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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00270-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00270-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar los ordinales cuarto y noveno de la sentencia del 28 de junio de 2019 del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, en tanto se declaró la prescripción de las mesadas pensionales y se condenó en costas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), respectivamente, por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. Modificar el numeral quinto de la sentencia del 28 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así: Quinto. Se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconocer y pagar el retroactivo correspondiente a las mesadas dejados de percibir desde que adquirió su derecho pensional, esto es el 11 de enero de 2008. Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia del 28 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, que accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Flor María Castillo Hernández contra, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo expuesto en esta providencia. Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia. 22 Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021) Demandante: Flor María Castillo Hernández Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2014-00270-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Tema: Reconocimiento pensión de jubilación

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 28 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija
de Decisión 2, por medio de la cual se accedió de manera parcial a las pretensiones
de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Flor María Castillo Hernández presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) UGM 35938 del 9 de febrero
de 2012; ii) UGM 48585 del 31 de mayo de 2012; iii) RDP 45500 del 7 de octubre
de 2009; iv) RDP 51868 del 8 de noviembre de 2013; y v) RDP 52049 del 12 de
noviembre de 2013, expedidas por la Caja Nacional de Previsión Social3 y la UGPP,
respectivamente, a través de las cuales le negaron el reconocimiento de la pensión
de jubilación.

1 En lo que sigue UGPP.
2 En lo sucesivo CPACA.
3 En adelante Cajanal.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que i) se ordenara el reconocimiento de la pensión de jubilación en un 75% del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios, a partir del 11 de enero de 2008; ii) se indexaran las sumas que resultaren
de la condena, así como la primera mesada pensional; iii) se pagaran los intereses
moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993;
y iv) se condenara en costas a la parte demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Flor María Castillo Hernández nació el 11 de enero de 1953 y laboró como auxiliar
de enfermería al servicio del Hospital San Francisco de Asís de Sincelejo entre el
1º de enero y el 31 de diciembre de 1970, del Hospital Regional de Sincelejo entre
el 1º y el 13 de agosto de 1977, de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones4
entre el 8 de junio de 1977 y el 1º de abril de 1981, del Hospital Bocagrande S.A.
entre el 1º de junio de 1981 y el 1º de marzo de 1983 y de la Clínica Club de Leones
de Cartagena entre el 1º de marzo de 1983 y el 3 de noviembre de 2005.

• Durante la prestación de sus servicios realizó aportes al Instituto de Seguros
Sociales5, a la Caja de Previsión de Caprecom y a Cajanal, última entidad de
previsión social a la cual efectuó aportes del 10 de mayo de 1983 al 5 de noviembre
de 2005, es decir por 22 años, 5 meses y 25 días.

• Mediante la Resolución UGM 35938 del 9 de febrero de 2012, Cajanal negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación, pues los documentos allegados con la
reclamación administrativa se encontraban en copia simple, acto administrativo que
fue confirmado al resolver un recurso de reposición interpuesto en su contra, a
través de la Resolución RDP 45585 del 31 de mayo de 2012.

• Ante la negativa del reconocimiento de la pensión de jubilación, Flor María Castillo
Hernández presentó acción de tutela, la cual correspondió al Juzgado Segundo Civil
de Cartagena, el que mediante sentencia del 19 de junio de 2013 tuteló sus
derechos fundamentales y ordenó a la UGPP revisar la solicitud dentro del término
de 48 horas.

4 En adelante Caprecom.
5 En lo sucesivo ISS.

2

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

• A través de la Resolución RDP 45500 del 7 de octubre de 2009, en cumplimiento
de la orden de tutela, negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, acto
administrativo que fue confirmado por medio de las resoluciones RDP 51868 del 8
de noviembre de 2013 y RDP 52049 del 12 de ese mes y año al resolver los recursos
de reposición y apelación interpuestos en su contra, respectivamente.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 42 y 53 de la Constitución Política; 1 de la Ley
65 de 1946; 42 del Decreto 1042 de 1978; 1 de la Ley 33 de 1985; 7 de la Ley 71
de 1988; y 33 y 36 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al concepto de violación, Flor María Castillo Hernández expuso lo
siguiente6:

• En consideración a que cumplió 55 años de edad el 11 de enero de 2008, fecha
para la cual contaba con más de 20 años de servicios tanto en el sector público
como en el privado, le asiste el derecho al reconocimiento de le pensión de jubilación
según las disposiciones de las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o 100 de 1993, la que
le resulte más favorable.

• La decisión de la administración de negarle el reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985, se vulneran sus
derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital.

1.2. Contestación de la demanda

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones7 con fundamento en las
siguientes consideraciones:

• Los actos administrativos acusados fueron expedidos conforme a derecho y se
encuentran debidamente motivados.

• En el trámite de la actuación administrativa hubo falencias probatorias, toda vez
que la actora no aportó los certificados de tiempo de servicios en los formatos
dispuestos para ello de conformidad con la norma expedida de manera conjunta por
los ministerios de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Seguridad Social.

6 Samai, índice 2, documento 6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2, folios

147 y 159.
7 Ibidem, folios 225 a 145.

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Demandante: Flor María Castillo Hernández

• En el caso hipotético de que tuviera derecho a la pensión de jubilación según la
Ley 33 de 1985, por ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, la prestación debe liquidarse con base en las disposiciones contenidas en los
artículos 36 y 21 ibidem, según corresponda, y los factores taxativos del Decreto
1158 de 1994 objeto de cotización, conforme lo ha establecido la jurisprudencia de
la Corte Constitucional.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, en sentencia del 28
de junio de 20198 accedió de forma parcial a las pretensiones de la demanda, para
lo cual declaró la nulidad de los actos acusados y ordenó a la UGPP reconocer a
Flor María Castillo Hernández la pensión de jubilación, a partir del 11 de enero de
2008, pero con efectos a partir del 3 de junio de 2011, por prescripción, en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo devengado en los 10 últimos años de
servicios, con la inclusión de los factores salariales señalados en el Decreto 1158
de 1994, tales como asignación básica, bonificación por servicios prestados y
remuneración por trabajo suplementario o de horas extras realizado en jornada
nocturna. Asimismo, dispuso el descuento de los aportes en el evento en que no se
hubiese realizado, el pago retroactivo, la indexación de la primera mesada pensional
y el cumplimiento del fallo de conformidad con lo previsto en los artículos 187 y 192
del CPACA.

Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente:

• La demandante era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
pues al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la norma para el sector
nacional, contaba con más de 35 años de edad y un tiempo superior a 15 años de
labores. Por lo tanto, al contar con un tiempo de servicios de aproximadamente 32
años en el sector oficial y más de 55 años de edad le asistía el derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con lo previsto en las
leyes 33 y 62 de 1985.

• La base de liquidación de la pensión que deba reconocerse se define con
fundamento en los artículos 36 (inciso 3) o 21 de tal normativa, según sea el caso,
y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización.

• Así las cosas, observó que ella tenía derecho al reconocimiento de la pensión de
jubilación, a partir del 11 de enero de 2008, en cuantía equivalente al 75% del

8 Samai, índice 2, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios

15 a 45.

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Demandante: Flor María Castillo Hernández

promedio de lo devengado durante los 10 últimos años de servicios, con la inclusión
de los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, tales como
asignación básica, bonificación por servicios prestados y remuneración por trabajo
suplementario o de horas extras realizado en jornada nocturna.

• Con fundamento en certificados de información laboral válidos para el
reconocimiento de la pensión de jubilación, verificó que en efecto ella sí cumplía con
el tiempo de servicios y la edad requerida para acceder a la prestación.

• En cuanto a la indexación de la primera mesada pensional, señaló que «en tanto
que, conformidad con lo probado en autos, efectivamente sufrió la pérdida del valor
adquisitivo de su primera mesada pensional, porque se retiró del servicio en el año 2005,
pero adquirió su status pensional en el 2008 y su pensión aún no había sido reconocida por
la entidad demandada, lo que denota la depreciación del último salario percibido para la
fecha en que adquirió su status pensional, lo cual afectará su mínimo vital al momento en
que se le reconozca de manera efectiva su pensión». (sic)

• En la medida en que se ordenó la indexación, no dispuso el reconocimiento de los
intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

• Las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de junio de 2011 se
encuentran prescritas, pues si bien el derecho se causó el 1 de enero de 2008 y
presentó su petición el 8 de febrero de 2008, lo cierto es que no presentó la
demanda dentro de los tres años siguientes a esa fecha, sino hasta el 3 de junio de
2014.

• La condena en costas a la parte demandada es procedente, toda vez que fue la
vencida en el proceso.

1.4. Los recursos de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación9 al considerar que:

• Flor María Castillo Hernández no acreditó el derecho pretendido según el régimen
establecido por el a quo. Sumado a ello, la condena en costas que se le impuso al
ente de previsión social es improcedente y no hay lugar a la indexación de la primera
mesada pensional.

• Se aportaron los certificados de factores salariales sin los formatos dispuestos para
este efecto, de conformidad con lo previsto en la Circular 13 de 2007, así como las

9 Ibidem, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios 51 a 61.

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Demandante: Flor María Castillo Hernández

disposiciones contenidas en los artículos 2 y 3 del Decreto 013 de 2001.

Flor María Castillo Hernández recurrió10 la sentencia apelada, toda vez que se
encuentra en desacuerdo con el decreto de la prescripción de las mesadas
pensionales con anterioridad al 3 de junio de 2011, pues de haber ocurrido el
fenómeno jurídico, este sería con anterioridad a noviembre de 2010.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

La parte demandante11 y demandada12 reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda, la contestación y el recurso de apelación, respectivamente.

1.6. El Ministerio Público

El procurador delegado ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia13, toda vez que, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial
constitucional, los reglamentos sobre formatos y certificaciones pensionales se
constituyen en adecuados procedimientos administrativos, que en cualquier caso
no deben obstaculizar el reconocimiento pensional de sujetos de especial
protección, cuando estos han cumplido a cabalidad con los requisitos exigidos por
el ordenamiento jurídico para acceder a la respectiva pensión.

2. Consideraciones

2.1. Los problemas jurídicos

De acuerdo con el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del
juez de segunda instancia se enmarca en los argumentos expuestos en el recurso
de apelación, no obstante, cuando ambas partes discutan toda la providencia, el
superior resolverá sin limitaciones. En esas condiciones, los problemas jurídicos que
se deben resolver en esta instancia consisten en determinar si ¿Flor María Castillo
Hernández acreditó los requisitos para efectos del reconocimiento de la pensión de
jubilación de conformidad con lo previsto en la Ley 33 de 1985? Y si, en el evento

10 Ibidem, documento 7_ED_ACTUACIONE_002CUADERNO2130(.PDF) NroActua 2, folios 65 a 67.
11 Samai, índice 17, documento
18_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 17.
12 Samai, índice 18, documento
19_RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECTRONICO_CES2SECRCONSEJODEES(.pdf)
NroActua 18.
13 Samai, índice 19, documento
MemorialWebCG_20CONCEPTO_CONCEPTODELMINISTERIOPUBLICO120202220140027001N
I22712021(.pdf) NroActua 19.

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Demandante: Flor María Castillo Hernández

de que tenga derecho a la prestación ¿se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 3 de junio
de 2011? y ¿si es procedente la indexación de la primera mesada pensional?

Asimismo, si ¿las exigencias de certificaciones laborales establecidas en los
respectivos reglamentos y normativa aplicable constituyen una condición sin la cual
no es posible evaluar el cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de la
pensión de jubilación?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Sobre el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985

Las pensiones de jubilación de los empleados públicos tanto del orden nacional
como del territorial, en su inicio fueron reguladas por la Ley 6ª de 1945, norma que
dispuso en el artículo 17 que los empleados y obreros nacionales tenían derecho a
la prestación al cumplir 50 años de edad y 20 años de servicios continuos o
discontinuos.

La disposición se aplicó a los empleados públicos del orden nacional hasta la
expedición del Decreto 3135 de 1968 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969.
Este régimen estableció que tendrían derecho a la pensión de jubilación los
empleados públicos o los trabajadores oficiales que cumplieran 55 años, en el caso
de los hombres, o 50 en el de las mujeres, y 20 años de servicios continuos o
discontinuos, en un monto equivalente al 75 % del promedio de los salarios
devengados durante el último año de servicio.

Los empleados públicos del orden territorial siguieron gobernados por el régimen
pensional previsto en la Ley 6ª de 1945 y sus normas complementarias hasta que
se expidió la Ley 33 de 1985, momento desde el cual se regularon por esta. Igual
pasó con la aplicación del Decreto 3135 de 1968 respecto de los empleados
públicos nacionales, dado que fue derogado por el artículo 25 de esa ley, por lo que
en adelante también los rigió.

La Ley 33 de 1985 dispuso los requisitos para obtener la pensión de jubilación, bajo
la cual se rigen los empleados oficiales nacionales y territoriales que hayan prestado
sus servicios por un tiempo de 20 años en forma continua o discontinua, así:

«Artículo 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o
discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación

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Demandante: Flor María Castillo Hernández

equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base
para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en
actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado
expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.
(…)».

El parágrafo 2 de este artículo previó un régimen de transición para aquellos
empleados oficiales que a la fecha de su entrada en vigencia tuviesen 15 años de
servicios continuos o discontinuos, a quienes se les aplicarían las normas
pensionales que regían con antelación, es decir el Decreto 3135 de 1968 y la Ley
6ª de 194514.

De acuerdo con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y su parágrafo 2, se exceptúan
de su aplicación los trabajadores oficiales que por la naturaleza de su labor
justifiquen una excepción, quienes disfruten de un régimen especial de pensiones y
aquellos beneficiarios del régimen de transición.

La Ley 33 de 1985, en su artículo 3, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 de
1985, ordenó a todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a cualquier
caja de previsión, pagar los aportes de acuerdo con las normas que estas tengan
establecidas. Asimismo señaló, en lo relacionado con la base de liquidación de la
pensión, lo siguiente:

«Artículo 3. (Modificado por la Ley 62 de 1985). Todos los empleados oficiales de una
entidad afiliada a cualquier Caja de Previsión, deben pagar los aportes que prevean las
normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute presupuestalmente como
funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación de los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial estará constituida por los
siguientes factores, cuando se trate de empleados del orden nacional: asignación básica;
gastos de representación; prima técnica; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier orden,
siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de base para
calcular los aportes». (Resalta la Sala).

2.2.2. En torno al ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen
previsto en la Ley 33 de 1985

14 «Parágrafo 2.º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido

quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose las disposiciones
sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley».

8

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

La Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 201815, fijó la siguiente regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para los beneficiarios de la Ley 33
de 1985:

«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que
se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es que «una
lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición
el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el
inciso 3 de dicha norma».

En efecto, a juicio de la sala plena, el régimen de transición prorrogó la vigencia de
todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993 y otorgó efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de estos para
sus afiliados y que estaban próximos a adquirir el derecho pensional. «Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión». Esto señaló la
Sala:

«87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la Ley 100 de
1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento, el IBL, que cumpliría
con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban
próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad,
universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición
abarcaría varias décadas.

(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe darse del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que las personas beneficiarias del régimen transición puedan adquirir
su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la
tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36,
inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador
en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a
dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo
poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el
Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)»

15 Expediente 4403-2013, con ponencia del magistrado César Palomino Cortés.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

Además, la corporación estableció dos subreglas: la primera se refiere al periodo
para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de
reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

«(…)

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base
de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)».

La segunda subregla es «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para
la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones». Esta subregla se sustentó en los siguientes argumentos:

«99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985,
solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden
incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo
48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo
de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se
tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones (…)».

De acuerdo con la regla y subreglas del precedente analizado, el IBL para quienes
son beneficiarios de la transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o
el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general
de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

Así las cosas, el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, como instrumento de
garantía de expectativas legítimas de quienes se encontraban próximos a
pensionarse al momento de su entrada en vigencia, solo protegió de la norma
anterior los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas, y tasa de

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

retorno; pues, el IBL en sus componentes periodo y factores, son definidos a partir
de las disposiciones de aquella normativa y sus reglamentos.

Las reglas señaladas en esta decisión se constituyen en un precedente vinculante
y obligatorio16 en la resolución de «(…) todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en
los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables» tal y como se dispuso en la decisión.

2.2.3. Indexación de la primera mesada pensional

De acuerdo con los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, el Estado tiene el
deber de establecer mecanismos con el fin de que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo y que las pensiones reconocidas sean
reajustadas de manera periódica, en esa línea la norma constitucional estableció:

«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que
se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que
determine la Ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]».

16 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del

artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «(…) sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en
el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el
precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de
determinadas condiciones (…)».

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso
necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala)

Frente al deber constitucional contenido en las disposiciones transcritas, en armonía
con los derechos a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional17 ha entendido que el derecho a mantener
el poder adquisitivo de las pensiones se enmarca dentro de la categoría de
fundamentales, el cual a su vez contiene: i) el derecho a la actualización del ingreso
base de liquidación de la primera mesada pensional y ii) la garantía al reajuste
periódico de las pensiones. Esta clasificación fundamental conlleva, entre otras
cosas, al deber de garantizar la efectividad del derecho a mantener el poder
adquisitivo de la pensión, aunque no existe un desarrollo normativo frente a este.

En materia de indexación de la primera mesada pensional esta Corporación18 en
reiteradas oportunidades ha advertido que, si bien no existe norma que de manera
expresa establezca la actualización de dicha prestación, diferente del reajuste anual
de las mesadas pensionales, no es menos cierto que, en desarrollo de los artículos

17 Sentencia T-953 de 2013
18 Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de diciembre de 2016.

C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 23001-23-33-000-2013-00212-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 7 de mayo de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
radicación: 23001-23-33-000-2013-00208-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
20 de febrero de 2020. C.P. César Palomino Cortés, Radicación: 23001-23-33-000-2013-00438-01;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, radicación: 23001-23-33-000-2014-00006-01; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 28 de octubre de 2021. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 25000-23-42-000-
2018-01819-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 11 de noviembre de 2021. C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter, radicación: 05001-23-33-000-2015-00537-01.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

48, 53 y 230 Constitucionales, ningún trabajador está obligado a soportar las
consecuencias de la devaluación y pérdida del valor adquisitivo de la moneda, razón
por la cual el mecanismo de indexación se convierte en una solución acorde con los
principios de equidad y justicia.

Ciertamente, se reitera que aquel reconocimiento que no esté en armonía con el
valor real del dinero (salario, pensión, entre otros) resulta una carga inequitativa
para el trabajador la cual no está en el deber jurídico de soportar, pues se estaría
no solo frente a un agravio patrimonial, sino ante un empobrecimiento que atenta
contra el principio laboral protectorio19 y la garantía constitucional del pago oportuno
y el reajuste periódico de las pensiones.

En efecto, esta Corporación en sentencia del 12 de abril de 2012, concluyó que, en
atención al criterio de equidad y al principio de igualdad, la actualización del salario
base para liquidar la mesada pensional es procedente no solo judicialmente, sino
también en sede administrativa. Esto señaló:

«si bien no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia ha desarrollado, con
base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48, 53 y
230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la pérdida
del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios y,
por tanto, el trabajador no tiene porque soportar las consecuencias negativas de dicha
situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas de dinero
desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario que devengaba
cuando prestaba sus servicios. En sentencia del 15 de junio de 2000, con ponencia del
Magistrado Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, se establecieron las siguientes reglas:

‹No aceptar la indexación del ingreso base del demandante, pretextando que los últimos
años no estuvo vinculado laboralmente luego de haber prestado sus servicios, por más
de 23 años, y de esa manera reconocer su mesada pensional, con valores deteriorados,
constituiría una afrenta a la justicia e iría en contravía de los postulados Constitucionales
citados.

Negar la revalorización de la base de liquidación de la pensión de jubilación,
argumentando ausencia de una disposición precisa que así lo establezca, no obstante
la evidente pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, es desconocer la
primacía de los principios y valores constitucionales que por mandato de nuestra Carta
se deben observar en las actuaciones judiciales y se incurre en el pecado que señala el
aforismo latino de “sumum jus summa injuria” – derecho estricto injusticia suprema – que
se suele utilizar para indicar que al juez no puede considerársele como un autómata, o
esclavo de la norma escrita, por ley debe entenderse el ordenamiento jurídico como un
todo. Incluso, en los casos como el aquí examinado, la doctrina constitucional permite
dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que contraríen el orden justo,
valor este constitutivo de nuestro ordenamiento Constitucional›.

Así las cosas, no se trata del imperio de los criterios auxiliares de la justicia y de la

19 Según el cual se protege a la parte más vulnerable en la relación laboral, es decir el trabajador.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

equidad sobre la ley como estima el recurrente, sino que, al no existir una disposición
legal que se refiera a la indexación de la primera mesada pensional el juez debe acudir
a tales preceptos para evitar que se vulneren los derechos del trabajador en cuanto a
que su ingreso laboral, después de más de veinte años de servicios, se convierta en una
pensión liquidada sobre sumas desvalorizadas por el paso del tiempo, debido a que al
servidor le faltaba cumplir únicamente el requisito legal de la edad para adquirir el estatus
de pensionado.

(…)

Lo contrario sería admitir una situación de desigualdad entre quienes cumplen todos los
requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión al momento de su retiro del
servicio y quienes se retiran del mismo por haber cumplido el tiempo de servicios
quedándoles faltando únicamente tener la edad para acceder a dicha prestación, como
ya se anotó, pues mientras tanto ven disminuido el monto de la mesada inicial, por cuanto
las normas del sistema general de pensiones en especial, el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, contemplan es la actualización anual de las pensiones que ya fueron concedidas,
en forma equivalente al Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE
(reajuste en el IPC) y, por excepción, cuando las pensiones sean de cuantía equivalente
al salario mínimo legal, se reajustan en el porcentaje que sea mayor entre el IPC o el
porcentaje en que se haya aumentado el salario mínimo»20.

En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional21 indicó:

«Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del
Legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la
materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales configuran
realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una
interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales.

(…)

Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser
reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por
tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta
insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional
del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine,
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a
los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas
excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a
la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha
denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de
manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos –los
pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto
exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.

20 Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Gerardo Arenas

Monsalve, expediente 25000-23-25-000-2008-00800-01.
21 C-862 del 19 de octubre de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es
un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera
edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al
conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han
establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el
derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es
simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor
de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y
por lo tanto sujetos de especial protección constitucional.

(…)

Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al
contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a juicio
de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una
vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también incluye la
actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe
destacar que las numerosas decisiones de tutela proferidas por esta Corporación en las
cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de
jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho
a la actualización de las mesadas pensionales.

(…)

Independientemente de la línea argumentativa que se siga, es decir, bien sea que se
entienda que la indexación de la primera mesada pensional es una pretensión específica
que hace parte del derecho a la actualización de la mesada pensional, o bien sea que
se afirme que se trata de un derecho autónomo que encuentra también fundamento en
el derecho al mínimo vital y en los artículos 53 y 48 constitucional, esta Corporación lo
ha protegido en numerosas ocasiones en sentencias de revisión de fallos de tutela. En
dichas oportunidades la Corte Constitucional encontró también fundamento para la
protección en el artículo 29 constitucional por considerar que las decisiones judiciales
proferidas por la jurisdicción laboral que desconocían el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional configuraban una vulneración del derecho al debido proceso
de los trabajadores».

Así las cosas, frente al vacío normativo sobre la indexación del IBL de las
prestaciones pensionales y sus consecuencias negativas, es necesario y acertado
ordenar su reajuste en atención al carácter especial que gozan las prestaciones
pensionales.

2.2.4. Datos de certificación de tiempos laborales y salario para la emisión de
bonos pensionales y el reconocimiento de pensiones

El Decreto 1748 de 1995, en su artículo 48, modificado por el artículo 20 del Decreto
1513 de 1998, estableció que cuando las entidades administradoras de pensiones
adelanten procesos de solicitud y pago de bonos pensionales, se encuentran

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

obligadas a verificar las certificaciones laborales que expidan los empleadores o
cajas respectivas.

Así entonces, el Decreto 013 de 2001, en su artículo 2 señaló:

«Artículo 2-Verificación de certificaciones. Para efectos de la verificación a que se
refiere el artículo 48 del Decreto 1748 de 1995, modificado por el artículo 20 Decreto
1513 de 1998, las entidades administradoras deberán constatar que las certificaciones
cumplan los requisitos formales indicados por dicha disposición, y que su contenido sea
congruente con la información que posee la administradora. Para este efecto las
administradoras podrán solicitar además de lo señalado por el literal c) del artículo 48
del Decreto 1748 de 1995 modificado por el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, el
facsímil de la firma autorizada».

Por su parte, el artículo 3 del Decreto 013 de 2001 dispuso que las certificaciones
laborales válidas para el reconocimiento de pensiones son las elaboradas en los
formatos adoptados por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo
y Seguridad Social, así:

«Artículo 3-Certificado de información laboral. Las certificaciones de tiempo laborado
o cotizado con destino a la emisión de bonos pensionales o para el reconocimiento de
pensiones que se expidan a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto, deberán elaborarse en los formatos de certificado de información laboral, que
serán adoptados conjuntamente por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de
Trabajo y Seguridad Social, como únicos válidos para tales efectos».

Así las cosas, los referidos ministerios adoptaron 3 formatos de certificación laboral
y salario válidos para la emisión de bonos pensionales y/o para el reconocimiento
de pensiones, lo cual fue comunicado a todas las entidades certificadoras de
tiempos de servicios y salarios a través de la Circular Conjunta 013 de 2007, en la
que además indicaron que la utilización de dichos formatos era obligatoria y que
estos se pondrían a su disposición en la página web de los ministerios.

Dichos formatos son:

• Formato 1. Certificado de información laboral. Se utiliza para certificar periodos
de vinculación laboral con entidades públicas, válidos para pensión o para bono
pensional.

• Formato 2. Certificación de salario base. Se usa exclusivamente para certificar
el salario base para la liquidación de los bonos pensionales de las personas que se
trasladaron de régimen al Sistema General de Pensiones, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

• Formato 3A. Certificación de salarios mes a mes para la liquidación y emisión
de bonos pensionales tipo A, modalidad 1. Se expide con destino a los fondos
privados de pensiones y para las personas cuya primera vinculación laboral inició
con posterioridad al 30 de julio de 1992 y antes del 1º de abril de 1994.

• Formato 3B. Certificación de salarios mes a mes para la liquidación de
pensiones del régimen de prima media. Los salarios a certificar son los
correspondientes a las vinculaciones laborales con entidades públicas u oficiales,
se expide con destino al ISS, Cajanal o cualquier otra caja o entidad pública u oficial
que otorgue pensiones del régimen de prima media.

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Flor María Castillo Hernández nació el 11 de enero de 195322 y laboró como auxiliar
de enfermería por alrededor de 32 años de la siguiente manera:

Empleador Desde Hasta Interrupciones Aportes Entidad que
certifica
Hospital San 01-12-1970 31-12-1976 - ISS E.S.E. Hospital
Francisco de Universitario de
Asís Sincelejo23
Hospital 01-01-1977 13-08-1977 12-05-1977 ISS E.S.E. Hospital
Regional de a Universitario de
Sincelejo 12-08-1977 Sincelejo24
Caprecom 16-05-1977 30-05-1977 Caprecom Caprecom25
08-06-1977 02-03-1981
Instituto 01-03-1983 03-11-2005 Cajanal Gobernación
Oftalmológico de Bolívar26
Club de Leones
de Cartagena

22 Según la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento, Samai, índice 2, documento
6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2, folios 27 y 27, respectivamente.
23 Conforme con el formato 1, certificado de información laboral (Fl. 299), el formato 2, certificado de

salario base (Fl. 301), y el formato 3B, certificado de salarios mes a mes (Fls. 303 y 305), del 3 de
diciembre de 2015, expedidos por la E.S.E. Hospital Regional de Sincelejo, Samai, índice 2,
documento 6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.
24 Ibidem.
25 Conforme con el formato 1, certificado de información laboral (Fl. 333), el formato 2, certificado de

salario base (Fl. 335), y el formato 3B, certificado de salarios mes a mes (Fls. 337 y 339), del 12 de
noviembre de 2015, expedidos por Caprecom, Samai, índice 2, documento
6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.
26 Conforme con el formato 1, certificado de información laboral (Fl. 319), el formato 2, certificado de

salario base (Fl. 321), y el formato 3B, certificado de salarios mes a mes (Fls. 323, 325, 327 y 329),
del 26 de febrero de 2016, expedidos por la Gobernación de Bolívar, Samai, índice 2, documento
6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

• Durante el periodo comprendido entre 1996 y 2005 devengó sueldo básico, prima
de alimentación, subsidio de transporte y recargos nocturnos domingos y festivos27.

• Mediante escrito del 8 de febrero de 200828, Flor María Castillo Hernández solicitó
a Cajanal el reconocimiento de la pensión de jubilación, la que fue negada a través
de la Resolución UGM 35938 del 29 de febrero de 201229, por no contar con
suficientes elementos de juicio debido a la existencia de inconsistencias en el
formato de certificación de los tiempos de servicio por cuanto fueron allegados en
copia simple. Acto administrativo que fue confirmado por medio de la resolución
UGM 48585 del 31 de mayo de 201230.

• La subdirectora de derechos pensionales de la UGPP profirió la Resolución UGM
46500 del 7 de octubre de 201331, en cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cartagena en fallo de tutela del 19 de junio de 2013,
mediante la cual revisó nuevamente los documentos necesarios para conceder la
pensión y resolvió negar el reconocimiento al encontrar inconsistencias en el tiempo
de servicio y cotizaciones, acto administrativo que fue confirmado, al resolverse los
recursos de reposición y apelación interpuestos en su contra, a través de las
resoluciones RDP 51868 del 8 de noviembre de 201332 y RDP 52049 del 12 de
noviembre de 201333.

Para resolver el problema jurídico planteado y en consideración a los hechos
enunciados con anterioridad, es importante señalar que Flor María Castillo
Hernández era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, puesto
que, para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de esa ley para los
empleados territoriales, acreditaba más de 35 años y un tiempo superior a 15 años
de servicios. Asimismo, que acumuló aproximadamente 32 años de labores como
auxiliar de enfermería en el Hospital San Francisco de Asís, en el Hospital Regional
de Sincelejo, en Caprecom y en el Instituto Oftalmológico Club de Leones de
Cartagena.

27 Según certificación de información laboral del 10 de febrero de 2009, expedida por el director del

Instituto Oftalmológico Club de Leones de Cartagena (Fls. 45, 47 y 49), Samai, índice 2, documento
6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.
28 Según la Resolución UGM 35938 del 29 de febrero de 2012, Samai, índice 2, documento

6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2, folios 59, 61 y 63.
29 Samai, índice 2, documento 6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2, folios

59, 61 y 63.
30 Ibidem, folios 121, 123 y 125.
31 Ibidem, Folios 79 a 83.
32 Ibidem, Folios 89 a 91.
33 Ibidem, archivo 93 a 95.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

Así entonces, su pensión de jubilación podía ser reconocida bajo las previsiones de
la Ley 33 de 1985, la cual estableció que «(e)l empleado oficial que sirva o haya servido
veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá
derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicio», requisitos que Flor María
Castillo Hernández acreditó, pues alcanzó 55 años de edad el 11 de enero de 2008
y cumplió 20 años de servicios el 11 de diciembre de 1992.

Ahora, en consideración al precedente vinculante de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
201834, la base de liquidación de la pensión que así deba reconocerse se define con
fundamento en los artículos 36 (inciso 3) o 21 de tal normativa, según sea el caso,
y los factores taxativos del Decreto 1158 de 1994 objeto de cotización, como lo
ordenó en la sentencia de primera instancia.

Corolario de lo anterior, encuentra la Sala que el reconocimiento del derecho
pensional de Flor María Castillo Hernández debía realizarse en las condiciones
establecidas en las normas anteriores a la Ley 100 de 1993, por ser beneficiaria del
régimen de transición allí dispuesto, esto es en los términos establecidos en la Ley
33 de 1985, cuyos requisitos acreditó, como lo determinó el a quo.

De acuerdo con las normas aplicables al caso concreto en torno a la configuración
del fenómeno jurídico de la prescripción, encuentra la sala que la demandante
adquirió el derecho a que le fuera reconocida la pensión de jubilación el 11 de enero
de 2008 (fecha en la que cumplió 55 años de edad, contaba con más de 20 años de
servicios y acreditó su retiro del servicio el 11 de noviembre de 2005) y presentó la
solicitud de reconocimiento de la prestación el 8 de febrero de 2008, esto es dentro
del término de los 3 años previstos en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y
102 del Decreto 1848 de 1969.

Asimismo, se advierte que la UGPP resolvió el recurso de apelación mediante la
Resolución RDP 52049 del 12 de noviembre de 2013, decisión con la cual concluyó
el procedimiento administrativo35. Por lo anterior, la sala advierte que la demanda
fue presentada el 3 de junio de 2014, dentro de los 3 años siguientes a la fecha en
la que la entidad profirió el acto demandado, lo que permite concluir que no se
configuró el fenómeno de la prescripción, por lo que se procederá a revocar el
ordinal cuarto de la sentencia apelada.

34 Expediente 4403-2013, con ponencia del Consejero de Estado, César Palomino Cortés.
35
Artículo 87-2 del CPACA «Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de
la decisión sobre los recursos interpuestos».

19

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

Ahora bien, regularmente se habla de indexación de la primera mesada pensional
frente aquellas personas que adquirieron el estatus con posterioridad a su retiro del
servicio, teniendo en cuenta el valor nominal de los salarios y prestaciones sociales
que devengaban durante los últimos años de su relación laboral que, con ocasión
del paso del tiempo, han perdido valor adquisitivo, por lo que es necesario traerlas
a valor presente.

Así las cosas, en los casos en los que la persona se retira del servicio con el
requisito de tiempo de labores, sin haber cumplido la edad para el reconocimiento
de la pensión, con la acreditación posterior, es procedente indexar su primera
mesada conforme con el índice de precios al consumidor (IPC) entre la fecha del
retiro del servicio y la fecha en la que es reconocido el derecho, esto debido al hecho
notorio de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Ahora bien, el material probatorio que obra en el expediente, permite demostrar que
la demandante se retiró del servicio el 11 de noviembre de 2005, cuando ya contaba
con más de 20 años de servicios, y adquirió el estatus pensional el 11 de junio de
2008, por lo tanto la situación se puede comparar con la de las personas que son
retiradas del servicio y de manera posterior cumplen con los demás requisitos para
adquirir el estatus de pensionados, resultando entonces que la primera mesada
pensional al momento del reconocimiento perdió su poder adquisitivo.

La Sala considera que en el caso de la demandante hay lugar a indexar la primera
mesada pensional, pues entre el retiro del servicio y el momento de la efectividad
de la pensión trascurrió más de un año, en tanto es de manera anual que se tiene
en cuenta la variación porcentual del índice de precios al consumidor (IPC), a fin de
tomar las medidas necesarias para contrarrestar la pérdida de la capacidad
adquisitiva del dinero.

En este estado, debe precisar la Sala que si bien para el reconocimiento de las
pensiones se deben certificar los tiempos de servicios y salarios en los formatos
adoptados por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y
Seguridad Social, en virtud del Decreto 013 de 2001 y la Circular 013 de 2007, lo
cierto es que en la actuación judicial se allegaron el certificado de información
laboral36, el certificado de salario base37 y el certificado de salarios mes a mes38 de

36 Folios 229, 333 y 339, Samai, índice 2, documento
6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.
37 Folios 301, 321 y 335, Samai, índice 2, documento
6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.
38 Folios 303, 305, 232, 235, 327, 329 y 337 y 339, Samai, índice 2, documento

6_ED_ACTUACIONE_001CUADERNO1130(.PDF) NroActua 2.

20

Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

acuerdo con dichos formatos, a partir de los cuales se verifica el cumplimiento de
los requisitos para acceder a la pensión de jubilación según la Ley 33 de 1985.

Los razonamientos expuestos en esta providencia, permiten concluir que debe
confirmarse de manera parcial la sentencia apelada, sin consideración adicional
sobre el fondo del asunto.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma39.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará el ordinal noveno de la sentencia apelada que

39En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

condenó en costas a la parte demandada y se abstendrá de hacerlo en esta
instancia.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que: i) el régimen pensional
aplicable a Flor María Castillo Hernández no es otro que el previsto en la Ley 33 de
1985, cuyos requisitos acredita; ii) no hay lugar a declarar la prescripción de las
mesadas pensionales; y iii) la demandante tiene derecho a la indexación de la
mesada pensional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar los ordinales cuarto y noveno de la sentencia del 28 de junio de
2019 del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, en tanto se
declaró la prescripción de las mesadas pensionales y se condenó en costas a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP), respectivamente, por las razones expuestas en
esta decisión.

Segundo. Modificar el numeral quinto de la sentencia del 28 de junio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, que
accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

Quinto. Se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) reconocer y pagar el
retroactivo correspondiente a las mesadas dejados de percibir desde que
adquirió su derecho pensional, esto es el 11 de enero de 2008.

Tercero. Confirmar en lo demás la sentencia del 28 de junio de 2019, proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle de Bolívar, Sala Fija de Decisión 2, que accedió
de forma parcial a las pretensiones de la demanda incoada por Flor María Castillo
Hernández contra, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), conforme a lo
expuesto en esta providencia.

Cuarto. Sin condena en costas en esta instancia.

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Radicado: 13001-23-33-000-2014-00270-01 (2271-2021)
Demandante: Flor María Castillo Hernández

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

23

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