Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Igualdad material
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00308-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
16 de mayo de 2019
IGUALDAD MATERIAL / REGÍMENES ESPECIALES DE SEGURIDAD SOCIAL / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS FAVORABLE EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL / INDEMNIZACIÓN POR DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD SICOFÍSICA / PENSIÓN DE INVALIDEZ MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / PENSIÓN DE INVALIDEZ RÉGIMEN GENERAL
[E]stima la Sala que el derecho a la igualdad material no sufre en principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como propósito proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se aplican. […] [E]xcepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. […] Bajo estos supuestos, advierte la Sala la posibilidad de que, por vía de excepción, se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad social cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993. […] [E]l operador jurídico en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho debe optar por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios. […] [E]s claro que si el actor quería controvertir la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de dicha prestación económica (…). No obstante lo anterior, no existe ninguna pretensión tendiente a cuestionar la validez de dicho acto (…) Tales argumentos hacen inviable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN "B"
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 13001-23-33-000-2014-00308-01(2084-18)
Actor: CARLOS ANTONIO BARRIOS PAUTT
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - ARMADA NACIONAL
Referencia: ESTABLECER SI EL DEMANDANTE TIENE DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y AL REAJUSTE DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL.
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 15 de febrero de 2019, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir los recursos de apelación interpuestos por la partes demandante y demandada contra la sentencia de 31 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones del Carlos Antonio Barrios Pautt contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional.
ANTECEDENTES
1.1 La demanda y sus fundamentos.
Carlos Antonio Barrios Pautt, por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho -Ley 1437 de 2011-, presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad del Oficio 20130423530026641 del 2 de octubre de 2013, por medio del cual la Subdirectora de Servicios Salud de Dirección de Sanidad Naval le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez así como del reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en los términos establecidos del artículo 90 del Decreto 94 de 1989 o en su defecto en aplicación del principio de favorabilidad la Ley 100 de 1993; el reajuste de la indemnización conforme a los parámetros que por incapacidad psicofísica determine el Decreto 94 de 1989; el pago de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de reparación de los perjuicios causados; y, dar aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado del demandante, así:
Señaló que el señor Carlos Antonio Barrios Pautt prestó su servicio militar en la Armada Nacional desde el 30 de noviembre de 1995 al 12 de abril de 1997.
Expresó que el 20 de mayo de 1996 sufrió un accidente en cumplimiento de una orden de operación, la cual le trajo como consecuencia la pérdida de la capacidad laboral del 26.9% dada la fractura de radio izquierdo, fractura lumbar l1 y limitación del puño, y por ello le fue reconocida una indemnización en los términos del Decreto 094 de 1989.
En su sentir, desde aquella época, no ha tenido recuperación y ha dependido de sus familiares para la formulación médica y su tratamiento, motivo por el que se vio obligado a solicitar al Ministro de Defensa el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral; petición que le fue negada por medio del acto acusado por cuanto, de un lado, el porcentaje que se le había sido dictaminado «26.9%» era insuficiente; y de otro, había dejado vencer los términos para solicitar tal reajuste.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Como disposiciones violadas citó las siguientes:
Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 29, 53 y 228; Código Contencioso Administrativo, artículos 2 y 3; Código Sustantivo del Trabajo, artículo 9; Leyes 100 de 1993, artículo 40; 48 de 1993, artículo 40; y, Decreto 1496 de 2000, artículos 15, 37, 44 y 45.
Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que el acto demandado está afectado por las razones que se pasan a exponer:
Aseguró que para cuando ingresó a la Armada Nacional se encontraba en óptimas condiciones de salud, en tal sentido, la alteración que sufrió sucedió en la prestación del servicio y, por ello, no solo tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez sino también el reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.
En el Acta de la Junta Médico Laboral realizada no fueron consignadas todas las lesiones que padece y que progresivamente han deteriorado, de manera ostensible, su estado de salud.
Alegó el derecho a la pensión de invalidez con fundamento en la Ley 100 de 1993, ya que, si bien resulta inaplicable por tratarse la fuerza pública de un régimen exceptuado, no es menos, que la jurisprudencia ha permitido la regulación de situaciones pensionales a su luz, atendiendo el principio de favorabilidad.
1.3 Contestación de la demanda.
El Ministerio de Defensa, a través de su apoderado, contestó la demanda y solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos:
Manifestó que se configuró una flagrante ausencia de requisitos legales para solicitar el reconocimiento de la pensión de invalidez, porque la pérdida de la capacidad laboral del señor Carlos Antonio Barrios Pautt asciende a 26.9%, porcentaje que es muy distante del 75% requerido por el Decreto 094 de 1989, ni siquiera el señalo por la Ley 100 de 1993.
Enunció que al haberse declarado no apto para la prestación del servicio, por parte de la Junta Médico Laboral al momento en que le dictaminó la pérdida de la capacidad laboral, no significa que sea para la vida civil, pues tal incapacidad se determina para la vida militar, ya que solo tiene en cuenta el criterio de deficiencia.
Ahora bien, según el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 el Sistema de Seguridad Social no aplica para los miembros de las Fuerzas Militares, ello implica que el único ente autorizado para evaluar las patologías, deficiencias, discapacidad y minusvalía de los miembros de las Fuerzas Militares son las Juntas Médico-Laborales de cada fuerza y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, en virtud del Decreto 1796 de 2000 y con base en las tablas que trae el Decreto 094 de 1989, la cual toma los índices asignados con la edad del calificado, esto es, si la edad ha variado a la fecha, el porcentaje de disminución de la capacidad laboral será menor, dado que la formula establece que entre más edad es menor la disminución de la capacidad laboral.
1.4 La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia de 31 de julio de 2017 declaró la nulidad parcial del acto acusado; ordenó el reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral que le fuere reconocida al señor Carlos Antonio Barrios Pautt, teniendo en cuenta el aumento del porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral; y, dar aplicación a los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, por las razones que a continuación se pasan a exponer:
Dentro del problema jurídico planteado, el cual era determinar si tenía derecho el demandante al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y al reajuste de la indemnización, estableció que no se cumplen con los requisitos señalados en el Decreto 094 de 1989 o en Ley 100 de 1993, dado que la pérdida de la capacidad laboral dictaminada fue inferior a la requerida.
En efecto ya que, de un lado, la Junta Médico Laboral del Instituto de Fuerzas Militares estableció una disminución del 26.9%; y de otro, la Junta de Invalidez Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar dispuso una pérdida de la capacidad laboral del 46% con fecha de estructuración del 13 de octubre de 2013, esto es, posterior a la fecha en que el demandante prestó el servicio.
Sin embargo, indicó, que no se podía desconocer el incremento de la disminución de la capacidad laboral del demandante, motivo por el que es viable ordenar el reajuste de la indemnización prevista en el Decreto 094 de 1989, teniendo en cuenta el último salario devengado en actividad, con la “(…) aplicación de la prescripción respectiva (…)” (sic).
El recurso de apelación.
Las partes demandante y demandado interpusieron recurso de apelación con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación
Carlos Antonio Barrios Pautt:
Argumentó que en razón a que el porcentaje de la disminución de la pérdida de la capacidad laboral se acercó al 50%, se debería aplicar el principio de equidad para efectos del reconocimiento de la pensión de invalidez, dada por la marcada tendencia de sus condiciones de gravedad y desarrollo paulatino de sus índices de desmejoramiento y cercanía a dicho tope. En caso de que se adopte una decisión diferente, se debe tener en cuenta el desgaste del mecanismo judicial una vez se acrecenté la disminución.
Agregó que la indemnización prestacional por la disminución de la capacidad laboral o por muerte es compatible con la pensión de invalidez, habida cuenta que es un derecho autónomo e independiente.
Ministerio de Defensa:
El señor Carlos Antonio Barrios Pautt no reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, puesto que no cuenta con una pérdida de la capacidad laboral superior al 50% por lesiones ocurridas en servicio activo, por tanto, no desvirtuó la legalidad del acto acusado.
Expresó que la indemnización por disminución de la capacidad psicofísica no es una prestación de aquellas que se califican con el carácter de periódica, pues se agota en un único pago, de manera que la acción que la acción que pretenda está sujeta al término de caducidad de cuatro meses; distinto sucede respecto de la pretensión pensional pues es evidente que el derecho que ella comporta es una obligación de tracto sucesivo. En tal sentido, si el actor quería controvertir la indemnización debió haber demandado el acto por medio del cual le fue reconocida tal prestación.
CONSIDERACIONES
De acuerdo con lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de inconformidad aducidos por las partes demandante y demandada, se contrae a determinar:
Problema jurídico
Si el señor Carlos Antonio Barrios Pautt tiene derecho, de un lado, al reconocimiento de la pensión de invalidez pese a que solo acreditó el 46% de la pérdida de la capacidad laboral; y, de otro, al reajuste de la indemnización por la disminución de su capacidad psicofísica que contrajo y padeció durante su vinculación laboral en la Armada Nacional.
Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: Para dar solución a éste, se atenderá el siguiente estudio: i) normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares; ii) sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993; iii) de la situación de invalidez frente al Sistema General de Pensiones; iv) de la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad social; v) de la Indemnización de la pérdida de la capacidad laboral en la Fuerza Pública; y, vi) del caso en concreto.
i) Normas que han regulado la pensión por invalidez de los miembros de las Fuerzas Militares.
El Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares”, estableció en el artículo 2° que para efectos de determinar, clasificar y evaluar las aptitudes, incapacidades, invalideces e indemnización los Soldados y Grumetes quedaban sometidos al “Reglamento General de Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones para el personal al servicio de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
Posteriormente, el Decreto 1836 de 1979 se encargó en el título noveno de regular la pensión de invalidez de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, para lo cual estableció una regulación diferenciada según los diversos cargos desempeñados en dichas instituciones, tal y como se observa en sus artículos 60, 61, 62 y 63. No obstante lo anterior, la prestación establecida respecto de los miembros de cada entidad tenía en común la exigencia de una disminución en la capacidad sicofísica de por lo menos el 75%.
La anterior norma fue derogada por el Decreto 094 de 1989, mediante el cual se reformó el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y se establecieron los distintos procedimientos a seguir para determinar el grado de invalidez, el reconocimiento de la pensión y las autoridades que participarían del procedimiento.
Con respecto de las condiciones para hacerse acreedor del derecho a la pensión de invalidez, el Decreto 094 de 1989 señaló lo siguiente:
“(…) Artículo 89. Pensión de invalidez del personal de Oficiales, Suboficiales y agentes. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad el sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:
a) El 50% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.
b) El 75% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance al 75% y no alcance el 95%.
c) El 100 % de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.
(…)”
De lo anterior, se establece que la pensión de invalidez estaba condicionada a la pérdida de la capacidad sicofísica en al menos un 75%, y que dicho porcentaje definía el monto pensional. También, que las únicas autoridades autorizadas para determinar la capacidad sicofísica del personal de la Fuerza Pública son la Junta Médico - Laboral Militar y de Policía, y el Tribunal Médico-laboral de Revisión Militar y de Policía.
Posteriormente, el Decreto 1796 del 2000, determinó una pensión de invalidez para los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, en función de la pérdida de la capacidad sicofísica, así:
“(…) ARTICULO 38. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, AGENTES, Y PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Medico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo, tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional, liquidada con base en las partidas establecidas en las normas que regulen la materia y de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan:
a. El setenta y cinco por ciento (75%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y cinco por ciento (85%).
b. El ochenta y cinco por ciento (85%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y cinco por ciento (95%).
c. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%).
PARÁGRAFO 1º. Cuando el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sea igual o superior al 75%, no se generará derecho a pensión de invalidez.
PARÁGRAFO 2º. El personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y el personal no uniformado de la Policía Nacional, vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, continuará rigiéndose, en lo referente a las pensiones de invalidez, por las normas pertinentes del decreto 094 de 1989 (…)”. (Lo subrayado es de la Sala).
Esta normativa, expedida por el Presidente de la República en virtud de las facultades extraordinarias otorgadas por la Ley 578 del 2000, entró en vigencia el 14 de septiembre del 2000, y mantuvo la pensión de invalidez a partir de un porcentaje de pérdida de la capacidad sicofísica del 75%, en cuya función se determina el monto pensional, que paso del 50% al 75% de las partidas computables que establezcan las disposiciones que rigen la materia.
Dado que esta norma confió al Gobierno Nacional la reglamentación correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el decreto, dispuso un artículo transitorio para indicar que el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones seguirían rigiéndose por el Decreto 94 de 1989 hasta que aquella fuera expedida. De esta forma lo previó el artículo 48 del Decreto 1796 del 2000, así:
“(…) ARTICULO 48. ARTICULO TRANSITORIO. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma (…)”.
Posteriormente, el legislador expidió la Ley 923 del 2004, mediante la cual se señalaron las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública. En el artículo 3º numeral 3.5 se dispuso lo siguiente:
“(…) Artículo 3. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
(…)
3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes, teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro. (…)”
Igualmente, en el artículo 6º se estableció los efectos temporales de dicha norma en lo que tiene que ver con las pensiones de sobrevivencia y de invalidez; al respecto manifestó que, dichas prestaciones serían reconocidas para los hechos ocurridos desde el 7 de agosto del 2002, es decir que dispuso efectos retroactivos para la aplicación de la ley. Este artículo fue objeto de pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C - 924 del 2005, providencia en la cual se estudió una acción pública de inconstitucionalidad propuesta con fundamento en la vulneración del derecho a la igualdad.
En esa oportunidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 y, por lo tanto, consideró que la citada norma no vulneraba el derecho a la igualdad en tanto “la retroactividad prevista por el legislador, no se orienta a brindar protección a unas personas que hubiesen estado desprovistas de ella, sino que busca permitir que, dentro de las limitaciones que impone la situación de las finanzas públicas, algunas de tales personas, en razón de la proximidad de sus circunstancias con el momento del tránsito legislativo, pudiesen beneficiarse de las condiciones previstas en el nuevo régimen”.
Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la Ley 923 del 2004, se expidió el Decreto Reglamentario 4433 del 2004, el cual en su artículo 30 consignó los requisitos específicos que deben cumplir los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía para acceder a la pensión de invalidez así:
“(…) Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto (…)”
El Decreto 4433 del 2004 contempló, en sus artículos 30 y 33, dos hipótesis respecto de este tipo de pensión, en las que se exige un 75% de pérdida de la capacidad laboral siempre que la afectación haya ocurrido durante el servicio, sin especificar que debiera ser por causa y razón de este. La principal diferencia entre el uno y el otro, además de la liquidación del monto en algunos casos, es el personal al que se encuentran dirigidas, puesto que el artículo 30 cobija a Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares, y a Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional; mientras que la del artículo 33 ampara a los Alumnos de las Escuelas de Formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, y de Oficiales y miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.
Así las cosas, a efectos de lograr el reconocimiento pensional aludido no solo era menester que el afectado presentara una pérdida de la capacidad superior al porcentaje mencionado en párrafos anteriores sino que además, las lesiones o la incapacidad debió ser causada en servicio activo y con ocasión del mismo; si bien el artículo 6º de la Ley 923 del 2004 consagró el reconocimiento prestacional referido originado en misión del servicio en simple actividad, solo aplicaba a para situaciones consolidadas a partir del 7 de agosto del 2002.
El referido artículo 30 fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación en sentencia del 28 de febrero del 2013 a través de la cual lo declaró nulo al considerar que el Gobierno Nacional excedió la facultad de regulación que le otorgó el legislador en la Ley 923 del 2004. Al respecto:
“(…) Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento de la misma. De tal manera que, si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que, en desarrollo de los dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos superiores a los establecidos por esa ley.
(…)
Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable de nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923 de 2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y carente de validez (…)”
Finalmente, se expidió el Decreto Reglamentario 1157 del 2014, a través del cual se consignaron nuevamente los requisitos para que los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía accedan a la pensión de invalidez. En esta oportunidad se estableció que con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía podrán ser acreedores del derecho a la pensión de invalidez, así:
“(…) ARTÍCULO 2. RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Cuando mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico laborales militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012; así:
2.1 El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento (75%).
2.2 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igualo superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco por ciento (85%).
2.3 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea igualo superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco por ciento (95%).
2.4 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de la capacidad laboral sea igualo superior al noventa y cinco por ciento (95%) (…)”.
Esta nueva normativa, que rige a partir del 24 de junio de 2014, estableció la pensión de invalidez para los miembros de la fuerza pública, y entre ellos, a los miembros que prestaran el servicio militar, cuando por las autoridades médico-laborales propias se les determine una pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 50%.
En cuanto al monto, estableció la norma que:
Rango % pérdida cap. Laboral
Monto - partidas computables
50 - 75
50
75 - 85
75
85 - 95
85
más de 95
95
Es pertinente señalar, que una de las características notorias de la regulación de la pensión de invalidez de la Fuerza Pública, es la de instituirse a partir de los conceptos científicos de las autoridades medico laborales propias que tiene por ministerio de la ley, lo cual, tiene pleno sustento, en que dicho sector está excluido del régimen general de seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, nota la Sala que la nueva regulación en cuanto al porcentaje de pérdida de la capacidad laboral requerido para la pensión de invalidez en la fuerza pública está a tono con la dispuesta en el régimen general de pensiones, al que se ha acudido en aplicación del derecho a la igualdad y al principio de favorabilidad.
ii) Sectores excluidos de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la Ley 100 de 1993.
El Sistema General de Pensiones es, en principio, de aplicación general, así se desprende del texto del artículo 11 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003. Sin embargo, la misma Ley en su artículo 279 dispuso que: “(…) El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas (…).”.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, a los sectores excluidos expresamente por la Ley 100 de 1993 de la aplicación de todo el Sistema Integral de Seguridad Social, no se les aplica ninguno de los sistemas originados en dicha ley, esto es, pensiones, salud y riesgos profesionales. Dentro de los sectores enunciados en la norma se encuentran las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
De tal manera que la situación particular del demandante, en principio, se encuentra excluida de la aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social previsto en la Ley 100 de 1993.
iii) De la situación de invalidez frente al Sistema General de Pensiones.
La Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 860 del 2003, y sus reglamentaciones, regula la noción jurídica de invalidez, y los criterios para establecerla. Define los requisitos y el monto de la pensión de invalidez y señala las distintas reglas aplicables a esta pensión en cada uno de los regímenes del sistema.
Así se establece en los artículos 38 y 39, ibídem, en su texto original:
“ARTICULO. 38.-Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
ARTÍCULO 393. Tendrán derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes requisitos:
a. Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas, al momento de producirse el estado de invalidez.
b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca el estado de invalidez.
PARÁGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo 33 de la presente ley.
iv) De la inaplicación de los regímenes exceptuados en materia de seguridad social.
Sobre este particular, estima la Sala que el derecho a la igualdad material no sufre en principio desmedro alguno por la sola existencia de regímenes especiales de seguridad social, pues esta específica normatividad tiene como propósito proteger los derechos adquiridos y, al mismo tiempo, regular unas condiciones prestacionales más favorables para cierto grupo de trabajadores a quienes se aplican.
No obstante, ello excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
Así lo ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C - 461 del 12 de octubre del 2005, M. P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz:
"(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que, al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta.".
Posteriormente, en sentencia T-348 de 24 de julio de 1997 reiteró:
"En general, esta Corporación ha considerado que la consagración de regímenes especiales de seguridad social, como los establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, no vulnera la igualdad, en la medida en que su objetivo reside, precisamente, en la protección de los derechos adquiridos por los grupos de trabajadores allí señalados. Salvo que se demostrare que la ley efectuó una diferenciación arbitraria, las personas vinculadas a los regímenes excepcionales deben someterse integralmente a éstos sin que pueda apelarse a los derechos consagrados en el régimen general.". (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).
Bajo estos supuestos, advierte la Sala la posibilidad de que, por vía de excepción, se deje de lado la aplicación de regímenes especiales de seguridad social cuando estos impliquen un trato desfavorable y discriminatorio al reconocido por el sistema general contenido en la Ley 100 de 1993.
En otras palabras, como la Ley 100 de 1993 resulta ser más favorable que el régimen especial de la Fuerza Pública, es preciso atender a la interpretación armónica que requiere el artículo 279 del mismo estatuto, y aplicar las disposiciones del régimen general al caso bajo estudio, pues precisamente en virtud del referido principio el operador jurídico en caso de duda en la aplicación o interpretación de una o más normas que regulan en forma diferente una misma situación de hecho debe optar por aquella que sea más benéfica para el trabajador o sus beneficiarios.
v) De la Indemnización de la pérdida de la capacidad laboral en la Fuerza Pública.
El Decreto 94 de 1989, reformó “el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Ejército Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional”, y dispuso en su artículo 89 lo siguiente:
“(…) PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES AGENTES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Agentes, adquieran una incapacidad durante el servicio, que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad sicofísica, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada con base en las partidas señaladas en los respectivos estatutos de carrera, así:
a) El 50% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución del 75% de la capacidad sicofísica.
b) El 75% de dichas partidas cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica que exceda del 75% y no alcance el 95%.
c) El 100% de dichas partidas, cuando el índice de lesión fijado determina una disminución de la capacidad sicofísica igual o superior al 95%.
(…)”.
Esta disposición aplicable al personal de las Fuerzas Militares, a partir de 1 de enero de 1989, determinó en sus artículos 15 y 87 la clasificación de las “incapacidades e invalideces” y las tablas para la calificación de las mismas, teniendo en cuenta los distintos índices de lesión y la edad de la persona para así establecer la indemnización en meses de sueldo, según el momento en que ocurrieron los hechos y las circunstancias de los mismos, así como la época en que fue calificada la lesión, de conformidad con los haberes devengados por el afectado con la lesión y la incapacidad misma, según el concepto que para tal efecto fije Sanidad Militar o de Policía.
Así mismo se estableció en el artículo 25 que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar es la máxima autoridad en materia médico-laboral y policial, y como tal conoce de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico-Laborales; en consecuencia, puede aclarar, ratificar, modificar o revocar tales decisiones. Su tenor literal es el siguiente:
“(…) El Tribunal Médico - Laboral y de revisión, es la misma autoridad en materia Médico - Militar y policial. Como tal conoce en última instancia de las reclamaciones que surjan contra las decisiones de las Juntas Médico - Laborales.
En consecuencia, podrá aclarar, ratificar, modificar, o revocar tales decisiones.
También conocerá el Tribunal de las modificaciones que pudieren registrarse en las lesiones o afecciones ya calificadas por una Junta Médico - Laboral, cuando la persona haya continuado en servicio activo.
Parágrafo. En casos excepcionales podrá el Tribunal disponer la práctica de nuevos exámenes sicofísicos. (…)”
El artículo 29 del mismo Decreto estableció el término de cuatro (4) meses contados a partir de la notificación de la Junta Médica para solicitar la convocatoria del Tribunal Médico Laboral en Revisión. Para el efecto dispuso lo siguiente:
“(…) Oportunidad. El interesado en solicitar convocatoria del Tribunal Médico - Laboral de Revisión Militar o de Policía, podrá hacerlo dentro de los cuatro (4) meses siguientes a partir de la fecha en que se le notifique la decisión de la Junta Médico - Laboral. (…)”
Posteriormente, el Decreto 1796 de 2000 por el cual se “regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, así como lo relacionado con las incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional (…)” dispuso en sus artículos 37 y 38 con relación al tema en debate, lo siguiente:
“(…) ARTICULO 37. Derecho a indemnización. El derecho al pago de indemnización para el personal de que trata el presente decreto, que hubiere sufrido una disminución de la capacidad laboral se valorará y definirá de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para el efecto, y se liquidará teniendo en cuenta las circunstancias que a continuación se señalan:
a. En el servicio, pero no por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad y/o accidente común.
b. En el servicio por causa y razón del mismo, es decir, enfermedad profesional y/o accidente de trabajo.
c. En el servicio como consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo, o por acción directa del enemigo, en tareas de mantenimiento o restablecimiento del orden público o en conflicto internacional.
ARTICULO 38. Liquidación de pensión de invalidez para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes, y personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Cuando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, ocurrida durante el servicio, el personal a que se refiere el presente artículo tendrá derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida para el efecto el Gobierno Nacional (…)”
A su vez, el artículo 48 ibídem, estableció que el procedimiento y criterios de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones, continuarían rigiéndose por el Decreto No. 094 de 1989 con el siguiente tenor literal:
“(…) ARTICULO 48. Artículo transitorio. Hasta tanto el Gobierno Nacional determine lo correspondiente a la valoración y calificación del personal que trata el presente decreto, los criterios de calificación de la capacidad psicofísica, de disminución de la capacidad laboral e indemnizaciones y de la clasificación de las lesiones y afecciones, continuarán vigentes los artículos 47 al 88 del decreto 094 de 1989, excepto el artículo 70 de la misma norma (…)”
La anterior normatividad indica el procedimiento para liquidar la indemnización por disminución de la capacidad laboral, que es el establecido en el Decreto 094 de 1989 que reformó el Estatuto de la Capacidad Sicofísica, Incapacidades, Invalideces e Indemnizaciones del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y Personal Civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Del Decreto 094 de 1989 se destacan los artículos 88 y siguientes relacionados con la disminución de la capacidad laboral con varios índices y tablas, que deben aplicarse de acuerdo con la calificación efectuada por la Junta Médica Laboral. Ahora bien, la fijación de índices obedece a lo reglamentado en los artículos 71 y siguientes ibídem, el cual dispuso lo siguiente:
“(…) De la clasificación de las lesiones o afecciones que originan incapacidad.
Artículo 71. Grupos que contemplan lesiones y afecciones que producen disminución de la capacidad laboral. Establéese los siguientes grupos que contemplan las lesiones o afecciones que producen disminución de la capacidad laboral, susceptibles de ser valorables en índices lesionados:
Grupo 1. Huesos y articulaciones.
Grupo 2. Enfermedades alérgicas, de las glándulas endocrinas, del metabolismo y de nutrición.
Grupo 3. Enfermedades mentales.
Grupo 4. Sistema Nervioso
Grupo 5. Afecciones de la sangre y de los órganos hematopoyéticos.
Afecciones del aparato circulatorio.
Grupo 6. Otorrinolaringología y oftalmología.
Grupo 7. Aparato respiratorio
Grupo 8. Aparato Digestivo
Grupo 9. Aparato génito - urinario.
Grupo 10. Lesiones y afecciones de la piel; neoplasias malignas y otras enfermedades sistemáticas no contempladas en los grupos anteriores.
Artículo 72. Grado de incapacidad. Dentro de los grupos establecidos se encuentran lesiones o afecciones que puedan dar lugar según su intensidad a diferentes porcentajes de disminución de la capacidad laboral, siendo por lo tanto susceptible de ser considerados en los grados siguientes: mínimo, miedo y máximo.
Artículo 73. Grado mínimo. Cuando se tiene una incapacidad permanente parcial en su forma más leve o estado primario.
Artículo 74. Grado medio Representa un estado intermedio de gravedad por sus condiciones definitivas.
Artículo 75. Grado máximo. Es la mayor incapacidad definitiva que puede dejar determinada lesión o afección (…)”
vi) Del caso en concreto
En el sub-lite, el señor Carlos Antonio Barrios Pautt pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por considerar que la disminución de la pérdida de la capacidad laboral se acercó al 50%. En caso de que se acceda a esta prestación, se debe tener en cuenta que es compatible con la indemnización, por cuanto son prestaciones autónomas e independientes.
Por su parte, la entidad demandada al proponer el recurso de apelación alegó que al demandante no le asiste el derecho a la pensión de invalidez, habida cuenta que su incapacidad no alcanza el 50%; adicionalmente señaló que la indemnización no es una prestación periódica, motivo por el que, en su sentir, ha operado el fenómeno de caducidad.
La Sala sostendrá la siguiente tesis: El señor Carlos Antonio Barrios Pautt no tiene derecho a la pensión de invalidez por cuanto no acreditó el 50% de la pérdida de la capacidad laboral necesario, ni mucho menos el reajuste a la indemnización, dado que respecto de esta pretensión ha operado el fenómeno de caducidad.
Atendiendo lo antes expuesto, para efectos de resolver los puntos de controversia, la Sala contará con los siguientes elementos probatorios:
El 28 de junio de 1996 el Segundo Comandante del Batallón de Fusileros No. 3 de la Armada Nacional certificó que al señor Carlos Antonio Barrios Pautt se accidentó en cumplimiento de una orden de operaciones, en el cual intentó “(…) cruzar una alambrada por la parte superior, en la acción se le enredó el pantalón y perdió el equilibrio, lo que le produjo la caída. Sufrió fractura en la columna lumbar (…)”. Esta situación fue calificada dentro del servicio, por causa y razones del mismo.
Mediante el Acta de la Junta Médica Laboral No. 055 de 13 de agosto de 1997 le fueron dictaminadas al señor Carlos Antonio Barrios Pautt unas lesiones en el radio izquierdo, en la columna L1 y una limitación arcos puño msi, las cuales fueron clasificadas por causa y razón del servicio y, por ende, le fue determinada una disminución de la capacidad laboral del 26.9%. Para el efecto señaló:
“(…) Paciente traído al Hospital Naval de Cartagena el día 20.05.96 por politrauma ocasionado por caída de altura más o menos 5 metros(loma), ocasionándole trauma en región lumbar, cara y brazo izquierdo (…)”.
En virtud de la Resolución 272 de 5 mayo de 1998 el Jefe de Desarrollo Humano de la Armada Nacional le reconoció al señor Carlos Antonio Barrios Pautt la suma de $4.436.045 por concepto de indemnización por la disminución de la capacidad laboral del 26.9%.
El 1º de septiembre de 2013 el Jefe del Departamento S1 del Batallón de Infantería de Marina No. 13 certificó que al señor Carlos Antonio Barrios Pautt prestó el servicio militar en la Armada Nacional desde el 30 de noviembre de 1995 al 12 de abril de 1997, esto es, 1 año, 4 meses y 12 días.
El 1º de septiembre de 2013 el señor Carlos Antonio Barrios Pautt solicitó al Ministro de Defensa la práctica de nuevos exámenes médicos que determinaran su estado de incapacidad para que, con fundamento en ello, se le reconociera y pagara la pensión de invalidez y se le reajustara la indemnización a que hubiera lugar.
Por medio del Oficio 20130423530026641 del 2 de octubre de 2013 la Subdirectora de Servicios de Salud de la Dirección de Sanidad Naval le negó al señor Carlos Antonio Barrios Pautt las anteriores pretensiones por cuanto de la discapacidad laboral que había determinado la Junta Médico Laboral el 13 de agosto de 1997 del 26.9% era insuficiente para aplicar el principio de favorabilidad establecido en la Ley 100 de 1993 como quiera que la normativa aplicable era el Decreto 094 de 1989.
La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar le dictaminó al señor Carlos Antonio Barrios Pautt una pérdida de la capacidad laboral del 46% con una fecha de estructuración de 13 de octubre de 2013. Lo anterior en razón a que contaba con una fractura de radio izquierdo, en la columna lumbar L1 y trastorno depresivo.
Pues bien, en orden de resolver el asunto planteado, se analizarán los argumentos propuestos por los recurrentes, no sin antes señalar que, al haber apelantes múltiples, se podrá decidir sin ningún límite.
Pensión de invalidez.
Al valorar el material probatorio recaudado, la Sala puede concluir que, el señor Carlos Antonio Barrios Pautt el 20 de mayo de 1996 sufrió un accidente en servicio por causa y razón del mismo, al momento en que se cayó de una loma de aproximadamente de 5 metros, razón por la cual la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad Naval le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 26.9% el 13 de agosto de 1997 por cuanto encontró que padecía de una fractura en el radio izquierdo, en la columna vertebral lumbar L1 y una limitación arcos puño MSI.
Igualmente, consta en el proceso que en la demanda fue solicitado como prueba que el demandante fuera evaluado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la cual fue decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la audiencia inicial realizada el 12 de marzo de 2015.
En virtud de lo anterior, el señor Carlos Antonio Barrios Pautt fue valorado el 15 de mayo de 2015 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar en el cual se determinó que padecía de una fractura lumbar, de la epífisis inferior del radio y de los huesos de la nariz, motivo por el que se le determinó una pérdida de la capacidad laboral del 46%. Para el efecto consideró:
“(…) FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA CALIFICAR.
CONSIDERACIONES, basadas en los hechos, la historia clínica.
DX A CALIFICAR: 1. FRACTURA L1 T08X 2. FRACTURA RADIO IZQUIERDO S525 .3. FRACTURA DE HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ S022.
De derecho:
Decreto 1796 de 2000.
El presente caso se califica con el baremo: Decreto 094/89, la pérdida de la capacidad laboral - Art. 47.
Lesiones - Afecciones - Secuelas.
A1. Fractura radio izquierdo + Limitación Arcos puño MSI.
A2. Fractura L1(25% pérdida altura) + escoliosis lumbar izq. Secundaría.
A3. Trastorno depresivo.
Fijación de los correspondientes índices lesional.
A1. Numeral 1-094 Índice de lesión 6.
A2. Numeral 1-062 Índice de lesión 10.
A3. Numeral 3-004 (analogía) Índice de lesión 6.
Disminución de la capacidad laboral con varios índices: DL (100-DL1) DL2/100=13.63%
Se determina invalidez acorde a la tabla A de evaluación de incapacidades, porcentaje de disminución de la capacidad laboral DCL
Tabla A edad 21 años/ índice 13.63= 46%.
Total PCL: 46%
Fecha de estructuración: 13-10-2013.
(…)”.
Por lo anterior, para la Sala este porcentaje del 46% es inferior al exigido en el artículo 39 del Decreto 1796 de 2000, norma aplicable al actor en su condición de infante de marina, y tampoco es igual o superior al 50% previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, eventualidad en la cual procedería estudiar en virtud del principio de favorabilidad el derecho a la pensión de invalidez en el Sistema General de Seguridad Social.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que la fecha de la estructuración de la invalidez es necesaria para establecer a partir de qué momento pierde de manera definitiva su capacidad laboral y de esta manera, la capacidad de generar ingresos para su sostenimiento, es viable concluir que para el 13 de octubre de 2013 el demandante ya no hacía parte de la Armada Nacional, pues para esa fecha y habían transcurrido más de 16 años después de que prestó su servicio militar, toda vez que fue dado de baja el 12 de abril de 1997 y, por ello, tampoco habría lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez.
En conclusión, el señor Carlos Antonio Barrios Pautt no reúne los requisitos legalmente establecidos para ser beneficiario de la pensión de invalidez, específicamente porque no tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por lesiones o afecciones ocurridas en servicio activo. Por lo tanto, no se desvirtuó la legalidad del Oficio 20130423530026641 del 2 de octubre de 2013, suscrito por la Subdirectora de Servicios Salud de Dirección de Sanidad Naval.
Reajuste de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.
Sobre el particular debe precisarse que la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica no es una prestación de aquellas que se califican con el carácter de periódica puesto que se agota en un único pago, de manera que la acción que le pretenda se encuentra sujeta al término de caducidad de cuatro meses que fija el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo «antes el numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo«, distinto de lo que sucede respecto de la pretensión pensional en tanto es claro que el derecho a ella comporta una obligación de tracto sucesivo. Sobre el particular, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
“(…) Si de los actos administrativos se derivan dos prestaciones diferentes, como en el presente caso, pero sobre una ha operado la caducidad, se debe estudiar el fondo del asunto respecto de aquella pretensión que no se encuentre inmersa dentro de este fenómeno. Es decir, si el interesado desea que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo estudie tanto la indemnización como la pensión de invalidez, previamente agotada la vía gubernativa ante la Junta Médica Laboral y el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, debe realizarlo dentro del término estipulado por la Ley, pues de lo contrario, solo se podrá estudiar aquél beneficio laboral que cumpla con los requisitos de prestación periódica. En el presente caso, el Acta del Tribunal Médico de Revisión Militar y de Policía No. 1700 de 19 de mayo de 2000 fue notificada personalmente el 22 de febrero de 2001, y como la demanda se presentó sólo hasta el 9 de julio de 2004, ha caducado la acción en lo concerniente a la indemnización, ya que no es posible que ahora a través de la acción incoada se pretendan revivir términos de los cuales no hicieron uso de manera oportuna; situación muy distinta ocurre en cuanto a la pensión de invalidez, ya que al ser una prestación periódica, permite demandarse en cualquier tiempo (…)”.
Establecido lo anterior, se advierte que en el presente asunto mediante la Resolución 272 de 5 de mayo de 1998 el director de prestaciones sociales de las Fuerzas Militares de Colombia reconoció y ordenó el pago de la indemnización por valor de $4.436.045 al demandante, por lo que la acción para controvertirle se encontraba caducada desde el 5 de octubre de 1998, sin que una nueva petición tenga la capacidad de revivir el término ya vencido.
Así las cosas, es claro que si el actor quería controvertir la indemnización por disminución de la capacidad sicofísica tenía que haber demandado el acto administrativo que definió su situación jurídica particular y concreta respecto de dicha prestación económica, esto es, la Resolución 272 de 5 de mayo de 1998. No obstante lo anterior, no existe ninguna pretensión tendiente a cuestionar la validez de dicho acto, tal y como lo evidenció el juez de primera instancia. Tales argumentos hacen inviable emitir un pronunciamiento sustancial sobre la materia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR con modificación la sentencia de 31 de julio de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez al señor Carlos Antonio Barrios Pautt por parte de la Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
SEGUNDO: NEGAR el reajuste de la indemnización por la disminución de la capacidad laboral, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Relatoría: AJSD/Lmr.
Informe visible a folio 389.
Demanda visible a folios 25 a 39.
El abogado Luis Herneyder Arevalo.
“(…) Artículo 90. Pensión de invalidez del personal de soldados y Grumetes. Partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de soldados Grumetes de las Fuerzas Militares, adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75 % de su capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público liquidada así:
El 75% del sueldo básico de un Cabo superior o su equivalente, cuando en índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75 % y no alcance al 95%.
El 100 % del sueldo básico de un cabo segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del 75% y no alcance al 95%.
(…).
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Ídem.
Visible a folios 60 a 85 del expediente.
"Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993"
Visible a folios 339 a 351 vto. del expediente.
Visible a folios 361 a 364 del expediente.
Visible a folios 356 a 359 del expediente.
“Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.”
Apartes subrayados declarados EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-970-03 del 21 de octubre del 2003, Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-07), Consejera Ponente: Bertha Lucía Ramírez de Paéz.
“Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública.”
Artículo 279.
En este mismo sentido pueden verse los siguientes pronunciamiento: sentencias de 23 de julio de 2009, Rad. 1925-2007. Actor: William Tapiero Mejía. M. P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; Sentencia 13 de febrero de 2003. Rad. 1251-2002. M.P. Alberto Arango Mantilla.
Ver sentencia T-248 de 2008, Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil.
Visible a folio 24 del expediente.
Visible a folios 6 a 8 del expediente.
Visible a folios 10 y 11 del expediente.
Visible a folio 22 del expediente.
Visible a folios 2 a 4 del expediente.
Visible a folio 5 del expediente.
Visible a folios 241 a 245 del expediente.
“(…) Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia (…)”
Visible a folios 124 a 130 vto.
ARTÍCULO 38. ESTADO DE INVALIDEZ. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.
CONSEJO DE ESTADO, sentencia del 30 de enero de 2014, radicación: 50001-23-31-000-2005-10203-01(1860-13), actor: Hugo Osorio González, C. P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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