Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2014-00312-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2014-00312-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
24 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2014-00312-01 (1289-2018)
Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
Demandado: Departamento de Bolívar y otros
Temas: Acreencias insolutas, sanción moratoria e indexación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte
demandante contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas a la parte demandante.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo,1 el señor José Miguel Espinosa Espinosa, por conducto
1 Se precisa que en el párrafo introductorio de la demanda tan solo se aludió a ese medio de control
y a «la reparación integral de los perjuicios»
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Radicado: 13001 23 33 000 2014 00312 01 (1289-2018)
Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de la
comunicación del 31 de julio de 2013, suscrita por el gerente liquidador del Fondo
Departamental de Transporte y Tránsito de Bolívar, en liquidación, a través de la
cual se negó el pago de las acreencias laborales reconocidas a través de la
Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009, y del acto administrativo ficto o
presunto negativo, que surgió ante el silencio, por parte de la Gobernación de
Bolívar, frente a la petición formulada con igual propósito.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
condenar, en forma solidaria, al Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de
Bolívar, en liquidación, y al departamento, a pagar (i) las sumas reconocidas a
través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009, que comprenden los
salarios, auxilio de cesantías y demás prestaciones sociales adeudadas; (ii) el
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, por concepto de la
indemnización moratoria de que trata el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, por la falta de consignación de las cesantías del último año de labor, esto es,
el comprendido entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de ese año; (iii)
la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías, en el fondo
respectivo, por el lapso transcurrido entre el 1.º de enero y el 1.º de junio de 2009,
en aplicación del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006; (iv) los ajustes de valor de la
condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011;
(v) las agencias en derecho, por el 20% de las pretensiones de la demanda y el
restante componente de las costas procesales, de acuerdo con los artículos 6.º del
Acuerdo 1887 de 2013, 188 de la Ley 1437 de 2011 y 392 de la Ley 1564 de 2012;
y (vi) disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Como pretensión de reparación directa,2 solicitó declarar que las entidades
demandadas son responsables de los perjuicios sufridos por el demandante con
2 Se precisa que el Tribunal, en el auto que admitió la demanda se pronunció en torno a la
procedencia de admitir la demanda tanto por las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho como aquellas de reparación directa, por considerarse competente para resolver unas y
otras. Folios 111 a 113.
2
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
ocasión de la demora en el pago de las acreencias reconocidas a través de la
Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 y, en consecuencia, condenarlas a la
reparación integral de los perjuicios, a título de daño emergente —comprendido por
la indexación sobre la suma dejada de pagar desde el momento en que finalizó la
liquidación del fondo y hasta cuando se produzca el pago— y lucro cesante
—equivalente al valor de los frutos civiles que ha dejado de producir el dinero no
pagado, representados en los intereses moratorios sobre las sumas insolutas—.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
(i) El señor José Miguel Espinosa Espinosa tuvo una relación laboral con el Fondo
Departamental de Transporte y Tránsito de Bolívar, como empleado público de
carrera administrativa, desde el 20 de octubre de 1995 hasta el 1.º de junio de 2009.
(ii) Durante los años de servicio en la mencionada entidad, al actor no le
consignaron anualmente las cesantías que le correspondían, en el fondo al que
estaba afiliado «que faltaban los años 1995, 1996, que según habían sido
consignadas en directamente (sic) en el Fondo de cesantías de la Gobernación».
(iii) A través de petición del 30 de junio de 2005, el demandante le requirió a la
Secretaría de Talento Humano de la Gobernación de Bolívar, que certificara si el
aludido fondo había consignado sus cesantías en alguna administradora de esa
prestación, la fecha y el valor.
(iv) El 6 de julio de 2005, se dio respuesta a la anterior petición, en el sentido de
informar que no era posible certificar lo pertinente, teniendo en consideración que
el Fondo era una entidad descentralizada y, por ende, no se sabía si había
consignado las cesantías de sus trabajadores «y que ellos en cumplimiento de la
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Ordenanza 29 de 29 de diciembre de 2009,3 incluyeron en los Pasivos, la Cesantías
(sic) Adeudadas al Fondo de Transporte y Transito (sic)».
(v) A través del Decreto 168 del 31 de marzo de 2009, el gobernador de Bolívar
dispuso la supresión y liquidación del Fondo Departamental de Transporte y
Tránsito de Bolívar, con base en las facultades otorgadas a través de la Ordenanza
27 de 2008. Y mediante el Decreto 519 de septiembre de 2009 se nombró al gerente
liquidador del aludido fondo.
(vi) El señor Espinosa Espinosa dejó de laborar para el Fondo, a partir del 1.º de
junio de 2009 y, al transcurso de 5 meses, el gerente liquidador de aquel expidió la
Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009, por medio de la cual reconoció la
suma de $116.015.574 por concepto de sueldos, cesantías, intereses a las
cesantías, vacaciones, primas e indemnizaciones. En el inciso diez de la parte
considerativa del acto administrativo se indicó que las apropiaciones presupuestales
para hacer efectivo su pago, estaban incluidas en el presupuesto de la vigencia
fiscal 2009, además, en su inciso doce se señaló que existía certificado de
disponibilidad presupuestal para ese efecto —el 1074 del 30 de octubre de 2009—
(vii) El Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de Bolívar, en liquidación, no
pagó las sumas adeudadas por concepto de las cesantías de su último año de labor
—1.º de enero a 1.º de junio de 2009—, como le correspondía y tampoco consignó
el auxilio según lo ordena la Ley 1071 de 2006.
(viii) Además, en el acto administrativo de reconocimiento de las prestaciones, no
se señaló un plazo o condición al que estuviera sujeto el pago, razón por la cual se
entendió que este se produciría en el momento en que el acto cobrara ejecutoria o,
como máximo, durante el tiempo en que durara el proceso de liquidación de la
entidad, es decir, 2 años, prorrogables por 4 más. Sin embargo, al momento de la
radicación de la demanda habían transcurrido más de 5 años sin que el Fondo
3 Se precisa que aunque en el hecho se menciona que la respuesta fue de 2005, también se afirma
que en ella se aludió a la aludida ordenanza de 2009, que habría sido emitida en una fecha posterior
a la expedición del oficio en cita.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
hubiera cancelado los dineros por concepto de salarios atrasados, auxilios de
cesantías y prestaciones sociales.
(ix) En relación con lo reconocido en la Resolución 170 de 2009, el Fondo tan solo
hizo un «pequeño abono», el día 25 de enero de 2010, por valor de $24.404.238, a
través de orden de pago 17936, que fue imputado al concepto de auxilio de
cesantías, razón por la cual, en torno a esa prestación la deuda se redujo a
$6.000.000.
(x) El 19 de julio de 2013, cuando estaba por vencer el término máximo dispuesto
para la liquidación de la entidad, el actor formuló petición orientada a lograr el pago
de los salarios y prestaciones que le fueron reconocidos, así como la sanción
establecida por la omisión en la consignación de sus cesantías año por año y por el
no pago oportuno de los salarios; sin embargo, el gerente liquidador expidió el acto
administrativo del 31 de julio de 2013, a través del cual negó la solicitud. Como en
dicho acto no se informaron los recursos que procedían, no se hizo necesario
ejercitarlos.
(xi) El anterior acto administrativo vulnera la constitución y la ley, pues, el actor, en
su condición de ex trabajador del Fondo, tiene derecho al pago de los salarios y
prestaciones sociales que se generaron como consecuencia de la terminación de la
relación laboral como empleado de carrera, además, como dicho pago no fue
oportuno, se causó el derecho a exigir las sanciones que, al respecto, están
previstas en la ley.
(xii) El 18 de julio de 2013, el señor Espinosa Espinosa presentó petición ante el
departamento de Bolívar solicitando el pago de sus acreencias laborales que se
habían reconocido en el proceso de liquidación del Fondo, pero el gobernador no
dio respuesta, con lo que se configuró el silencio administrativo negativo.
(xiii) El Decreto 168 del 31 de marzo de 2008, a través del cual se dispuso la
supresión y liquidación del Fondo, en su artículo 39, parágrafo 1, determinó que las
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obligaciones laborales de la entidad en liquidación se pagarían «con recursos
provenientes de las enajenaciones o de los convenios suscritos con la Gobernación
del Departamento»
(xiv) El gobernador del departamento es la máxima autoridad administrativa de esa
entidad territorial, fue quien ordenó la liquidación del Fondo, ha liderado el proceso
liquidatorio designando a los gerentes liquidadores y ha dispuesto las prórrogas de
ese proceso.
(xv) La Contraloría departamental de Bolívar, por solicitud del demandante y otros
ex trabajadores del Fondo, realizó visitas al proceso de liquidación y encontró
irregularidades en la utilización de dineros, como consta en el informe del 30 de
noviembre de 2011, además, encontró 8 hallazgos administrativos con una
connotación fiscal por valor de $400.132.857.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 23, 53 y 125 de la Constitución Política;
99 de la Ley 50 de 1990; la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1848 de 1969.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) Al negar el pago de las acreencias laborales reconocidas al señor Espinosa
Espinosa y las sanciones legales reclamadas por su inoportuno pago, se vulneran
las disposiciones constitucionales y legales que amparan los derechos laborales de
los servidores públicos, entre ellos, el de recibir, oportunamente, la retribución como
contraprestación de sus servicios, aquellas que disponen el pago oportuno de las
prestaciones sociales y las que consagran las sanciones que se originan por tales
incumplimientos.
(ii) En el momento en que la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 quedó
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ejecutoriada, la administración debió proceder al pago de las acreencias allí
reconocidas.
(iii) El actor, como beneficiario del acto administrativo antes reseñado, tiene derecho
a que se paguen las obligaciones allí contenidas, sin dilación alguna, máxime
cuando en él se identificó que existía disponibilidad presupuestal para el efecto. O,
en todo caso, si tales acreencias debían ser pagadas dentro del proceso de
liquidación del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, este debió producirse, a
más tardar, dentro del contexto de sus prórrogas; sin embargo, como la
administración dio una respuesta negativa a la solicitud de pago de tales acreencias,
vulneró los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, que garantizan el derecho
al debido proceso y la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en
las normas laborales.
(iv) La Constitución Política prevé que Colombia es un Estado Social de Derecho,
en el cual se debe asegurar la vigencia de un orden justo, por lo cual, no es
aceptable que la administración del departamento de Bolívar después de
desvincular del servicio al demandante y proferir un acto administrativo con todas
las formalidades legales tendiente a reconocer los salarios y prestaciones sociales
debidas, se abstenga de pagar las sumas adeudadas y se niegue a cancelar la
sanción que el legislador ha previsto ante tal incumplimiento, razones que conllevan
la declaratoria de ilegalidad de los actos acusados y la decisión favorable a las
súplicas de la demanda.
1.2. Contestación de la demanda
El departamento de Bolívar contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de
sus pretensiones, para lo cual expuso los argumentos que se resumen a
continuación:
(i) El 10 de noviembre de 2009, se le reconoció al actor un derecho con
4 Folios 119 a 123.
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connotaciones económicas, a través de la Resolución 170; sin embargo, dejó
transcurrir más de tres años desde su exigibilidad; por lo tanto, la petición que
formuló el 19 de julio de 2013 orientada a obtener el pago de lo reconocido en el
aludido acto fue extemporánea, pues ya había operado la extinción de su derecho,
por tal razón deben prosperar la excepción de prescripción.
(ii) También es viable declarar la excepción de pago de lo no debido, pues la
administración no está en la obligación de cancelar sumas de dinero respecto de
las cuales ya operó la prescripción, debido al actuar descuidado del demandante,
quien no gestionó, en forma oportuna las acciones encaminadas a exigir su derecho;
y la genérica, según la cual el juez debe declarar aquellos medios exceptivos que
resulten probados en el curso del proceso.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Bolívar, mediante sentencia del 30 de noviembre de
20175 denegó las pretensiones de la demanda. Las razones que lo llevaron a tal
decisión fueron las siguientes:
(i) En el expediente está demostrado que el demandante laboró al servicio del
Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de Bolívar y, producto de la
terminación de la relación laboral, se reconocieron sus prestaciones sociales a
través de la Resolución 170 de noviembre de 2009; adicional a ello, se verifica un
pago parcial, con cargo a ese acto administrativo, por la suma de $24.0404.238,
realizado el 25 de enero de 2010; sin embargo, faltaría la cancelación del valor
restante allí reconocido, pues la totalidad de la obligación comprende $116.015.574.
(ii) Aun a pesar de lo anterior, dentro del material probatorio aportado se encuentra
la Resolución 252 de 2015 y la Resolución 473 de 2015, a través de las cuales se
reconoció al demandante la suma de $91.611.336, con el respectivo comprobante
de egreso, lo anterior quiere decir que ese valor constituye la diferencia de la deuda
5 Folios 389 a 397.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
inicial.
(iii) Por otro lado, en el caso que se examina, se debe seguir la jurisprudencia del
Consejo de Estado según la cual, en el evento de existir un acto administrativo que
reconoce unos valores y estos no son cancelados, lo que procede es iniciar el
proceso ejecutivo, con el objeto de obtener su pago. En esas condiciones, como el
actor dispone de un acto administrativo que contiene una obligación clara, expresa
y exigible, debe acudir a la acción ejecutiva y, adicional, como no hay prueba del
saldo insoluto, pues, se repite, este fue materia de pronunciamiento en los actos
administrativos de 2015, no es viable resolver en forma favorable las pretensiones
por carencia actual de objeto.
(iv) En lo que respecta a la sanción moratoria, la pretensión se dirige a exigir tal
penalidad respecto del auxilio causado entre el 1.º de enero de 2008 y el 31 de
diciembre de ese año y, el transcurrido desde el 1.º de enero hasta el 1.º de junio
de 2009; no obstante, como el señor Espinosa Espinosa está amparado por el
régimen de retroactividad de cesantías y en este no está prevista tal penalidad, no
procede reconocimiento alguno por ese concepto.
1.4. El recurso de apelación
El señor José Miguel Espinosa Espinosa, actuando por intermedio de apoderado,
interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia.6
Para sustentar su oposición indicó lo siguiente:
(i) En el proceso se presentaron, en forma acumulada, pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de reparación directa; sin embargo solo fueron
resueltas las primeras.
(ii) En lo que respecta al fondo, la decisión del a quo se centró, por un lado, en que
al demandante no le asistía el derecho a la sanción moratoria, porque está
6 Folios 400 a 406.
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amparado por el régimen de retroactividad de cesantías y, por el otro, en que debió
iniciar un proceso ejecutivo para exigir sus acreencias, con base en el acto de
reconocimiento.
(iii) Entre tanto, al expediente se allegó prueba de que las cesantías definitivas le
fueron reconocidas al actor a través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de
2009; sin embargo, no se pagaron en el término de 45 días siguientes, según
lo dispone el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, sino muchos meses después, razón
que hace viable imponer la penalidad establecida en dicha norma, para lo cual se
debe acudir al principio de primacía de la realidad sobre las formas y, en ese sentido,
aplicar la justicia material, en tanto que está demostrado el incumplimiento de la
administración.
(iv) La entidad en la que el demandante laboró —Fondo de Transporte y Tránsito
de Bolívar— cuando emitió el acto de reconocimiento de las acreencias laborales,
incluyendo el auxilio de cesantías, estaba en liquidación y, por ende, en su contra
no era viable iniciar la acción ejecutiva a la que hizo referencia el a quo.
(v) Con base en las razones que anteceden, la sentencia debe ser revocada, en su
totalidad, y, en su lugar, se debe acceder a las súplicas, incluida la penalidad
exigida, la indexación y los intereses moratorios sobre las acreencias no pagadas a
tiempo.
1.6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada guardaron silencio durante esta etapa
procesal.7
1.7. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
7 Según informe secretarial que obra en folio 432.
8 Folio 432.
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La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer (i) cuál era el mecanismo que debía emplear el
demandante para lograr el pago de las acreencias laborales reconocidas a través
del Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 teniendo en consideración que la
entidad que la suscribió se encontraba en un proceso de liquidación, en particular,
si el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho era el idóneo para
tal efecto; (ii) si está demostrado que el actor era beneficiario del régimen de
retroactividad de cesantías y si ello le impedía beneficiarse de la sanción moratoria
establecida en la Ley 244 de 1995 ante el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas;9 en caso de que sí sea destinatario de tal penalidad,
determinar si es viable su reconocimiento; y (iii) si la providencia recurrida incurrió
en falta de congruencia, en tanto que se abstuvo de resolver las pretensiones de
reparación directa formuladas en la demanda; en caso afirmativo, definir cuál es la
consecuencia de esa omisión.
2.2. Marco normativo
La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería con destino a todos los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
9 Se precisa que en el recurso no se formuló oposición en lo que respecta a la sanción moratoria a
que alude el inciso 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por lo que el análisis se centrará en los
reparos señalados en el memorial.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Más adelante, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro
de los objetivos para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar
oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores
oficiales»10, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 11; con tales
finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos
Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y Empresas
Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo;
asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social realizar,
con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno
de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince (15) días para que
la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
10 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
11 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento de que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y señalar expresamente
los requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el
acto que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador12.
12 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales13 de los servidores públicos, en sus artículos 4
y 5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
2.3. Hechos probados
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
13 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la
administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente. /-
2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
(i) El 5 de julio de 2005,14 el demandante formuló una solicitud ante la Secretaría de
Talento Humano de la Gobernación de Bolívar, en la cual exigió información sobre
el fondo de cesantías al que se encuentra afiliado y acerca del auxilio que le debió
ser consignado en los años 1995 a 1997.
(ii) El 3 de agosto de 2005,15 el coordinador de área de la Unidad Administración y
Desarrollo de Personal dio respuesta a la anterior petición informando que no se le
podía suministrar la información requerida porque el Fondo de Transporte y Tránsito
de Bolívar es una entidad descentralizada del orden departamental, autónoma e
independiente y es el único competente para reconocer las prestaciones sociales
que reclama, en condición de empleado de esa entidad, por lo que es ante ella que
debe dirigir su solicitud.
(iii) El 27 de noviembre de 2008,16 la Asamblea del departamento de Bolívar expidió
la Ordenanza 27, a través de la cual facultó al gobernador para ordenar la supresión
y liquidación del Fondo de Tránsito y Transporte de Bolívar.
(iv) El 31 de marzo de 2009,17 el gobernador del departamento de Bolívar expidió
el Decreto 168 «[p]or medio del cual se suprime el Fondo de Transporte y Tránsito
de Bolívar, se ordena su liquidación y se dictan otras disposiciones», en cuyos
artículos 30, 32 y 39 se dispuso:
Artículo 30º. Presentación de acreedores y reclamaciones. Los acreedores deberán
hacerse parte personalmente o por medio de apoderado, presentando prueba
sumaria de la existencia de sus créditos, dentro del término establecido en el
aviso. En el mismo término quienes tengan reclamaciones deberán formularlas por
escrito y sustentarlas en debida forma ante el Liquidador.
[…]
Artículo 32º. Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral y
contractual. El liquidador de la entidad deberá elaborar un inventario de todos los
procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte de la entidad, el
cual deberá contener por lo menos.
1) El nombre del demandante, identificación, su dirección, y si es del caso el cargo
que ocupaba.
14 Folio 31.
15 Folio 32.
16 Folio 149.
17 Folios 33 a 43.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
2) Las pretensiones
3) El radicado del proceso
4) El despacho en que cursa o curso (sic) el proceso
5) El estado actualizado el (sic) proceso y su cuantía
6) El nombre y dirección del apoderado de la entidad en liquidación
7) El nombre, dirección y teléfono del apoderado de la parte demandante
8) El valor y forma de pago de los honorarios del apoderado de la entidad
PARÁGRAFO. Con el propósito de garantizar la adecuada defensa de la entidad en
liquidación, el Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma,
continuará atendiendo dentro del proceso de liquidación y hasta tanto se efectué (sic)
la entrega de los inventarios conforme a lo previsto en el presente decreto, los
procesos judiciales y demás reclamaciones den curso, o lo que llegare a iniciarse
dentro de dicho término.
[…]
Artículo 39º. Requisito para el pago de las obligaciones. Corresponderá al Liquidador
cancelar las obligaciones pendientes a cargo de la masa de la liquidación, previa
disponibilidad presupuestal, con el fin de realizar su liquidación progresiva; para ello
tendrán en cuenta las siguientes reglas:
a) Toda obligación a cargo de la entidad en liquidación, deberá estar relacionada con
el inventario de pasivos y debidamente comprobada.
b) En el pago de las obligaciones se observará la prelación de créditos establecida en
las normas legales. Para el pago de las obligaciones laborales el Liquidador deberá
elaborar un plan de pagos de acuerdo con las indemnizaciones a que hubiere lugar,
este programa deberá ser aprobado por la Junta Liquidadora, cuando sea del caso.
[…]
e) Para el pago del pasivo se tendrá en cuenta la caducidad y la prescripción de
las obligaciones, contenidas en las normas legales vigentes.
[…]
PARÁGRAFO 1. Las obligaciones laborales de la entidad en liquidación relacionadas
con indemnizaciones, compensaciones obligaciones y liquidaciones del personal a
quienes se les suprime el cargo o se da por terminado el contrato de trabajo y otros
pasivos laborales autorizados por el Ministerio de la Protección Social se cancelarán
con el producto de los recursos provenientes de las enajenaciones o de los Convenios
suscritos con la Gobernación del Departamento, previa evaluación del Comité de
Vigilancia, con observancia de las normas legales y presupuestales del caso, teniendo
en cuenta la prelación de créditos.
Los pasivos laborales incluirán el valor correspondiente al cálculo actuarial del pasivo
pensional, el cual se entregará a la entidad que deba asumir el pago de las pensiones
y de los bonos pensionales, si hubiere lugar a ello, con la preferencia reconocida por
las normas vigentes sobre obligaciones laborales.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
(v) El 8 de octubre de 2009,18 el gobernador del departamento de Bolívar expidió el
Decreto 539, a través del cual le asignó algunas funciones al gerente liquidador del
Fondo.
(vi) El 10 de noviembre de 2009,19 el gerente liquidador del Fondo Departamental
de Transporte y Tránsito de Bolívar expidió la Resolución 170 «[p]or medio de la
cual se reconocen unas prestaciones sociales, sueldos e indemnización a los
exfuncionarios del Fondo de Transporte y TRÁNSITO DE (sic) Bolívar». En sus
consideraciones se expresó:
Que mediante la resolución No 108 del 30 de octubre de 2009, por medio de la cual
se deciden las reclamaciones de créditos presentadas oportunamente; los bienes que
integran la masa de liquidación y los excluidos de ella; las reclamaciones aceptadas
y rechazadas en relación con sumas y bienes excluidos de la masa de la liquidación
y el orden de restitución; los créditos aceptados y rechazados contra la masa de la
liquidación y el orden de restitución; los créditos aceptados y rechazados contra la
masa de la liquidación, señalando la naturaleza de los mismos, su cuantía, clase y
prelación de pago, así como los privilegios o preferencias determinadas por el artículo
2494 y siguientes del C.C., modificaciones introducidas por la Ley 50 de 1990.
[…]
Que el Gerente Liquidador oficio (sic) a los Jueces de la República, del inicio del
proceso de liquidación del FONDO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE BOLÍVAR EN
LIQUIDACIÓN, con el fin de la terminación de los procesos ejecutivos por ellos
tramitados, advirtiéndoles que deben acumularse al proceso de liquidación y que no
se podrá continuar ninguna otra clase de proceso, contra la entidad en liquidación, sin
notificar personalmente al Gerente Liquidador y de remitir el proceso dentro de los
tres días siguientes de recibo del oficio para su incorporación, dichos créditos se
tendrá como presentados oportunamente siempre y cuando su incorporación se surta
antes del traslado de créditos, al proceso de liquidación con fundamento en el artículo
31 del decreto 168 de marzo 31 de 2009, concordante con los artículos 99 y 100 de
la ley 222 de 1995.
[…]
Que de conformidad a los considerandos anteriores es procedente reconocer y
autorizar la cancelación de los Sueldos, Cesantías, intereses de cesantías,
vacaciones, primas e indemnizaciones a nombre del señor JOSE (sic) MIGUEL ESPINOSA
ESPINOSA […]
Que según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el Auxiliar
Administrativo de Presupuesto No. 1074 con fecha treinta (30) de Octubre del año
dos mil nueve (2.009), se puede proceder a reconocer y a autorizar de conformidad a
lo detallado en el anexo No. 3.
18 Folios 46 y 47.
19 Folios 25 a 29.
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En el anexo explicativo de las sumas reconocidas a través del anterior acto
administrativo, aparece que laboró al servicio de la entidad en liquidación desde el
20 de octubre de 1995 hasta el 30 de abril de 2009, para un total de 14 años, 6
meses y 11 días, y que estaba inscrito en carrera administrativa. Por tal motivo, se
reconoció un valor total de $116.015.574, que comprende el pago de a. cesantías:
36.795.696 (-6.391.458)20 = 30.404.238; b. vacaciones: 4.079.179; c. prima de
vacaciones: 1.659.726; d. prima de vacaciones: 4.079.179; e. indemnización:
49.212.009; f. intereses de cesantías: 3.648.509; y g. otros: 23.232.736.
(vii) El 25 de enero de 2010,21 se emitió orden de pago 17936 y comprobante de
egreso No. 1162 emanado del Fondo de Transportes y Tránsito de Bolívar, en el
que, por concepto se lee «abono cesantías resolución # 170 del 10-11/09», con
destino al señor José Espinosa Espinosa, por la suma de $24.404.238.
(viii) El 28 de marzo de 2011,22 el gobernador de Bolívar expidió el Decreto 174, a
través del cual prorrogó, hasta por el término de seis meses, el plazo de liquidación
del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, a partir del 1 de abril de 2011.
(ix) El 30 de septiembre de 2011,23 el gobernador de Bolívar expidió el Decreto 664,
por medio del cual prorrogó, nuevamente, hasta por seis meses, el término para la
liquidación del Fondo.
(x) El 30 de noviembre de 2011,24 la subcontralora departamental de Bolívar expidió
el Oficio 110-PC-03303 a través del cual se presentó un informe sobre presuntas
irregularidades en el proceso liquidatorio del Fondo de Transporte y Tránsito de
Bolívar. Tal respuesta se dirigió al demandante a través de oficio del 6 de julio de
2012.25 Además, aparece un informe de auditoría al respecto.26
20 Que comprende un pago parcial del auxilio.
21 Folios 29 y 30.
22 Folios 48 y 49.
23 Folios 51 y 52.
24 Folios 57 a 63.
25 Folio 64.
26 Folios 65 a 92.
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(xi) El 29 de marzo de 2012,27 nuevamente se prorrogó el plazo dispuesto para la
liquidación, «hasta el treinta y uno (31) de marzo de dos mil trece (2013)», por medio
del Decreto 160.
(xii) El 15 de marzo de 2013,28 el gobernador de Bolívar expidió el Decreto 102, por
el cual prorrogó, en una nueva oportunidad, el término para liquidar el Fondo de
Transporte y Tránsito de Bolívar, en esta ocasión, hasta el 31 de marzo de 2014.
(xiii) El 18 de julio de 2013,29 el demandante digirió petición ante el gobernador de
Bolívar, con el objeto de exigir el pago de los salarios y cesantías que fueron
reconocidos a través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009, en
particular, el saldo insoluto por valor de $91.611.336, con la indexación e intereses
moratorios causados. De igual manera, reclamó el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 comoquiera que no
se pagaron sus cesantías definitivas dentro de los 45 días siguientes a la fecha
en que quedó en firme el acto de reconocimiento.
(xiv) El 19 de julio de 2013,30 el actor formuló idéntica reclamación ante el gerente
liquidador del Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de Bolívar.
(xv) El 31 de julio de 2013,31 el gerente liquidador del Fondo Departamental de
Transporte y Tránsito de Bolívar dio respuesta a la anterior petición en los siguientes
términos:
PRIMERO: Sea lo primero aclarar que estas acreencias son de tipo laboral, y estas
como tal entraron a formar parte de la masa de liquidación, después de haberse
agotado el trámite de reconocimiento de estas obligaciones, que es el contemplado
en el capítulo X del Decreto 168 de Marzo 31 de 2009, más exactamente en el texto
del artículo 39, ibídem, procedimiento este que está regulado por el Decreto 254,
modificado por la Ley 1105 de 2006.
27 Folios 53 y 54.
28 Folios 55 y 56.
29 Folio 19 y 20.
30 Folios 21 y 22.
31 Folios 23 y 24.
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SEGUNDO: Ahora bien el trámite para el reconocimiento de las acreencias de cualquier
tipo en los procesos de liquidación es el que está regulado por el Decreto 254,
modificado por la Ley 1105 de 2006, y no es otro que las personas que se crean con
derechos acudan ante la autoridad liquidataria y hagan valer su crédito a través de un
formulario en el cual diligencia el valor que solicita le sea reconocido con carga a la
masa de liquidación. Esto quiere decir que es el mismo acreedor que indica cual (sic)
es su creencia y esto es estudiado dentro del proceso y si es del caso revisado o de
no, (sic) reconocido y liquidado en acto administrativo como pasa con usted.
(…)
CUARTO: El pago de las creencias así como está reconocido, también fue ordenado,
y este ya se hizo en forma parcial, habiendo pagado a los acreedores laborales un
porcentaje del valor que se les reconoció en el proceso de liquidación. En estos
momentos podemos afirmar con buen uso de razón de que el pago de lo que se le
adeuda a los acreedores laborales de lo que le fue reconocido está muy pronto a
efectuarse.
QUINTO: En lo que respecta a su solicitud de que se cancele lo adeudado por concepto
de sueldos, cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima e indemnizaciones,
esto no es procedente reconocerlo dentro del proceso de liquidación. Esto en razón
de que ya estas acreencias fueron reconocidas en acto de la administración y este
reconocimiento se hizo teniendo en cuenta la base legal y los objetivos de los
procesos de liquidación de las entidades públicas, que no son otros que garantizar
que la totalidad de los acreedores de las entidades púbicas que se han visto afectados
por un proceso de esta naturaleza puedan, efectivamente, acceder a la protección de
las autoridades encargadas de llevar a cabo tal proceso liquidatorio.
(xvi) El 31 de marzo de 2014,32 el gobernador del departamento de Bolívar expidió
el Decreto 85, a través del cual prorrogó hasta el 31 de julio de 2014, el proceso de
liquidación del Fondo.
(xvii) El 30 de julio de 2014,33 a través del Decreto 217, nuevamente se prorrogó el
proceso liquidatorio, hasta el 28 de noviembre de 2014.
(xviii) El 28 de noviembre de 2014,34 el gobernador del departamento de Bolívar, a
través del Decreto 348, prorrogó, por una nueva oportunidad, la liquidación del
Fondo, hasta el 30 de junio de 2015.
(xix) El 19 de diciembre de 2014,35 el demandante suscribió una «declaración bajo
juramento» a través de la cual señaló lo siguiente:
32 Folios 181 a 183.
33 Folios 184 a 186.
34 Folios 187 y 188.
35 Folio 2016.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
En mi condición de acreedor del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en
liquidación, bajo la gravedad del juramento manifiesto a usted lo siguiente:
1.- Que el crédito o derecho reconocido en la Resolución 108 de 2009 no ha sido
objeto de cesión parcial o total, a terceras personas.
2.- Que el crédito o derecho reconocido en la Resolución 108 de 2009, no tiene
medida de embargo vigente.
3.- Que el crédito o derecho reconocido en la Resolución 108 de 2009, no ha sido
objeto de enajenación y por lo tanto, soy el único dueño y propietario del mismo. [Se
destaca]
(xx) El 27 de abril de 2015,36 el gerente liquidador del Fondo de Transporte y
Tránsito de Bolívar, en liquidación, expidió la Resolución 252, que le fue notificada
al actor el 28 de ese mes y año, a través de la cual ordenó pagar unas acreencias
laborales. De sus consideraciones se destacan las siguientes:
Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 y siguientes del Decreto 168
del 31 de marzo de 2009, el Gerente liquidador emplazó a quienes tuvieran
reclamaciones de cualquier índole contra el FTTB EN LIQUIDACIÓN, así como a quienes
poseyeran a cualquier título activos de la entidad en liquidación, para los fines de su
devolución y cancelación, aviso fijado por el término de un mes en la sede el FTTB y
publicados en diarios de amplia circulación nacional y local.
Que las reclamaciones presentadas oportunamente fueron debidamente auditadas
administrativa, jurídica presupuestal y contablemente por los funcionarios del FONDO
DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE BOLÍVAR EN LIQUIDACIÓN.
Que vencido el emplazamiento y conformado el directorio de acreedores, de acuerdo
con lo señalado en el artículo 31 del Decreto 168 del 31 de Marzo de 2009, el Gerente
liquidador decidió sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, las
aceptadas y rechazadas con cargo a la masa de la liquidación, expidiendo para
tal fin la Resolución 108 del 30 de octubre de 2009.
Que de acuerdo a la certificación de la Profesional Universitario del Área Contable
[…] al acreedor JOSÉ MIGUEL ESPINOSA ESPINOSA […] se le adeuda por concepto de
acreencias de naturaleza laboral la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
ONCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($91.611.336)
Que entre DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR y FONDO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE
BOLÍVAR EN LIQUIDACIÓN, fue celebrado el Convenio Interadministrativo 09 de abril
24 de 2015, con el fin de aportar la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS M/L
($3.000.000.000.00) al pago de acreencias de naturaleza laboral del organismo
36 Folios 137 a 139.
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de tránsito, estableciéndose en dicho documento los lineamientos y demás
condiciones necesarias para el trámite de pago.
Que el citado acreedor cumple con las condiciones establecidas en el Convenio 09
de abril 24 de 2015 para ser beneficiario de este pago. [Se resalta]
En el artículo segundo de la parte resolutiva de dicho acto se dispuso:
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar el registro contable del pago de este pasivo, sin situación
de fondos, el cual será cancelado con los recursos del Convenio
Interadministrativo 09 de abril 24 de 2015, celebrado entre FONDO DE TRANSPORTE
Y TRÁNSITO DE BOLÍVAR EN LIQUIDACIÓN y GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 581 de abril 13
de 2015 – Fondo de Contingencia- Código 02.4.40.65.01.01, expedido por el Director
Financiero de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Departamental de Bolívar.
(xxi) El 28 de abril de 2015,37 el secretario de hacienda del departamento de Bolívar
expidió la Resolución 473, por la cual ordenó el pago de unas acreencias laborales
reconocidas por el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, en liquidación, entre
ellas, la del demandante, así:
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio 09 de abril 24 de 2015, el
Gerente Liquidador del fONDO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE BOLÍVAR EN LIQUIDACIÓN,
remitió a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar, oficio relacionando
las siguientes acreencias laborales reconocidas en el proceso liquidatorio para su
correspondiente pago:
16 JOSE MIGUEL ESPINOSA ESPINOSA 4.019.567 91.611.336 252 BANCOLOMBIA 786-324298-34 AH
Obra comprobante de egreso 23356238 del «2015 5 7» por la suma de $91.611.336
en el que se ordenó consignar dicho valor a la cuenta 78532429834 de Bancolombia
a favor del señor José Miguel Espinosa Espinosa. En el extracto bancario del
demandante, aparece que la consignación por dicho monto se realizó el 11 de mayo
de 2015.39
(xxii) El 30 de junio de 2015,40 se prorrogó, nuevamente, el proceso liquidatorio en
comento, hasta el 31 de diciembre de 2015, según lo decidido en el Decreto 171.
37 Folios 194 a 197.
38 Folio 193.
39 Folio 379.
40 Folios 189 y 190.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
(xxiii) El 14 de octubre de 2015,41 el gerente liquidador del Fondo de Transporte y
Tránsito de Bolívar, en liquidación, expidió la Resolución 744, por medio de la cual
ordenó el pago de aportes a pensión y parafiscales de unos ex servidores del Fondo,
entre ellos el demandante, por el periodo «oct/99 a Dic/08».
(xxiv) El 24 de noviembre de 2015,42 el gerente liquidador del Fondo de Transporte
y Tránsito de Bolívar, en liquidación expidió la Resolución 843, por medio de la cual
ordenó el pago de aportes a pensión y parafiscales de unos ex servidores del Fondo,
entre ellos, el demandante, con destino al fondo Porvenir.
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en consideración los problemas jurídicos planteados de acuerdo con los
reparos formulados en el recurso de apelación, se desarrollará cada uno de ellos en
acápite independiente, según el análisis que sigue a continuación:
2.4.1. Mecanismo que debía emplear el demandante para lograr el pago de sus
acreencias
En primer lugar, y con miras a resolver el problema jurídico, la Sala debe señalar
que las pruebas que reposan en el expediente permiten concluir que el señor José
Miguel Espinosa Espinosa tuvo una relación laboral con el Fondo de Transporte y
Tránsito de Bolívar entre el 20 de octubre de 1995 y el 30 de abril de 2009, razón
por la cual, a través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009,43 se
reconocieron las prestaciones sociales definitivas, entre ellas las cesantías.
En tales condiciones, la Sala considera que un estudio primario de lo decidido en
dicho acto permitiría concluir, como lo hizo el a quo, que como la resolución antes
citada contiene una obligación expresa, clara y exigible, la vía idónea para lograr el
pago de las acreencias allí reconocidas era el proceso ejecutivo, en los términos del
41 Folios 198 a 201.
42 Folios 205 a 208.
43 Folios 25 a 29.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
Código General del Proceso,44 comoquiera que las obligaciones laborales que se
reclaman, a través del presente medio de control, están contenidas en un título
ejecutivo, el cual puede hacerse efectivo usando la acción judicial que el legislador
ha previsto con tal propósito.
No obstante, en el contenido del acto y en la restante documental obrante en el sub
lite se pudo establecer que las sumas en él ordenadas se reconocieron en el marco
del proceso liquidatorio del Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de
Bolívar, razón por la cual lo procedente, para exigir su pago, era acudir al proceso
de liquidación a hacer valer su crédito dentro de las oportunidades allí dispuestas,
como, en efecto, lo hizo el actor, y no formular una nueva petición que diera
origen a un nuevo pronunciamiento de la administración, en este caso, el oficio
y acto ficto negativo demandados, pues es evidente que la resolución antes
referenciada contenía la manifestación expresa de la voluntad de la administración
en el sentido favorable frente a sus acreencias laborales.
Ciertamente, a través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009, se
reconoció a favor del demandante la suma de $116.016.574, correspondiente a sus
prestaciones definitivas, entre ellas, las vacaciones, la prima de navidad, la prima
de vacaciones, la indemnización, los intereses a las cesantías, «otros» y las
cesantías, previo descuento de un pago parcial realizado por ese concepto. En lo
que concierne a este auxilio, el valor reconocido, después del anunciado descuento,
era de $30.404.238, pero el 25 de enero de 2010, se produjo un pago parcial por
$24.404.238, con cargo a la deuda por cesantías, según orden de pago 17936, por
lo que el monto restante adeudado por esa prestación correspondía a $6.000.000 y
el valor total insoluto del total de acreencias reconocidas en la resolución era de
$91.611.336, valor que resulta de restar el abono parcial pagado por concepto de
44 Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas,
claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y
constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por
juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia,
y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no
constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
cesantías.
Según lo señalado en el Decreto 168 del 31 de marzo de 2009, que dispuso la
supresión del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, dentro del proceso
liquidatorio se haría un inventario, entre otras, de las reclamaciones de índole
laboral y para su pago, se hacía necesario que la obligación estuviera inmersa en
dicho inventario, que estuviera debidamente comprobada; para tal efecto, «los
acreedores deb[ían] hacerse parte personalmente o por medio de apoderado,
presentando prueba sumaria de la existencia de sus créditos, dentro del
término establecido en el aviso».
El gerente liquidador del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, en liquidación,
expidió la Resolución 108 del 30 de octubre de 2009, a través de la cual decidió
sobre las reclamaciones presentadas oportunamente, las aceptadas y rechazadas
con cargo a la masa de la liquidación,45 y, en ella, se aceptó la formulada por el
señor Espinosa Espinosa, que, según lo demostrado, correspondía a una acreencia
de orden laboral, por «la suma de NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($91.611.336)».46
En tales condiciones, fue ese el valor reconocido en la Resolución 252 del 27 de
abril de 2015,47 y cuyo pago se ordenó a través de la Resolución 173 del 28 de abril
de 2015,48 y se materializó 11 de mayo de 2015,49 con la consignación, en la cuenta
de Bancolombia a nombre del actor, todo ello, dentro del marco del proceso
liquidatorio del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, según los términos
dispuestos para hacerse parte dentro de él y en los plazos y oportunidades que se
fijaron para realizar el pago de las acreencias que fueron aceptadas por su
liquidador.
45 Según se comprueba con las consideraciones de la resolución 252 de 2015.
46 Ibidem.
47 Folios 137 a 139.
48 Folios 194 a 197.
49 Folio 379.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
De lo expuesto se concluye que el mecanismo para lograr el pago de las acreencias
reconocidas a través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 no era
formular una nueva reclamación con ese propósito, para luego acudir al medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de enjuiciar la legalidad
de la respuesta expresa y ficta negativa que resultó de esa petición. Tampoco acudir
al proceso ejecutivo, en tanto que la entidad empleadora estaba atravesando por un
proceso liquidatorio y había solicitado finalizar los procesos ejecutivos que se
hubiera iniciado en su contra o informar el inicio de los nuevos, en tales condiciones,
lo que procedía era hacerse parte del proceso liquidatorio en la oportunidad
concedida para el efecto y esperar a que el pago de su acreencia se hiciera efectivo,
como se hizo, aun a pesar del transcurso del tiempo que ello conllevara, como
ocurrió en el sub examine, en que la acreencia se reconoció en 2009, pero
finalmente, se pagó en el año 2015.
Las razones anteriores permiten concluir que las pretensiones del demandante
orientadas a lograr el pago de sus acreencias laborales no podían ser ventiladas a
través del medio de control de la referencia; por lo tanto, le asistió razón al tribunal
para denegar las súplicas de la demanda en torno a ese aspecto, razón por la cual
procede confirmar la decisión que, al respecto, adoptó la primera instancia.
2.4.2. Sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías definitivas
Como se vio con antelación, el reconocimiento de las cesantías definitivas se
produjo a través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009, respecto de la
cual no obra constancia de notificación ni aparece que, en su contra, se hubieran
interpuesto recursos en sede administrativa.
Además, según lo descrito con antelación, el 25 de enero de 2010, 50 se produjo un
pago parcial por concepto de cesantías, por la suma de $24.404.238 y quedó un
saldo insoluto, por esa prestación, de $6.000.000, el cual tan solo se hizo efectivo
con el pago del valor restante de las demás acreencias reconocidas en la
50 Folios 29 y 30.
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Resolución 170, el 11 de mayo de 2015.51
Ahora bien, la razón por la cual el Tribunal denegó el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 —que fue la única que se reclamó en el
recurso de alzada— consistió en que el actor era beneficiario del régimen de
retroactividad de cesantías y, por ende, no era destinatario de la sanción allí aludida;
sin embargo, ese no es el entendimiento que esta Subsección le ha dado a esa
penalidad, pues, al realizar un análisis de los antecedentes jurisprudenciales sobre
la materia, se concluyó:52
• No es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales, con invocación de la Ley 244 de 1995, para la prestación parcial
reclamada antes de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006, pues la
primera ley no preveía tal penalidad, respecto del pago parcial del auxilio. Sin
embargo, si se reclama con posterioridad a la entrada en vigencia de esta última
disposición53, con invocación exclusiva de la Ley 244 de 1995 sí es viable
reconocerla, en la medida en que se demuestren los supuestos de hecho exigidos
para su causación.
• Sí es viable reconocer la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las
cesantías parciales y/o definitivas, en el régimen de retroactividad, con invocación
de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 -en cuanto a esta última, con la salvedad
hecha en el punto anterior-, pues estas leyes prevén esa penalidad sin distinción del
régimen de liquidación de la prestación. Se aclara que aunque la primera de ellas
solo la previó para el retiro definitivo del servicio, la segunda es modificatoria de la
anterior y la hizo extensiva a la tardanza en el pago de las cesantías parciales.
[negrilla del texto original]
En orden de lo anterior, como la Ley 1071 de 2006 no discrimina el régimen de
cesantías al que esté afiliado del servidor público y la reclamación recae sobre el
auxilio definitivo de cesantías, sí procede analizar la viabilidad del reconocimiento
de la sanción moratoria pretendida.
51 Folio 379. Cuando se pagaron las acreencias que se incluyeron en el proceso liquidatorio y que
fueron reconocidas a través de la Resolución 252 del 27 de abril de 2015.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de noviembre de 2020,
radicación: 76001 23 33 000 2016 00773 01, número interno: 0871-18, M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
53 Ley 1071 de 2006.
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Así las cosas, y en atención a lo descrito, el acto de reconocimiento de las cesantías
se expidió el 10 de noviembre de 2009; sin embargo, como no hay prueba de la
diligencia de notificación, se debe aplicar la segunda regla de unificación
jurisprudencial fijada en la sentencia del 18 de julio de 2018, así:54
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la
notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue
notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el
término dispuesto en la ley55 para que la entidad intentara notificarlo personalmente,
esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para
esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar
el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a los
términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que
así lo manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en
contra del empleador como computables para sanción moratoria.
En aplicación de lo descrito, el acto administrativo expedido el 10 de noviembre de
2009 se debe entender notificado el 27 de noviembre de 2009, teniendo como base
lo siguiente: 5 días para su citación —11, 12, 13, 17 y 18 de noviembre— 5 días
más para esperar su comparecencia —19, 20, 23, 24 y 25 de noviembre— 1 día
para entregar el aviso —26 de noviembre— y 1 día para perfeccionar la notificación
—27 de noviembre.
Siendo así, a partir de la notificación del acto, la administración contaba con 45 días
para pagar las cesantías definitivas reconocidas, esto es, hasta el 4 de febrero de
2010; sin embargo, el pago se produjo así: el 25 de enero de 2010, es decir,
oportunamente, una suma parcial por $24.404.238 y el 11 de mayo de 2015, el valor
restante, por valor de $6.000.000.
Lo anterior quiere decir que la administración sí excedió el término de 45 días para
pagar una parte de las cesantías definitivas reconocidas al demandante, es decir,
la integridad de su pago tan solo se produjo más de 5 años después del plazo que
le otorga la ley, lo que conlleva que sí se incurrió en mora. Por lo tanto, la sanción
54 Sección Segunda, radicación: 73001-23-33-000-2014-00580-01, número interno: 4961-15, M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
55 Cita propia del texto transcrito: «Artículo 69 CPACA».
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moratoria a que alude la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006 se
hacía exigible a partir del día siguiente al vencimiento de los 45 días de que disponía
la entidad para cancelar la prestación, esto es, el 5 de febrero de 2010.
No obstante lo anterior, el demandante no hizo una reclamación oportuna de tal
penalidad, pues tan solo la formuló el 18 y 19 de julio de 2013,56 ante la Gobernación
de Bolívar y el Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de Bolívar, en
liquidación, respectivamente, es decir, cuando había operado la prescripción
extintiva de la sanción moratoria, pues habían transcurrido más de 3 años desde su
exigibilidad. En las anteriores condiciones, el señor Espinosa Espinosa debió exigir
el reconocimiento de la sanción en comento, a más tardar, el 5 de febrero de 2013,
pero solo lo hizo hasta el mes de julio de ese año, lo que conlleva la configuración
del fenómeno extintivo y, en ese sentido, se declarará probada la excepción que, al
respecto, propuso el departamento de Bolívar.
En todo caso y en torno al punto anterior, es importante precisar que si bien es cierto
el gerente liquidador dirigió comunicación a las autoridades judiciales con el
propósito de que se suspendieran o finalizaran los procesos judiciales en contra del
Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, teniendo en consideración que este
había entrado en proceso liquidatorio, ese no podría ser un argumento que justifique
la inactividad del demandante para exigir, en forma oportuna, la sanción pretendida,
toda vez que la vía para deprecar tal penalidad ante el fondo era formular una
«reclamación administrativa», dentro de los términos dispuestos en el marco de la
liquidación, pero lo hizo solo después de que se había configurado la prescripción,
aún sin considerar que en el artículo 39, literal e) del Decreto 168 del 31 de marzo
de 2009, por medio del cual se suprimió y ordenó la liquidación del fondo, se
determinó, en forma expresa, que las acreencias que se pretendieran exigir en el
marco del proceso liquidatorio, estarían sometidas al fenómeno extintivo.
En las anteriores condiciones, la Sala concluye que aunque le asiste razón al
demandante para revocar, en forma parcial, la sentencia de primera instancia en
56 Folios 19 a 22.
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cuanto negó el reconocimiento de la sanción moratoria, lo que procede, en torno a
ella, es declarar configurada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el
departamento de Bolívar y así se hará constar en la parte resolutiva de esta
providencia.
2.4.3. Pretensiones de reparación directa
Tal como se expresó en el acápite 1.1.1. de esta providencia, además de las
pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho formuladas por el
demandante también invocó algunas de reparación directa, con el objeto de declarar
que las entidades demandadas son responsables de los perjuicios sufridos por el
demandante con ocasión de la demora en el pago de las acreencias reconocidas a
través de la Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 y, en consecuencia,
condenarlas a la reparación integral de los perjuicios, a título de daño emergente —
comprendido por la indexación de la suma dejada de pagar desde el momento en
que finalizó la liquidación del fondo y hasta cuando se produzca el pago— y lucro
cesante —equivalente al valor de los frutos civiles que ha dejado de producir el
dinero no pagado, representados en los intereses moratorios sobre las sumas
insolutas— .
Frente a tales pretensiones, el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el auto que
admitió la demanda —de fecha 20 de abril de 2015—57 se pronunció en torno a la
procedencia tanto por las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho
como aquellas de reparación directa y la competencia que le asistía para conocer
de unas y otras. Así discurrió:
Es competente este Tribunal para conocer del presente asunto en primera instancia,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 152, numeral 2, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
según el cual serán competentes los Tribunales Administrativos en primera instancia
para conocer de los procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho de
carácter laboral que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se
controviertan actos administrativos de cualquier autoridad, cuando la cuantía exceda
los cincuenta (50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
57 Folios 111 a 113.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
[…]
Por otra parte de conformidad con el artículo 152, numeral 6, del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011),
serán competentes los Tribunales Administrativos en primera instancia para conocer
de los procesos de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción
u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Así las cosas, como la pretensión en el presente caso supera los quinientos (500)
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, exigidos por la norma citada
precedentemente, es competente este Tribunal para conocer del asunto en
primera instancia.
A continuación, en la referida providencia, el Tribunal analizó lo relativo a la
oportunidad para incoar uno y otro medio de control y concluyó que ambos eran
oportunos, todo lo cual llevó a su admisión.
Ahora bien, durante la audiencia inicial,58 el litigio se fijó en los siguientes términos:
Atendiendo a las diferencias manifestadas por las partes, y a los nuevos hechos
planteados en esta audiencia,59 considera el Tribunal de manera provisional, que los
problemas jurídicos que se deben resolver son los siguientes:
1) Si el señor José Miguel Espinosa Espinosa tiene derecho a que el Departamento
de Bolívar y el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación, le paguen
las diferencias entre las sumas pretendidas por concepto de salarios, auxilio de
cesantías y demás prestaciones que afirma le fueron reconocidas en la Resolución
No. 170 de 10 de noviembre de 2009, así como la sanción moratoria por falta de
consignación de las cesantías por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2008 y la sanción moratoria establecida en el artículo 5º de la Ley
1071 de 2006, por la no consignación a tiempo de sus cesantías en el fondo durante
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2009.
2) Si el demandante tiene derecho a ser indemnizado por los perjuicios que
considera ha sufrido como consecuencia de la demora en el pago de las
acreencias laborales reclamadas.
Se interroga a las partes si están de acuerdo o no, con la fijación del litigio hecha por
el Despacho, a lo cual manifestaron su conformidad.
58 Folios 234 a 236.
59 Se refiere a la aportación de la Resolución 252 de 2015 a través del cual se produjo el pago de las
prestaciones adeudadas al actor. Al conceder el uso de la palabra a su apoderado manifestó: «con
posterioridad a la presentación de la demanda, el Fondo Departamental de Transporte y Tránsito de
Bolívar pagó al demandante el saldo adeudado por concepto de prestaciones».
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Finalmente, en la sentencia de primera instancia, no se abordó el estudio de las
pretensiones de reparación directa, pues solo se aludió a aquellas de nulidad y
restablecimiento del derecho, como se observa en los apartes que se transcriben a
continuación:
II. PRONUNCIAMIENTO
Procede la Sala […] a dictar sentencia de primera instancia, en el proceso […] en el
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho […]
III. PETITUM
Solicita la parte demandante en su libelo que se declara la nulidad de la comunicación
[…]
Que, como consecuencia de lo anterior, se cancele [se refiere al saldo de lo
reconocido a través de la Resolución 170 de 2009, a la sanción moratoria prevista en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y aquella prevista en el artículo 5 de
la ley 1071 de 2006].
[…]
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
[…]
• Problema jurídico.
Tal como se dispuso en la fijación del litigio, el debate se centra en determinar si el
señor José Miguel Espinosa Espinosa tiene derecho a que el Departamento de
Bolívar y el Fondo de Tránsito de Bolívar en liquidación, le paguen las diferencias
entre las sumas pretendidas por concepto de salarios, auxilio de cesantías y demás
prestaciones que afirma le fueron reconocidas en la resolución nº 170 de 10 de
noviembre de 2009, así como la sanción moratoria por falta de consignación de las
cesantías por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2008 y la sanción moratoria establecida en el artículo 5 de la ley 1071 de 2006, por la
no consignación a tiempo de sus cesantías en el fondo durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 1 de junio de 2009 y si el demandante tiene
derecho a ser indemnizado por los perjuicios que considera haber sufrido como
consecuencia de la demora en el pago de las acreencias laborales reclamadas.
[…]
• Caso concreto
[…]
Siendo así las cosas al estar reconocido las acreencias adeudadas por parte de la
demandada por medio de un acto administrativo, no se puede llegar a otra conclusión
distinta que negar las pretensiones de la demanda respecto al pago total adeudado,
debido a que fueron reconocidos y ordenaron su pago por medio de una resolución.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
[…]
Por tal motivo se negarán las pretensiones de la demanda respecto al pago total de
las acreencias laborales adeudas (sic).
[…]
Así las cosas, es claro que el señor JOSÉ ESPINOSA ESPINOSA, no tiene derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria reclamada, por cuanto el régimen de
cesantías aplicables es el régimen retroactivo, situación suficiente para no acceder a
sus pretensiones, ya que no es factible como lo pretende el mismo, aplicarle los
beneficios legales, establecidos en el régimen de liquidación de cesantías por
anualidad, creador (sic) por la Ley 50 de 1990, por cuanto comportan situaciones
diferentes y se violaría el principio de inescindibilidad ya mencionado.
Lo anterior quiere decir que, en efecto, y aun a pesar de que la demanda se admitió
con miras a analizar no solo las pretensiones de nulidad y restablecimiento del
derecho sino también las de reparación directa, al tomar la decisión de primera
instancia, el a quo tan solo se pronunció acerca de las pretensiones del medio de
control de que trata el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
Ahora bien, aunque de conformidad con lo previsto en el artículo 165 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo «en la demanda
se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del
derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas»
y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en dicha norma, la Sala ha
considerado que cuando se busca el resarcimiento de perjuicios derivados de un
acto administrativo no procede invocar el medio de control de reparación directa,
pues, precisamente, el artículo 138 ibidem faculta a formular pretensiones
tendientes a que «se repare el daño». Así se discurrió:60
Es del caso precisar que no puede la parte demandante pretender darle un giro
gramatical a su pedimento para derivar un medio de control diferente, como sería el
de reparación directa, pues claramente esté definido que si el daño que se
pretende indemnizar depende de la ilegalidad de un acto administrativo, el
medio adecuado a instaurar es el de nulidad y restablecimiento del derecho y
no aquel de reparación directa61 , so pretexto de señalar que no se pretende la
ilegalidad del acto causante del daño sino la declaratoria de su pérdida de fuerza
60 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de febrero de 2016, radicación:
15001 23 33 000 2013 00408 01, número interno: 2838-2013, M. P. William Hernández Gómez.
61 Cita propia del texto transcrito: « Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección “A”, Sentencia de 3 de abril de 2013, Consejero Ponente doctor
Mauricio Fajardo Gómez, Radicación 52-001-23-31-000-1999-00959-01 (26437)».
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ejecutoria. Máxime, si en este tipo de casos la solicitud negativa en tal sentido, origina
también la necesidad de pretensión de nulidad de la respuesta con el consecuente
restablecimiento del derecho y reparación de perjuicios (Art. 92 del CPACA). [Se
destaca]
En tales condiciones, la Sala analizará las pretensiones de reparación del daño, a
la luz de lo dispuesto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, máxime cuando dicha pretensión fue objeto de
reclamación en sede administrativa, pues, no solo se pidió la cancelación de las
acreencias laborales sino que estas se pagaran «debidamente indexadas y con los
intereses moratorios»,62 que son las dos medidas que, a título de reparación y como
daño emergente y lucro cesante exige el demandante.
Hechas las anteriores precisiones, se observa que tales pretensiones de
resarcimiento del daño, en la demanda, se concretaron así:
Daño emergente: Resarcir la Pérdida del Poder Adquisitivo que ha experimentado
la suma de dinero que le fueron reconocidas (sic) [..] desde cuando debió
producirse el pago, hasta cuando efectivamente éste se haga; reconociéndose la
indexación sobre la suma dejada de pagar, desde el momento en que el (sic)
finalizó el proceso de liquidación del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar
en Liquidación, hasta la fecha en que el pago se produzca».
Lucro cesante: «Se le reconozca [...] el valor de los FRUTOS CIVILES que ha dejado
de producir el dinero no pagado, representado en los intereses moratorios sobre la
suma reconocida y no pagada, que correspondan a los últimos tres (3) años,
liquidados según la certificación de la Superintendencia Bancaria».
En lo que respecta al daño emergente, la Sala estima que dicha pretensión sí es
procedente, comoquiera que es evidente que entre el momento en que debió
producirse el pago de las acreencias laborales reconocidas a través de la
Resolución 170 del 10 de noviembre de 2009 y aquel en que efectivamente se
62 Folio 22.
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desembolsó la totalidad de lo adeudado, el 11 de mayo de 2015,63 transcurrió un
lapso que dio lugar a que se devaluara la suma reconocida, y aun a pesar de ello,
lo único que se pagó fue el valor neto reconocido en dicho acto administrativo, según
lo que aparece probado en el plenario.
En efecto, esta Sala ha sido consciente de que las sumas que han sufrido la
devaluación son susceptibles de ser indexadas, pues con ello se conjura la pérdida
de poder adquisitivo que sufre el beneficiario de estas, debido al transcurso del
tiempo. Así se ha discurrido:64
La indexación sirve como un instrumento equilibrador del fenómeno de la
depreciación que sufre la moneda nacional por efecto de la pérdida del poder
adquisitivo del dinero, debido a las fluctuaciones del sistema económico del país.
El ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación
de la moneda, que disminuye, en forma continua, el poder adquisitivo del ingreso, por
lo que disponer la indexación, es una decisión ajustada a la ley y un acto de equidad,
cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo
ordenamiento jurídico, como lo consagra el artículo 230 de la Carta.65
Si bien es cierto, que no hay ley o norma expresa que contemple la actualización de
las sumas de dinero y los intereses en vía gubernativa, también lo es que es un hecho
notorio; la permanente devaluación de la moneda de curso legal en Colombia.
Siguiendo el principio de equidad y los derechos a la dignidad humana y al trabajo,
es procedente indexar las sumas que hayan sido reconocidas a los servidores
públicos y trabajadores.
En tales condiciones, ante la evidencia del transcurso del tiempo, en el caso
analizado, se deberá resolver favorable la pretensión orientada a obtener la
indexación de las sumas reconocidas al actor por concepto de acreencias laborales,
que, en principio, fueron reconocidas a través de la Resolución 170 de 2009 y que,
finalmente, fueron reconocidas y pagadas por virtud de la Resolución 252 de 2015.
63 Folio 379.
64 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 23 de marzo de 2017,
radicación: 68001 23 31 000 2008 00329 01, número interno: 2284-13, M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
65 Cita propia del texto transcrito: «ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están
sometidos al imperio de la ley.
La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.»
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
Ahora bien, en cuanto al extremo inicial y final de esa indexación, la Sala considera
que aunque hubo una imprecisión por parte del demandante en la pretensión que,
al respecto, se hizo en la demanda, frente al primero de ellos, es decir, el momento
a partir del cual procede la actualización, pues, por un lado, se reclamó desde
cuando debió producirse el pago y, por el otro, se exigió desde el momento en
que finalizó el proceso de liquidación del Fondo, se concluye que esta debe
ordenarse desde el momento en que se debió producir el pago, esto es, desde el
vencimiento de los 45 días posteriores a la notificación del acto de reconocimiento
inicial de las acreencias debidas —5 de febrero de 2010—,66 comoquiera que el día
anterior se venció el término de que disponía la administración para pagar de las
cesantías definitivas allí ordenadas y hasta el día anterior en que se efectuó la
totalidad del pago —10 de mayo de 2015—.67
Lo anterior, porque, se repite, es evidente el paso de tiempo entre el momento en
que debía producirse el pago y la fecha de efectividad de este y no podría, como se
sugirió en la segunda premisa, formulada por el actor, disponer la indexación desde
el día en que «se produjo la liquidación del Fondo» pues, según lo narrado en el
acápite de pruebas de la demanda, incluso, con posterioridad al pago de las
acreencias —11 de mayo de 2015— aún no había finalizado el proceso liquidatorio,
pues el 30 de junio de 2015,68 se prorrogó, nuevamente, dicho proceso hasta el 31
de diciembre de 2015, por lo que tomar, como extremo inicial, la fecha de liquidación
sería tanto como concluir que no hay sumas por indexar, cuando, es evidente que
sí hubo una depreciación, según lo analizado en párrafos anteriores.
Ahora bien, dicha actualización no deberá proceder sobre la totalidad de la suma
reconocida, esto es: $116.015.574, sino únicamente sobre $91.611.336,
comoquiera que hubo un pago parcial, realizado el 25 de enero de 2010,69 por la
suma de $24.404.238, el cual, según se explicó en el acápite 2.4.2. de esta
66 Según se explicó en el acápite anterior de esta providencia el pago se efectuó el 11 de mayo de
2015.
67 Folio 379. Cuando se pagaron las acreencias que se incluyeron en el proceso liquidatorio y que
fueron reconocidas a través de la Resolución 252 del 27 de abril de 2015.
68 Folios 189 y 190.
69 Folios 29 y 30.
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providencia, fue oportuno: por lo tanto, la devaluación solo se predica del valor
consignado el 11 de mayo de 2015, en la cuenta del demandante, se repite, por la
suma de $91.611.336, de manera que es sobre esta que debe recaer la indexación.
Lo anterior conlleva declarar la nulidad parcial de los actos acusados y, a título de
reparación del daño, reconocer la indexación que se analizó con antelación, por lo
que así se hará constar en la parte resolutiva de esta providencia.
Por otro lado, en lo que se refiere al lucro cesante, lo que se reclama por ese
concepto son los intereses moratorios que se habrían causado como consecuencia
del pago tardío de las acreencias tantas veces mencionadas; sin embargo, la Sala
considera que el pago simultáneo de indexación e intereses moratorios es
incompatible. Así se ha sostenido:70
Al respecto, se verifica que existe tanto la indexación como la indemnización
moratoria (o intereses moratorios), a título de herramientas jurídicas que
permiten en el mismo sentido, cubrir los efectos adversos del paso del tiempo
sin que se haya solucionado efectivamente una obligación dineraria, no
obstante, la primera hace referencia a la forma de actualización monetaria con base
en el IPC en los casos en los que se evidencia una razón válida para la tardanza en
la cancelación del saldo, mientras que los intereses moratorios implican una suerte
de sanción, que si bien igualmente busca equiparar los valores de la deuda a un
momento posterior, lo hace con el cálculo de una tasa fijada en un porcentaje mayor
a la que resultaría de la aplicación de la regla anterior, pero como consecuencia de
una actitud dolosa o de mala fe por parte del obligado, que no genere un sustento
explicativo de aquella disrupción.
En suma, la indexación se aplica a los casos en los que la tardanza en el pago de una
deuda conlleva una razón de ser, como puede ser un proceso sistemático con la
superación de etapas, la fijación de un término específico para el cumplimiento de la
obligación o la materialización de una condición que se configura por el paso del
tiempo. Por el contrario, los intereses moratorios por su naturaleza sancionatoria,
deben estar estipulados previamente en la norma que regule el asunto y tienen que
obedecer a una causa injustificada en la dilación del abono, que se relacione con la
demostración por parte de quien los solicita, de la mala fe o la intención del deudor
de no cumplir a pesar de estar expresamente conminado a ello.
Lo expuesto significa que pese a ser cierto el hecho de que ambas figuras
ostentan una naturaleza diferente, esto es, una de carácter compensatorio y la
otra de tipo sancionatorio, debe tenerse en cuenta que las dos instan por un
70 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de octubre de 2021,
radicación: 08001-23-33-000-2014-00867-01, número interno: 1468-2019. M.P. William Hernández
Gómez
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mismo fin que es restablecer los efectos adversos del cumplimiento tardío de
una obligación en cantidad líquida, razón por la cual no es procedente asentir
en su compatibilidad o en la posibilidad de liquidar una y luego otra, pues tanto
los aspectos divergentes como el semejante impiden su coexistencia.71 [Negrilla fuera
de texto]
En tales condiciones, y en aplicación de la postura de la Sala en torno a la
incompatibilidad entre indexación e intereses moratorios, se concluye que, en el sub
examine, no es viable acceder a la pretensión de lucro cesante reclamada por el
demandante, en tanto que con la indexación ordenada, a manera de daño
emergente, queda conjurada la pérdida del poder adquisitivo del valor reconocido
por concepto de las acreencias laborales, razón por la cual se negará tal pretensión.
Finalmente, la Sala dispondrá que el cumplimiento de la condena esté a cargo del
Fondo de Transporte y Tránsito, en liquidación, o quien esté administrando sus
pasivos, teniendo en consideración que en el expediente no hay prueba de que el
proceso liquidatorio hubiera concluido, sino que hubo sucesivas prórrogas, según lo
descrito en el acápite 2.3 de esta providencia, y, en forma solidaria, del
departamento de Bolívar, teniendo en consideración que, conforme a lo señalado
en el parágrafo del artículo 39 del Decreto 168 del 31 de marzo de 200972 «[p]or
medio del cual se suprime el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, se ordena
su liquidación y se dictan otras disposiciones» se señaló que las acreencias de dicho
fondo se cancelarían «con el producto de los recursos provenientes de las
enajenaciones o de los Convenios suscritos con la Gobernación del Departamento».
2.5. Condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,73 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio objetivo
valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre la condena
71 Cita propia del texto transcrito: « Esta posición ha sido reiterada y sostenida pacíficamente por la
presente Sección del Consejo de Estado en sentencias del: 14 de mayo de 2020, Subsección A,
radicado: 08001-23-33-000-2014-01426-01 (0074-2017); y del 16 de agosto de 2018, Subsección B,
radicado: 20001-23-33-000-2014-00313-02 (2633-2017)».
72 Folios 33 a 43.
73 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise si ellas se
causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional realizada
dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la temeridad de las
partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en los numerales 1 y
8 del artículo 365 del Código General del Proceso,74 la Sala se abstendrá de
condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, teniendo en
consideración que no hubo gestión de la parte demandante en esta instancia.75»
Adicional a ello, y como producto de esta providencia se adicionará la sentencia de
primer grado, en el sentido de acceder parcialmente a las pretensiones de la
demanda, como consecuencia del pronunciamiento que se abstuvo de realizar el
Tribunal Administrativo de Bolívar, se dispondrá revocar la condena en costas
impuesta al demandante en primera instancia. Tampoco se condenará en costas de
esa instancia a la parte demandada, pues, producto de su actividad de defensa, se
declarará probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción moratoria por
la mora en el pago de las cesantías.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional
en casos de contornos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de
estudio y en el acervo probatorio, la Sala considera que se debe revocar
parcialmente la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las pretensiones
de la demanda, relativas a la sanción moratoria por el pago inoportuno de las
cesantías definitivas y, en su lugar, en torno a ella, se deberá declarar probada la
excepción de prescripción extintiva, propuesta por la entidad demandada; se
adicionará la providencia recurrida, en el sentido de declarar la nulidad parcial de
los actos acusados y disponer la indexación de las acreencias laborales reclamadas
74 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
75
No presentó alegatos de conclusión. Folio 432.
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por el demandante, en los términos analizados en los acápites que anteceden y
negar los intereses moratorios pretendidos; y se confirmará, en lo demás, la
sentencia de primer grado. Finalmente, se abstendrá de condenar en costas en
segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar parcialmente el numeral primero y, totalmente, el numeral
segundo, de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2017 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en cuanto negó las pretensiones relativas al
reconocimiento de la sanción moratoria por la tardanza en el pago de las cesantías
definitivas, reclamada por el señor José Miguel Espinosa Espinosa, en el proceso
que promovió en contra del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, en
liquidación y el departamento de Bolívar, y condenó en costas de primera instancia,
a la parte demandante, de conformidad con las consideraciones que anteceden.
En su lugar se dispone:
Primero. Declarar probada la excepción de prescripción extintiva de la sanción
moratoria, planteada por el departamento de Bolívar, por las razones
expuestas en la parte motiva.
Segundo. Abstenerse de imponer condena en costas de primera instancia.
Segundo. Adicionar la sentencia recurrida, en el sentido de declarar la nulidad
parcial de la comunicación del 31 de julio de 2013 suscrita por el gerente liquidador
del Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar en liquidación y del acto ficto o
presunto negativo derivado de la omisión de respuesta a la petición formulada por
el señor José Miguel Espinosa, ante el departamento de Bolívar, en cuanto se negó
la indexación de las acreencias laborales por él reclamadas.
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Demandante: José Miguel Espinosa Espinosa
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de reparación de daño, se
ordena al Fondo de Transporte y Tránsito, en liquidación, o quien esté
administrando sus pasivos, y, en forma solidaria, del departamento de Bolívar,
reconocer la indexación de las acreencias laborales reconocidas al señor José
Miguel Espinosa Espinosa, entre el 5 de febrero de 2010 y el 10 de mayo de 2015,
pero únicamente respecto de la suma pagada el 11 de mayo de 2015, según lo
expuesto en las consideraciones que anteceden.
Tercero. Confirmar, en lo demás, la providencia recurrida.
Cuarto. Dar cumplimiento a esta providencia en los términos de los artículos 192 y
195 de la Ley 1437 de 2011.
Quinto. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia a las partes.
Sexto. En firme esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
41
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