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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2014-00427-01

Fecha
18 de junio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2014-00427-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 14 de julio de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, se dispone: PRIMERO: DECLARAR que la Nación-Fiscalía General de la Nación es patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de Francisco 99 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre de 2011, consejero ponente Enrique Gil Botero, Rad. 19.031 [fundamento jurídico 7.4] y 38.222 [fundamento jurídico 4.3]. 46 Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro Proceso: Reparación directa José Martelo Vecchio. SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, conforme al siguiente cuadro: DEMANDANTE CALIDAD SMLMV POR PERJUICIOS MORALES Francisco José Víctima directa 31,743 SMLMV Martelo Vecchio Elizabeth Navas Cónyuge al momento 15,8 SMLMV Trucco de la privación de la libertad (50% de lo reconocido a la víctima directa) Daniella Martelo Hija (50% de lo 15,8 SMLMV Navas reconocido a la víctima directa) Francisco Miguel Hijo (50% de lo 15,8 SMLMV Martelo Navas reconocido a la víctima directa) Rosa Rosita Madre (50% de lo 15,8 SMLMV Vecchio De reconocido a la víctima Martelo directa) Amaury Martelo Padre (50% de lo 15,8 SMLMV Villarreal reconocido a la víctima directa) Fiorella Del Hermana (30% de lo 9,52 SMLMV Rosario Martelo reconocido a la víctima Vecchio directa) Amaury Enrique Hermano (30% de lo 9,52 SMLMV Martelo Vecchio reconocido a la víctima directa) TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de daño a la salud a Elizabeth Navas Trucco, 23,66 SMLMV. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas SEXTO: Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal. 47 Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734) Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro Proceso: Reparación directa

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2014-00427-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

18 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Proceso: Reparación directa

CADUCIDAD EN PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-El término se contabiliza desde la ejecutoria de la
sentencia absolutoria o de la preclusión de la investigación. CADUCIDAD EN DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-El término se contabiliza a partir del día
siguiente en que se tuvo conocimiento del hecho u omisión que causó el daño. RÉGIMEN SUBJETIVO DE
RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Se debe privilegiar el régimen de
responsabilidad de falla del servicio. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA-Régimen de falla del servicio que requiere prueba de actuación irregular. PERJUICIOS MORALES-
Aplicación de reglas y criterios de sentencia de unificación. PERJUICIOS MATERIALES-Aplicación de reglas y
criterios de sentencia de unificación. PERJUICIOS INMATERIALES-Aplicación de reglas y criterios de
sentencia de unificación. COSTAS-Sin condena.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las
partes contra la sentencia del 14 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En septiembre del 2000, la Fiscalía Seccional Doce de Cartagena adelantó
investigación penal contra Francisco José Martelo Vecchio –gerente de
Telecartagena– por la presunta comisión de los delitos de peculado por
apropiación en beneficio de terceros e interés ilícito en la celebración de contratos.
El 11 de octubre de 2000 impuso medida de aseguramiento en su contra, luego se
le sustituyó la medida por detención domiciliaria, y, el 10 de septiembre de 2001,
le fue concedida libertad condicional. Posteriormente se profirió resolución de
acusación en su contra.

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

Finalmente, el 17 de septiembre de 2012 –luego de varias declaratorias de nulidad
por distintas fiscalías y de requerirse la práctica de pruebas– el Juzgado Primero
Penal del Circuito de Cartagena profirió sentencia absolutoria por la inexistencia
de la conducta punible.

La demanda plantea que la privación de la libertad fue injusta (i) porque la
medida de aseguramiento se fundamentó en pruebas insuficientes (con errores
metodológicos en su recaudo). Y (ii) porque en la sentencia absolutoria se
concluyó la inexistencia de la conducta punible. Por otro lado, se alega falla del
servicio por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por
mora judicial.

ANTECEDENTES

La demanda

El 29 de agosto de 20141, Francisco José Martelo Vecchio, Francisco Miguel
Martelo Navas, Amaury Martelo Villarreal, Rosa Rosita Vecchio De Martelo,
Amaury Enrique Martelo Vecchio, Daniella Martelo Navas, Sandra Cecilia
Anichiarico Naar, Elizabeth Navas Trucco; Fiorella Del Rosario Martelo Vecchio;
Jorge Enrique Benedetty Naar, María Camila Martelo Estévez; Melissa Benedetti
Martelo y Mónica Lucía Estévez Rodríguez solicitaron declarar patrimonialmente
responsables a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama
Judicial por la privación injusta de la libertad y mora judicial dentro del proceso
penal adelantado contra Francisco José Martelo Vecchio. En ese orden, pidieron
que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

Primera: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la
NACIÓN (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE
COMUNICACIONES y la RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA), de los perjuicios
materiales y morales o cualquier otro inmaterial que se dedujere causados a los
demandantes por el daño antijurídico a ellos generado, con motivo de la privación
injusta de la libertad de la que fue víctima el señor FRANCISCO JOSÉ MARTELO
VECCHIO, así como por el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia del cual también fue víctima.

Segunda: Condenar a la Nación colombiana (FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN, MINISTERIO DE COMUNICACIONES y la RAMA JUDICIAL DE
COLOMBIA), a pagar a cada uno de los demandantes, por la Reparación Directa

1 F. 16, 17 y 18 c. 3.

2

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

del Daño Antijurídico, las siguientes sumas de dinero calculadas en salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia
que ponga fin a la presente controversia:

En calidad de perjuicios materiales causados al Señor FRANCISCO JORE
MARTELO VECCHIO:

Daño emergente: (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes

Lucro cesante: (3.213) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

Perdida de la Oportunidad: (979) Salarios Mínimos Legales Mensuales

(…)

En calidad de perjuicios inmateriales al resto de los demandantes:

Perjuicios morales: (100) salarios mínimos a cada uno de los demandantes.

Daño de vida en relación:

La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a
FRANCISCO JOSÉ MARTELO VECCHIO; cien (100) salarios mínimos a Francisco
Miguel Martelo Navas; Cien (100) Salarios Mínimos A Daniella Martelo Navas;
Cien (100) Salarios Mínimos A Fiorella Martelo Vecchio; Cien (100) Salarios
Mínimos A Amaury Enrique Martelo Vecchio.

Daño a la honra:

Cien (100) salarios mínimos a FRANCISCO JOSÉ MARTELO VECCHIO; Cien
(100) salarios mínimos a Francisco Miguel Martelo Navas; Cien (100) salarios
mínimos a Daniella Martelo Navas; Cien (100) salarios mínimos a Rosita Vecchio
De Martelo; Cien (100) salarios mínimos a Amaury Martelo Villarreal; Cien (100)
salarios mínimos a Fiorella Martelo Vecchio; Cien (100) salarios mínimos a Amaury
Enrique Martelo Vecchio

Sumas que serán sustentadas en el respectivo acápite de la demanda -Estimación
razonada de la cuantía-, o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso
(…)2.

Hechos

La demanda afirmó que, en el año 2000, Francisco José Martelo Vecchio
desempeñaba el cargo de Gerente de Telecartagena (telefonía asociada a la
empresa de orden Nacional Telecom). Señaló que, con motivo de su designación,
fue “presionado por personas con altos cargos públicos para disponer de la salida
o la entrada de personas de la entidad (ajenas a su confianza). Sin embargo, no
cedió a las recomendaciones, mantuvo su autonomía en ese sentido y no hizo
cambios en su planta de personal.

2 F. 1-3 C. 3_2 Expediente digital Samai.

3

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

Expuso que, posteriormente, desde nivel central, se elaboró un informe de
auditoría a contratos celebrados durante su gestión, el cual planteó la existencia
de sobrecostos. Martelo Vecchio puso en conocimiento de la opinión pública “los
requerimientos políticos sobre cambios de personal” y, el CTI, con fundamento en
el informe de auditoría de Telecom, elaboró un informe en el que también se
concluyó la existencia de sobrecostos en algunos contratos celebrados en la
entidad.

Agregó que, en septiembre del 2000, la Fiscalía Doce Seccional de Cartagena
adelantó investigación penal contra Francisco José Martelo Vecchio –gerente de
Telecartagena– por la presunta comisión de los delitos de peculado por
apropiación en beneficio de terceros e interés ilícito en la celebración de contratos,
y, el 11 de octubre de 2000, impuso medida de aseguramiento en su contra. El 19
de octubre de 2000 se sustituyó la medida intramural por detención domiciliaria, y
el 10 de septiembre de 2001, le fue concedida libertad condicional. Posteriormente
se profirió resolución de acusación. Finalmente, el 17 de septiembre de 2012
–luego de varias declaratorias de nulidad por distintas fiscalías y de practicarse
pruebas decretadas en etapa de juicio– el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cartagena profirió sentencia absolutoria por la inexistencia de la conducta punible.

La demanda plantea que la privación de la libertad fue injusta (i) porque la
medida de aseguramiento se fundamentó en pruebas insuficientes (con errores
metodológicos en su recaudo y conclusiones erróneas). Y (ii) porque en la
sentencia absolutoria se concluyó la inexistencia de la conducta punible. Por otro
lado, se alega falla del servicio por defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por mora judicial3.

Contestación de la demanda

La Nación-Fiscalía General de la Nación planteó una ausencia de falla del
servicio y de nexo causal con la privación “injusta” de la libertad. Sostuvo que su
actuación durante el proceso penal se ajustó a la ley y contó con los fundamentos
probatorios requeridos en cada etapa procesal. Además, afirmó que la medida de
aseguramiento impuesta a Martelo Vecchio se soportó en los indicios requeridos
por la ley procesal penal para su procedencia. Al respecto, expuso que la Fiscalía

3 F. 1-12 C. 3_2 Expediente digital Samai.

4

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

General de la Nación –en cabeza de la Unidad de Delitos contra la Administración
Pública– se limitó a cumplir con la investigación del caso asignado, siguió las
reglas y procedimientos establecidos en la ley, y valoró las pruebas con las que
contaba para el momento en que se requería definir la situación jurídica.

En cuanto a los perjuicios materiales solicitados, sostuvo que estos no estaban
acreditados, sobre todo, el lucro cesante en favor de Francisco Martel Vecchio,
quien, para el momento de su privación, no devengaba ingresos formales. Esta
última circunstancia –ligada al concepto de certeza del perjuicio– era suficiente
para negar el reconocimiento de este concepto4.

La Nación-Rama Judicial, al oponerse a las pretensiones, señaló que no se
incurrió en falla del servicio en la etapa de juzgamiento, porque esta se adelantó
dentro del marco de las competencias legales y las decisiones proferidas tuvieron
fundamento legal y probatorio. En efecto, sostuvo que el juzgado penal que tramitó
el juicio no privó de la libertad al demandante y había una ausencia total de
relación causal entre las actuaciones de esa entidad y el daño alegado.

Adujo que la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena de
absolver al procesado se tomó en el marco de normas constitucionales y legales
aplicables para la época de los hechos. El juez penal –luego de valorar las
pruebas recaudadas tanto en la investigación como en la etapa de juzgamiento–
concluyó que la conducta presuntamente atribuida a Martelo Vecchio fue
inexistente, es decir, que la conducta constitutiva de los delitos de peculado e
interés ilícito en la celebración de contratos no existió. De manera que el juez
penal, al absolver a los procesados, no incurrió en irregularidad alguna, y no existe
relación causal entre esta decisión y el daño (originado en etapa de
investigación)5.

La Nación-Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones-MINTIC alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva,
porque el daño causado no tuvo ni tiene relación con las funciones
constitucionales y legales del Ministerio. Por otro lado, no existe acción u omisión

4 F. 143-160 C. 1_0 Expediente digital Samai.
5 F. 121-129 C. 1_0 Expediente digital Samai.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

que sea imputable o que vincule a la entidad para responder de manera solidaria
conforme a los hechos de la demanda6.

Sentencia de primera instancia

El 14 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia en la
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Consideró que la parte actora acreditó los elementos que demuestran la
imputación del daño antijurídico a la Nación-Fiscalía General de la Nación, pues
Francisco José Martelo Vecchio estuvo privado de la libertad entre el 29 de
septiembre de 2000 y el 17 de mayo de 2022 -una parte de ella intramural y otra
en prisión domiciliaria- El Tribunal, al seguir el criterio de la sentencia SU de 5 de
julio de 2018, estimó que, si una persona era privada de su libertad y luego era
absuelta –porque el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica– era
posible predicar que dicha privación de la libertad resultó irrazonable y
desproporcionada, y, por ello, en esos eventos puntuales era factible aplicar un
título de atribución de carácter objetivo. Esta circunstancia, según la sentencia, fue
la que tuvo lugar en el caso de Francisco José Martelo Vecchio, pues la
absolución en su favor se fundamentó en la ausencia de sobrecostos a los
contratos analizados, lo que supuso que los informes de auditoría y del CTI que
los vinculó fueron irregulares en sus análisis y conclusiones. Se transcribe lo
pertinente de la decisión:

El 11 de octubre de 2000 la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración
Pública de la Fiscalía General de la Nación decretó una medida de aseguramiento en
su contra consistente en detención preventiva por considerarlo presuntamente
responsable de los delitos de celebración indebida de contrato por ausencia de
requisitos esenciales cometido en concurso con peculado por apropiación a favor de
terceros, apoyando su decisión en el informe de auditoría de la oficina de control
interno de TELECOM, el informe técnico de autoría de TELECOM, las declaraciones
de Vásquez Ortiz y de Manzur, el informe ejecutivo de la Contraloría General de la
República que daban cuenta de los presuntos sobrecostos en los contratos de
TELECARTAGENA, así unas las grabaciones y la interceptación telefónica. Los
medios de pruebas anteriormente descritos, a juicio de la Fiscalía indicaban la
presencia de indicios graves de responsabilidad en contra del señor Martelo Vecchio.

El proceso penal surtió las etapas correspondientes, y mediante providencia de 17 de
septiembre de 2012 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena profirió
sentencia absolutoria en favor del señor Martelo Vecchio, en la que se concluyó que
no existieron los sobrecostos en los contratos analizados (A-24/99, A-57/99, A-55/99,

6 F. 105-109 C. 1_0 Expediente digital Samai.

6

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
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Proceso: Reparación directa

A-40/99, A51/99 y A-32/99), ni irregulares en su cumplimiento que dieran lugar al
proceso penal. A la conclusión anterior llegó luego de analizar todas las pruebas
allegadas a la investigación, que desvirtuaron los resultados de los informes de
interventoría suscritos por TELECOM y TELECARTAGENA, así como el dictamen
pericial rendido inicialmente por el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía.

Como el proceso penal concluyó con la absolución del procesado al demostrarse que
no existieron los supuestos sobrecostos ni las irregulares en el cumplimiento de los
contratos referidos, que fundamentaron la acción penal en contra del señor Martelo
Vecchio, concluye la Sala que se debe imputar responsabilidad objetiva del Estado
por privación injusta de la libertad, al configurarse uno de presupuesto para
declararla, consistente en que el hecho no existió, por lo que la Sala se abstendrá de
estudiar la legalidad de la medida de aseguramiento impuesta en contra de la víctima
directa7.

En cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la
sentencia sostuvo que una vinculación a un proceso penal no constituía un daño
en sí mismo, puesto que existía el deber constitucional de soportar las
investigaciones adelantas en contra de los asociados. Sin embargo, precisó que lo
que no se podía era soportar una investigación extendida injustificadamente
desbordando la carga que toda persona está en la obligación de soportar. En ese
sentido, estimó que en retardo no debía mirarse en “incumplimientos de términos
de Ley”, sino que se debe acreditar que el retardo es injustificado previa
evaluación de la complejidad del asunto, el comportamiento de las partes dentro
del trámite procesal, el volumen de trabajo en el Despacho y el promedio de
duración de procesos equiparables al que es motivo de reproche.

La sentencia, luego de evaluar el caso, concluyó que, aun cuando el proceso
debió tardar máximo tres años (en virtud de los artículos 325, 329, 393, 410 y 411
de la Ley 600 de 2000), esa circunstancia –por sí sola – no configuraba un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque no se probó un
incumplimiento a los estándares de funcionamiento (razonables) en relación con el
promedio de duración de procesos similares. La demandante no aportó informes
estadísticos ni de rendimientos de despachos de otras Fiscalías o despachos
judiciales que tramitan investigaciones y juicios de la misma naturaleza 8. En ese
orden, frente a esta segunda irregularidad alegada, negó las pretensiones.

En cuanto a los perjuicios, reconoció perjuicios morales a la víctima directa y a
algunos de sus familiares –en aplicación de los criterios de unificación– y teniendo
en cuenta el tiempo de privación en establecimiento carcelario y en detención

7 F. 18-20 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.
8 F. 19-20 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
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Proceso: Reparación directa

domiciliaria. Reconoció, además, daño a la salud a Elizabeth Navas de Martelo
–cónyuge de la víctima directa– con fundamento en diagnósticos psiquiátricos y
con prueba testimonial. Ordenó, además, como medida no pecuniaria que la
Fiscalía emitiera un comunicado de disculpas (pero sujeto a si la víctima lo
considerara conveniente o no).

Finalmente, negó los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) por
falta de prueba de su concreción9.

Recursos de apelación

La Nación-Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación contra
la sentencia y planteó que en materia de privación injusta no se debía privilegiar
ningún régimen de responsabilidad, en tanto lo importante no era el motivo de la
absolución si no la razonabilidad y proporcionalidad de la providencia que
restringió la libertad (más su conformidad a derecho). En ese marco, planteó que
el análisis de medida de aseguramiento debía hacerse dentro del marco fijado por
la C-037 de 1995, es decir, evaluar “lo injusto” a partir de lo arbitrario de la
decisión y si esta, además, carecía de fundamento legal y probatorio.

En cuanto al caso particular de Martelo Vecchio, el recurso sostuvo que la medida
de aseguramiento se ajustó a los requisitos formales y sustanciales de
procedencia previstos por la ley procesal vigente en tanto se fundamentó en
informes de auditoría y del CTI de la Fiscalía –que ratificó sus conclusiones– y
mostró, en ese primer momento procesal, motivos de credibilidad en cuanto a la
existencia de sobrecostos en los contratos sometidos a estudios, es decir de la
comisión de los delitos investigados y la presunta responsabilidad de los
vinculados. En ese orden, según el recurso, aun cuando la sentencia fue
absolutoria (porque en etapa de juicio las pruebas mostraron otra situación de
hecho no advertida en etapa de investigación) la medida preventiva contó con los
dos indicios exigidos por la Ley, estuvo justificada y descartaría la presencia de
una falla del servicio10.

La demandante solicitó en su recurso confirmar la responsabilidad por la

9 F. 22-36 archivo sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai.
10 F. 3-12 expediente electrónico SAMAI. Índice 15.

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

privación injusta de la libertad de Francisco José Martelo Vecchio, pero pidió,
además, declarar que hubo defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia por mora judicial. En efecto, sostuvo que la investigación duró más de 12
años, con dilaciones injustificadas por causa de decisiones judiciales ilegítimas
tomadas por la Fiscalía General de la Nación. En ese orden, el recurso planteó
dos hechos dañosos: la privación injusta de la libertad y la duración de un proceso
eterno con costo económico, emocional y doloroso11. Frente a esto último, señaló
que el sólo transcurso del tiempo, es decir, los 12 años que duró el proceso,
evidenciaba la falla del servicio12.

En cuanto a los perjuicios solicitados, pidió (i) el incremento de los perjuicios
morales y el reconocimiento a todos los familiares de la víctima directa (incluidos
los núcleos familiares de su primera y segunda esposa) por las especiales
circunstancias que atravesaron como familia. (ii) El reconocimiento por daños a
bienes constitucionales a la honra y buen nombre (por la privación de la libertad y
la existencia del proceso mismo). (iii) Daño emergente por honorarios
profesionales de abogado, pérdida del valor adquisitivo de un depósito judicial y
“detrimento patrimonial familiar”. Y (iv) Lucro cesante por lo dejado de percibir con
ocasión de su actividad profesional (no sólo en razón de su vinculación laboral).

Finalmente, solicitó el reconocimiento de un perjuicio al que llamó “pérdida de
oportunidad de acrecentar el patrimonio” puesto que, antes de la privación, su
patrimonio tenía tendencia a ascender13.

Trámite de segunda instancia

El 10 de mayo de 2024, el Tribunal concedió los recursos de apelación14 y el 2 de
diciembre de 2024, el Despacho los admitió y ordenó su ingreso para fallo15
(numeral 5 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 202116).
CONSIDERACIONES

11 F. 11-12 expediente electrónico SAMAI. Índice 15.
12 F. 12, 21, 22 y ss expediente electrónico SAMAI. Índice 15.
13 F. 12-26 expediente electrónico SAMAI. Índice 15.
14 F. 1-4 archivo “Auto corrige sentencia y concede recurso” expediente electrónico SAMAI. Índice 2.
15 Índice 9 SAMAI.
16 «Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las
sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: […] 5. Si
fuere necesario decretar pruebas, una vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por
escrito, para lo cual concederá un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado
para alegar […]».

9

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

1. La demanda se presentó el 29 de agosto de 2014, por lo tanto, el régimen
aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo –en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA17,
este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los
procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a su entrada en
vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código 18, en los
aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en
adelante, CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias cuando
se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de
una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA 19. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 150 del CPACA20, según el cual conoce de los recursos de apelación
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía,
porque el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos
por el artículo 152.6 del CPACA21, esto es, $322.175.00022.

17 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del

año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
18 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el

Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
19 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso

Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares
cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
20 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]».
21 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales

Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

Medio de control procedente

3. La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de
responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un
hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta
a un contrato estatal o un acto administrativo23, cuya legalidad no se cuestiona. En
este caso el medio control de reparación directa es el que resulta procedente, por
reclamarse el daño derivado de las presuntas omisiones de la Fiscalía General de
la Nación y de la Nación-Rama Judicial en el trámite de una investigación y
proceso penal.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA24 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia. En los eventos de privación injusta de la libertad, el cómputo de la
caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia
absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento del
daño alegado25. En los eventos de defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia, la jurisprudencia tiene determinado que el término para intentar el
medio de control de reparación directa se debe contar desde el día siguiente al
que el afectado tuvo conocimiento o se enteró del hecho o la omisión que causó el
daño26.

inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
22 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2014 $616.000, por 500.
23 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por

actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
24 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los

siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido
en la fecha de su ocurrencia […]».
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, consejero ponente Daniel Suárez

Hernández, Rad. 11.425.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto del 15 de diciembre de 2011, Rad. 40.425

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

La demanda se interpuso en tiempo –29 de agosto de 2014– porque el
demandante tuvo conocimiento del daño reclamado el 17 de septiembre de
201227, fecha en que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena dictó
sentencia absolutoria en favor de Francisco José Martelo Vecchio, decisión no fue
apelada por ninguna de las partes.

El 25 de marzo de 2014, la parte demandante presentó la solicitud de conciliación
prejudicial, trámite que suspendió el término de caducidad hasta el 25 de junio
siguiente, fecha en la que vencieron los tres meses de suspensión28 (artículos 21 y
2 numeral 1 de la Ley 640 de 2001). Al día siguiente se reanudó el conteo por los
meses faltantes, que vencían en diciembre de 2014.

Legitimación en la causa

5. Francisco José Martelo Vecchio, Francisco Miguel Martelo Navas, Amaury
Martelo Villarreal, Rosa Rosita Vecchio De Martelo, Amaury Enrique Martelo
Vecchio, Daniella Martelo Navas, Sandra Cecilia Anichiarico Naar, Elizabeth
Navas Trucco; Fiorella Del Rosario Martelo Vecchio; Jorge Enrique Benedetty
Naar, María Camila Martelo Estévez; Melissa Benedetti Martelo y Mónica Lucía
Estévez Rodríguez son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se
debate en el proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación
penal (en la que fue privado de la libertad) y los demás conforman su grupo
familiar.

La Nación-Fiscalía General de la Nación está legitimada en la causa por pasiva,
porque fue la entidad encargada de la investigación penal en contra de Francisco
José Martelo Vecchio, quien impuso la medida de aseguramiento de privación de
la libertad y quien, posteriormente, profirió resolución de acusación.

La Nación-Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, porque adelantó
el proceso penal contra Francisco José Martelo Vecchio por interés ilícito en la
celebración de contratos y, además, es una de las entidades a las que se le
atribuye una mora judicial.

27 F. 131 del cuaderno 1.
28 F. 24-29 c. 1.

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Proceso: Reparación directa

Problema jurídico

6. Corresponde a la Sala determinar si la privación de la libertad de que fue
objeto el señor Francisco José Martelo Vecchio fue consecuencia de una
actuación desproporcionada y violatoria del procedimiento legal atribuible a la
demandada.

Corresponde, además, determinar si se configuró defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia por mora judicial.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por ambas partes, la Sala resolverá en los
términos del artículo 328 del CGP.

La privación de la libertad en la Ley 270 de 1996

8. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está
regulada en la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.
El artículo 68 de la mencionada Ley establece que quien haya sido privado
injustamente de la libertad podrá demandar al Estado pretendiendo la reparación
de perjuicios. La Corte Constitucional, al declarar su exequibilidad condicionada,
dejó claro que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente
desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales.

Al respecto, la sentencia C-037 de 1996 de la Corte Constitucional puntualmente
señaló:

“Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una
actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos
legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha
sido ni apropiada, ni razonada, ni conforme a derecho, sino abiertamente
arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los
casos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma
subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma
automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del
Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad

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de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad
estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de
los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y
proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”29.

De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, tal y como quedó después
de su condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe
hacerse teniendo en cuenta si hubo una actuación abiertamente desproporcionada
y violatoria de los procedimientos legales. Lo anterior implica analizar las
circunstancias en que se produjo la privación de la libertad para determinar si
obedeció a una medida apropiada, razonada, conforme a derecho o si la conducta
de la entidad fue abiertamente arbitraria.

9. El Consejo de Estado ha dicho que cuando se acredite la falla del servicio en un
juicio de responsabilidad del Estado, este será́ el título de imputación de
responsabilidad con base en el cual se habrá́ de decidir, puesto que representa el
régimen por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del
Estado.

La jurisprudencia del Consejo de Estado –posición reiterada por la Subsección C–
ha señalado las razones y fundamentos por los cuales se debe privilegiar el
régimen de responsabilidad de la falla del servicio así:

La Sala ha precisado que la ubicación preponderante del referido régimen de
responsabilidad del Estado respecto de los otros, obedece, (i) en primer lugar, a
que “... la forma más frecuente de inferir daños a terceros, se da precisamente por
el incumplimiento de los deberes y obligaciones que recaen sobre las autoridades
estatales y la violación o desconocimiento de la normatividad legal y los
reglamentos que establecen el marco de sus actuaciones”; (ii) en segundo lugar,
la declaración judicial de que ha habido en un caso concreto una falla del servicio
cumple una función de diagnóstico acerca de lo que fue la actuación de la
Administración; (iii) en tercer lugar, como consecuencia del reproche y de la
sanción a la específica actuación sub judice, en atención a la función pedagógica
que compete a las autoridades judiciales, el título de imputación de falla del
servicio constituye una admonición para que hacia el futuro se eviten actuaciones
que sean susceptibles de condena por parte de las autoridades judiciales; (iv)
finalmente, para efectos de la acción de repetición que se podría ejercer con
posterioridad en relación con los funcionarios comprometidos, la falla del servicio
constituye el título de imputación que mayor claridad brinda acerca de la actuación
que se habrá́ de juzgar30”.

29 Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, fundamento jurídico 2.
30Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de mayo de 2010, consejero ponente Mauricio
Fajardo Gómez, Rad. 18.105.

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10. Precisado el panorama jurisprudencial respecto del régimen aplicable para
estudiar la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, la Sala
pasa a analizar las condiciones puntuales en la que se produjo la privación de la
libertad de Francisco José Martelo Vecchio.

11. Las pruebas aportadas al proceso dan cuenta de los siguientes hechos:

11.1. El 28 de septiembre de 2000, el Fiscal Jefe de la Unidad Nacional
Anticorrupción de Bogotá D.C. dictó orden de captura contra Francisco José
Martelo Vecchio por la presunta comisión del delito de celebración indebida de
contratos31. Al día siguiente, en la ciudad de Cartagena, miembros del CTI de la
Fiscalía capturaron Francisco José Martelo Vecchio32.

11.2. El 11 de octubre de 2000, la Unidad Nacional de Delitos Contra la
Administración Pública de la Fiscalía de Bogotá D.C. impuso medida de
aseguramiento en contra de Francisco José Martelo Vecchio por los delitos de
celebración indebida de contratos por ausencia de requisitos esenciales en
concurso real, homogéneo y sucesivo con el punible de peculado por apropiación
a favor de terceros, según da cuenta copia de la providencia de esa fecha 33. El
contenido de esta decisión será valorado más adelante –en conjunto con las
demás pruebas del proceso–.

11.3. El 19 de octubre de 2000, la misma Fiscalía sustituyó la medida de
aseguramiento intramural contra Francisco José Martelo Vecchio por la detención
domiciliaria, y ordenó el pago previo de una caución de 20 salarios mínimos
legales mensuales vigentes34. Desde esa misma fecha se hizo efectiva la
sustitución, según dio cuenta el acta de compromiso suscrita35.

11.4. El 2 de abril de 2001, la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración
Pública de la Fiscalía de Bogotá D.C. profirió resolución de acusación contra
Francisco José Martelo Vecchio como presunto autor de los delitos de interés
ilícito en la celebración de contratos en concurso con peculado por apropiación en

31 F. 97 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
32 F. 98, 99, 100-102 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
33 F. 105-131 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
34 F. 133-136 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
35 F. 137 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.

15

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favor de terceros36. Y el 10 de septiembre de 2001, la Fiscalía-Unidad Delegada
ante la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de la acusación con la
advertencia de que esta no afectaba la medida de aseguramiento que pesaban
sobre los procesados, la cual se mantendría vigente. Sin embargo, ordenó la
libertad provisional con fundamento en el numeral 4 del artículo 365 de la
Ley 600 de 200037 previo pago de caución38.

11.5. El 17 de mayo de 2002, La Unidad Nacional de Delitos Contra la
Administración Pública de Bogotá D.C. revocó la medida de aseguramiento
impuesta a Francisco José Martelo Vecchio y otros procesados, con fundamento
en la aplicación de una ley posterior favorable (Ley 600 de 2000, artículo 357 del
en concordancia con el artículo 38 del Código Penal) que impedía continuar con la
medida preventiva mientras cursa la investigación penal, porque los procesados
no constituían un peligro para la sociedad y, de su comportamiento familiar y
social, se observaba que no eludirían la comparecencia a juicio39.

11.6. El 10 de diciembre de 2002, la Contraloría Delegada para Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva –dentro de la investigación fiscal fundada
en los mismos hechos del proceso penal contra Martelo Vecchio– ordenó el
archivo al no encontrar mérito para imputar responsabilidad fiscal, porque los
contratos investigados no generaron detrimento patrimonial 40.

11.7. Por su parte, el 10 de septiembre de 2003, la Procuraduría Delegada Para la
Moralidad Pública declaró la terminación de todo procedimiento en favor de
Francisco José Martelo Vecchio al encontrarse que las conductas investigadas no
constituían faltas disciplinarias, en otras palabras, desde la perspectiva del
derecho disciplinario las conductas atribuidas (sobrecostos en contratos y
posterior detrimento patrimonial) no existieron. Se transcribe lo pertinente de la
decisión:

36 F. 138 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
37 Artículo 365. Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la

libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos: (…)

4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere
calificado el mérito de la instrucción.
38 F. 138-199 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
39 F. 201-205 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
40 F. 206-212 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.

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Proceso: Reparación directa

(…) Con las pruebas recaudadas no es procedente estructurar que hubo un evidente
e indebido provecho patrimonial a favor de tercero ya que se ha acreditado que las
actuaciones investigadas han estado acordes con el marco de legalidad que las rige.
Respecto de las conductas relacionadas con los contratos reseñados en el plenario
suscritos por los implicados, en lo tocante con faltante fiscal señalado en el auto de
investigación disciplinaria, en cuanto a los sobrecostos en los contratos de obras, de
suministro, en los que pudo incurrir Jaime Hernández Pérez. Así como en los
contratos de mantenimiento de redes y las órdenes de servicios autorizadas, como el
hecho de no haber denunciado actos irregulares constitutivos de falta gravísima y la
determinación del factor prestacional para los contratistas –que son las conductas
imputadas a Francisco Martelo– y finalmente con relación al cuestionamiento que se
le hace a Daniel San Juan León (…) se tiene que estos cargos no han sido
acreditados, por lo que se archivará la actuación (…)
En síntesis, podemos concluir que las conductas atribuidas a Francisco Martelo
Vecchio y a Daniel San Juan León, desde la perspectiva del derecho disciplinario no
han existido, por lo tanto, la actuación no puede proseguirse y así se declarará,
debiéndose, en consecuencia, ordenar el archivo de las diligencias (…)41.

11.8. El 19 de octubre de 2005, dentro del proceso penal contra Francisco José
Martelo Vecchio, la Procuraduría 5 Judicial Delegada Para Asuntos Penales –en
su alegato precalificatorio– sostuvo que el informe del CTI que fundamentó la
medida de aseguramiento y el proceso penal se rindieron por funcionarios que no
profundizaron el estudio de sobrecostos que presuntamente tuvieron lugar en los
contratos analizados. En efecto, sostuvo el Ministerio Público que:

(…) los errores de los funcionarios investigadores fueron centrarse con terquedad en
encontrar sobrecostos donde no podían existir (…) los auditores e investigadores no
tenían ninguna facultad legal para ordenar o intervenir al contratista e imponerle un
factor prestacional que ningún código referido a contratos estatales lo establece para
obras públicas (…) Con estos antecedentes normativos se deja sentado que no hubo
lugar al más mínimo sobrecosto, sobreprecio o mayor valor en los contratos objeto de
investigación penal, por la nula posibilidad legal de incluir el factor prestacional, como
mecanismo de auditaje que afectara el patrimonio de la entidad estatal contratante, y
menos aún, tomando precios de distribuidor para compararlos con el precio final
pagado (…)

(…) Estos procesos que originaron los contratos cuestionados fueron independientes,
realizados con cada uno de los pasos y requisitos que las normas contractuales
vigentes exigen, donde se aprecia que no hubo lesión a los Principios de Contratación
Administrativa (art 23 Ley 80 de 1993, iniciando por el de Planeación, y en su orden,
Ios de Legalidad, interés general. Selección objetiva. Transparencia, ligado al de
Publicidad y Economía); en consonancia con los principios de la Función
Administrativa (…)42.

11.9. El 19 de mayo de 2008, La Fiscalía Séptima adscrita a la Unidad Nacional de
Delitos Contra la Administración Pública, profirió resolución de acusación contra
Francisco José Martelo Vecchio y otras personas por el delito de peculado por

41 F. 267-287 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
42 F. 288-301 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.

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apropiación en favor de terceros, interés ilícito en la celebración de contratos y
contratos sin cumplimiento de requisitos legales43. Esta decisión fue confirmada, el
23 de julio de 2009, por la Fiscalía Delegada ante del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cundinamarca44. Y, el 29 de julio de 2009, la Fiscalía Séptima Adscrita
a la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública envió la
actuación a los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena para surtir la etapa de
juzgamiento45.

11.10. La Fiscalía- Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública
solicitó al juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena absolver a todos los
procesados de los cargos endilgados46.

11.11. El 17 de septiembre de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de
Cartagena dictó sentencia absolutoria en favor de Francisco José Martelo Vecchio
porque las pruebas dieron cuenta de la inexistencia de los delitos investigados47.

Análisis de la privación de la libertad a la luz de la falla del servicio alegada

12. Según la demanda, la privación de la libertad fue injusta porque (i) la medida
de aseguramiento se fundamentó en pruebas insuficientes con errores
metodológicos en su recaudo y con conclusiones –igualmente erradas– sobre la
presencia de “sobrecostos” en contratos que estuvieron ajustados a la Ley.
Además, (ii) porque la sentencia absolutoria fundamentó su decisión en la
inexistencia de la conducta punible por no haber tenido lugar los mencionados
“sobrecostos” en los contratos sometidos a auditoria, y por obedecer esos estudios
a presiones institucionales y políticas desde nivel central.

Por su parte, el recurso de apelación de la Nación-Fiscalía General de la Nación
planteó que el análisis de medida de aseguramiento debía hacerse, no desde una
perspectiva de responsabilidad objetiva, sino dentro del marco fijado por la C-037
de 1995, es decir, evaluar “lo injusto” a partir de lo arbitrario de la decisión por no
tener fundamento legal y probatorio. En ese marco, sostuvo que la medida de
aseguramiento se ajustó a los requisitos formales y sustanciales de la Ley 600 de

43 F. 365-366 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
44 F. 302-366 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
45 F. 367 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
46 F. 501 y ss C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15. Y F. 1-25 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15.
47 F. 501 y ss C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15. Y F. 1-25 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15.

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Proceso: Reparación directa

2000, porque se fundamentó en (i) informes de auditoría de Telecom y
Telecartagena y (ii) el informe del CTI de la Fiscalía –que ratificó las auditorías–.
Estos documentos, según el recurso, mostraron motivos de credibilidad sobre la
existencia de sobrecostos en varios contratos celebrados por Telecartagena
durante la gerencia de Francisco José Martelo Vecchio, circunstancia que
descartaría la presencia de una falla del servicio en la providencia que definió la
situación jurídica del demandante y de los demás procesados.

13. Está acreditado que Francisco José Martelo Vecchio estuvo privado de la
libertad desde el 29 de septiembre de 2000 hasta el 17 de septiembre de 2001
(fecha en la que se ordenó la libertad inmediata). Un primer periodo, que cursó en
establecimiento carcelario (entre el 29 de septiembre de 2000 hasta el 20 de
octubre de 2000) y, otro, en prisión domiciliaria (entre el 20 de octubre de 2000 y
el 10 de septiembre de 2001).

De lo anterior se concluye que Francisco José Martelo Vecchio estuvo privado de
su libertad por 20 días en detención en centro carcelario y 10,21 meses en
detención domiciliaria.

14. La medida de aseguramiento, dictada el 11 de octubre de 2000 por los delitos
de celebración indebida de contratos por ausencia de requisitos esenciales en
concurso real, homogéneo y sucesivo con el punible de peculado por apropiación
a favor de terceros se fundamentó en un informe del CTI –solicitado por la misma
Fiscalía– y en dos informes de auditoría que –bajo un mismo análisis–
concluyeron la existencia de sobrecostos en algunos contratos suscritos para el
mantenimiento de obras, construcción de redes y adquisición de elementos de
cómputo y uniformes, los cuales, a su vez, generaron detrimento del Estado.

Según la decisión los informes eran suficientes para estructurar el indicio grave de
responsabilidad en contra de Francisco José Martelo Vecchio, porque “revelaron
con claridad la presencia de sobrecostos en la contratación administrativa en
materia de suministro de bienes, mano de obra y adquisición de elementos
necesarios para el desarrollo del objeto social de la empresa de
Telecomunicaciones de Cartagena”48.

48 F. 105-107 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15

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La Fiscalía llegó a las conclusiones al darle eficacia a los dos informes de
auditoría de Telecom y Telecartagena, y luego de entrevistar a dos funcionarios
auditores (José Miguel Manzur y William Vásquez Ortiz), quienes ratificaron los
respectivos informes y, quienes, además, defendieron el tecnicismo utilizado en
los mismos. Luego, en la misma providencia, la Fiscalía se refirió a un “informe
técnico” que debería ser valorado dentro de la instrucción para despejar las dudas
sobrevinientes sobre la existencia o no de tales sobrecostos49.

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena, al dictar la sentencia,50 con
fundamento en las pruebas documentales, técnicas y testimoniales, estimó que el
proceso penal –desde su etapa instructiva e investigativa– se fundamentó en
bases que no tenían solidez probatoria por varios motivos: (i) irregularidades en
los informes de auditoría y del CTI de la Fiscalía y (ii) constreñimiento al personal
auditor para llegar a conclusiones que no correspondían con la realidad. Estas
irregularidades, según la sentencia, mostraron una debilidad en la construcción
inicial de indicios, pues no fueron edificados completamente y de manera lógica 51.
En vista de esa circunstancia probatoria, el Juzgado absolvió de toda
responsabilidad a Francisco José Martelo Vecchio y a los demás procesados por
inexistencia de los delitos imputados.

Conforme consideró la sentencia, el estudio de Telecom –que sustentó el inicio de
la instrucción y la medida de aseguramiento– empleó una metodología errónea
para identificar los “sobrecostos”, porque comparó los precios entre contratos con
distinto objeto y no tuvo en cuenta un estudio de mercadeo del momento en el que
fueron celebrados. Las diferencias que pudieron arrojar entre los precios de uno u
otro contrato no reflejaba un sobrecosto, sino lo que eran: “diferencias”, las cuales
obedecieron a factores del mercado mismo. Por ejemplo, el estudio comparó
contratos que no podían tomarse como estándar (los precios de cables en un
contrato de suministro los comparó con el precio de cables para contratos de
obra), metodología que arrojó conclusiones equivocadas.

El informe de Telecartagena, por su parte, no contó con un estudio de un mercado
específico para entender características, tendencias y dinámicas. No consultó
revistas especializadas en la materia atendiendo a la realidad del mercado y así

49 F. 105-130 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15
50 Es importante aclarar que el referido proceso penal finalizó en primera instancia porque la Fiscalía estuvo

conforme con la absolución –la solicitó y no la apeló–.
51 F. 508-509 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15

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obtener mejores parámetros. Acudir a un estudio de mercado tenía como objeto
obtener información relevante para llegar a conclusiones técnicas y no deducidas
(como ocurrió en ese informe). Por otro lado, tampoco se cumplió con la etapa de
traslado de conclusiones al gerente de ese momento (deber de obligatorio
cumplimiento en ese tipo de procesos). Las falencias de este informe fueron
advertidas por los mismos auditores que lo realizaron52.

Según la providencia absolutoria, el CTI –con fundamento en los informes de
auditoría (abiertamente irregulares), y con una transcripción casi completa de los
mismos– también llegó conclusiones erróneas (y algunas de ellas distintas a los
de auditoría). En el análisis de precios de cables, por ejemplo, a diferencia de los
de auditoría, el CTI descartó sobrecostos en los mismos. No tuvo en cuenta,
además, que en el año 1999 Centelsa cambió los precios de cables 4 veces en el
año53. Por otro lado, estableció un precio unitario de peritaje (con fundamento en
menores valores) y, a partir del mismo, evaluó todos los contratos con el mismo
rasero. Se transcribe lo pertinente:

Emerge con meridiana claridad, de cara al informe de Anditoría de Telecom, que no
son comparables los precios de cable (materiales) de un contrato de suministro con
los mismos Precios de cables (materiales) de un contrato de obra “a todo costo”, en la
medida en que en los primeros solo se debe cobrar adicional al valor del suministro el
impuesto U valor agregado IVA, y. en el segundo caso, los precios unitarios en un
contrato a todo costo corresponden a los precios pactados por el contratista para el
suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, instalación,
contratación de personal, por lo que adicional a los costos directos del contrato se
debe reconocer el A.I.U., que corresponde a administración de la oba, los imprevistos
que se presentes y la utilidad del contratista.

Se resalta la inconsistencia del informe del C. T. I., informe que determinó la apertura
del proceso, y que, como lo dijo la representante del Ministerio Público, no es más
que un plagio del informe de Auditoria de TELECOM atendiendo sus tantas
"coincidencias" (…) 54.

Finalmente, y no menos importante, la sentencia penal absolutoria advirtió una
manipulación y/o constreñimiento a quienes hicieron los informes de auditoría para
que concluyeran la existencia de “sobrecostos” y de “detrimento patrimonial”55. Se
extrae lo pertinente de la decisión:

(…) estas precisas circunstancias es en que la representante del ente acusador
admite que no puede seguir insistiendo en una acusación que se ha debilitado por la
falta de consistencia del Informe de auditoría de TELECOM del que surgió el
señalamiento de la supuesta delincuencia, especialmente porque las personas que

52 F. 512 y ss C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15
53 F. 8 y ss C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15
54 F. 18-19 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15
55 F. 2-6 y 16 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

promovieron, o hicieron de espectadores del proceso: de auditoría liberadas de las
presiones jerárquicas y liquidada la empresa de telecomunicaciones ha dado su
testimonio en el juicio haciendo mención que ha mediado una injusticia y que existía
una postura políticamente incorrecta por parte de directivos del nivel central de la
antigua TELECOM56.

(…)

La confrontación de los testimonios de descargos con las precisiones metodológicas
realizadas por los testigos técnicos, evidencian las irregularidades presentadas en el
dictamen pericial del CTI. Desde luego que esto refleja que existían unas
motivaciones distintas a denunciar hechos ciertos, y que tal motivación guardaba
relación con la discusión presentada entre MARTELO VECHIO y GARCIA ROMERO.

Con razón, y coincide con lo que se ha venido afirmando respecto a la evaluación
probatoria el defensor OSCAR PRADA FERRER, quien ha sostenido en sus alegatos
que en la audiencia pública han quedando en evidencia los siguientes aspectos:

1. Que tanto el informe de auditoría de Control Interno de Telecom, como el informe
de Control Interno de Telecartagena, omitieron incluir en su análisis la dotación, los
descansos remunerados y el A.U.I.

2. Que la auditoría de Telecom a Telecartagena fue la única realizada, en toda la
historia de Telecom, a una Teleasociada.

3. Que la auditoría de Telecom a Telecartagena no se concluyó.

4. Que no se siguieron los pasos usualmente establecidos para todo proceso de
auditoría.

Desvirtuado, entonces, en términos probatorios, cualquier posibilidad de sobrecosto y
descartadas irregularidades en el cumplimiento de los contratos referidos y que dieran
lugar a este proceso, lo que sigue es dictar sentencia absolutoria a favor de los
procesados. De esta manera se coincide tanto con la representante del ente acusador
como la representante del Ministerio Público, así como con la petición de los
procesados57.

15. Ahora bien, es importante precisar que, aun cuando el proceso penal inició en
septiembre de 2000, el régimen procesal aplicable inicialmente al mismo fue el
Decreto 2700 de 1991, puesto que la Ley 600 de 2000 entró en vigencia un año
después de su promulgación, es decir, en julio de 200158.

El artículo 388 del Decreto 2700 de 1991 dispone que es requisito sustancial para
que proceda la medida de aseguramiento la existencia de un indicio grave de
responsabilidad en contra del sindicado, con base en las pruebas legalmente
producidas en el proceso.

56 F. 16-17 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15
57 F. 21-23 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15

58 Ley 600 de 2000. Artículo 536. Vigencia. Este Código entrará en vigencia un año después de su
promulgación.

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
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Proceso: Reparación directa

Conforme dio cuenta la sentencia absolutoria, las pruebas que llevaron a la
construcción del indicio grave de responsabilidad contra Francisco José Martelo
Vecchio fueron irregulares desde su formación: (i) no se ajustaron a la
metodología técnica de un informe de auditoría, (ii) los instrumentos de
comparación de precios no contaron con un estudio de mercadeo y analizaron
contratos con distintos objetos, (iii) llegaron a conclusiones que no se ajustaron a
la realidad, pues, de diferencias naturales dedujeron “sobrecostos” y, lo más
importante y determinante en la irregularidad, (iv) que hubo presiones subrepticias
a quienes llevaron a cabo el proceso de auditoria para llegar a concluir la
existencia de “sobrecostos” y un supuesto “detrimento patrimonial”.

A esta conclusión también se llegó en sede de responsabilidad fiscal al ordenarse
el archivo por no encontrarse mérito para imputar responsabilidad a Francisco
José Martelo Vecchio, porque los contratos investigados no generaron detrimento
patrimonial [hecho probado 11.6]. Por su parte, desde el 10 de septiembre de
2003, la Procuraduría Delegada Para la Moralidad Pública ya había declarado la
terminación de todo procedimiento en favor de Francisco José Martelo Vecchio por
ausencia de falta disciplinaria respecto de los mismos hechos (que también
fundamentaron el proceso penal y la medida de aseguramiento). Desde la
perspectiva del derecho disciplinario los sobrecostos en contratos y posterior
detrimento patrimonial no existieron. Y tampoco un indebido provecho patrimonial
en favor de tercero [hecho probado 11.7].

Pues bien, analizada la medida de aseguramiento –a la luz de las pruebas
allegadas a este proceso–, se concluye que esta decisión no tuvo fundamento
probatorio. En efecto, como se explicó, el indicio grave de responsabilidad en
contra de Francisco José Martelo Vecchio no se soportó en hechos indicadores
debidamente probados ni en pruebas ajustadas a la técnica ni al agotamiento de
los pasos establecidos en procesos de auditoría. El “indicio grave”, entonces, fue
edificado con informes irregulares que se replicaron unos a otros sin verificación
de la metodología y de las conclusiones (además con contradicciones entre sí). De
hecho, fue el mismo ente acusador el que advirtió los errores probatorios en la
etapa de instrucción y solicitó al juzgado de conocimiento que dictara una
sentencia absolutoria. Esta misma solicitud la hizo el Ministerio Público en sus
alegatos precalificatorios.

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Adicionalmente, como se estimó en la sentencia absolutoria, quienes elaboraron
los informes de auditoría reconocieron que fueron manipulados y constreñidos
desde el sector central para concluir la existencia de sobrecostos y de detrimento
patrimonial, lo que refuerza el hecho de que las denuncias en contra de Martelo
Vecchio tuvieron un interés oculto y marcaron una medida de aseguramiento sin
pruebas contundentes y regularmente obtenidas.

El análisis que hace la Sala frente a los presupuestos de configuración de la
responsabilidad extracontractual del Estado los hace en contra de la Fiscalía
General de la Nación, pues fue esa entidad la que profirió la decisión y mantuvo al
demandante privado de la libertad hasta su libertad condicional. El daño, entonces
-privación injusta de la libertad-, se configuró con ocasión de la materialización de
la detención preventiva y la permanencia en prisión domiciliaria, y se originó una
medida de aseguramiento sin fundamento probatorio, decisión que, además, fue
proferida sin advertir la presencia de irregularidades en el recaudo de pruebas
dentro de la instrucción.

Así las cosas, Francisco José Martelo Vecchio sufrió un daño antijurídico a las
voces del artículo 90 de la Constitución que fundamenta, en este caso, el deber de
reparar, en tanto surgió de una medida de aseguramiento sin soporte probatorio,
proferida por la Fiscalía a cargo de la instrucción del proceso penal. Por lo
anterior, se confirmará la sentencia en este primer punto.

Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial

16. Ahora bien, dado que el segundo hecho dañoso alegado ocurrió en el marco
de una investigación y de un posterior proceso penal, es decir, en funciones de
administración de justicia, también hay lugar a aplicar la Ley 270 de 1996. Sin
embargo, el daño en este caso no surge con ocasión de error en una decisión
judicial ni se deriva de una privación injusta de la libertad (ya analizada), de
manera que el título aplicable es el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

Desde antes de la Constitución de 1991 la jurisprudencia admitió la
responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio de la administración

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
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Proceso: Reparación directa

de justicia, como una categoría diferente del error judicial.59 Posteriormente, la
Sala mantuvo este criterio al estudiar fallas de la administración de justicia no
contenidas en decisiones judiciales, sino en actuaciones encaminadas a adelantar
los procesos o la ejecución de providencias judiciales60.

La Ley 270 de 1996 hizo suyo ese criterio jurisprudencial en su artículo 69 al
disponer que, si el daño no se origina en los casos de error judicial o privación
injusta de la libertad, el título aplicable es el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia. Este título se contrae, entonces, a aquellas actuaciones
que se producen con ocasión de la actividad de administrar justicia pero que no
comportan la función de interpretación o aplicación del derecho. Al respecto, ha
dicho la jurisprudencia:

(…) El régimen jurídico de responsabilidad invocado en la demanda es el de falla
del servicio, por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia y error
judicial. Para la época de ocurrencia de los hechos, esto es, el momento en el cual
se desarrolló la investigación penal y se profirieron las decisiones que se señalan
como constitutivas de dichas fallas estaba vigente la ley 270 de 1996, que
desarrolló, en relación con la actuación judicial, el artículo 90 de la Constitución
Política que prevé la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños
antijurídicos causados por las autoridades públicas.
Cabe destacar que la consagración constitucional de la responsabilidad del Estado
por todos los daños que le sean imputables, sin importar cuál sea la fuente del
daño, y la interpretación amplia de las normas que prevén la responsabilidad del
Estado se fundamentan en el reconocimiento de los derechos de las personas y en
el correlativo deber del Estado de reparar los daños que se produzcan como
consecuencia de su acción y omisión, cualquiera que fuere la autoridad que los
cause (…)
En relación con la actividad jurisdiccional, la jurisprudencia distinguió, desde
aquella época, la actividad propiamente judicial y las actuaciones administrativas
de la jurisdicción. En relación con las segundas admitió la responsabilidad por los
daños que se causara en desarrollo de la misma, bajo el régimen de falla del
servicio. Sin embargo, tratándose de la actividad jurisdiccional, se consideró que
no era posible deducir responsabilidad patrimonial del Estado, porque los daños
que se produjeran como consecuencia de dicha actividad eran cargas que los
ciudadanos debían soportar por el hecho de vivir en sociedad, en orden a
preservar el principio de la cosa juzgada y, por tanto, la seguridad jurídica; de
manera que la responsabilidad en tales eventos era de índole personal para el
juez, en los términos previstos en el artículo 40 del Código de Procedimiento Civil,
bajo el presupuesto de que éste hubiera actuado con error inexcusable.

La Constitución de 1991 al consagrar la responsabilidad del Estado por “los daños
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las
autoridades públicas”, previó una fórmula general de responsabilidad, con
fundamento en la cual no quedaba duda de que había lugar a exigir la
responsabilidad extracontractual del Estado por acción u omisión de la
Administración de Justicia.

59 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de julio 1966, Rad. 1966-N1808
60 Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia del 3 de junio de 1993, Rad.7859.

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En vigencia de la Constitución 1991 se mantuvo la diferencia entre la actividad
propiamente judicial, reservada a las providencias judiciales por medio de las
cuales se declarara o hiciera efectiva el derecho subjetivo o no, en tanto que la
responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se
siguió predicando de las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar
el proceso o la ejecución de las providencias judiciales, sin que hicieran parte de
ellas las de interpretar y aplicar el derecho. “Dentro de ese concepto están
comprendidas todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del
ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios
sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los
empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales…”61. Así, se declaró la
responsabilidad del Estado por el defectuoso funcionamiento de la Administración
de Justicia, en eventos como las dilaciones injustificadas, o pérdida o deterioro de
bienes decomisados, que no fueron entregados al depositario, o que no eran de
propiedad del demandado62.

Sobre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como evento
de responsabilidad dentro del ejercicio de la función judicial, el Consejo de Estado
en la sentencia del 11 de agosto de 2010 señaló:

“(…) Ahora bien, se observa que, como parte de las actividades propias de la
Administración de Justicia, hay lugar al trámite de procesos dentro de los cuales
son múltiples las actuaciones u omisiones que pueden constituirse en fuente de
daños a terceros, algunas de ellas contenidas en providencias judiciales, otras en
hechos concretos y unas más en simples trámites secretariales o administrativos;
es por ello que surgió doctrinal y jurisprudencialmente una clasificación,
posteriormente recogida por el legislador, en relación con los eventos de
responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia, que comprende los
casos, consagrados hoy en día en los artículos 66, 68 y 69 de la Ley 270 de 1996,
correspondientes a la privación injusta de la libertad, al error jurisdiccional y al
defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia.

En el presente caso, es claro que la demandante no cuestiona una medida
privativa de la libertad y tampoco discute una decisión judicial, sino que atribuye el
daño antijurídico por el cual reclama, a una actuación secretarial adelantada en el
Juzgado Doce Civil del Circuito, que condujo a que la diligencia de remate dentro
del proceso ejecutivo en cuestión hubiere tenido que ser declarada sin valor, por
haberse surtido respecto de un bien inmueble que no fue debidamente identificado
en el aviso por medio del cual se dio publicidad a la futura diligencia.

Así pues, el origen del daño se halla en un trámite que no envuelve decisión
alguna por parte del funcionario judicial, sino que constituye apenas una actuación
administrativa adelantada en el desarrollo de un proceso judicial, que puede
calificarse, por lo tanto, como un evento de defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia que se enmarca dentro de la teoría general de la falla
del servicio y por el cual, de encontrarse probado, puede deducirse la
responsabilidad patrimonial de la Nación, si además se acredita el daño
antijurídico que con el mismo se hubiere causado63.

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de

2008, exp. 16.826, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008, rad. 16826
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de

2010, exp. 17.301, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
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17. En esa línea, como se trata de un régimen de responsabilidad subjetivo, debe
acreditarse que el daño es producto de una falla del servicio, esto es, de una
actuación irregular derivada del funcionamiento anormal del aparato judicial, en
este caso, por mora judicial. Frente a este evento de defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, la Sala tiene determinado que el simple retardo en
la decisión o el incumplimiento de los términos legales no configura -por sí solo- la
existencia de una falla en el servicio de justicia, pues debe tenerse en cuenta el
promedio de duración de los procesos –según sus circunstancias especiales y su
grado de complejidad–, el comportamiento de la partes y el volumen de trabajo del
despacho judicial64. Al respecto, ha dicho la Corporación:

Según la doctrina, el funcionamiento anormal de la administración de justicia está
referido a unos estándares de lo que se considera un funcionamiento normal:

“La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración de
Justicia debe partir de una comparación de lo que sería o debía ser el
funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos
standards de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una
extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos
y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda
deficiencia en la Administración de Justicia, son generadores de responsabilidad,
sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y
funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los
justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o
negligencia aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación
del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación“65.

Por su parte, el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre al interpretar el
artículo 6, número 1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales ha considerado que el “carácter
razonable de la duración de un procedimiento debe apreciarse según las
circunstancias de cada caso y teniendo en cuenta fundamentalmente ´la
complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el
asunto haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales’.

Ese mismo Tribunal ha precisado que no existe dilación indebida por el mero
incumplimiento de los plazos procesales legalmente establecidos, esto es, que no
se ha constitucionalizado el derecho a los plazos sino que la Constitución consagra
el derecho de toda persona a que su causa se resuelva en un tiempo razonable66.

64 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, Rad. 17.293.
65 Perfecto Andrés Ibáñez y Claudio Movilla Álvarez, El Poder Judicial, Madrid, Edit. Tecnos, 1986. P. 358.
66. No obstante, sobre este criterio existe controversia en la doctrina. Por ejemplo, Montero Aroca considera

que “Todo incumplimiento de los plazos debe dar lugar a declarar la existencia de un funcionamiento anormal
de la Administración de Justicia, sin que ello signifique sin más el derecho a la indemnización, pero por la
razón distinta de que puede o no puede haber existido daño o perjuicio”. Responsabilidad Civil del Juez y del
Estado por la actuación del poder judicial. Madrid, Edit. Tecnos, 1988., p. 35.

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Proceso: Reparación directa

Ya en vigencia de la Constitución de 1991, la Sala ha reconocido el derecho a la
indemnización por fallas en la administración de justicia y, en particular, por el retardo
injustificado de adoptar decisiones que causan daño a las partes o a terceros67.

En síntesis, para resolver si en un caso concreto hay lugar a la responsabilidad del
Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en adoptar
decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual
se llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del
recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga
el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están
referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los
procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un asunto que hay
que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una
administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una
demandada que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles
para atenderla68. 69

En ese orden, se procederá a verificar el curso que tomó la investigación penal y
la etapa de juzgamiento, con el fin de determinar si la duración significó un retardo
injustificado en términos del plazo razonable en el servicio de la justicia.

18. Según la demanda, la Nación-Fiscalía General y la Nación-Rama Judicial
incurrieron en un defectuoso funcionamiento por mora judicial porque el proceso
penal contra Francisco José Martelo Vecchio duró 12 años, para, finalmente,
terminar con una decisión absolutoria, la cual podía concluirse desde el año 2000,
esto es, desde el inicio de la investigación70.

La sentencia de primera instancia negó las pretensiones por este segundo hecho
dañoso. Sobre el particular concluyó que el solo incumplimiento de términos
legales no era suficiente para estructurar una falla del servicio por mora judicial,
puesto que el proceso debía mirarse en consideración a la complejidad del caso,
las etapas por agotar, las pruebas por practicar y el comportamiento de las partes
involucradas en el trámite. Por otro lado, sostuvo que la sola vinculación de

67 Por ejemplo, el deterioro de un vehículo puesto a disposición de un juzgado penal, que no se entregó al

secuestre, sino que se ordenó su remisión a un patio donde permaneció a la intemperie por un período
prolongado. Sentencia del 3 de junio de 1993, exp.7859; el embargo de un vehículo, que no era propiedad del
demandado, decretado por un juez dentro de un proceso ejecutivo, y que permaneció varios años
secuestrado, a pesar de que era fácil verificar la propiedad o posesión del bien. Sentencia del 4 de diciembre
de 2002, exp: 12.791.
68 “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso

omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha
llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la misma lógica
debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Sentencia del 15 de febrero de 1996, exp:
9940.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, rad. 22322.
70 F. 12 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15

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Proceso: Reparación directa

Martelo Vecchio a la investigación no constituía en sí misma un daño. Se
transcribe lo pertinente de la decisión:

No se demostró que las accionadas incurrieran en un defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, pues de conformidad con la jurisprudencia del Consejo
de Estado, la sola vinculación del señor Martelo Vecchio a la investigación penal no
da lugar a inferir padecimiento de daño, como quiera que todas las personas deben
soportar, en principio, las investigaciones que adelanten las autoridades con el fin de
determinar su participación en la comisión de hechos punibles. Solo es posible
predicar la existencia de un daño antijurídico y el deber de indemnizarlo cuando aquél
es causado por una investigación que se extiende injustificadamente, desbordando la
carga que toda persona está obligada a soportar, lo cual no quedó demostrado en el
presente caso.

(…)

No basta con la comprobación del incumplimiento de los términos Ley, sino que se
debe acreditar que el retardo es injustificado, con la consideración previa de la
complejidad que del asunto, del comportamiento observado por las partes en el
trámite procesal, del volumen de trabajo del Despacho para la época en que tuvo a
cargo el trámite cuestionado y de los estándares de funcionamiento de la autoridad
judicial establecidos, no por simple comparación con los términos ordenados en la
ley, sino con referencia al promedio de duración de procesos equiparables al que es
motivo de reproche por retraso.

(…)

De conformidad con lo anterior, el proceso penal seguido contra el señor Francisco
José Martelo Vecchio debió tardar máximo 3 años, pero duró casi doce años, esto es,
desde el año 2000 hasta el 17 de septiembre de 2012, día en el que el Juzgado
Primero Penal del Circuito de Cartagena dictó sentencia absolutoria.

A pesar de evidenciarse el incumplimiento de los términos Ley para tramitar y decidir
el proceso penal, lo cierto es que ello por sí solo no configura un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, pues la parte demandante debió
demostrar, entre otras cosas, el volumen de trabajo que soportaban los fiscales y
jueces del proceso penales que llevaron el proceso penal. Tampoco aportó
información de los estándares de funcionamiento de dichas autoridades, la cual no se
obtiene obtienen con la simple comparación con los términos establecidos en la ley,
sino en relación con el promedio de duración de procesos similares al que es objeto
de estudio.

La parte demandante no aportó ni solicitó informes estadísticos y de rendimiento de
despachos Fiscalías y de Juzgados que tramitan investigaciones penales relacionado
con delitos contra la administración pública con condiciones similares a la llevada en
contra de la víctima directa a fin de fijar estándares de razonabilidad del plazo para
resolver el proceso penal71.

La parte demandante, en su recurso, insistió en el defectuoso funcionamiento de
la administración de justicia, en tanto el solo trascurso de 12 años del proceso era
evidencia de una falla en el servicio de justicia, pues existe la garantía de todo
procesado a ser juzgado sin dilaciones indebidas. Un proceso en el que se declaró

71 F. 20-21 archivo de la sentencia de primera instancia. Expediente digital Samai. Índice 15

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Proceso: Reparación directa

la nulidad en varias oportunidades y en el que se estructuraron indicios con bases
débiles72.

19. Del proceso penal adelantado contra Francisco José Martelo Vecchio –por los
delitos de interés ilícito en la celebración de contratos y peculado por apropiación
en favor de terceros– se destacan las siguientes actuaciones:

El 28 de septiembre de 2000, el Fiscal Jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción
de Bogotá D.C. dictó orden de captura contra Francisco José Martelo Vecchio por
la presunta comisión del delito de celebración indebida de contratos 73. El 11 de
octubre de 2000, la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública
de la Fiscalía de Bogotá D.C. impuso medida de aseguramiento en contra de
Francisco José Martelo Vecchio por los delitos de celebración indebida de
contratos por ausencia de requisitos esenciales en concurso real, homogéneo y
sucesivo con el punible de peculado por apropiación a favor de terceros 74.

El 19 de octubre de 2000, la Fiscalía sustituyó la medida de aseguramiento
intramural contra Francisco José Martelo Vecchio por la detención domiciliaria, y
ordenó el pago previo de una caución de 20 salarios mínimos legales mensuales
vigentes75.

El 2 de abril de 2001, la Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración
Pública de la Fiscalía de Bogotá D.C. profirió resolución de acusación contra
Francisco José Martelo Vecchio por los delitos de interés ilícito en la celebración
de contratos en concurso con peculado por apropiación en favor de terceros 76. Y,
el 10 de septiembre de 2001, la Fiscalía-Unidad Delegada ante la Corte Suprema
de Justicia declaró la nulidad de la acusación con la advertencia de que esta no
afectaba la medida de aseguramiento que pesaban sobre los procesados, la cual
se mantendría vigente.

El 17 de mayo de 2002, La Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración
Pública de Bogotá D.C. revocó la medida de aseguramiento impuesta a Francisco
José Martelo Vecchio y otros procesados, porque no constituían un peligro para la

72 F. 22-24 archivo del recurso de apelación. Expediente digital Samai. Índice 15
73 F. 98, 99, 100-102 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
74 F. 105-131 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
75 F. 133-136 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
76 F. 138 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

sociedad y, de su comportamiento familiar y social, se observaba que no eludirían
la comparecencia a juicio77.

El 6 de octubre de 2003, la Unidad Delegada ante el Tribunal de Cundinamarca de
la F.G.N. decretó la nulidad de lo actuado a partir del cierre de la investigación,
inclusive, al detectar grave irregularidades que afectaban el debido proceso y el
derecho de defensa del investigado78.

El 17 de febrero de 2004, la Fiscalía 22 Delegada de la Unidad Nacional de Delitos
contra la Administración Pública resolvió una solicitud de devolución de sumas de
dinero consignadas en la época que el señor Francisco Martelo Vecchio se le
impuso medida de aseguramiento79.

El 19 de octubre de 2005, dentro del proceso penal, la Procuraduría 5 Judicial
Delegada Para Asuntos Penales presentó el alegato precalificatorio y solicitó
precluir la investigación80.

El 19 de mayo de 2008, La Fiscalía Séptima Adscrita a la Unidad Nacional de
Delitos Contra la Administración Pública profirió resolución de acusación contra
Francisco José Martelo Vecchio y otras personas por el delito de peculado por
apropiación en favor de terceros, interés ilícito en la celebración de contratos y
contratos sin cumplimiento de requisitos legales81. El 23 de julio de 2009 la
Fiscalía Delegada ante del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca
confirmó la decisión82. Y, el 29 de julio de 2009, la Fiscalía Séptima Adscrita a la
Unidad Nacional de Delitos Contra la Administración Pública envió la actuación a
los Juzgados Penales del Circuito de Cartagena para surtir la etapa de
juzgamiento83.

El 14 de junio de 2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena
celebró la audiencia pública y en ella practicó pruebas84. Y, el 17 de septiembre de
2012, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena dictó sentencia

77 F. 201-205 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
78 F. 213 – 265 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
79 F. 80 – 82 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15
80 F. 288-301 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
81 F. 365-366 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
82 F. 302-366 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
83 F. 367 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.
84 F. 368 – 501 C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15.

31

Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

absolutoria en favor de Francisco José Martelo Vecchio porque las pruebas dieron
cuenta de la inexistencia de los delitos investigados85.

20. Es importante precisar que el proceso inició bajo el Decreto 2700 de 1991 (ese
fue el régimen procesal que reguló la imposición de medida de aseguramiento y
posteriores actuaciones de la instrucción y de la investigación). Sin embargo,
como entró en vigencia la Ley 600 de 2000 mientras cursó la investigación, el
proceso continuó bajo esta segunda regulación hasta la etapa de juzgamiento86.

Conforme al artículo 32587 del Código de Procedimiento Penal aplicable, la etapa
de investigación previa debía durar seis meses. A su vez, según el 329 88, la etapa
de instrucción debió tardar 24 meses. Una vez ejecutoriado el cierre de la
investigación, debían transcurrir los 8 días del traslado precalificatorio y 15 días
más para proferir la resolución para la calificación correspondiente (artículo 393)89.

85 F. 501 y ss C. 3_2 Expediente digital Samai. Índice 15. Y F. 1-25 C. 2 Expediente digital Samai. Índice 15.
86 Artículo 535 de Ley 600 de 2000. Derógase el Decreto 2700 de noviembre 30 de 1991, por el cual se

expidió el Código de Procedimiento Penal, sus normas complementarias y todas las disposiciones que sean
contrarias a la presente ley

87 Artículo 325. Duración de la investigación previa y derecho de defensa. La investigación previa se
realizará en el término máximo de seis (6) meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de
instrucción o resolución inhibitoria. Quien tenga conocimiento que en su contra se ventilan imputaciones en
una investigación previa, tiene derecho a solicitar y obtener que se le escuche de inmediato en versión libre y
a designar defensor que lo asista en ésta y en las demás diligencias.

88 Artículo 329. Término para la instrucción. El funcionario judicial que haya dirigido o realizado la
investigación previa, si fuere competente, será el mismo que abra y adelante la instrucción, salvo que se haya
dispuesto su desplazamiento.

En los eventos en los que no exista la necesidad de definir situación jurídica, el término de instrucción será
máximo de un año. En los demás casos, el término de instrucción no podrá exceder de dieciocho (18) meses,
contados a partir de la fecha de su iniciación. El Texto Subrayado fue Declarado Inexequible por la Sentencia
de la Corte Constitucional 760 de 2001 .

No obstante, si se tratare de tres (3) o más sindicados o delitos, el término máximo será de veinticuatro (24)
meses.

Vencido el término de instrucción, la única actuación procedente será la calificación.

89 Artículo 393. Cierre de la investigación. Cuando se haya recaudado la prueba necesaria para calificar o

vencido el término de instrucción, mediante providencia de sustanciación que se notificará personalmente, la
cual sólo admite el recurso de reposición, se declarará cerrada la investigación y se ordenará que el
expediente pase al despacho para su calificación.

Ejecutoriada la providencia de cierre de investigación, se ordenará traslado por ocho (8) días a los sujetos
procesales, para presentar las solicitudes que consideren necesarias en relación con las pretensiones sobre la
calificación que deba adoptarse. Vencido el término anterior, la calificación se verificará en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

Una vez proferida la resolución de acusación, inicia la etapa de juzgamiento y
adquieren competencia los jueces penales con competencia conforme a los delitos
investigados. En esta nueva etapa la Fiscalía pasa de ser director del proceso a
ser sujeto procesal. En este periodo se deben surtir las audiencias preparatoria y
pública en la que se llevan a cabo la práctica de pruebas. Luego de celebradas las
audiencias, el juez competente debe dictar sentencia (artículos 410 y 411 de la
Ley 600 de 2000).

Conforme al marco expuesto, el proceso penal seguido contra el señor Francisco
José Martelo Vecchio debió tardar máximo 3 años. No obstante, tuvo una duración
de casi doce años –desde septiembre del año 2000 hasta el 17 de septiembre de
2012– fecha en el que el Juzgado Primero Penal del Circuito de Cartagena dictó
sentencia absolutoria.

De acuerdo con las pruebas aportadas, en el trámite del proceso penal adelantado
se presentaron circunstancias que incidieron en la duración del proceso
(declaratorias de nulidad, solicitudes de las partes y necesidad de práctica de
pruebas para esclarecer los hechos materia de indagación). En efecto, como se
dijo, en septiembre del 2000 inició la investigación penal, y a partir de ese
momento, la Fiscalía decretó y practicó las pruebas necesarias para constatar la
existencia de los delitos, las circunstancias en las que sucedieron los hechos y la
presunta responsabilidad de los imputados. Los defensores hicieron solicitudes y
presentaron recursos de apelación contra las resoluciones de calificación (que
fueron varias por las nulidades declaradas)

Se probó que el proceso requería la práctica de pruebas, hubo necesidad de
resolver recursos contra varias providencias y la demandante no demostró que la
duración fuera consecuencia de un anormal funcionamiento de la administración,
es decir, que las circunstancias objetivas e institucionales de la Fiscalía y del
Juzgado Penal del Circuito (personal en los Despachos de conocimiento,
estándares de funcionamiento, congestión judicial, número de procesos y turnos
para resolver) que permitían resolver el caso penal en estudio en un tiempo
anterior al transcurrido (con todas las variables que demanda un proceso penal).

La parte actora no aportó informes estadísticos y de rendimiento de despachos
Fiscalías y de Juzgados que tramitaban investigaciones penales por delitos contra

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

la administración pública con condiciones similares a la llevada en contra de la
víctima directa para evaluar criterios de razonabilidad del plazo para resolver el
proceso penal.

Así las cosas, como la parte demandante no demostraron los supuestos de sus
pretensiones, conforme a la carga que le asistía en los términos del artículo 167
del C.G.P., se negarán las pretensiones en este segundo aspecto, es decir, frente
al defectuoso funcionamiento por mora judicial.

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

21. En la demanda se solicitó el reconocimiento de 100 SMLMV para Francisco
José Martelo Vecchio, víctima directa; 100 SMLMV para Elizabeth Navas Trucco,
su primera cónyuge; 100 SMLMV para Francisco Miguel Martelo Navas y Daniella
Martelo Navas, sus hijos; 100 SMLMV para Rosa Rosita Vecchio De Martelo, su
madre; 100 SMLMV para Amaury Martelo Villarreal, su padre; 100 SMLMV para
Amaury Enrique Martelo Vecchio y Fiorella Del Rosario Martelo Vecchio, sus
hermanos; 100 SMLMV para Sandra Cecilia Anichiarico Naar, su segunda
cónyuge; y 100 SMLMV para cada uno de sus demás familiares, Jorge Enrique
Benedetty Naar, María Camila Martelo Estévez; Melissa Benedetti Martelo y
Mónica Lucía Estévez Rodríguez, por concepto de perjuicios morales.

La sentencia de primera instancia negó el reconocimiento de los hermanos,
segunda esposa y demás familiares. El recurso pidió el perjuicio para todos los
demandantes.

Recientemente, la Sección Tercera unificó sus criterios de indemnización de
perjuicios morales en los eventos de privación injusta de la libertad. En esta
providencia se trazaron unos parámetros para la tasación del daño moral de
acuerdo a factores como la duración de la privación de la libertad y el grado de
parentesco de los demandantes con la víctima directa. Estos derroteros quedaron
consignados así90:

90 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021, Rad. 46.681,

Consejero Ponente Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz.

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Proceso: Reparación directa

“La Sala adoptará los siguientes topes para cuantificar los perjuicios morales de la
víctima directa:

45.1.- Si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a un mes, una
suma fija equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes.

45.2.- Si la privación de la libertad tiene una duración superior a un mes:

a.- Por cada mes adicional transcurrido, sin importar el número de días que tenga
el mes, cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV).

b.- Por cada día adicional al último mes transcurrido, una fracción equivalente a
0,166 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la cual se obtiene de dividir
cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (5 SMLMV) por 30 días.

c.- La cuantía se incrementará hasta cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV), indemnización que recibirá la víctima directa cuando esté
detenida por 20 meses o más tiempo, con el objeto de mantener el tope máximo
jurisprudencial, de acuerdo con la jurisprudencia antes indicada.

d.- De conformidad con los anteriores parámetros, los topes de indemnización de
perjuicios morales para la víctima directa son los siguientes:

Víctima directa en
Duración de la privación
SMLMV
Entre un día y un mes Suma fija de 5 SMLMV
Hasta 2 meses Hasta 10 SMLMV
Hasta 3 meses Hasta 15 SMLMV
Hasta 4 meses Hasta 20 SMLMV
Hasta 5 meses Hasta 25 SMLMV
Hasta 6 meses Hasta 30 SMLMV
Hasta 7 meses Hasta 35 SMLMV
Hasta 8 meses Hasta 40 SMLMV
Hasta 9 meses Hasta 45 SMLMV
Hasta 10 meses Hasta 50 SMLMV
Hasta 11 meses Hasta 55 SMLMV
Hasta 12 meses Hasta 60 SMLMV
Hasta 13 meses Hasta 65 SMLMV
Hasta 14 meses Hasta 70 SMLMV
Hasta 15 meses Hasta 75 SMLMV
Hasta 16 meses Hasta 80 SMLMV
Hasta 17 meses Hasta 85 SMLMV
Hasta 18 meses Hasta 90 SMLMV
Hasta 19 meses Hasta 95 SMLMV
20 meses o más Hasta 100 SMLMV

e.- En consecuencia, la fórmula para determinar la cuantía de los perjuicios
morales de la víctima directa es: PM = (número de meses x 5 SMLMV) + (fracción
adicional de días x 0,166 SMLMV).

f.- El tope de indemnización de perjuicios morales de cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la víctima directa solamente podrá ser superado
en casos excepcionales, evento en el cual deberá motivarse detalladamente esta
decisión y las razones que justifican tal determinación, hasta un monto máximo de
trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Proceso: Reparación directa

ii) Reducción en el caso de detención domiciliaria

46.- Estima la Sala que, también como regla general, la intensidad del perjuicio
es sustancialmente inferior cuando se trata de detención domiciliaria, caso
en el cual la persona no se ve privada del entorno material de su hogar ni de
la compañía de su familia. Esta circunstancia incide en la determinación de la
intensidad de los perjuicios morales que sufren la víctima directa y sus familiares.
Por lo tanto, en casos de detención domiciliaria, la reparación deberá
disminuirse en un cincuenta por ciento (50%). (Se resalta)

iii) Para las víctimas indirectas

(…)

51.- Con fundamento en lo anterior, se establecen los topes de perjuicios morales
para las víctimas indirectas así: para los parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera
permanente el cincuenta por ciento (50%) de lo que le corresponda a la víctima
directa. Y para los demás demandantes, cuando acrediten los perjuicios morales,
el tope máximo es del treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la
víctima directa. La fijación de estos topes se enmarca en las justificaciones y
criterios que se explican en el siguiente capítulo.

En relación con la prueba de perjuicios morales para parientes del privado de la
libertad -víctimas indirectas-, el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación
ya citada, estableció la siguiente regla jurisprudencial: el perjuicio moral para la
cónyuge o compañera permanente y parientes hasta el primer grado de
consanguinidad, se da por demostrado a partir de la prueba del parentesco. En
relación con los demás parientes de la víctima directa -desde el segundo grado en
adelante- la prueba del parentesco no es suficiente por sí misma para acreditar el
perjuicio moral. En consecuencia, a estos últimos les corresponde acreditar con
los medios probatorios allegados al proceso el dolor o la aflicción derivada de la
privación injusta del ser querido.

Sin embargo, en la misma sentencia se modularon los efectos a la regla de la
demostración del perjuicio moral y se consideró que, para las demandas
presentadas entre el año 201391 y la fecha de esa sentencia (29 de noviembre
de 2021), no se aplicaría la regla unificada, porque quienes formularon
pretensiones antes de la sentencia de unificación lo hicieron bajo un criterio y
reglas probatorias jurisprudenciales vigentes.

91 En este año, el Consejo de Estado definió los criterios para reconocer perjuicios morales en eventos de

privación injusta de la libertad. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrtaivo, Sección Tercera,
sentencia del 28 de agosto de 2013, consejero ponente Enrique Gil Botero Rad. 25022. En la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014 Rad. 36149, se reitera la presunción de perjuicios morales con la prueba
del parentesco a favor de los seres queridos más cercanos.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
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“66.- Las reglas que se adoptan en el presente fallo, en ejercicio de la
competencia prevista en el artículo 270 del CPACA, tienen el objeto de <<unificar
o sentar jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación>>.

67.- En esta sentencia de unificación se adoptan dos reglas jurisprudenciales
respecto de las cuales es necesario pronunciarse sobre sus efectos en el tiempo:
(i) los perjuicios morales solo se presumen para la víctima directa, los cónyuges,
compañeros permanentes y los parientes en el primer grado de consanguinidad;
(ii) se modifican los topes máximos sobre perjuicios morales derivados de la
privación de la libertad para las víctimas directas e indirectas.

68.- No se estima procedente otorgarle efectos prospectivos a la limitación de la
presunción jurisprudencial de los perjuicios morales, por las siguientes razones:

68.1.- De acuerdo con lo señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
y del Consejo de Estado, la modulación de las modificaciones jurisprudenciales,
en relación con reglas de naturaleza procesal, resulta procedente cuanto sea
evidente que en el momento en el que se ejerció el derecho la parte no tenía
conocimiento del requisito que se introdujo en la nueva regla jurisprudencial. Se
afectaría su <<confianza legítima>> o su derecho de <<acceso a la administración
de justicia>> si se negara el derecho impetrado aplicando la nueva regla. Si al
adoptar la nueva regla en la sentencia de unificación es evidente que esto ocurre
de manera general para los casos en los cuales tal regla deba ser aplicada, sus
efectos deben modularse en el tiempo. Sin embargo, la noción de <<confianza
legítima>> no puede examinarse en abstracto, ni entenderse como un derecho
absoluto a la no modificación de una regla; debe entenderse como una expectativa
legítima del justiciable, teniendo en cuenta las circunstancias concretas en las
cuales se presenta su modificación.

68.2.- En la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp. No 25022), se
consideró como regla general que el dolor de la víctima directa era igual al de sus
<<seres queridos más cercanos>>, y se incluyó dentro de ellos al cónyuge o
compañero permanente y los parientes en el primer grado de consanguinidad:
para ellos se estableció que la reparación debía ser igual que la de la víctima
directa. No enunció expresamente ninguna presunción jurisprudencial en la que se
indicara que la prueba del parentesco fuera suficiente para acreditar la existencia
del perjuicio moral frente a estas víctimas. Sin embargo, al decidir el caso concreto
aplicó una presunción según la cual la prueba del parentesco (los registros civiles)
era suficiente para acreditar los perjuicios, y a los hermanos de la víctima directa
les dio el mismo tratamiento.

(…)

68.4.- A partir de lo anterior es evidente que lo que se hace en este fallo no es
modificar una regla sobre presunción de perjuicios morales, sino precisar su
alcance con el objeto de resolver las divergencias en su interpretación y
aplicación, conforme con lo dispuesto en el artículo 270 del CPACA. Y, en la
medida en que no puede afirmarse que en la sentencia del 28 de agosto de 2013
se adoptó una regla jurisprudencial que estableciera que era suficiente la prueba
del parentesco para presumir los perjuicios morales en relación con determinadas
víctimas, no es procedente fijar como regla general que, para las demandas
presentadas a partir de esa fecha y hasta la expedición de este fallo, deba
considerarse como prueba suficiente de los perjuicios morales de los <<parientes
cercanos>> la demostración de su parentesco. Lo que genera el carácter
vinculante de una regla jurisprudencial es su enunciación precisa en la sentencia
en la que se adopta; es esto lo que crea una expectativa legítima en los
justiciables y en este caso ello no ocurrió.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
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68.5.- No obstante, como a partir de la sentencia del 28 de agosto de 2013 puede
deducirse que, en relación con los hermanos de la víctima directa era suficiente
acreditar el parentesco para tener por demostrado el perjuicio moral, y en la gran
mayoría de los fallos tal presunción viene aplicándose, la Sala estima procedente
establecer la siguiente regla: en relación con las demandas presentadas desde el
28 de agosto de 2013 y hasta la fecha de expedición de la presente sentencia, en
las cuales el juez advierta que se presentaron fundándose en la jurisprudencia
existente y no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los
parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades
probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso. Esta
determinación se adoptará sin importar la instancia en la que se encuentre el
proceso92”.

Teniendo en cuenta la jurisprudencia citada, la Sala pasa a liquidar los perjuicios
morales de la víctima directa, la cónyuge, los parientes en el primero y segundo
grado de consanguinidad, así:

La fórmula para determinar la cuantía de los perjuicios morales de la víctima
directa es:

PM = (número de meses X 5 SMLMV) + (fracción adicional de días X 0,166
SMLMV)”.

Está acreditado que Francisco José Martelo Vecchio fue privado de su libertad
entre el 29 de septiembre de 2000 y el 10 de septiembre de 2001, es decir, un
periodo total de 20 días intramural y 10,21 meses en prisión domiciliaria.

Periodo intramural:
Fue menor a 1 mes (20 días), que da lugar a 5 SMLMV

Periodo en prisión domiciliaria:

Tuvo una duración de 10,21 meses. En privación carcelaria sería 53,48 SMLMV.
Pero, con la reducción del 50% por estar en su domicilio, se debe reconocer 26,74
SMLMV.

En ese orden, sumando las dos privaciones, corresponde a la víctima directa
31,74 SMLMV por perjuicios morales.

92 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrtaivo, Sección Tercera, sentencia de unificación del 29

de noviembre de 2021, consejero ponente Martín Bermúdez Muñoz Rad. 46.681.

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Proceso: Reparación directa

Ahora, en relación con las víctimas indirectas, se resalta que la demanda que
nos ocupa se presentó el 29 de agosto de 2014, es decir, dentro del rango
establecido en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 [párrafo
68.5] en la que se dispuso que “para acreditar los perjuicios morales de los
parientes en segundo grado de consanguinidad, podrá hacer uso de las facultades
probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido proceso”. En
esa medida, como se formularon pretensiones frente a las víctimas indirectas con
fundamento en la jurisprudencia vigente para esa época y se aportaron los
registros civiles, en cuanto a la prueba del perjuicio se mantendrá el criterio según
el cual se tiene por probado el dolor y la aflicción hasta los parientes de la víctima
directa en el segundo grado de consanguinidad.

Frente a las víctimas indirectas en primer grado de consanguinidad, está
acreditado que Francisco José Martelo Vecchio es hijo de Rosa Rosita Vecchio De
Martelo y de Amaury Martelo Villarreal; padre de Francisco Miguel Martelo Navas
y Daniella Martelo Navas.

En cuanto a las víctimas indirectas hasta segundo grado de consanguinidad, está
acreditado que Francisco José Martelo era hermano de Amaury Enrique Martelo
Vecchio y Fiorella Del Rosario Martelo Vecchio.

Asimismo, está probado que, para la época en que estuvo privado de la libertad,
su cónyuge era Elizabeth Navas Trucco93.

Por lo tanto, demostrado el parentesco, conforme a los criterios expuestos en la
sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2021 [párrafo 65.6], la Sala
aplicará la siguiente regla: para los parientes en el primer grado de
consanguinidad del detenido y para su cónyuge se les reconocerá una
indemnización por perjuicios morales equivalente al cincuenta por ciento (50%) de
lo que le corresponda a la víctima directa y para los parientes en segundo grado
de consanguinidad el treinta por ciento (30%) de lo que le corresponda a la víctima
directa porque, se reitera, frente a estos últimos demandantes se tiene por
probado el dolor y la aflicción derivada de la privación injusta de la libertad,

93 F. 62-94 C. 3_2 expediente digital. Índice 15 Samai.

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Proceso: Reparación directa

atendiendo el criterio jurisprudencial vigente al momento de interposición de la
demanda.

Entonces, el reconocimiento de perjuicios morales quedará en los siguientes
términos:

DEMANDANTE CALIDAD SMLMV POR
PERJUICIOS
MORALES
Francisco José Víctima directa 31,743 SMLMV
Martelo Vecchio
Elizabeth Navas Cónyuge al momento 15,8 SMLMV
Trucco de la privación de la
libertad (50% de lo
reconocido a la víctima
directa)
Daniella Martelo Hija (50% de lo 15,8 SMLMV
Navas reconocido a la víctima
directa)
Francisco Miguel Hijo (50% de lo 15,8 SMLMV
Martelo Navas reconocido a la víctima
directa)
Rosa Rosita Madre (50% de lo 15,8 SMLMV
Vecchio De reconocido a la víctima
Martelo directa)

Amaury Martelo Padre (50% de lo 15,8 SMLMV
Villarreal reconocido a la víctima
directa)
Fiorella Del Hermana (30% de lo 9,52 SMLMV
Rosario Martelo reconocido a la víctima
Vecchio directa)
Amaury Enrique Hermano (30% de lo 9,52 SMLMV
Martelo Vecchio reconocido a la víctima
directa)

Frente a Jorge Enrique Benedetty Naar, María Camila Martelo Estévez; Melissa
Benedetti Martelo y Mónica Lucía Estévez Rodríguez, cuñados y sobrinos de la
víctima directa, no obra en el expediente prueba que permita evidenciar la relación
afectiva con el sindicado y el sufrimiento, dolor o aflicción que la privación de la
libertad de su familiar les causó, en los términos de la regla probatoria de la
sentencia de unificación citada. En consecuencia, se negará el perjuicio
pretendido por estos demandantes.

40

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Proceso: Reparación directa

Perjuicios materiales

Lucro cesante

22. La parte demandante solicitó por este concepto, no solo por el periodo en que
duró la privación, sino por todo el periodo que no pudo tener un empleo, tiempo
que la demanda y el recurso calcularon en 151 meses.

La Sala aclara que, como sólo se declaró la responsabilidad por la privación
injusta de la libertad, es en el marco de este supuesto que se analizará la petición
del perjuicio.

La Sección Tercera unificó la jurisprudencia sobre el reconocimiento del lucro
cesante en favor de la persona privada injustamente de la libertad, para
determinar que procederá siempre que se solicite en la demanda y que se debe
acreditar que, con ocasión de la detención, la persona dejó de percibir ingresos o
perdió una posibilidad cierta de percibirlos, y se acredite, además, la actividad
económica lícita de la víctima o la ruptura de una vinculación laboral cierta al
momento de la ocurrencia del daño94.

Al revisar la demanda, la pretensión por lucro cesante se fundamenta en la suma
dejada de percibir por la cesación de su actividad profesional al estar privado de la
libertad. Sin embargo, no se acreditaron los perjuicios, pues no obra prueba que
acredite que Francisco Martelo Vecchio, para el momento de la privación de la
libertad, tenía una vinculación laboral cierta o una actividad económica, así como
tampoco se probó en este proceso la suma mensual que presuntamente dejó de
percibir por la imposición de la medida de aseguramiento.

En el expediente obra certificación suscrita el 12 de abril de 2013 por medio de la
cual la Coordinadora Administrativa y Financiera del PAR (a cargo de las
obligaciones, remanentes y contingentes de TELECOM) hizo constar que el señor
Fráncico José Martelo Vecchio laboró como gerente de TELECARTAGENA desde
el 25 de febrero de 1999 hasta el 31 de agosto de 200095. De este documento
(que no fue tachado ni desconocido) se concluye que el día en que fue capturado

94 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019. consejero ponente

Carlos Alberto Zambrano Barrera Rad. 44.572.
95 F 105 del cuaderno 2 del expediente digital. Índice 15 SAMAI.

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
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Proceso: Reparación directa

(29 de septiembre de 2000), es decir, un mes después de su desvinculación, no se
encontraba percibiendo salario. En consecuencia, se negará el perjuicio
pretendido.

Pérdida de posibilidad de acrecentar el patrimonio

23. La víctima directa adujo que con ocasión a la privación de su libertad y la
demora del proceso penal le impidió incrementar su patrimonio.

Señaló que, desde el año 1995 hasta 1998, declaraba renta que evidenciaba el
incremento en su patrimonio acorde a su desempeño comercial. En el año 1995
tenía un patrimonio líquido de $ 54.197.000; en el año 1996 era de $ 66.938.0000;
en el año 1997 de $100.750.000 y en el año 1998 de $ 109.202.000, sin embargo,
no pudo seguir generando ingresos hasta el año 2006.

Agregó que su patrimonio incrementaba en un promedio de 27.47% anual.
Entonces, de no haber intervenido el proceso penal, si su actividad económica no
se hubiera truncado, en el año 2006 su patrimonio hubiera ascendido a
$735.040.214. Sin embargo, para esa fecha su patrimonio solo era de
$ 125.779.000. En ese orden, dejó de ganar $ 577.487.849.

Revisadas las declaraciones de renta de la víctima directa de los años gravables
1995, 1996, 1997 y 1998, las mismas dieron cuenta que sus ingresos provenían
de salarios y demás ingresos laborales, así como de intereses y rendimientos
financiero, pero no reportó otros ingresos u otras actividades económicas
adicionales.

Las pruebas allegadas no dieron cuenta de actividades como comerciante como
se adujo en la demanda, es más, ni siquiera señaló que tipo de actividades
realizaba. Por otro lado, la Sala aclara que los perjuicios que se reconocen en
estos acápites se estudian en el marco de la privación injusta de la libertad (único
daño acreditado) y, como se dijo, no se demostró que al momento de su
acaecimiento la víctima directa tenía una vinculación laboral formal o ejercía una
actividad económica, por lo tanto, la Sala denegará esta otra pretensión.

Daño emergente

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Radicación: 13001-23-33-000-2014-00427-01 (71734)
Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

24. La parte demandante solicitó la suma de ciento cincuenta millones de pesos
($150.000.000) por concepto de honorarios pagados al abogado Hernando Osorio
Rico por concepto de honorarios pagados por ejercer la defensa jurídica y técnica
de Francisco José Martelo Vecchio dentro en el que se le privó injustamente de su
libertad.

El Consejo de Estado unificó sus criterios en materia de indemnización del
perjuicio material solicitado por quien fue privado injustamente de la libertad y su
familia. Respecto del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales estableció:

“Respecto del daño emergente derivado del pago de honorarios
profesionales

i) Se reconoce el daño emergente por pago de honorarios profesionales
únicamente en favor del demandante que lo haya solicitado como pretensión
indemnizatoria de la demanda y pruebe que fue quien efectuó ese pago.

ii) Se reconoce si se prueba que el abogado que recibió el pago por concepto de
honorarios profesionales fungió en el asunto penal como apoderado del afectado
directo con la medida de aseguramiento.

iii) La factura –o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto
Tributario)- acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el
abogado que asumió la defensa penal del afectado directo con la medida de
aseguramiento, será la prueba idónea del pago por concepto de honorarios
profesionales. (Se resalta)

iv) La indemnización del daño emergente correspondiente al pago de honorarios
profesionales se hará por el valor registrado en la factura o documento equivalente
(artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario) y en la prueba del pago. De no
coincidir los valores consignados en la factura o documento equivalente y en la
prueba del pago, se reconocerá por este concepto el menor de tales valores96”.

Conforme al material probatorio allegado, no se acreditó el valor de honorarios
realmente pagados a los abogados para la defensa del caso penal, toda vez que
solo se aportó un certificado97 suscrito por el abogado donde hizo constar que
Francisco José Martelo Vecchio le pagó $150.000.000 divididos en cinco pagos de
$30.000.000.

96 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de Unificación del 18 de julio de 2019, consejero ponente

Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 44.572.
97 F. 123 C. 2. Expediente digital. Índice 15 SAMAI.

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

De acuerdo con la jurisprudencia citada, la Sala no considera prueba suficiente
para determinar el valor efectivamente pagado por la víctima directa por concepto
de la defensa dentro del juicio penal, puesto que la parte actora omitió allegar este
proceso la prueba idónea del pago por concepto de honorarios, esto es, la factura
o documento equivalente que acreditara la real prestación de los servicios
profesionales de abogados, así como la prueba del pago (constancia de ese
ingreso al patrimonio del apoderado de la causa penal). En ese orden, se negará
el perjuicio solicitado.

25. Pérdida del valor adquisitivo del depósito judicial

La demanda adujo que, el 19 de octubre de 2000, consignó la suma doscientos
treinta y un millones quinientos mil pesos ($ 231.500.000) por concepto de caución
por detención domiciliaria. El 26 de mayo de 2001 se le devolvió la suma de
ochenta y cinco millones ciento noventa mil trescientos setenta pesos con
cuarenta centavos ($85.190.370,40), y se le retuvo la suma de ciento cuarenta y
seis millones trescientos nueve mil seiscientos veintinueve pesos con treinta
centavos ($ 146.309.629.30). Este último valor fue devuelto 11 años después –el
28 de octubre de 2012– sin indexar.

Según estima la demanda, esta devolución sin actualización monetaria generó en
el demandante una pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Sobre el manejo y aprovechamiento de los depósitos judiciales, la sentencia C 119
de 2006 (que declaró exequible el artículo 10 de la Ley 66 de 1993) sostuvo que el
no entregar intereses al depositante no vulnera derecho de propiedad, prohibición
de confiscación ni origina enriquecimiento sin causa a favor del Estado. Se
transcribe lo pertinente de la decisión:

“Las operaciones en el campo financiero tienen por esencia un fin de lucro, tanto
para las entidades que colocan los recursos captados del público como para los
depositantes de los mismos, mediante las diversas formas de los llamados
contratos bancarios, que celebran las partes en ejercicio de la autonomía de la
voluntad. Sin embargo, los depósitos judiciales de que tratan las normas
demandadas no tienen para los depositantes dicha finalidad de lucro, sino la de
cumplir una obligación legal para el desarrollo y culminación de los procesos
judiciales. Por esta razón, los depositantes en los depósitos judiciales no adquieren
derecho alguno a los rendimientos financieros de las sumas depositadas, el cual,
por el contrario, adquieren al realizar las operaciones ordinarias de la actividad
financiera mediante la celebración de los contratos bancarios. Por consiguiente,

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Demandante: Francisco José Martelo Vecchio y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
Proceso: Reparación directa

con fundamento en la garantía de la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, consagrada en el Art. 58 superior, sólo
tienen el derecho a la entrega, a ellos mismos o a otros sujetos del proceso, de la
cuantía depositada, según la decisión que en su oportunidad adopte el funcionario
judicial competente de conformidad con las normas legales aplicables. Lo anterior
no impide que el Estado obtenga con base en esos depósitos los rendimientos que
ordinariamente se obtienen en las actividades financieras, ni que el legislador
disponga en los Arts. 6º y 10 demandados que dichos rendimientos se destinan en
un setenta por ciento (70%) para financiar los planes, programas y proyectos de
inversión y de capacitación que se establezcan en el Plan Nacional de Desarrollo
para la rama judicial y en un treinta por ciento (30%) para los planes, programas y
proyectos de rehabilitación y de construcción, mejoras, adecuación y consecución
de los centros carcelarios y penitenciarios, prioritariamente en los departamentos
donde los mismos se capten, ya que todo ello, con un criterio visiblemente
razonable, guarda una relación directa con la organización y el funcionamiento de
la administración de justicia, en cuyo marco se han realizado los mencionados
depósitos, y con los fundamentos y fines constitucionales de la misma, antes
indicados. En este orden de ideas, no es válido afirmar que las normas acusadas
vulneran el derecho de propiedad privada de los depositantes, ni, tampoco, la
prohibición de la pena de confiscación, por no existir privación de aquel por parte
del Estado. Por las mismas razones, no es admisible tampoco la aseveración de
que aquellas generan un enriquecimiento injustificado del Estado y un
empobrecimiento correlativo de los depositantes”.

Ahora bien, aun cuando la Ley 1285 de 2009 –en su artículo 26– derogó el artículo
estudiado por la Corte, la Sala, al igual como lo hizo la sentencia de primera
instancia, hace extensivos los razonamientos anteriores.

Sobre este aspecto, en sentencia de 26 de mayo de 2016, la Subsección C de la
Sección Tercera estimó:

No hay lugar ni al pago de rendimientos, ni al pago de actualizaciones, toda vez
que la entrega de las sumas determinadas por el juez al interior del proceso
corresponden a un mecanismo para impulsar el desarrollo de ciertas actuaciones
y, en el caso particular, para acceder al beneficio de prisión domiciliaria. (…) En
consecuencia, teniendo en cuenta que la suma de dinero consignada por la actora
ya fue devuelta, no hay lugar a condenar al pago de una suma adicional respecto a
la caución prestada98

Daño a la vida en relación, al buen nombre y a la honra

26. La parte demandante solicitó la suma de cien (100) SMLMV para los
demandantes por afectación al buen nombre y a la honra.

98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del

26 de mayo de 2016, Rad 93024, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

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En sentencias de unificación99 la Sala sostuvo que podrían indemnizarse los
perjuicios ocasionados a bienes jurídicamente tutelados, siempre que tal
circunstancia se acreditara en el proceso y no se enmarcaran en las demás
tipologías de perjuicios reconocidas por la jurisprudencia.

Las pruebas aportadas sólo dan cuenta del dolor y aflicción de los demandantes
con ocasión a la privación de la libertad de Francisco José Martelo Vecchio, pero
no acreditan la afectación a otros bienes jurídicamente protegidos que requieran
un reconocimiento por fuera del perjuicio moral (ya reconocido).

27. Como las demás pretensiones negadas no fueron apeladas, se confirmará en
este aspecto la sentencia de primera instancia.

Costas

28. El numeral 1 del artículo 365 del CGP dispone que se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el
recurso de apelación, siempre y cuando se demuestren causadas y, en la medida
de su comprobación.

Como en este asunto el recurso de apelación interpuesto se resolvió de manera
favorable a una de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 14 de julio de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO: DECLARAR que la Nación-Fiscalía General de la Nación es
patrimonialmente responsable por la privación injusta de la libertad de Francisco

99 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 14 de septiembre de 2011, consejero ponente Enrique

Gil Botero, Rad. 19.031 [fundamento jurídico 7.4] y 38.222 [fundamento jurídico 4.3].

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José Martelo Vecchio.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por
concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas, conforme al siguiente
cuadro:

DEMANDANTE CALIDAD SMLMV POR
PERJUICIOS
MORALES
Francisco José Víctima directa 31,743 SMLMV
Martelo Vecchio
Elizabeth Navas Cónyuge al momento 15,8 SMLMV
Trucco de la privación de la
libertad (50% de lo
reconocido a la víctima
directa)
Daniella Martelo Hija (50% de lo 15,8 SMLMV
Navas reconocido a la víctima
directa)
Francisco Miguel Hijo (50% de lo 15,8 SMLMV
Martelo Navas reconocido a la víctima
directa)
Rosa Rosita Madre (50% de lo 15,8 SMLMV
Vecchio De reconocido a la víctima
Martelo directa)

Amaury Martelo Padre (50% de lo 15,8 SMLMV
Villarreal reconocido a la víctima
directa)
Fiorella Del Hermana (30% de lo 9,52 SMLMV
Rosario Martelo reconocido a la víctima
Vecchio directa)
Amaury Enrique Hermano (30% de lo 9,52 SMLMV
Martelo Vecchio reconocido a la víctima
directa)

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por
concepto de daño a la salud a Elizabeth Navas Trucco, 23,66 SMLMV.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia DEVOLVER el expediente al Tribunal.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede
acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la
derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen
la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.

VR

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