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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2014-00220-02

Fecha
18 de junio de 2025
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2014-00220-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de indebida escogencia del medio de control y la caducidad del respectivo, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2014-00220-02

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

18 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: CARMAN INTERNACIONAL S.A.S.
Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL
DIQUE

Tema: Suspensión de actividades de disposición de residuos sólidos y
líquidos. Indebida escogencia de la acción. Caducidad del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda, en el año 2011, se desbordó una de las piscinas de
disposición y tratamiento de residuos sólidos y líquidos de la planta que funciona en
el predio “La Gloria”, ubicado en la Vereda Bajo del Tigre, corregimiento de
Pasacaballos (Cartagena), propiedad de la empresa Carman Internacional S.A.S.
En virtud de lo anterior, el 2 de agosto de 2011, la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique rindió concepto técnico en el cual concluyó que el derrame se
produjo por una indebida operación en el vertimiento del material orgánico en las
piscinas dispuestas para ello. Por ello, mediante Resolución No. 1282 del 22 de
noviembre de 2011, la autoridad ambiental impuso medida preventiva de
suspensión de actividades a la empresa referida, por el inadecuado
almacenamiento de residuos.

La sociedad demandante considera que la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique es patrimonialmente responsable “por el daño antijurídico causado

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

con las decisiones arbitrarias e irregulares a partir de la Resolución No. 1282 del 22
de noviembre de 2011”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 12 de mayo de 20141, la sociedad Carman Internacional S.A.S., mediante
apoderado judicial y en ejercicio del medio de control reparación directa, presentó
demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (en
adelante CARDIQUE) para que se le declare patrimonialmente responsable por los
perjuicios ocasionados “con las decisiones arbitrarias e irregulares a partir de la
Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011”.

Como pretensiones de su demanda, Carman Internacional S.A.S. solicita condenar
a la entidad demandada a pagar, por daño emergente, la suma de $975.000.000;
por lucro cesante, la suma de $4.849.885.741; y por “afectación del goodwill”, la
suma de $7.770.000.000.

En apoyo de las pretensiones, la sociedad demandante afirma que estableció un
centro de operación y actividades de explotación comercial en el predio “La Gloria”,
ubicado en la Vereda Bajo del Tigre, corregimiento de Pasacaballos (Cartagena),
para desarrollar proyectos de disposición final de residuos sólidos y líquidos, para
lo cual construyó ocho piscinas.

Indica que, en el año 2011, se produjo el desbordamiento de una de las piscinas
que contenía material orgánico.

Señala que, mediante concepto técnico No. 0576 del 2 de agosto de 2011,
CARDIQUE concluyó que el derrame de residuos obedeció a una mala operación
en el vertimiento de los mismos en las piscinas de disposición y tratamiento.

1 Fl. 1 a 40, C. 1. Expediente Digital.

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

Manifiesta que, mediante Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011,
CARDIQUE ordenó a Carman Internacional S.A.S suspender sus actividades,
producto del derrame de líquidos peligrosos. Adicionalmente, le ordenó remediar el
suelo e informar todas las actividades adelantadas para mitigar el impacto e
implementar el uso de un tanque para almacenar las aguas sentinas.

Señala que, mediante Resolución No. 1174 del 22 de octubre de 2012, CARDIQUE
formuló cargos contra de la empresa Carman Internacional S.A.S. por: i) la indebida
disposición de residuos de origen animal; ii) incumplir la medida preventiva que le
fue impuesta; iii) contaminar la microcuenca del Arroyo Grande y la Bahía de
Cartagena con ocasión del vertimiento de residuos peligrosos; y iv) el inadecuado
almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Además, en
el mismo acto, ordenó mantener vigente la medida preventiva que le fue impuesta,
esto es, la suspensión de actividades.

Sostiene que el 19 de febrero de 2013, Carman Internacional S.A.S. presentó acción
de tutela contra CARDIQUE, solicitando la inaplicabilidad de las Resoluciones No.
1282 de 2011 y No. 1174 de 2012.

Indica que, mediante providencia del 22 de marzo de 2013, el Juzgado Único Penal
del Circuito Especializado de Cartagena tuteló los derechos invocados por la
sociedad Carman Internacional S.A.S. y ordenó a CARDIQUE revocar la Resolución
No. 1174 de 2012.

Afirma que, mediante Resolución No. 0443 del 15 de abril de 2013, CARDIQUE dejó
sin efectos las actuaciones administrativas surtidas con posterioridad a la
expedición de la Resolución No. 1174 de 2012.

La sociedad demandante considera que CARDIQUE es patrimonialmente
responsable “por el daño antijurídico causado con las decisiones arbitrarias e
irregulares a partir de la Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011”.

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Demandante: Carman Internacional S.A.S.

2. Contestaciones

El 15 de enero de 20152-3, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda
y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. CARDIQUE4 propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e integración del litis consorcio necesario, toda vez que el medio de control
debió dirigirse contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes asumieron la investigación
administrativa adelantada en contra de la sociedad demandante.

2.2. La Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible5 manifestó que no
ocasionó el daño antijurídico reclamado en el libelo introductorio, en razón a que la
demandante atribuye el referido daño a la imposición de una medida preventiva
dentro del proceso sancionatorio ambiental adelantado por CARDIQUE, en el que
ella no tuvo injerencia alguna.

2.3. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA-6 propuso la excepción
que denominó “indebido ejercicio del medio de control de reparación directa”, al
considerar que el daño alegado en la demanda se originó con la expedición de un
acto administrativo, cuya legalidad es cuestionada en el proceso por la parte actora.
Por ello, sostuvo que el medio de control procedente no era el de reparación directa
sino el de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual, de adecuarse, ya estaba
caducado.

2.4. El Ministerio Público7 solicitó negar las pretensiones de la demanda, al
considerar que la sociedad demandante no sufrió un daño antijurídico, toda vez que

2 Fl. 641 y 642, C. 4. Expediente Digital.
3 Mediante auto del 23 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar para conformar
adecuadamente el contradictorio, vinculó al proceso, como parte del litisconsorcio necesario del
extremo pasivo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE) y a la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Fl. 761 a 764, C. 4. Expediente Digital.
4 Fl. 652 a 709, C. 4. Expediente Digital.
5 Fl. 768 a 782, C. 4. Expediente Digital.
6 Fl. 790 a 803, C. 4. Expediente Digital.
7 Fl. 715 a 752, C. 4. Expediente Digital.

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Demandante: Carman Internacional S.A.S.

la medida preventiva que le fue impuesta era una carga que debía soportar, de
conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, en tanto se
acreditó una afectación a los recursos naturales y el medio ambiente por la indebida
disposición de residuos sólidos y líquidos en las piscinas de tratamiento de su
propiedad.

3. Audiencia inicial

El 10 de julio de 20198, el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró la audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría
a determinar “si los accionados son administrativamente responsables de los daños
que aduce la parte demandante le causaron con la expedición de la Resolución No.
1282 de 22 de noviembre de 2011 o si se enmarca dentro de una de las causales
de exoneración de responsabilidad”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 24 de julio de 20199, el Tribunal Administrativo de Bolívar corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.

4.1. La parte demandante10, CARDIQUE11 y la ANLA12 reiteraron lo expuesto en la
demanda y la contestación de esta, respectivamente.

4.2. La Nación - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio
Público guardaron silencio.

8 Fl. 864 a 868, C. 5. Expediente Digital.
9 Fl. 1099 y 1100, C. 6. Expediente Digital.
10 Fl. 1105 a 1124, C. 6. Expediente Digital.
11 Fl. 1101 a 1103, C. 6. Expediente Digital.
12 Fl. 1125 a 1158, C. 6. Expediente Digital.

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5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de febrero de 202313, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró probada la excepción de caducidad, al considerar que el medio de
control procedente para controvertir la legalidad del acto administrativo que ordenó
a la demandante la suspensión de sus actividades era el de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual se presentó por fuera del término de cuatro
meses que dispuso el legislador para ello.

Textualmente el a quo señaló: “La parte demandante pretende construir el concepto
de operación administrativa con algunas de las actuaciones ordenadas en la
Resolución No. 1282 del 22 de noviembre del 2011 en el marco de la Ley 1333 de
2009 o derivadas de ella, lo cual no constituye una fuente del daño diferente al acto
reseñado, por cuanto la causa petendi y el petitum de la demanda están
necesariamente vinculados al referido acto de suspensión (…). De manera que, se
debe hacer honor a la regla jurisprudencial, según la cual, el medio de control de
reparación directa no resulta procedente cuando la fuente del daño se encuentra en
el acto administrativo o en la ejecución de lo ordenado en el mismo. La medida se
concretó a ordenar la paralización de actividades y obras, y de conformidad con el
artículo 35 de la Ley 1333 de 2009, el levantamiento de las medidas preventivas
opera solo cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron, sin embargo, lo que quedó perfectamente demostrado fue que esas
causas permanecieron impertérritas en el tiempo. Así las cosas, la Resolución No.
1282 del 22 de noviembre de 2011 fue notificada a la demandante el 14 de marzo
del 2012, lo que lleva a considerar que la caducidad del medio de control nulidad y
restablecimiento del derecho ocurrió al vencimiento del término de cuatro meses
fijado en el literal d) numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que expiró el 15 de julio de 2012
(…) Las consideraciones anteriores abren paso a declarar probada la excepción de
caducidad del medio de control, toda vez que la oportunidad de la demanda
constituye un presupuesto procesal de obligatoria observancia”.

13 Archivo “24ED_07SENTENCIAPRIMERAIN”, Índice 2, Samai.

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Demandante: Carman Internacional S.A.S.

6. Recurso de apelación

El 15 de mayo de 202314, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 27 de febrero de 202415 y admitido el 10 de mayo de 202416.

6.1. La sociedad accionante sostuvo que la reparación directa era el medio de
control idóneo para indemnizar los daños ocasionados por CARDIQUE con la
imposición de la medida preventiva de suspensión de actividades. Al efecto, indicó
que no pretendía controvertir la legalidad de la Resolución No. 1282 de 2011 dictada
por la autoridad ambiental, sino las consecuencias adversas que se produjeron con
ocasión de dicha medida.

Al efecto sostuvo: “Se presentó demanda de reparación directa contra CARDIQUE, no
contra el acto administrativo cautelar, sino contra la Corporación por los perjuicios
causados con el cierre y prohibición de actividades de la empresa, habida cuenta que
la medida impedía la explotación económica de la empresa (…) el reproche
patrimonial se centra en la operación administrativa. El hecho antijurídico se encuentra
soportado con las actuaciones de hecho de CARDIQUE al impedir la explotación
económica de la empresa demandante (...) el acto administrativo de apertura
sancionatoria esto es la Resolución No. 1282 de 2011 no se apoyó en investigación
anterior que determinara responsabilidad y como si fuera poco fue una ofensa a la Ley
1333 de 2009, en cuanto a que no respetó el trámite para la medida preventiva (…) el
interés del actor por motus propio y voluntad libre de escoger la vía era la de no
cuestionar el acto administrativo de trámite que impuso la medida provisional o
preventiva, sino la de reclamar la indemnización por los perjuicios causados por
CARDIQUE, por un lado porque los lineamientos de la medida preventiva no se
ajustaron a la ley (…) La parte demandante por el contrario tiene convicción que la
demanda es de reparación directa porque se ajusta a las prescripciones del artículo
140 de la Ley 1437 de 2011. Por esa razón es claro que lo que se perseguía no era la
nulidad de acto alguno y tampoco el restablecimiento por motivos de la declaración de
nulidad del acto”.

14 Archivo “12ED_11RECURSOAPELACION22”, Índice 2, Samai.
15 Archivo “16ED_15AUTOCONCEDERECURSO”, Índice 2, Samai.
16 Archivo “30AUTOQUEADMITE”, Índice 4, Samai.

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7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El Despacho no corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, puesto que
de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, modificado por el numeral 5° del artículo 67 de la Ley
2080 del 202117, no se decretaron pruebas en segunda instancia. Asimismo, se
advierte que en esta instancia del proceso el Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante contra la sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía, dada por la pretensión
mayor de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación
de doble instancia ante esta Corporación18, de acuerdo a lo previsto en el artículo
15019 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

2. Medio de control procedente

Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la
reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente

17 De conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021. Trámite del
recurso de apelación contra sentencias. “El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si fuere necesario
decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito,
para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez
(10) días siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso
[…]”.
18 El valor de la pretensión se estima en la suma de $7.770.000.000.
19 Artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.

“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de
las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación.”

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Demandante: Carman Internacional S.A.S.

para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por
vía jurisdiccional20.

La acción judicial ejercida tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y
contradicción del demandado, en tanto ofrece los límites dentro de los que el sujeto
pasivo de la acción puede estructurar los diferentes medios de defensa a su
disposición. Escoger indebidamente la acción procesal no puede entenderse como
un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de
conocimiento21.

Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción
indebidamente formulada, siempre que el derecho de defensa del demandado no
resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi ni de las pretensiones
de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado22. En todo caso,
la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para
pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la
adecuación de la acción.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la reparación directa es el medio de control
idóneo para indemnizar los daños ocasionados por un acto administrativo que
impidió la explotación económica de la empresa demandante.

4. Caso concreto

Mediante sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, se declaró probada la excepción de caducidad, al
considerar que el medio de control procedente para controvertir la legalidad del acto

20 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia

del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.
21 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, Rad: 26870.

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administrativo que ordenó a la demandante la suspensión de sus actividades era el
de nulidad y restablecimiento del derecho. Por su parte, la recurrente sostuvo que
la reparación directa era el medio de control idóneo para indemnizar los daños
ocasionados por CARDIQUE con la imposición de la medida preventiva de
suspensión de actividades. Al efecto, indicó que no pretendía controvertir la
legalidad de la Resolución No. 1282 de 2011 dictada por la autoridad ambiental,
sino las consecuencias adversas que se produjeron con ocasión de dicha medida.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si el medio de control escogido por la parte demandante
fue adecuado.

4.1. Hechos probados

4.1.1. Consta que, mediante Escritura Pública No. 650 del 2 de abril de 2004,
otorgada ante la Notaría Primera de Cartagena se constituyó la sociedad Carman
Internacional S.A.S., cuyo objeto social consistiría en “el manejo de residuos en
general, recolección, transporte, almacenamiento, seguimiento, monitoreo, manejo,
control, disposición final, comercialización de desechos peligrosos, comercialización
de desechos no peligrosos, recuperación y reciclaje de desechos y/o residuos”,
según da cuenta copia auténtica del certificado de existencia y representación
expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena23.

4.1.2. Se probó que, mediante Resolución No. 0048 del 19 de enero de 2006,
CARDIQUE expidió el Plan de Manejo Ambiental – PMA a la sociedad Carman
Internacional S.A.S. para la explotación del predio “La Gloria”, ubicado en la Vereda
Bajo del Tigre, corregimiento de Pasacaballos (Cartagena), para la disposición de
residuos de origen animal, según da cuenta copia simple de la Resolución No. 0407
del 19 de mayo de 200824.

4.1.3. Está demostrado que, mediante Resolución No. 0407 del 19 de mayo de

23 Fl. 64 a 66, C. 1. Expediente Digital.
24 Fl. 18 a 28, A. 4. Expediente Digital.

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2008, CARDIQUE modificó el PMA a la sociedad Carman Internacional S.A.S. en el
sentido de ampliarlo para la actividad de “recepción de almacenamiento y
tratamiento previo de las aguas de sentinas y aceites usados”, según da cuenta
copia simple de la Resolución No. 0407 del 19 de mayo de 200825.

4.1.4. Se acreditó que, mediante Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011,
CARDIQUE impuso medida preventiva de suspensión de actividades a la empresa
Carman Internacional S.A.S., por el inadecuado almacenamiento de residuos. En el
mismo acto, la autoridad ambiental ordenó el inicio del procedimiento sancionatorio
contra dicha sociedad, con el fin de verificar si la empresa referida incurrió en
infracción a las normas ambientales, según da cuenta copia simple de dicha
Resolución26. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“Que mediante queja verbal presentada por la empresa ECOPETROL, se puso en
conocimiento el derrame de hidrocarburos en la vereda Bajo del Tigre y el Arroyo
Bolívar, jurisdicción del Corregimiento de Pasacaballos.

Que en atención a la queja, el día 28 de julio de 2011, funcionarios de la
Subdirección de Gestión Ambiental de esta Corporación, practicaron visita de
inspección ocular al sitio indicado por los funcionarios de ECOPETROL, emitiendo
el concepto técnico N° 0576 del 13 de septiembre de 2011, que concluyó lo
siguiente: La inadecuada operación de trasiego de residuos considerados como
peligrosos (aguas sentinas y aceites usados e hidrocarburos) por parte de la
empresa CARMAN INTERNACIONAL S.A.S., desde carrotanques a las piscinas
construidas para tal fin, produjo un derrame de residuos, los cuales contaminaron el
suelo que atraviesa el carreteable de la vereda Bajo del Tigre a la altura de la
empresa en mención, las aguas superficiales en una extensión de 3 kilómetros del
Arroyo Bolívar y la flora existente en dicho lugar; lo que se suma a las recurrentes
prácticas inadecuadas implementadas por la empresa para el manejo de este tipo
de residuos, que han generado en anteriores oportunidades aperturas de
investigaciones administrativas y sanciones por parte de esta Corporación. A lo
anterior se suma el incumplimiento por parte de la empresa CARMAN
INTERNACIONAL en la instalación de equipos y obras de ingeniería que permitieran
el tratamiento y adecuado almacenamiento de dichos residuos a fin de evitar la
colmatación de las piscinas y por consiguiente el derrame de las mismas. Siendo
así las cosas al no tener la empresa la infraestructura para realizar estas actividades,
no tiene sentido que esta empresa siga prestando dicho servicio bajo otras
condiciones, que ponen en peligro y afectan negativamente los recursos naturales
existentes en su área de influencia (...)

Que mediante escrito radicado en esta Corporación con el N° 6021 del 1º de
septiembre de 2011, el señor ARTURO R. VASQUEZ, Director Técnico Operativo
del Consorcio Aseo Cartagena, reporta el mal manejo de líquidos aceitosos que se

25 Fl. 18 a 28, A. 4. Expediente Digital.
26 Fl. 206 a 213, C. 2. Expediente Digital.

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realiza en el predio que se encuentra frente al Relleno Sanitario Loma de los Cocos,
en el que se presentó un derrame de aceite quemado que sobrepasó los límites del
predio del relleno sanitario y la finca El Molino, terminando su recorrido cerca del
Corregimiento de Pasacaballos, por lo que se han generado olores fuertes y
manchas negras en el suelo.

Que mediante el Auto N° 0303 del 9 de septiembre de 2011, se avocó el
conocimiento de la queja, mencionada en el párrafo anterior, y se remitió a la
Subdirección de Gestión Ambiental, para que previa visita de inspección al área de
interés, se pronunciara sobre el particular (…)

Que como consecuencia de lo anterior, en aplicación del principio de precaución y
lo dispuesto en el artículo 85 numeral 2°, literal c) de la Ley 99 de 1993, se impondrá
medida preventiva de suspensión de la actividad que viene desarrollando la
empresa CARMAN INTERNACIONAL S.A.S., por él inadecuado almacenamiento
de residuos, que de acuerdo a sus características organolépticas representan
grandes riesgos de contaminar a los cuerpos de agua de su área de influencia
(Canal del Dique y Bahía de Cartagena), así como a la pequeña represa ubicada
aproximadamente a 50 metros del predio.

Que teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por la Subdirección de Gestión
Ambiental, lo establecido en el principio de precaución contenido en el artículo 1°,
numeral 6° de la Ley 99 de 1993, el cual tiene por finalidad impedir la degradación
del medio ambiente, adoptando la medida eficaz pertinente, aunque no se tenga la
certeza científica (Pruebas de los daños o impactos ambientales que se podrían
ocasionar con la actividad, obra o proyecto), y en armonía con las disposiciones
constitucionales y legales anteriormente citadas, será procedente, ordenar el inicio
del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad CARMAN
INTERNACIONAL S.A.S., con el fin de, adelantar las actuaciones administrativas
tendientes a establecer si los hechos u omisiones consignados en el citado concepto
técnico, son constitutivos de infracción a las normas ambientales vigentes.

Que en mérito a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Imponer medida preventiva de suspensión a las actividades
que viene desarrollando la empresa CARMAN, en el predio La Gloria, en Ia margen
izquierda de la vía que conduce a la vereda Bajo del Tigre en el corregimiento de
Pasacaballos, por el inadecuado almacenamiento de residuos, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva, del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO; La medida preventiva es de inmediata ejecución, tiene carácter
preventivo y transitorio y se aplicará sin perjuicio de las sanciones a que hubiere
lugar. Les efectos son inmediatos, contra ella no procede recurso alguno y no
requiere de formalismos especiales.

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenase el inicio del procedimiento sancionatorio contra
la sociedad CARMAN INTERNACIONAL S.A.S., para verificar si Ios hechos u
omisiones consignados en los Conceptos Técnicos N° 0576/11 y 0604/11, por parte
de la Subdirección de Gestión Ambiental, son constitutivos de infracción a las
normas ambientales vigentes, conforme lo previsto en el artículo 18 de la Ley 1333
de 2009”.

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

4.1.5. Se acreditó que, mediante Resolución No. 1174 del 22 de octubre de 2012,
CARDIQUE mantuvo vigente la medida preventiva impuesta mediante Resolución
No. 1282 del 22 de noviembre de 2011 y, además, formuló cargos en su contra por:
i) la indebida disposición de residuos de origen animal; ii) incumplir la medida
preventiva que le fue impuesta; iii) contaminar la microcuenca del Arroyo Grande y
la Bahía de Cartagena con ocasión del vertimiento de residuos peligrosos; y iv) el
inadecuado de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos. De esta información da cuenta copia simple de dicha Resolución27.

4.1.6. Quedó demostrado que, mediante escrito del 21 de noviembre de 2012, la
sociedad Carman Internacional S.A.S. solicitó a CARDIQUE el levantamiento de la
medida preventiva impuesta en la Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de
2011, según da cuenta copia simple de dicho memorial28.

4.1.7. Consta que, en fecha indeterminada, la sociedad Carman Internacional S.A.S.
instauró acción de tutela contra CARDIQUE, solicitando el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, trabajo, vida digna y buen nombre, y como
consecuencia se ordenara a CARDIQUE, dejar sin efectos las Resoluciones No.
1282 de 2011 y No. 1174 de 2012, según da cuenta copia auténtica de la decisión
del 22 de marzo de 201329.

4.1.8. Está probado que, mediante providencia del 22 de marzo de 2013, el Juzgado
Único Penal Especializado del Circuito de Cartagena tuteló el derecho fundamental
del debido proceso de la sociedad Carman Internacional S.A.S. y ordenó a
CARDIQUE “revocar la Resolución de fecha 22 de octubre de 2011”.
Adicionalmente, denegó la petición de la tutelante respecto al levantamiento de la
medida preventiva. De esta información, da cuenta copia auténtica de esa
sentencia30.

27 Fl. 86 a 100, A. 1. Expediente Digital.
28 Fl. 200 a 205, C. 2. Expediente Digital.
29 Fl. 183 a 199, C. 1. Expediente Digital.
30 Fl. 183 a 199, C. 1. Expediente Digital.

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

4.1.9. Se acreditó que, mediante proveído del 5 de abril de 2013, el Juzgado Único
Penal Especializado del Circuito de Cartagena aclaró el numeral primero del fallo
de tutela del 22 de marzo de 2013, el cual quedó así: “tutelar el derecho fundamental
al debido proceso del accionante de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este proveído, y en consecuencia, ordenar a CARDIQUE que revoque la
Resolución No. 1174 del 22 de octubre de 2012”, según da cuenta copia auténtica
de dicha decisión31.

4.1.10. Se demostró que, mediante Resolución No. 0446 del 15 de abril de 2013,
CARDIQUE denegó la solicitud impetrada por Carman Internacional S.A.S, frente al
levantamiento de la medida preventiva de suspensión de actividades ordenada en
la Resolución No. 1282 de 2011, según da cuenta copia simple de dicha
Resolución32.

4.1.11. Consta que, mediante sentencia del 4 de junio de 2013, el Tribunal Superior
de Cartagena confirmó en su integridad el fallo de tutela del 22 de marzo de 2013,
según da cuenta copia auténtica de dicha providencia33.

4.1.12. Quedó probado que, mediante Resolución No. 1182 del 24 de septiembre
de 2013, CARDIQUE dio inicio al procedimiento sancionatorio ambiental contra la
sociedad Carman Internacional S.A.S., con el fin de verificar los hechos u omisiones
constitutivas de infracción a las normas ambientales, según da cuenta copia simple
de dicho acto administrativo34.

4.1.13. Se estableció que, mediante Resolución No. 1262 del 27 de septiembre de
2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asumió la competencia del
procedimiento sancionatorio ambiental adelantado contra la empresa Carman
Internacional S.A.S. y delegó su trámite a la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales, según da cuenta copia simple de la Resolución referida 35.

31 Fl. 154 y 155, C. 1. Expediente Digital.
32 Fl. 325 a 330, A. 3. Expediente Digital.
33 Fl. 156 a 180, C. 1. Expediente Digital.
34 Fl. 336 a 338, A. 3. Expediente Digital.
35 Fl. 415 a 420, A. 3. Expediente Digital.

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Demandante: Carman Internacional S.A.S.

4.1.14. Está acreditado que el 23 de octubre de 2013, CARDIQUE entregó
formalmente a la ANLA los expedientes contentivos de las actuaciones
administrativas adelantadas con respecto a la sociedad Carman Internacional
S.A.S., según da cuenta copia simple de ese oficio36.

4.1.15. Quedó demostrado que, mediante Resolución No. 106 del 7 de febrero de
2014, la ANLA aclaró la Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011, en el
sentido de precisar que la medida preventiva impuesta en contra de la sociedad
Carman Internacional S.A.S. consistía en “la suspensión inmediata de las
actividades de disposición de residuos de origen animal provenientes de empresas
procesadoras de pescado, recepción, almacenamiento y tratamiento previo de las
aguas de sentinas y aceites, y las demás actividades conexas con estas, en el
predio La Gloria”, según da cuenta copia simple del citado acto administrativo37.

4.1.16. Se constató que, mediante Resolución No. 00663 del 8 de mayo de 2018, la
ANLA impuso sanción ambiental a la sociedad Carman Internacional S.A.S. al
constatar varias infracciones ambientales relacionadas con el indebido tratamiento
de los residuos sólidos y líquidos en la planta de tratamiento que operaba en el
predio “La Gloria”. En el mismo acto, la autoridad ordenó el levantamiento de la
medida preventiva impuesta contra dicha sociedad mediante Resolución No. 1282
del 22 de noviembre de 2011, según da cuenta copia auténtica de dicho acto
administrativo38.

4.2. Medio de control procedente y oportunidad para presentarlo en tiempo

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la pérdida
patrimonial padecida por la sociedad demandante, con ocasión de la medida
preventiva adoptada mediante Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011
expedida por CARDIQUE, mediante la cual se suspendieron las actividades de

36 Fl. 421 a 426, A. 3. Expediente Digital.
37 Fl. 427 a 442, A. 3. Expediente Digital.
38 Fl. 981 a 1027, C. 5 y 6. Expediente Digital.

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

disposición de residuos sólidos y líquidos en el predio “La Gloria”, propiedad de
Carman Internacional S.A.S.

A estos efectos, de los medios probatorios arrimados al proceso se encuentra
acreditado lo siguiente: i) que mediante Resolución No. 1282 del 22 de noviembre
de 2011, CARDIQUE impuso medida preventiva de suspensión de actividades a la
empresa Carman Internacional S.A.S., por el inadecuado almacenamiento de
residuos y ordenó el inicio del procedimiento sancionatorio contra dicha sociedad,
con el fin de verificar si incurrió en infracción a las normas ambientales vigentes
(hechos probados 4.1.4.); ii) que mediante Resolución No. 1174 del 22 de octubre
de 2012, CARDIQUE mantuvo vigente la medida preventiva impuesta mediante
Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011 y, además, formuló cargos en
contra de Carman Internacional S.A.S. (hecho probado 4.1.5.); iii) que mediante
providencia del 22 de marzo de 2013, el Juzgado Único Penal Especializado del
Circuito de Cartagena ordenó a CARDIQUE “revocar la Resolución de fecha 22 de
octubre de 2011” y negó el levantamiento de la medida preventiva de suspensión
de actividades (hecho probado 4.1.8.); iv) que mediante Resolución No. 1182 del 24
de septiembre de 2013, CARDIQUE dio inicio al procedimiento sancionatorio
ambiental contra la sociedad Carman Internacional S.A.S., con el fin de verificar los
hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales (hecho
probado 4.1.12.); y v) que mediante Resolución No. 00663 del 8 de mayo de 2018,
la ANLA ordenó el levantamiento de la medida preventiva impuesta contra Carman
Internacional S.A.S. mediante Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de 2011
(hecho probado 7.1.16.).

Ahora bien, de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación 39, la
procedencia de las acciones o medios de control en ejercicio de los cuales se deben
tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido.

39Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 6 de febrero de 2020, exp. 51534 y sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 57265
CP: Marta Nubia Velásquez Rico.

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Demandante: Carman Internacional S.A.S.

Así, conviene advertir que la acción de simple nulidad y la de nulidad y
restablecimiento del derecho tienen como objeto que el juez declare la ilegalidad de
actos administrativos (normativos o particulares y concretos) que infrinjan normas
de carácter superior o que incurran en los demás vicios a que aluden los artículos
13740 y 13841 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, según corresponda.

Por el contrario, las acciones de reclamación, como la de reparación directa, son el
mecanismo judicial para obtener la reparación del daño antijurídico causado por el
hecho, la omisión, la operación administrativa, la ocupación de inmuebles para
trabajos públicos o por un acto administrativo, siempre que no se cuestione su
legalidad, según lo dispone el artículo 14042 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

40 “Artículo 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se

declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o
sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o
mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.
También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de
certificación y registro. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de
contenido particular en los siguientes casos: 1. Cuando con la demanda no se persiga o de la
sentencia de nulidad que se produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho
subjetivo a favor del demandante o de un tercero. 2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso
público. 3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el orden
público, político, económico, social o ecológico. 4. Cuando la ley lo consagre expresamente.
PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento automático de
un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.”
41 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general
y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o
la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se
presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un
acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir
de la notificación de aquel.”
42 “Artículo 140. reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado.
De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño
sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad
pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.
Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la
actuación de un particular o de otra entidad pública.

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

Bajo el anterior contexto, de la lectura integral del libelo introductorio, se advierte
que la sociedad demandante pretende el resarcimiento de perjuicios causados por
la ilegalidad de la decisión adoptada por CARDIQUE el 22 de noviembre de 2011
(hecho probado 4.1.4.). No en vano, en la demanda solicita declarar
patrimonialmente responsable a CARDIQUE por “el daño antijurídico causado con
las decisiones arbitrarias e irregulares a partir de la Resolución No. 1282 del 22 de
noviembre de 2011 (…) CARDIQUE mediante Resolución No. 1282 de 22 de
noviembre de 2011 impuso a CARMAN INTERNACIONAL medida preventiva de
suspensión de actividades conforme lo establece la ley 1333 de 2009, y este
precisamente es el acto antijurídico ya que en el cuerpo de la resolución 1282 de
2011 no se encuentra plasmado el requisito jurídico establecido en el artículo 39,
por tanto, esta resolución fue impuesta injustificadamente (…) El hecho antijurídico
se encuentra soportado con las actuaciones de hecho de CARDIQUE al impedir la
explotación económica de la empresa demandante (…) El daño antijurídico
causado a mi poderdante por derivarse del acto en comento evidencia a su
vez y en subsidio de la ilegalidad de la Resolución No. 1282 de 2011”.

Y aunque en la alzada la recurrente arguye que no pretende controvertir la legalidad
de la decisión adoptada el 22 de noviembre de 2011, sino las consecuencias
adversas que se produjeron con ocasión de la medida de suspensión, pues se
produjo “el cierre y prohibición de actividades de la empresa, habida cuenta que la
medida impedía la explotación económica de la empresa”; lo cierto es que no es
posible separar el análisis del uno y de las otras, pues en todos los casos compete
al administrador de justicia estudiar el origen del daño que se demanda,
independientemente de los efectos que este haya producido, siendo imposible
escindir el estudio de la causa y del efecto por el estrecho vínculo que existe entre
ambos. Por ello, en el sub lite, las conclusiones a las que se arribe frente al medio
de control procedente para analizar el daño ocasionado por el acto administrativo

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.”

19

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revocado, serán plenamente aplicables a la demanda realizada por las
consecuencias que éste pudo producir.

En este sentido, es necesario poner de presente que la decisión adoptada en la
Resolución del 22 de noviembre de 2011, fue un acto administrativo definitivo, en
tanto se trató de una auténtica decisión de la Administración que produjo efectos
jurídicos al disponer la suspensión de las actividades desarrolladas por la sociedad
Carman Internacional S.A.S. en la planta de tratamiento en el predio “La Gloria” por
“el inadecuado almacenamiento de residuos, que de acuerdo a sus características
organolépticas representan grandes riesgos de contaminar a los cuerpos de agua
de su área de influencia (Canal del Dique y Bahía de Cartagena), así como a la
pequeña represa ubicada aproximadamente a 50 metros del predio” (hecho probado
4.1.4.).

Lo anterior se acompasa con el concepto que esta Corporación ha adoptado frente
a los actos administrativos, definiéndolos como “la expresión de voluntad de las
entidades públicas o de un particular en ejercicio de funciones públicas, con la
capacidad de producir efectos jurídicos”43.

Asimismo, esta Corporación ha sostenido que los actos administrativos por medio
de los cuales se impone una medida preventiva de carácter ambiental tienen la
naturaleza de ser definitivos y, en consecuencia, son susceptibles de control judicial
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
Precisamente, en sentencia del 12 de julio de 201844, se concluyó lo siguiente:

“[...] Frente a la naturaleza de dicho acto administrativo, se pronunció la Sección
cuando dirimió igualmente un recurso de apelación en contra de una decisión de
rechazo de la demanda, en el que consideró que sólo las decisiones que
determinaran medidas preventivas o aquellas que impusieran una sanción podían
considerarse como actos definitivos y por tanto susceptibles de censura en esta
jurisdicción [...]”.

43 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 2 de junio de 2011, Rad.: 66001-23-31-000-

2005 0519-01
44 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 12 de julio de 2018.

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Igualmente, en ocasión posterior, el Consejo de Estado45 precisó que:

“En efecto, considera la Sala que el único acto administrativo susceptible de ser
impugnado en esta jurisdicción es el contenido en la Resolución No. 0074 del 6 de
octubre de 2009, dado que allí la CAR está imponiendo medidas preventivas a la
recurrente como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contenidas
en el citado contrato suscrito con la empresa PROMOTORA TERRAZINO S.A,
consolidando en ella una situación jurídica particular […] De ahí que para este
Despacho sea claro que el contenido de los actos administrativos por medio de los
cuales se impone una medida preventiva sea de carácter definitivo, pues es una
manifestación unilateral de la voluntad que tiene como consecuencia la de la
situación jurídica sobre la que se impone y que, por expresa disposición legal, no es
susceptible de recurso alguno [...]”.

Adicionalmente, la Corte Constitucional46 al examinar la constitucionalidad del
artículo 32 de la Ley 1333 de 2009, reiteró las razones esgrimidas en la sentencia
C-293-2002 -que declaró exequibles los artículos 1º, numeral 6 (parcial), y 85,
numeral 2º de la Ley 99 de 1993-, esto es que la medida preventiva ambiental es
un acto susceptible de control, así:

“A propósito de algunas medidas preventivas en materia ambiental, al señalar que
cuando la autoridad ambiental debe tomar decisiones específicas, encaminadas a
enfrentar una situación o hecho o a evitar un peligro de daño grave, ‘sin contar con
la certeza científica absoluta, lo debe hacer de acuerdo con las políticas ambientales
trazadas por la ley, en desarrollo de la Constitución, en forma motivada y alejada de
toda posibilidad de arbitrariedad o capricho’.

De conformidad con lo entonces expuesto, el acto administrativo dictado con base
en el principio de precaución ‘debe ser excepcional y motivado’ y ‘como cualquier
acto administrativo, puede ser demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo’, para que así ‘la decisión de la autoridad se enmarque dentro del
Estado de Derecho, en el que no puede haber decisiones arbitrarias o caprichosas’
de modo que, si esto llegara a ocurrir, el ciudadano tenga ‘a su disposición todas las
herramientas que el propio Estado le otorga”.

Así las cosas, a juicio de la Sala, el medio de control procedente en el sub lite no
es el de reparación directa, dado que la fuente del daño no es una operación
administrativa como lo aduce la parte demandante, sino un acto administrativo
particular y definitivo que resultó desfavorable a Carman Internacional S.A.S., pues
suspendió las actividades que esta desarrollaba en la planta de tratamiento ubicada
en el predio “La Gloria”, impidiendo de esta forma su explotación económica y

45 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia de 23 de agosto de 2018.
46 Corte Constitucional. Sentencia C-703-10.

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desarrollo del objeto social de la empresa, razón por la cual el medio de control
procedente es el de nulidad y restablecimiento del derecho.

De modo que, la sociedad demandante, debió manifestar su inconformidad ante la
jurisdicción dentro del término previsto para cuestionarla, pues al no hacerlo, se
entiende que aceptó lo resuelto y, en esa medida, no le está dado demandar con
posterioridad a través de la reparación directa47.

De ahí que, aunque a la demanda se le dio el trámite de reparación directa, lo cierto
es que, con base en los supuestos fácticos y las pretensiones planteadas, el daño
antijurídico que la actora estima irrogado se deriva de un acto administrativo
particular y concreto frente al cual debió ejercer el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA48. Sobre el punto
es menester precisar, que contrario a lo manifestado por la demandante en el
recurso de apelación, la escogencia de las acciones en ejercicio de las cuales se
deben tramitar los asuntos de conocimiento de esta jurisdicción, no depende de la
discrecionalidad del demandante, sino del origen del perjuicio alegado y del fin
pretendido.

En ese sentido, ha de recordarse que, en virtud de lo consignado en el parágrafo
del artículo 137 del CPACA, “[s]i de la demanda se desprendiere que se persigue el
restablecimiento automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del
artículo siguiente”, razón suficiente para que, en función de dicha regla procesal de
adecuación49, el medio de control de reparación directa interpuesto por el extremo
activo se deba reconducir al realmente procedente en este juicio en particular, es
decir, al de nulidad y restablecimiento del derecho -artículo 138 ibidem-.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2020, exp. 46970, CP: María Adriana Marín.
48 “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un

derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto
administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar
que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso
segundo del artículo anterior […]”.
49 “Artículo 171. Admisión de la demanda. El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos

legales y le dará el trámite que le corresponda, aunque el demandante haya indicado una vía
procesal inadecuada […]”.

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Ahora, en cuanto al ejercicio oportuno del medio de control procedente, esto es, el
de nulidad y restablecimiento del derecho, se observa que, de conformidad con el
artículo 162, numeral 2, literal d) del CPACA “cuando se pretenda la nulidad y
restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de
cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación,
notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales […]”50.

En el sub judice, se acreditó que la Resolución No. 1282 del 22 de noviembre de
2011 fue notificada al representante legal de la sociedad Carman Internacional
S.A.S., de manera personal, el 14 de marzo del 201251.

De acuerdo con lo anterior, tomando como punto de partida para el cómputo del
término de caducidad el 15 de marzo de 2012, la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho se encontraría caducada respecto del acto
administrativo antes mencionado, pues el término de 4 meses previsto en el artículo
162, numeral 2, literal d) del CPACA, feneció el 1652 de julio de 2012, y el libelo se
presentó solo hasta el 12 de mayo de 201453.

Además, la anterior conclusión no se altera por la circunstancia de que el 11 de
marzo de 2014, la empresa accionante hubiera presentado solicitud de conciliación
extrajudicial54, toda vez que para ese momento ya había operado el fenómeno de
la caducidad.

En consecuencia, en la parte resolutiva de esta sentencia se confirmará la
providencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control.

50 En atención a lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el artículo

624 del CGP, en este caso la caducidad se computará con las normas del CPACA, porque dicho
plazo empezó a correr en vigencia del artículo 162, numeral 2, literal d) del CPACA, pues el acto que
debió demandarse data de 23 de enero de 2013.
51 Fl. 213, C. 2. Expediente Digital.
52 Teniendo presente que el 15 de julio de 2012 fue inhábil.
53 Fl. 1 a 40, C. 1. Expediente Digital.
54 Fl. 45, C. 1. Expediente Digital.

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5. Condena en costas

Se procede a disponer sobre la condena en costas en segunda instancia conforme
a lo previsto en el artículo 188 del CPACA, que remite a las disposiciones del Código
General del Proceso, entre las que se encuentra la relativa a su composición, esto
es, por expensas y gastos procesales, honorarios de auxiliares de la justicia y
agencias en derecho que deben ser “[…] tasadas y liquidadas con criterios objetivos
y verificables en el expediente”.

Precisamente, frente a las reglas para la imposición de la condena, la norma
procesal general establece que ésta procede en contra de la parte vencida o contra
quien se resuelva desfavorablemente el recurso de apelación y, que “[…] solo habrá
lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida
de su comprobación”.

En virtud de lo anterior, se observa que en este caso no procede su imposición por
los componentes de expensas y honorarios de auxiliares de la justicia, debido a que
no se encuentra acreditado en el expediente que las partes hubieren incurrido en
gastos por esos conceptos durante el trámite de segunda instancia. Precisamente,
debe señalarse que en el presente asunto litigioso no se decretaron pruebas en el
trámite de segunda instancia, por lo cual de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de
202155, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión.

En lo relativo a las agencias en derecho, entendidas como “la porción de las costas
imputables a los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa”, se evidencia que
en atención a lo previsto en el numeral 8º del artículo 365 del Código General del

55 “Artículo 247 modificado por la Ley 2080 de 2021. Trámite del recurso de apelación contra
sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará
de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 4. Desde la notificación del auto que concede la
apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en segunda instancia, los sujetos procesales podrán
pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado por los demás intervinientes. 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de
alegados por escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no
habrá lugar a dar traslado para alegar. El secretario pasará el expediente al despacho para dictar
sentencia”.

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Radicado: 13001233300020140022002 (71184)
Demandante: Carman Internacional S.A.S.

Proceso y tomando en consideración que la entidad demandada no desplegó
actuación en segunda instancia, no se impondrá una orden para que proceda su pago,
pues, no existe una causación material que así las sustente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró probada la excepción de indebida
escogencia del medio de control y la caducidad del respectivo, por las razones
expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
VF

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