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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00622-01

Fecha
14 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00622-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión. 14 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Radicado: 13001-23-33-000-2015-00622-01 (3146-2023)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2015-00622-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

14 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., catorce (14) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2015-00622-01 (3146-2023)
Demandante: Humberto Maturana Pérez
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional

Tema: Marco normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de
invalidez de los miembros de la fuerza pública. Normas vigentes
al momento de estructuración. Aplicación de la Ley 100 de 1993
por favorabilidad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada, contra la
sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil veinte (2020) por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Humberto Maturana Pérez instauró demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de acto administrativo complejo conformado por el Acta
Nro. 027 del 9 de mayo de 1997, proferida por la Junta Médico Laboral y el acto
administrativo presunto o ficto, causado por la no respuesta a la petición que se
presentó el 26 de marzo de 2013, en cuanto negó el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago de la pensión de invalidez; que se reconozcan y paguen las mesadas, los
retroactivos y los demás derechos prestacionales causados entre la fecha de
causación del derecho y aquella en que se verifique el pago en una suma de dinero
debidamente indexada; que se reconozca y pague la prima de actualización, así
como los intereses moratorios sobre las mesadas adeudadas desde que el derecho
se hizo exigible y hasta que se verifique su vinculación a nómina.

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HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 12 de julio de 1995 ingresó a la Armada Nacional a prestar servicio militar
obligatorio, pero le fue dada la baja el 25 de noviembre de 1996.

Que transcurridos tan solo 8 meses desde que se vinculó a la Armada Nacional
comenzó a padecer fuertes dolores lumbares, motivo por el cual consultó en el
Hospital Naval de Cartagena, donde le diagnosticaron enfermedad de Berger.

Que el 9 de mayo de 1997 se le practicó Junta Médico Laboral que determinó que
el porcentaje de disminución de su capacidad laboral correspondía al 60.5%.

Que el acta de la Junta Médico Laboral nunca le fue notificada, motivo por el cual
no interpuso los recursos que procedían.

Que el 26 de marzo de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez ante el Ministerio de Defensa Nacional donde solicitó que, por
favorabilidad, se le aplicara la normativa del régimen general, ya que estipula que
la pensión de invalidez puede reconocerse con el 50% de pérdida de capacidad
laboral.

Que, vencido el término estipulado por la ley, el Ministerio de Defensa Nacional no
contestó la petición, motivo por el cual se consolidó el acto administrativo ficto o
presunto negativo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 13, 48, 53 y 90 de
la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; las sentencias C-461 de 1995 y T-677
de 2012; y algunas sentencias del Consejo de Estado.

En el concepto de violación se indicó que la normativa dispuesta en el Decreto 94
de 1989, que dispone que el reconocimiento de la pensión de invalidez se hará
cuando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sea superior al 75%, es
onerosa y drástica en comparación a la contemplada en la Ley 100 de 1993, vigente
para la época de estructuración de los hechos.

Que lo anterior se traduce en un trato discriminatorio, dado que el régimen especial
determinó un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado
de trabajadores, en abierta contradicción con el artículo 13 de la Constitución
Política.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante los juzgados administrativos de
Cartagena quienes, por auto del 31 de agosto de 2015, declararon la falta de

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competencia para conocer el proceso y la remitieron al Tribunal Administrativo de
Bolívar 1. En providencia del 8 de febrero de 2016 se admitió2.

La demandada contestó oponiéndose a las pretensiones, tras indicar que actuó
conforme con la normativa aplicable al caso y que el accionante, en ningún
momento, probó la ilegalidad de los actos acusados, ni haber cumplido con todos
los requisitos para ser beneficiario de la pensión de invalidez. Propuso como
excepciones las de presunción de legalidad, carencia del derecho del demandante,
cobro de lo no debido, buena fe, prescripción y la innominada 3.

El 28 de septiembre de 2017 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y
se decretaron las pruebas 4. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión,
se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el quince (15) de
mayo de dos mil veinte (2020), accedió a las pretensiones tras indicar que, dando
aplicación al principio de favorabilidad, el demandante sí cumplió los requisitos
previstos en la Ley 100 de 1993 para acceder al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez.

Que como la pérdida de capacidad laboral se estableció el 9 de mayo de 1997, en
principio, el régimen aplicable al caso en materia de pensión de invalidez sería el
contenido en el Decreto 94 de 1989, pero que la aplicación de esa norma implicaría
avalar la aplicación de normas desfavorables del régimen especial que establecen
desmejoras injustificadas. Que, en consecuencia, el régimen por el cual debía
regirse la situación era el contemplado en los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de
1993, por serle más beneficioso.

Que, aplicando esa norma, el actor tenía derecho al reconocimiento de la pensión
de invalidez ya que presentó una pérdida de capacidad laboral superior al 50%; y
porque para la fecha en la que se dictaminó dicha merma, tenía un tiempo total de
servicio de 1 año, 4 meses y 13 días, con lo que demostró haber realizado aportes
por más de 26 semanas en el año anterior al momento en que se produjo la
invalidez.

Que, por ende, se declaraba la nulidad del acto ficto o presunto negativo del 28 de
junio de 2013, producto del silencio administrativo ante la petición que se presentó
el 27 de marzo de 2013, por el cual la entidad demandada negó el reconocimiento
y pago de la pensión de invalidez.

Que se ordenaba el pago de dicha prestación a partir del 10 de mayo de 1997 y que
las mesadas debían liquidarse en cuantía equivalente al 45% del ingreso base de
liquidación, conforme con el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, sin que pudiera ser
inferior al salario mínimo. Que se declaraba la prescripción de las mesadas

1 Véase a folios 82-85 PDF, del archivo «01ExpedienteDigitalizado», disponible a índice 2 de SAMAI.
2 Véase a folios 91-96 PDF, ibid.
3 Véase a folios 106-129 PDF, ibid.
4 Véase a folios 84-87 PDF, ibid.

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pensionales causadas con anterioridad al 26 de marzo de 2010 y que se condenaba
en costas a la parte accionada 5.

Mediante sentencia complementaria del treinta (30) de julio de dos mil veintiuno
(2021), se adicionó el numeral segundo del fallo del quince (15) de mayo de dos mil
veinte (2020), en el sentido de precisar el reconocimiento del pago de intereses
moratorios de las mesadas pensionales no prescritas, esto es, las del periodo
transcurrido entre el 27 de mayo de 2010 y el 15 de mayo de 2020 6.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que el fallo
apelado no indicó cuáles eran las causales de nulidad que viciaron la legalidad del
acto demandado. Que el fallador no declaró la excepción de inconstitucionalidad, ni
fundamentó las razones de hecho y de derecho para inaplicar las normas aplicables
al demandante, pues el caso debió fallarse con el régimen especial y no con la Ley
100 de 1993.

Que se oponía al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez porque al
demandante se le determinó que la pérdida de capacidad laboral correspondía al
60.5%, a causa de la enfermedad de Berger, calificada «en el servicio, pero no por
causa o razón de este». Que como la disminución de su capacidad laboral no fue
superior al 75%, porcentaje mínimo que se exigía a la fecha de los hechos, no podía
accederse a las pretensiones 7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 26 de junio de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría al Despacho para dictar sentencia, salvo que las
partes presentaran solicitud probatoria, y se advirtió que el Ministerio Público podría
conceptuar hasta antes de que el proceso ingresara para fallo. Igualmente, se
señaló que no se pronunciaría sobre la solicitud de testimonios presentada para
demostrar la sucesión procesal, toda vez que ello se admitió en primera instancia 8.

Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no emitió concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si el señor Humberto Maturana Pérez
tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, con fundamento
en la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el porcentaje de disminución de la
capacidad laboral dictaminada en un 60.5%.

5 Véase a folios 186-201 PDF, ibid.
6 Véase el archivo «02SentenciaComplementaria», a índice 2 de SAMAI.
7 Véase a folios 224-236 PDF, del archivo «01ExpedienteDigitalizado», a índice 2 de SAMAI.
8 Véase a índice 4 de SAMAI.

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Marco normativo aplicable al reconocimiento de la pensión de invalidez de los
miembros de la fuerza pública

Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la invalidez, tanto el régimen
general, como los regímenes exceptuados, han previsto una prestación dirigida a
solventar las necesidades básicas de aquellas personas que ven sustancialmente
reducida la posibilidad de explotar su capacidad productiva en el mercado laboral y,
con ello, la de proveerse los medios para su propia subsistencia y la de su núcleo
más cercano.

Es así como el Congreso de la República profirió la Ley 5ª de 1988, confirió al
presidente facultades extraordinarias para, entre otras, reformar el estatuto de
capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones del personal
de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, soldados,
grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del
Ministerio de Defensa y la Policía Nacional; así como para reformar los reglamentos
de calificación y clasificación para el personal de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional.

El Decreto 94 de 1989 en su artículo 90, reguló la pensión de invalidez, de los
soldados y grumetes, así:

«Artículo 90. PENSION DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y
GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal
de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad
durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su
capacidad sicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una
pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:

a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el
índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica del
75% y no alcance al 95%.

b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el
índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad sicofísica
igual o superior al 95%» (subrayas fuera de texto).

Posteriormente se profirió el Decreto 1796 de 2000, que, en relación con la pensión
de invalidez a favor de los soldados, preceptuó:

«ARTICULO 39. LIQUIDACIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL
PERSONAL VINCULADO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO Y PARA LOS SOLDADOS PROFESIONALES. Cuando el
personal de que trata el presente artículo adquiera una incapacidad durante el
servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad
laboral, tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión
mensual valorada y definida de acuerdo con la reglamentación que expida el
Gobierno Nacional para el efecto, y liquidada como a continuación se señala:

a. El setenta y cinco por ciento (75%), del salario que se señala en el parágrafo
primero del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) y no alcance el ochenta y
cinco por ciento (85%).

b. El ochenta y cinco por ciento (85%) del salario que se señala en el parágrafo
primero del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea

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igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) y no alcance el noventa y
cinco por ciento (95%).

c. El noventa y cinco por ciento (95%), del salario que se señala en el parágrafo
primero del presente artículo, cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%). [...]».

La Ley 923 de 2004 previó en su artículo 3° los elementos mínimos que tendría que
considerar el Gobierno Nacional cuando reglamentara la materia, estableciendo lo
siguiente respecto de la pensión de invalidez:

«Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión
de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de
estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por
el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes
elementos:

[…]

3.5. El derecho para acceder a la pensión de invalidez, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta el porcentaje de la disminución de la capacidad laboral
del miembro de la Fuerza Pública, determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales hoy vigentes,
teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que
originen la disminución de la capacidad laboral. En todo caso no se podrá
establecer como requisito para acceder al derecho, una disminución de la
capacidad laboral inferior al cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión
en ningún caso será menor al cincuenta por ciento (50%) de las partidas
computables para la asignación de retiro.

Podrá disponerse la reubicación laboral de los miembros de la Fuerza Pública
a quienes se les determine de conformidad con el estatuto de la capacidad
sicofísica, incapacidades e invalideces, una disminución de la capacidad laboral
que previo concepto de los organismos médico-laborales militares y de policía
así la ameriten, sin perjuicio de la indemnización a que haya lugar» (subrayas
fuera de texto).

Como consecuencia de las disposiciones contenidas en la anterior ley, se expidió el
Decreto 4433 de 2004 que, sobre el reconocimiento y liquidación de la pensión de
invalidez, estableció:

«Artículo 30. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Junta Médico Laboral o Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y
de Policía, al personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las
Fuerzas Militares, y de Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo,
Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio
de la Policía Nacional se les determine una disminución de la capacidad laboral
igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan según lo previsto en el presente decreto:

30.1 El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%) e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).

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30.2 El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%) e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).

30.3 El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%).

Parágrafo 1°. La base de liquidación de la pensión del personal vinculado para
la prestación del servicio militar obligatorio, será el sueldo básico de un Cabo
Tercero o su equivalente en la Policía Nacional.

Parágrafo 2°. Las pensiones de invalidez del personal de Soldados
Profesionales, previstas en el Decreto-ley 1793 de 2000 serán reconocidas por
el Ministerio de Defensa Nacional con cargo al Tesoro Público.

Parágrafo 3°. A partir de la vigencia del presente decreto, cuando el
pensionado por invalidez requiera del auxilio de otra persona para realizar las
funciones elementales de su vida, condición esta que será determinada por los
organismos médico laborales militares y de policía del Ministerio de Defensa
Nacional, el monto de la pensión se aumentará en un veinticinco por ciento
(25%). Para efectos de la sustitución de esta pensión, se descontará este
porcentaje adicional».

No obstante, en sentencia del 28 de febrero de 2013, dentro del proceso radicado
11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238–2007), la Sección Segunda del Consejo de
Estado declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» contenida en la anterior norma pues, con base en lo regulado en el
numeral 3.5 del artículo 3° de la Ley 923 de 2004, se concluyó que el Gobierno
nacional había excedido la competencia que le fue otorgada para regular la materia,
al fijar un parámetro distinto del 50%. Posteriormente, en fallo del 23 de octubre de
2014, en el proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), esta
Sección precisó el alcance de aquella sentencia y declaró la nulidad de todo el
articulado.

Ante la ausencia de reglamentación en la materia que resultó de estos
pronunciamientos, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1157 de 2014, que
dispuso lo siguiente:

«Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de
Revisión Militar y de Policía, realizada por los organismos médico-laborales
militares y de policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales,
Soldados Profesionales y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de las Fuerzas Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros
del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio de la Policía Nacional, una disminución de la capacidad
laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%) ocurrida en servicio activo,
tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del vencimiento de los tres
meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio, mientras subsista
la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión mensual, que
será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004
y 1858 de 2012, así:

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2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y
cinco por ciento (75%).

2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al
ochenta y cinco por ciento (85%).

2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad
laboral sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al
noventa y cinco por ciento (95%).

2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la
disminución de la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por
ciento (95%). [...]»

De acuerdo con lo anterior, el precepto llamado a reglar la pensión de invalidez del
demandante, se encuentra contenido en el artículo 90 del Decreto 94 de 1989, que
dispone que el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza
Pública surge cuando se presenta una pérdida de capacidad laboral igual o superior
al 75% en hechos ocurridos durante el servicio.

Régimen general de la pensión de invalidez consagrado en la Ley 100 de 1993

Los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 de 1993 regulan los requisitos para acceder
a la pensión de invalidez de origen común y los parámetros para definir el monto en
que ella debe reconocerse, estableciendo que hay lugar a esta prestación cuando
se sufre una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% y que no tenga
por causa un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Para ello,
originalmente, preceptuaba:

«ARTICULO 39. Requisitos para obtener la Pensión de Invalidez. Tendrán
derecho a la pensión de invalidez, los afiliados que conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior sean declarados inválidos y cumplan alguno de los siguientes
requisitos:

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al régimen y hubiere cotizado por lo
menos 26 semanas, al momento de producirse el estado de invalidez;

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes
durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento
en que se produzca el estado de invalidez.

PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del artículo
33 de la presente Ley».

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 860 de 2003 modificó dichos requisitos, para
lo cual: i) aumentó a 50 el número de semanas mínimas de cotización exigidas; ii)
eliminó el trato diferenciado entre afiliados que se encontraran cotizando al sistema
y los que no lo estuvieran al momento de estructuración del estado de invalidez; y
iii) exigió fidelidad de cotización al sistema con cotizaciones mínimas del «veinte por
ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió́ veinte (20)
años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez».

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Sin embargo, mediante Sentencia C-428 de 2009, la Corte Constitucional declaró
inexequible el requisito de fidelidad de cotización al sistema, por lo que el artículo
quedó de la siguiente forma:

«ARTICULO 39. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá
derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo
dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes
condiciones:

1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50)
semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la
fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al
menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en
que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del
estado de invalidez.

2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas
dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante
de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que
cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado
de invalidez.

Parágrafo 1º. Los menores de veinte (20) años de edad sólo deberán acreditar
que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente
anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

Parágrafo 2º. Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las
semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se
requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años».

Conforme con esto, son tres los factores que permiten determinar si resulta
procedente o no el reconocimiento de este derecho en el Sistema General de
Seguridad Social, a saber: i) la disminución de la capacidad laboral igual o mayor al
50%; ii) la identificación de la fecha de estructuración de la invalidez; y iii) el número
de semanas cotizadas para ese entonces.

De ese modo, aun cuando los miembros de la Fuerza Pública y de la Policía
Nacional se encuentran exceptuados del régimen general previsto en la Ley 100 de
1993, la jurisprudencia constitucional ha admitido que, en aquellos eventos en los
que las normas del régimen especial representen una desmejora injustificada para
estos, se apliquen las normas del régimen general de seguridad social, al tratarse
de un trato discriminatorio que es violatorio del derecho a la igualdad.

Resolución del caso concreto

A fin de determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, con fundamento en la Ley 100 de 1993, la Subsección
encuentra probado los siguientes hechos:

El señor Humberto Maturana Pérez prestó sus servicios a la Armada Nacional entre
el 12 de julio de 1995 y el 25 de noviembre de 1996 9. El 9 de mayo de 1997 se le
practicó Junta Médica Laboral, en la que se determinó: i) que presentaba una

9 Véase a folio 18 PDF, del archivo «01ExpedienteDigitalizado», a índice 2 de SAMAI.

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incapacidad relativa y permanente, por lo que no era apto para el servicio; ii) que el
porcentaje de disminución de capacidad laboral correspondía al 60.5%; y iii) que la
enfermedad diagnosticada se presentó en el servicio, pero no por causa y razón de
este10. Y el 27 de marzo de 2013 radicó ante el Ministerio de Defensa Nacional una
solicitud de reconocimiento pensional 11, la cual no se resolvió por parte de la
entidad.

Ahora, se destaca que el régimen aplicable en el reconocimiento de la pensión de
invalidez es el vigente a la fecha de estructuración 12, en esta medida, podría decirse
que el régimen aplicable al caso del demandante es el especial contenido en el
Decreto 94 de 1989, cuyo artículo 90 exige a los miembros de las fuerzas militares
una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75%, por lo que al
haberse calificado su pérdida de capacidad laboral con un 60.5%, es evidente que
no cumple el requisito.

Sin embargo, en este caso es viable valerse, por favorabilidad, del régimen general
de pensiones, que prevé una disminución de la capacidad laboral superior al 50%
para ser beneficiario de la pensión de invalidez 13, así como cotizaciones por 26
semanas dentro del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca
el estado de invalidez, conforme con la redacción original del artículo 39 del régimen
general de pensiones.

Ello, toda vez que, cuando al momento de causarse un derecho se está en
presencia de dos o más disposiciones jurídicas vigentes que proveen una solución
al caso, en virtud del principio de favorabilidad, se debe escoger, en su integridad,
el texto normativo que le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o
beneficiario del Sistema de Seguridad Social.

En este caso, como al demandante se le certificó un porcentaje del 60.5% de
pérdida de capacidad laboral la cual ocurrió durante el servicio y prestó sus servicios
a la Armada Nacional por el término de 1 año, 4 meses y 13 días, es claro que sí le
asiste derecho a la pensión de invalidez con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, para lo cual ha de tenerse como fecha de
estructuración el 9 de mayo de 1997, fecha en la que se llevó a cabo la Junta Médica
Laboral. Por consiguiente, el monto de la pensión había de determinarse de la
siguiente manera:

«ARTÍCULO 40. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. El monto mensual
de la pensión de invalidez será equivalente a:

a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por
cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas
con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización,
cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e
inferior al 66%.

10 Véase a folios 19-21 PDF, ibid.
11 Véase a folios 14-17 PDF, ibid.
12 Consejo de Estado. Subsección B. Exp. 68001-23-33-000-2015-00114-01 (3259-2016). Tesis reiterada por la

Subsección A, en las siguientes sentencias: Exps. 25001-23-42-000-2012-01404-01 (4267-2015); 08001-23-
33-000-2017-01393- 01(5256-2019); y 76001-23-33-000-2013-00572-01 (2029- 2019).
13 En este mismo sentido se pronunció esta Subsección en sentencia del 3 de mayo de 2018. Exp. 76001-23-

31-000-2012-00059-01 (3189-2017).

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b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con
posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando
la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de
liquidación.

En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual.

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y
comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca
tal estado» (cursivas originales).

De esta manera, queda resuelta la inquietud de la parte demandada, de por qué no
se aplicaron las disposiciones que en principio regían la situación del actor y se
privilegió dar aplicación a normas más favorables.

Por las razones expuestas, se confirmará la decisión apelada, en cuanto ordenó el
reconocimiento de la pensión de invalidez con fundamento en la Ley 100 de 1993.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 14 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se
accedió a las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

14 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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