RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2015-00491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00491-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 14 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Rodrigo Montoya Cano, a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2015-00491-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Demandado: Rodrigo Montoya Cano

Tema: Pensión convencional. Reconocimiento de pensión extralegal.
Cumplimiento de requisitos para acceder al derecho pensional.

Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia, tras advertir que el
demandado no cumplió los requisitos extralegales para acceder
al derecho pensional y no se demostró la mala fe que hiciera
procedente la devolución de dineros pagados.

La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 14 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El 5 de agosto de 2015, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias presentó demanda1 contra el señor Rodrigo Montoya Cano, con el fin de
obtener la nulidad de la Resolución No. 7303 de 23 de octubre de 20142, mediante
la cual se reconoció y ordenó el pago de una pensión convencional. A título de
restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara la exclusión del antes
mencionado de la nómina de pensionados, así como la devolución de los dineros
pagados.

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, manifestó que el señor
Montoya Cano estuvo vinculado laboralmente a las Empresas Públicas Distritales
de Cartagena entre el 17 de abril de 1985 y el 26 de junio de 1995, fecha para cual
contaba con 38 años de edad y un total de 10 años, 2 meses y 10 días de tiempos
de servicio.

1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación en los términos del acuerdo

Laboral Definitivo suscrito entre La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T y C; la Empresa de Servicios
Públicos Distritales de Cartagena en Liquidación, y sus Extrabajadores a favor de Rodrigo Montoya Cano».

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

3. Mediante el Acuerdo Laboral Definitivo y su Anexo Único de 4 de agosto de
1995, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, las Empresas Públicas
Distritales de Cartagena y los extrabajadores de la mencionada entidad, se
establecieron requisitos de tiempo de servicio y edad para que estos últimos fueran
beneficiarios de una pensión convencional de jubilación, así como su ámbito de
aplicación para aquellos extrabajadores que estuvieran activos a 26 de junio de
1995.

4. El 23 de octubre de 2014, de forma irregular, el entonces director
administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena de Indias
reconoció una pensión convencional a favor del señor Montoya Cano sin el lleno de
los requisitos convencionales para ello, concretamente, el relativo a la edad (haber
cumplido 45 años a 31 de diciembre de 1995).

5. Como fundamento de la vulneración3, adujo que el acto demandado fue
expedido de forma irregular, en tanto el señor Montoya Cano no cumplió con los
requisitos convencionales para ser beneficiario de la pensión reconocida. Sostuvo
que las normas convencionales señalaron expresamente los requisitos para
acceder al beneficio, así como la vigencia del mismo.

Contestación de la demanda

6. El señor Rodrigo Montoya Cano se opuso a las pretensiones de la demanda
y formuló las excepciones de «legalidad del acto demandado […] inepta demanda
por no incluir todos los actos que conforman un acto administrativo complejo […]
buena fe y cobro de lo no debido […] preservación de la confianza legitima [y]
convalidación del acto demandado por acto posterior».

7. Indicó que la Junta Directiva de la extinta Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena, a través del Acta No. 1 de 27 de febrero de 1997, fue quien
extendió la aplicación del artículo 6 del Acuerdo Definitivo más allá del 31 de
diciembre de 1995 y, en consecuencia, resultaba procedente el reconocimiento de
pensiones a quienes cumplieran la edad con posterioridad al acuerdo. Asimismo,
se facultó al gerente liquidador para conciliar y reconocer pensiones de jubilación a
los trabajadores aun vinculados laboralmente y a los amparados con fuero sindical,
sin restringirlo únicamente a este grupo.

8. Sostuvo que la pensión reconocida en dicho acuerdo laboral constituía una
prestación restringida o proporcional al tiempo de servicio. Agregó que las Altas
Cortes han reiterado que el derecho a disfrutar de este tipo de pensiones se
adquiere con el cumplimiento del tiempo de servicios, siendo la edad únicamente
una condición para su exigibilidad.

3 Como nomas violadas se invocaron los artículos 4, 48 y 209 de la Constitución Política, y 467 del Código

Sustantivo del Trabajo, así como el Acto Legislativo No. 1 de 2005 y Acuerdo Laboral Definitivo y su Anexo
Único de 4 de agosto de 1995, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena, las Empresas Públicas Distritales
de Cartagena y los extrabajadores de la mencionada entidad.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

9. Adujo que causó su derecho a disfrutar la pensión de jubilación extralegal
desde el 26 de junio de 1995 y cumplió la edad el 4 de febrero de 2002, es decir,
antes de la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 1 de 2005 y quedando
aparado bajo la protección legal del artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

10. Indicó que, para la fecha de su desvinculación, contaba con la condición de
trabajador oficial y no de empleado público.

Decisión de excepciones

11. El Tribunal Administrativo de Bolívar, en audiencia inicial de 16 de octubre
de 2018, declaró no probada la excepción de inepta demanda, al considerar que la
Resolución No. 7303 de 23 de octubre de 2014 fue el acto que resolvió la situación
particular del señor Montoya Cano, en tanto fue mediante ésta que el Fondo de
Pensiones Distrital de Cartagena determinó que el demandado sí tenía derecho a
la prestación y ordenó su reconocimiento, el pago de las mesadas pensionales y su
inclusión en nómina. En consecuencia, concluyó que este acto era el único con
carácter de definitivo y por ende, el único susceptible de control jurisdiccional.

12. Señaló, además, que las Resoluciones Nos. 2405 de 27 de marzo de 2015
y 8346 de 10 de diciembre de 2015, actos administrativos que estimó el demandado
debían haber sido objeto de enjuiciamiento judicial, eran solo actos de ejecución de
una decisión administrativa previa.

Sentencia apelada

13. Mediante sentencia de 14 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró la nulidad de la Resolución No. 7303 de 23 de octubre de 2014,
ordenó la suspensión del pago de la pensión reconocida y negó la pretensión de
devolución de sumas de dinero.

14. Para ello, señaló que el señor Montoya Cano no cumplía con los requisitos
exigidos en el Acuerdo de 4 de agosto de 1995, pues si bien a 26 de junio de 1995
contaba con más de 10 años de servicio, solo tenía 38 años de edad. En otras
palabras, no tenía la edad mínima establecida en el acuerdo laboral celebrado entre
las partes y, en consecuencia, no podría hacerse acreedor a la pensión de jubilación
convencional.

15. Además, no era de recibo el argumento según el cual podría cumplirse el
requisito de edad con posterioridad porque ello no fue pactado de esa manera4 y,
en todo caso, el acuerdo estableció expresamente que quienes no cumplían con los
requisitos para acceder a la pensión tendrían derecho a una compensación
económica y un plan de vinculación a la nueva empresa prestadora de servicios
públicos. Beneficios a los que accedió el señor Montoya Cano.

4 «Es de recordar que, en el pacto convencional, se estableció expresamente que el vínculo laboral con la

empresa municipal se entendía hasta el 26 de junio de 1995, de modo tal, que no podían extenderse dichos
efectos más allá de lo establecido en dicho acuerdo».

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

16. Indicó que contrario a lo señalado por el demandado, el Acta No. 1 del 27
de febrero de 1997 no planteó ni autorizó el reconocimiento de pensiones a
extrabajadores que cumplieran la edad con posterioridad al 26 de junio de 1995. En
la reunión que dio lugar a esa acta se estudió el cambio de estatus de los empleados
que quedaron laborando en ese momento de la empresa de servicios públicos a
trabajadores oficiales, y la posibilidad de proyectar pensiones a favor de 8 miembros
del sindicato con fuero. Situación en la que el demandando no demostró estar.

17. Asimismo, sostuvo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, no hay lugar a recuperar las prestaciones
periódicas pagadas a los particulares de buena fe y, para el presente caso, la
Administración no logró desvirtuar la misma.

18. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas, dado que las pretensiones
de la demanda se reconocieron de manera parcial.

Recurso de apelación

19. El señor Montoya Cano presentó recurso de apelación en el que manifestó
que el alcance dado al Acta No. 1 de 1997 resultó discriminatoria y contraria a los
principios de favorabilidad y progresividad, pues restringió la aplicación del acuerdo
laboral sin plantear argumentos que lo justificaran.

20. Sostuvo que el tribunal no hizo una ponderación entre las normas que la
entidad actora invocó como vulneradas y la interpretación favorable que efectuó en
su momento la Administración cuando expidió la Resolución No. 7303 del 23 de
octubre de 2014.

21. Expresó que, de acuerdo con la Corte Constitucional, negar derechos o
beneficios convencionales al entender los acuerdos laborales como pruebas y no
como normas susceptibles de interpretación bajo el principio de favorabilidad
constituye una afrenta al derecho al debido proceso y las garantías laborales5.

22. Añadió que no fueron valoradas en debida forma las resoluciones aportadas
durante el trámite cautelar, que daban cuenta de la existencia de casos con
identidad fáctica en los que habían sido reconocidas pensiones convencionales por
parte de la autoridad demandante bajo las mismas circunstancias del demandado.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto de 24 de agosto de 2023, se admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de 14 de mayo de 2021.

24. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

5 El demandado invocó la sentencia SU-445 de 2019 de la Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

III. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala determinar si el señor Rodrigo Montoya Cano era o
no beneficiario del plan pensional pactado en el Acuerdo Laboral Definitivo y su
Anexo Único de 4 de agosto de 1995, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena,
las Empresas Públicas Distritales de Cartagena y los extrabajadores de la
mencionada entidad. En el evento en el que la respuesta a este interrogante sea
negativa, deberá establecerse si hay lugar o no a ordenar la devolución de valores
pagados.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 14 de mayo de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que no se
cumplieron los requisitos extralegales para acceder a la pensión convencional y no
se demostró la mala fe que hiciera procedente la devolución de las mesadas
pagadas.

28. Para resolver, es preciso tomar en consideración que, con ocasión de la
liquidación de las Empresas Públicas Distritales de Cartagena, el 4 de agosto de
1995, se suscribió un Acuerdo Laboral para definir ciertos aspectos de orden laboral
y prestacional de quienes eran hasta ese entonces los trabajadores de dicha
entidad.

29. Sobre el particular y en lo que interesa al objeto del asunto de la referencia,
en dicho acuerdo se estipuló, entre otros, que (i) los contratos de trabajo terminarían
por mutuo acuerdo entre las partes a partir del 27 de junio de 1995 [numeral 1]; (ii)
se pagaría una compensación económica equivalente a una indemnización de la
cual serían excluidos quienes tuvieran derecho a acceder a una pensión de
jubilación [numerales 3 (parágrafo), 4 y 7 (parágrafo)]; (iii) un plan pensional para
aquellos trabajadores que a 31 de diciembre de 1995 contaran con (a) mínimo 10
años de servicio y 45 años de edad, o (b) mínimo 15 años de servicio y 44 años de
edad [numeral 6]; (iv) el tiempo de servicio requerido para acceder al plan pensional
quedaría congelado el 26 de junio de 1995 [numeral 6 (parágrafo 2)]; y (v) quienes
estuvieren próximos al plan pensional anticipado convenido, pero que a la fecha del

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

acuerdo no contaran con la edad o el tiempo de servicio para acceder al beneficio
se les daría prelación en la contratación laboral de la empresa Aguas de Cartagena
SA ESP [numeral 10].

30. Dicho acuerdo fue acompañado de un anexo único de la misma fecha (4 de
agosto de 1995) en el que se dispuso expresamente que el acuerdo laboral sería
aplicable a los extrabajadores que estuvieran activos en las Empresas Públicas
Distritales de Cartagena el 26 de junio de 1995 [numeral 4 (parágrafo)].

31. Asimismo, dados los reparos planeados en la contestación de la demanda,
cobra especial relevancia tener de presente que, el 27 de febrero de 1997, la Junta
Directiva de las Empresas Públicas Distritales de Cartagena en Liquidación estudió
y aprobó (i) la reliquidación y devolución de los valores descontados por IVM a los
pensionados de la entidad, (ii) el cambio de estatus laboral de quienes permanecían
vinculados, y (iii) la proyección de pensiones a favor de ocho (8) miembros del
sindicato que tenían fuero, a partir del momento en que estos cumplieran los 45
años de edad. Frente a este último punto, autorizó al «Gerente Liquidador para
concertar con los trabajadores oficiales miembros del sindicato la mejor forma de su
desvinculación».

32. De conformidad con lo anterior, se tiene que el régimen convencional
previsto en el Acuerdo Laboral Definitivo de 4 de agosto de 1995 fijó como requisitos
para acceder a una pensión de jubilación que, a 31 de diciembre de 1995, el
extrabajador de la empresa cumpliera con uno de dos supuestos: (a) 10 años o más
de servicio y 45 años de edad, o (b) 15 años o más de servicio y 44 años de edad.
Además, estableció que quienes no cumplieran con los aludidos presupuestos
serían priorizados en la contratación en la empresa Aguas de Cartagena SA ESP y
tendrían, entre otros, derecho a una compensación (de carácter indemnizatorio) que
no sería compatible con la pensión de jubilación antes mencionada.

33. Posteriormente, la Junta Directiva de las Empresas Públicas Distritales de
Cartagena en Liquidación aprobó una alternativa de retiro para los líderes sindicales
aun vinculados a la empresa para el 27 de febrero de 1997. Concretamente, avaló
la posibilidad de proyectar en el tiempo el plan pensional del Acuerdo Laboral
Definitivo de 4 de agosto de 1995, para 8 trabajadores activos en ese momento que
pertenecían al sindicato y contaban con fuero.

34. En ese orden de ideas, la Sala procede a valorar las pruebas obrantes en
el proceso para determinar si el señor Montoya Cano era o no beneficiario del
régimen pensional convencional antes descrito.

35. De los elementos de juicio que obran en el expediente, se tiene que (i) el
señor Rodrigo Montoya Cano nació el 4 de febrero de 19576; y (ii) laboró en las

6 Registro civil de nacimiento con indicativo serial No. 56149776.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Empresas Públicas Distritales de Cartagena en Liquidación entre el 17 de abril de
1985 hasta el 26 de junio de 19957.

36. Aunado a ello, quedó demostrado que (iii) en 19958, el señor Montoya Cano
y el gerente liquidador de las Empresas Públicas Distritales de Cartagena en
Liquidación suscribieron un acuerdo conciliatorio, en el que se dispuso que (a)
existían dudas sobre la naturaleza del empleo desempeñado por el primero
[empleado público o trabajador oficial], (b) la relación legal o laboral entre los antes
mencionados terminó de mutuo acuerdo el 27 de junio de 1995, (c) pese a que la
terminación del vínculo se dio por mutuo acuerdo, se pactó una compensación
económica con el fin de conciliar cualquier derecho legal o extralegal que hubiese
tenido o que pudiese tener como trabajador oficial, incluyendo eventual
indemnización o cualquier otra acreencia laboral9, sin perjuicio de las prestaciones
sociales a que tiene derecho, y (d) recibida dicha compensación, el trabajador
manifiesta quedar a paz y salvo por todo concepto laboral.

35. A partir de lo anterior, se advierte que, tal como lo señaló en su momento el
Tribunal Administrativo de Bolívar, el demandado no cumplió con los requisitos
previstos en el Acuerdo Laboral Definitivo de 4 de agosto de 1995 para acceder al
plan pensional, toda vez que a 31 de diciembre de 1995 pese a que contaba con
más de 10 años de tiempo de servicio, solo tenía 38 años de edad.

36. Asimismo, contrario a lo que pretende la parte demandada, no podrían
extenderse de forma retroactiva los efectos de las decisiones adoptadas por la Junta
Directiva de las Empresas Públicas Distritales de Cartagena en Liquidación
contenidas en el Acta No. 1 de 27 de febrero de 1997, porque (i) para esa fecha, el
señor Montoya Cano ya se había desvinculado de la empresa por terminación de
mutuo acuerdo de la relación laboral y, en todo caso, en el proceso no se acreditó
que el antes mencionado contara con fuero o siquiera hubiere hecho parte del
sindicato.

37. Esto demuestra que el argumento del recurrente sobre favorabilidad e
igualdad no es válido, dado que el demandado se encontraba en una situación
fáctica y jurídica disímil de aquellos trabajadores de la empresa que en 1997
continuaban vinculados a la misma y hacían parte del sindicato de trabajadores con
sus respectivos fueros. En otras palabras, el demandado no estaba en la misma
situación que los trabajadores sindicalizados con fuero vinculados a la empresa a
1997, por lo que no hay violación del principio de igualdad, pues se encontraba
justificado el trato diferenciado.

38. Contrario a lo que manifestó el señor Montoya Cano en su recurso de
apelación, no se evidencia que el Tribunal Administrativo de Bolívar, en su decisión

7 Oficio AMC-CER-0000188-2014 de 10 de marzo de 2014 expedido por el director del Fondo Territorial de

Pensiones del Distrito de Cartagena de Indias.
8 De la fecha solo resulta legible el año.
9 «entre extras como, dominicales, festivos, descanso compensatorio, horas extras recargos nocturnos, Prima

de alimentación, prima de antigüedad, prima ambiental, auxilio de transporte, viáticos, dotaciones, de uniforme
y calzado, vacaciones y prima de vacaciones y cualquier otra que le hubiere correspondido».

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

de primer grado, hubiera dado un alcance contraevidente o inconstitucional del
acuerdo laboral. En lugar de ello, logra advertirse un ejercicio interpretativo y de
aplicación normativa razonable y ajustados a los hechos materiales del caso.

39. Ahora bien, en relación con la devolución de las sumas pagadas por parte de
la demandante a título de mesadas pensionales, debe señalarse que (i)
estas fueron presentadas como pretensiones accesorias y, en consecuencia,
siguen la suerte de la principal y (ii) en todo caso, no está demostrada la mala fe de
la parte demandada de cara al reconocimiento y pago de la pensión a su favor.

40. En mérito de lo expuesto, existen razones suficientes para confirmar la
decisión que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda10.

Condena en costas en segunda instancia

41. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos.

43. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA
se mantiene incólume; en ese sentido, la sentencia impondrá condena en costas
sobre la parte vencida en el proceso. La liquidación y ejecución se regirán conforme
al artículo 366 del CGP, teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso
del artículo 188 del CPACA.

44. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada porque resultó
vencida en el proceso comoquiera que no se accedió a las súplicas de su recurso
de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

10 En el mismo sentido de esta decisión: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 27

de abril de 2023. Rad. 13001-23-33-000-2015-00492-01 (3601-2022).

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia

Radicación: 13001-23-33-000-2015-00491-01 (3687-2022)
Demandante: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 14 de mayo de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia al señor Rodrigo
Montoya Cano, a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.