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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00194-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00194-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las súplicas de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Ricardo Segura Hernández, en contra del municipio de El Carmen de Bolívar, por las razones expuestas en las consideraciones que anteceden. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Guillermo Jaramillo Santa, como apoderado judicial de municipio de El Carmen de Bolívar, de conformidad con el poder allegado con el escrito de alegatos de conclusión y que obra en el índice 14 de la plataforma Samai. Cuarto. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2015-00194-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

10 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández
Demandado: Municipio de Carmen de Bolívar

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías definitivas

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del
demandante, contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la
demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Ricardo Segura Hernández, por conducto de

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
en orden a que se declare la nulidad parcial del acto administrativo ficto o presunto
que surgió ante la falta de respuesta, por parte del municipio de Carmen de
Bolívar, a la petición formulada el 7 de mayo de 2013, mediante la cual reclamó
unas acreencias laborales.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó reconocer y pagar (i) los
intereses por mora generados por el no pago de sus acreencias laborales
adeudadas, hasta cuando estas se hagan efectivas; (ii) la indemnización
moratoria, producto de la tardanza en el pago de los salarios y prestaciones
sociales desde el 5 de agosto de 2009, en aplicación del artículo 65 del Código
Sustantivo del Trabajo; (iii) la sanción moratoria por el pago inoportuno de sus
cesantías, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995; y (iv)
las agencias en derecho y honorarios profesionales.

1.1.2. Hechos

Los hechos que fundamentaron las pretensiones son, en síntesis, los siguientes:

(i) El 5 de agosto de 2009, el demandante ingresó a laborar como jefe de la
Oficina de la Umata del municipio de El Carmen de Bolívar, y desempeñó su
función hasta el 5 de abril de 2011, momento en el cual se declaró la
insubsistencia de su nombramiento. Para esa fecha, recibía una asignación básica
de $1.712.602.

(ii) Según certificación expedida por la entidad demandada el 18 de mayo de
2012, para el momento de la desvinculación laboral, le adeudaban los siguientes
valores y conceptos: a. para 2009: $1.213.220 por salarios y $ 1.221.954 por
prestaciones sociales; b. para 2010: $8.618.200 por salarios y $4.399.038 por
prestaciones sociales; y c. para 2011: $ 699.312 por cesantías y vacaciones.

(iii) El 23 de abril de 2014, se llevó a cabo conciliación prejudicial ante la

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

Procuraduría 66 judicial 1 y se llegó a un acuerdo parcial en torno a las acreencias
adeudadas por concepto de salarios y prestaciones sociales, pero se excluyó de
tal acuerdo lo relativo a la indemnización moratoria de salarios, las cesantías e
intereses moratorios de esas acreencias.

(iv) El actor tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia de la tardanza
en el pago de sus salarios y a la sanción dispuesta en la Ley 244 de 1995 por el
no pago de sus cesantías.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 23 de la Constitución Política; 13 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011; 65 y siguientes del Código Sustantivo del
Trabajo; 2 de la Ley 244 de 1995; 6 del Código Procesal del Trabajo y la
Seguridad Social; las Leyes 100 de 1993 y 789 de 2002 y los Decretos 1042 y
1045 de 1978, 1919 de 2002 y 1716 de 2009.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante manifestó lo
siguiente:

(i) De acuerdo con lo previsto en el artículo 189, numeral 14, de la Constitución
Política, al presidente de la República le corresponde fijar las dotaciones y
emolumentos de los servidores públicos; además, en la Ley 4ª de 1992 se
estableció el marco al cual se debe sujetar el Gobierno nacional para regular lo
relativo a la remuneración y las prestaciones sociales de estos. Entre tanto, el
Decreto 1042 de 1978 fijó el ámbito de su aplicación, el cual se dirige a los
empleados públicos de las entidades del orden nacional allí indicadas y el Decreto
1919 de 2002 determinó que el régimen de prestaciones sociales dispuesto para
los empleados públicos del orden nacional también aplica a las entidades del nivel
central y descentralizado de la Rama Ejecutiva en los órdenes departamental,
distrital y municipal.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

(ii) De acuerdo con lo anterior, a los empleados públicos de las Empresas
Sociales del Estado les aplican unas normas particulares en torno al
reconocimiento de sus prestaciones sociales; por lo tanto, la entidad demandada
no puede menoscabar sus derechos laborales dejando de pagar el salario, pues
ello hace inviable la subsistencia y va en contra del trabajador, en tales
condiciones, lo que procede es imponer al empleador todas las sanciones que
prevé la ley, sin que sea viable que la entidad se excuse en un déficit económico
para incumplir sus obligaciones laborales.

(iii) En lo que tiene que ver con las cesantías definitivas, la Ley 244 de 1995
estableció unos términos perentorios para su pago y, en caso de su
desconocimiento, definió la sanción a cargo del empleador incumplido, la cual se
puede reclamar por vía de «acción» de nulidad y restablecimiento del derecho.

1.2. Contestación de la demanda

La entidad demandada guardó silencio durante esta etapa procesal.1

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia proferida el 28 de marzo
de 2019,2 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en lo siguiente:

(i) En lo que respecta a la pretensión orientada al reconocimiento de la sanción
moratoria por el no pago de salarios y prestaciones sociales, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, se advierte que las
relaciones laborales que regula esta disposición no son las de los empleados
públicos, de manera que, al no tenerlos como destinatarios, no es viable acceder a
las pretensiones bajo una norma que no ampara al demandante.

1 Folio 40.
2 Folios 79 a 85.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

(ii) Frente a la sanción moratoria por el pago extemporáneo de las cesantías
definitivas, al revisar el expediente, no se encuentra una solicitud que el actor
hubiera formulado ante la entidad demandada con el objeto de que se liquidara y
pagara su prestación, de manera que la falta de reclamación al respecto, impide
contabilizar el término para determinar la extemporaneidad en el pago, lo que
impone negar la pretensión al respecto.

1.4. El recurso de apelación

El señor Ricardo Segura Hernández, por conducto de su apoderado, interpuso
recurso de apelación,3 con base en los argumentos que se enuncian a
continuación:

(i) La conclusión del tribunal según la cual no es viable reconocer la indemnización
por el pago tardío de los salarios y prestaciones sociales es desacertada,
comoquiera que ello premia a la autoridad que abiertamente desconoce los
derechos de los trabajadores; además, aunque a los empleados públicos y
trabajadores oficiales se les aplican normas especiales para el reconocimiento de
sus salarios y prestaciones sociales, ello no quiere decir que se menoscaben los
derechos laborales, como el pago oportuno de los salarios.

(ii) En lo que respecta a la pretensión de la sanción moratoria por la tardanza en el
pago de las cesantías, la conclusión del a quo parte de un error en la valoración
de la prueba, toda vez que en la petición radicada el 7 de mayo de 2013 se hizo la
reclamación pertinente; además, con el certificado del 18 de mayo de 2012 se
demostró que las cesantías adeudadas desde 2011 ya estaban reconocidas, de
manera que entre la fecha de la reclamación aludida —7 de mayo de 2013— y la
radicación de la solicitud de conciliación prejudicial —30 de septiembre de 2013—
habían transcurrido más de los 65 días que consagra la ley para el pago de la
prestación.

3 Folios 88 a 94.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

(iii) En consideración a lo anterior, las cesantías «fueron generadas desde el 05
de abril de 2011, (fecha hasta la cual prestó sus servicios a la entidad
demandada), solicitado (sic) su liquidación, reconocimiento y pago el 07 de mayo
de 2013 y demandada el día 10 de marzo de 2016, ello permite establecer con
exactitud cuándo se crea el acto administrativo ficto o presunto que niega lo
solicitado en cuanto a las cesantías adeudadas a mi poderdante o lo que es igual,
permite establecer los términos de que habla el artículo (sic) 1 y 2 de la ley 244 de
1995 […] permitiendo establecer sin ambages que la entidad se encontraba en
mora de pagar las cesantías a mi poderdante por lo que se debe aplicar la
respectiva indemnización moratoria desde el día 12 de Agosto de 2013».

(iv) Finalmente, aunque la providencia recurrida no es clara en lo que respecta al
fenómeno prescriptivo, se aclara que este no se configuró pues está demostrado
que la terminación de la relación laboral ocurrió el 5 de abril de 2011, la solicitud
de reconocimiento de salarios y prestaciones sociales se formuló el 30 de
septiembre de 2013 y la demanda se radicó el 15 de marzo de 2015, es decir, no
se descuidó la reclamación del derecho por un término superior al establecido en
la ley para la configuración de dicho fenómeno, razones suficientes para solicitar
que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a todas las
pretensiones, en especial al pago de las cesantías y la sanción moratoria.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes demandante y demandada descorrieron el término para alegar de
conclusión mediante memoriales que obran en la plataforma Samai.4 La primera
de ellas solicitó revocar, en su integridad, la sentencia recurrida y, en su lugar,
acceder a las súplicas de la demanda; la segunda, pidió confirmarla en su
totalidad.

1.6. El Ministerio Público

4 Según índices 14 y 15 de la plataforma Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto5 en
el que solicitó revocar parcialmente la sentencia de primera instancia y acceder,
exclusivamente, a la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías. Lo
anterior en consideración a que, en efecto, en la petición del 7 de mayo de 2013
se requirió el reconocimiento de la prestación, por lo que a partir de ahí se deben
contabilizar los términos para determinar la temporalidad del pago.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si el demandante, tiene derecho al reconocimiento y
pago de (i) la indemnización moratoria producto de la tardanza en el pago de sus
salarios y prestaciones sociales, causados durante los años 2009 a 2011, al tenor
de lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y (ii) la sanción
por mora en el pago de las cesantías definitivas por parte de su empleador.

2.2. Marco normativo

2.2.1. Cesantías definitivas y sanción moratoria por su inoportuno pago

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y
obreros nacionales de carácter permanente.

5 Según informe secretarial que obra en folio 106 y el concepto que aparece en el índice 16 de la

plataforma Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló
que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo
que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se
toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo
servido, si fuere menor a ese lapso.

Por otro lado, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro
de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»6, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»;7
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y
entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de
Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de
cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro,
se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías8, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la

6 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
7 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
8 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.

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Demandante: Ricardo Segura Hernández

protección contra la pérdida de su valor adquisitivo9. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje
a título de intereses sobre las cesantías.

Más adelante, la Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones
y se dictan otras disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de quince
(15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías
definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de
radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que
en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo
así al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, y señalar expresamente los requisitos de que adolece, de modo que una
vez se alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término
inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.

Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los
servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para
lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque
ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que
traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque
ante la necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima

9 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.

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Demandante: Ricardo Segura Hernández

para los funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho
origina además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de
radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se
paga al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad
patronal meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más.
No obstante que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han
estado trabajando esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la
institución, pero sin ningún reconocimiento para el trabajador10.

La Ley 1071 de 2006, adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago
de las cesantías definitivas y parciales11 de los servidores públicos, en sus
artículos 4 y 5 determinó lo siguiente:

Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,
por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo
el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se
haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no

10 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
11 Es importante precisar que se entiende por cesantías parciales aquellas que se requieren a la

administración o al fondo administrador de esa prestación con fines de adquirir vivienda o adelantar
estudios. El artículo 3 de la Ley 1071 de 2006 al respecto, señaló: «Artículo 3°. Retiro parcial de
cesantías. Todos los funcionarios a los que hace referencia el artículo 2° de la presente norma
podrán solicitar el retiro de sus cesantías parciales en los siguientes casos: /- 1. Para la compra y
adquisición de vivienda, construcción, reparación y ampliación de la misma y liberación de
gravámenes del inmueble, contraídos por el empleado o su cónyuge o compañero(a) permanente.
/- 2. Para adelantar estudios ya sea del empleado, su cónyuge o compañero(a) permanente, o sus
hijos.».

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad
podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se
produjo por culpa imputable a este.

De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006, son:

Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República
y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).

2.2.2. Indemnización moratoria por pago extemporáneo de salarios

El artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo consagra una sanción a cargo del
empleador, en caso de que no pague oportunamente los salarios y prestaciones
sociales a sus empleados, en los siguientes términos:

[…] Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios
y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o
convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma
igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24)
meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos
veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el
trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria [o si presentara la
demanda, no ha habido pronunciamiento judicial,]12 el empleador deberá pagar al
trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación
certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes
veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique.

Valga aclarar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 del referido
ordenamiento, su aplicación se dirige a las «relaciones de derecho individual del
Trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del Trabajo, oficiales y
particulares».

2.3. Hechos probados

12 El texto en paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-781-

03 del 10 de septiembre de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

(i) El 5 de agosto de 2009,13 el alcalde de El Carmen de Bolívar expidió el Decreto
GTS 109, por el cual nombró al demandante, en el cargo de jefe de la Oficina
Umata, del cual tomó posesión en esa fecha, según el acta correspondiente.

(ii) El 18 de mayo de 2012,14 el tesorero municipal de El Carmen de Bolívar
expidió certificación en la que dejó la siguiente constancia:

Que revisando y confrontando los archivos de tesorería municipal de El Carmen de
Bolívar se pudo constatar que se le adeuda al señor RICARDO SEGURA HERNÁNDEZ,
[…] la suma de DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS
VEINTICUATRO PESOS MCTE ($16.151.724.oo), por concepto de sueldos y
prestaciones sociales detallados así:

Sueldos vigencia 2009 $1.213.220.oo
Prestaciones sociales 2009 $1.221.94.oo
Sueldos vigencia 2010 $8.618.200.oo
Prestaciones sociales 2010 $4.399.038.oo
Cesantía y vacaciones 2011 $ 699.312.oo
TOTAL $16.151.724.oo

(iii) El 7 de mayo de 2013,15 el demandante formuló solicitud ante el alcalde del
municipio de El Carmen de Bolívar, en el que expuso, entre otros, los siguientes
hechos:

PRIMERO: Estuve vinculado laboralmente a esta entidad desde el 05 de Agosto de
2009, hasta el 05 de abril de 2011, en el cargo de JEFE DE LA OFICINA UMATA,
desempeñando ininterrumpida y cabalmente las funciones propias de mi actividad
como empleado público, sosteniendo así para con la entidad un vínculo de carácter
administrativo laboral.

[…]
TERCERO: La entidad me adeuda y así lo ha reconocido, por conceptos de salarios y
acreencias laborales como salarios, prestaciones sociales, cesantías y vacaciones
generadas durante los años 2009, 2010 y 2011. [Resalta la Sala]

13 Folios 23 y 24.
14 Folio 14.
15 Folios 11 a 13.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

En el acápite de peticiones de la referida solicitud, requirió lo siguiente:

PRIMERA: Que se pague inmediatamente a este servidor, por el medio más
expedito las acreencias por los conceptos detallados en este escrito, las cuales
algunas fueron reconocidas y no pagadas tiempo atrás.

[…]
TERCERA: Que se me reconozca, liquide y pague inmediatamente las respectivas
indemnizaciones moratorias generadas por las cesantías no consignadas por la
entidad, teniendo en cuenta desde la primera no pagada, en atención a lo estipulado
en el parágrafo del artículo 2 de la ley 244 de 1995.

(iv) El 23 de abril de 2014,16 se celebró audiencia de conciliación extrajudicial ante
la Procuraduría 66 Judicial I para asuntos administrativos, en la que quedó la
constancia de que se llegó al siguiente acuerdo parcial: [se precisa que en las
pretensiones que se sometieron a la referida audiencia se encuentran a. las
acreencias salariales y demás conceptos adeudados; b. los intereses por mora
causados por el no pago de las acreencias laborales; c. la indemnización
moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; d. la
indemnización moratoria prevista en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995; y e. las
agencias en derecho y los honorarios profesionales].

[…] se le da el uso de la palabra al apoderado de la parte convocada para que
exponga la decisión del comité de conciliación de la entidad que representa quien
contesto (sic):
De conformidad con la certificación expedida por la secretaría técnica del comité de
conciliación del municipio de Carmen de bolívar (sic) se aprueba conciliar el valor
total del capital adeudado por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas
de cancelar, sin sanción moratoria alguna, que en un total suma de dieciséis
millones ciento cincuenta y un mil setecientos veinticuatro pesos ($16.151.724) y se
pagara (sic) en dos pagos dentro de los cuatro meses siguientes a la aprobación de
la conciliación, previa radicación de todos los documentos necesarios para el pago
en la tesorería municipal.

En este estado de la diligencia se le da el uso de la palabra al apoderado de la parte
convocante para que manifieste si acepta o no la propuesta presentada por la parte
convocada. Quien contesto (sic): si (sic) acepto la propuesta presentada, con la
salvedad que no se renuncia a la pretensión de la sanción moratoria, razón por
la cual solicita al despacho se expida la respectiva constancia teniendo en cuenta
que no hubo acuerdo conciliatorio en este punto.

16 Folios 25 a 28.

13

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

(v) El 19 de mayo de 2014,17 el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de
Cartagena expidió el auto 0611 dentro del trámite de conciliación prejudicial con
radicado 13001 33 33 012 2014 00204 00, entre las partes que celebraron el
acuerdo señalado en el numeral anterior, y dispuso su aprobación, una vez verificó
los soportes probatorios de las sumas debidas. En lo que respecta a la materia de
la cual se ocupó el acuerdo precisó lo siguiente:

La conciliación verso (sic) sobre el valor total del capital adeudado por concepto de
salarios y prestaciones sociales dejadas de cancelar, pero sin sanción moratoria
alguna, lo cual ascendió a la suma de $16.151.724, propuesta que es aceptada por
el convocante y es avalada por el Agente del Ministerio Público, aclarando el
demandante que no renuncia respecto de la sanción moratoria por lo cual
solicitase (sic) expida la respectiva constancia en donde se indique que
respecto de este punto no hubo acuerdo conciliatorio. [Negrilla fuera de texto]

(vi) El 4 de agosto de 2017,18 el tesorero municipal de El Carmen de Bolívar,
expidió certificación en la que consta lo siguiente:

Que el día 06 de Noviembre del año 2015 a solicitud del Dr. Ricardo Segura
Hernández, se realizó una consignación […] por valor de CUATRO MILLONES DE
PESOS MCTE (4.000.000) por concepto de abono […] según conciliación prejudicial N
3001 33 33 012 2014 00204 00.

[…]
Por lo anteriormente relacionado el suscrito Certifica que el saldo adeudado al Sr
Ricardo Segura Hernández […] es de DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE ($12.151.724.OO)

(vii) El 1.º de septiembre de 2022,19 el alcalde del municipio de El Carmen de
Bolívar dio respuesta al oficio que se libró, por parte de esta corporación, producto
de la prueba de oficio ordenada a través de providencia del 24 de febrero de 2022,
a fin de establecer si la totalidad de la suma acordada en el acuerdo conciliatorio
ya había sido pagada al demandante y, al respecto indicó:

17 Folios 18 a 22.
18 Folio 60.
19 Como consta en el índice 26 de la plataforma Samai. Se precisa que similar información fue

suministrada por el secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana del municipio de El Carmen
de Bolívar, la cual reposa en el índice 27 de la plataforma Samai, razón por la cual no se transcribe
lo allí señalado.

14

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

De acuerdo a la documentación que reposa en los archivos de esta entidad, se
evidenció el comprobante de egreso No. 110604 de fecha 6 de noviembre de 2015,
dónde (sic) se le hace un abono de pago al señor Ricardo Segura Hernández la
suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000) por concepto de conciliación
prejudicial No. 3-001-33-33-012-2014-00201-00, del juzgado administrativo oral del
circuito de Cartagena. Vigencia fiscal 2014.

En dicho comprobante de egreso no se especifica o discrimina si se encuentra
incluido el valor correspondiente a los SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
TRESCIENTOS DOCE PESOS ($699.312), por concepto de cesantías y vacaciones
adeudadas al demandante que fueron materia de acuerdo conciliatorio. Tampoco se
encontró en los archivos algún otro documento que certifique que dentro del pago
anterior se incluyó el monto por concepto de cesantía y vacaciones, esto, en razón
de, (sic) que la administración anterior en cabeza del Alcalde saliente […] no hizo
entrega formal de archivo haciendo difícil determinar en este caso si dicho monto
fue incluido.

[…]
No se encontró en el archivo de esta entidad los soportes del pago de la suma de
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
($12.151.724), correspondiente al valor restante del acuerdo conciliatorio entre el
señor Ricardo Segura Hernández y la Alcaldía del Municipio del Carmen de Bolívar.

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe precisar que los
dos aspectos sobre los cuales versa el recurso de apelación consisten, por un
lado, en el reconocimiento de la indemnización de que trata el artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo y, por otro lado, en la sanción por el pago
inoportuno de las cesantías definitivas, con ocasión del retiro del servicio, temas
de los que se ocupará la Sala a continuación.

El primer problema jurídico consiste en establecer si el demandante tiene derecho
a la indemnización que, en su sentir, se causó por la mora en que incurrió el
empleador por el pago inoportuno de sus salarios y prestaciones sociales, según
lo establecido en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo; no obstante, y
tal como lo definió el a quo tal pretensión no está llamada a prosperar, comoquiera
que las previsiones de tal ordenamiento no rigen a los empleados públicos, como
es el caso del demandante, quien mantuvo con el municipio de El Carmen de
Bolívar una relación laboral legal y reglamentaria.

15

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, soportada,
además, en pronunciamientos de la Corte Constitucional,20 ya ha tenido la
oportunidad de pronunciarse en torno a la improcedencia de la aplicación de la
indemnización dispuesta en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo para
los empleados públicos, en los siguientes términos:21

Por su parte, el demandante recurrió la sentencia y para el efecto argumentó que se
le discrimina al no tener en cuenta las disposiciones legales y constitucionales que
protegen a los empleados del sector público y privado; en consecuencia, insistió en
que debe ser indemnizado por la mora en que incurrió la entidad en el pago de sus
prestaciones sociales al momento de finalizar la relación laboral, en atención al
artículo 65 del CST.

Ahora, en atención al artículo 3 del CST, se concluye sin mayores argumentos que
las relaciones que regula, no son las de los empleados públicos, sino que está
ligada al derecho laboral individual, cuya base estructural es el contrato de trabajo.

En atención a lo anterior a los trabajadores oficiales, incluso quienes laboran con
entidades públicas, se les aplica el CST y su vinculación es a través del contrato de
trabajo, en el cual concurren las voluntades de ambas partes para acordar las
condiciones de la prestación del servicio.

Por el contrario, el empleado público tiene una vinculación legal y
reglamentaria, en la cual no tiene la posibilidad legal de acordar con la
administración la manera de prestar el servicio, es decir, el régimen al cual
quedan sometidos está previamente determinado en la ley.

De acuerdo con lo planteado, resulta claro que cada régimen tiene sus notas
características las cuales no pueden desconocerse y menos aún entrar reconocer
los derechos consagrados en una norma que claramente no se debe aplicar. [Se
resalta]

En consonancia con lo anterior, la Sala concluye que como el demandante se
vinculó a la administración del municipio de El Carmen de Bolívar, como empleado
público, producto del nombramiento en el cargo de jefe de la oficina Umata,
dispuesto a través del Decreto GTS 109 del 5 de agosto de 2009,22 del cual tomó
posesión en esa fecha, no tiene derecho a que le sea reconocida una
indemnización que no está concebida para su régimen salarial y prestacional y,
20 Sentencias C- 079 de 1999
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2018,
radicación: 44001-23-33-000-2014-00032-01, número interno: 1815-2015, M.P. William Hernández
Gómez.
22 Folios 23 y 24.

16

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

por ende, la pretensión al respecto no tiene vocación de prosperidad, razón que
lleva a confirmar la decisión que, en tal sentido, adoptó el tribunal de instancia.

En lo que respecta al segundo problema jurídico, esto es, la sanción moratoria
producto de la tardanza en que incurrió la administración en reconocer y pagar
sus cesantías definitivas, al tenor de lo dispuesto en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, la Sala analizará la situación del
demandante, a fin de definir si la administración incurrió en mora en la
consignación de su prestación y, en consecuencia, determinar si tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sanción que el legislador ha previsto ante tal
circunstancia.

Frente a lo anterior, se debe señalar que la razón que motivó al a quo para negar
el reconocimiento de la aludida sanción consistió en que no obraba en el
expediente petición de reconocimiento de las cesantías definitivas, situación que
impedía contabilizar el término de que disponía el municipio demandado para
pagarlas oportunamente; sin embargo, de acuerdo con el acervo probatorio a que
alude el numeral 2.3. de esta providencia, la Sala arriba a una conclusión
diferente, como se expondrá a continuación:

Según constancia expedida por el tesorero del municipio de El Carmen de
Bolívar,23 al terminar la relación laboral, esa entidad quedó en deuda con el
demandante, por la suma de $16.151.724, por concepto de salarios y prestaciones
sociales correspondientes a los años 2009 a 2011. Ante tal circunstancia, el señor
Segura Hernández, formuló solicitud24 en la que reclamó, entre otras cosas, las
siguientes: i) el pago de las acreencias por los conceptos detallados en su escrito;
ii) la indemnización moratoria generada por la omisión en la consignación de sus
cesantías, en aplicación de la Ley 244 de 1995.

23 Según certificación del 18 de mayo de 2012, visible en folio 14.
24 El 7 de mayo de 2013, visible en folios 11 a 13 y dentro de los 3 años siguientes a la terminación

de su relación laboral, la cual se habría producido el 5 de abril de 2011, según hecho I de la
demanda, que no fue refutado ni contraprobado por la entidad demandada.

17

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

Si bien es cierto en la primera de las solicitudes no se precisó, de manera expresa,
que se estaba reclamando el pago de las cesantías, también lo es que el escrito
de petición no se puede interpretar de forma aislada y, por el contrario, se debe
analizar integralmente, máxime cuando el propio demandante indicó que su
pretensión iba encaminada a que se reconocieran las acreencias detalladas «en
su escrito» y, dentro de este, en el numeral tercero del capítulo de hechos señaló
que la entidad le adeudaba diferentes conceptos y acreencias laborales, entre
ellos, las «cesantías»25 de donde surge que sí se reclamó el pago de las
cesantías, y, en ese sentido, se comparte la interpretación que, al respecto, realizó
la agente del Ministerio Público en su concepto.

Lo expuesto quiere decir que el 7 de mayo de 2013, el señor Ricardo Segura
Hernández solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas;26 de
manera que en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1071 de
2006, la administración contaba con 15 días para expedir el acto de
reconocimiento de ese auxilio, es decir, hasta el 29 de mayo de 2013.

No obstante lo anterior, el municipio de El Carmen de Bolívar excedió el plazo de
quince días señalado en la norma citada para resolver tal solicitud, e, incluso, en la
actualidad, no reposa en el expediente acto administrativo de reconocimiento de
las cesantías, sino un acto de voluntaria aceptación de la deuda que fue materia
de conciliación ante la Procuraduría 66 Judicial I para Asuntos Administrativos,
[entre la cual se encuentra lo debido por salarios y prestaciones sociales] lo que
quiere decir que a partir del 30 de mayo de 201327 empezaron a correr los diez
días28 para que quedara ejecutoriado el acto administrativo, en el caso de que se
hubiera expedido oportunamente, es decir, hasta el 14 de junio de ese año,
vencidos los cuales inició el conteo de los cuarenta y cinco días con que contaba

25 Así se señaló en el hecho tercero de la petición: «La entidad me adeuda y así lo ha reconocido,

por conceptos de salarios y acreencias laborales como salarios, prestaciones sociales, cesantías y
vacaciones generadas durante los años 2009, 2010 y 2011».
26 Folios 11 a 13.
27 Día siguiente al vencimiento de los 15 días de que disponía la administración para expedir

oportunamente el acto administrativo de reconocimiento de la prestación.
28 Se contabilizan diez días, pues la fecha en que se debió expedir el acto estaba en vigencia el

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

18

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

el municipio de El Carmen de Bolívar para pagar la prestación reclamada, los que
se cumplieron el 21 de agosto de 2013, razón por la cual, a partir del día siguiente
-22 de agosto de 2013- se empezó a causar la sanción moratoria.

Ahora bien, producto de la conciliación extrajudicial celebrada ante la Procuraduría
66 Judicial I para Asuntos Administrativos, el 6 de noviembre de 2015, el municipio
de El Carmen de Bolívar puso a disposición del demandante una parte del valor
conciliado [$4.000.000 de los $16.151.724 que comprendió el acuerdo
conciliatorio, por lo que se adeudan $12.151.724] lo que quiere decir que aún no
ha pagado la totalidad de la obligación asumida en el referido acuerdo, la cual, se
repite, comprende salarios y prestaciones sociales.

Valga aclarar que, en el sub lite, no se pudo establecer si dentro del valor ya
pagado fue incluido el monto conciliado por concepto de cesantías, hecho que se
corroboró con el oficio de respuesta a la prueba de oficio ordenada por esta
corporación;29 además, tampoco se demostró si el valor restante de dicho acuerdo
conciliatorio —$12.151.724— ya se canceló, en forma efectiva al actor.

Aun a pesar de lo anterior, como el acuerdo conciliatorio «hace tránsito a cosa
juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo»30 con lo acordado en él,
en particular, para el caso concreto, en materia de la reclamación de las cesantías
y deuda en torno a ellas, se debe entender que hubo una terminación del conflicto
entre las partes en esa materia, pues con posterioridad a él —al acuerdo— lo que
procedía era exigir, a través de un proceso ejecutivo, la obligación contenida en el
título.

En tales condiciones, la Sala considera que la mora empezó a causarse a partir
del día siguiente al vencimiento del término con que contaba la administración
para proceder a su pago —22 de agosto de 2013—, como se precisó con
antelación, y cesó el día en que se llegó al aludido acuerdo conciliatorio y, en ese

29 Al que se aludió en el numeral vii) del acápite 2.3 de esta providencia.
30 Ley 466 de 1998, artículo 66.

19

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

orden, la sanción moratoria se habría generado entre el 22 de agosto de 2013 y el
22 de abril de 2014.31

Pese a lo anterior, esta Subsección advierte que la petición materia de reclamo de
la sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías fue anterior al
momento en que se generó la mora, pues, como se indicó líneas atrás, la sanción
moratoria se empezó a causar el 22 de agosto de 2013, en tanto que la
reclamación de dicha penalidad se radicó el 7 de mayo de 2013 lo que quiere
decir que cuando se formuló la petición orientada a obtener la sanción, el actor ni
siquiera tenía la certeza de que el ente territorial demandado iba a incurrir en
mora.

En ese orden, fuerza concluir que la reclamación que el señor Segura Hernández
formuló, en sede administrativa, en orden a obtener la sanción moratoria, se radicó
cuando tal penalidad aun no era exigible,32 pues no había nacido la posibilidad de
reclamarla comoquiera que la administración todavía no había incurrido en mora,
lo que conlleva que el municipio demandado no podía acceder a una reclamación
de tal naturaleza, pues para el momento en que se exigió no se había causado
mora alguna, situación que impide anular el acto acusado y acceder a las
pretensiones de la demanda. Por tal motivo, la Sala confirmará la sentencia de
primera instancia que denegó las súplicas.

2.5. Condena en costas

31 Se precisa que la audiencia de conciliación se llevó a cabo el 23 de abril de 2014 (folios 5 a 28).
32 En sentencia CE-SUJ-SII-022-2020 en torno a la exigibilidad de la sanción moratoria señaló:

«Por consiguiente, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo, se origina el incumplimiento y
surge la sanción moratoria. En otras palabras, se hace exigible dicha penalidad y, en tal virtud,
nace la posibilidad de reclamarla ante la administración […]» Si bien es cierto en dicha providencia
se analizó la exigibilidad de la sanción moratoria por la inoportuna consignación de auxilio anual,
en lo que tiene que ver con la exigibilidad, dicho pronunciamiento resulta aplicable al sub lite.

20

Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,33 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación atiende un criterio
objetivo valorativo. Objetivo, en el sentido de que toda sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas
del Código General del Proceso; y valorativo, pues se requiere que el juez revise
si ellas se causaron (pago de gastos ordinarios del proceso, actividad profesional
realizada dentro de él), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o la
temeridad de las partes. Conforme a las anteriores reglas, y según lo dispuesto en
los numerales 1 y 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, 34 la Sala
condenará en costas de segunda instancia a la parte demandante, en cuanto el
recurso de apelación resultó adverso a sus pretensiones y la parte demandada
actuó en esta instancia.35

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que el señor Ricardo Segura Hernández no tiene
derecho al reconocimiento y pago de la indemnización de que trata el artículo 65
del Código Sustantivo del Trabajo ni a la indemnización por el pago inoportuno de
las cesantías definitivas, razón por la cual procede confirmar la sentencia de
primera instancia que negó el derecho y se dispondrá condena en costas de
segunda instancia, conforme se explicó en el acápite anterior.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández
Gómez.
34 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso […] 8. Solo habrá lugar a costas

cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
35 Presentó alegatos de conclusión, como consta en el índice 14 de la plataforma Samai.

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Radicado: 13001 23 33 000 2015 00194 01 (4659-19)
Demandante: Ricardo Segura Hernández

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2019, por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que denegó las súplicas de la demanda en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho formulado por el señor Ricardo
Segura Hernández, en contra del municipio de El Carmen de Bolívar, por las
razones expuestas en las consideraciones que anteceden.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandante, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Tercero. Reconocer personería adjetiva al abogado Guillermo Jaramillo Santa,
como apoderado judicial de municipio de El Carmen de Bolívar, de conformidad
con el poder allegado con el escrito de alegatos de conclusión y que obra en el
índice 14 de la plataforma Samai.

Cuarto. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

DDG

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