Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2015-00423-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2015-00423-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2015-00423-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros-
Referencia: Reparación directa
Temas: Reparación Directa por la supuesta pérdida de maquinaria dedicada a la
minería // Cumplimiento del requisito de conciliación extrajudicial cuando se supera
el término de tres meses sin que se realice audiencia de conciliación // Ausencia de
prueba del despojo de maquinaria dedicada a la actividad minera // Casos en los
que no procede condena en costas por tratarse de una solicitud de reparación de
una víctima del conflicto armado // Interpretación amplia de la definición legal, para
determinar si un hecho es “por causa, con ocasión, en relación directa o indirecta
con el conflicto armado” // En cumplimiento de la SU-241 de 2024 no procede la
condena en costas a la parte vencida por ser un asunto de interés público.
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia
del 20 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Se demanda la responsabilidad extracontractual del Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, como consecuencia de la supuesta omisión en la atención de los
problemas de seguridad que ocurrían en zonas rurales del sur del departamento de
Bolívar, en el año 2013, y en la que, grupos armados ilegales despojaron tres
máquinas para minería de propiedad de Ricaurte de Jesús Tirado Venta, con la
consecuente afectación a su núcleo familiar.
ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
3. Mediante apoderado judicial, Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez Castañeda, María Fernanda Tirado Gómez y Ricaurte Tirado Gómez,
acudieron a la jurisdicción contencioso-administrativa con el fin de solicitar (se
transcribe incluyendo posibles errores ortotipográficos):
“Primero: se declare patrimonial y solidariamente responsables a la Nación-Ministerio de
Defensa, representado legalmente por el señor Juan Carlos Pinzón Bueno y posiblemente
en los próximos días por el doctor Luis Carlos Villegas; al comando del Ejército Nacional,
representado legalmente por el señor Mayor General Jaime Lasprilla Villamizar y a la
Oficina Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, a cargo de la doctora Adriana María
Guillen Arango, por los daños sufridos por los demandantes en su condición de víctimas de
la guerrilla del E.L.N y de las FARC, al ser despajados de las maquinas retroexcavadoras
1
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
cuya descripción se hará a continuación, a mediados del mes de abril de 2013, en el
municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar paraje Montañas de Guanaco y desplazados
por los mismos, todo lo cual entraña una ostensible falla en el servicio por parte de los
demandados, al no brindar la protección a aquellos en la forma como lo dispone el artículo
segundo de nuestra constitución nacional.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración, profiérase sentencia que haga
tránsito a cosa juzgada y por medio de la cual se les obliga a los demandados a pagar en
favor de los demandantes el valor que corresponde a los siguientes conceptos:
Perjuicios materiales
Daño emergente:
Esta constituido por el valor comercial de las tres máquinas para la aplicación de la minería
legal, que fueron hurtadas por la guerrilla en las condiciones dichas, a mediados del mes
de abril de 2013 y empleadas por ella como es de público conocimiento, en el ejercicio legal
de la minería. Esas tres máquinas adquiridas con préstamos bancarios insolutos, tenían la
siguiente referencia.
A) Retro excavadora de oruga ZS-270 avaluada en la suma de cuatrocientos millones
de pesos (400.000.000.oo)
B) Kobelco-210, avaluada en la suma de trescientos millones de pesos
(300.000.000.oo)
C) New Holland 215, avaluada en la sumade trescientos millones de pesos
($300.000.000.oo)
Valor total del daño emergente……. 1.000.000.000.oo
Lucro cesante consolidado
Está integrado por la suma de dinero que los demandantes han dejado de percibir desde
mediados de abril de 2013 en que fueron injustamente robados de su maquinaria y hasta
la fecha, teniendo en cuenta que esos tres elementos para su trabajo eran utilizados durante
15 horas diarias cada una: veinticinco días al mes, y cada una de ellas tenía un rendimiento
en dinero aproximadamente de 100.000 la hora. Es decir, que las tres producían la suma
de ciento doce millones quinientos mil pesos (112.500.000.oo) cada mes, lo cual
multiplicado por 22 meses que han transcurrido de abril de 2013 a esta parte, arroja como
resultado la suma de 2.475.000.000.oo
Daño moral subjetivo
Lo constituye el abatimiento, la aflicción y la congoja que siente alguien en las condiciones
de los demandantes. No es fácil aceptar que cuando se está trabajando honestamente para
propender por el mejor estar personal y el de la familia y se contribuye al desarrollo de la
Nación, otro, de manera violenta e injusta, lo prive de todo su patrimonio y reduzca sus
posibilidades de subsistencia, sin poder hacer absolutamente nada para defenderse y
cuando impotente comprueba que el Estado, a pesar de contar con las armas legitimas,
tampoco es capaz de garantizar la vida y la tranquilidad de los asociados no obstante todas
las palabras hueras que se dicen en las intervenciones públicas por parte de altos
gobernantes.
En este sentido, encontramos justo que los demandados sean condenados a pagar en favor
de todos y cada uno de los demandantes, el equivalente a cien salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Valen los perjuicios morales: $257.800.000.oo
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
Valor total de la indemnización reclamada: 3.732.000.000.oo”
Fundamento fáctico de la demanda
4. En el escrito de demanda se afirmó que desde la década de los años noventa
del siglo XX, el actor, Ricaurte de Jesús Tirado Venta, acompañado por su núcleo
familiar: su esposa, Mabel Cristina Gómez e hijos María Fernanda Tirado Gómez y
Ricaurte Tirado Gómez, se dedicaba a labores de minería en diversas regiones del
país, todas ellas de manera legal y aportando al desarrollo económico de las
regiones. En marzo de 1997, por ejemplo, cuando se encontraba en el
departamento del Chocó, fue víctima de despojo de la maquinaria para la minería,
misma situación se presentó en el año 2001, ya que en labores mineras “le
quemaron otra máquina que había adquirido con un préstamo bancario”1.
5. Adujo que después de esos dos eventos de despojo se trasladó por diversas
regiones del país, y sin precisar la fecha, llegó al municipio de Santa Rosa del Sur,
departamento de Bolívar, donde empezó a realizar actividades mineras. Allí obtuvo
de las autoridades ambiental y minera del país, tres títulos para la explotación legal
de dicha industria (sin precisar en qué consistía). Además indicó que adquirió tres
créditos financieros para la compra de nueva maquinaria para la explotación de los
títulos. Manifestó que, a mediados de abril de 2013, dedicado a su labor, en el sitio
rural conocido como Montañas de Guanacó, estructuras guerrilleras del Ejército de
Liberación Nacional (E.L.N.) y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (F.A.R.C) “le incautaron (sic) y hurtaron sus máquinas. Como era de
esperarse, lo obligaron a salir de ese lugar con un futuro incierto y calamitoso, es
decir, lo desplazaron”2.
6. En el escrito de demanda explicaron que ante esta situación, Ricaurte de
Jesús Tirado Venta incumplió sus obligaciones financieras derivadas de los créditos
adquiridos para la compra de las máquinas. En consecuencia, fue demandado
judicialmente con el fin de garantizar el pago de los créditos. Ante la imposibilidad
de satisfacer sus acreencias perdió su capital y tuvo que desplazarse forzadamente.
7. Indicaron que la falla en el servicio del Ejército Nacional consistió en que, no
estuvo en condiciones de garantizar el derecho de propiedad de las máquinas. El
lugar donde Ricaurte de Jesús Tirado Venta sufrió el despojo “es cercano a donde
están las fuerzas del orden en el departamento de Bolívar. En el municipio de Santa
Rosa, Sur de Bolívar, tiene asiento: el batallón Luciano D´Eluyar (…) el comando
municipal de policía; el puesto de policía en la vereda Buena Vista; la base militar la
18 en la vereda Mina Pepo; y el vecino municipio de el Bagre, en Antioquia, el
batallón especial helico-transportado #5 juan José patria”. Con la demanda se adujo
que el actuar delincuencial de las estructuras guerrilleras “lo conoce todo el mundo,
hasta las fuerzas militares. Y si no lo saben, debieran saberlo a través de su
inteligencia militar. Ese es un secreto a voces”.
1 Folio 2 del cuaderno 1.
2 Folio 2 del cuaderno 1.
3
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
8. Reprocharon que si la Fuerza Pública persiguiera a las organizaciones
armadas ilegales “con seguridad esos bandidos no despojarían a los legítimos
propietarios de su maquinaria ni les impedirían adelantar una actividad para la cual,
como en el caso del Señor Ricaurte Tirado Venta, se encuentra con el permitido de
las autoridades correspondientes”. Concluyó:
“Sin ánimo ofensivo queremos decir que al señor Ministro de Defensa en el caso
denunciado, le ha faltado cumplir rigurosamente con la constitución nacional y con lo
dispuesto en el art. 2 del decreto 4890 de 2011, aunque sea probable que ello se deba a
que su superior inmediato, no se lo permita. Casi seguro así es.”
Admisión de la demanda
9. En auto de 11 de noviembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda formulada por Ricaurte de Jesús Tirado Venta y Mabel Cristina
Gómez de Castañeda y otros contra la Nación-Ministerio de Defensa- Ejército
Nacional y ordenó notificarla a dichas entidades3.
Contestación de la demanda por parte de la Nación-Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional
10. El Ministerio de Defensa presentó como argumentos: (i) la indebida
integración del contradictorio; (ii) que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva, y (iii) respecto al fondo del asunto solicitó la declaratoria de la
responsabilidad de un tercero.
11. Respecto al primer aspecto pidió la vinculación de la Unidad Administrativa
para la Atención a las Víctimas y del Departamento de la Prosperidad Social. En
relación con el segundo y tercer tópico argumentó que el actor no cumplió la carga
probatoria dirigida a mostrar la falla en el servicio de la entidad demandada 4, pues
la supuesta pérdida de las máquinas era resultado del hecho de un tercero.
Adicionalmente adujo que, el actor no ofreció elementos de prueba respecto a la
falla en el servicio de la entidad demandada5.
12. Concluyó que, como lo ha reconocido la jurisprudencia del Consejo de
Estado, las autoridades estatales no están obligadas a cumplir resultados
imposibles. En esa medida, la falla es relativa a las posibilidades institucionales.
Vinculación de otras entidades
13. En auto de 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Bolívar vinculó
al proceso, como litisconsorte necesario a la Unidad para la Atención y Reparación
3 Folio 8 del expediente digital Samai No. 02.
4 Folio 19 a 81 del Cuaderno Digital. Índice Samai No. 02.
5 Folio 19 a 81 del Cuaderno Digital. Índice Samai No. 02.
4
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
Integral a las Víctimas (en adelante, UARIV) y al Departamento Administrativo para
la Prosperidad Social (en adelante DPS)6.
Contestación de la demanda por parte de las entidades vinculadas
14. Dentro del término procesal, la apoderada del Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social contestó la demanda. Solicitó que se declarara la falta
de legitimación en la causa por pasiva, pues la entidad nunca debió ser vinculada
al proceso, pues no tiene relación concreta con los hechos en los que fueron
hurtadas las máquinas de la parte demandante. Adicionalmente, en relación con el
fondo del asunto pidió que se absolviera a su poderdante pues los hechos que
fundamentan la demanda son resultado de la actuación delincuencial “existiendo
para el particular una clara ruptura del nexo de causalidad”. Añadió que el
desplazamiento forzado que manifestaron en su demanda fue el resultado del
accionar de grupos armados ilegales. Explicó que existe una falta absoluta de
pruebas que permitan fundar una eventual responsabilidad del DPS.
15. Adicional a ello, respecto a las situaciones de desplazamiento forzado que
se aseveraron en la demanda, el Departamento Administrativo manifestó que
Ricaurte de Jesús Tirado Venta y su núcleo familiar se encuentran incluidos en el
Registro Único de Víctimas (RUV), sin embargo, esta inclusión no tiene el alcance
de probar judicialmente la responsabilidad patrimonial del Estado por un daño
antijurídico. Además, hizo notar que la inclusión del actor y su familia se remonta a
hechos ocurridos el 6 de abril de 2001.
16. Por último, afirmó que, en relación con el DPS no se agotó adecuadamente
el requisito de procedibilidad de la conciliación prejudicial. Afirmó que si bien la parte
demandante adelantó solicitud ante la procuraduría 21 judicial I de Cartagena, tal y
como obra constancia secretarial, el DPS “no tuvo conocimiento de la convocatoria
a conciliación ni la realización de la misma”7. Lo anterior tuvo como consecuencia
la vulneración al derecho a la defensa.
17. La apoderada judicial de la Unidad para la Atención y Reparación integral a
las Víctimas informó que Ricaurte de Jesús Tirado Venta y su núcleo familiar está
en el Registro Único de Víctimas desde el 18 de marzo de 2015, lo cual llevó a que
fuera “beneficiario del subsidio de vivienda que otorga el Gobierno Nacional a favor
de las personas víctimas del conflicto armado”. Por lo anterior, sostuvo que la
UARIV cumplió sus obligaciones legales respecto de los demandantes. Por
disposición del artículo 9 de la Ley 1448 de 2011, en todo caso, la inclusión no
puede ser entendida como prueba de responsabilidad patrimonial del Estado en los
términos del artículo 90 constitucional. Dicha situación administrativa otorga la
posibilidad de que la víctima acceda a diferentes medidas de atención, asistencia y
reparación, entre ellas el derecho a la ayuda humanitaria de emergencia.
6 Folio 115 a 121 del Cuaderno Digital. Índice Samai. No. 02
7 Folio 147 del cuaderno digital. Índice Samai No. 02.
5
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
18. La UARIV recordó que la ley de víctimas no permite el reconocimiento de la
indemnización administrativa por la pérdida de bienes muebles, como son las
maquinarias para la minería. Si bien es la entidad coordinadora del Sistema
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), no por ello es
responsable de los hechos que dieron lugar al desplazamiento. Solicitó la
vinculación al proceso de todas las entidades que integran el Sistema sobre las
cuales recaen obligaciones de reparación integral.
19. Respecto del fondo de las pretensiones de la demanda, requirió que se
declare la inexistencia de la configuración del juicio de imputación, pues el
fundamento fáctico de la demanda (despojo de bienes muebles) no es
responsabilidad de la UARIV. Además, señaló que no existe nexo de causalidad
entre el daño que dice sufrir el actor y las acciones u omisiones de la UARIV.
Expresó que la supuesta pérdida de las máquinas y el posterior desplazamiento
forzado fueron responsabilidad de un tercero y no existe suficiencia probatoria de
los perjuicios invocados.
Trámite de las excepciones previas
20. El 25 de noviembre de 2016 se realizó audiencia inicial dentro del proceso
de la referencia8. Como se verifica en el registro de audio de la diligencia, no asistió
la parte accionante ni su apoderado. En la diligencia se negó la petición de la UARIV
y del DPS referida a la desvinculación del proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva, toda vez que, a criterio del magistrado director de la audiencia,
para ello era necesario esperar a la práctica de las pruebas y agotar la instancia. Lo
cual sería resuelto en la sentencia. En relación con las pretensiones probatorias, las
mismas fueron negadas, toda vez que en el escrito de demanda no se precisó, al
menos sumariamente, la finalidad de los medios de conocimiento solicitados.
Finalmente, respecto de la excepción del DPS referida a la falta de agotamiento del
requisito de conciliación prejudicial, la autoridad judicial la desestimó dado que la
carga de la parte actora se satisfacía con el trámite referido al Ministerio de Defensa.
Ello porque la determinación de vincular al DPS y a la UARIV fue una decisión del
despacho sustanciador.
Sentencia de primera instancia
21. En providencia de 20 de septiembre de 2022, la Sala de decisión No. 003 del
Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, ya que
conforme al material probatorio “no se demostró que los demandantes tuvieran el
arraigo suficiente en el Municipio de Santa Rosa del Sur – Departamento de Bolívar
y desplazados, de donde afirman fueron desplazados en el año 2013, siendo este
hecho cuya reparación persiguen dentro del presente proceso”.
22. La sala de decisión concluyó que no existía evidencia que pueda mostrar la
imposibilidad de retorno al lugar donde habitaban los demandantes, ni el presunto
8 Índice Samai No. 02. Certificado: 16ED_EXPTRIBUN_03CDAUDIENCIAINICIAL(.pdf) NroActua 2.
6
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
desplazamiento forzado. Si bien se allegó certificado del RUV, sobre la situación de
desplazamiento forzado de Ricaurte de Jesús Tirado Venta, su esposa y sus dos
hijos, la misma se refiere a hechos previos al año 2013. Además, en todo caso, el
solo certificado de inclusión en el RUV no constituye plena prueba sobre la situación
de desplazamiento forzado. Determinó que las circunstancias de tiempo modo y
lugar que enmarcan el hecho del desplazamiento no se encuentran acreditadas ni
probadas como tampoco la presentación de solicitudes de protección a autoridades
correspondientes. Ello tiene como consecuencia la denegación de las súplicas de
la demanda, por falta de acreditación del daño antijurídico como primer presupuesto
de la responsabilidad. No se produjo condena en costas.
Recurso de apelación
23. Dentro del término procesal, el apoderado de la parte actora presentó recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia indicando que no comparte
las conclusiones de la providencia atacada pues existe daño antijurídico.
Adicionalmente afirmó que reposa prueba de la condición de desplazamiento
forzado y no resulta adecuado que la sentencia de primera instancia haya
reprochado que no se hubiera informado a las autoridades demandadas situaciones
de inseguridad como base para la condena al Estado. En criterio del recurrente, la
obligación constitucional de la Fuerza Pública de proteger a todas las personas que
habiten el territorio nacional, es independiente de que se solicite la protección.
24. En el recurso se manifestó que Ricaurte de Jesús Tirado Venta y su núcleo
familiar demostraron de manera palmaria y suficiente ser los propietarios de las
máquinas descritas en las respectivas facturas de compraventa, lo mismo que haber
sido una persona desplazada por la violencia que azota al país y al cual, “en
aplicación del principio de buena fe, habría que creerle” cuando dice que la guerrilla
asentada en Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar, le arrebató esa
maquinaria.
25. Adicionalmente, indicó que carece de relevancia establecer si en ese
momento era o no desplazado como lo resaltó la sentencia de primera instancia.
Por el contrario, el problema central gravita en el hecho de que los demandantes
son ciudadanos colombianos residentes en el país, en ejercicio del derecho de
propiedad, a quien el Estado, sin discriminar si es o no desplazado, debe proteger.
Reiteró que Ricaurte de Jesús Tirado Venta tenía el derecho de propiedad, “que
injustamente fue desconocido y, de contera, se convirtió en víctima de un hecho
injusto que no tenía obligación de padecer y que el Estado no fue capaz de proteger
en su momento y por los medios que eran procedentes”.
26. El apoderado adujo que discrepa del razonamiento del Tribunal de primera
instancia, pues estima inadecuado sostener que para recibir protección de
autoridades Estatales previamente haya que solicitarla. Sostuvo: “(…) el Estado
debe garantizar la seguridad de los gobernados, sin necesidad, como lo pretende la
7
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
reiterada jurisprudencia, que se tenga que mendigar el reconocimiento y efectividad
del derecho en comento (…)”.
Trámite en segunda instancia
27. El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar el pasado 4 de marzo de 2024. En auto de 20 de junio de 2024, notificado
el 25 de junio, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia9.
Alegaciones finales
28. Dentro del término, el apoderado del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social10 intervino con el fin de solicitar que se confirme la sentencia de
primera instancia. Manifestó que no se demostró la ocurrencia concreta de hechos
imputables por acción u omisión, ni tampoco se probó que la afectación alegada sea
producto de las entidades accionadas y menos puede inferirse que el
desplazamiento forzado hubiera acaecido por la falta de actuación de alguna de las
entidades cuestionadas, pues, de acuerdo con lo acreditado, entre otros, el actor,
no aportó medio probatorio que indique la omisión de las autoridades públicas en la
adopción de medidas para atender el riesgo de los demandantes, ya que ni siquiera
está probado que hayan acudido a la autoridad en pro de su protección.
29. De manera subsidiaria solicitó que se declare probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva en favor de Prosperidad Social. Recordó que
hay deficiencias probatorias evidentes en los elementos de la responsabilidad
estatal, pues no existe certeza del daño, no hay evidencia alguna del nexo causal,
y no se probó ningún aspecto de la supuesta falla en el servicio.
30. En ese orden de ideas, del acervo probatorio allegado al proceso no se puede
deducir la participación del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social
en los hechos generadores de responsabilidad o la existencia de una imputabilidad
de los daños por incumplimiento de un deber, máxime teniendo en cuenta la falta
de competencia de la entidad frente a hechos como los presuntamente acaecidos,
así como tampoco se encuentra demostrada la participación de otras entidades por
acción u omisión, ya que el actor no probó el daño que pretende le sea resarcido.
31. Las demás partes y el ministerio público guardaron silencio.
9 Índice Samai 004.
10 Índice Samai 010.
8
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
CONSIDERACIONES
Presupuestos procesales de la acción
32. No se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, y se verifica que se satisfacen los requisitos de jurisdicción, competencia,
oportunidad y forma de la demanda. Sin embargo, se explicarán las razones
respecto al requisito de legitimación en la causa por activa y por pasiva.
33. Respecto a la legitimación en la causa de los demandantes se encuentra
que son Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina Gómez Castañeda y el hijo
mayor de edad de estos dos Ricaurte Tirado Gómez. En la demanda se enuncia
que se demanda también en nombre de Mabel Cristina Gómez Castañeda hija
menor de edad de los dos demandantes11. Sin embargo, en relación con la menor
de edad no se anexó copia del registro civil y en esa medida no se probó la filiación
entre la menor y los demandantes y tampoco existe prueba alguna que acredite su
condición de tercera damnificada con el daño.
34. La demanda de reparación directa se estructura principalmente con el
objetivo de solicitar la indemnización por la falla en el servicio respecto al hurto de
las tres máquinas dedicadas a la minería. Así quedo planteado en las pretensiones
del escrito inicial. Corresponde examinar si las personas demandantes tienen
legitimación para solicitar indemnización por el supuesto hecho del hurto.
35. La jurisprudencia de esta corporación ha indicado que, la prueba idónea para
acreditar el derecho de propiedad sobre un vehículo automotor terrestre es el
registro automotor del negocio jurídico translaticio del dominio, y su correspondiente
fijación en la tarjeta de propiedad. En el caso del derecho de dominio sobre
maquinaria destinada a actividades industriales mineras, esta Subsección 12 ha
señalado que el documento de prueba del dominio es la tarjeta de registro nacional
de maquinaria agrícola, industrial y de construcción autopropulsada13. En el fallo de
6 de noviembre de 2020, que se cita, la Subsección resolvió una demanda de
11 Se en el poder: “Nosotros, Ricaurte de Jesús Tirado Venta y Mabel Cristina Gómez Castañeda,
mayores de edad vecinos del municipio de Bell; Antioquia, identificados (…) esposos entre si, en
nuestro propio nombre y como representantes legales de nuestra hija menor de edad María
Fernanda Tirado Gómez (…) con todo comedimiento le manifestamos por medio del presente escrito,
que conferimos poder” Folio 31 del cuaderno No.1 Índice Samai No. 02.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sub Sección A, providencia de 6 de noviembre de 2020, C.
P. Martha Nubia Velásquez Rico. Rad. 58954
13 El artículo 2 de la ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre indica que la maquinaria
rodante son vehículos automotores “destinados exclusivamente a obras industriales, incluidas las de
minería, construcción y conservación de obras, que por sus características técnicas y físicas no
pueden transitar por las vías de uso público o privadas abiertas al público”. A su vez, el artículo 46
de la misma codificación indica que todo vehículo “incluyendo la maquinaria capaz de desplazarse”
deberá ser inscrito en el Registro Nacional Automotor que llevará el Ministerio de Transporte. El
artículo 47 precisa que la tradición del derecho de dominio se perfecciona, además de la entrega
material, con “su inscripción en el organismo de tránsito correspondiente”, quien lo reportará en el
Registro Nacional Automotor.
9
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
reparación directa en la que, se denunciaba que en el mes de abril de 2013, en el
área rural del municipio de Norosí, sur del departamento de Bolívar, unidades de la
Policía Nacional incineraron varias máquinas dedicadas a la minería, sin embargo,
respecto a la prueba de la propiedad de la maquinaria minera, el Consejo de Estado
precisó:
“[S]e observa que la maquinaria industrial, como lo es una retroexcavadora, debe ser
debidamente inscrita en el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de
Construcción Autopropulsada incorporado en el RUNT, luego de lo cual se expedirá una
tarjeta de registro, la cual obra como prueba del derecho de dominio, así como el certificado
de tradición correspondiente. En el caso concreto, el señor (…) anexó múltiples facturas
con el propósito de acreditar que era el propietario de las retroexcavadoras que fueron
destruidas; empero, lo cierto es que la normativa descrita estableció que el dominio de tales
máquinas se traspasa a través del registro, de ahí que las facturas no sean suficientes para
establecer si el demandante es propietario y como no fue aportada la tarjeta de propiedad
de los vehículos, ni su certificado de tradición, se debe concluir que no se encuentra
demostrado su dominio. Lo anterior daría pie para concluir que el actor no se encuentra
legitimado en la causa por activa, si no fuera porque se reputa dueño de las
retroexcavadoras y se demostró que las venía utilizando con ánimo de señor y dueño desde
su adquisición, lo que permite concluir que era su poseedor. Al respecto, conviene resaltar
que en un caso en el cual se demandó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
por la incautación de una retroexcavadora, la jurisprudencia de esta Corporación concluyó
que, si bien la parte demandante no probó el dominio, pues no acreditó la inscripción del
vehículo, sí demostró ser poseedora por ejercer ánimo de señor y dueño frente al bien (…)
Como consecuencia de lo anterior, como se alegó un menoscabo con respecto a varios
vehículos sujetos a registro, y no se aportaron las pruebas para demostrar la propiedad, se
revisará si se cuenta con elementos para establecer si se ha ejercido la posesión de tal
maquinaria, en cuyo caso se analizará el daño partiendo de tal supuesto (…)”.
36. En la providencia que se reitera se concluyó que si bien una persona puede
no contar con la prueba de la propiedad, que consiste en la inscripción en el registro
nacional de maquinarias Agrícola, Industrial y de construcción autopropulsada, en
todo caso tiene la posibilidad de demostrar que era poseedor de los bienes muebles.
Ello resulta suficiente para examinar si se presentó un daño antijurídico que haya
afectado negativamente el patrimonio de una persona.
37. El artículo 762 del Código Civil prescribe que la posesión es la tenencia de la
cosa “con ánimo de señor o dueño”, y el poseedor es reputado dueño mientras otra
persona no justifique serlo. Adicionalmente, se precisa que la posesión es regular
cuando procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. Se exige que
concurran dos elementos: “por un lado, el corpus, que se traduce en el ejercicio
material del derecho, y de otro lado, el animus, que se refiere a la voluntad de
considerarse titular del derecho”14.
14 Sentencia de 19 de diciembre de 2012, Sección Tercera, Subsección C. C.P. Enrique Gil Botero.
Radicado 20001-23-31-000-1998-03648-01(21417).
10
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
38. Con base en lo anterior, corresponde examinar si la parte demandante
satisface el requisito indicado. Se verifica que se solicita la indemnización por el
supuesto hurto de tres máquinas enunciadas en la demanda de la siguiente manera:
(i) “retro excavadora de oruga ZX-270”; (ii) “Kobelco-210” y (iii) “New Holland 215”.
Corresponde verificar si los demandantes cuentan con legitimación por activa para
solicitar la reparación de cada una de esas tres máquinas enunciadas, ya sea
porque aportaron la prueba de la propiedad, en los términos exigidos por la
legislación nacional, o al menos existe prueba del derecho de posesión.
39. Frente a las tres máquinas sobre las cuales se erige la demanda de
reparación directa y sobre la que se solicita reparación, los demandantes omitieron
aportar al proceso la prueba del derecho de propiedad, esto es, la tarjeta del
Registro Nacional de Maquinaria Agrícola, Industrial y de Construcción
Autopropulsada incorporado en el RUNT.
40. Legitimación por activa respecto de la máquina enunciada como: “New
Holland 215”. La demanda se acompañó de varias facturas de compras y de copias
simples de procesos ejecutivos iniciados por entidades financieras en contra de
Ricaurte de Jesús Tirado Venta. En ellas se verifica que, el Banco BBVA Colombia
S.A. inició un proceso de “restitución de muebles arrendados” en contra de Ricaurte
de Jesús Tirado Venta, entre ellas por “un retrocargador marca New Holland Modelo
B95b cabina cerrada” 15 . En la demanda de reparación directa se enuncia una
máquina del fabricante New Holland, pero de tipo “215”, mientras que en la
demanda de restitución de inmueble arrendado se menciona un mueble del mismo
fabricante, pero de otro modelo: “retrocargador modelo B95b cabina cerrada”. Por
ello, en criterio de la Subsección no es procedente concluir que, la demanda de
restitución de inmueble arrendado iniciada por el banco BBVA contra Ricardo de
Jesús Tirado Venta se inició por la máquina por la cual, se reclama reparación.
41. Lo anterior tiene importancia, pues se podría pensar que, si el banco BBVA
Colombia S.A. inició una demanda de restitución de inmueble arrendado como
resultado del incumplimiento del pago de los cánones dentro de un contrato de
leasing financiero, la consecuencia necesaria es que Ricaurte de Jesús Tirado
Venta y los demás demandantes carecen de legitimación por activa dado que, el
contrato de leasing financiero da al locatario la mera tenencia16, no la posesión.
15 Folio 47 del cuaderno No. 01 digitalizado en Índice Samia 02.
16 En providencia de 24 de octubre de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
(C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez), radicado 08001-23-31-000-2012-00521-01(21516). Se indicó:
“Al respecto, de acuerdo con el artículo 2 del Decreto 913 de 1993, compilado por el artículo 2.2.1.1.1.
del Decreto 2555 de 2010, dicho contrato es aquel que tiene por objeto la entrega a título de
arrendamiento de bienes adquiridos para financiar su uso y goce, a cambio del pago de cánones que
se recibirán durante un plazo determinado, pactándose a favor del arrendatario la facultad de ejercer
al final del contrato una opción de compra. De acuerdo con el mismo artículo del Decreto 913 de
1993, el bien debe ser de propiedad de la compañía arrendadora, la cual amortizará su costo durante
el término de duración del contrato vía el cobro periódico del canon de arrendamiento, generando
además, su respectiva utilidad.”
11
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Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
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Referencia: Reparación directa
42. El escrito de reparación directa también se acompañó de la copia simple de
una demanda “ejecutiva con acción mixta”17 iniciada por el Banco de Occidente. En
la misma se indican como hechos que, Ricaurte de Jesús Tirado Ventas suscribió
varios pagarés y que ofreció como garantía “prenda sin tenencia del acreedor a
favor del BANCO DE OCCIDENTE sobre los siguientes Bienes: Código E 215,
excavadora hidráulica New Holland, modelo E 215B”18. En esta demanda ejecutiva,
la entidad financiera tiene al actor como dueño de la mencionada máquina.
43. Adicionalmente, debe indicarse que el escrito de reparación directa también
se acompañó de una fotocopia de una factura de 10 de marzo de 201019, en la que
se verifica que el actor, Ricaurte de Jesús Tirado Venta, aparece como cliente en la
compra de una “E215 Excavadora h/lica New Holland”.
44. En efecto, en la demanda de reparación directa hay una imprecisa
identificación de la máquina del fabricante “New Holland”, sin embargo, a criterio
de la Sala y, únicamente apropósito de la legitimación en la causa por activa, se
suple indiciariamente pues, en los anexos sí reposan elementos que llevan a
concluir que la mencionada como “New Holland 215” , es la máquina de la que se
trata en la demanda ejecutiva iniciada por el Banco de Occidente y en la que el
actor, Ricaurte de Jesús Tirado Venta aparece como cliente. Ello pues se trata del
modelo E 215 y de tecnología hidráulica.
45. Respecto de la máquina identificada como: “Retro excavadora de oruga ZX-
270” se presenta la misma situación: la demanda de reparación directa hizo una
imprecisa identificación de la misma, pues se limitó a enunciarla de manera escueta.
Adicionalmente, tampoco se aportó el documento que prueba la propiedad de
dichos bienes muebles.
46. En la demanda ejecutiva promovida por el Banco de Occidente contra
Ricaurte de Jesús Tirado Venta se enuncia que, se celebró otro contrato de prenda
sin tenencia del acreedor, y la garantía era la “Excavadora marca Hitachi modelo
ZX270LC-3”. Respecto a esta máquina, el Banco mencionado tuvo a Tirado Venta
como propietario, y en todo caso, para esta Subsección es, como mínimo poseedor.
Así como con la primera máquina, la demanda de reparación directa se acompañó
de una factura de compra de 4 de noviembre de 2010 20 , en la que, un
establecimiento de comercio denominado “Asesorías Mineras Richard” adquirió una
“Excavadora Hitachi ZX270LC-3”.
47. En este punto debe indicarse que, en la demanda de reparación también
reposa un certificado de registro mercantil expedido el 28 de enero de 2013 21 en el
que se indica que Ricaurte de Jesús Tirado Venta ejerce la actividad económica de
17 Folio 35 del escrito de demanda, cuaderno No. 1 digitalizado en índice Samai No. 2
18 Folio 37 ibidem.
19 Folio 57 de la demanda. Cuaderno No. 1 digitalizado Índice Samai No. 02
20 Folio 63 del cuaderno No. 1 digitalizado en índice Samai No. 2.
21 Folio 126 del cuaderno No. 01. Digitalizado en índice Samai No. 2.
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“extracción de oro y otros metales preciosos”, y certifica que, en su calidad de
comerciante, registró:
“Acto: Contrato de prenda sin tenencia
Datos del documento: Privado
Acreedor: Banco de Occidente S.A.
Bienes una excavadora marcha Hitachi modelo ZX270LC-3..
Valor de la obligación: hasta la cuantía de trecientos sesenta millones de pesos
($360.000.000)
Vigencia de la obligación: Es de diez años contados a partir del veinte de octubre de 2010,
es decir, terminara el 19 de octubre de 2020. No obstante el vencimiento establecido para
la obligación garantizada, la prenda conservara su vigencia mientras existan obligaciones
pendientes de pago, sean directas o indirecta a cargo del deudor y a favor del acreedor y
mientras este no cancele en forma expresa ante la cámara de comercio el gravamen
prendario”
48. En criterio de la Subsección existen elementos dirigidos a mostrar que
Ricaurte de Jesús Tirado Venta tuvo una relación de posesión con la mencionada
máquina excavadora marca Hitachi modelo ZX270LC-3, incluso a pesar de su
deficiente identificación en el escrito de demanda. Motivo por el cual, los
demandantes, exclusivamente, en punto al requisito procesal de legitimación por
activa, cuentan con dicho atributo.
49. Finalmente, respecto a la tercera máquina, identificada en la demanda de
reparación como “Kobelco 210”, en el expediente reposa 22 la fotocopia de una
factura de compra del establecimiento de comercio “metro-metro y buldoser”, en la
que consta que el 10 de junio de 2008, “de contado”, el señor Ricaurte Tirado
entregó la “cuota inicial” de una “excavadora hidráulica, marca Kobelo, tipo
excavadora”. La mencionada fotocopia de la factura de compraventa indica que la
máquina fue vendida a “Banagrario”. En el caso de esta máquina objeto de
pretensión reparatoria, la Subsección concluye que los demandantes no cuentan
con legitimación por activa pues, no existe prueba, al menos de su posesión. La
factura de compraventa del mencionado mueble, indica que Ricaurte Tirado entregó
“la cuota inicial” del precio, pero que fue vendido a “Banagrario”, motivo por el cual,
no resulta posible sostener que tenía la tenencia de la cosa (el corpus), con ánimo
de señor y dueño.
50. Finalmente, respecto a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala
concluye que, si bien, el Tribunal de primera instancia vinculó a la UARIV y al DPS
en calidad de litisconsortes necesarios, en todo caso, examinados los hechos
narrados y la argumentación relacionados con la responsabilidad expuestos por la
parte demandante se tiene que tales entidades no tienen tal calidad, lo cual,
repercute en que carecen de legitimación material por pasiva, ello al margen de la
argumentación del recurso de apelación, pues con su inclusión se desbordó la
causa petendi por ausencia de imputación jurídica del supuesto daño.
22 Folio 67 del cuaderno No 01. Digitalizado en índice Samai No. 2.
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51. En consecuencia, la formulación del problema jurídico se hará únicamente,
en relación con las dos máquinas respecto a las cuales existe legitimación en la
causa por activa, y respecto, únicamente, de la Nación-Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional.
Problema Jurídico
52. Corresponde formular el problema jurídico y examinar el fondo del asunto,
todo ello enmarcado en la competencia que fija el recurso de apelación.
53. Los demandantes solicitaron la declaración de la responsabilidad patrimonial
de las entidades accionadas, en virtud del despojo de las máquinas dedicadas a la
minería, y el consecuente desplazamiento forzado del núcleo familiar. En la
apelación, la parte actora cuestionó la conclusión del Tribunal de primera instancia
respecto a dos aspectos: (i) se argumentó que, es errado afirmar que no se probó
el daño antijurídico por la supuesta carencia de prueba sobre la condición de
desplazamiento, pues el actor y su núcleo familiar sufrieron el daño por parte de
actores armados y la administración de justicia debería tener sus afirmaciones como
ciertas en virtud del principio de buena fe; y (ii) atacó la conclusión conforme a la
cual no existe falla en el servicio, dado que el actor no solicitó protección a las
entidades públicas. En su criterio, la carencia de previo aviso no es un requisito
contenido en alguna norma jurídica.
54. Con base en lo anterior, como primer problema jurídico, la Subsección
deberá establecer si, tal como lo afirma el apoderado de Ricaurte de Jesús Tirado
Venta y su núcleo familiar, existe prueba del daño consistente en la pérdida de las
dos máquinas dedicadas a la minería sobre las que se cuenta con legitimación en
la causa por activa. En caso de responder afirmativamente el anterior problema
jurídico, y consecuencia de ello, se debe examinar si además existe prueba sobre
el mencionado desplazamiento forzado. Finalmente, como tercer problema jurídico
se debe establecer si se configuró la falla en el servicio, ya sea porque, aún sin
solicitud de protección dirigida al Ejército Nacional, es posible verificar que existió
omisión de protección a la parte demandante. En caso de que se concluya que no
existe prueba del daño, al ser esta una condición de posibilidad para la imputación
de la falla en el servicio a las autoridades públicas, se confirmará la sentencia de
primera instancia sin examinar el último problema jurídico.
55. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos la Subsección
examinará el material probatorio contenido en el expediente, respecto al hecho del
daño alegado en la demanda.
Solución al primer problema jurídico. Inexistencia del Daño
56. En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar
enfocó el problema jurídico en determinar si existía prueba del desplazamiento
forzado alegado. Determinó que los demandantes no acreditaron el arraigo en el
14
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municipio de Santa Rosa del Sur, y además solo reposa en el expediente la inclusión
que hizo la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en el Registro
Único de Víctimas conforme a la cual el actor y su núcleo familiar fueron víctimas
de desplazamiento forzado.
57. Sin embargo, la sentencia de primera instancia detuvo su análisis en dicha
situación, y no realizó ninguna consideración referida a la ocurrencia del daño
consistente en la pérdida de las tres máquinas que, de acuerdo a la demanda
estaban dedicadas a la actividad minera, y conforme el orden cronológico propuesto
en la demanda, su pérdida fue la causa del desplazamiento.
58. El apelante afirma que en el expediente reposa prueba de la ocurrencia del
hurto de las tres máquinas dedicadas a la minería, y el consecuente desplazamiento
forzado. Específicamente reprochó que la sola afirmación realizada en la demanda
debería ser suficiente para que, en aplicación del principio de buena fe, se concedan
las reparaciones. En la narración del escrito inicial de reparación directa, pero
especialmente en el reproche que formula en el recurso de apelación, la parte
demandante plantea una secuencia de eventos que produjeron el supuesto daño
antijuridico. En primer lugar, indicó que el poderdante llegó al sur de Bolívar, contrajo
créditos financieros para adquirir unas máquinas de minería. Estas, en abril de 2013,
fueron “incautadas” (sic) “hurtadas” por actores armados. Lo anterior tuvo como
consecuencia que los créditos financieros fueron incumplidos, y ante la dificultad
económica tuvo que salir desplazado forzadamente del sur de Bolívar. Entonces,
corresponde examinar el material probatorio respecto de las afirmaciones de la
parte demandante y la secuencia de la supuesta estructuración del daño.
59. Como se indicó, la parte actora solo cuenta con legitimación para solicitar la
reparación de dos de las tres máquinas enunciadas en la demanda. Corresponde
examinar si existe prueba del hurto de esas dos máquinas.
60. En el expediente reposan copias simples de las demandas ejecutivas
promovidas por entidades financieras, en contra de Ricaurte de Jesús Tirado Venta,
en su condición de “propietario inscrito de los vehículos”23. Como se pasa a explicar,
el señor Ricaurte de Jesús Tirado Venta adquirió las mencionadas máquinas,
resultado de negocios para el financiamiento de estas adquisiciones. Ante el
incumplimiento de dichos contratos, las entidades financieras formularon demandas
ejecutivas.
61. Reposa evidencia documental conforme a la cual, Tirado Venta fue
demandado civilmente por varias entidades financieras debido al incumplimiento de
los pagos, pero dichos procesos ejecutivos fueron iniciados en julio de 2012. En el
plenario se observa copia simple de la demanda ejecutiva iniciada por la apoderada
del Banco Pichincha contra el actor, con sello de radicación de 13 de julio de 201224.
23 Folio 35 de la demanda. Expediente digital Samai, No. 2
24 Folio 99 del expediente digital Samai, No. 02
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Es decir, 9 meses antes del supuesto despojo de las máquinas mineras. Incluso, en
el hecho tercero de la demanda se lee:
“RICAURTE DE JESUS TIRADO VENTA, no cumplió con su obligación de cancelar en los
plazos previstos, las cuotas pactadas, y se encuentra en mora respecto del pagará (sic)
7963082 desde el 17 de noviembre de 2011.”25(subraya agregada por la Sala)
62. Misma situación ocurre con la demanda ejecutiva con acción mixta iniciada
por el Banco de Occidente en contra de Ricaurte de Jesús Tirado Venta26. Según el
escrito de aquella acción, la mora se remonta a diciembre de 2011. El mandamiento
de pago se libró el 17 de abril de 2012. Además, se observa en un proceso ejecutivo
iniciado por el apoderado judicial del Banco Barcelona Vizcaya Argentaria, BBVA 27.
Se accionó ejecutivamente contra el actor, puntualmente, “demanda de restitución
de mueble arrendado” derivado del contrato de arrendamiento financiero Leasing.
Se lee en el escrito:
“El locatario, ahora demandado, incumplió la obligación de pagar el canon de arrendamiento
financiero, en la forma pactada y se encuentra en mora desde el 22 de diciembre de 2011,
y por mensualidades de diciembre de 2011, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio
de 2012.”28 (subrayados agregados por la Sala)
63. Debe recordarse la afirmación contenida en la demanda de reparación
directa:
“Animado por esa nueva perspectiva, gestionó lo necesario y obtuvo de la autoridad
ambiental y minería en el país, tres títulos para la explotación legal de la minería y a ello se
dedicó con la pasión y la abnegación de un soldado espartano. Su talante y su pasado
crediticio impoluto, le permitieron que los Bancos Pichincha Colombia y Occidente, le
concedieran unas apreciables sumas de dinero a título de mutuo, con las cuales adquirió
tres máquinas retroexcavadoras y se asentó en el municipio llamado Santa Rosa del Sur,
en el departamento de Bolívar. Allí generó trabajo a muchos conciudadanos pobres; con
sus impuestos derivados de la minería y pagados a algunos entes territoriales, ayudó a su
progreso y, en fin, alcanzó a ser un hombre con buenos recursos económicos que le
permitieron pagar sus obligaciones crediticias. Sin embargo, ante la ineficiencia del Estado
para someter a la guerrilla al imperio de la ley, a mediados del mes de abril de 2013, estando
dedicado a su labor legal, en el sitio conocido como Montañas de Guanocó, en el municipio
mencionado, llegaron nuevamente los pérfidos militantes de la guerrilla…”
64. Los demandantes incurrieron en una contradicción protuberante, pues en ella
se afirmó que el daño acaeció en abril de 2013, y que la consecuencia más
inmediata fue la precariedad económica de Ricaurte de Jesús Tirado, al punto que
después del supuesto hurto fue demandado civilmente por las entidades
financieras, sin embargo, como se acaba de evidenciar, las demandas ejecutivas
25 Folio 105 del expediente digital Samai. No. 02.
26 Folio 41 del expediente digital Samai. No. 02
27 Folio 47 del expediente digital Samai. No. 02
28 Folio 49 del expediente digital Samai. No. 02.
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fueron previas al supuesto hecho dañoso. Ello mina la coherencia de las
afirmaciones contenidas en la demanda, la cual fue consistente en narrar que la
secuencia de hechos fue: (i) adquisición de las máquinas mineras con créditos
financieros; (ii) cuando dichas herramientas estaban siendo utilizadas en la industria
minera en el sur de Bolívar, fueron hurtadas por actores armados y (iii) ante su
pérdida, y ante la imposibilidad de cancelar los débitos derivados de los negocios
para su adquisición, la parte accionante incurrió en mora del pago con la
consecuente crisis económica que lo llevó a tener que desplazarse forzadamente.
65. Adicional a lo anterior, no existe prueba, siquiera indiciaria, respecto de que
a mediados de abril de 2013, estructuras armadas ilegales atacaron las máquinas
en posesión del actor. Solo consta la afirmación contenida en la demanda, pero no
está soportada por ningún medio de prueba que permita tener conocimiento sobre
las supuestas circunstancias que rodearon el hecho.
66. Además, debe recordarse que la demanda mencionaba que se realizaría la
solicitud de práctica de varios testimonios dirigidos a evidenciar dicha situación 29,
sin embargo, conforme lo indicó el apoderado de la parte actora, este no pudo
hacerse presente en la audiencia, razón por la cual dichas pruebas no fueron
solicitadas y por tanto no fueron decretadas30. Esta es una consecuencia procesal
que es atribuible, únicamente, a la parte actora. Tenía la carga de solicitar y concurrir
a la práctica de las pruebas dirigidas a mostrar el hecho dañoso que alega; no
obstante, la incumplió en sede de primera instancia.
67. En criterio de la corporación los elementos de prueba contenidos en el
expediente no generan ningún conocimiento que respalde la tesis de la demanda.
Sobre el aspecto del daño de abril de 2013 no existe ningún elemento de prueba
que permita llevar el mínimo conocimiento para despertar duda o necesidad de
esclarecimiento.
68. En relación con el primer problema jurídico referido a la prueba del daño, esta
Subsección concluye que no existe ningún elemento de conocimiento que permita
inferir las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que supuestamente este
29 Auto de 28 de junio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Reposa a folio
289 del expediente digital No. 04
30 Memorial del apoderado de la parte actora, reposa en el folio 305 del expediente digital Samai.
No. 04. Se lee en el memorial: “debido a un error de comunicación no pude asistir a la audiencia
programada para la mañana del 28 de junio del presente año…Desde el día 27 en las horas de la
mañana pregunté en la secretaria del Tribunal si la susodicha audiencia se iba a realizar y me
confirmaron su realización, a la vez que me indicaron que la misma se haría en la Sala de Audiencias
del Tribunal Contencioso. En atención a esa información ya que la primera audiencia que hicimos
sobre este mismo asunto se llevó a cabo allí y que yo no litigo habitualmente en Cartagena pues
resido en Medellín, desde las ocho de la mañana me senté a esperar que abrieran el recinto para
iniciar la sesión, y, al ver que no había ningún movimiento en ese sentido, acudí personalmente ante
su despacho a las ocho y diez minutos aproximadamente. En él me informaron que no sería a las
ocho y treinta como yo creía, sino a las nueve, pero no tuvieron la precaución de orientarme de que
la misma se efectuaría en su despacho y yo regresé al primer piso a esperar la iniciación de ella. //
De otra parte, el no asistir a la audiencia por la razón vista, me privó de la oportunidad de recurrir en
apelación en contra de su decisión de no decretas (sic) la práctica de la prueba testimonial solicitada
por nosotros…”.
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ocurrió. No existe claridad del día, las condiciones o los responsables. Ese vacío
probatorio, sin lugar a dudas, impide demostrar el daño, pese a que era carga de
los actores, en los términos establecidos en el artículo 167 del Código General del
Proceso, que dispone que “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de
las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”31. No es posible
atribuir responsabilidad alguna a los demandados por un suceso del que se
desconoce, de manera fehaciente, sus antecedentes, su causa y la manera en que
supuestamente ocurrió; circunstancias bajo las cuales no es posible determinar qué
acciones concretas debía o tuvo que adoptar y si fue que las omitió, y si estas tienen
un nexo de causalidad inexorable con el hurto de la maquinaria, o cuáles fueron los
medios razonables o herramientas que no activó para prevenir la ocurrencia del
daño-.
69. Puesto que el primer problema jurídico formulado en la demanda se
despachó negativamente, corresponde evacuar el segundo problema jurídico, esto
es el relacionado con el supuesto desplazamiento forzado.
70. Respecto de este asunto, se parte de la premisa que, la inclusión en el
Registro Único de Víctimas es un registro de índole administrativo que garantiza el
acceso a derechos humanos a las personas perjudicadas por el desarrollo del
conflicto armado, no obstante, en sede judicial, no tiene la vocación, por si solo de
probar la existencia de un daño32. Sin embargo, también se ha indicado que, las
dinámicas de los actores del conflicto armado tienen como consecuencia que la
prueba del desplazamiento forzado es particularmente difícil cuando ocurre en
espacios rurales y con poca presencia estatal33.
71. En el caso concreto, el Departamento para la Prosperidad Social informó que
el actor y su núcleo familiar están incluidos en el RV desde el 6 de abril de 2001 34,
y además que en enero de 2015, Ricaurte de Jesús Tirado Venta recibió una forma
de reparación administrativa. Además, la Unidad de Atención y Reparación Integral
a las Víctimas, en su intervención procesal35, indicó que el actor recibió un subsidio
de vivienda como resultado de su inscripción en el RUV, “por el hecho victimizante
de desplazamiento forzado desde el 18 de marzo de 2015”36.
72. No obstante lo anterior, la conclusión de la Subsección, nuevamente, es que
en punto al examen de la prueba de la existencia del desplazamiento forzado, la
31 “Artículo 167. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen”.
32 Cfr. SU-636 de 2015
33 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena Sección Tercera.
Sentencia del 28 de agosto de 2014. Rad. 32988. CP. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. En el mismo
sentido T-117 de 2022.
34 Folio 139 del cuaderno No. 2. Contestación de la demanda del DPS. Digitalizado en índice
Samai No. 02.
35 Folio 181 del Cuaderno No. 02. Contestación de la demanda de la UARIV. Digitalizado índice
Samai No. 02.
36 Folio 185 Ibidem.
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parte actora no aportó ningún elemento de prueba que permita conocer sobre la
supuesta situación de desplazamiento forzado resultado del despojo de las
máquinas mineras. En el expediente no reposa testimonio, evidencia documental, o
incluso indiciaria que permita concluir las condiciones de tiempo, modo y lugar en
las que se produjo el supuesto desplazamiento. De hecho, en el certificado del
registro mercantil37 de Ricaurte de Jesús Tirado Venta se observa que, para el año
2013, tenía como dirección de notificación judicial, la ciudad de Cartagena de Indias,
Bolívar.
73. Al igual que, el Tribunal de primera instancia, corresponde concluir que, la
parte actora no aportó algún elemento de conocimiento mínimo que permita atisbar
que se está ante un hecho de desplazamiento forzado.
Costas procesales
74. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del
CPACA38, y según lo establecido en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP39,
la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta
de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena
se determina con fundamento en un criterio objetivo, en este caso frente a la parte
que resultó vencida40. Sin embargo, la Sentencia SU-241 de 2024 proferida por la
Corte Constitucional fijó como criterio unificado en materia de derechos
fundamentales que en los casos en los que se ventilan posibles violaciones a los
derechos humanos, especialmente ocurridas en el contexto del conflicto armado,
37 Folio 126 del cuaderno No. 1 digitalizado índice samai No. 02.
38 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso
concreto, atendiendo la fecha de interposición del recurso de apelación (7 de septiembre de 2023).
“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
39 Artículo 365 “Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en
costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (…)”.
40 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la
demandante (no así a la demandada vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en las actuaciones gobernadas con reglas especiales, como en recursos
extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento
legal. Lo anterior, pues conforme lo ha indicado el Comité de Derechos Humanos en su Observación
General No. 32, Párr. 11: “De modo análogo, la imposición de costas a las partes en un proceso
judicial que de hecho impida el acceso a una persona a la justicia puede plantear cuestiones en
virtud del párrafo 1 del artículo 14. En particular, una obligación rígida según la ley de atribuir costas
a la parte vencedora sin tener en cuenta las condiciones de ello, sin proporcionar asistencia letrada
podría surtir un efecto disuasivo en las personas que desearan reivindicar los derechos que les
asisten en virtud del Pacto en las actuaciones judiciales que disponen”. Con todo
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
por ser procesos que revisten interés público, los jueces administrativos se
abstendrán de condenar al pago de costas judiciales41.
75. En la sentencia de unificación se indicó:
“Específicamente, en el caso objeto de análisis el defecto sustantivo se configuró porque el
Juzgado 4º al realizar el proceso interpretativo de las normas aplicables para imponer la
condena en costas no tomó en consideración la calidad de sujetos de protección
constitucional reforzada de la actora y de su familia. Circunstancia que daba lugar a
aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA. Esto porque en este caso
se ventila una cuestión de interés público en la medida en que, en virtud de lo dispuesto en
el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a las víctimas del
conflicto armado y porque, de las pruebas obrantes en el plenario, se observa que la
demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.” (negrilla y
subrayado agregado por la Subsección)
76. La Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que el acto legislativo 01 de
2017 determinó que la reparación de las víctimas del conflicto armado es un asunto
de interés público, razón por la cual no procede la condena en costas. En la misma
norma constitucional y en la Ley 1448 de 2011 se precisan criterios para definir si
determinados hechos que motivan una petición de reparación se relacionan con el
conflicto armado. El artículo 3 de la Ley 1448 de 2011 indica que son víctimas
aquellas personas que, individual o colectivamente hayan sufrido conculcaciones
de sus derechos “ocurridas con ocasión del conflicto armado interno”.
77. Sobre esta norma la expresión (“ocurridas con ocasión del conflicto armado”)
contenida en el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, la Corte Constitucional profirió
la sentencia C-781 de 2012 42 en la que indicó que, la expresión “ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno” debe comprenderse de manera amplia y
contextual. No se trata solamente de hechos supuestamente ocurridos como
resultado de hostilidades de actores armados, con armas y dotación propia de una
guerra interna. In extenso precisa la Corte:
“(…) la expresión “conflicto armado” ha sido entendida en un sentido amplio, por lo que la
utilización de la preposición “con ocasión” adquiere su sentido más general en este
contexto.
Tanto de la evolución de las normas que han planteado mecanismos de protección y
reparación para las víctimas del conflicto armado, como de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la expresión “con ocasión del conflicto armado”, ha sido empleada como
sinónimo de “en el contexto del conflicto armado,” “en el marco del conflicto armado”, o “por
razón del conflicto armado”, para señalar un conjunto de acaecimientos que pueden rodear
este fenómeno social, pero que no se agotan en la confrontación armada, en el accionar de
41 Reiterado en la Sentencia del 6 de diciembre de 2024, proferida por esta Subsección dentro del
radicado 25000-23-36-000-2013-01229-01 (56.855). Se precisó: “la Corte Constitucional en su
determinación de unificación, SU-241/24 ha decidido que en este tipo de procesos se ventila un
interés público, de manera que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no procede la
condena en costas, aun habiendo prosperado parcialmente la alzada. Entiende de la Sala que el
criterio indicado por el legislador y que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija a todos
los sujetos interesados en el proceso, con independencia de su actuar en el mismo y el alcance y
sentido de las decisiones, de manera que no procede la condena en costas en la presente instancia”.
42 Reiterando la C-291 de 2007 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
ciertos grupos armados, a la utilización de ciertos métodos o medios de combate o a
ocurridos en determinadas zonas geográficas.
En ninguna de esas acepciones, la expresión “con ocasión” se ha empleado para
circunscribir el fenómeno a operaciones militares o de combate armado, a acciones de
determinados actores armados o a circunstancias derivadas directamente de este tipo de
acciones.
(…)
Es por ello, que la Corte concluye que la expresión “con ocasión del conflicto armado” no
conlleva una lectura restrictiva del concepto “conflicto armado,” y por el contrario tiene un
sentido amplio que no circunscribe el conflicto armado a situaciones de confrontación
armada, o actividades de determinados actores armados o en ciertas zonas geográficas, y
en esa medida resulta compatible con la protección constitucional de las víctimas.”
78. La misma providencia concluyó que “en caso de duda sobre si tal hecho ha
ocurrido en el marco del conflicto armado interno, debe darse prevalencia a la
interpretación en favor de la víctima”43.
79. Por su parte, la Constitución, mediante el acto legislativo 01 de 2017 (norma
constitucional que fue utilizada como parámetro de control concreto en la SU-241
de 2024, al momento de definir el tópico de las costas procesales) elevó a norma
superior una definición más amplia que la norma legal. Según el mandato
constitucional, las autoridades del SIVJRGNR estarán a cargo de las formas de
justicia transicional por hechos ocurridos “por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado”. Esta definición debe guiar la
determinación de los eventos en los que resulta procedente la condena en costas,
al menos por dos motivos: (i) por un lado, la propia SU-241 de 2024 utilizó dicha
norma para indicar que la condena en costas no es procedente en casos en los que
se discuten violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del
conflicto armado, pues conforme el acto legislativo 01 de 2017, es un asunto de
interés público; (ii) al ser una norma superior y determinar cuándo los hechos se
entienden relacionados con el conflicto armado, debe ser tenida en cuenta,
necesariamente para resolver este puntual aspecto.
80. En criterio de esta Subsección, al momento de aplicar la regla precisada en
la SU-241 de 2024 debe realizarse el procedimiento interpretativo, siguiendo
además la definición constitucional y la hermenéutica jurisprudencial contenida en
la C-781 de 2012, conforme a la cual la determinación de si un hecho se relaciona
con el conflicto armado debe realizarse de manera amplia, contextual, y a partir de
una interpretación que materialice en mejor medida los derechos de las víctimas.
En consecuencia, conforme el Acto Legislativo 01 de 2017, se entiende que un
hecho ocurre con ocasión del conflicto armado, cuando es por causa, relación
directa o indirecta, o en el contexto del conflicto armado.
81. Adicionalmente, debe aplicarse la integralidad de la regla jurisprudencial
fijada en la SU-241 de 2024, conforme a la cual el juez administrativo debe tener
“en consideración la calidad de sujetos de protección constitucional reforzada” del
actor y su núcleo familiar. Conforme la Sentencia de unificación, esta condición
43 Fundamento Jurídico No. 5.4.3. de la C-781 de 2012.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
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Referencia: Reparación directa
“daba lugar a aplicar la excepción contemplada en el artículo 188 del CPACA”. Esto
además, pues el caso que se ventila busca el resarcimiento de las víctimas del
conflicto armado, y porque de las pruebas obrantes en el expediente no se evidencia
que sea una demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
82. A juicio de la Subsección, en este caso concreto, no resulta procedente la
condena en costas, pues: (i) el actor y su núcleo familiar son víctimas del conflicto
armado inscritas en el RUV, al menos en dos ocasiones, uno de ellos, relacionado
con hechos de desplazamiento forzado; (ii) acudieron a la jurisdicción contencioso
administrativa para solicitar la reparación de supuestos hechos ocurridos en el
contexto del conflicto armado, y atribuyeron la responsabilidad a actores armados
ilegales (FARC y ELN) y por omisión de protección al Ejército Nacional. En punto al
daño, en efecto, no cumplieron los requisitos para su prueba, sin embargo como lo
indica la SU-241 de 2024, el objetivo de la demanda era la reparación de supuestos
hechos ocurridos en el contexto del conflicto armado.
83. Una interpretación en la que se sostenga que la absolución de la condena en
costas resulta procedente, únicamente cuando las víctimas del conflicto armado
prueban el daño, pero no la imputación a una autoridad estatal, por ejemplo, es una
interpretación restrictiva de la regla fijada, la cual, como se explicó, debe ser
interpretada ampliamente, y además debe tener en cuenta la condición de sujetos
de especial protección constitucional. Además de si la demanda es manifiestamente
infundada.
84. En este punto es pertinente indicar que, la demanda de la referencia no probó
los elementos del daño. Sin embargo, no es manifiestamente infundada, pues son
plausibles las afirmaciones del actor, es decir, se trata de una persona víctima del
conflicto armado, dedicado a la actividad minera, y que desarrolló actividades en el
sur de Bolívar44. Se trata de una demanda fundada en una narración plausible. Debe
recalcarse que la norma procesal usa la expresión “infundada” (sin fundamento),
precedida de un adverbio de cualidad: “manifiestamente”, es decir,
categóricamente, u ostensiblemente, sin fundamento. En el proceso de la
referencia, se concluye que no es de ese tipo de demandas, pues se funda en
hechos que si bien no fueron probados, son plausibles, y rodeados de elementos
(la condición de víctima del actor y su núcleo familiar, de la condición de poseedores
de dos máquinas mineras, y de sus actividades en el sur de Bolívar) que llevan a
descartar que se trata de una demanda “abiertamente” sin fundamento.
85. Con base en la anterior conclusión no resulta procedente la condena en
costas a la parte demandante, pues busca la protección y garantía de derechos
44 A folio 95 del cuaderno No. 01 digitalizado índice Samai 02 se lee una carta dirigida el 21 de
octubre de 2010, por el director del UMATA del municipio de Montecristo, Bolívar, en la que, “La
alcaldía municipal del municipio de Montecristo Bolívar certifica y a la vez hace un reconocimiento a
la empresa asesorías Mineras Richard, representante legal, Ricaurte Tirado, por su colaboración a
la reforestación de los sitios aledaños a la quebrada ubicada en el casco urbano del municipio con
la donación de árboles maderables y frutales”.
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Radicación: 13001-23-33-000-2015-00423-01 (71.192)
Demandante: Ricaurte de Jesús Tirado Venta, Mabel Cristina
Gómez y otros.
Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y
otros-
Referencia: Reparación directa
humanos, supuestamente, vulnerados por hechos ocurridos “en el contexto del
conflicto armado”. El solo hecho de que las pretensiones de declaración de
responsabilidad patrimonial del Estado no prosperen, no hace que proceda la
condena en costas, esto pues lo que se resolvía era un asunto de interés público.
86. En consecuencia, se concluye que no se aportó prueba de los daños
alegados. Esto es, el despojo de dos máquinas mineras y el consecuente hecho de
desplazamiento forzado. Por el contrario, la supuesta crisis económica sufrida por
el actor y su familia, consecuencia del pretendido despojo de los bienes muebles,
fue a finales del año 2011 y el año 2012, es decir, 9 meses antes del supuesto hecho
que origina la demanda. Por lo tanto, se impone confirmar la sentencia proferida en
primera instancia por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 20 de septiembre de
2022 en la que se negaron las pretensiones de la demanda, pero por las razones
expuestas en esta providencia.
87. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, pero por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento parcial de voto
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
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