento desarrollada en la providencia precitada, es que se
tratara de una empleada que hubiese sido nombrada en provisionalidad, lo
cual al no ocurrir en el asunto de marras, impide atender su contenido de
manera exegética, al punto de avalar la necesidad de haber realizado la
argumentación aludida con antelación, para justificar el apartamiento de la
sentencia SU-354 de 2017.

De otra parte, pero con base en la misma línea de intelección planteada
anteriormente, la Sala estima necesario aclarar que en el presente litigio no es
del caso dar aplicación a los límites del quantum indemnizatorio en materia de
la orden de reconocimiento de los haberes dejados de percibir por la libelista
durante el tiempo de su desvinculación, los cuales se contemplaron en la
sentencia SU-556 de 2014 proferida por la Corte Constitucional bajo el
siguiente planteamiento:

«[…] En la primera de esas modalidades, es posible observar que a partir
de lo dispuesto en la Ley 909 de 2004, la Ley 443 de 1998 y el Decreto
1222 de 1993, normas que han regulado el supuesto en los últimos veinte
años, es posible concluir que el término más largo de vinculación en
provisionalidad a un cargo de carrera es de 6 meses. Así las cosas, la
expectativa creada a este tipo de personas, y que se lesiona cuando se
desvinculan por auto inmotivado, es aquella de permanecer seis meses
vinculados al cargo.

Por lo anterior, lógicamente cabría señalar que, dado que la vinculación
en provisionalidad tiene una limitación temporal, la indemnización por

22 Sección Segunda, radicado: 11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017).
23 Ello, según la Resolución 057 del 25 de septiembre de 1997 –folio 79 del cuaderno2-, mediante la cual

se inscribió a la demandante en el escalafón de carrera administrativa en el cargo de abogada, nivel
profesional, grado 23 de la Contraloría General del Departamento del Atlántico. En la parte motiva del
acto, se indicó: «[…] presentó y aprobó un concurso para un cargo y figura dentro del personal
elegible de la respectiva lista. Que con base en dicha lista fue nombrado en periodo de prueba, al cabo
del cual tuvo la calificación de servicios satisfactoria […]». (Resaltado intencional).

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

terminación sin motivación, debería proceder conforme al mismo criterio
de temporalidad, lo que haría posible entender que el término legal de
duración de la provisionalidad, marca la expectativa máxima de
permanencia de una persona vinculada en esa modalidad. Así las cosas,
en concordancia con los principios de reparación integral y equidad, para
indemnizar la pérdida del cargo de carrera provisto en provisionalidad,
sólo se tendría que pagar el salario de seis meses, el término máximo
que según la ley pueden permanecer las personas vinculados al mismo,
y por tanto el término durante el cual se les concede a éstas la protección
legal.

[…]

3.6.13.6. Por su parte, y en plena concordancia con lo anterior, el término
máximo de indemnización se fija dentro del propósito de evitar un pago
excesivo y desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a
causa de la desvinculación, y su tope de 24 meses se determina teniendo
en cuenta los estándares internacionales y nacionales recogidos en
diversos estudios, que consideran como de larga duración el desempleo
superior a un año. […]». (Subrayado intencional).

Ello en la medida en que como se aprecia de los criterios de unificación
expuestos por la corte, dicha limitación temporal es aplicable al caso de los
empleados públicos que hubiesen sido nombrados en provisionalidad, no para
quienes ostentan derechos de carrera administrativa, precisamente porque los
primeros son los que tienen una estabilidad relativa que puede ser medida a
través de los referidos períodos, lo cual no ocurre en el mismo sentido para
servidores como la demandante, quien por la calidad de su nombramiento,
siempre ha sido titular de un vínculo que perdura en el tiempo sin ningún tipo
de presunciones sobre su permanencia. Esto es, para los empleados en
carrera administrativa se predica una situación jurídica diferencial que no los
ubica en las mismas condiciones de los provisionales, de suerte que se hace
inviable atender con un criterio de igualdad los preceptos desarrollados en la
sentencia SU-556 de 2014, pues no existe la equiparación necesaria para
considerarlos pares con relación a las reglas de dicha providencia.

En conclusión: sí existía una relación legal y reglamentaria entre la ESE
Centro de Salud con Cama de Arroyohondo y la señora Ruth Yaneth Martínez
García, quien por tener derechos de carrera administrativa, no podía ser
desvinculada del servicio en la forma en que se determinó a través de la
Resolución 00009 del 6 de abril de 2011, toda vez que aquella tenía una
garantía de estabilidad que implicaba de manera preferente una nueva
incorporación, la cual no se coordinó entre la institución de salud y el municipio
de Arroyohondo, así como tampoco se evidenció que el mentado retiro de la
libelista hubiese tenido como sustento un estudio técnico debidamente
justificado que así lo respaldara, o que la institución en comento hubiese
respetado los derechos de los que la primera era titular conforme al artículo 44
de la Ley 909 de 2004.

En todo caso, se resalta que el vínculo laboral oficial en comento se configuró
materialmente entre la empresa social del Estado demandada y la señora
Martínez García, toda vez que la primera fue la entidad a la que reglamentaria
y realmente debía ser incorporada de manera definitiva en virtud del convenio
interadministrativo celebrado entre el departamento de Bolívar y el municipio
de Arroyohondo para la asunción del servicio de salud territorial de primer
nivel.

De hecho, fue en la ESE en comento donde la demandante efectivamente
desempeñó su empleo, tanto así que la primera fue la que en calidad de
empleadora terminó su nexo oficial, por lo que era el mentado centro de salud

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

el que debía garantizar la continuidad de su relación o efectuar una
desvinculación conforme a derecho, lo cual no ocurrió, pues solo la separó de
su cargo a la espera de que el ente municipal la recibiera por haber sido el
último organismo que la nombró y posesionó, aspectos formales que no
podían prevalecer sobre la realidad fáctica y jurídica de la funcionaria.

Por lo expuesto, la parte activa tiene derecho a ser reintegrada sin solución de
continuidad a la plaza que desempeñaba antes de su desvinculación, o a una
de igual o similar categoría, así como al pago de los conceptos laborales
dejados de abonar desde ese mismo momento, pero con el descuento de las
remuneraciones que hubiese devengado por nexos laborales con el sector
público, no así por relaciones de trabajo privadas o como independiente según
lo expuesto en la sentencia SU-354 de 2017, de la cual se realiza un
apartamiento parcial frente este último concepto, por considerar que en
observancia de principios superiores, solo es procedente descontar los
haberes que expresamente consagra como incompatibles el artículo 128
constitucional.

Asimismo, se advierte que en el presente caso no resulta aplicable los criterios
de limitación temporal entre 6 y 24 meses para el restablecimiento del derecho
previstos en la sentencia SU-556 de 2014 emitida por la Corte Constitucional,
habida cuenta de que dicha providencia contempla un supuesto fáctico que
se refiere solo a los empleados públicos que hubiesen sido nombrados en
provisionalidad, no así para aquellos servidores con derechos de carrera
administrativa como la demandante, quien tiene una perspectiva de
estabilidad laboral muy diferente a la de los primeros.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone modificar el ordinal cuarto de la sentencia
proferida el 25 de mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, ello en el sentido de
ordenar a la ESE Centro de Salud con Cama de Arroyohondo que del monto
de la condena por concepto de salarios y demás prestaciones adeudadas a la
libelista desde el momento de su retiro del servicio, descuente cualquier suma
percibida por esta a título de haber laboral, derivado de vínculos con el sector
público conforme a la sentencia SU-354 de 2017, no así de relaciones de
trabajo en el sector privado o como independiente, tal como se expuso en la
parte considerativa de esta providencia como fundamento de apartamiento
parcial del referido proveído de unificación.

En todo lo demás se confirmará el fallo apelado, habida cuenta de que no
prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado por la ESE
demandada.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201624, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

24 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP25, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público26.

Ahora, a pesar de este hilo argumentativo, en el presente caso no se
condenará en costas a la ESE demandada, en la medida que a pesar de haber
resultado vencida en esta oportunidad, conforme el numeral 8.º del artículo
365 del CGP no es posible la comprobación de dicha carga, en tanto la parte
contraria no presentó alegatos de conclusión en segunda instancia de acuerdo
con la constancia secretarial visible a folio 647 del cuaderno 4.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinar cuarto de la sentencia del 25 de mayo de 2017
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Ruth
Yaneth Martínez García contra el departamento del Bolívar, el municipio de
Arroyohondo y la ESE Centro de Salud con Cama de este último ente territorial;
el cual quedará de la siguiente forma:

«[…] Cuarto: Condenar a la ESE Centro de Salud con Cama de
Arroyohondo a pagar a favor de la señora Ruth Yaneth Martínez García, los
salarios y prestaciones sociales dejadas de abonar desde el momento en
que se efectuó su retiro del servicio en aplicación de la Resolución 00009
del 6 de abril de 2011 y hasta la fecha en que se haga efectivo su reintegro,
sin que para el efecto se entienda que hubo solución de continuidad en la
vigencia de la relación legal y reglamentaria.

25 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera

concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
26 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00218-01 (4269-2017)
Demandante: Ruth Yaneth Martínez García

Las sumas resultantes de la condena a favor de la parte activa se
actualizarán, aplicando para ello la siguiente fórmula:

R = RH Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina al multiplicar el valor histórico
(RH) que es lo dejado de percibir por la demandante, por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el
DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice
vigente a la fecha en la cual se ordena el reconocimiento del derecho.

Asimismo, del monto de la aludida condena, la referida ESE Centro de Salud
con Cama de Arroyohondo descontará cualquier suma percibida por la
demandante a título de haber laboral, derivado de vínculos con el sector
público conforme a la sentencia SU-354 de 2017, no así de relaciones de
trabajo en el sector privado o como independiente, tal como se expuso en la
parte considerativa de esta providencia como fundamento de apartamiento
parcial del referido proveído de unificación. […]».

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.

Tercero: Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto: Tener por revocada la facultad de recibir otorgada inicialmente por la
demandante a su apoderado, el abogado Adolfo Enrique Diazgranados Mejía
identificado con cédula de ciudadanía n.° 8.671.498 y tarjeta profesional
48.807 del Consejo Superior de la Judicatura, ello de conformidad con el
memorial aportado como archivo en PDF por la libelista, y allegado a la
presente actuación mediante correo remitido a la Secretaría de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, visible en el índice 16 del registro en SAMAI.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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