Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00308-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2015-00308-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022).
Referencia: Nulidad y restabl ecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2015 00308 01 (0535–2021)
Demandante: Departamento de Bolívar – Fondo Territo rial de
Pensiones
Demandado: Rosa Mercedes Me ola de Posada
Temas: Lesividad . Reajuste mesada pensional. Aplicación
automática de topes pensionales. Igualdad
pensional. Ley 1437 de 2011 .
SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA
Conoce la Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado del recurso de apelación presentado por la parte
demandada contra la sentencia del 19 de junio de 2020 , proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolí var que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 1
El Departamento de Bolívar , en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
de la Ley 1437 de 2011 2, formuló en síntesis las siguient es:
1.1. Pretensiones
La nulidad de los artículos 1, 2 y 3 de la Resoluci ón 1196 del 12
de septiembre de 2011 , por medio de la cual el Fondo Territorial
1 Folios 60 a 70.
2 Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–CPACA–
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Demandante: Departamento de Bolívar
de Pensiones del Departamento de Bolívar reconoció y ordenó el
pago de una homologación o actualización de la pensión a la
accionada y negó el reajuste ordenado en el artículo 143 de la Ley
100 de 1993.
Como consecuencia de lo an terior y, a título de restablecimiento
del derecho, solicit ó condenar a la parte demandada a (i) restituir
las sumas de dinero «que el Departamento ha cancelado
erróneamente a su favor por concepto de la homologación de la
pensión reconocida »; (ii) indexar la s sumas reintegra das y, (iii)
condenar en costas a la parte demandada.
1.2. Fundamentos fácticos
Los siguientes son los fundamentos de hecho de las pretensiones:
(i) El señor Alban o Posada Bula ( q.e.p.d) prestó sus servicios al
Departamento de Bolívar como diputado de la Asamblea
Departamental en el periodo 1988 - 1989; (ii) mediante Resolución
4097 del 18 de diciembre de 1990, el Fondo de Previsión Social
Departamental le reconoció una pensión de invalidez efectiva a
partir del 29 de octubre de 1990; (iii) con la Resolución 1539 del 1
de septiembre de 2000, el Fondo Territorial de Pensiones de la
Gobernación de Bolívar reconoció la sustitución pensional, por el
fallecimiento del señor Albano Posada Bula a la señora Rosa Meola
de Posada, en su calidad de cónyuge supérstite , (iv) a través de la
Resolución 1976 del 17 de octubre de 2000, se ordenó el pago de
unas mesadas atrasadas.
Refiere la demanda que el 10 de mayo de 2011, la demandada
solicitó al Fondo de Pensiones de la Gobern ación de Bolívar la
homologación o reajuste de la mesada pensional, teniendo en
cuenta que el causante fue Diputado del Departamento de Bolívar,
y expresamente «en aras de la igualdad real y efectiva se
incremente [el valor de la mesada] » teniendo en cuent a que «las
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personas que fueron pensionadas como Diputados reciben una
mesada [por mayor valor]» ; así mismo, solicitó e l reajust e ordenado
en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto
Reglamentario 692 de 1994.
Mediante la Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011 , le fue
reconocido y ordenado el incremento u «homologación» pensional a
la demandada, y negado el ajuste mensual previsto en el artículo
143 de la Ley 100 de 1993.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
La entidad accionante invocó como disposiciones vulneradas las
siguientes: artículo s 53 de la Constitu ción Política; 138 d el CPACA;
396 del Código de Procedimiento Civil; Decreto 435 de 1971; las
Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988.
Al desarrollar el concepto de violación sostuvo que la resolución
demandada viola el principio de movilidad salarial mediante el cual
se busca garantizar el poder adquisitivo de las pensiones a través
del incremento periódico de estas, pero dicho incremento debe
hacerse de conformidad con la no rmatividad vigente sin buscar un
mayor incremento, tal y como ocurrió en el acto demandado.
El reajuste solicita do fue fundamentado en el Decreto 435 de 1971 ,
que en su artículo 1 , establece que le es aplicable solo «a quien
tenga el estatus de pensionado el 31 de diciembre de 1970» , y en
el caso concreto, se evidencia que el causante alcanzó su estatus
pensional el 29 de octubre de 1990, es decir, con posterioridad al
1 de enero de 1971, por lo que no podía ser bene ficiario de dicho
incremento .
Se violó el principio de inescindibilidad, toda vez que la pensión de
invalidez le fue reconocida en aplicación del régimen pensional
establecido en la Ley 4 de 1976 , modificada por la Ley 71 de 1988,
la Ley 6 de 1945 y el Decreto 913 de 1987 , normas que establecen
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la forma como se deben reliquidar o incrementar las pensiones, tal
y como se constata en el artículo 1 de la Ley 4 de 1976 y no de
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 435 de 1971.
Finalmente, sostuvo que en el acto demandado se indicó que debía
aplicarse el tope máximo de las pensiones según lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993, esto es de 20 salarios mínimos legales mensuales
vigentes –SMLMV–, sin embargo, esta normatividad no corresponde
al caso, puesto que «esa solo aplica para aquellas personas que se
encontraban en régimen de transición al momento de la expedición
de la norma , es decir, aquellas personas que al momento de la
entrada en vigencia de la misma no se encontraran pensionad os»,
lo que no ocurre en el presente caso , dado que el causante se
pensionó el 29 de octubre de 1990 y le es aplicable el límite
señalado en el artículo 2 de la Ley 71 de 1988, por lo que la mesada
pensional no puede exceder de 15 veces el SMLMV .
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA
La señora Rosa Mercedes Meola de Posada contestó la demanda
extemporáneamente según consta en el acta de audiencia inicial.
3. AUDIENCIA INI CI AL 3
El 15 de junio de 2017 se llevó a cabo audiencia inicia l por parte
del Tribunal Administrativo de Bolíva r , en la que determinó (i) que
no existe ninguna irregularidad que genere nulidad; (ii) la
demandante contestó extemporáneamente, por lo que no existen
excepciones previas pendientes por resolver, (iii) delimitó el
problema jurídico, en los siguientes términos:
«El obj et o del lit ig io es est ablecer si la Resoluc ión 119 6 de 12 de
sept iem br e d e 2011, por m edio de la cual el Depar t am ent o de
Bolí var r econoce, y cancela un r eaj ust e pensiona l a la señ or a Rosa
M er cedes M eola de Posada, viola el ar t ículo 1 del Decr et o 435 de
1971, así com o el ar t í culo 1 de la Ley 4 de 1976, sust it uido por la
3 Folios 136 a 137 Vto. CD a folio 138.
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Ley 71 d e 1988; al i gual que el ar t í culo 14 de la Ley 100 de 1993.
La Sal a deber á est ablecer s i las nor m as m encionadas r esult an
aplic ables a la sit ua ción pensi onal de l causant e y de su sust it ut a;
si las m ism as est ab l ecier on un lí m it e al m ont o de la pens ión y si e l
act o acusado event ualm ent e sobr epasó dicho lí m it e.
Deber á igua lm ent e est ablecer si la ent idad dem andant e podí a
aplic ar al caso el m ont o m áxim o de pe nsiones pr ev ist o en la Ley
100 de 1993.
En caso de que la r eliq uidac ión u hom o logac ión pens iona l hubier e
sobr epasado los lim it es pr evist os en la ley, deber á est ablecer se si
pr ocede or denar la devoluc ión de las s um as de diner o pagadas en
exceso. »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 4
El Tribunal Administrativo de Bolívar , en sentencia del 19 de junio
de 2020 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda , y
en tal sentido, (i) declaró la nulidad del acto demandado y en
consecuencia, ordenó a la entidad demandante «expedir un nuevo
acto administrativo reemplazando el dec larado nulo, reajustando la
pensión de la demandada sin tener en cuenta para ello el Decreto
435 de 1971 y teniendo como tope máximo de la pensión, el
establecido en la Ley 70/88 (sic)» y, (ii) n egó las restantes
pretensiones.
Como fundamento de su decisión expuso las siguientes
consideraciones:
i) P recisó que el Fondo Territorial de Pensiones del De partamento
de Bolívar, al efectuar la homologación de la pensión del causante
tuvo en cuenta la s disposiciones contenidas en el Decreto 435 de
1971 y para fijar el tope máximo de la misma aplicó lo dispuesto en
la Ley 100 de 1993.
De acuerdo con anterior, afirmó que el Decreto 435 de 1971 , solo
le es aplicable a quienes adquirieron su estatus pensional antes
4 Folios 196 a 206.
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del 1 de diciembre de 1970 y en el presente caso, al señor Albano
Posada Bula le fue reconocida la pensión de invalidez a partir del
29 de octubre de 1990, razón por la cual, no cumple con el requisito
exigido en la norma descrita.
ii) Respecto del to pe máximo pensional, afirmó que el artículo 18
de la Ley 100 de 1993, establece el límite máximo pensional, el
cual es aplicable a quienes adquirieron su derecho con fundamento
en esta norma o quienes a la ent rada en vigencia de la misma
cumplían con los requisitos para se r beneficiarios del régimen
pensional previsto en su artículo 36.
Adujo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Co rte
Constitucional y del Consejo de Estado, quienes a la fecha de
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 ya habían cumplido los
requisitos para acceder a la pensión bajo un régimen anterior, se
rigen por este, y en el sub judice, el causante adquirió su estatus
pensional en el año 1990 , por lo que su pensión le fue reconocida
conforme a las previsiones de la Ley 4 de 1945 y la Ley 71 de 1988,
y en tal sentido su mesada no podía exceder de 15 SMLMV.
iii) Frente a la pretensión de devolución de mesadas , consideró que
se debió demostrar que la beneficiaria actuó de mala fe, sin
embargo la entidad demandante ni siquiera alegó en qué consistía
la misma, y, por el contrario , se evidenció que la accionada, al
momento en el que solicitó la re liquida ción , no solicitó que le fueran
aplicadas las normas que sirvieron de fundamento al acto
administrativo , de modo que fueron disposiciones normativas que,
a juicio de la entidad demandante, encuadraban en el asunto, sin
que se evidencie engaño o fraude por parte de la accionada.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 5
La parte demanda da apeló la decisió n con el fin de que se revoque
y en su lugar, se nieguen las prete nsiones de la de manda, con
5 Folios 210 a 213.
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fundamento en las siguientes razones:
i) Consideró que hubo «una mala interpretación» por parte del a
quo toda vez que « da por cierto, sin serlo, que en el acto
demandado, esto es la Resolución 1196 del 12 de septiembre de
2011, se hizo el incremento conforme a las disposiciones
contenidas en el Decreto 435 de 1971, y para ello hace la sentencia
unas referencias de situaciones concreta (sic), co n la única
finalidad de darle soporte fáctico a su tesis, como lo es que la
pensión reconocida al señor ALBANO POSADA BULA, le fue
otorgada en octubre 29 de 1980 (sic), y por lo tanto no era aplicable
dicho decreto al caso co ncreto por haberse consolidado el status
de pensionado, con posterioridad al término previsto en el artículo
1 del Decreto 435 de 1971, esto es después del 31 de diciembre de
1970, cuando la verdad es que en el acto administrativo demandado
y declarado nul o, solo se tuvo en cuenta dicho decreto para la
fijación del tope máximo de la mesada pensional de tal manera que
es errada la apreciación y decisión de instancia sobre el particular
[…]»
ii) Sostuvo que el verdadero fundamento del acto administrativo lo
constituyen normas constitucionales y por ello se afirmó: «Que a
los Diputados del Departamento de Bolívar que adquirieron su
derecho a disfrutar de pensión de jubilación con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se les viene aplicando
esta ley, o sea, se les reconocen 20 Salarios Mínimo s Legales
Mensuales Vigentes», y en ese orden , en aras de salva guardar el
derecho a la seguridad social y a la igualdad, se hacía necesario
ordenar el reajuste .
Resaltó que el reajuste otorgado atendió precisamente a los
derechos reclamados por la accionada (igualdad real y efectiva) , y
se duele de que la sentencia impugnada no se hubiera pronunciado
al respecto y por el contrario, haya desconocido los mencionados
derechos fundamentales .
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iii) Añadió que , «el juzgador no puede ceñirse a lo que
estrictamente determina la ley en el momento de estructuración del
derecho pensional», toda vez que , para casos como el presente,
debe dar aplicació n a princip ios constitucionales y convencionales
para proteger a quienes se encuentran en exactas con diciones de
hecho.
Al respecto, invocó las sentencias C -258 de 2013 , T-1752 de 2000,
C-613 de 1995, C-615 de 1995 en relación con el principio de
igualdad, y C -228 de 2011, en lo que refiere al principio de
progresividad en materia de seguridad social.
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
6.1 La parte demandante 6 solicitó co nfirmar la decisión proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por consid erar que el
monto reconocido mediante la Resolución 1196 del 12 de
septiembre de 2011, es superior a lo que realmente le correspondía,
ocasionándole con ello perjuicios a l Departamento.
6.2 La parte demandada 7 reiteró los argumentos de l recurso de
apelación y solicitó valorar íntegramente el material pro batorio y en
especial, la parte considerativa del a cto administrativo (inciso 10 ),
así como los fundamentos expuestos con sustento en distintos
pronunciamientos de la Corte Constitucional.
7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 8
El Procurador delegado ante esta instancia solicitó confirmar la
sentencia apelada por considera r que, en atención a la fecha en la
que el señor Albano Posada adquirió el estatus pensional, esto es
6 Memorial recibido vía correo electrónico agregado a SAMAI, visible a índice
16.
7 Memorial recibido vía correo electrónico agregado a SAMAI, visible a índices
14 y 15.
8 Memorial recibido vía correo electrónico agregado a SAMAI, visible a índice
17.
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el 29 de octubre de 1990, no se encuadra con el supuesto de hecho
establecido en el Decreto 435 de 1971, razón por la cual, no era
dable su aplicación en este caso. En tanto, los reajustes a los que
tiene derecho la señora Rosa Mercedes Meola de Posada, como
sustituta pens ional, será n aquellos provenientes de la Ley 100 de
1993, como se anotó.
En cuanto al tope máximo de la pensión, señaló que las normas
aplicables al caso concreto son las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988
y en ellas se fija ro n los límites máxim o s respecto de los montos de
las pensiones reconocidas a su amparo, por lo que se debe n aplicar
en su integridad.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio
según se constata en el aplicativo SAMAI.
II. CONSIDERACI ONES
1. Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo 9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto. Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 328 10 del
9« E l C o n s e j o d e E s t a d o , e n S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o c o n o c e r á e n
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.[…]»
10 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las d ecisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el su perior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
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Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a los argu mentos expuestos por la parte
apelante.
2. Problema jurí dico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
➢ ¿La Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011, por la cual
se aumentó el monto de la pensión que le fue sustituida a la
demandante con ocasión del fallecimiento de su cónyuge,
Albano Posada Bula (q.e.p.d), quien se desempeñó como
diputado de la Asamblea Dep artamental de Bolívar en el
periodo 1988 – 1989, se encuentra viciada de nulid ad por
violación del ordenamiento jurídico superior, al incrementar la
cuantía al límite máximo pensional previsto en la Ley 100 de
1993?
Para resolver el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) los límites máximos pensionales y su finalidad -
derecho a la igualdad, y (ii) análisis d el caso concreto.
3. Marco normativ o y jurisprudenci al
3.1. Topes pensionales. Finalid ad
Sobre el particula r, la Co rte Constitu cional en la sentencia C -155
de 1997 11, indicó que resulta legítimo que la ley señ ale topes
máximos al monto de la pensión, sin que por ello el derecho a la
seguridad social se entienda afectado.
En tal sentido, mencionó que dichos límites los estableció el
legislador en consideración a «(...) fenómenos económicos y
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
11 M . P. Fabio Morón Díaz .
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sociales con un indudable propósito de desarrollar princip ios
básicos fundamentales dentro de la creación de un complejo
sistema de se guridad social tendiente a garantizar los derechos
irrenunciables de la persona, acorde a un sistema que comprende
obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones
de carácter económico de salud y servicios comple mentarios,
mediante un servicio público eficiente, universal, solidario,
integral, unitario y participativo, cu ya dirección, coordinación y
control está a cargo del Estado y prestado por entidades públicas
o privadas en los términos y condiciones establecidas en las
leyes.»
En relación con el tope que se debe imponer a las mesadas
pensionales, se tiene que nuestro ordenamiento jurídico ha previsto
tal limitante desde la expedición de la Ley 4 de 1976 12, la cual en
su artículo 2 dispuso que «Las pensiones a que se refiere el Artículo
anterior ( 13) (…) no podrán ser inferio res al salario mín imo mensual
más alto, ni superiores a 22 veces este mismo sala rio».
Por su parte, el a rtículo 2 14 de la Ley 71 de 1 9 de diciembre de
1988 15 y el artículo 3 del Decreto 1160 de 1989 (reglamentario de
aquella), impusieron un nuevo límite correspondiente a 15 salarios
mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).
Posteriormente, la Ley 100 de 1993, en su artículo 18, esta bleció
que «Cuando el Gobierno Nacional limite la base de cotización a 20
12“Por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores
público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones”
13 “de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público,
oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las
que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las
pensiones por incapacidad permanente parcial”
14“Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni
exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones
colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales”
15 “Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
disposiciones”
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salarios mínimos, el monto de las pensiones en el Régimen de
Prima Media con P restación Definida no podrá ser superior a dicho
valor».
Seguidamente, a través del artículo 2 del Decreto 314 de 4 de
febrero de 1994 «Por el cual se limita la base de cotización
obligatoria del Sist ema General de Pensiones», el presidente de la
República, previó que «(...) el monto de las pensiones de vejez, d e
invalidez y de sobrevivientes, para los afiliados a l Régimen
Solidario de Prima Media con Prestación Definida, no podrá ser
superior a veinte (20) salarios mín imos legales mensuales».
En la providencia antes mencionada (sentencia C-155 de 1997) , la
Corte refirió que el artículo 18 de la L ey 100 de 1993, produjo una
derogación tácita, como quiera que la norma especial y posterior
deroga la norma general, anterior por lo que «se debe concluir
forzosamente que el artículo 18 de la ley 100 de 1993 derogó el
artículo 2 de la ley 71 de 1988 que a su vez modificó el artículo 2
de la ley 4 de 1976.»
El legislador al pro ferir la Ley 797 de 2003 16 modificó, en su artículo
5, el inciso 4 del artículo 18 de la Ley 100 de 1993, señalando que
«El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios
mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector
público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de
veinticinco (25) salarios mínimos le gales mensuales vigentes la
base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y
podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para
garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salario s mínimos
legales».
Más adelante, se elevó a rango constitucional el límite para el
reconocimiento pensional a 25 smlmv, mediante el Acto legislativo
01 de 2005, en los siguientes términos:
16 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre
los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales"
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«ARTÍ CU LO 1. Se adicio nan l os sigu ient es incis os y par ágr af os
al ar t í culo 48 de la Const it ución P olí t ica :
( . . .)
Par ágr af o 1. A part ir del 31 de j ulio de 2010, no podr án
causar se pension es super ior es a vein t icinco ( 25) salar io s
m í nim os legales m e nsuales v igent es, co n car go a r ecur sos de
nat ur aleza públ ica.
( . . .) »
3.2. Derecho a la igualdad
El artículo 13 de la Constitución consagra el derecho a la igualdad
en los siguientes términos:
«A rt í cul o 13. Todas las per sonas nacen libr es e igua les ant e la ley,
r ecibir án la m ism a pr ot ección y t r at o de las aut or idades y gozar án
de los m ism os der echos, liber t ades y opor t unidades sin n inguna
discr im inac ión por razones de sexo, r aza, or igen nacional o fam iliar ,
lengua, r elig ión, opi nión polí t ica o f ilosóf ica. El Est ado pr ot eger á
especia lm ent e a aquel las per sonas que, por su condic ión
económ ica, f í sica o m ent al, se encuent r en en cir cunst ancia de
debi lida d m anif iest a y sancionar á l os abu sos o m alt r at os que cont r a
ellas se com et an».
En criterio de la Corte Constitucional, el mandato en cita «ordena
dar un trato igual a quienes se encuentran en la misma situación
fáctica, y un trato diverso a quienes se hallan en distintas
condiciones de hecho». 17
No obstante, la C orte también ha enfatizado que ello «no refleja la
complejidad que supone su eficacia en un orden jurídico orientado
bajo los principios del Estado Social de Derecho, ni deja en claro
qué elementos son relevantes, al momento de verifica r las
situaciones, p ersonas o grupos en comparación». 18
En ese orden, ha señalado que el mencionado artículo 13 regula
varias dimensiones del derecho a la igualdad así: (i) La formal o
17 Sentencia C-006 de 2017
18 I b í d e m .
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ante la ley, que se relaciona con el carácter general y abstracto de
las disposiciones normativas dictadas por el Congreso de la
República y su aplicación uniforme a todas las personas; (ii) la
prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto que involucre una distinción
irrazonable basada en motivos definidos como prohibidos por la
Constitución Política, el derecho internacional de los derechos
humanos, o bien; y (iii) la dimensión material o de trato, según la
cual el Estado debe adoptar medidas positivas para superar las
desigualdades de grupos que históricamente han sido
discriminados, y d e aquellas personas que se encuentran en una
situación de debilidad manifiesta. 19
Por lo anterior, se ha valido del juicio o test de igualdad, para
determinar si se justifica un trato diferenciado en algunos casos. Al
respecto, ha considerado:
«Con el f in de est a blecer si en un cas o det er m inado se j ust if ica el
est ablecim i ent o de dif er encias ent r e el t r at o que las aut or idades dan
a unos y ot r os individuos, la Cor t e Const it uciona l ha indicado l a
aplic ación de un t est de igualdad, en vir t ud de que el concept o de
igua ldad es de car áct er r elat ivo ( com o en su m om ent o lo anot ó
Nor ber t o Bobbio) , por lo m enos en t r es aspect os: l os suj et os ent r e los
cuales se quier en r epar t ir bienes o gr avám enes; esos bienes o
gr avám enes a r epar tir ; y f inalm ent e, el cr it er io par a asignar l os.
" En ot r as palabr as, hablar de igua lda d o desig ualda d, sigui endo
alguna var i ant e de l a f ór m ula clásica ( co m o la cont enida en e l ar t í culo
13 de la Const it uci ó n Polí t ica) , t iene sent ido sólo en la m edi d a en que
se r espondan las siguient es t r es pr eguntas: ¿igualdad ent r e quiénes?,
¿igua ldad en q ué?, ¿igua ldad con b ase en qué cr it er io? Los suj et os
pueden ser t odos , m uchos o pocos; los bienes a r epar t ir pueden ser
der echos, vent aj as económ icas, car go s, poder , et c. ; los cr it er ios
pueden ser la necesi dad, el m ér it o, la capacidad, la clase, el e sf uer zo,
et c. "
[ …]
Esa pr ueba, que si r ve par a det er m inar la posi ble vu lne r a ción de l
der echo a la iguald ad, puede ser descom puest a en dos pr incip ios
19Sentencias T-629 de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Juan Carlos Henao
Pérez; C-394 de 2017.
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par ciales: a) si no hay r azón suf icient e par a la per m isión de un t r at o
desigua l, ent onces est á or denado un t r at am ient o igua l; b) si la hay,
ent onces es válido u n t r at o desigual. » 20
A partir de lo expuesto, el juicio de igualdad o proporcionalidad
comporta 3 etapas: « (i) establecer el criterio de comparación:
patrón de igualdad o tertium compara tionis , valga decir, precisar si
los supuestos de hecho son susceptibles de compararse y si se
confrontan sujetos de la misma naturaleza; (ii) definir si en el plano
fáctico y en el plano jurídico existe un trato desigual entre iguales
o igual entre desiguales; y (iii) averiguar si la diferencia de trato
está constitucionalmente justificada ». 21
Ahora bien, específicamente, en materia de aplicación de topes o
límites máximos pensionales, la Corte Constitucio nal en la
sentencia C-155 de 1997 , se refirió al derecho a la igualdad de los
pensionados a beneficiarse de los distintos topes de pensiones de
jubilación, y al respecto concluyó que:
«No encuent r a que exist a un t r at am ient o discr im inat or io d e nt r o del
gr upo de pensionad os que cont r avenga los cr it er ios de j ust icia que
deban gober nar el t em a pensional, por el hecho de exist ir r egím enes
j ur í dicos dif er ent es al est abl ecer se par a un gr upo de p ensio nados
un lí m it e de 15 salar ios m í nim os. ( art . 2 Ley 76 de 1988) o de 22
( ar t . 2 Ley 4 de 1976) . Ahor a con la Ley 100 ar t . 18, un t ope máxim o
de 20 salar ios m í ni m os par a quienes se encuent r en en el sist em a
de Pr im a M edia con pr est ación def ini da » .
Como sustento de esta decisión, la Corte Constitucion al recordó
que en múltiples sentencias (C -530 de 1993, T -230/94, C-445/95 y
C-017/96), ha señalado en su doctrina jurisprudencial sobre el
derecho a la igualdad, que:
«un t r at o dif er ent e se aj ust a a la Car ta si t iene un f undam ent o
obj et ivo y r azonabl e, de acuer do a la f inal idad per segu ida por la
nor m a; en consecuencia, el t r at o dif er encia l de dos o m ás
sit uaciones no const it uye una d iscr im ina ción por sí m ism a, siem pr e
y cuando se cum plan algunas condici on es: pr im er o, que se per siga
un f in acept ado con st it uciona lm ent e, segundo que l os hech os sean
dif er ent es conf or m e a un cr it er io que sea r elevant e de acuer do a la
20 S e n t e n c i a T-789 de 2000; Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Díaz
21Sentencia C-015 de 2014, Magistrado ponente: Dr. Mauricio González
Cuervo
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f inal idad per segu ida ; t er cer o, que la consecuencias de dic ho f in por
los m edios pr ev ist os sea posib le y adec uado, y, f inalm ent e, que la
m edida no r esult e d espr opor cionada, va le decir que e l exa m en de
const it uciona li dad d e la igua ldad no s i em pr e es la m ism a, com o
quier a que le cor r esponde a los ór ga nos públ icos, al est ablecer
r egulaci ones diver s as, evaluar con mayor o m enor liber t ad los
cr it er ios de dif er enci ación, o los f undam ent os de la i gua ldad ” .
Por lo anterior, co ntinúa afirmando que:
“ es per f ect am ent e legí t im o que, la ley conceda un lí m it e mí nim o o
m áxim o al m ont o de la pensión, si con ello se pr et ende adm inist r ar
r ecur sos lim it ados; en est e or den de id eas, el m ont o de la pensión
es un cr it er io r elevant e de dif er enciación, por lo cual la Cor t e
consider a que la le y puede per f ect am ent e, dist inguir ent r e gr upos
de pensionad os, pues no t odos r eciben la m ism a m esada, por que
sus sit uaciones j ur í dicas son dif er ent es, com o quier a que no son l o
m ism o los t opes de pensiones de j ubilac ión r econoc ida s con
post er ior idad a la vi gencia de la Ley 4 de 1976, a las de la ley 71
de 1988 y las de l a Ley 100 de 1993. En ef ect o, com o bien l o
señalan l a vist a f iscal y la aut or ida d pública i nt er vini e nt e, la
sit uación ec onóm ica y m at er ial de quien es per ciben una p en sión en
est a m at er ia no es la m ism a en vir t ud de la diver sidad de r egí m enes
j ur í dicos super puest os” .
En conclusión, sostuvo la Corte Constitucional que el cambio de los
máximos pensionales entre un límite de 22 salarios mínimos en
1976 y el previsto en 1988, es decir, de 15 salarios mínimos hasta
llegar al artículo 1 8 de la Ley 100 de 1993, obedece a un proceso
gradual, en el cual el legislador tomó en cuenta diversos factores
esencialmente variables de orden económico y social co mo son las
curvas generacion ales, el sistema económico productivo, el número
de aportantes y el de beneficiarios, las reservas p ensionales para
efectos del pago de las obligaciones laborales, el comportamiento
de los aportes, etc., lo cual explica la existencia de regímenes
legales diversos, complejos y dispersos, en el sector público y el
privado.
Por lo expuesto, los dive rsos trat os configurativos de hechos
relevantes y diversos se muestran razonables en virtud de la
vigencia de las normas en el tiempo y las situaciones jurídicas
consolidadas o derechos adquiridos según las normas aplicables.
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Así las cosas, no es lo mismo la s itua ción de los pensionados antes
de la expedición y vigencia de la Ley 71/88, los pensionados que
adquirieron su estatus de pensionado en el interregno de la Ley 71
de 1988 y la entrada en vigencia del régimen previsto en la ley 100
de 1993, así como la s ituación jurídica de los trab ajadores a
quienes se les debe aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y
de aquellos que son los beneficiarios de la ley 100 en su integridad.
En este orden de ideas, para resolver el caso en concreto, la Sala
deberá en trar a analizar si en esta oportunidad se configuran los
presupuestos para adelantar el juicio de igualdad.
4. Caso concreto
4.1. Hechos demostrados
En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente:
a) A través de la Resolución 4097 del 18 de diciembre de 1990 22, el
Fondo de Previsión Social del Departa mento de Bolívar reconoció y
ordenó el pago de una pensión mensual de invalidez al señor
Albano Posada Bula (q.e.p.d), quien prestó servicios al
Departame nto de Bolívar como Diputado de la Asamblea
Departamental en el periodo 1988-1989, equivalente al 75% de lo
devengado, fijando la cuantía en $459.358,97, efectiva a partir del
29 de octubre de 1990.
b) Mediante la Resolución 1539 del 1 de septiembre de 2000 23, le
fue sustituida la pensión a la señora Rosa Mercedes Meola de
Posada en calidad de cónyuge supérstite a partir del 20 de abril de
2000, en cuantía de $3.010.419,65.
Señaló que le eran aplicables la Ley 33 de 1973, Decreto 1160 de
1989, Ley 71 de 1988, Ley 100 de 1993 y Ordenanza 12 de 1995.
22 F o l i o s 11 y 12.
23 F o l i o s 14 y 15.
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c) Por medio de la Resolución 1976 del 17 de octubre de 2000 24,
el Departamento de Bolívar, ordenó el pago de las mesadas
atrasadas correspondientes a diciembre de 1999; abril, mayo,
agosto y adicional de junio del 2000.
d) El 10 de mayo de 2011, la accionada solicitó al Fondo de
Pensiones de la Gobernación de Bolívar el reajuste a la pensión en
los siguientes términos:
e) A través de la Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011 25,
el Fondo Territorial de Pensiones de la Gobernación de Bolívar
resolvió (i) «recon ocer y cancelar la homologación de la pensión de
la señora Rosa Mercedes Meola de Posada […]» en cuantía de
$10.712.000 a partir del 10 de mayo de 2008 (por operar el
fenómeno de la prescripción); (ii) ordenó el pago de $206.512.244
por concepto de diferencias pensionales dejadas de pagar y, (iii)
negó el reajuste ordenado en el artículo 143 de la Ley 100 de 1993
con los siguientes argumentos:
«Q ue el Decr et o No. 435 de 1971, en su ar t í culo 2º , f ij o en 22 veces
el salar i o m í nim o legal m ás alt o vigent e en ese m om ent o en el paí s,
el lí m it e m áxim o de la pensió n m ensual vit alic ia de j ubi lació n.
Q ue a su vez el G obi er no naciona l m edia nt e Decr et o No. 577 del 13
de abr il de 1972, f ij ó en 22 salar ios, o sea seiscient os sesent a
pesos ( $660, oo) m ensuales e l m ont o a p agar de la P ensió n M ensual
Vit al icia.
Q ue al m om ent o de r econocer le la pensión al ext int o diput ado,
24 F o l i o s 17 y 18.
25 F o l i o s 20 a 23.
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señor ALBANO PO S ADA BU LA no se le aplicó lo cont em pl ado en
los Decr et os ar r iba m encionados, habi d a cuent a que al m oment o de
liqu idar l e su m esada pensiona l est a ar r ojó un valor de $459. 358/ 97
( sic) equiva lent es a 11 salar ios m í nim o s m ensuales vig ent e ( sic)
par a e se ( sic) f echa.
Q ue a par t ir de la Ley 100 de 1993, el t ope m áxim o de la P ensión
M ensual V it al icia de Jubi lació n es de 20 Salar ios M í nim os L egales
M ensuales vigent es.
Q ue a los Diput ado s del Depar t am ent o de Bolí var que adqu ir ier o n
su der echo a disf r uta r de la pensión de j ubilac ión con ant er ior idad
a la ent r ada en vi gencia de la l ey 1 00 de 1993, se le s viene
aplic ando est a ley, o sea se les r econocen 20 Salar ios M í nim os
Legales M ensua les vigent es. »
Q ue sobr e el par t icular la Cor t e Const it u ciona l ha dic ho
«En la m edida en que la pensión de j ubil ación es el r econoci m ient o
del t r abaj o de las per sonas dur ant e su vida labor a l, es necesar io
est ablecer si la ap l ic ación de r egí m enes dif er encia les ent r e quienes
r ealizar on dur ant e su vida un m ism o t r abaj o, per o se pensionar on
en m om ent os dif er ent es , const it uye, por sí m ism a, una vuln er ación
del der echo a la i gualdad, ent end ido baj o la f or m ulació n de ‘a
t r abaj o igual salar i o igual' t al com o ha sido enunc iado por la
j ur ispr udencia de es t a Cor por ación.
En pr incip io, podr í a af ir m ar se que el hecho de haber se pensi onado
en uno u ot r o m oment o no const it uye un t er t ium com par ationis o
cr it er io de dif er e nciación vál ido, que per m it a aplicar r egím enes
pensiona les dist i nt os ent r e per sonas que, por lo dem ás,
desem peñar on exac t am ent e las m ism as labor es dur ant e su vida.
Dicha s it uación pu e de r esult ar en que al gunas per sonas, por el solo
hecho de haber se pension a do unos pocos dí as ant es que ot r as,
cet er is par ibus r esul t en r ecibiendo un a m esada m ás alt a o m ás baj a
que quienes lo hic ie r on después. »
( T- 1752 del 2000)
[ …]
Q ue según cer t if ica do exped ido por la Coor dina dor a de l Fondo
Ter r it or ial de Pensi ones de la G ober nación de Bolí var , la señor a
RO SA M ERCED ES M EO LA DE PO SADA, r ecibe una pensión
m ensual par a el a ño 2011, por un valor de CI NCO M I LLO NES
Q UI NI ENTO S CI NCUENT A Y SI ETE M I L DO SCI ENTO S TREI NTA
PESO S / $5. 557. 230, oo) , equivalent es a 10 SM M LV apr ox.
Q ue f r en t e a est a situación y de conf or m idad a los ar gum ent os ant es
expuest os se hace necesar io r econoc er y cancelar el r eaj ust e
pensiona l so lic it ado por la señor a Rosa M er cedes M eola de Posada,
en su condición de pensionada su st it ut a en el sentido de
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incr em ent ar su m esada pensi onal al va l or que r eciben las p er sonas
que f uer on pensionados com o diput ados y que les f ue aplicado lo
consagr ado en la Le y 100 de 1993.
Q ue la liqui dació n ef ect uada con base en la Ley 100 de 1993, por
el Dr . HUM BERTO DEL RI O CABAR CA S, Ase sor de la Uni dad de
cont abil idad, la cual hace par t e int egr al de est a r esolución, ar r oj a
los sigu ient es valor e s a saber :
f) Según el oficio GOBOL-17-023978 de 22 de junio de 2017
suscrito por el d irector financiero del Fondo de Pensiones de la
Gobernación de Bolívar 26, mediante el cual atendió la petición
elevada por el a qu o con el fin de que informara «cuáles fueron los
diputados o sus beneficiarios, que estando en la misma situación
de la demandada se le reajustó su mesada pensional al tope
máximo establecido en la Ley 100 de 1993», respondió:
26 F o l i o 140 y 141.
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4.2. Análisis sustancial
4.2.1. ¿La Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011, por la
cual se aumentó el monto de la pensión que le fue sustituida a
la demandante c on ocasión del fallecimiento de su cónyuge,
Albano Posada Bula (q.e.p.d), quien se desempeñó como
diputado de la Asamblea Dep artamental de Bolívar en el periodo
1988 – 1989, se encuentra viciada de nulidad por vi olación del
ordenamiento j urídico superior, al incrementar la cuantía al
límite máximo pensional previsto en la Ley 100 de 1993?
Como motivo de inconformidad, en el rec urso de apelación la parte
demandada adujo que el a quo incurrió en un error de
interpretación del acto mediante el cual se reajustó la pensión de
invalidez, toda vez que, si bien tuvo en cuenta el Decreto 435 de
1971, de este únicamente se hizo referencia al tope máximo de la
pensión, sin embargo, el análisis se centró en el hecho de que a
los diputados del Departamento de Bolívar que adquirieron el
derecho a disfrutar de pensión de jubilación con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se les venía aplicando
la mencionada norma, y en ese orden , se les viene aplicando el
tope de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
por lo que, en el caso de su pensión, en aras de proteger los
derechos fundamentales a la segurid ad social y a la ig ualdad, la
entidad resolvió re ajustar la pensión elevando su cuantía , lo que a
su juicio resulta ajustado a la ley .
Para resolver, se considera lo siguiente:
(i) La Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011 –por medio
de la cual se aumentó el monto de la pensión de invalidez
reconocida al difunto Albano Posada Bula, y sustituida a la señora
Rosa Mercedes Meola de Posada –, tuvo como motivación lo
siguiente:
✓ Que el Decreto No. 435 de 1971, en su artículo 2º, fijó en 22
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veces el salario mínimo legal más alto vigente en ese
momento en el país, el límite máximo de la pensión mensual
vitalicia de jubilación.
✓ Que a su vez el Gobierno nacional mediante Decreto No. 577
del 13 de abril de 1972 , fijó en 22 salarios, o sea seiscientos
sesenta pesos ($660,oo) mensuales el monto a pagar de la
Pensión Mensual Vitalicia.
✓ Que al momento de reconocerle la pensión al extinto diputado,
señor ALBANO POSADA BULA no se le aplic ó lo
contemplado en l os Decretos arriba mencionados , habida
cuenta que al momento de liquidarle su mesada pensional
esta arrojó un valor de $459.358/97 (sic) equivalentes a 11
salarios mínimos mensuales vigente (sic) para ese (sic) fe cha.
✓ Que a partir de l a Ley 100 de 1993, el tope máximo de la
Pensión Mensual Vitalicia de Jubilación es de 20 Salarios
Mínimos Legales Mensuales vigentes.
✓ Que a los Diputados del Departamento de Bolívar que
adquirieron su derecho a disfrutar de la pensión de jubilación
con anterioridad a la entrada en vig encia de la Ley 1 00 de
1993, se les viene aplicando esta ley, o sea se les
reconocen 20 Salarios Mínimos Legales Mensuales
vigentes.
(ii) En criterio de la Sala, las consideraciones expuestas en el acto
demandado no obedecen a una justificación objetiva, clara y
razonable para ordenar el incremento de la cuantía pensional que
le fue reconocida al difunto Al bano Posada Bula, pues carecen de
fundamento jurídico ; lo anterior, teniendo en cuenta que la
remuneración devengada en el último año de servicios por el
causante fue de $612.478 y el monto pensional reconocido fue el
equivalente al 75% de dicho IBL, es de cir, la suma de $459.358,97.
Para la Sala es claro que el monto pensional reconocido en la
Resolución 4097 de 18 de diciembre de 1990 , fue calculado con
sujeción a lo previsto por el ordenamiento jurídico vigente para los
servidores público s que adquirier on su derecho pensional con
anterioridad a la L ey 100 de 1993, es decir, guardando la debida
correspondencia entre lo devengado y el ingreso base de
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liquidación.
(iii) Ahora b ien, para la fecha del reconocimiento pensional, el 18
de diciembre de 1990, la cuantía de la prestación ascendió a 11
salarios mínimos legales mensuales vigentes en la época, teniendo
en cuenta la remuneración percibida p or el causante, suma que no
alcanzaba el límite máximo pensional establecido por las Leyes 4
de 1976 (22 salarios mínimos) y 71 de 1988 (15 salarios mínimos),
razón por la cual n o fue necesario que el Fondo de Previsión Social
Departamental de Bolívar aplicara to pe alguno.
(iv) De otra parte, no desconoce la Sala que los artículos 18 y 35
de la Ley 100 de 1993, y disposiciones reglamentarias, fijaron el
límite máximo pensional en 20 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, sin embargo, tal situación no significó un incre mento
automático para todas aquellas pensiones consolidadas y
reconocidas bajo el amparo de normas anteriores, como lo es el
caso de la pensión sustituida a la demandante.
Recuerda la Sala que la existencia de un límite máximo pensional
encuentra su justificación en los distintos fenómenos económicos
y sociales que pueden llegar a afectar el sistema de seguridad
social, con lo cual se buscan proteger los recursos d ispuestos para
satisfacer el pago de las pensiones, los cuales no son infin itos sino
limitados.
De manera que, es perfectamente válido que el legislador fije lo s
límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las
reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en
el sector público como en el privado, no p ierdan por un lado su
capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los
recursos existente s para el pago de las pensiones (C.P . art. 48 y
53).
(v) Como se indicó en el acápite de marco normativo, la situación
de los pensionados antes de la expedición de la Ley 100 de 1993
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era diferente, pudiendo el legislador perfectamente distinguir entre
grupos de pensionados, pues no todos reciben la misma mesada,
porque sus situaciones jurídicas son disímiles, como quiera que no
son lo mismo los topes pe nsiones de jubilación recon ocidas con
posterioridad a la vigencia de la Ley 4 de 1976, a las de la ley 71
de 1988 y las de la Ley 100 de 1993, en virtud de la diversidad de
regímenes jurídicos superpuestos, sin embargo, reitera la Sala que
en el caso del c ausante Albano Posada Bula ni siquiera se dio
aplicación a tope pensional alguno, ya que el ingreso base de
liquidación pensional, constituido por los salarios devengados en el
último año de servicios, no superaban los 11 salarios mínimos
legales mensuale s vigentes.
(vi) De la lectu ra del acto demandado, la Sala no advierte un
criterio objetivo, claro y razonable que condujera a sustentar la
procedencia del incremento pensional reconocido, al pasar de un
monto de $5’557.230 para el año 2011, a la suma de $10’712.230
para la misma anualidad, tal decisión se muestra arbitraria y
abusiva, máxime si se tiene en cuenta que en el acto demandado
Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011 no se expusieron
las situaciones de hecho y de derecho que ostentan los demás
diputados pensionados antes de la Ley 100 de 1993, que le
permitieran a la Sala efectuar el tertiu m comparationis o criterio de
diferenciación válido para justificar la decisión de aumentar la
cuantía pensional en tamaña proporción .
La entidad demandada, sin mayores razones jurídicas, procedió a
transcribir un extracto de la sentencia T -1752 de 200 0 27, para
concluir que debía incrementar la mesada pensional « al valor que
reciben las person as que fueron pensionados como diputados y
que les fue aplicado lo consagrado en la Ley 100 de 1993 », pero
sin referirse a la existencia de un trato diferencial de la
demandada, ni a la razonabilidad de est e.
27Dicha sentencia de tutela amparó los derechos a la igualdad y seguridad
social de algunos ex magistrados de alta corte pensionados, y ordenó la
homologación de sus pensiones conforme a los artículos 17 de la Ley 4ª de
1992 y 5°, 6° y 7° del Decreto 1359 de 1993.
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(vii) L lama la atención de esta Sala que , sin fundamento jurídico
alguno, la entidad ordenó el incremento pensional sobrepasando
incluso lo solicitad o y, con apoyo en una « liquidación efectuada
con base en la ley 100 de 1993, po r el Dr. HUMBE RTO DEL RIO
CABARCAS, Asesor de la Unidad de Contabilidad » estableció la
suma de $206.512.244 , por concepto de “reajuste” por los años
2008 a 2011, valor que a todas luces resulta exorbitante y carece
de sustento alguno respecto de los aporte s y la historia laboral del
causante.
(viii) No resulta comprensible cómo por el simple hecho de haber
fungido como diputado durante los años 1 988 y 1989 (un año), el
causante y su beneficiaria pensio nal estuvieran en la misma
situación pensional de «otros diputados», sin haberse evaluado la
situación de hecho y derecho de aquellos, ni mucho menos, una
comparación o test de igualdad, que permitiera evidenciar si la
demandada era o no merecedora de un trato igualitario a los otros,
pero de lo cual tam poco aportó pruebas que sustentaran en debida
forma su dicho , es decir, que se probara que se trataba de casos
que ameritaban un trato igualitario.
(ix) Se observa qu e la sentencia invocada por la entidad
demandante en la Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011
(T-1752 de 2000), que corresponde a una situación particular de
excongresistas y magistrados , se hace referencia a un elemento
que omitió tener en cuenta la entidad , como es que « toda situación
de desigualdad debe analizarse dentro del campo gené rico en el
cual opera el derecho, que, para el caso, es el de los derechos
prestacionales de seguridad social » y en ese sentido, se señaló
que «[el] tratamiento dife rencial entre pensionados que realizaron
un mismo t rabajo, para ser válido , d ebe estar supeditado por los
principios de p roporcionalidad y de interdicción de la a rbitrariedad
[…] y para que dicha diferencia sea aceptable, debe estar dirigida
de manera razo nable a garantizar finalidades
constitucionalme nte legítimas .» (Resaltado de la Sala)
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(x) Lo anterior permite verificar que no basta simplemente con
enunciar unas normas y aseverar que « algunos diputados reciben
una pensión con base en la Ley 100 de 1993» sino que, (i) la
accionante debió allegar las pruebas pertinentes sustento de su
petición con el fin de corroborar que se trata ba de situaciones
fácticas idénticas , cosa que no hizo y, (ii) la entidad debió proceder
a realizar el pertin ente test de i gualdad o proporcionalidad con el
fin de determinar si frente al reajuste solicitado , el causante se
encontraba en idénticas condiciones (en cuanto a aportes
realizados, tiempo de servicios y momento en que adquirió el
estatus pensional), que los «otros di putados», lo que tampoco
ocurrió.
Así las cosas, puede concluirse que no se cumplió con el primer
presupuesto del test de igualdad, esto es, que los supuestos de
hecho fueran susceptibles de compararse y por lo tanto, no era
procedente continuar con el es tudio de las demás etapas del
mencionado test y, en tal medida, no podía reconocerse el reajuste
requerido.
(xi) Nótese que al p roceso fue allegado por parte de la Gobernación
de Bolívar y a solicitud del Tribunal, un listado de seis (6) diputados
«con los topes máximos establecidos en la Ley 100 de 1993» (fl.
140 y 141), sin q ue de dicho listado sea posible establecer las
circunstancias fácticas de cada caso, los periodos que acumularon,
los tiempos que laboraron, etc., de modo que resulta imposible
constatar si la pen sión reconocida al señor Posada Bula encaja ba
o se encontraba en l as mismas condiciones que las de los
diputados relacionados en el mencionado listado.
Además de lo anterior, vale decir q ue el hecho de que a otros
pensionados les haya sido reconocida la prestación con el tope
pensional máximo establecido en la Ley 100 de 1993, no significa
que las mismas se encuentren ajustadas al ordenamiento jurídico,
acorde con e l principio de legalidad , y mucho menos que dicha
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situación pueda hacerse extensiva a otros casos, perpetuando y
multiplicando situaciones anómalas que se encuentran por fuera
del marco del derecho.
(xii) De otro lado, resulta evidente que la entidad demandante
elevó la mesada pensional al tope máximo permitido de acuerdo
con la Ley 100 de 1993 , norma que, en primer lugar, no era
aplicable a la accionada teniendo en cuenta que la pensión de
invalidez le fue reconocida a l señor Albano Posada Bula (q.e.p.d),
a partir del 29 de octubre de 1990.
Valga decir qu e, si se trata de verifica r los montos máximos
aplicables al caso, resultaría necesario acudir a los artículo s 2 de
las Leyes 4 de 1976 y 71 de 1988, sin embargo, ello tampoco
resulta pertinente toda vez qu e el reajuste deprecado no puede
elevarse de manera automática al tope máximo permitido por
la ley, sino que deb ió efectuarse el análisis correspondiente para
determinar a cuánto asc endía su mesada pensional si ha ello h abía
lugar, verificando sí, que no sobrepas ara el mencionado tope
pensional.
Precisamente, los topes pensionales busca n establecer los límites
para todas las mesadas pensionales con cargo a los recursos de
naturaleza pública, con la finalidad de restringir y reducir los
subsidios que el Estado destina a la financiación de las pensiones
más altas, muchas de las cuales se originaron en los regímenes
pensionales especiales vigentes antes de la expedición de la Ley
100 de 1993 28.
En la sentencia C -258 de 2013, la Corte Constitucional explicó que
la imposición de topes pensionales se exige , porque se trata de un
sistema administrado por subsidios con recursos públicos, es decir,
que el sistema de aportes por cuenta del empleado y del
28Consejo de Estado, Sección Segunda, Subse cción B, sentencia de 23 de
octubre de 2020, radicado interno 1988 -209, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez;
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empleador, no alcanza a gene rar los recursos para financiar una
pensión vitalicia con las previsiones de los dist intos regímenes
sobre tiempo de servicios y tasa de reemplazo, razón por la cual,
ordenó realizar un ajuste automá tico de las pensiones que
superaran el tope 29 y así evita r que se perpetuara la vulneración
de los principios d e sostenibilidad fin anciera, solidaridad, igualdad
y universalidad que deben regir el sistema de seguridad social.
Lo anterior difiere tangencialmente de las breves consideraciones
que la Gobernación de Bolívar expuso para elevar al tope máximo
la pensión devengada por la accionada.
Como se mencionó anteriormente , en el sub judice es posible
afirmar que el causante no es beneficiario de la Ley 100 de 1993 ,
ni mucho menos del Decreto 435 de 1971, por lo que no era posible
aplicar dicha normativa.
Adicionalmente, la suma reconocida resulta claramente
desproporcionad a y carente de correspondencia entre lo cotizado
y que dio origen al reconocimiento pensional originario y el monto
de mesada pensional reajustada . En ese sentido, la Corte
Constitucional en las sentencias C -258 de 2013, SU -230 de 2015,
SU-395 de 2017, SU -023 de 2018, entre otras, destacó la relación
de correspondencia que debe existir entre los aportes que hace el
empleado a lo largo de su vida laboral ante el sistema general de
seguridad social y lo que el sistema retorna al afiliado, con base
en los principios de solidaridad , proporcionalidad y de
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
29 S e ordenó (i) a los representantes legales de las instituciones de seguridad
social competentes, revisar «Las pensiones reconocidas al amparo del artículo
17 de la Ley 4ª de 1992, con abuso del derecho o con fraude a la ley. Realizada
la revisión correspondiente «podrán revocarlas o reliquidarlas, según
corresponda, a más tardar el 31 de diciembre de 2013»; y (ii) a quienes tienen
a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones decretadas al amparo
del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, que, «en el marco de su competencia»
tomen «las medidas encaminadas para hacer efectivo este fallo, aplicando en
lo pertinente, los artículos 19 y 20 la Ley 797 de 2003, en los términos del
apartado de conclusiones de esta sentencia» en relación con los demás casos
de pensiones reconocidas de manera contraria a lo dispuesto en los numerales
i, ii y iii del ordinal tercero.
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De lo expuesto, la Sala concluye que resulta procedente declarar
la nulidad de la Resolución 1196 del 12 de septiembre de 2011,
razón por la cual la sentencia apelada será confirmada.
5. Conclusión
Por lo expuesto, se confirmará la sentencia del 19 de junio de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar , por medio de la
cual declaró la nulidad del acto administrativo demandado y negó
las demás pretensiones.
6. Condena en costas
En cuanto a la condena en costas en la presente instancia, se
destaca que el presente asunto se promovió en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la
modalidad de «lesividad» con el fin de obtener la nulidad del acto
administrativo a través del cual se ordenó el un reajuste pensional.
En ese sentido , conforme al artículo 188 del CPACA 30, no es
procedente la condena en costas, toda vez que en este tipo de
eventos en que se discute un bien jurídico público, co mo lo es el
patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la
prestación sea la parte vencida en el litigio.
7. Otras órdenes
Por último y dada la protuberante ilegalidad del acto acusado, el
cual se encuentra desprovisto de una motivación razonable y
jurídica, la Sala est ima procedente compulsar copias de la presente
sentencia, del acto demandando y de la demanda , con destino a la
Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa
30 « A R T Í C U L O
188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se
ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas,
cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil.». (subraya fuera del texto original)
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Jurídica del Estado con el fin de que, en el marco de sus
competencias, investiguen las posibles responsabilid ades que
puedan derivarse para los funcionarios públicos que intervinieron
en la expedición del acto demandado al ordenar un incremento
pensional sin justificación alguna pudiendo generarse un detrimento
patrimonial para el Estado.
Lo anterior tiene como fundamento la cuantía a la que f ue elevada
la mesada pensional de la accionante y que carece de fundamentos
fácticos y normativos que dejan entrever posibles irregularidades
relativas al reajuste pensional de los diputados de la Asamblea
Departamental de Bolívar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de junio de 2020 ,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR contra la señora ROSA MERCEDES
MEOLA DE POSADA , de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO. Sin co ndena en costas.
TERCERO. COMP ULSAR copias de la presente actuación a la
Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estad o , para que, en el marco de sus competencias,
investiguen las responsabilidades que puedan derivarse para los
funcionarios de la Gobernación de Bolívar con ocasión del reajuste
pensional ordenado en el acto demandado cuya nulidad se declara
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con fundamento en las razones expuestas.
CUARTO. En firme esta decisión devuélvase el expediente al
Tribunal de orige n y efectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el cuatro (4 ) de agosto de dos mil veintidós
(2022).
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
CON IMPEDIMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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