Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2014-00456-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2014-00456-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2014-00456-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
2 de mayo de 2025
Radicación: 13001 23 33 000 2014 00456 01
Accionante: Abzalon de Jesús Torres Echeverría
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D. C. dos (2) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 13001 23 33 000 2014 00456 01
Accionante: Abzalon de Jesús Torres Echeverría
Accionado: Municipio María la Baja, el Departamento de Bolívar, la Presidencia
de la República, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Banco Agrario de
Colombia S.A., el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Interior y
de Justicia, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas.
Tesis: Vulnera los derechos colectivos invocados en la demanda, la falta de
prestación de servicios básico, en materia de saneamiento, acceso al agua potable,
vivienda y salud a una comunidad desplazada que reside irregularmente en un
predio privado.
ACCIÓN POPULAR – SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Procuraduría 3
Ambiental y Agraria de Cartagena y el Defensor del Pueblo – Regional Bolívar en
contra de la sentencia proferida el 20 de septiembre de 2018, por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El señor Abzalon de Jesús Torres Echeverría, actuando en calidad de
miembro del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativo
-ILSA, promovió la acción popular de la referencia, solicitando la protección de los
derechos colectivos a un ambiente sano, moralidad administrativa, salud y
salubridad pública, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
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salubridad pública, acceso a servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna,
realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de
calidad de vida con un enfoque diferencial de género, edad y poblacional de los
habitantes de la vereda de Paso el Medio1.
1.2. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Solicitamos del operador jurídico de la competencia, se sirva amparar y
ordenar a la Administración Pública en el nivel municipal (la Alcaldía Municipal
de María la Baja -Art. 311 de la Const. Nacional y Art. 8 del Decreto Nº 1575 de
mayo 9 de 2007 y numeral 5.1 del Art. 5 de la Ley 142 de 1994), Departamental
(la Gobernación de Bolívar -Art. 366 de la Const. Nal., el Art. 8 del Decreto Nº
1575 de mayo 9 de 2007 y el numeral 7.2 del Art. 7 de la Ley 142 de 1994),
Nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial Rural, Ministerio de la
Protección Social y Ministerio del Interior (Art. 4 y 5 del Decreto Nº1575 de mayo
9 de 2007 y el Art. 366 de la Const. Nal. y numeral 8.4 y 8.6 del Art. 8 de la Ley
142 de 1994, Decreto 097 de 2006), la Presidencia de la República (Arts. 41 y
68 de la Ley 489 de 1998) Banco Agrario (subsidio de vivienda de interés Social
Rural), Aguas de Bolívar S.A. ESP (Ley 194 de 1994 – Servicios Públicos),
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (Ley 1448 de 2011), el amparo y realización de los derechos e
intereses colectivos de la comunidad de la vereda de Paso el Medio del
corregimiento de Matuya, Municipio de María La Baja del Departamento de
Bolívar, como son: Derechos e intereses colectivos Económicos, Sociales y
Culturales y del Ambiente, en cuanto al goce de un ambiente sano de
conformidad con lo establecido en la Constitución, las leyes y las disposiciones
reglamentarias, la moralidad administrativa, la salud y la salubridad pública, el
acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada (Proyecto de
Vivienda de Interés Social Rural para Población Desplazada y un sistema
moderno de Saneamiento Básico y Agua Potable), y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida con un enfoque diferencial de género, edad y
poblacional de los habitantes de las comunidades de la vereda de Paso el
Medio, Municipio de María La Baja del departamento de Bolívar.
2. Solicitamos del operador jurídico de la competencia, se sirva ordenar que
cese toda conducta que por acción u omisión, la Administración Pública en el
nivel municipal (la Alcaldía Municipal de María la Baja (Departamental (la
Gobernación del departamento de Bolívar) y Nacional (el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Territorial Rural, Ministerio de la Protección Social,
Ministerio del Interior, la Presidencia de la República (Arts. 41 y 68 de la Ley
489 de 1998), Banco Agrario (subsidio de Vivienda de Interés Social Rural),
Aguas de Bolívar S.A. ESP (Ley 194 de 1994 – Servicios Públicos), Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y
Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (Ley 1448 de 2011), pueda generar daños contingentes,
amenazas, la vulneración o agravio a la comunidad de la vereda de Paso el
Medio del Corregimiento de Matuya del Municipio de María La Baja del
1 Folios 1 a 35 del cuaderno 1.
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Departamento de Bolívar, en cuanto a sus derechos e intereses colectivos como
los Económicos, Sociales y Culturales y del Ambiente, goce de un ambiente
sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, las leyes y las
disposiciones reglamentarias, la moralidad administrativa, la salud y salubridad
pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, el acceso a servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna.
3. Solicitamos del operador jurídico de la competencia, se sirva ordenar a la
Administración Pública en el nivel municipal (la Alcaldía Municipal de María la
Baja -Art. 311 de la Const. Nacional y Art. 8 del Decreto Nº 1575 de mayo 9 de
2007 y numeral 5.1 del Art. 5 de la Ley 142 de 1994), Departamental (la
Gobernación de Bolívar -Art. 366 de la Const. Nal., el Art. 8 del Decreto Nº 1575
de mayo 9 de 2007 y el numeral 7.2 del Art. 7 de la Ley 142 de 1994), Nacional
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial Rural, Ministerio del Interior y
Ministerio de la Protección Social (Art. 4 y 5 del Decreto Nº1575 de mayo 9 de
2007 y el Art. 366 de la Const. Nal. y numeral 8.4 y 8.6 del Art. 8 de la Ley 142
de 1994, Decreto 097 de 2006), la Presidencia de la República (Arts. 41 y 68 de
la Ley 489 de 1998) Banco Agrario (subsidio de vivienda de interés Social
Rural), Aguas de Bolívar S.A. ESP (Ley 194 de 1994 – Servicios Públicos),
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas (Ley 1448 de 2011), la dotación del Acueducto (Planta del Pontaje
del Viento – Caserío La Suprema u otra más cercana a la comunidad) de una
infraestructura adecuada para una capacidad suficiente y necesaria que
responda a la demanda actual del Municipio de María La Baja, y su sector Rural,
especialmente, a la vereda de Paso el Medio y al reparación de la Planta de
Tratamiento de agua y el restablecimiento del suministro de agua Potable, para
todo el Municipio de María La Baja.
4. Solicitamos del operador jurídico de la competencia, se sirva ordenar a la
Administración Pública en el nivel municipal (la Alcaldía Municipal de María la
Baja (Departamental (la Gobernación del departamento de Bolívar) y Nacional
(el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial Rural, Ministerio de la
Protección Social, Ministerio del Interior, la Presidencia de la República (Arts.
41 y 68 de la Ley 489 de 1998), Banco Agrario (subsidio de Vivienda de Interés
Social Rural), Aguas de Bolívar S.A. ESP (Ley 194 de 1994 – Servicios
Públicos), Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (Ley 1448 de 2011), la dotación de un Sistema Moderno de
Saneamiento Básico (Alcantarillado y recolección de residuos Líquidos y
Sólidos( que responda a la demanda actual del Municipio de María La Baja y su
Sector Rural, en especial, a la vereda de Paso el Medio – María la Baja.
5. Solicitamos del operador jurídico de la competencia, se sirva ordenar a la
Administración Pública en el nivel municipal (la Alcaldía Municipal de María la
Baja (Departamental (la Gobernación del departamento de Bolívar) y Nacional
(el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial Rural, Ministerio de la
Protección Social, Ministerio del Interior, la Presidencia de la República (Arts.
41 y 68 de la Ley 489 de 1998), Banco Agrario (subsidio de Vivienda de Interés
Social Rural), Aguas de Bolívar S.A. ESP (Ley 194 de 1994 – Servicios
Públicos), Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (Ley 1448 de 2011), el suministro provisional de Agua
Potable a través de carros tanques y la construcción de un Tanque elevado de
almacenamiento de Aguas para consumo humano de manera provisional,
mientras se suministra de manera definitiva las acometidas y el servicios de
Agua Potable y el de un Sistema Moderno de Saneamiento Básico
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(Alcantarillado y recolección de residuos Líquidos y Sólidos) para la comunidad
de la vereda de Paso el Medio del Municipio de María La Baja – Bolívar.
6. Solicitamos del operador jurídico de la competencia, se sirva ordenar a la
Administración Pública en el nivel municipal (la Alcaldía Municipal de María la
Baja (Departamental (la Gobernación del departamento de Bolívar) y Nacional
(el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Territorial Rural, Ministerio de la
Protección Social, Ministerio del Interior, la Presidencia de la República (Arts.
41 y 68 de la Ley 489 de 1998), Banco Agrario (subsidio de Vivienda de Interés
Social Rural), Aguas de Bolívar S.A. ESP (Ley 194 de 1994 – Servicios
Públicos), Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a
las Víctimas y Unidad Especial Administrativa de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (Ley 1448 de 2011), que de urgencia se diseñe e
implemente, una Política de Salud y Salud Pública, para todo el Municipio de
María La Baja, en especial, para la vereda de Paso el Medio corregimiento de
Matuya, Municipio de María La Baja – Bolívar teniendo en cuenta, el enfoque
diferencial de la edad a los niños, de género a las mujeres, cabeza de hogar y
población desplazada.”2 (Subrayas del original).
1.3. Como sustento de las pretensiones adujo lo siguiente:
La parte accionante refirió que una de las consecuencias del conflicto armado en el
país fue el desplazamiento forzado, el cual en la zona de los Montes de María
ascendió a seiscientas mil (600.000) personas y específicamente, en la zona del
Municipio de María La Baja, a diecisiete mil cuatrocientos noventa y cinco (17.495)
habitantes.
Anotó que, en los años 1990, 1993 y 2004, el corregimiento de Santa Fe de Hicotea
(parte alta de los Montes de María) quedó desocupado tras el desplazamiento
forzado al que fueron sometidos y que, posteriormente, alrededor del año 2009,
dicha población retornó a la zona y empezó a construir, sin acompañamiento estatal,
la comunidad de Paso El Medio, corregimiento de Matuya, Municipio de María La
Baja, Bolívar.
Frente a las problemáticas identificadas en esta área, las personas que allí residen
no gozan de atención a servicios de salud, a acceso a una vivienda digna, ni acceso
a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras.
Adujo que, respecto al servicio de salud, de treinta y dos (32) familias que componen
la comunidad de Paso El Medio, solo dos (2) núcleos familiares tienen acceso al
servicio de atención médica y siete (7) núcleos familiares han utilizado el servicio de
2 Visible a folios 27 a 30 del Cuaderno del Tribunal.
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ambulancia. Reprochó que esas comunidades aún acuden a los esquemas
tradicionales para tratar sus problemas de salud debido a las condiciones de
pobreza absoluta en las que se encuentran. Precisó que no tienen acceso a
servicios farmacéuticos. Informó que los niños son cuidados en su mayoría por las
madres, lo que demuestra la imposición tradicional de los roles de la mujer y del
hombre.
Sobre los problemas de vivienda, informó que treinta (30) de los núcleos familiares
que habita la vereda de Paso El Medio vive en ranchos con pisos de tierras y
paredes de madera y dos (2) en chozas con pisos de tierra y paredes de bahareque;
los techos de la vivienda de veintinueve (29) familias son en zinc y los demás en
paja; veintidós (22) viviendas cuentan con dos (2) habitaciones y diez (10) viviendas
tienen únicamente una habitación; veintiocho (28) familias cuentan con cocinas
dentro de la unidad habitacional y cuatro (4) núcleos familiares no tienen cocina;
ninguna familia posee baño y dentro de cada vivienda habitan en su mayoría más
de tres (3) personas.
Finalmente, en cuanto a los servicios públicos, alegó que de los treinta y dos (32)
núcleos familiares, treinta y uno (31) utilizan agua del pozo para el consumo
humano; un (1) núcleo consume agua del río. Adujo que veintiocho (28) núcleos
familiares tienen un manejo de sus excretas a campo abierto y una (1) familia lo
hace en su propia unidad habitacional. En lo relacionado con el manejo de las
basuras, anotó que veintisiete (27) núcleos familiares las queman, dos (2) familias
la utilizan como abono y las familias restantes las vierten en campo abierto. Mientras
que, frente a la energía eléctrica, treinta y un (31) familias utilizan lámparas para
alumbrarse y un (1) núcleo manifiesta que utiliza velas.
Respecto a la seguridad en la alimentación de esta comunidad, expuso que el
cultivo de pan coger es escaso lo que les impide generar proyectos productivos para
asegurar la subsistencia.
Precisó que a la comunidad de Paso El Medio se le deben amparar sus derechos
colectivos con un enfoque diferencial de género, de edad y teniendo en cuenta que
se trata de una comunidad que fue desplazada forzadamente.
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Consideró que existe incumplimiento del deber funcional de los diferentes entes del
nivel central y de los entes territoriales, según lo dispuesto en el artículo 113 de la
Constitución Política y que no se ha cumplido con la obligación estatal de
proporcionarle a sus habitantes, especialmente a los desplazados forzadamente,
vivienda, vida digna, servicios públicos en forma oportuna y eficiente y salubridad
pública.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 4 de noviembre de 2014 el Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda y ordenó la notificación personal al Municipio de María La Baja,
al Departamento de Bolívar, a la Presidencia de la República, al Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, al Banco Agrario de Colombia S.A., al Ministerio de
Salud y Protección Social, al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en
adelante UARIV), a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas (en adelante UAEGRTD) y Aguas Bolívar S.A. E.S.P3.
2.2. Mediante escrito radicado el 6 de mayo de 2015, Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.,
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual expuso que es
el Municipio de María La Baja y los organismos competentes los entes llamados a
corroborar la condición de desplazamiento de los habitantes de la población de Paso
El Medio.
Precisó que los fundamentos fácticos descritos por el actor y relacionados con las
condiciones socio económicas tales como la atención en salud, el acceso a una
vivienda digna y a la seguridad alimentaria, responden a consideraciones del
demandante y a conclusiones derivadas del análisis de información técnica que
deberá ser demostrada.
Señaló que conforme con la Ley 142 de 1994, los municipios tienen la obligación de
garantizar la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento
básico. Agregó que el Gobierno Nacional, a través del viceministro de Agua y
Saneamiento y del Programa Agua para la Prosperidad, planifica y armoniza los
3 Folio 164 a 165 ibídem.
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recursos y esquemas regionales de prestación de servicios a nivel de cada
departamento en el país, según lo dispuesto en el Decreto 2246 de 2012.
Añadió que esa empresa es la Gestora del Plan Departamental de Aguas,
constituido en el Departamento de Bolívar y se encarga de la implementación y
seguimiento a la ejecución del Programa Agua para la Prosperidad de Bolívar – Plan
Departamental de Aguas. Agregó que únicamente tiene competencia para lo
relacionado con el servicio de agua potable en las cabeceras municipales del
Departamento de Bolívar, es decir, no tiene competencia legal o administrativa para
atender temas relacionados con la población desplazada, salud o vivienda, temas
sobre los que versa la presente acción popular.
Aclaró que la Secretaría de Hábitat del Departamento de Bolívar es el ente que tiene
competencia para el tema relacionado con el servicio de agua potable en los
corregimientos del Departamento de Bolívar y es la encargada de coordinar junto
con los municipios las inversiones requeridas en el sector4.
2.3. En escrito del 6 de mayo de 2015, el Departamento de Bolívar, contestó la
demanda por conducto de apoderado, manifestando que la eventual
responsabilidad en el presente asunto desborda el ámbito de competencias de ese
ente. Frente al derecho colectivo a la moralidad administrativa, precisó que no se
aportaron pruebas que demuestren la mala fe en su actuación y que, por el
contrario, desde el 2007 ha emprendido las acciones tendientes a mitigar la carencia
de viviendas.
Sostuvo que la Gobernación de Bolívar no es responsable de la prestación de los
servicios públicos domiciliarios de los municipios, por lo que no existe nexo causal
entre las pretensiones de la demanda y las competencias que le han sido asignadas
a la gobernación, según lo dispuesto en el artículo 311 de la Constitución Política,
artículo 5 de la Ley 142 de 1994 y artículo 8 del Decreto 1575 de 2007.
Añadió que no se puede confundir la implementación del Plan Departamental de
Agua con las responsabilidades y competencias de cada municipio. Aclaró que el
Plan Departamental de Agua consiste en estrategias de tipo fiscal, presupuestal,
4 Folios 202 a 205 del cuaderno 2.
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político, institucional, técnico y financiero que bajo la coordinación del departamento
se formulan para la implementación de esquemas regionales de prestación de
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado5.
2.4. Por su parte, el Ministerio de Salud y Protección Social, respondió el libelo
introductorio afirmando que es el ente rector en materia de seguridad social integral
y que le corresponde, conforme lo dispuesto en el Decreto 4107 de 2011, la
formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos
del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como
dictar las normas técnicas, administrativas y científicas de obligatorio cumplimiento
para el sector. Precisó que no tiene dentro de sus competencias legales las de
realizar construcciones o edificaciones, ni la dotación de acueducto y suministro de
agua potable.
Anotó que el servicio de salud para las personas desplazadas se presta de manera
descentralizada, a través de las instituciones prestadoras de servicios de salud
contratadas por las aseguradoras encargadas del aseguramiento de dicha
población, en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Expuso que para la atención de grupos vulnerables, el Gobierno ha establecido
normas específicas que permiten impactar la problemática en salud con enfoque
diferencial, dentro de las que se encuentran: (i) la Ley 1448 de 2011, por la cual se
dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y su Decreto Reglamentación 4800 de 2011, en el que se
establecieron los mecanismos y herramientas para buscar asistencia y reparación
a las víctimas del conflicto armado y (ii) el Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas del Conflicto Armado – PAPSIVI, en armonía con la Ley 1438 de
2011.
Resaltó que la política de salud debe estar contemplada en los planes de desarrollo
territorial de los municipios, en consonancia con los departamentos y la Nación, en
el marco de la Ley 1450 de 2011.
5 Folios 213 a 230 del cuaderno 2.
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Indicó que la prestación de servicios de salud a la población se garantiza mediante
las entidades promotoras de salud y las entidades territoriales en el caso de la
población pobre y vulnerable. Para tal fin, aquellas deben contar con una red
prestadora de servicios de salud como lo preceptúa el Decreto 4747 de 2007 y las
entidades territoriales con una red de prestadores (programa territorial de
reorganización, rediseño y modernización de las redes de Empresas Sociales del
Estado – PTRRM), la cual debe ser viabilizada por el Ministerio de Salud y
protección Social en cumplimiento de la Ley 1450 de 2011.
Específicamente, señaló que el Departamento de Bolívar cuenta con una red de
prestadores viabilizada por ese ministerio, en la cual para el caso concreto de la
atención en salud para el Municipio de María La Baja, dispone de un grupo de seis
(6) prestadores de servicios debidamente habilitados, de los cuales se tiene un
prestador público (la ESE Hospital Local de María La Baja), un prestador
independiente y cuatro (4) IPS privadas.
En el Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Remodernización de las
redes de empresas sociales del Estado, el Departamento tiene como prestador
público a la ESE Hospital Local de María La Baja, que cuenta con once (11) sedes,
una principal en el casco urbano de este municipio, un centro de salud en el
Corregimiento de San Pablo y nueve (9) puestos de salud.
Explicó que en materia de atención en salud a las víctimas, la Oficina de Promoción
Social del Ministerio de Salud y Protección Social ha liderado el desarrollo e
implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas
– PAPSIVI que consta de dos componentes específicos: 1) atención psicosocial y
2) atención integral en salud para las víctimas del conflicto armado en Colombia, el
que en el Municipio de María La Baja, se ha implementado en dos fases, en la
primera, se suscribió en el año 2013 un convenio con la Organización Internacional
para las Migraciones, que se ejecutó desde el 21 de junio de 2013 hasta el 30 de
julio de 2014, lapso en el que se contrataron ciento veintiséis (126) equipos
psicosociales; y en la segunda, se atendieron un total de ochenta y dos mil ciento
cincuenta y seis (82.156) víctimas del conflicto armado en las modalidades
individual, familiar y comunitaria, de las cuales, tres mil trescientas setenta y un
(3.37)1 atenciones, correspondieron al Departamento de Bolívar
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Adujo que con la finalidad de dar continuidad a la atención psicosocial a las víctimas
del conflicto armado, mediante la Resolución 713 de 2015, esa cartera ministerial
destinó recursos para esa vigencia fiscal por valor de quince mil millones de pesos
($15.000.000.000) para el subproyecto “Programa de Atención Psicosocial y Salud
Integral a Víctimas del Conflicto Armado”, de los cuales al Departamento de Bolívar
se asignaron mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones trescientos noventa y ocho
mil pesos($1.455.398.000).
Agregó que en el Departamento de Bolívar se priorizaron trece (13) municipios para
la implementación del PAPSIVI, entre los cuales se encuentra María La Baja, San
Juan de Nepomuceno, El Carmen de Bolívar, entre otros6.
2.5. El 7 de mayo de 2015, la UAEGRTD, contestó la demanda por conducto de
apoderado e indicó que no le constan las aseveraciones narradas en los hechos de
la demanda y que las manifestaciones del actor se refieren a aspectos que no hacen
parte del marco funcional de dicha entidad.
Anotó que únicamente tiene competencia frente a los procesos relacionados con los
procesos de restitución de tierras en favor de víctimas de despojo o abandono
forzoso de las mismas, con ocasión del conflicto armado y en el marco de la Ley
1448 de 2011, en especial los artículos 3, 74 y 757.
2.6. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, indicó que se opone a las
pretensiones de la demanda toda vez que las actuaciones de la administración se
encuentran ajustadas a derecho.
Consideró que carece de legitimación material en la causa por pasiva teniendo en
cuenta que lo pretendido por el actor no se enmarca dentro de las funciones
asignadas a esa cartera ministerial, de acuerdo con lo previsto por el Decreto 1985
de 2013, razón por la que solicitó que se declare la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de esa entidad.
Explicó que a esa cartera ministerial, según la Ley 387 de 1997 y sus decretos
reglamentarios, le compete diseñar políticas para la atención, consolidación y
6 Folios 236 a 250 del cuaderno 2.
7 Folios 262 a 265 del cuaderno 2.
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estabilización socioeconómica de la población desplazada que voluntariamente ha
decidido permanecer en zona rural porque retorna a su lugar de origen o porque se
reubican en un sitito definitivo en ésta área.
Informó que en materia de vivienda rural y acceso a tierras y proyectos productivos
en el sector rural para la población desplazada, según los parámetros establecidos
en los Decretos 951 de 2001, 973, 2675 de 2005, 2007 de 2001 y 1250 de 2004, a
ese Ministerio le corresponde formular la política de vivienda, tierras y proyectos
productivos para la población desplazada y al Banco Agrario le fue asignada la
función de otorgar subsidios de vivienda de interés social rural a hogares
desplazados elegidos en las convocatorias que se realizan cada año para estos
fines.
Manifestó que el Programa de Vivienda de Interés Social Rural está dirigido a
otorgar subsidios para soluciones de saneamiento básico, mejoramiento,
construcción y compra de vivienda nueva cuyo monto está entre los diez (10) y los
dieciocho (18) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo el tipo de
solución.
Aseveró que las comunidades en situación de desplazamiento pueden acceder a
este subsidio mediante la presentación de proyectos a través de las entidades
oferentes de proyectos de vivienda que son los municipios, los distritos, los
departamentos, los cabildos gobernadores de resguardos indígenas, los consejos
comunitarios de negritudes legalmente constituidos y las entidades privadas que
tengan en su objeto la formulación de los proyectos de vivienda de interés social
rural.
Precisó que el Banco Agrario de Colombia S.A. atiende las necesidades de crédito
de la población que así lo requiera, para lo que mantiene la oferta institucional de la
línea de atención a la población desplazada con tasas de interés preferenciales. Los
únicos requisitos que exige son que los proyectos sean técnica y financieramente
viables, que el cliente no registre antecedentes o reportes desfavorables en las
centrales de riesgo y que se encuentre dentro de los límites de edad que maneja la
compañía aseguradora del banco, es decir, menos de setenta (70) años.
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Expresó que para dar cumplimiento a la sentencia T-025 de 2004, el Ministerio de
Agricultura ha apoyado a las entidades territoriales para la atención a la población
desplazada mediante: (i) la coordinación de la mesa de estabilización y (ii) el
fortalecimiento de las convocatorias para el desarrollo rural8.
2.7. La UARIV, indicó que el desplazamiento forzado del que fueron víctimas los
núcleos familiares señalados en la demanda, tuvo lugar en las veredas de Paso El
Medio, corregimiento de Matuya y San José del Playón en el Municipio de María La
Baja durante los años 1990 y 2004, fechas para las cuales la Unidad de Víctimas
no había nacido a la vida jurídica.
Señaló que conforme con lo previsto en el Decreto 4802 de 2011, corresponde a
esa Unidad, en términos generales, la coordinación de las entidades que conforman
el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en lo que se
refiere a la ejecución e implementación de la política pública de atención, asistencia
y reparación integral a las víctimas.
Señaló que el Gobierno Nacional es consciente del impacto social generado en el
país a causa del conflicto armado por lo que ha realizado de manera paulatina
políticas sociales tendientes a la asistencia oportuna de las víctimas y la
materialización efectiva de sus derechos constitucionales, que se encuentran
reflejadas en la Ley 1448 de 2011 y en sus decretos reglamentarios, a partir de los
cuales se pretende lograr la concreción de herramientas para lograr la restitución,
rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.
Precisó que para el reconocimiento de los beneficios contemplados en la Ley 1448
de 2011, es necesario identificar previamente a la comunidad que ha sufrido un
daño en los términos del artículo 3 de la ley en mención y que, para ello, fue creado
el Registro Único de Víctimas, que opera como un instrumento para la
individualización de la población afectada por el conflicto armado.
Frente a los resultados de las encuestas efectuadas a la población de Paso El Medio
y relatadas por el actor popular en los hechos de la demanda, sostuvo que se trata
de apreciaciones estadísticas de carácter subjetivo que carecen de evidencia
8 Folios 272 a 284 del cuaderno 2.
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probatoria y que deberán ser corroboradas a través de un censo o a través de los
mecanismos establecidos por la entidad territorial para el efecto.
Expresó que tiene claro que las personas que habitan la zona objeto de controversia
y que componen las Asociaciones denominadas “Comité de la Comunidad de
Desplazados del caserío de Santafé de Hicotea” y la Asociación de Campesinos
“No hay como Dios” del corregimiento de Matuya, Municipio de María La Baja,
Departamento de Bolívar, son personas desplazadas que deben recibir toda la
atención y protección por parte del Estado. Sin embargo, arguyó que con la
demanda no se aportó la identificación de la población de Paso El Medio que
permita establecer su situación en el Registro Único de Víctimas y los beneficios
otorgados a cada familia dentro del marco de la ley de víctimas.
Explicó que a efectos de identificar y evaluar la situación de los habitantes de la
Vereda Paso El Medio, se requiere la realización de un censo por parte de esa
entidad, con participación del Municipio de María La Baja, que permita individualizar
a las personas y determinar quiénes se encuentran en situación de desplazamiento
y quiénes no, a efectos de establecer los casos en los que procede el
reconocimiento de las medidas de atención, asistencia y reparación contempladas
en la Ley 1448 de 2011.
Aclaró que las medidas de asistencia, atención y reparación integral consagradas
en la ley de víctimas no se otorgan con la sola inclusión en el Registro Único de
Víctimas, sino que debe surtirse un procedimiento administrativo que consta de
varias etapas dirigidas a la consecución de condiciones mínimas de subsistencia
del grupo familiar.
Sostuvo que la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado se
compone, además de la reparación administrativa (componente económico), de las
medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, educación, dignificación y
conmemoración mediante monumentos, placas y ofrendas, entre otras.
2.7.1. A través escrito presentado el 9 de marzo de 20169, el apoderado de la UARIV
dio alcance a la contestación de la demanda previamente presentada y señaló que
9 Folios 450 a 451 del cuaderno 3.
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una vez consultado el aplicativo “VIVANTO” (base de datos completa y actualizada
de acreditación de las personas en el Registro Único de Víctimas) se determinó que
treinta y cuatro (34) personas de la Comunidad de Paso El Medio se encuentran en
estado incluido en el Registro Único de Víctimas y que se les ha entregado el pago
de asistencia humanitaria.
Aclaró que la prórroga de la ayuda humanitaria es un beneficio que no se otorga de
manera indefinida a las personas que se encuentran en situación de desplazamiento
ya que, cada entrega obedece a un estudio individual que determina las condiciones
de vulnerabilidad.
Agregó que a la población desplazada no se le asegura que la prórroga de la ayuda
humanitaria vaya a ser aprobada ni que la misma constituya un derecho, pues esta
se otorga de manera excepcional y por tanto deben verificarse las circunstancias de
vulnerabilidad según las condiciones de cada familia.
Insistió en la “temporalidad” de la ayuda humanitaria en razón a que lo que se busca
con esa medida es mitigar las consecuencias del desplazamiento forzado,
otorgando el mínimo vital, para que el núcleo familiar inscrito pueda planear la
superación de las condiciones de vulnerabilidad.
2.9. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República indicó
que resulta técnica, humana y materialmente imposible intervenir en los procesos
de construcción y adecuación de viviendas de interés social, tema que es de
competencia de otras autoridades.
Planteó como excepción la falta de legitimación en la causa por pasiva en razón a
que, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República no tiene
relación alguna con los hechos narrados debido a que sus funciones no comprenden
las actividades cuya supuesta omisión reclama el actor como generadora de los
daños que se enuncian.
Conforme a lo anterior, solicitó negar las pretensiones de la demanda en lo que a la
Presidencia de la República se refiere10.
10 Folios 380 del Cuaderno 3.
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2.10 El Ministerio del Interior, el Municipio de María La Baja y el Banco Agrario
guardaron silencio.
2.11. El 24 de febrero de 2016, se declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento.11
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala Primera de Decisión, mediante sentencia
del 20 de septiembre de 2018, dispuso:
“PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el doctor
José Rafael Guerrero Leal, como Magistrado integrante de la Sala de Decisión
nº 1, de este Tribunal, en consecuencia, aceptásele y sepárese del
conocimiento del presente proceso.
SEGUNDO: DECLÁRANSE no probadas las excepciones propuestas por las
accionadas.
TERCERO: NIÉGANSE las pretensiones de la acción popular, por lo
anteriormente expuesto.
[…]” (Negrillas del texto original).
Expuso que las personas que habitan permanentemente el territorio denominado
Paso El Medio, lo hacen debido a que una corporación privada compró unos
terrenos para ayudar a los desplazados por la violencia en una zona que no tiene
ninguna denominación como ente territorial.
Sostuvo que, conforme al artículo 286 de la Constitución Política y a los artículos 71
y 117 de la Ley 136 de 1994, no es posible considerar como entidad territorial el
asentamiento de las familias que habitan en el predio denominado Paso El Medio
sin que previamente se cumplan los trámites legales y administrativos requeridos
para su conformación como ente geográfico. En consecuencia, argumentó que, en
ausencia de dicho reconocimiento, el Estado no está en la obligación de garantizar
la prestación integral de los servicios públicos en esa zona.
11 Folio 438 del Cuaderno 3.
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Aseveró que, si bien se están afectando los derechos colectivos alegados, no hay
lugar a imputarle responsabilidad a las demandadas en el entendido de que, aunque
el Estado debe garantizar la prestación de los servicios públicos, “(...) no es menos
cierto que este hecho lo están generando las mismas personas al instalarse de
manera irregular, en un territorio rural que no tiene la prestación de los servicios
(…)”12.
Consideró que, según los artículos 51 y 64 de la Constitución Política, no es deber
del Estado brindar una vivienda digna sino, promover que las personas puedan
obtener una por lo que, si bien los actores populares demostraron que sus viviendas
no son las adecuadas para vivir, no es deber legal proveerla sino brindar planes
para que se obtengan.
Manifestó que mediante oficio 2014440171651 del 1 de agosto de 2014, el
Ministerio de Agricultura le informó a los accionantes que cuentan con un programa
de vivienda de interés social rural en el que se otorgan subsidios para construcción
de vivienda nueva y/o mejoramiento en sitio propio ubicado en área rural y que para
acceder a ello deben postularse ante una entidad oferente, lo que denota el
cumplimiento del deber legal de esta cartera ministerial.
Estimó que no está probado el hecho de que son víctimas de desplazamiento
forzado, pero que en el evento en que esto se aceptara, la Ley 1448 de 2011 y el
Decreto 4829 de 2012, regulan los procedimientos para que sean restituidas sus
tierras.
Concluyó que no se cumplió con el deber probatorio dispuesto en el artículo 30 de
la Ley 472 de 1998, lo que conlleva a negar las pretensiones de la acción popular13.
IV. LOS RECURSOS DE APELACIÓN
4.1. La Procuraduría 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena y Agente
del Ministerio Público en Asuntos Ambientales solicitó que se revoque la
decisión de primera instancia y que, en su lugar, se declare la vulneración de los
derechos colectivos invocados por los accionantes y se emitan las órdenes
12 Folios 669 a 675 del cuaderno 4.
13 Ibidem.
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encaminadas a la protección de los derechos de los campesinos desplazados por
la violencia, asentados en la vereda de Paso El Medio, Municipio de María La Baja
en el Departamento de Bolívar.
Estimó que con la providencia dictada en el presente asunto el a quo desconoce los
procesos de reconocimiento de los derechos fundamentales de las víctimas del
conflicto armado y la obligación enmarcada en los convenios internacionales relativa
a procurar la reparación integral de su situación, como una medida que garantice la
superación definitiva de tal conflicto.
Consideró que el Juez de primera instancia omitió la facultad con la que cuenta de
decretar pruebas de oficio para demostrar, en este caso, la calidad de desplazados
de los actores populares, lo que vulnera la prevalencia del derecho sustancial y la
adopción de decisiones ajustadas a derecho.
Aseveró que el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales
y, en esa medida, el fallo recurrido viola los derechos a la igualdad de las personas
de la Vereda de Paso El Medio, puesto que la mayoría de las poblaciones ubicadas
en áreas rurales se desplazaron y conformaron nuevos territorios más cercanos a
la cabecera municipal para que se les garantice, en principio, los derechos a la
seguridad que se les vulneró por el Estado al permitir que los violentaran grupos al
margen de la ley.
Precisó que la legislación especial para las víctimas también obliga a todas las
entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las
Víctimas – SNARIV, a priorizar la oferta institucional y la atención a esta población.
Manifestó que en la sentencia de primera instancia se le asigna la responsabilidad
a las víctimas desplazadas por el conflicto armado cuando señala que son culpables
de su situación al instalarse de manera irregular en un territorio rural que no tiene la
prestación de los servicios públicos.
Agregó que no se hace referencia al marco jurídico de justicia transicional contenido
en la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, que otorgan derechos a las
víctimas del conflicto armado, como a la verdad, la justicia y la reparación, dentro
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de las que se incluyen medidas de restitución, rehabilitación, indemnización,
garantías de no repetición y compensación.
Explicó que es deber del Estado garantizar una vivienda digna y que el Tribunal
Administrativo de Bolívar en la sentencia apelada no le da valor a la autogestión de
la comunidad para intentar resolver la situación de extrema vulnerabilidad en la que
los dejó el conflicto.
4.2. Por su parte, la Defensoría del Pueblo – Regional Bolívar consideró que la
sentencia de primera instancia debe ser revocada en tanto desconoce la realidad
probatoria del sub lite, el alcance y naturaleza de la acción constitucional impetrada
y las pretensiones formuladas por el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y
un Derecho Alternativo – ILSA.
Anotó que se encuentra en desacuerdo con la postura esgrimida por el a quo en la
que se condiciona el ejercicio de los derechos colectivos invocados por los actores
populares a la ubicación territorial de los afectados y a su inclusión en el
ordenamiento territorial municipal.
Cuestionó que en la sentencia recurrida se haya establecido que la situación de
vulneración la están generando las mismas personas demandantes al instalarse de
manera irregular en un territorio rural que no tiene acceso a la prestación de los
servicios públicos reclamados.
Sostuvo que, nuevamente, el Tribunal Administrativo de Bolívar culpabiliza a las
comunidades víctimas del conflicto que al salir de sus territorios por la violencia y al
no tener acceso a soluciones de vivienda en condiciones dignas, optan por
reubicarse en asentamientos irregulares.
Precisó que la línea adoptada por el Tribunal desconoce los diferentes instrumentos
internacionales como la observación general No. 7 del Comité DESC y los principios
Pinheiro, así como la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado que buscan asegurar la protección de los derechos
fundamentales de la población víctima de desplazamiento.
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Estimó que no se pueden desconocer las responsabilidades en cabeza del Estado
para la atención a esta población y que resulta irrespetuoso endilgarles la
responsabilidad de sus condiciones actuales, teniendo en cuenta el marco previsto
por el Estado Social de Derecho, en el que el Juez constitucional desarrolla un papel
activo y garantista.
Manifestó que el Tribunal, al afirmar que no es deber del Estado proveer una
vivienda digna, sino únicamente brindar los planes para su obtención, se limitó a
una interpretación literal de los artículos 51 y 64 de la Constitución Política, sin
considerar la calidad de sujetos de especial protección constitucional que ostentan
los habitantes de la vereda de Paso El Medio, quienes han sufrido las
consecuencias del conflicto armado interno en el país.
Expuso que el a quo desconoció la normatividad legal y la reiterada jurisprudencia
en la que se enmarca a la vivienda como un eje fundamental que debe ser
observado y reconocido por las autoridades.
Indicó que se encuentra en desacuerdo con la afirmación planteada por el Tribunal
referida a que no se encuentra probada la calidad de desplazados de los habitantes
de la Vereda de Paso El Medio ya que, conforme a la contestación de la Unidad de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas las personas que componen las
asociaciones denominadas “Comité de la Comunidad de Desplazados del caserío
de Santafé de Hicotea del corregimiento de Matuya – ASOSANTAFE” y la
asociación de campesinos “No hay como Dios” son personas desplazadas.
Anotó que la reparación integral a las víctimas involucra no solamente una
indemnización monetaria o la restitución de bienes, sino un acompañamiento
integral del Estado en materia de salud, vivienda, educación, programas de empleo
y generación de ingresos, así como acciones afirmativas para devolverles su
dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos
como los que sufrieron no vuelvan a repetirse en el país.
Sostuvo que el Tribunal de primera instancia no tuvo en cuenta las consideraciones
expuestas por la entidad en los alegatos de conclusión como tampoco realizó una
valoración integral del material probatorio obrante en el proceso, por lo que su
decisión fue sesgada y violatoria del debido proceso.
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Sostuvo que el a quo se equivocó en concluir que no se cumplió con el deber
probatorio dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998 cuando: (i) el Municipio
de María La Baja omitió el deber de dar contestación a los hechos manifestados en
la acción popular, lo cual da lugar a presumir que existe un total desinterés en
atender la situación planteada, (ii) luego de haberse practicado la inspección judicial
se pudo constatar el estado de vulneración a los derechos colectivos alegados,
como son, la falta de acceso a servicios públicos y la precariedad de las viviendas
en las que viven las personas de la comunidad de Paso el Medio y (iii) no tuvo en
consideración el concepto rendido por la doctora Mayelis Chamorro Ruiz,
Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, quien sostuvo que no
se han realizado las intervenciones orientadas a la garantía de los derechos
colectivos de la comunidad Paso El Medio.
Manifestó que la negligencia de las entidades accionadas ha traído consigo el
desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Vereda de Paso El
Medio y ha desconocido el deber de velar por la realización de acciones afirmativas
orientadas al mejoramiento de las condiciones de esas personas que, de acuerdo
con lo señalado en la demanda, tienen calidad de víctimas del conflicto armado
interno , además de contar con otras circunstancias diferenciales basadas en su
género y edad que generan más vulnerabilidad social y económica.
Por consiguiente, solicitó que se revoque la sentencia del 20 de septiembre de 2018,
en aras de no hacer nugatoria la protección y defensa de los derechos colectivos de
la comunidad de Paso El Medio y de contera, cesar la amenaza de vulneración del
derecho fundamental al debido proceso que les asiste14.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. Los recursos de apelación fueron admitidos en proveído del 12 de agosto de
201915.
14 Folio 714 del cuaderno 4.
15 Folio 734 ibídem.
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5.2. Por auto del 6 de septiembre de 2019 se corrió traslado para alegar de
conclusión16.
5.2.1. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reiteró que carece de
legitimación en la causa por pasiva y, en ese orden, solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia17.
5.2.2. El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó confirmar el fallo
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar por concurrir la falta de
legitimación en la causa por pasiva de esa cartera ministerial18.
5.2.3. El apoderado del Departamento de Bolívar manifestó que las obras de
infraestructura de servicios, de obra civil, relleno o aterramiento de las calles, entre
otros, obedece a un proceso de orden presupuestal, debidamente estructurado, en
cabeza del ente territorial competente.
Señaló que, en gracia de discusión, aun admitiendo la responsabilidad del
departamento en la ejecución de algunas de las obras exigidas por el accionante, el
principio de legalidad presupuestal establece que las apropiaciones efectuadas por
el órgano de elección popular constituyen autorizaciones limitativas del gasto. En
consecuencia, los ejecutores del presupuesto no pueden realizar erogaciones
distintas a las previstas en la ordenanza respectiva19.
5.2.4. La Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena insistió en
la revocatoria del fallo de primera instancia y reiteró los argumentos planteados en
el recurso de apelación; además, indicó que más allá del error en el análisis del
proceso, de la omisión del estudio de las pruebas aportadas, de la inaplicación de
las normas constitucionales y de la jurisprudencia en torno a los derechos colectivos
vulnerados, el Tribunal Administrativo de Bolívar muestra un desconocimiento de
los procesos de reconocimiento de derechos colectivos en favor de la ciudadanía
en general y, específicamente, en favor de las víctimas del conflicto armado y la
obligación enmarcada en convenios internacionales con procurar la reparación
16 Folio 754 ibídem.
17 Folios 789 a 793 ibídem.
18 Folios 794 a 797ibídem.
19 Folios 810 a 811 del cuaderno 5.
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integral de su situación, como una medida que garantice la superación definitiva del
conflicto armado20.
5.2.5. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República reiteró
los argumentos planteados en la contestación de la demanda, específicamente, el
referido a que no es competente para atender las pretensiones de la acción
popular21.
5.2.6. La UAEGRTD se ratificó en las afirmaciones expresadas en la contestación
de la demanda y, reiteró, que no se reúnen los elementos necesarios para que se
declare responsabilidad administrativa alguna a esa entidad22
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
.
El Ministerio Público luego de realizar un análisis sobre la acción popular y sobre
la Ley 1448 de 2011, precisó que no admite discusión la responsabilidad que le
asiste al Estado respecto a las acciones, medidas de atención y asistencia que debe
cumplir en participación conjunta y solidaria, evitando obstaculizar el acceso a las
soluciones que se puedan impartir en favor de las víctimas del conflicto armado.
Sostuvo que en el presente asunto no es necesario probar en estricto sentido o con
excesiva solemnidad el nexo causal del daño y la causa que lo origina, sino la
situación de desplazamiento derivado del conflicto armado y la vulneración de los
derechos que reclaman (vivienda, salubridad, salud, entre otros), que pueden ser
exigidos por los desplazados y por cualquier persona que habite el territorio
nacional, más aún cuando acuden a la acción popular.
Sostuvo que, con base en el material probatorio no comparte la postura del a quo
en la sentencia de primera instancia, según la cual la situación de precariedad e
insalubridad en la que habita la población de Paso El Medio es atribuible a las
propias familias, por haberse asentado de manera irregular en el terreno. Señaló
que, dada su condición de desplazamiento, no tenían la posibilidad de elegir un
lugar en mejores condiciones, al punto de que debieron aceptar la donación de un
20 Folios 813 a 815 del cuaderno 5.
21 Folios 818 a 821 ibídem.
22 Folios 822 a 823 ibídem.
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terreno por parte de la fundación privada “Corporación de Desarrollo Solidario” para
establecerse allí.
Explicó que si bien el Tribunal aceptó que las familias objeto de la acción popular
son desplazadas del conflicto armado y que por esta razón se asentaron en un sitio
inadecuado, no tuvo en cuenta que el lugar denominado Paso El Medio, se
encuentra ubicado en el Municipio de María La Baja, es decir, en una zona que
depende del Departamento de Bolívar, ente territorial que tiene la competencia y la
obligación, junto con las autoridades nacionales, de atender las necesidades
primarias de toda la población.
Aseveró que le corresponde al Estado tomar las medidas que eliminen o en su
defecto, que alivien al menos las condiciones mínimas de salubridad y vivienda
digna a que tiene derecho esa comunidad “pues de lo contrario sería tanto como
considerar que tal población vulnerable no existe y que es ajena a cualquier posible
solución por parte de la administración pública en sus distintos niveles (nacional,
departamental y municipal)”23.
Consideró que es necesario amparar los derechos que reclama el demandante a
favor de las treinta y ocho (38) familias que residen en la Vereda denominada Paso
El Medio y que las autoridades administrativas competentes para responder por
dichos derechos colectivos son la Gobernación de Bolívar, el Municipio de María La
Baja, la UARIV y el Ministerio de Salud y Protección Social, dentro del ámbito de
sus competencias.
Puso en consideración de la Sala la posibilidad de que en la sentencia se exhorte a
las autoridades de vigilancia y control del orden nacional, con el fin de que se ejerza
un seguimiento y monitoreo permanente a la ejecución de los recursos transferidos
desde el orden nacional hacia el Departamento de Bolívar, incluso al Municipio de
María La Baja, en aras de asegurar que se utilicen de manera apropiada para
atender las necesidades de las población desplazada que dio lugar a la presente
acción popular.
23 Folios 838 a 857 ibídem
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En ese orden de ideas, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, amparar
los derechos colectivos invocados en la demanda24.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo
150 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, proferido por
el Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y
derechos colectivos.
6.2. Cuestión previa
Mediante escrito del 2 de abril de 202525, el Consejero de Estado Germán Eduardo
Osorio Cifuentes puso de presente a la Sala su impedimento para conocer del
proceso de la referencia.
En mencionado Consejero aduce estar incurso en la causal de impedimento prevista
en el numeral 3° del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo26. Manifestó que la señora Margarita María Revelo
Ramírez, quien es la compañera permanente de su hermano, Carlos Alberto Osorio
Cifuentes, se encuentra vinculada en el cargo de Asesora del DAPRE, entidad que
es parte demandada en el proceso de la referencia.
Así, frente a la causal de impedimento invocada, la Sala ha sostenido que para que
se configure dicha causal deben concurrir dos elementos objetivos: 1) el parentesco
y 2) su condición de servidor público de una entidad pública que intervenga en el
respectivo proceso en calidad de parte o de tercero interesado27.
24 Folios 838 a 857 ibídem.
25 Visible en el índice 42 del Sistema de Gestión SAMAI.
26 Aplicable al presente trámite por remisión del artículo 44 de la Ley 472 de 1998.
27 Auto de 11 de diciembre de 2015. Expediente núm. 11001-03-24-000-2014-00433-00, Consejero
ponente: Guillermo Vargas Ayala.
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Conforme a lo anterior, la Sala entiende que se cumplen los supuestos establecidos
en la causal de impedimento antes referida, comoquiera que al presente proceso
fue vinculado el DAPRE como entidad de la rama ejecutiva del poder público y el
Consejero Osorio Cifuentes tiene una relación en el segundo grado de afinidad con
la señora Revelo Ramírez, que ostenta la condición de servidora pública del nivel
asesor en la comentada parte demandada en el proceso de la referencia.
Por ende, se declarará fundado el impedimento y en consecuencia se separará al
mencionado Magistrado del conocimiento del asunto bajo examen.
6.3. Planteamiento
La Sala advierte que las partes controvierten sobre la prueba de la vulneración de
los derechos colectivos en el asunto de la referencia. En efecto, para el Ministerio
Público y la Defensoría del Pueblo – Regional Cartagena, la decisión recurrida
resulta revictimizante para las personas desplazadas que residen en la zona objeto
de controversia a las que no se les garantiza el acceso a servicios de saneamiento
básico, al acceso al agua potable, a la vivienda digna y a la salud. Asimismo,
resaltaron que esas circunstancias están plenamente acreditadas en el plenario y
en caso no de estarlo, el Juez podía decretar las pruebas de oficio que estimara
pertinentes. Por su parte, el Tribunal consideró que no se probó la vulneración de
los derechos colectivos, ya que era culpa de la propia población asentarse
irregularmente en el sector, a pesar de que no contaba con la prestación de servicios
básicos. Además, reprochó que ese sector no está constituido como un ente
territorial reconocido, de ahí que el Estado no se encuentre en la obligación de
prestar los servicios públicos domiciliarios en la zona.
6.3.1. De la vulneración de los derechos colectivos
En ese orden de ideas, deberá absolverse si es cierto que se vulneran los derechos
colectivos invocados en la demanda por virtud de la falta de prestación de servicios
básicos en materia de saneamiento, acceso al agua potable, vivienda y salud, a una
comunidad desplazada que reside irregularmente en un predio privado.
Con miras a resolver ese interrogante, es pertinente aludir a las pruebas obrantes
en el plenario:
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A) Encuestas de caracterización de la población realizadas por el Instituto ILSA,
frente a las condiciones precarias de atención en salud, acceso a servicios públicos
y vivienda de la comunidad de Paso El Medio del Corregimiento de Matuya del
Municipio de María La Baja – Bolívar28.
B) Inspección judicial realizada el 24 de octubre de 2017 al área objeto de
controversia. Allí se destacó:
“En las instalaciones del juzgado de María la Baja Bolívar, el día veinticuatro
(24) de octubre de 2017, a las 9:30 a.m., se da inicio a la diligencia de inspección
judicial decretada por el Tribunal Administrativo de Bolívar y comisionada a esta
célula judicial por dicha Corporación a través de auto 439 del 23 de agosto de
2017, preside la audiencia MERCEDES DEL CARMEN DOMÍNGUEZ REYES,
en calidad de Jueza del Juzgado y su secretario CAMILO VILLALBA FELIZ. Se
hizo presente la Dra. MAYELIS CHAMORRO RUIZ Procuradora Judicial
Tercera Ambiental y Agraria de Bolívar, y MARTHA ROSA COTA ESTRADA
Directora del Banco Agrario en el Municipio de María La Baja Bolívar. Acto
seguido se procede a realizar el desplazamiento a la vereda Paso el Medio
del corregimiento Matuya del Municipio de María La Baja Bolívar, se toma
la vía Malagana – San Onofre (Troncal del Caribe), avanzado aproximadamente
450 M, se giró a la izquierda ingresando por el corregimiento de Matuya, a una
distancia aproximada de 4 km por una carretera
destapada en muy regular estado, llegamos a la vereda Paso el Medio,
llegamos a un caserío o asentamiento compuesto actualmente por 38 casas, se
procedió a realizar un registro en audio y video de la zona el cual se incorpora
a la inspección.
Al llegar al sitio nos entrevistamos con el señor YIMMI RAMIREZ MARTINEZ,
REGULO PERDOMO y FELIX FERNANDEZ PASTRANA, integrantes de la
comunidad, y LUZ NELLY CAMACHO BERRIO docente, manifestaron que esta
se encuentra conformadas por muchas familias que han ido creciendo y
hacinándose en las casas, también señalaron que eran vecinos en el sitio donde
inicialmente fueron desplazados por la violencia (Paso el Medio), pero debido a
que no pudieron establecerse en un territorio determinado dado que al poco
tiempo de estar residiendo en un sitio seguían siendo desplazados por grupos
armados, y necesitaban radicarse en un terreno comenzaron a buscar ayuda
consiguiendo la de una fundación privada llamada CORPORACIÓN DE
DESARROLLO SOLIDARIO "CDS", representada en ese entonces por el señor
PEDRO NEL LUNA GOMEZ, entidad que compró a una persona privada el
terreno donde habitan actualmente al que también le llamaron paso al medio y
de igual forma es reconocido como San José de hicotea, el cual tiene una
extensión de casi cuatro hectárea y un cuarterón y fue repartido por lotes de
igual intención entre las 38 familias que inicialmente estaban.
Las totalidad de las casas están construidas con paredes de arcilla con
soportes en bareques, techo de zinc, se encuentran dividas en dos
espacios, el primero visible a la entrada de las viviendas hace la función
de sala y cocina; el segundo espacio cumple las funciones de habitación,
algunas viviendas improvisan una división al interior del segundo espacio
con la finalidad de tener dos habitaciones, muchas no tienen ventilación,
28 Folios 56 a 93 ibídem.
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y alguna le realizaron unos pequeños espacios (especie de ventanas)
algunas casas tienen puertas improvisadas en tela y algunas cuentan con
baños; los alimentos los cocinan afuera de la vivienda por la salida trasera
con leñas, la vereda no cuenta con el servicio de gas natural; tampoco
cuentan con agua potable, obtienen el agua para el consumo humano
(cocinar y beber) del agua lluvia almacenada; cuando existe sequia deben
traerla desde Matuya y cancelarle a la persona que la trasporte $500, tienen
servicio de energía suministrado por ELECTRICARIBE con un contador
comunitario, pero las conexiones eléctricas fueron realizadas por los
mismos habitantes y no se observa que se encuentren en buen estado, no
cuentan con servicio de alcantarillado, solo cinco viviendas tienen posa
séptica; en cuanto a la recolección de basuras no cuentan con un
programa de recolección de residuos sólidos, su forma de eliminarlos es
incinerándolos; no cuentan con un centro de salud, el más cercano se
ubica en Matuya y aseveran que se encuentra en muy mal estado y la
atención es brindada un determinado día y no de forma constante; señalan
que cuando padecen de una grave afección a su salud aunado a que el
trasporte y vía de acceso son dificultosa, el centro de salud no tiene una
buena estructura, ni dotación. No cuentan con zonas de recreación y
deporte, ni alumbrado publico. Tampoco tienen servicio telefónico fijo, ni
internet. Las calles por donde transitan los habitantes de la vereda esta
destapada. El transporte que utilizan para movilizarse hasta Matuya es la
moto o a pie, y a María La baja, lo hace en moto.
Cuentan con un hogar infantil comunitario, construido en arcilla, bareque y zinc
en mal estado, se procede a realizar el registro de video y fotográfico el cual se
incorpora a la diligencia. El colegio fue construido en material y tiene solo tres
salones, cada aula fue divida por la mitad con triplex para un total de seis
salones, en un mismo salón se ubican a dos niveles educativos, tienen tres
salones improvisados adicionales, uno en un bohío de madera y palma, otro
con cuatro bigas de cemento, zinc tapado por un lado con tela negra y otro en
el espacio del comedor escolar, solo cuentan con un solo baño para toda la
escuela, se realiza registro de video y se incorpora a la diligencia. La escuela
cuenta con nueve docentes y curso hasta hasta 11, siendo certificados los
últimos dos niveles por otro colegio de María La Baja en virtud a un convenio
realizado entre otros, el colegio no cuenta con dotaciones didácticas ni
internet”29. (Subrayas y negrillas de la Sala).
C) Mediante auto del 7 de febrero de 2024, el Despacho decretó como prueba de
oficio, ordenar al actor popular y al Municipio de María La Baja que identifiquen de
manera precisa el predio donde se afirma están asentadas las personas que fueron
desplazadas por la violencia y aportar las pruebas que den cuentan de la titularidad
del derecho de dominio del terreno, más específicamente el certificado de tradición
del inmueble.
En memoriales del 19 de febrero de 2024 y del 1 de abril de ese año, el citado ente
territorial y la Procuraduría 3 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agraria de
Cartagena, allegaron los documentos requeridos. Particularmente esta última
señaló:
29 Visible a folios 538 a 547 del Cuaderno del Tribunal.
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“En atención del referido auto manifestamos al Honorable Consejo de Estado
que la alcaldía de María la Baja mediante oficio OFIC.SGGA-0038-2024 con
fecha del 14 de febrero de 2024 nos solicitó toda la información que tuviéramos
relacionada con el proceso de la referencia, por lo que esta Procuraduría
Judicial remitió a la citada Alcaldia por medio de Mensaje electrónico de fecha
14 de febrero de 2024 copia de la Escritura Púbica y los Certificados de
Tradición y Libertad que aportaron al proceso mediante el oficio OFIC.SGGA-
0043-2024 del 16 de febrero de 2024.
Esa misma información fue remitida por esta Procuraduría Judicial al Consejo
de Estado por medio del Oficio No.13203600003-230-2023 del 28 de noviembre
del 2023, sin embargo, por error involuntario, el mismo se dirigió a una dirección
de correo electrónico equivocada, de lo que nos percatamos con el
requerimiento más reciente realizado por ese despacho.
Aunque la orden contenida en el auto de fecha 17 de noviembre de 2023
proferida por ese despacho, no estaba dirigida a la suscrita Procuradora
Judicial, atendiendo a las especiales condiciones de vulnerabilidad de la
población campesina de la asociación “No hay como Dios”, nos pusimos en
contacto con la Corporación de Desarrollo Solidario CDS, habida cuenta que
conocíamos que esa entidad fue la donante del predio a la citada Asociación
campesina, y les solicitamos los documentos que tuvieran en sus archivos
relacionados con la propiedad del predio en el que se encuentran asentadas las
familias que solicitan el amparo de sus derechos a través de la Acción Popular
de la referencia.
Mediante correo electrónico del 28 de noviembre de 2023 la directora de la CDS
nos suministró copia de la Escritura Pública No. 539 de fecha 14 de octubre de
2009, otorgada por la Notaria Única de María La Baja (Bolivar), por medio de la
cual se protocolizan el contrato de división material y jurídica del predio
identificado con la matricula inmobiliaria 060-147636 y con esa información
obtuvimos los certificados de libertad y tradición ese predio, y de los predios que
resultaron de la división material y jurídica realizada, a saber, los
correspondientes a las matrículas inmobiliarias 060-255485 y 060-255486”
30
(Subrayas de la Sala).
Ahora bien, al revisar el certificado de libertad y tradición del predio 060-255485, en
el cual residen los habitantes de la zona objeto de controversia, se evidencia que
dicho inmueble es de propiedad de la asociación campesina denominada “No hay
como Dios”; veamos:
“
”31.
30 Visible a folio 94 del Sistema de Gestión SAMAI.
31 Ibidem.
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6.3.1.1. En ese orden de ideas, del material probatorio obrante en el plenario,
lo que se advierte es que la Comunidad del denominado “Paso El Medio”, es
población desplazada que reside en un predio que fue comprado por la Asociación
Campesina “No hay como Dios” y que se encuentra ubicado en el área rural del
Corregimiento de Matuya del Municipio de María La Baja – Bolívar.
Lo anterior es corroborado en la contestación de la demanda por la UARIV. Al
respecto, esa entidad textualmente señaló:
“En este orden de ideas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Victimas tiene claro que las personas que componen las Asociaciones
denominadas “Comité de la Comunidad de Desplazados del Caserío de
Santafé de Hicotea – “ASOSANTAFE” y la Asociación de Campesinos “NO
HAY COMO DIOS”, del corregimiento de Matuya, Municipio de María La
Baja, del Departamento de Bolívar, son personas que son desplazadas y
que deben tener toda la atención y protección por parte del Estado. Es así
que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas, tiene las
medidas de atención, asistencias y reparación previstas en la Ley 1448 de 2011,
reconocimiento, que en efecto si correspondería eventualmente a la Unidad
para las Víctimas. Sin embargo, de la lectura acuciosa tanto de los hechos como
de las pretensiones de la demanda, se observa que el interés de los acciones
se enfoca básicamente en el amparo de los derechos e intereses colectivos de
la comunidad de desplazados de la vereda denominada “Paso el medio” del
corregimiento de Matuya en el Municipio de María La Baja en el departamento
de Bolívar”32 (Subrayas y negrilla de la Sala).
En consecuencia, es evidente que, contrario a lo señalado por el a quo, en el
plenario se encuentra acreditado que los residentes de la zona objeto de
controversia son desplazados del conflicto armado y que se encuentran en situación
de vulnerabilidad, debido a las precarias condiciones en las que subsisten.
En efecto, la inspección judicial realizada el 24 de octubre de 2017, se constató que
las condiciones de vida en la zona son extremadamente difíciles. La mayoría de las
viviendas, construidas en bareque, carecen de baños, ventilación adecuada y un
número suficiente de habitaciones. Además, no tienen acceso a servicios públicos
como acueducto, alcantarillado, gas natural, recolección de basuras, telefonía ni
internet. Adicionalmente, no cuentan con acceso directo a servicios de salud.
En cuanto a la educación, la única institución escolar en la zona se encuentra en
estado de deterioro significativo. Dispone de un solo baño, carece de materiales
didácticos y en un mismo salón, deben ubicarse estudiantes de dos niveles
32 Visible a folio 332 del Cuaderno del Tribunal.
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educativos distintos, lo que evidencia una grave afectación de los derechos
fundamentales y colectivos de esta comunidad.
Asimismo, no es de recibo el argumento del Tribunal según el cual los residentes
son responsables de su situación de vulnerabilidad, al haber elegido vivir en ese
lugar. Por el contrario, se trata de personas que fueron forzadas a abandonar sus
hogares debido al conflicto armado y que, en consecuencia, se vieron obligadas a
habitar dicho sector sin que el Estado haya adoptado medidas efectivas para
garantizar su atención y la prestación de los servicios básicos necesarios para que
puedan desarrollar su vida en condiciones de dignidad.
De hecho, la posición asumida por el Tribunal la sentencia recurrida resulta
abiertamente revictimizante, pues ignora que la población desplazada sufrió un
desarraigo forzado de su lugar de residencia. De ahí que, pretender que sean estas
personas quienes deban suplir las cargas que les permitan mejorar su calidad de
vida sin la más mínima intervención de las entidades demandadas, es contraria a
los fines esenciales del Estado Social de Derecho concebido en la Carta del 91,
según el cual, las autoridades públicas están en la obligación de garantizar el
bienestar general y la protección de sectores vulnerables como el que es objeto de
análisis en esta providencia.
En este sentido, resulta relevante señalar que Corte Constitucional, en la sentencia
T-025 de 2004, declaró el estado de cosas inconstitucional respecto de la crisis
humanitaria de la población desplazada en Colombia. En dicha providencia, se
determinó que el desplazamiento forzado genera una violación masiva y sistemática
de derechos fundamentales, lo que impone al Estado la obligación de adoptar
medidas efectivas para garantizar su protección33.
Igualmente, es relevante señalar que en atención a la situación de vulnerabilidad en
la que se encuentran las personas que debido al conflicto armado se vieron
obligadas a abandonar sus lugares de arraigo para salvaguardar sus vidas, el
Legislador profirió la Ley 387 de 1997, por medio de la cual se adoptaron las
medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
33Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda
Espinosa.
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consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la
violencia en la República de Colombia.
Particularmente, el artículo 9 ibidem, determinó que el Gobierno Nacional debía
diseñar el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la
Violencia. Mientras que, el numeral 5 del artículo 10 ibidem, señaló que uno de los
objetivos de ese plan era diseñar y adoptar medidas que garantizaran a la población
desplazada acceso a programas integrales de desarrollo rural, de modo que se
garantice su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país.
La última norma en comento es del siguiente tenor:
“Articulo 10. De los objetivos. Los objetivos del Plan Nacional serán los
siguientes, entre otros:
(…)
5. Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su
acceso a planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural,
ofreciéndole los medios necesarios para que cree sus propias formas de
subsistencia, de tal manera que su reincorporación a la vida social, laboral y
cultural del país, se realice evitando procesos de segregación o estigmatización
social” (Subrayas de la Sala).
Ahora bien, el 10 de junio de 2011 el Congreso de la República profirió la Ley 144834,
cuyo objeto, conforme al artículo 1, es “[…]establecer un conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en
beneficio de las víctimas de las violaciones contempladas en el artículo 3o de la
presente ley, dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer
efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía
de no repetición, de modo que se reconozca su condición de víctimas y se dignifique
a través de la materialización de sus derechos constitucionales […]”.
Mientras que el artículo 28 de la Ley 1448 de 2011, determinó que eran derechos
de las víctimas, lo siguientes:
“Artículo 28. Derechos de las víctimas. Las víctimas de las violaciones
contempladas en el artículo 3o de la presente Ley, tendrán entre otros los
siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:
34 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
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1. Derecho a la verdad, justicia y reparación.
2. Derecho a acudir a escenarios de diálogo institucional y comunitario.
3. Derecho a ser beneficiario de las acciones afirmativas adelantadas por el
Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condiciones de
dignidad.
4. Derecho a solicitar y recibir atención humanitaria.
5. Derecho a participar en la formulación, implementación y seguimiento de la
política pública de prevención, atención y reparación integral.
6. Derecho a que la política pública de que trata la presente ley, tenga enfoque
diferencial.
7. Derecho a la reunificación familiar cuando por razón de su tipo de
victimización se haya dividido el núcleo familiar.
8. Derecho a retornar a su lugar de origen o reubicarse en condiciones de
voluntariedad, seguridad y dignidad, en el marco de la política de seguridad
nacional.
9. Derecho a la restitución de la tierra si hubiere sido despojado de ella, en los
términos establecidos en la presente Ley.
10. Derecho a la información sobre las rutas y los medios de acceso a las
medidas que se establecen en la presente Ley.
11. Derecho a conocer el estado de procesos judiciales y administrativos que
se estén adelantando, en los que tengan un interés como parte o intervinientes.
12. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia” (Subrayado de la Sala).
Específicamente, la atención a las víctimas del desplazamiento forzado se
encuentra regulada en el capítulo III de la normatividad precitada en donde se indicó
que “ se entenderá que es víctima del desplazamiento forzado toda persona que se
ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de
residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física,
su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran
directamente amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se refiere el
artículo 3o de la presente Ley ”35.
En otras palabras, la decisión impugnada no sólo desatendió los mandatos
superiores y legales relacionados con la protección del anotado grupo poblacional
sino que ignoró por completo una realidad del todo palpable y debidamente
demostrada en las intervenciones de las entidades que respondieron la demanda y
más aún en las pruebas allegadas y que practicó de manera directa evidenciando
con la inmediatez requerida el grado de vulnerabilidad de la comunidad. Sorprende,
por decir lo menos, una actitud displicente del Tribunal y estructuralmente
desapegada del iter probatorio así como de aspectos sustanciales propios de la
historia de violencia que ha acompañado el país por varios lustros. Se trata entonces
de una providencia que perpetúa con carácter institucional la desigualdad y
exclusión estructural de las personas desplazadas.
35 Parágrafo 2 del artículo 60 de la Ley 1448 de 2011.
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En ese orden, es evidente que en el presente asunto sí está probada la vulneración
de los derechos colectivos a la salud y salubridad pública, acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, acceso a servicios
públicos y su prestación eficiente y oportuna, realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida con un
enfoque diferencial de género, edad y poblacional de los habitantes de la comunidad
Paso El Medio, circunstancia que impone efectuar el siguiente análisis sobre las
omisiones en que han incurrido las entidades accionadas para solventar la
problemática que se presenta en el asunto de la referencia.
6.4. De la falta de identificación de los pobladores de la comunidad de la
comunidad de Paso El Medio y de legalización del lugar en el que residen
6.4.1. En primer lugar, la Sala advierte que no existe certeza sobre el número
exacto de personas que habitan la zona objeto de controversia, lo cual constituye
un aspecto fundamental para garantizar cualquier tipo de intervención en la zona
objeto de controversia y demuestra la total despreocupación de las autoridades
competentes para brindar auxilio efectivo a la comunidad que se ubica en el sector
de Paso El Medio del Corregimiento de Matuya del Municipio de María La Baja.
Lo anterior, además, evidencia un claro desconocimiento de lo previsto en el artículo
56 de la Ley 9 de 11 de enero de 1989, modificado por el artículo 5 de la Ley 2 de
15 de enero de 1991 y del artículo 48 de la Ley 1448 de 2011. Las normas en
cuestión son del siguiente tenor:
“Articulo 56. A partir de la vigencia de la presente Ley, los alcaldes y el
Intendente de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado
un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de
asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes o
deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda. Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las
oficinas locales de planeación o en su defecto con la de la correspondiente
oficina de planeación departamental, comisarial o intendencial, los alcaldes y el
Intendente de San Andrés y Providencia con la colaboración de las entidades a
que se refiere el Decreto 919 de 1989, adelantarán programas de reubicación
de los habitantes o procederán a desarrollar las operaciones necesarias para
eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. Mientras
subsistan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los inmuebles a
los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a) del artículo
80 o declarados de utilidad pública, o interés social en desarrollo de los literales
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b) y d) del artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los habitantes
que a la vigencia de la presente Ley se encuentren localizados en zonas de alto
riesgo. Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo
dispuesto en este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier
ciudadano podrá presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el
inventario una zona o asentamiento determinado.
(…)” (Subrayas de la Sala)..
“Artículo 48. Censo. En el evento en que se presenten atentados terroristas y
desplazamientos masivos la Alcaldía Municipal a través de la Secretaría
de Gobierno, dependencia, funcionario o autoridad que corresponda, con
el acompañamiento de la Personería Municipal, deberá elaborar el censo
de las personas afectadas en sus derechos fundamentales a la vida,
integridad personal, libertad personal, libertad de domicilio, residencia, y
bienes.
Dicho censo deberá contener como mínimo la identificación de la víctima, su
ubicación y la descripción del hecho, y remitirlo a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en un término no
mayor a ocho (8) días hábiles contados a partir de la ocurrencia del mismo.
La información se consignará en un formato único de uso obligatorio, que para
tales efectos expedirá la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, y hará parte del Registro Único de Víctimas,
y reemplazará la declaración a la que hace referencia el artículo 155 en lo que
respecta a los hechos victimizantes registrados en el censo.
Parágrafo. En el caso de los desplazamientos masivos, el censo procederá
conforme al artículo 13 del Decreto 2569 de 2000, en cuanto exime a las
personas que conforman el desplazamiento masivo de rendir una declaración
individual para solicitar su inscripción en el Registro Único de Víctimas.
Parágrafo 2o. Las autoridades competentes deberán tener un criterio de
priorización con respecto a la elaboración del censo que caracteriza la situación
de los niños, niñas y jóvenes que hayan quedado huérfanos de padre, de madre
o de los dos y dispondrán lo pertinente a afectos de brindar todas las ayudas
contempladas en la presente ley, además de aquellas establecidas en la política
social del Estado a su favor, en coordinación con el ICBF y el Ministerio Público”
(Subrayas de la Sala).
En consecuencia, se ordenará que en cumplimiento de esos mandatos, el Municipio
de María La Baja que en coordinación con la UARIV y dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la notificación de esta providencia, elaboren un censo que
contenga por lo menos, la siguiente información: (i) la identificación de las personas
que residen en la zona de Paso El Medio y la descripción de los hechos que los
obligaron desplazarse forzadamente de sus lugares de origen (ii) la ubicación exacta
en la que se ubican en la actualidad, (iii) el estado de las viviendas en las que
residen y la cantidad de habitantes por casa y (iv) si tienen acceso a los servicios
públicos domiciliarios, educación y salud y las condiciones en que se prestan a cada
persona.
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Asimismo, la UARIV deberá, con base en esa información, verificar si las personas
censadas están en el Registro Único de Víctimas y en caso de que no lo estén,
realizar los registros correspondientes. Para el efecto, la UARIV tendrá un plazo de
quince (15) días, contados a partir de la finalización del anterior plazo.
Sobre éste último mandato, téngase en cuenta que la Corte Constitucional, ha
precisado que cuando una persona sea víctima del desplazamiento forzado, tiene
el derecho a quedar registrada como tal por las autoridades competentes, ya sea
de forma individual o junto a su núcleo familiar en el Registró Único de Víctimas el
cual ha sido definido por esa Corporación como “el instrumento idóneo para
identificar a la población víctima del desplazamiento forzado a través del cual se
realiza la canalización de las medidas de atención humanitaria previstas para esta
población. Esta herramienta concentra los destinatarios de la política pública en
materia de desplazamiento, razón por la cual supone un manejo cuidadoso y
responsable por parte de la autoridad que se encargue de operar tal registro, pues
de estar inscrito o no depende el acceso a los auxilios dispuestos en materia de
atención al desplazado interno”36.
6.5. Del proceso de legalización del asentamiento irregular
De otro lado, se evidencia que el Municipio de María La Baja no ha adelantado
ningún procedimiento encaminado a la legalización del Asentamiento Paso El
Medio, ubicado en el Corregimiento de Matuya, pese a que, como consta en el
expediente, la Asociación Campesina “No hay como Dios” es la propietaria del
inmueble y está conformada por personas desplazadas y por ende, en condiciones
de vulnerabilidad. Dicha circunstancia, ha impedido que en ese sector se presten
servicios básicos, tales como los de acueducto, alcantarillado y aseo.
Lo anterior, sin tener en cuenta que existen procedimientos reglamentarios dirigidos
a legalizar esa clase de asentamientos como el contemplado en los artículos
2.2.6.5.1. y subsiguientes del Decreto 1077 de 2015:
“Artículo 2.2.6.5.1. Legalización urbanística. La legalización urbanística es el
proceso mediante el cual la administración municipal, distrital o del
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
36 Corte Constitucional. Sentencia T-832 del 11 de noviembre de 2014. Magistrado Ponente. Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub.
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reconoce, si a ello hubiere lugar, la existencia de un asentamiento humano con
condiciones de precariedad y de origen informal, conformado por viviendas de
interés social y usos complementarios que la soportan, que se ha constituido
sin licencia de urbanización previo a su desarrollo o que aun cuando la obtuvo,
esta no se ejecutó.
Mediante la legalización urbanística y de acuerdo con las condiciones que
establezca cada entidad territorial, se aprueban los planos urbanísticos y se
expide la reglamentación urbanística, sin perjuicio de la responsabilidad penal,
civil y administrativa de los comprometidos.
La legalización urbanística implica la incorporación al perímetro urbano cuando
a ello hubiere lugar, sujeta a la disponibilidad técnica de servicios o a la
implementación de un esquema diferencial en áreas de difícil gestión; y la
regularización urbanística del asentamiento humano, entendida como la norma
urbanística aplicable y las acciones de mejoramiento definidas por el municipio
o distrito en la resolución de legalización.
La legalización urbanística no, contempla el reconocimiento de los derechos de
propiedad en favor de eventuales poseedores, ni la titulación de los predios
ocupados por el asentamiento humano.
El acto administrativo mediante el cual se aprueba la legalización hará las veces
de licencia de urbanización, con base en el cual se tramitarán las licencias
urbanísticas y el reconocimiento de las edificaciones existentes. En todo caso,
si con posterioridad al acto de legalización el Plan de Ordenamiento Territorial
y/o los instrumentos que lo desarrollan Y complementan adoptan normas
urbanísticas que tengan efectos sobre los asentamientos legalizados, se
deberán tramitar las licencias urbanísticas y los actos de reconocimiento con
base en dichas normas, a menos que dispongan lo contrario.
Parágrafo. Para efectos del parágrafo 1° del artículo 17 de la Ley 2044 de 2020,
la legalización y regularización urbanística se adelantará conforme a los
trámites previstos en el presente capítulo” (Subrayas de la Sala).
Ahora, de conformidad con el artículo 2.2.6.5.1. ibidem, dichos trámites pueden ser
iniciados de oficio por la autoridad municipal:
“Artículo 2.2.6.5.1.1. Iniciativa del proceso de legalización urbanística. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 9ª de 1989 o la norma que
lo adicione, modifique o sustituya, el proceso de legalización se podrá iniciar
de oficio por la autoridad municipal o distrital facultada para el efecto o por
solicitud de la parte interesada.
Corresponderá a la parte interesada asumir las obligaciones del proceso de
legalización urbanística.
Entiéndase por parte interesada, al urbanizador, el enajenante, la comunidad
interesada o los propietarios de los terrenos.
Parágrafo 1°. Cuando la iniciativa de la solicitud sea de oficio, la autoridad
competente solicitará a los interesados en el proceso el aporte de la información
y documentación de que tratan los artículos del presente capítulo.
Parágrafo 2°. Cuando las partes interesadas no tengan la capacidad para
asumir los costos del proceso de legalización urbanística, el municipio o distrito,
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conforme a las metas de sus planes de desarrollo, podrán proveer los recursos
requeridos para dicho trámite teniendo en cuenta su disponibilidad
presupuestal.
Parágrafo 3°. A solicitud de los municipios y distritos, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y/o el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) podrán
apoyar técnica y financieramente en la elaboración de los estudios urbanísticos
y el trámite de la legalización urbanística en general, sin importar en qué clase
de suelo se localice el asentamiento al momento de iniciar el proceso.
El apoyo técnico y financiero de que trata el presente parágrafo se brindará
conforme a las condiciones previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial, el
Plan de Gestión del Hábitat y/o demás instrumentos que complementen y
desarrollen el plan de ordenamiento territorial respectivo” (Subrayas y negrillas
de la Sala).
Por su parte, el artículo 2.2.6.5.1.2 ibidem regula la solicitud de legalización
urbanística, mientras que el artículo 2.2.6.5.1.3 ibidem establece los anexos
requeridos para dicha solicitud. A su vez, el artículo 2.2.6.5.2.1 ibidem se refiere a
la evaluación de la documentación presentada, y el artículo 2.2.6.5.2.3 ibidem
aborda la definición de las condiciones y el estudio urbanísticos final. Por su parte,
el artículo 2.2.6.5.2.4 ibidem regula la publicidad del estudio urbanístico final, y el
artículo 2.2.6.5.2.5 ibidem contempla lo relacionado con el proceso de legalización
urbanística.
En consecuencia, se ordenará que, dentro del mes siguiente a la notificación de
esta providencia, el Municipio de María La Baja adelante las actuaciones que le
permitan legalizar el mencionado asentamiento. Dicho procedimiento deberá ser
culminado a más tardar doce (12) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia, lapso que se estima razonable en atención a los términos definidos en
las normas que regulan el mencionado tipo de actuación.
6.6. De la falta de prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo
En este punto, es menester señalar que, si bien en la actualidad la comunidad que
habita el sector de Paso El Medio aún no se encuentra legalizada, ello no habilita al
Estado para abstenerse de prestar los servicios públicos domiciliarios en dicha área.
En efecto, esta Sección en sentencia del 20 de febrero de 2020, resaltó:
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“iii) Independientemente de las dificultades advertidas, de la legalidad o la
ubicación del predio donde se requiere el suministro de los servicios públicos
de acueducto y alcantarillado, las autoridades están en la obligación de
garantizar la prestación de los mismos, a través de cualquier medio idóneo
como medida provisional o alternativa para resolver las necesidades básicas
insatisfechas de las personas. En otras palabras, los trámites, procedimientos,
acciones y operaciones que tenga que agotar la Administración Pública, no
deben suponer un obstáculo para garantizarle a las personas el acceso a los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado”37 (Subrayas de la Sala)
Lo anterior, además, responde a las competencias del Municipio de María La Baja
y del Departamento de Bolívar en materia de servicios públicos, tal y como se verá
enseguida:
6.6.1. De las facultades de los municipios
Pues bien, debe señalarse que el artículo 365 de la Carta Fundamental, la
prestación de los servicios públicos es un asunto inherente a la finalidad social del
Estado, a quien le corresponde en todo caso su regulación, control y vigilancia,
además de asegurar que su ejecución sea eficiente a todos los habitantes del
territorio nacional, aun cuando se defiera su prestación a los particulares.
Ahora, el artículo 311 ibidem señala que a los Municipios les corresponde la
prestación de los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que
demande el progreso local y promover el mejoramiento social de sus habitantes,
entre otras.
“Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división
politico<sic>-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.”
En similar sentido, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994,
contemplaron:
“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto
Serrato Valdés, providencia de 20 de febrero de 2020, núm. único de radicación 05001 23 33 000
20150 2436 01.
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(…)
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los
habitantes del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis
en los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las
personas de la tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los
demás sujetos de especial protección constitucional.
(…)
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico
a los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en
materia de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).
Ahora, se desprende de lo dicho que la prestación de los servicios públicos quedó
supeditada a lo que definiera el Legislador, quien, como ya quedó atrás explicado,
lo llevó a cabo cuando expidió la Ley 142 de 1994, concibiendo un régimen que
respondía a la línea trazada para la época dada la corriente denominada “crisis de
los servicios públicos”. Particularmente, en el artículo 5º de esa norma determinó
que era deber de los Municipios asegurar la prestación eficiente de los servicios
públicos en su territorio, ya sea a través de una empresa o directamente cuando no
existan sociedades interesadas en ejercer esa actividad; veamos:
“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de
los servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del
respectivo municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”
En línea con lo anterior, el artículo 26 ibidem previó que los municipios deben
permitir que las empresas de servicios públicos instalen las redes permanentes que
estén destinadas a la prestación de los servicios públicos. Y, además, señaló que a
esos entes les está prohibido favorecer monopolios o limitar la competencia en ese
sector. La disposición en comento es del siguiente tenor:
“Artículo 26. Permisos municipales. En cada municipio, quienes prestan
servicios públicos estarán sujetos a las normas generales sobre la planeación
urbana, la circulación y el tránsito, el uso del espacio público, y la seguridad y
tranquilidad ciudadanas; y las autoridades pueden exigirles garantías
adecuadas a los riesgos que creen.
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Los municipios deben permitir la instalación permanente de redes destinadas a
las actividades de empresas de servicios públicos, o a la provisión de los
mismos bienes y servicios que estas proporcionan, en la parte subterránea de
las vías, puentes, ejidos, andenes y otros bienes de uso público. Las empresas
serán, en todo caso, responsables por todos los daños y perjuicios que causen
por la deficiente construcción u operación de sus redes.
Las autoridades municipales en ningún caso podrán negar o condicionar a las
empresas de servicios públicos las licencias o permisos para cuya expedición
fueren competentes conforme a la ley, por razones que hayan debido ser
consideradas por otras autoridades competentes para el otorgamiento de
permisos, licencias o concesiones, ni para favorecer monopolios o limitar la
competencia” (Subrayas de la Sala).
Lo hasta aquí expuesto, fue reiterado por el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, que,
al definir las competencias de los Municipios, dispuso literalmente:
“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General
de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos
de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.”
En ese orden, lo que se advierte es que, aun cuando los Municipios no asuman la
prestación directa de los servicios públicos, mantienen dentro de sus deberes el de
garantizar que esas actividades se efectúen de manera eficiente, esto es,
asegurando: (i) universalidad en el acceso a los servicios, (ii) optimización de los
niveles de consumos, (iii) la ampliación de la cobertura, y (iv) evitando crear
condiciones que puedan limitar o restringir la competencia en ese sector dentro del
área de su jurisdicción.
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en sentencia C-186 de 2022, señaló:
“Los servicios públicos domiciliarios y su dogmática actual constituyen una
manifestación de la cláusula de Estado Social de Derecho contenida en el
artículo 1º de la Carta Política38. También están ligados al respeto de la dignidad
38 Constitución Política. Artículo 1º. “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y
la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”
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humana, a la prevalencia del interés general y a la solidaridad que debe imperar
entre quienes integran la República.
En virtud del artículo 2º, constituye un fin esencial del Estado promover la
prosperidad y garantizar los derechos y principios consagrados en la
Constitución39, incluyendo el acceso a los servicios públicos. A su turno, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios de todas las personas que habitan
Colombia materializa el principio de igualdad material consagrado en el artículo
13 de la Carta Política40.
Puntualmente, el artículo 33441 superior señala que la dirección general de la
economía está a cargo del Estado. En consecuencia, éste debe intervenir, por
mandato de la ley, en los servicios públicos y privados con el fin de mejorar la
calidad de vida de los habitantes del país, así como para lograr la distribución
equitativa de oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre todos, en un
marco de sostenibilidad fiscal y de preservación de un ambiente sano. En
cualquier caso, el gasto público social es siempre prioritario.
El segundo inciso del mencionado artículo 33442 establece que el Estado, de
manera especial, se asegurará de que todas las personas y, especialmente, las
de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios
básicos. De forma concomitante a esta garantía, es deber del Estado promover
la productividad y competitividad.
A su turno, el artículo 36543 de la Carta Política establece que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que éste debe
39 Constitución Política. Artículo 2º “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad,
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden
justo (…)”
40 Constitución Política. Artículo 13º “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades
y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El
Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan.”
41 Constitución Política. Artículo 334. “La dirección general de la economía estará a cargo del
Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el
uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios
públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y
territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como
instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En
cualquier caso el gasto público social será prioritario.”
42 Ibídem. Inciso segundo. “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los
recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de
menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También
para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.”
43 Constitución Política. Artículo 365. “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social
del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.
En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por
razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los
miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
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asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
Los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico que fije la ley y
pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, o por particulares.
En cualquier caso, el Estado tiene el deber de regular, controlar y vigilar estos
servicios y de prestarlos en aquellos lugares o comunidades de Colombia en
donde no exista empresa o persona dispuesta a garantizarlos44.
El artículo 36745 de la Carta Política establece que la ley fijará las competencias
y responsabilidades concernientes a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios. Esto supone regular su cobertura, calidad, financiación y el
régimen tarifario aplicable. El régimen tarifario deberá tener en cuenta los
criterios y principios de costos, solidaridad y redistribución de ingresos. El
inciso final de este artículo señala que será la ley la encargada de determinar
cuáles son las entidades competentes para fijar las tarifas de los servicios
públicos.
Por su parte, el artículo 36846 superior estipula que la Nación, los
departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas
pueden conferir subsidios, con cargo a sus respectivos presupuestos. Esto con
el fin de que garantizar que las personas de menores ingresos puedan pagar
las tarifas de los servicios públicos que cubren sus necesidades básicas.
Desde temprana jurisprudencia, la Corte Constitucional determinó que los
servicios públicos, como finalidad social del Estado, constituyen un mandato en
virtud del cual debe garantizarse su prestación y acceso efectivo a todos los
habitantes del país. Esto, a partir del vínculo intrínseco que existe entre los
servicios públicos y la efectividad de los derechos fundamentales a la vida, la
dignidad humana y la salud47.
Este mandato se lee de la mano con el artículo 366 constitucional, el cual prevé
que son finalidades sociales del Estado el bienestar general y el mejoramiento
de la calidad de vida de la población. En desarrollo de este principio, esta Corte
determinó que la prestación de los servicios públicos está esencialmente ligada
al thelos estatal, como fórmula constitucional destinada a fomentar el desarrollo
humano de todos los habitantes del país48.
La Corte Constitucional también ha destacado que uno de los fundamentos de
la obligación Estatal de velar por la prestación de los servicios públicos se deriva
de su deber de proteger la dignidad humana. Así, la realización de los derechos
fundamentales está supeditada de manera intrínseca a la adecuada prestación
de los servicios públicos de agua, salud, saneamiento básico, energía,
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas
que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.”
44 Sentencia C-558/01 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.
45 Constitución Política. Artículo 367 “La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas
a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el
régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y
redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada
municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y
coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas.”
46 Constitución Política. Artículo 368. “La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios
y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para
que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios
que cubran sus necesidades básicas.”
47 Sentencias C-247 de 2007 (M.P Hernando Herrera Vergara), C-565 de 2017 (M.P Diana Fajardo
Rivera) y C-187 de 2020 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).
48 Sentencia C-565 de 2017, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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combustible, transporte, gas, telecomunicaciones, entre otros49. Tener acceso
continúo y de calidad a estos servicios le permite al ser humano llevar una vida
digna.
A partir de todo lo anterior, la jurisprudencia de este Tribunal ha definido
los siguientes criterios respecto del deber del Estado de asegurar la
prestación eficiente de los servicios públicos50: (i) universalidad, que se
traduce en garantizar el acceso igualitario a los servicios públicos a todas
las personas que habitan el país; (ii) eficiencia, entendida como la
optimización del consumo de los servicios públicos para lograr unos
niveles determinados de confort y de servicio, es decir, servicios que
satisfagan las necesidades reales de los usuarios; (iii) eficacia, la cual
implica alcanzar los objetivos del sistema de servicios públicos mediante
un uso óptimo de todos los recursos que se requieren para su adecuada
prestación; (iv) calidad, que supone garantizar servicios públicos que
cumplan con unos estándares mínimos establecidos por la autoridad
competente, y (v) ampliación de cobertura, lo cual conlleva elevar el
número de personas que tienen acceso a los servicios públicos, con miras
a lograr un sistema universal.
En conclusión, la prestación de los servicios públicos domiciliarios se orienta a
cubrir las necesidades básicas insatisfechas de las personas que habitan
Colombia. Ello, con el fin de asegurar condiciones mínimas de existencia que
sean acordes con la dignidad inherente a todo ser humano. La jurisprudencia
constitucional ha hecho explícito que los servicios públicos domiciliarios tales
como el agua potable, el alcantarillado, el saneamiento básico, la electricidad y
el gas combustible son fundamentales para garantizar una vida digna, pues son
medios necesarios para la conservación y cocción de alimentos, para la higiene
y aseo personal, para la ventilación o calefacción del hogar e incluso para la
comunicación, la educación, el acceso a la información o el entretenimiento, a
través de medios digitales51”. (Subrayas y negrillas de la Sala).
6.6.2. De los Departamentos
El artículo 288 Superior dispuso que “Las competencias atribuidas a los distintos
niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de coordinación,
concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley.” Así, el artículo
298 ibidem previó que “los departamentos ejercen funciones administrativas, de
coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación
entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la
Constitución y las leyes.”
A su vez, el artículo 3 de la Ley 1551 de 201252 definió los principios de coordinación,
concurrencia, subsidiariedad y complementariedad, en los siguientes términos:
49 Sentencia C-353 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
50 Sentencias C-741 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y C-565 de 2017, M.P Diana
Fajardo Rivera.
51 Sentencia T-701 de 2009, M.P. Humberto Sierra Porto.
52 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”
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“Artículo 3º. El artículo 4º de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 4º. Principios Rectores del Ejercicio de la Competencia. Los
municipios ejercen las competencias que les atribuyen la Constitución y la ley,
conforme a los principios señalados en la ley orgánica de ordenamiento
territorial y la ley de distribución de recursos y competencias que desarrolla el
artículo 356 de la Constitución Política, y en especial con sujeción a los
siguientes principios:
a) Coordinación. Las autoridades municipales, al momento de ejercer sus
competencias y sus responsabilidades, deberán conciliar su actuación con la
de otras entidades estatales de diferentes niveles.
b) Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes
niveles tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben
ejercer en aras de conseguir el fin para el cual surgieron las mismas.
Las competencias de los diferentes órganos de las entidades territoriales y del
orden nacional no son excluyentes sino que coexisten y son dependientes entre
sí para alcanzar el fin estatal.
Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación
del servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas
asociativas previstas en la ley orgánica de ordenamiento territorial para evitar
duplicidades y hacer más eficiente y económica la actividad administrativa. Los
municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad
correspondiente. Las entidades nacionales podrán transferir las competencias
regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades territoriales.
c) Subsidiariedad. La Nación, las entidades territoriales y los esquemas de
integración territorial apoyarán en forma transitoria y parcial a las entidades de
menor desarrollo económico y social, en el ejercicio de sus competencias
cuando se demuestre su imposibilidad de ejercerlas debidamente.
d) Complementariedad. Para complementar o perfeccionar la prestación de los
servicios a su cargo y el desarrollo de proyectos locales, los municipios podrán
hacer uso de mecanismos de asociación, cofinanciación y/o convenios;”
En ese sentido, es preciso indicar que, conforme con el artículo 7º de la Ley 142 de
1994, a los Departamentos, en observancia de los principios de coordinación y
complementariedad con los Municipios, les corresponde auxiliarlos en la prestación
de los servicios públicos cuando, por razones técnicas y económicas, sea necesario:
“Artículo 7o. Competencia de los departamentos para la prestación de los
servicios públicos. Son de competencia de los departamentos en relación con
los servicios públicos, las siguientes funciones de apoyo y coordinación, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella
expidan las asambleas:
7.1. Asegurar que se presten en su territorio las actividades de transmisión de
energía eléctrica, por parte de empresas oficiales, mixtas o privadas.
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7.2. Apoyar financiera, técnica y administrativamente a las empresas de
servicios públicos que operen en el Departamento o a los municipios que hayan
asumido la prestación directa, así como a las empresas organizadas con
participación de la Nación o de los Departamentos para desarrollar las funciones
de su competencia en materia de servicios públicos.
7.3. Organizar sistemas de coordinación de las entidades prestadoras de
servicios públicos y promover, cuando razones técnicas y económicas lo
aconsejen,<sic> la organización de asociaciones de municipios para la
prestación de servicios públicos, o la celebración de convenios
interadministrativos para el mismo efecto.
7.4. Las demás que les asigne la ley.”
Entre tanto, el artículo 74 de la Ley 715 de 2001 determinó que los Departamentos,
en cumplimiento de los anotados principios, deben:
“Artículo 74. Competencias de los departamentos en otros sectores. Los
Departamentos son promotores del desarrollo económico y social dentro de su
territorio y ejercen funciones administrativas, de coordinación, de
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y
los Municipios y de prestación de los servicios.
Sin perjuicio de las establecidas en otras normas, corresponde a los
Departamentos el ejercicio de las siguientes competencias:
74.1. Planificar y orientar las políticas de desarrollo y de prestación de servicios
públicos en el departamento y coordinar su ejecución con los municipios.
74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales
o municipales de interés departamental.” (Subrayas de la Sala).
Bajo tal contexto normativo, es claro para la Sala que la prestación de los servicios
públicos en el régimen colombiano parte de la posibilidad de que el interesado en
llevarlo a cabo puede desarrollar esa actividad, independientemente de cuál sea la
naturaleza de sus recursos (pública o privada), y que el Municipio deberá asegurar
que se efectúe de manera eficiente; en tanto que los Departamentos ostentan
potestades de carácter complementario, es decir, deben auxiliar a los municipios
en esa materia, cuando así lo requieran.
6.6.3. Visto lo anterior, lo que evidencia la Sala es que que en la zona donde se
encuentra la comunidad de Paso El Medio, no existe un prestador de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, de modo que será a través de los mecanismos
de participación en ese mercado que una empresa privada o mismo Municipio
acometan la prestación de esos servicios en ese sector.
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Mientras que, en virtud de los principios de coordinación y complementariedad, el
Departamento de Bolívar y la empresa Aguas Bolívar S.A. E.S.P., en su calidad de
gestora del PDA, deberán concurrir en la implementación de la solución definitiva
que se imparta en este asunto.
6.6.4. En ese orden, es pertinente indicar que para la implementación de un sistema
de acueducto y alcantarillado en el área objeto de controversia, así como para la
prestación del servicio de aseo, el Municipio puede optar por desarrollar alternativas
a corto y mediano plazo, mediante la adopción de esquemas diferenciales para la
prestación del servicio. Adicionalmente, respecto los dos primeros servicios
mencionados, puede acudir alternativas de largo plazo en los Planes
Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y
Saneamiento (PDA).
6.6.5. Así, en cuanto a los esquemas diferenciales para la prestación del
servicio en zonas rurales (medidas a corto y mediano plazo), se encuentran
regulados en el Decreto 1898 de 2016, que adicionó dicha materia al Decreto 1077
de 2015.
En efecto, el artículo 2.3.7.1.1.1. ibídem, prevé:
“Artículo 2.3.7.1.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene por objeto definir
esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto,
alcantarillado y aseo, y para el aprovisionamiento de agua para consumo
humano y doméstico y de saneamiento básico en zonas rurales del territorio
nacional, en armonía con las disposiciones de ordenamiento territorial
aplicables al suelo rural, acorde con lo dispuesto en los artículos 14 y 33 de la
Ley 388 de 1997 o aquellas disposiciones de ordenamiento del suelo rural que
las modifiquen, adicionen o sustituyan” (Subrayas de la Sala).
6.6.5.1. En esa línea, respecto del servicio de alcantarillado, el numeral 8
del artículo 2.3.7.1.1.3. y el artículo 2.3.7.1.3.3. de esa misma norma indicaron que
las soluciones para el manejo de aguas residuales domésticas en zonas rurales
incluirán las instalaciones sanitarias. Las disposiciones en comento son del
siguiente tenor:
“Artículo 2.3.7.1.1.3. Definiciones. Para efectos del presente capítulo se
adoptan las siguientes definiciones.
(…)
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8. Instalaciones sanitarias. Estructuras o elementos que sirven para evacuar las
excretas o las aguas residuales domésticas y para la higiene personal.”
(Subrayas de la Sala)
“Artículo 2.3.7.1.3.3. Soluciones alternativas para el manejo de aguas
residuales domésticas. Las soluciones para el manejo de aguas residuales
domésticas en zonas rurales incluirán las instalaciones sanitarias. Las
soluciones individuales de saneamiento básico para viviendas dispersas
localizadas en áreas rurales se regularán por lo dispuesto en el artículo 99 de
la Ley 1753 de 2015.”
Por su parte, el artículo 37 de la Resolución No. 844 del 8 de noviembre de 2018, al
reglamentar el Decreto 1898 de 2016, previó los siguientes tipos para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas:
“Artículo 37. Tipos de sistemas para la recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. Los sistemas que pueden
implementarse para la recolección, transporte y tratamiento de las aguas
residuales domésticas corresponden a los siguientes tipos:
1. Sistemas centralizados para el servicio público de alcantarillado que a su
vez, comprenden los componentes de:
a) Recolección y evacuación de aguas residuales domésticas.
b) Tratamiento de aguas residuales.
c) Disposición de las aguas residuales tratadas.
2. Soluciones individuales de saneamiento.”
Mientras que el artículo 38 ibídem dispuso:
“Artículo 38. Selección de alternativas en recolección, transporte y
tratamiento de aguas residuales domésticas. La selección de un sistema
centralizado o de una solución individual de saneamiento para la recolección,
transporte y tratamiento de aguas residuales domésticas generadas en zonas
rurales, dependerá de la dispersión de las viviendas, las condiciones
geográficas y topográficas y la disponibilidad de agua para el diseño de
sistemas con arrastre. Se permite incluso la combinación de diferentes
opciones tecnológicas que permitan una adecuada administración, operación
y mantenimiento. Cualquier alternativa seleccionada deberá cumplir las
normas ambientales vigentes.” (Subrayas de la Sala)
Entre tanto, sobre las redes de alcantarillado el artículo 41 ibídem expresó:
“Artículo 41. Redes de alcantarillado en zonas rurales. Los sistemas de
redes de alcantarillado en zonas rurales, deberán diseñarse para la
recolección y evacuación de aguas residuales domésticas exclusivamente,
teniendo en cuenta lo siguiente:
1. No se permiten los alcantarillados combinados. Se podrá considerar un
caudal de contribuciones de aguas lluvias por conexiones erradas de acuerdo
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con el artículo 134 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
Se debe impedir que los caudales pluviales ingresen al sistema de
alcantarillado.
2. Se identificarán puntos críticos en los que el sistema centralizado de
alcantarillado debe incluir infraestructuras adicionales para evitar el arrastre
de sólidos, tales como trampas de grasas o cárcamos.
3. Para la selección de alternativas tecnológicas en sistemas centralizados de
alcantarillado, deberá tenerse en cuenta la opción tecnológica más adecuada
según las condiciones particulares de la zona de actuación, eligiendo entre
redes convencionales y no convencionales.
4. Los alcantarillados simplificados deben ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 145 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o la norma que lo modifique, adicione o sustituya y además
considerar el diseño con pendientes favorables para autolimpieza.
5. Los alcantarillados condominiales deben ajustarse a lo dispuesto en el
artículo 146 de la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya y además
considerar lo siguiente:
a) Se debe contar con la aprobación expresa de los propietarios de los predios
en los que se ubicarán las redes.
b) La red condominial se extiende hasta la caja de inspección de cada
vivienda.
6. Los alcantarillados Sin Arrastre de Sólidos (ASAS), deben ajustarse a lo
dispuesto en el artículo 147 de la Resolución número 330 de 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique,
adicione o sustituya y además considerar lo siguiente:
a) Se debe asegurar que los tanques interceptores de solidos cuenten con
facilidad de acceso para labores de limpieza y mantenimiento.
b) Se debe definir la periodicidad y el mecanismo de retiro y disposición de los
sólidos.
c) Se debe asegurar la disponibilidad de equipos para el mantenimiento en
sitio de los tanques interceptores.
Parágrafo 1. Las aguas lluvias se deben manejar con drenajes superficiales
y obras de urbanismo. Este tipo de intervenciones no hacen parte del servicio
de alcantarillado.
Parágrafo 2. Las aguas residuales no domésticas podrán ser incorporadas al
sistema de alcantarillado solo si cumplen con lo establecido en la Resolución
número 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la
norma que la modifique, adicione o sustituya, con respecto a los límites
máximos permisibles de vertimiento puntuales a los sistemas de alcantarillado
público.”
6.6.5.2. Ahora, en cuanto al servicio de acueducto el artículo 2.3.7.1.3.2. del
Decreto 1898 de 2016, señaló:
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“Artículo 2.3.7.1.3.2.Soluciones alternativas para el aprovisionamiento de agua
para consumo humano y doméstico. Las soluciones alternativas para el
aprovisionamiento de agua para consumo humano y doméstico en zonas
rurales deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1. El acceso al agua para consumo humano y doméstico podrá efectuarse
mediante un abasto de agua o un punto de suministro, o directamente desde la
fuente, acorde con la normatividad aplicable a la materia y con las necesidades
de la comunidad.
2. El almacenamiento del agua para consumo humano y doméstico podrá
realizarse en tanques o dispositivos móviles de almacenamiento.
3. El tratamiento del agua para consumo humano y doméstico, se realizará
mediante técnicas o dispositivos de tratamiento de agua. Esto no será requerido
para los inmuebles aprovisionados mediante puntos de suministro que
entreguen agua apta para consumo humano.
Parágrafo. Teniendo en cuenta que los administradores de abastos de agua y
de puntos de suministro no son personas prestadoras del servicio público de
acueducto, la autoridad sanitaria que compete realizará la vigilancia diferencial
que privilegie las acciones de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad, de conformidad con los lineamientos que para dicho fin expida el
Ministerio de Salud y Protección Social. Los abastos de agua y los puntos de
suministro deberán contar con los permisos y autorizaciones ambientales que
les sean exigibles según las normas vigentes” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 24 de la Resolución No. 844 del 8 de noviembre de 2018, previó
los siguientes esquemas alternativos para la distribución de agua para consumo
humano:
“Artículo 24. Tipos de sistemas de agua para consumo humano y
doméstico. Los sistemas de suministro de agua para consumo humano y
doméstico en zona rural se clasifican en los siguientes tipos:
1. Sistemas de acueducto (incluyen el consumo humano y doméstico), con las
siguientes opciones tecnológicas:
a) Distribución por redes con conexión domiciliaria.
b) Distribución por pila pública. En este caso, el tratamiento puede realizarse
directamente en la pila, o puede transportarse agua tratada hasta la pila por
medio de redes físicas o carrotanques.
2. Soluciones alternativas colectivas de agua (incluyen el consumo humano y
doméstico y el volumen para la subsistencia de la familia rural), con las
siguientes opciones tecnológicas:
a) Abastos de agua, con distribución de agua cruda o parcialmente tratada
mediante redes físicas hasta la vivienda.
b) Puntos de suministro para la entrega de agua cruda o parcialmente tratada.
c) Captación de aguas lluvias.
3. Soluciones alternativas individuales de agua (incluyen el consumo humano y
doméstico que se requiere para viviendas dispersas que no pueden ser
conectadas a un sistema de acueducto o a una solución alternativa colectiva de
agua), según las opciones tecnológicas definidas en los artículos 36 y 37 de
esta resolución.
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Parágrafo 1. El aprovisionamiento de agua por soluciones alternativas, sean
individuales o colectivas, debe incluir lo necesario para la captación, el
almacenamiento y el tratamiento de agua para consumo humano y doméstico.
Parágrafo 2. Todos los sistemas de agua para consumo humano y doméstico,
deberán utilizar métodos de estimación de consumo; o dispositivos de medición;
o mecanismos de control de los volúmenes de agua, independientemente del
uso que se dé a la misma.
Parágrafo 3. En todas las opciones tecnológicas definidas en este artículo, se
podrá incluir en el uso de dispositivos o técnicas de tratamiento de agua a nivel
domiciliar, cuando se evidencie que el agua suministrada a través del sistema
representa algún riesgo para la salud” (Subrayas de la Sala).
Ahora, para la selección de alguna de las anotadas alternativas, el artículo 25
ibidem, determinó:
“Artículo 25. Selección de alternativas de sistemas de agua para consumo
humano y doméstico. Para la selección de alternativas de sistemas de agua
para consumo humano y doméstico, debe aplicarse el procedimiento descrito
en los artículos 14, 15 y 16 de la presente resolución, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
a) La primera posibilidad de atención a considerar para cualquier núcleo de
población deberá ser la ampliación del área de prestación de un sistema de
acueducto existente, o la atención de la comunidad desde un acueducto
regional.
b) Cualquier núcleo de población de más de seiscientas (600) viviendas deberá
ser atendido mediante sistemas de acueducto cumpliendo todos los requisitos
técnicos establecidos en la Resolución número 330 de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio o la norma que la modifique, adicione o sustituya,
y no habrá lugar a la selección de soluciones alternativas colectivas de agua.
c) En núcleos de población de seiscientas (600) viviendas o menos, se deberá
incluir dentro del análisis de alternativas tanto sistemas de acueducto como
soluciones alternativas colectivas de agua, teniendo en cuenta los
artículos 15 y 16 de esta resolución.
d) En las áreas de prestación del servicio de acueducto que presenten las
condiciones particulares descritas en el numeral 3 del artículo 27 de esta
resolución, se podrán implementar pilas públicas, en las que solo podrá
entregarse el servicio mientras subsistan dichas condiciones particulares.
e) Las viviendas dispersas que no puedan conectarse al servicio de acueducto
o a soluciones colectivas de agua, deberán contar con soluciones individuales
de agua, según lo previsto en el Decreto número 890 de 2017 y en la Resolución
número 179 de 2017 de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o las normas
que los modifiquen, adicionen o sustituyan”.
6.6.5.3. Para la adopción de esquemas diferenciales frente a los servicios de
acueducto y alcantarillado, el artículo 8 de la Resolución No. 844 del 8 de noviembre
de 2018, determinó:
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“Artículo 8. Gestión de proyectos de esquemas diferenciales en zonas
rurales. Los proyectos de agua y saneamiento básico de que trata esta
Resolución deberán tener las siguientes etapas, que incluyen fases para la
organización secuencial de los proyectos:
1. Perfil del proyecto
2. Planeación
3. Construcción y puesta en marcha
4. Administración, operación y mantenimiento (…)”
Se explicará al detalle cada una de las aludidas etapas:
• Perfil del proyecto
Normas que contemplan Responsable Objetivo
la etapa
Luego de reunir la
Artículos 9 y 10 de la Entidad pública que información requerida en el
Resolución No. 0844 de promueva el proyecto, para artículo 9 ibídem, se debe
2018 el caso, el ente territorial. tener certeza sobre los
problemas de agua y
saneamiento y se debe
identificar, preliminarmente,
el esquema diferencial a
desarrollar en un posible
proyecto y las propuestas
de solución.
Es necesario indicar que el artículo 9 ibidem, señaló que en dicha fase se debía
reunir la siguiente información:
“Artículo 9o. Formulación del perfil de proyecto. Las entidades públicas y/o
privadas que promuevan inversiones del sector de agua potable y
saneamiento básico en zonas rurales, deberán formular perfiles de proyecto
con información suficiente en la que se identifique, la posible zona de
actuación, las condiciones particulares de dicha zona, y posibles soluciones
identificando el esquema diferencial aplicable. Para ello, cada perfil de
proyecto deberá contener, como mínimo, la siguiente información para su
zona de influencia:
a) Identificación del uso y clasificación del suelo rural: cabeceras de
corregimientos, centros poblados rurales, parcelaciones campestres, u otros
núcleos de población aunque no hayan sido incluidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT), Plan Básico de Ordenamiento Territorial
(PBOT) o Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), u otras viviendas
dispersas.
b) Número de viviendas y entornos, y descripción del área en que habita la
comunidad, con datos estimados o aproximados si no existen datos precisos.
c) Información, cualitativa o cuantitativa, sobre alertas sanitarias o incidencia
de enfermedades asociadas al agua o al saneamiento básico en la localidad.
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d) Identificación de los sistemas de agua o saneamiento básico que ya existan
en la comunidad, cualquiera que sea su estado de operación actual.
e) Identificación de personas prestadoras de los servicios de acueducto,
alcantarillado y/o aseo que atiendan zonas urbanas o rurales próximas a la
comunidad y posible disponibilidad para abastecerla.
f) Identificación preliminar de posibles fuentes abastecedoras.
g) Antecedentes y alertas asociadas a amenazas y vulnerabilidades en la
localidad.
h) Para los proyectos de aseo, identificar los componentes del servicio público
de aseo que se están prestando en la localidad.
El perfil de proyecto deberá contener las siguientes conclusiones:
1. La descripción de los problemas de agua y saneamiento de la posible zona
de actuación.
2. La identificación preliminar del esquema diferencial a implementar en un
posible proyecto, y propuestas de solución, de acuerdo con el artículo 6o de
la presente Resolución.
Parágrafo. Los municipios y distritos, acorde con su responsabilidad de
atender las necesidades básicas y el aseguramiento de los servicios de agua
y saneamiento básico, identificarán y priorizarán las inversiones para mejorar
el acceso a estos servicios en las zonas rurales de jurisdicción, de acuerdo
con los perfiles de proyecto definidos en este artículo.
Cuando no se cuente con información de fuentes oficiales para elaborar un
perfil de proyecto, el respectivo municipio o distrito deberá recopilar
información, con sustento en otras fuentes secundarias confiables o mediante
visita de campo.”
• Etapa de planeación
Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa
Artículos 11 a 17 de la Entidad pública encargada Determinar acciones para
Resolución No. 0844 de del proyecto una adecuada formulación
2018 del proyecto de esquemas
diferenciales.
Ahora, el artículo 11 ibidem determinó que, a su vez, la etapa de planeación se
dividía en las fases de preparación, verificación en campo, diagnóstico integral e
identificación de alternativas tecnológicas. La norma en contexto dispuso:
“Artículo 11. Fases de la etapa de planeación. La planeación de proyectos
de agua para consumo humano y doméstico -con volumen para subsistencia
de la familia rural cuando aplique- o de saneamiento básico, incluye acciones
orientadas a una adecuada formulación de proyecto de acuerdo con los
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esquemas diferenciales aplicables para cada servicio, organizadas
secuencialmente para facilitar la toma de decisiones, con observancia de los
principios orientadores del artículo 4o de esta resolución.
Las fases a seguir en la etapa de planeación son:
1. Preparación
2. Verificación en campo
3. Diagnóstico Integral
4. Identificación de alternativas tecnológicas
5. Selección participativa de alternativas
6. Estudios y diseños.
El director del equipo técnico de la etapa de planeación debe ser ingeniero
civil, o ambiental, o sanitario, con mínimo tres (3) años de experiencia general
y experiencia específica en dos (2) proyectos de agua y saneamiento básico.
Los profesionales en ciencias sociales que participen en el equipo técnico,
deben contar con experiencia específica en mínimo dos (2) proyectos rurales.
El equipo técnico mínimo para la fase de verificación en campo estará
conformado por:
a) Un (1) ingeniero civil, o ambiental, o sanitario.
b) Un (1) profesional en áreas sociales encargado de los aspectos
socioeconómicos y culturales.
c) Un (1) topógrafo.
d) Un (1) geotecnista.
e) Un (1) interventor o supervisor, que represente los intereses del financiador
del proyecto.
f) El responsable de proyecto deberá convocar a delegados de la comunidad
que puedan suministrar información útil para el proyecto, como miembros de
la Junta de Acción Comunal (JAC) o comunidad organizada, fontaneros
locales u otras personas que conozcan la zona.
Dependiendo de la escala, complejidad y naturaleza del proyecto, el director
del equipo técnico definirá la participación de otros profesionales con
competencias específicas.” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, en la fase de preparación se debe recopilar la información necesaria
para precisar o complementar el perfil de la obra requerida y establecer condiciones
territoriales que pueden tener impacto en las fases posteriores del proyecto (artículo
12 ibidem); verificación en campo, allí se debe efectuar una caracterización
geográfica, técnica y predial, de las comunidades y de las fuentes abastecedoras
(artículo 13 ibidem); diagnóstico integral que busque que se identifiquen las razones
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socioeconómicas que justifiquen el esquema diferencial aplicable, los componentes
del proyecto, la identificación de alternativas, el estado de la infraestructura
existente y los factores de riesgo que podrían afectar su operación (artículo 14
ibidem); en la identificación de alternativas tecnológicas se deben establecer las
diferentes herramientas que permitan construir, operar y mantener al proyecto,
cumpliendo con las normas vigentes (artículo 15 ibidem); para la selección
participativa de alternativas el responsable del proyecto debe seleccionar la
alternativa tecnológica más favorable para la zona de actuación (artículo 16 ibidem);
y en la fase de estudios y diseños se determinó que se debe tener en cuenta lo
dispuesto en las fases previas en relación con la alternativa seleccionada y se
advirtió que el responsable del proyecto únicamente puede iniciar sus estudios y
diseños luego de la suscripción del acta de aceptación de la comunidad (artículo 17
ibidem).
• Etapa de construcción y puesta en marcha
Norma que contempla la Responsable Objetivo
etapa
Artículo 18 a 21 de la Entidad pública encargada Dicha etapa comprende las
Resolución No. 0844 de del proyecto actividades requeridas para
2018 la construcción y entrega de
las obras, con base en los
estudios y diseños.
Entre tanto, de conformidad con el artículo 18 ibidem, la etapa de construcción y
puesta en marcha, a su vez, comprende las fases de alistamiento y construcción,
de ejecución de obras y puesta en marcha y entrega de la infraestructura. La norma
en cuestión dispone:
“Artículo 18. Etapa de construcción y puesta en marcha. Comprende las
actividades requeridas para la construcción y entrega de obras, con sustento
en los estudios y diseños, en las siguientes fases:
1. Alistamiento de la construcción.
2. Ejecución de obras.
3. Puesta en marcha y entrega de la infraestructura.” (Subrayas de la Sala).
En ese orden, la fase de alistamiento tiene por finalidad revisar el cumplimiento de
los requisitos de la obra, previo a la construcción, así como definir los presupuestos
y cronogramas para su entrega y formular los pliegos de condiciones para la
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contratación cuando ello se requiera de acuerdo con la fuente de financiación
(artículo 19 ibidem); la ejecución de la obra debe ser efectuada por parte del
contratista, asegurando la participación de las comunidades en el seguimiento y
veeduría de la misma (artículo 20 ibidem) y, por último, la puesta en marcha y
entrega de la infraestructura, que prevé que el contratista deba observar los
artículos 233, 234, 235, 236, 237 y 238 de la Resolución 330 de 2017; así como
aportar la documentación sobre los aspectos detallados de que tratan los artículos
27, 240 y 241 ibidem (artículo 21 ibidem).
6.6.6. Por su parte, respecto a los PDA (medidas a largo plazo para la prestación
de los servicios de alcantarillado y acueducto), el artículo 2.3.3.1.1.2. del Decreto
1077 de 2015, los definió así:
“Artículo 2.3.3.1.1.2. Definición de los Planes Departamentales para el
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA). Son
un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional
formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de
recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que
garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta
las características locales, la capacidad institucional de las entidades
territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las
comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de
regionalización y asociativos comunitarios.”
A su vez, el numeral 11 del artículo 2.3.3.1.2.3. ibidem contempló que los Distritos
y Municipios podrán presentan sus proyectos ante el mecanismo nacional o
departamental de viabilización de proyectos para el estudio de su financiación:
“Artículo 2.3.3.1.2.3. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor:
(…)
11. Apoyar al departamento en la planeación y priorización de inversiones del
sector agua potable y saneamiento básico; realizar la estructuración y
presentación de los proyectos a través de los mecanismos de viabilización, así
como, las correcciones o modificaciones necesarias de los mismos. No
obstante, lo anterior, los municipios y distritos podrán presentar los proyectos
ante el mecanismo nacional o departamental de viabilización de proyectos.”
(Subrayas de la Sala).
En cuanto al mecanismo departamental para la viabilización de proyectos, el artículo
2.3.3.2.1.2. y el numeral 6.1. del artículo 2.3.3.2.1.6. ibidem indicaron que los
Municipios podrán presentar, entre otros, proyectos para la construcción, ampliación
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y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, con el fin de que sean financiados
con los recursos del Departamento.
Las normas en contexto prevén:
“Artículo 2.3.3.2.1.2. Mecanismo departamental de viabilización de
proyectos. A través del Mecanismo Departamental de Viabilización de
Proyectos se evaluarán y viabilizarán aquellos proyectos del sector de agua
potable y saneamiento básico que han sido priorizados en el marco de los
Planes Departamentales de Agua y de los demás programas regionales para el
manejo de agua potable y saneamiento básico de que trata el Artículo primero
del presente capítulo y cuya financiación no incorpore recursos provenientes de
la Nación.”
“Artículo 2.3.3.2.1.6. Proyectos A Presentar Al Comité Técnico Para Su
Viabilización. A través del Mecanismo de Viabilización Departamental, se
presentarán para su viabilización y de acuerdo a los usos que para cada fuente
de recursos establezcan la ley, decretos, Resoluciones o Acuerdos, los
proyectos orientados a:
6.1. Construcción, ampliación, rehabilitación de sistemas de acueducto,
alcantarillado sanitario y pluvial, y aseo.” (Subrayas de la Sala).
Para la aprobación y financiación de dichos proyectos, éstos deberán cumplir con
los requisitos definidos para su inclusión en el banco de proyectos del
correspondiente PDA. Asimismo, se deberán acreditar las exigencias contempladas
en la “Guía Para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante el
Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos”, que fue
emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la Resolución 672 de
2015.
Y finalmente, en los artículos 2.3.3.2.3.11., 2.3.3.2.3.12. y 2.3.3.2.3.13. se
determinaron los procedimientos para la evaluación, viabilización y aprobación de
los proyectos por parte del citado Mecanismo Departamental, siendo éstos:
“Artículo 2.3.3.2.3.11. Procedimiento y plazos de evaluación, viabilización
y aprobación. Para la evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos
de agua potable y saneamiento básico presentados en el marco del presente
decreto, se atenderá el siguiente procedimiento:
11.1. Una vez formulado el proyecto por los entes territoriales, el mismo deberá
ser radicado para su evaluación ante la Secretaría Técnica del Mecanismo
Departamental de Viabilización de Proyectos.
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11.2. El Gestor incorporará el respectivo proyecto al Plan de Acción del
Municipio.
11.3. El Comité Técnico Departamental de Proyectos asignará un evaluador
quien deberá emitir revisión técnica en un plazo no mayor de diez (10) días
hábiles.
11.4. Una vez el proyecto cuente con revisión técnica favorable del evaluador,
se convocará al Comité Técnico Departamental de Proyectos para que sesione
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. En dicha sesión el Evaluador
designado sustentará el respectivo proyecto, y el Comité emitirá un concepto
recomendando o no la viabilización del mismo.
11.5. Una vez el Comité emita la recomendación con el respectivo concepto
técnico, el Gobernador mediante oficio dará a conocer a la entidad territorial
correspondiente y al Gestor la decisión de viabilidad o no del proyecto, acorde
con la carta de Viabilización modelo prevista en la Guía de que trata el artículo
2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
11.6. El valor final del proyecto corresponderá al consignado en la carta de
viabilización.
11.7. Igualmente se remitirá la carta de viabilización con su respectivo concepto
al Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan
Departamental de Agua, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Gestor
a fin de que éste último de inicio al trámite de contratación en los términos
previstos por el artículo 2.3.3.2.4.15 del capítulo 1 del título 3 de este Libro o la
norma que lo sustituya o derogue y para que se le comunique a la entidad
responsable de la administración de los recursos, para que expida los
respectivos Certificados de Disponibilidad de Recursos – CDR, que permitan
dar inicio a los procesos de contratación.” (Subrayas de la Sala).
“Artículo 2.3.3.2.3.12. Evaluación de proyectos. La evaluación de los
proyectos regionales presentados, se llevará a cabo por el personal profesional
contratado o vinculado por el Mecanismo Departamental de Viabilización de
Proyectos del respectivo departamento, de que trata el artículo 2.3.3.2.1.3. del
presente capítulo, el cual contará como mínimo con los perfiles que se definan
en la guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del presente capítulo.
En todo caso no podrán realizar la evaluación de proyectos aquellas personas
jurídicas y naturales que hayan participado en la formulación, diseño o
planificación de los proyectos.
Así mismo, no podrán realizar la ejecución, construcción o interventoría de los
proyectos aquellas personas jurídicas o naturales que participaron en las
actividades de evaluación y viabilización del mismo, con capacidad de voto.
Parágrafo primero. Los profesionales del equipo evaluador podrán ser
funcionarios o contratistas.
Parágrafo segundo. Los costos del Mecanismo Departamental de Evaluación
de Proyectos podrán ser asumidos con cargo a recursos propios del
Departamento o del SGP del Departamento (Sector Agua Potable y
Saneamiento Básico), con previa aprobación del Comité Directivo del PAP -
PDA, y acorde con las directrices que para tal efecto defina el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.”
“Artículo 2.3.3.2.3.13. Requisitos de viabilización. Los proyectos de agua
potable y saneamiento básico que presenten las entidades territoriales y el
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Gestor en el marco del presente decreto podrán declararse viables por parte del
Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos, una vez se hayan
cumplido los requisitos y documentos de presentación, el Comité Técnico
Departamental haya emitido el respectivo concepto de viabilidad y se cuente
con los recursos disponibles para su financiación.” (Subrayas de la Sala).
6.6.7. Finalmente, en relación con la prestación del servicio de aseo a través de
esquemas diferenciales, el artículo 2.3.7.1.3.4. del Decreto 1898 de 2016,
dispuso:
“Artículo 2.3.7.1.3.4. Manejo de residuos sólidos. Para el manejo de los
residuos sólidos en las zonas rurales diferentes a centros poblados rurales, el
municipio deberá promover la separación en la fuente para el aprovechamiento
de los residuos orgánicos, de acuerdo con las disposiciones ambientales y
sanitarias vigentes, y definir con la comunidad sitios de presentación y
frecuencias de recolección para el retiro de materiales inorgánicos, y propender
por su recolección, transporte, disposición final o aprovechamiento”.
A su vez, el artículo 48 de la Resolución No. 844 del 8 de noviembre de 2018,
estableció los siguientes tipos de manejo de residuos sólidos ordinarios en las zonas
rurales:
“Artículo 48. Tipos de manejo de residuos sólidos ordinarios en zonas
rurales. La recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final de los
residuos sólidos ordinarios puede realizarse en zonas rurales bajo los siguientes
tipos:
1. Servicio de aseo.
2. Manejo individual de residuos sólidos a nivel domiciliar.
Parágrafo. Los residuos sólidos ordinarios son los definidos en el numeral 43
del artículo 2.3.2.1.1. del Decreto número 1077 de 2015 o la norma que lo
modifique, adicione o sustituya. Para el manejo de los residuos sólidos
producidos en zona rural diferentes a los ordinarios, se debe dar aplicación a la
normatividad especial vigente”.
Para la prestación del servicio de aseo, el artículo 51 ibidem, contempló:
“Artículo 51. Condiciones particulares para la prestación del servicio de aseo en
zonas rurales. El servicio de aseo en zonas rurales debe adecuarse a las
siguientes condiciones:
1. Las actividades de recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios
deberán ajustarse a las características geográficas, topográficas, urbanísticas y
viales, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Subsección 3 de
la Sección 2 del Capítulo 2 del Título 2 de la Parte 3 del Libro 2 del Decreto
número 1077 de 2015 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, y a los
requisitos técnicos previstos en esta resolución.
2. Cuando no sea posible la recolección domiciliaria, esta podrá realizarse a
partir de sitios de almacenamiento colectivo rural, en los términos del
artículo 56 de esta resolución. El mantenimiento de estas unidades estará a
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cargo de la persona prestadora del servicio de aseo, con colaboración de la
comunidad.
3. En zonas rurales en las que se dificulte el ingreso de los vehículos
recolectores empleados en las zonas urbanas, podrán emplearse otros
vehículos disponibles, los que deberán cumplir con los requisitos técnicos
establecidos en el artículo 55 de esta resolución”.
A su vez, el manejo de los residuos sólidos a nivel domiciliar se encuentra definido
en los artículos 57 y subsiguientes ibidem. Particularmente, en esa disposición se
dispuso:
“Artículo 57. Buenas prácticas para el manejo individual de residuos
sólidos en viviendas dispersas. Las familias que realicen el manejo individual
de residuos sólidos, deberán implementar buenas prácticas, orientadas a la
reducción de los residuos, la separación en la fuente y el aprovechamiento.
1. Para el manejo de residuos orgánicos, se debe tener en cuenta:
a) En la vivienda rural se recomienda separar los residuos biodegradables de
los demás, es decir, los residuos orgánicos de los no biodegradables como son
los papeles, cartones, vidrios, plástico y metal.
b) Los residuos orgánicos previamente separados, pueden usarse para la
producción de abonos o enmiendas que proporcionan estructura al suelo;
estimulan el crecimiento vegetal y el desarrollo de la microflora del suelo.
c) Las técnicas para manejo de residuos orgánicos de uso en viviendas puede
ser compostaje, lombricultura y los biodigestores individuales.
2. Para los residuos inorgánicos con potencial de aprovechamiento:
a) Se deben almacenar en un lugar aislado, seco y con buena ventilación,
protegidos de la acción de la lluvia y el viento con el objeto de conservar las
propiedades de los materiales separados.
b) Deberá evitarse el acceso de niños o de animales al lugar en el que se
almacenen estos residuos.
c) No se deben almacenar envases o empaques contaminados con sustancias
tóxicas o peligrosas.
d) Si se conservan botellas o envases plásticos, las mismas deben ser vaciadas
y lavadas y luego almacenadas secas y tapadas.
e) Los residuos deben estar libres de etiquetas, envolturas o autoadhesivos”.
6.6.8. En tal contexto, se ordenará al Municipio de María La Baja y al Departamento
de Bolívar que, en el marco de sus competencias, dentro de los cinco (5) meses
contados a partir de la notificación de esta providencia, realicen los estudios
técnicos en los que se analicen las distintas herramientas definidas en el
ordenamiento jurídico y se determine cuál es el esquema más adecuado para la
prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la
Comunidad del sector Paso El Medio del Corregimiento Matuya del mencionado
ente territorial. Particularmente, en dicho estudio se deben establecer medidas a
corto, mediano y largo plazo, dirigidas a garantizar la prestación de dichos servicios
en condiciones de calidad, permanencia y eficiencia, así como un cronograma para
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su realización. El anotado análisis técnico tendrá que ser allegado dentro de ese
mismo plazo al Comité de Verificación de la Sentencia y el cronograma de ejecución
comenzará a contar a partir de la fecha de esta presentación.
Para la financiación de las obras determinadas en el estudio técnico, se ordenará al
Municipio de María La Bajar y el Departamento de Bolívar que, de acuerdo con el
cronograma definido para cada uno de los planes a corto, mediano y largo plazo,
presenten los respectivos estudios ante Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., en su calidad
de gestora del PDA de ese Departamento y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para su evaluación y financiamiento.
En caso de que alguna de esas entidades solicite información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de María La Baja
dentro de los dos (2) meses siguientes
Una vez aprobado el financiamiento de las obras, éstas deberán ser realizadas por
el Municipio de María La Baja o la persona que designe para esos efectos, en los
términos definidos en los respectivos cronogramas para cada uno de los planes.
Ahora, en atención a que los lapsos de tiempo señalados para la construcción del
citado sistema pueden resultar dispendiosos y a que ello llevaría que las personas
que residen en las aludidas veredas no tengan acceso a agua potable, ordenará, al
Municipio de María La Baja y al Departamento del Bolívar que, de manera
transitoria, en el marco de sus competencias y de forma inmediata, suministren agua
potable en carrotanques en cantidad no menor a cincuenta (50) litros persona día a
los habitantes de la zona objeto de controversia, disponiendo para esos efectos de
un esquema tarifario acorde con las disposiciones que regulan la materia y al estado
de vulnerabilidad de las personas que habitan la zona objeto de controversia,
mientras se construye el esquema que permita el suministro de agua potable en las
áreas objeto de controversia.
Lo anterior, atendiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que se ha
reconocido que el Juez en los eventos en los que se acredite la falta de suministro
de agua potable, deberá adoptar las medidas urgentes y eficaces que propendan
por la prestación de dicho servicio en un mínimo de cincuenta litros (50 lts.) diarios
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por persona, a través de un medio que resulte idóneo, dentro de los cuales se
encuentra, que el mismo sea efectuado a través de carrotanques.
Sobre el particular el Tribunal Constitucional en sentencia T-475 de 2017, al estudiar
una acción de tutela interpuesta por habitantes de las veredas El Espino y Ojo de
Agua del Municipio de la Mesa – Cundinamarca, como consecuencia de la falta de
prestación de agua potable en dichos entes, sostuvo:
“En este orden de ideas, la Sala decide que las entidades accionadas
vulneraron el derecho al agua para consumo humano de los demandantes, en
tanto no garantizaron con oportunidad y eficacia la disponibilidad mínima del
agua conforme a sus competencias constitucionales, legales y contractuales.
Específicamente, la Sala encontró:
(i) Que los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima no cuentan con un
programa articulado al Plan Maestro de Aguas, sostenible en el tiempo y que
cuente con medidas de financiación que permita avanzar en la garantía del
derecho fundamental al agua para las comunidades demandantes. Entonces,
la Sala evidencia la falta de un documento de política pública, que aunque
progresivamente lleve a la satisfacción del derecho, de manera que actualmente
no es posible asegurar que los accionantes cuenten con una expectativa a
futuro de que su situación será superada. La simple afirmación de incorporar
las necesidades de los accionantes en el Plan Departamental de Aguas o de
estar en proceso de financiamiento el referido acueducto no exime a los
demandados de contar con verdaderas estrategias de diseño e implementación
de la prestación del servicio de acueducto que impacten en el plano material el
goce efectivo del derecho al agua.
(ii) Que los municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima incumplieron sus
deberes constitucionales al no adoptar medidas efectivas tendientes a
garantizar la reparación del Acueducto Regional una vez se presentó la avería
del mismo, dejando así a los habitantes que se beneficiaban de dicha
infraestructura sin una cantidad mínima de agua para satisfacer sus
necesidades básicas tales como el asearse, la alimentación y disposición de los
residuos, los accionados además no contemplaron otro sistema de provisión
diaria tales como carro tanques u optimización de los sistemas de
almacenamiento existentes con el fin de mitigar el impacto que generó la
interrupción en la prestación del servicio.
(iii) Que en virtud de la situación descrita en los dos numerales anteriores, las
personas que habitan en las veredas El Espino y Ojo de Agua, han visto
seriamente comprometidos sus derechos fundamentales al agua, a la salud y a
la vida en condiciones dignas, comunidades en las cuales se encuentra probada
la presencia de menores y adultos mayores, que merecen una especial
protección constitucional.
8.2.5. En atención a lo expuesto, esta Sala revocará el fallo proferido por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 23 de febrero de 2017,
en el asunto de la referencia y, en su lugar confirmará parcialmente la sentencia
emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca el 13 de diciembre de 2016, en tanto protegió los derechos de
los actores al agua potable, a la salud, a la vida digna y a la dignidad humana,
no obstante, en aras de procurar a los accionantes una efectiva garantía a sus
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derechos fundamentales, la Sala considera necesario modificar las órdenes que
adoptó el juez de primera instancia.
Así las cosas, se adoptarán medidas en tres niveles a saber. Primero, se
ordenará una protección inmediata del derecho fundamental al agua de las
comunidades demandantes, mediante el abastecimiento del líquido por parte
del municipio de La Mesa y demás municipios accionados, ya que en virtud de
la obligación a cargo de los municipios de garantizar la prestación de servicios
públicos, es claro que estos deben hacerse cargo, por lo menos temporalmente
de la situación que afecta a los accionantes; segundo, teniendo en cuenta que
la responsabilidad por la garantía de éste derecho corresponde directamente a
los entes territoriales y de llegar el caso en observancia de los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad a la Gobernación de
Cundinamarca, se les ordenará a dichas entidades que alleguen al juez de
primera instancia dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de
este fallo un cronograma sobre la forma en la que asumirán la prestación del
mínimo vital del agua a las comunidades demandantes. Este empezará a
ejecutarse de manera inmediata y deberá estar en consonancia con el Plan
Maestro de Aguas.
Para ello deberá programar que por lo menos una vez al día se tenga acceso a
este preciado líquido. La cantidad de agua a proveer será de 50 litros de agua
diarios por persona53; para el efecto, podrá hacer uso de cualquier sistema
tecnológico que garantice el abastecimiento de agua diariamente a las
comunidades, como por ejemplo, la implementación del servicio de carro
tanques o adecuar los sistemas individuales de almacenamiento con los que
cuentan los actores.
Así mismo, ordenará a la Gobernación de Cundinamarca, a las Empresas
Públicas de Cundinamarca, a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca, al Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima, a los
Municipios de La Mesa, Quipile y Anapoima, al Ministerio de Vivienda
(Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico), al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación que conformen un
“comité permanente para la garantía de agua potable del Acueducto Regional
de La Mesa, Quipile y Anapoima”. El objetivo de dicho comité será el diseño e
implementación de una política pública para lograr progresivamente la completa
satisfacción del derecho fundamental al agua de los habitantes de las veredas
El Espino y Ojo de Agua. En la integración y conformación de este comité, las
entidades accionadas deberán incorporar y vincular en la gestión y construcción
de las soluciones a corto, mediano y largo plazo, a otras entidades nacionales,
departamentales y territoriales que se consideren necesarias, al igual que a
distintos representantes de las veredas que se han visto afectados por la avería
del acueducto regional. La ciudadanía podrá de forma activa realizar veeduría
sobre el cumplimiento de las órdenes proferidas.
En dicha política pública se deberán adoptar las medidas que sean necesarias
para garantizar la disponibilidad de éste derecho a las comunidades
accionantes, tales como la construcción de acueductos veredales, la conexión
a otros acueductos ya existentes, o el mejoramiento de los sistemas de
almacenamiento con los que cuentan los actores, entre otros. Así mismo, se
deberá realizar las apropiaciones presupuestales a que haya lugar y, una vez
diseñado el plan deberá iniciar inmediatamente el proceso de ejecución de
conformidad con el cronograma incluido en él. En todo caso la implementación
53 Esta Corte en sentencias T-641 de 2015, T-242 de 2013 y T-740 de 2011 adoptó el estándar de
50 litros de agua por persona propuesto por la organización mundial de la salud en su informe sobre
“La cantidad de agua domiciliaria, el nivel de servicio y la salud”
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del mismo tendrá que comenzar a más tardar un año después de la notificación
de ésta sentencia.”54 (Subrayas de la Sala).
Asimismo, en sentencia T-058 del 2021, la Corte Constitucional al abordar una
acción de tutela promovida por los miembros del Cabildo Indígena Tezhumake en
contra del Municipio de Valledupar – Cesar, indicó:
“En el presente caso, la Sala reconoce las limitaciones técnicas que existen
para definir el sistema de solución permanente al suministro de agua potable
que mejor se adecúe a las necesidades propias de la comunidad indígena
Tezhumake. Además, en aras de respetar las competencias institucionales
propias de la Alcaldía de Valledupar en la apropiación de recursos y
contratación para la ejecución del proyecto, estima necesario crear un espacio
de diálogo entre las partes que tome en consideración estos dos aspectos.
Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala emitirá órdenes de carácter impositivo y
de protección urgente, por cuanto el derecho fundamental al agua potable
cuenta con un núcleo esencial amparable de forma inmediata. A su vez, de
conformidad con el carácter progresivo de la obligación de satisfacer las
necesidades de agua potable, se adoptarán remedios de mediano y largo plazo
a partir del método dialógico.
De esta forma, a mayor sentido progresivo en la garantía del derecho, menor
será la precisión impositiva de los remedios adoptados y mayor deberá ser, a
su vez, el sentido dialógico y de interacción consensuada entre las partes del
proceso. Por el contrario, la satisfacción inmediata del derecho al agua potable
requiere la imposición de remedios fuertes y de inmediato cumplimiento.
De conformidad con lo anterior, a continuación, se emitirán las órdenes que
permitirán construir los remedios más adecuados para garantizar de manera
permanente y efectiva el derecho fundamental al agua potable de la comunidad
Tezhumake, las cuales deben cumplirse en paralelo a partir de la notificación
de esta providencia.
En todo caso, según se precisará a continuación, la extensión y vigencia de las
medidas de corto plazo dependerá de la actuación diligente del Municipio de
Valledupar en la ejecución de una solución permanente y salubre a la necesidad
de agua potable de la comunidad.
Órdenes de corto plazo
De acuerdo con los estándares de análisis del componente de disponibilidad del
derecho al agua potable, especificados a partir de lo manifestado por el Relator
Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento
(fundamento jurídico 40), su determinación puede variar, de acuerdo con las
circunstancias particulares de acceso a fuentes de suministro de agua potable
o de agua no tratada, y del consumo de las personas. En este sentido, 25 litros
pueden ser suficientes para consumo humano, si se tiene acceso a agua para
labores domésticas y de saneamiento.
En el análisis presentado en esta providencia sobre el cumplimiento del
componente de disponibilidad, se encontró que los miembros de la comunidad
Tezhumake cuentan con fuentes hídricas de agua no tratada, y un sistema de
54Corte Constitucional, sentencia T-475 del 21 de julio de 2017. Magistrado ponente (e): Iván
Humberto Escrucería Mayolo.
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almacenamiento básico con un volumen de 10.000 litros. No obstante, esto no
les permite satisfacer sus necesidades de agua para consumo humano y
labores domésticas.
De esa forma, con el fin de garantizar unas condiciones mínimas de acceso al
agua potable acordes con los presupuestos de disponibilidad, calidad y
accesibilidad, se ordenará a la Alcaldía de Valledupar que: i) garantice,
mediante carrotanques, el suministro diario de 50 litros de agua potable para
cada uno de los 1,462 habitantes de la comunidad Tezhumake; y, de igual forma
ii) deberá adquirir y entregar a la comunidad Tezhumake tanques con un
almacenamiento de volumen de 20.000 litros o construirlos con esas
características.
En este punto es pertinente resaltar que, si bien la entidad accionada señaló
que el principal obstáculo para proveer agua potable a la comunidad mediante
carrotanques es la dificultad topográfica de ubicación del asentamiento, durante
el trámite de revisión se constató que la Alcaldía de Valledupar ha realizado
esta gestión en repetidas ocasiones y, por ende, se acredita su capacidad para
llevar a cabo dicha tarea.
En todo caso, esta Sala advierte que esta medida responde a la necesidad
urgente de suministrar el líquido con una calidad mínima, y que la eficiencia del
Municipio en el impulso de las órdenes de mediano y largo plazo permitirá que
no se prolongue el cumplimiento de esta obligación.
Estos remedios de corto plazo deberán hacerse efectivos dentro de los cinco
(05) días hábiles posteriores a la notificación del presente fallo, y el suministro
mediante carrotanques deberá mantenerse vigente hasta tanto se materialicen
las medidas de mediano plazo.
La Alcaldía de Valledupar, la Procuraduría 29 Judicial II de Familia y la
Defensoría del Pueblo (Regional Cesar) deberán enviar, por separado, un
informe bimensual al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Valledupar, y al despacho de la Magistrada
Sustanciadora de esta providencia, con el fin de realizar el seguimiento al
cumplimiento de esta orden. El informe deberá contener el número de
ocasiones en las que se entregó agua potable a la comunidad y la cantidad.
Con base en dicha información, la Corte podrá adoptar las medidas de
cumplimiento a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.”55 (Subrayas de la Sala).
6.7. De los problemas asociados con la vivienda digna
6.7.1. En este punto, se advierte que, como quedó en evidencia en la inspección
judicial, las habitantes de la zona objeto de controversia, habitan viviendas que no
les garantizan condiciones de seguridad, sanidad y calidad de vida. Ello a pesar de
que, de conformidad con el artículo 2.1.1.1.2.1.2.3. del Decreto 1077 de 2015, la
siguientes son las responsabilidades de las entidades nacionales con respecto a la
política de vivienda para los desplazados:
55 Corte Constitucional, Sentencia T-058 del 12 de marzo de 2021. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
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“Artículo 2.1.1.1.2.1.2.3. Responsabilidades de las entidades nacionales
con respecto a la política de vivienda para desplazados. Corresponde a las
entidades nacionales, en su respectivo ámbito de competencia y de acuerdo
con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, articular la acción gubernamental en vivienda para la
población desplazada, en el marco de los principios y objetivos definidos por la
Ley 387 de 1997.
1. La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas coordinará las acciones emprendidas y tendrá las siguientes
responsabilidades, además de las previstas en el Decreto Único del Sector de
Inclusión Social y Reconciliación:
1.1 Elaborar el diagnóstico de la situación de la población desplazada en
los municipios donde se presente el fenómeno.
1.2 Promover la elaboración del Plan de Acción Zonal por parte de los Comités
de Atención Integral a la Población Desplazada.
1.3 Elaborar las propuestas de estabilización socioeconómica en la perspectiva
del retorno o la reubicación, de acuerdo con la situación objetiva de las familias
desplazadas.
1.4 En coordinación con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, realizar
el seguimiento y la evaluación de impacto en los procesos de estabilización
socioeconómica, generado por la aplicación de los planes y programas
adelantados por la política de vivienda establecida en la presente subsección.
1.5 Hacer seguimiento y evaluación de impacto respecto de la implementación
y puesta en marcha del mismo.
2. Al Fondo Nacional de Vivienda le corresponde promover y evaluar los
programas especiales de vivienda para atender las necesidades de la población
en situación de desplazamiento, para lo cual deberá: (Modificado por el Decreto
4911 de 2009, artículo 6).
2.1 Prestar asistencia técnica a las entidades y autoridades del nivel territorial
en la formulación de sus Planes de Acción Zonal.
2.2 Sensibilizar a las administraciones locales en la problemática habitacional
de los desplazados y fomentar la coordinación y concurrencia de los diferentes
actores en la solución del problema.
2.3 Efectuar la asistencia técnica a entidades territoriales, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de vivienda popular, en el diseño y ejecución
de los proyectos habitacionales dirigidos a la población desplazada.
2.4 Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a los ejecutores de
los programas y a la población desplazada, en el proceso de postulación al
subsidio familiar de vivienda para dicha población.
2.5 Asignar los subsidios de vivienda urbana para la población desplazada de
acuerdo con la presente subsección.
2.6 Establecer las garantías necesarias para el giro pronto y oportuno de los
recursos del subsidio establecido en la presente subsección.
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2.7 Realizar el seguimiento, evaluación y control a los planes, programas y
proyectos de vivienda para población desplazada por la violencia.
2.8 Acopiar y enviar la información sobre los proyectos de vivienda para la
población desplazada, de acuerdo con los requerimientos y la periodicidad
establecida por el Departamento para la Prosperidad Social.
3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio diseñará y adoptará las medidas
que garanticen a la población desplazada su acceso a planes, programas y
proyectos integrales de desarrollo urbano. Para ello deberá:
3.1 En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el
Departamento para la Prosperidad Social, establecer los lineamientos de
política de vivienda aplicables a la población desplazada.
3.2 En coordinación con el Departamento Nacional de Planeación y el
Departamento para la Prosperidad Social, identificar y establecer las líneas de
recursos y proyectar y gestionar las necesidades de éstos en cada vigencia
fiscal, para atender los requerimientos de vivienda de la población desplazada,
de acuerdo con los planes de acción zonal.
3.3 Establecer los cupos indicativos de recursos que permita la distribución
territorial de los subsidios de vivienda para población desplazada, de acuerdo
con los criterios definidos en el artículo 2.1.1.2.1.14 de la presente subsección
y a través de la siguiente fórmula:
” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, el artículo 2.1.1.1.2.1.24. ibidem, determinó que los entes territoriales
también debían concurrir en la política habitacional para la población desplazada en
los siguientes términos:
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“Artículo 2.1.1.1.2.1.24. Participación de los entes territoriales en la política
habitacional para población desplazada. En aplicación del principio de
concurrencia en la acción, de los diferentes niveles del Estado, los
departamentos, municipios o distritos, contribuirán con recursos económicos,
físicos o logísticos, para ejecutar la política habitacional para población
desplazada.
Además de los oferentes definidos en el artículo 2.1.1.1.1.1.2 numeral 2.7 del
presente decreto y en el Decreto Único del Sector de Inclusión Social y
Reconciliación, los programas de vivienda para población desplazada podrán
ser presentados por los municipios, distritos o departamentos o por una
Organización no Gubernamental o una Organización Popular de Vivienda que
tenga el aval del respectivo municipio o distrito.
Las entidades públicas de orden municipal, distrital y departamental, a fin
de generar alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de
proyectos de vivienda para población en situación de desplazamiento,
gestionarán la habilitación de terrenos para la construcción de nuevas
viviendas, apoyarán los programas de mejoramiento de vivienda o
titulación de bienes inmuebles ocupados con vivienda de interés social e
implementarán cualquier mecanismo subsidiario encaminado a dignificar
las condiciones de su vivienda.
En las entidades públicas del orden municipal, distrital y departamental, en las
cuales exista población desplazada asignada con el subsidio familiar de
vivienda nueva, sin aplicar en razón a la carencia de proyectos declarados
elegibles, la respectiva entidad municipal, distrital o departamental podrá, de
conformidad con las normas de contratación administrativa, contratar la
construcción del urbanismo y de las viviendas donde se aplicarán los subsidios
familiares de vivienda otorgados por el Gobierno Nacional, para lo cual podrá
destinar recursos complementarios.
Las entidades públicas del orden municipal, distrital y departamental deberán
informar, con la periodicidad establecida por el Fondo Nacional de Vivienda y la
Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la demanda de la población desplazada en materia de vivienda y las
acciones realizadas por dichas entidades para asegurar su atención” (Subrayas
y negrillas de la Sala).
A su vez en el artículo 2.1.1.2.1.6. se constituyeron los Planes de Acción Zonal en
los cuales definirse las estrategias para la aplicación de los subsidios familiares de
vivienda; veamos:
“Artículo 2.1.1.1.2.1.6. Plan de acción zonal para la población
desplazada. Con el objeto de cumplir los criterios y objetivos del Programa de
Restablecimiento, previsto en el Plan Nacional para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, se promoverá la formulación de un Plan de Acción Zonal,
PAZ, con la participación de la población afectada. A partir de la concertación
efectuada con la población desplazada, sobre el retorno o la reubicación, el Plan
de Acción Zonal definirá una estrategia para la aplicación del Subsidio Familiar
de Vivienda previsto en la presente subsección, previo diagnóstico de las
necesidades habitacionales de los desplazados, elaborado por el respectivo
Comité municipal o distrital de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en
coordinación con –la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas”. (Subrayas de la Sala).
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Dichos planes deben estructurarse con base en los siguientes criterios:
“Artículo 2.1.1.1.2.1.7. Contenidos del plan de acción zonal. Los Planes de
Acción Zonal deberán estructurarse con base en los siguientes criterios:
1. Vulnerabilidad poblacional. En este tema se evaluarán las características de
la población desplazada de acuerdo con las siguientes variables:
1.1 Número de hogares postulantes con jefatura femenina de familia.
1.2 Número de personas de los hogares postulantes.
1.3 Presencia de discapacitados, de personas de la tercera edad o de menores
de edad en los hogares postulantes.
1.4 Hacinamiento actual de los hogares, considerado como un número mayor
de tres (3) personas por habitación.
1.5 Grado de escolaridad del jefe o jefes del hogar.
2. Impacto en el territorio actual. Se tendrá en cuenta la localización actual de
los hogares desplazados en zonas de alto riesgo, las zonas de mayor
concentración de hogares desplazados y la existencia de programas locales de
atención.
3. Integralidad. Los planes de acción incluirán programas complementarios de
generación de ingresos, atención a la población vulnerable, mejoramiento de la
infraestructura física, que se adelanten por entidades del orden internacional,
nacional, departamental y local, públicas y privadas, dentro del marco de la
consolidación y estabilización socioeconómica.
4. Concurrencia. Los planes de acción incluirán, en lo posible, programas y
recursos internacionales, nacionales y locales, que procuren la financiación de
las soluciones habitacionales”.
Asimismo, resulta relevante señalar que conforme con el artículo 123 de la Ley 1448
de 2011, las victimas de desplazamiento pueden acceder a subsidios familiares de
vivienda, en los siguientes términos:
“Artículo 123. Medidas de restitución en materia de vivienda. Las víctimas
cuyas viviendas hayan sido afectadas por despojo, abandono, pérdida o
menoscabo, tendrán prioridad y acceso preferente a programas de subsidios de
vivienda en las modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio y
adquisición de vivienda, establecidos por el Estado. Lo anterior, sin perjuicio de
que el víctimario sea condenado a la construcción, reconstrucción o
indemnización.
Las víctimas podrán acceder al Subsidio Familiar de Vivienda de conformidad
con la normatividad vigente que regula la materia y a los mecanismos
especiales previstos en la Ley 418 de 1997 o las normas que la prorrogan,
modifican o adicionan.
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la entidad que
haga sus veces, o el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o la entidad
que haga sus veces, según corresponda, ejercerá las funciones que le otorga
la normatividad vigente que regula la materia con relación al subsidio familiar
de vivienda de que trata este capítulo, teniendo en cuenta el deber
constitucional de proteger a las personas que se encuentren en situación de
debilidad manifiesta, razón por la cual deberá dar prioridad a las solicitudes que
presenten los hogares que hayan sido víctimas en los términos de la presente
ley.
El Gobierno Nacional realizará las gestiones necesarias para generar oferta de
vivienda con el fin de que los subsidios que se asignen, en virtud del presente
artículo, tengan aplicación efectiva en soluciones habitacionales.
Parágrafo 1o. La población víctima del desplazamiento forzado, accederá a los
programas y proyectos diseñados por el Gobierno, privilegiando a la población
mujeres cabeza de familia desplazadas, los adultos mayores desplazados y la
población discapacitada desplazada.
Parágrafo 2o. Se priorizará el acceso a programas de subsidio familiar de
vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los predios afectados, previa
verificación de condiciones de seguridad por parte de la autoridad competente”.
Entre tanto, el artículo 124 ibidem determinó:
“Artículo 124. Postulaciones al subsidio familiar de vivienda. Los
postulantes al Subsidio Familiar de Vivienda en las condiciones de que trata
este capítulo, podrán acogerse a cualquiera de los planes declarados elegibles
por el Fondo Nacional de Vivienda o la entidad que haga sus veces, o por el
Banco Agrario o la entidad que haga sus veces, según corresponda”
A su vez, el artículo 2.1.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que los
subsidios de vivienda familiar podrían ser aplicados a las personas desplazadas en
las siguientes modalidades:
“Artículo 2.1.1.1.2.1.5. Aplicación del subsidio familiar de vivienda. El
Subsidio Familiar de Vivienda otorgado a la población en situación de
desplazamiento, podrá ser aplicado, tanto en suelo urbano como en suelo rural,
en las siguientes modalidades:
1. Mejoramiento de vivienda para hogares propietarios, poseedores u
ocupantes.
2. Construcción en sitio propio para hogares que ostenten la propiedad de un
lote de terreno en suelo urbano.
3. Adquisición de vivienda nueva o usada para hogares no propietarios y para
hogares que siendo propietarios, no puedan volver al lugar donde tengan su
propiedad.
4. Arrendamiento de vivienda, para hogares no propietarios y para hogares que
siendo propietarios, no puedan volver al lugar donde tengan su propiedad”.
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En ese orden, lo que evidencia la Sala es que la problemática de la vivienda digna
para la población desplazada ha sido abordada a través de una serie de normativas
que establecen medidas de restitución y acceso a subsidios de vivienda. En efecto,
la Ley 1448 de 2011, otorga prioridad a las víctimas del desplazamiento forzado
para acceder a subsidios en diversas modalidades, como mejoramiento de vivienda,
construcción en sitio propio y adquisición de vivienda. A su vez, el Decreto 1077 de
2015, detalla la aplicación de estos subsidios tanto en zonas urbanas como rurales,
asegurando que los hogares desplazados puedan acceder a soluciones
habitacionales adecuadas. A través de los Planes de Acción Zonal, se busca
identificar las necesidades de vivienda y definir estrategias concertadas con la
población afectada, considerando criterios de vulnerabilidad, impacto territorial y la
implementación de programas complementarios de estabilización socioeconómica.
Así, es evidente que el Estado, a través de diferentes entidades nacionales y
territoriales, es responsable de garantizar la efectividad de estas medidas. En
efecto, en zonas rurales, la UARIV lidera la coordinación de diagnósticos y
estrategias para el acceso a la vivienda, mientras que el Banco Agrario, el Fondo
Nacional de Vivienda y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deben
gestionar y supervisar la asignación de subsidios. Asimismo, los entes territoriales
tienen un papel clave en la ejecución de la política habitacional, aportando recursos
y promoviendo proyectos de vivienda
6.7.2. En consecuencia, se ordenará al Municipio de María La Baja en coordinación
con la UARIV, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta
providencia, en el marco del Plan de Acción Zonal PAZ, formulen un estudio que
permita garantizar el acceso efectivo a la vivienda digna de la población desplazada
de Paso El Medio, ubicada en el área rural del Corregimiento de Matuya, a través
de las herramientas ofrecidas por el ordenamiento jurídico para esa clase de
población vulnerable.
Dicho plan deberá, por lo menos contener los siguientes componentes:
a) Diagnóstico de necesidades habitacionales, identificando la población
desplazada en María La Baja que requiere soluciones de vivienda.
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b) Estrategias de retorno o reubicación, conforme a las condiciones de seguridad
y bienestar de las familias afectadas.
c) Definición de programas de subsidio familiar de vivienda, aplicables en las
modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio, adquisición de vivienda
nueva o usada y arrendamiento.
d) Identificación de los responsables en la ejecución del plan
e) Fuentes de financiación y concurrencia de recursos, garantizando la
articulación de los niveles municipal, departamental y nacional en la ejecución de la
política habitacional.
f) Cronograma para la ejecución del plan
Dentro del anotado término, dicho plan deberá ser presentado por la UARIV al
Comité de Verificación de la Sentencia, para su aprobación por parte del Magistrado
ponente de la decisión de primera instancia en su condición de Presidente de ese
comité.
Una vez sea aprobado, el anotado plan deberá ser ejecutado en el plazo previsto
para esos efectos en el respectivo cronograma. En todo caso, la UARIV será la
encargada de realizar la coordinación entre las distintas autoridades involucradas
en ese plan, con miras a garantizar su efectiva implementación.
6.8. De la prestación de los servicios de la salud
6.8.1. En este punto, es pertinente indicar que el artículo 52 y siguientes de la Ley
1448 de 2011, regulan la asistencia y atención en salud de las personas
desplazadas por parte del Estado. Estas disposiciones buscan garantizar la
afiliación de las personas desplazadas al régimen subsidiado de salud y la
prestación efectiva de los servicios.
La anotada norma fue regulada por el Decreto 4800 de 2011. Particularmente, el
artículo 87 ibidem, determinó:
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“Artículo 87. Afiliación de víctimas al Sistema General de Seguridad Social
en Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social, cruzará el Registro Único
de Víctimas a que hace referencia el artículo 154 de la Ley 1448 de 2011, que
certifique la Unidad Administrativa Especial para la Atención y la Reparación
Integral a las Víctimas, con la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, o la
que haga sus veces, y con las bases de datos de los regímenes especiales. La
población que se identifique como no afiliada, será reportada a la entidad
territorial de manera inmediata para que se proceda a su afiliación a la Entidad
Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, preservando la libre escogencia
por parte de la víctima, de acuerdo a la presencia regional de estas, según la
normatividad vigente, en desarrollo del artículo 52 de la Ley 1448 de 2011,
siempre y cuando cumpla con las condiciones para ser beneficiario de dicho
Régimen. Esto último se garantizará mediante la aplicación de la encuesta
SISBÉN por parte de la entidad territorial.
En caso de que trascurridos tres (3) meses no se haya realizado la afiliación, se
procederá a realizar una afiliación inmediata a la Entidad Promotora de Salud
de naturaleza Pública del orden Nacional, y en caso de que esta EPS no cuente
con cobertura en la zona, se realizará la afiliación a la EPS con el mayor número
de afiliados.
Parágrafo 1°. Dentro de la Base de Datos Única de Afiliados, o la que haga sus
veces, debe identificarse la condición de víctima a través de un código, con el
objeto de facilitar la atención en salud de manera efectiva, rápida y diferencial a
través de las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud. Para ello el
Ministerio de Salud y Protección Social adoptará los mecanismos e
instrumentos que considere pertinentes.
Parágrafo 2°. La interoperabilidad de los sistemas de información que soportan
el Sistema General de Seguridad Social en Salud con el Registro Único de
Víctimas se efectuará de conformidad con los criterios y estándares
establecidos por la Red Nacional de Información” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 88 ibidem establece que corresponde al Ministerio de Salud y
Protección Social diseñar y ajustar un protocolo de atención integral en salud para
la población desplazada, con un enfoque psicosocial56. Por su parte, el artículo 164
ibidem, definió el Programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas -
PAPSIVI, en los siguientes términos:
“Artículo 164. Del programa de atención psicosocial y salud integral a
víctimas. Se define como el conjunto de actividades, procedimientos e
intervenciones interdisciplinarias diseñados por el Ministerio de Salud y
56 “Artículo 88. Protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial. El Gobierno
Nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social diseñará y/o ajustará, en los seis (6)
meses siguientes a partir de la publicación del presente decreto y con la participación de los demás
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el protocolo de atención integral en salud
con enfoque psicosocial y diferencial teniendo en cuenta las necesidades específicas de la víctima,
el hecho victimizante, y las consecuencias de este sobre la población víctima de que trata el artículo
3° de la Ley 1448 de 2011. Se tendrá en cuenta la actualización de los planes de beneficios según
lo dispuesto por la Ley 1438 de 2011.
Parágrafo. El protocolo de atención integral en Salud con Enfoque Psicosocial a que hace referencia
este artículo, deberá contemplar los mecanismos de articulación y coordinación entre las redes de
servicios de salud y otras redes definidas por la Unidad Administrativa Especial de Víctimas que
presten asistencia a la población de la que trata la Ley 1448 de 2011”.
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Protección Social para la atención integral en salud y atención psicosocial.
Podrán desarrollarse a nivel individual o colectivo y en todo caso orientadas a
superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho
victimizante.
Los entes territoriales deberán adoptar los lineamientos del programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas en concordancia con lo
establecido en el artículo 174 de la Ley 1448 de 2011.
Parágrafo. El Ministerio de Salud y Protección Social debe desarrollar
herramientas de seguimiento y monitoreo a la atención en salud brindada a la
población víctima del conflicto armado interno, de acuerdo a lo establecido en
el protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial” (Subrayas
de la Sala).
Mientras que el artículo 165 ibidem, determinó que las siguientes eran las
responsabilidades del PAPSIVI:
“Artículo 165. De las responsabilidades del Programa de Atención
psicosocial y Salud Integral a Víctimas. El Programa tendrá las siguientes
funciones:
1. Diseñar, coordinar y monitorear las estrategias, planes y acciones de
atención psicosocial y de salud integral a víctimas, tomando en consideración
su carácter individual y colectivo, teniendo en cuenta las diferencias de género,
ciclo vital, etnia y territorio.
2. Definir los criterios técnicos con base en los cuales se prestan los servicios
de atención psicosocial y salud integral a las víctimas en el marco del artículo
3° de la Ley 1448 de 2011.
3. Implementar estrategias de divulgación y mecanismos para facilitar el acceso
al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas.
4. Planificar y desarrollar en conjunto con los entes territoriales estrategias de
capacitación para el personal responsable de ejecutar el Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas” (Subrayas de la Sala).
En tal contexto, es evidente para la Sala que conforme a lo dispuesto en la Ley 1448
de 2011 y sus decretos reglamentarios, la obligación del Estado en la protección de
las personas desplazadas en materia de salud es ineludible. En efecto, la garantía
de acceso efectivo a los servicios de salud y asistencia psicosocial, materializada
en programas como el PAPSIVI, comprueba el deber de las entidades estatales de
diseñar, implementar y supervisar mecanismos que aseguren la atención integral
de esta población vulnerable.
En ese orden, y dado que la prestación de los servicios de salud para la comunidad
de Paso El Medio, ubicada en el área rural del Corregimiento de Matuya, es
deficiente según lo constatado en la inspección judicial, se hace necesaria una
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intervención diligente y efectiva por parte de las autoridades competentes. Esto
implica garantizar el acceso oportuno a los servicios esenciales y adoptar medidas
que permitan mitigar las afectaciones derivadas de la condición de desplazamiento,
pues solo a través del cumplimiento estricto de estos mandatos será posible avanzar
en la reparación integral y en la restitución de los derechos de las víctimas,
asegurando la materialización de los principios y objetivos del Estado Social de
Derecho en el presente caso.
6.8.2. Así las cosas, se ordenará a la UARIV que, una vez haya incluido en el
Registro Único de Víctimas a las personas que habitan la zona objeto de
controversia, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.3.1. de esta providencia,
remita dicho registro al Ministerio de Salud y Protección Social. Esta entidad, dentro
de los veinte (20) días siguientes a la recepción de la información, deberá realizar
un cruce de datos con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) para identificar
a las personas que aún no estén afiliadas al Sistema General de Salud.
En caso de que alguna persona no se encuentre afiliada, el Ministerio deberá
informar de inmediato al Municipio de María La Baja para que, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 87 del Decreto 4800 de 2011, proceda con su afiliación
inmediata a una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, garantizando
la libre elección por parte de las víctimas
6.8.3. Además, se ordenará al Ministerio de Salud y Protección Social en
coordinación con la UARIV y el Municipio de María La Baja, que dentro de los seis
(6) meses siguientes a la notificación de esta providencia y en el marco de sus
competencias y del PAPSIVI, estructuren un plan que garantice el acceso efectivo
a servicios integrales de salud y atención psicosocial para la comunidad de Paso El
Medio.
Dicho plan deberá contener por lo menos los siguientes componentes:
a) Caracterización de la población beneficiaria: identificando la comunidad en
término de número de habitantes, condiciones de salud, afectaciones psicosociales
y necesidades específicas en esas materias.
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b) Evaluación de la infraestructura: Verificación de la capacidad de los
sistemas de salud local, la disponibilidad de equipos, personal y servicios.
d) Identificación de los responsables en la ejecución del plan
e) Fuentes de financiación y concurrencia de recursos, garantizando la
articulación de los niveles municipal, departamental y nacional en la ejecución de la
política de salud.
f) Cronograma para la ejecución del plan
Dentro del anotado término dicho plan deberá ser presentado por el Municipio de
María La Baja al Comité de Verificación de la Sentencia, para su aprobación por
parte del Magistrado ponente de la decisión de primera instancia en su condición de
Presidente de ese comité.
Una vez sea aprobado, el anotado plan deberá ser ejecutado en el plazo previsto
para esos efectos en el respectivo cronograma. En todo caso, el Municipio de María
La Baja será el responsable de garantizar la efectiva prestación de los servicios de
salud en el área objeto de controversia.
6.9. De otro lado, aunque en la inspección judicial se identificaron deficiencias en
la prestación de los servicios de gas natural, energía eléctrica, educación, telefonía
y suministro de internet en la zona objeto de controversia, se advierte que dichas
problemáticas no fueron objeto de debate en la acción popular ni reclamadas en las
pretensiones de la demanda. En consecuencia, la Sala se abstendrá de
pronunciarse sobre estos aspectos, pues hacerlo implicaría desconocer el derecho
de defensa de la parte demandada, quien no tuvo la oportunidad de controvertir
tales cuestiones dentro del proceso, lo que vulneraría el derecho al debido proceso
de ese extremo procesal.
6.10.Finalmente, se ordenará conformar un Comité de Verificación de la Sentencia
en los siguientes términos:
INTEGRAR el comité de verificación del cumplimiento de las órdenes dadas en
la presente sentencia, que estará conformado por: (i) el Magistrado ponente de
la decisión de primera instancia, quién lo presidirá; (ii) la parte actora; (iii) la
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Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, (iv) la Defensoría
del Pueblo Regional Cartagena, (v) el Municipio de María La Baja, (vi) el
Departamento de Bolívar, (vii) los Ministerio de Salud y Protección Social y de
Agricultura y Desarrollo Rural, (viii) la UARIV, (ix) el Banco Agrario y (x) Aguas
de Bolívar S.A. E.S.P
Asimismo, se dispondrá que los plazos adoptados en esta providencia podrán ser
modificados por el Presidente del anotado Comité, cuando existan razones técnicas
para ello.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero
de Estado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de conformidad con lo previsto en la
parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: REVOCAR la decisión de primera instancia en su lugar se DECLARA
PROBADA la vulneración de los derechos colectivos a la salud y salubridad
pública, acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública, acceso a servicios públicos y su prestación eficiente y oportuna, realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de vida
con un enfoque diferencial de género, edad y poblacional de los habitantes de la
comunidad Paso el Medio del Corregimiento de Matuya del Municipio de María La
Baja.
En consecuencia, se dispone:
TERCERO: ORDENAR al Municipio de María La Baja que en coordinación con la
UARIV y dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta
providencia, elaboren un censo que contenga por lo menos, la siguiente
información: (i) la identificación de las personas que residen en la zona de Paso El
Medio y la descripción de los hechos que los obligaron desplazarse forzadamente
de sus lugares de origen (ii) la ubicación exacta en la que se ubican en la actualidad,
(iii) el estado de las viviendas en las que residen y la cantidad de habitantes por
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casa y (iv) si tienen acceso a los servicios públicos domiciliarios, educación y salud
y las condiciones en que se prestan a cada persona.
Asimismo, la UARIV deberá con base en esa información, verificar si las personas
censadas están en el Registro Único de Víctimas y en caso de que no lo estén,
deberá realizar los registros correspondientes. Para el efecto, la UARIV tendrá un
plazo de quince (15) días, contados a partir de la finalización del anterior plazo.
CUARTO: ORDENAR que, dentro del mes siguiente a la notificación de esta
providencia, el Municipio de María La Baja adelante las actuaciones que le permitan
legalizar el asentamiento objeto de controversia. Dicho procedimiento deberá ser
culminado a más tardar doce (12) meses contados a partir de la notificación de esta
providencia.
QUINTO: ORDENAR al Municipio de María La Baja y al Departamento de Bolívar
que, en el marco de sus competencias, dentro de los cinco (5) meses contados a
partir de la notificación de esta providencia, realicen los estudios técnicos en los que
se analicen las distintas herramientas definidas en el ordenamiento jurídico y se
determine cuál es el esquema más adecuado para la prestación de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en la Comunidad del sector Paso El
Medio del Corregimiento Matuya del mencionado ente territorial. Particularmente,
en dicho estudio se deben establecer medidas a corto, mediano y largo plazo,
dirigidas a garantizar la prestación de dichos servicios en condiciones de calidad,
permanencia y eficiencia, así como un cronograma para su realización. El anotado
análisis técnico tendrá que ser allegado dentro de ese mismo plazo al Comité de
Verificación de la Sentencia y el cronograma de ejecución comenzará a contar a
partir de la fecha de esta presentación.
Para la financiación de las obras determinadas en el estudio técnico, se ordenará al
Municipio de María La Bajar y el Departamento de Bolívar que, de acuerdo con el
cronograma definido para cada uno de los planes a corto, mediano y largo plazo,
presenten los respectivos estudios ante Aguas de Bolívar S.A. E.S.P., en su calidad
de gestora del PDA de ese Departamento y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, para su evaluación y financiamiento.
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En caso de que alguna de esas entidades solicite información adicional o requiera
correcciones, estas deberán ser subsanadas por el Municipio de María La Baja
dentro de los dos (2) meses siguientes
Una vez aprobado el financiamiento de las obras, éstas deberán ser realizadas por
el Municipio de María La Baja o la persona que designe para esos efectos, en los
términos definidos en los respectivos cronogramas para cada uno de los planes.
SEXTO: ORDENAR al Municipio de María La Baja y al Departamento del Bolívar
que, de manera transitoria mientras se construye el proyecto que permita el
suministro definitivo agua potable en las áreas objeto de controversia, en el marco
de sus competencias y de forma inmediata, suministren agua potable en
carrotanques en cantidad no menor a cincuenta (50) litros persona día a los
habitantes de la Comunidad del sector Paso El Medio, disponiendo para esos
efectos de un esquema tarifario acorde con las disposiciones que regulan la materia
y al estado de vulnerabilidad de las personas que habitan la zona objeto de
controversia, mientras se construye
SÉPTIMO: ORDENAR al Municipio de María La Baja en coordinación con la UARIV,
que dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, en
el marco del Plan de Acción Zonal PAZ, formulen un estudio que permita garantizar
el acceso efectivo a la vivienda digna de la población desplazada de Paso El Medio,
ubicada en el área rural del Corregimiento de Matuya a través de las herramientas
ofrecidas por el ordenamiento jurídico para esa clase de población vulnerable.
Dicho plan deberá, por lo menos contener los siguientes componentes:
a) Diagnóstico de necesidades habitacionales, identificando la población
desplazada en María La Baja que requiere soluciones de vivienda.
b) Estrategias de retorno o reubicación, conforme a las condiciones de seguridad
y bienestar de las familias afectadas.
c) Definición de programas de subsidio familiar de vivienda, aplicables en las
modalidades de mejoramiento, construcción en sitio propio, adquisición de vivienda
nueva o usada y arrendamiento.
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d) Identificación de los responsables en la ejecución del plan
e) Fuentes de financiación y concurrencia de recursos, garantizando la
articulación de los niveles municipal, departamental y nacional en la ejecución de la
política habitacional.
f) Cronograma para la ejecución del plan
Dentro del anotado término, dicho plan deberá ser presentado por la UARIV al
Comité de Verificación de la Sentencia, para su aprobación por parte del Magistrado
ponente de la decisión de primera instancia en su condición de Presidente de ese
comité.
Una vez sea aprobado, el anotado plan deberá ser ejecutado en el plazo previsto
para esos efectos en el respectivo cronograma. En todo caso, la UARIV será la
encargada de realizar la coordinación entre las distintas autoridades involucradas
en ese plan, con miras a garantizar su efectiva implementación.
OCTAVO: ORDENAR a la UARIV que, una vez haya incluido en el Registro Único
de Víctimas a las personas que habitan la zona objeto de controversia, conforme a
lo dispuesto en el numeral tercero de la parte resolutiva de esta providencia, remita
dicho registro al Ministerio de Salud y Protección Social. Esta entidad, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la recepción de la información, deberá realizar un cruce
de datos con la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) para identificar a las
personas que aún no estén afiliadas al Sistema General de Salud.
En caso de que alguna persona no se encuentre afiliada, el Ministerio deberá
informar de inmediato al Municipio de María La Baja para que, en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 87 del Decreto 4800 de 2011, proceda con su afiliación
inmediata a una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado, garantizando
la libre elección por parte de las víctimas
NOVENO: ORDENAR al Ministerio de Salud y Protección Social que en
coordinación con la UARIV y el Municipio de María La Baja, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de esta providencia, y en el marco de sus
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competencias y del PAPSIVI, estructuren un plan que garantice el acceso efectivo
a servicios integrales de salud y atención psicosocial para la comunidad de Paso El
Medio.
Dicho plan deberá contener por lo menos los siguientes componentes:
a) Caracterización de la población beneficiaria: identificando la comunidad en
término de número de habitantes, condiciones de salud, afectaciones psicosociales
y necesidades específicas en esas materias.
b) Evaluación de la infraestructura: Verificación de la capacidad de los
sistemas de salud local, la disponibilidad de equipos, personal y servicios.
c) Identificación de los responsables en la ejecución del plan
d) Fuentes de financiación y concurrencia de recursos, garantizando la
articulación de los niveles municipal, departamental y nacional en la ejecución de la
política de salud.
e) Cronograma para la ejecución del plan
Dentro del anotado término dicho plan deberá ser presentado por el Municipio de
María La Baja al Comité de Verificación de la Sentencia, para su aprobación por
parte del Magistrado ponente de la decisión de primera instancia en su condición de
Presidente de ese comité.
Una vez sea aprobado, el anotado plan deberá ser ejecutado en el plazo previsto
para esos efectos en el respectivo cronograma. En todo caso, el Municipio de María
La Baja será el responsable de garantizar la efectiva prestación de los servicios de
salud en el área objeto de controversia.
DÉCIMO: INTEGRAR el comité de verificación del cumplimiento de las órdenes
dadas en la presente sentencia, que estará conformado por: (i) el Magistrado
ponente de la decisión de primera instancia, quién lo presidirá; (ii) la parte actora;
(iii) la Procuradora 3 Judicial II Ambiental y Agraria de Cartagena, (iv) la Defensoría
del Pueblo Regional Cartagena, (v) el Municipio de María La Baja, (vi) el
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Departamento de Bolívar, (vii) los Ministerio de Salud y Protección Social y de
Agricultura y Desarrollo Rural, (viii) la UARIV, (ix) el Banco Agrario y (x) Aguas de
Bolívar S.A. E.S.P.
Los plazos adoptados en esta providencia podrán ser modificados por el Presidente
del anotado Comité, cuando existan razones técnicas para ello.
UNDÉCIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de
1998, REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
DUODÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala el 2 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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