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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2015-00747-01

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2015-00747-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1. MODIFICAR la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR, administrativamente responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, en una proporción del 50%, por los daños antijurídicos causados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO MACKENZIE. 51 De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 365 del C.G.P. “5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”. 36 radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191) actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional referencia: Medio de control de reparación directa SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES las siguientes indemnizaciones: - A favor de RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ y DANNA SOFÍA BAQUEDO VÁSQUEZ, en calidad de hijos, un total de 50 SMLMV para cada uno. - A favor de los señores RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO ROMERO, en calidad de padre, y MURIEL MACKENZIE MARTÍNEZ, en calidad de madre, un total de 50 SMLMV para cada uno. - A favor de los señores RICARDO ANTONIO BAQUEDO MACKENZIE y KEVIN BAQUEDO MACKENZIE, en calidad de hermanos, un total de 25 SMLMV para cada uno. - A favor de los señores EMÉRITA DEL CARMEN ROMERO MÓRELO, RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO ÁVILA y ANA MARÍA MARTÍNEZ BOLAÑO, en calidad de abuelos, un total de 25 SMLMV para cada uno. TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de RICARDO ANTONIO BAQUEDO MACKENZIE, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de DAÑO EMERGENTE, la suma de $721.484,82. CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de DANNA SOFÍA BAQUEDO VÁSQUEZ, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de LUCRO CESANTE, la suma de $39’041.647,61. QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2015-00747-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)

Actor: DUVIS PAOLA VÁSQUEZ MANUEL Y OTROS

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: REPARACIÓN DIRECTA - Responsabilidad extracontractual del Estado por
muerte de civil con arma de dotación oficial / RÉGIMEN SUBJETIVO DE
RESPONSABILIDAD / FALLA EN EL SERVICIO – Activación de arma de dotación
oficial - Uso de la fuerza por parte de la autoridad policial - Análisis sobre la
inminencia, urgencia y proporcionalidad en un contexto de alteración del orden
público / CONCURRENCIA DE CULPAS – La conducta de la víctima también incidió
en la causación del daño por el cual hoy se reclama una indemnización – Reducción
del 50%. / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN – Procede

1. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Policía
Nacional contra la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y se negó “el llamamiento en garantía con fines de
repetición deprecado por la demandada”.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se pretende la responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por la muerte
del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, ocurrida el 11 de mayo de 2014, en
el barrio Vista Hermosa de Cartagena, tras recibir un disparo con arma de dotación
oficial por parte de un patrullero. Según los demandantes, el deceso ocurrió como
consecuencia del uso desmedido de la fuerza por parte del agente estatal, en
contravía de los principios de proporcionalidad y de los protocolos institucionales
sobre el manejo de armas de fuego.

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

ANTECEDENTES

La demanda

3. Mediante escrito presentado el 25 de agosto de 20151, la señora Duvis Paola
Vásquez Manuel y otros2, presentaron demanda de reparación directa en contra de
la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, con el fin de que se la declarara
patrimonialmente responsable por “la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo
Mackenzie, producida el día 11 de mayo de 2014, en el Barrio Vista Hermosa de la
Ciudad de Cartagena”3.

4. Los hechos que motivaron la demanda fueron los siguientes:

El 11 de mayo de 2014, el señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie se encontraba
en el barrio Vista Hermosa de la ciudad de Cartagena, en compañía de su hermano
Ricardo Antonio Baquedo Mackenzie, realizando una prueba de sonido al vehículo
de propiedad del señor Marlon Ramos Blando.

5. Mientras llevaban a cabo dicha actividad, fueron abordados por dos patrulleros
de la Policía Nacional, identificados como Julián Quintana Araujo y Franklin José
Robles De La Hoz, quienes les ordenaron apagar el equipo. Ante esa instrucción, el
señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie explicó que el sonido no provenía del
automóvil, sino de un negocio de máquinas tragamonedas ubicado en la acera
opuesta. La respuesta molestó a uno de los uniformados, quien desenfundó su arma
de dotación, la accionó contra el suelo y, sin justificación alguna, disparó
nuevamente, impactando en el rostro del referido señor.

6. Luego del disparo, los agentes se retiraron del lugar sin brindarle asistencia a la
víctima, quien permaneció tendida en el suelo. Fue la comunidad del sector la que

1
SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folios
1-16.
2
Cómo demás demandantes figuran: Rafael Ricardo Baquedo Vásquez, Danna Sofía Baquedo
Vásquez, Ricardo Antonio Baquedo Mackenzie, Kevin Baquedo Mackenzie, Rafael Enrique Baquedo
Romero, Muriel Mackenzie Martínez, Emérita Del Carmen Romero Mórelo, Rafael Enrique Baquedo
Ávila, Ana María Martínez Bolaños, José David Mackenzie Martínez, William Enrique Baquedo
Romero, Ana Victoria Baquedo Díaz, Alba Del Socorro Baquedo Díaz, Armedys Arrazola De García,
Yadira Del Carmen Mackenzie Lorduy, Rodolfo Mackenzie Mercado, Fredy Mackenzie Lordoy,
Yolanda Mackenzie Mercado, María Del Carmen Anzoátegui Martínez, Sara Edith Baquedo Romero,
Fredy Rafael Baquedo Romero, Miguel Antonio Baquedo Romero y Marlene Mackenzie Martínez.
3
Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó, por concepto de
perjuicios morales el equivalente a 100 SMLMV para cada uno de los hijos, padres y compañera
permanente de la víctima, así como 50 SMLM para cada uno de sus abuelos y tíos, para un total de
“1450 SMLMV”. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se pidió un total de “$
“434’701.842”, y, por daño emergente, “$8’130.000”.

2

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

, al percatarse de la gravedad de la situación, procedió a trasladarlo a la Clínica Blas
de Lezo. Pese a la atención médica recibida, el señor Rafael Enrique Baquedo
Mackenzie falleció como consecuencia del disparo que recibió.

7. Con ocasión de los hechos, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía
Metropolitana de Cartagena inició una investigación disciplinaria identificada bajo el
expediente No. P-MECAR 2014-61. De igual manera, la Fiscalía General de la
Nación adelantó instrucción penal en contra de los patrulleros Julián Quintana
Araujo y Franklin José Robles De La Hoz, por el delito de abuso de función pública,
radicada con el número 130016001128201406512.

8. En criterio de la parte actora, la muerte del señor Baquedo Mackenzie ocurrió
como consecuencia de una falla en el servicio, por el uso injustificado de la fuerza,
la conducta arbitraria de los agentes y el desconocimiento de los protocolos para el
manejo de armas de fuego de dotación oficial. De forma subsidiaria invocaron la
teoría del riesgo excepcional, porque el daño tuvo origen en el empleo de un medio
peligroso asignado a los agentes por razón de sus funciones.

La respuesta de la entidad demandada4

9. La Policía Nacional5, centró su defensa en la participación causal de la víctima y
en la petición indemnizatoria, la cual consideró excesiva.

10. Indicó que, según lo probado, el señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie
habría arrebatado de manera arbitraria e irresponsable el arma de dotación oficial
al patrullero Julián Quintana Araujo, y durante el forcejeo que se produjo cuando
este intentó recuperarla se generó el disparo que le causó la muerte. Con
fundamento en esta versión de los hechos, pidió que, de llegarse a establecer una
condena, se redujera en un 50 %, imputando la otra mitad al actuar de la víctima.

11. En lo que respecta a los perjuicios materiales, la entidad afirmó que no se
encontraba probado que la víctima fuera una persona económicamente activa, ni
que contara con ingresos verificables, ni mucho menos que estos estuvieran
destinados al sostenimiento de sus familiares. Frente a los perjuicios morales,

4
El Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda el 26 de abril de 2016 (SAMAI, índice
2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folios 108-112),
decisión que se notificó de manera electrónica a la Policía Nacional el Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
5
SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folios
116-122.

3

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

sostuvo que las sumas reclamadas excedían los topes establecidos por el Consejo
de Estado en materia de indemnización para este tipo de casos.

Del llamamiento en garantía con fines de repetición

12. En escrito separado6, la Policía Nacional llamó en garantía con fines de
repetición al entonces patrullero Julián Quintana Araujo, por considerar que fue él
quien causó la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie. Fundó su
solicitud en la Ley 678 de 2001, señalando que la conducta del agente configuró
una culpa grave, al haber infringido la Constitución y la ley mediante una actuación
inexcusable y desproporcionada con el arma de dotación, en exceso de sus
funciones7.

13. El señor Julián Quintana Araujo se opuso al llamamiento en garantía 8. Alegó
que, si bien fue objeto de una investigación disciplinaria relacionada con el caso, la
sanción impuesta se refirió exclusivamente a una presunta manipulación indebida
del arma de fuego, y no a la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie,
hecho por el cual no había sido condenado.

14. Sostuvo, además, que tanto la parte demandante como la entidad demandada
dirigieron su juicio de reproche únicamente hacia su conducta, sin considerar el
comportamiento del propio fallecido, desde la óptica de la acción a propio riesgo.
Señaló que llegó al lugar de manera comedida y fue agredido por los civiles, quienes
intentaron arrebatarle el arma de dotación, originando un forcejeo en el que se
desencadenaron los hechos. A su juicio, esto excluye la existencia de una
manipulación imprudente del arma, pues no se trató de un uso activo y deliberado
del armamento, sino de una reacción en medio de una situación violenta generada
por terceros.

6
SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folios
127-130.
7
El llamamiento en garantía con fines de repetición fue admitido mediante auto del 28 de julio de
2017. SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2,
folios 131-132 c-1.
8
SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folios
140-145 c-1.

4

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

La sentencia de primera instancia9

15. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia del 30 de noviembre
de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y negó “el
llamamiento en garantía con fines de repetición deprecado por la demandada”10. La
parte resolutiva es la siguiente:

PRIMERO: DECLARAR, administrativamente responsable a la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL, por los daños antijurídicos
causados a los demandantes, con ocasión de la muerte del señor RAFAEL
ENRIQUE BAQUEDO MACKENZIE.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL, a reconocer y pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES a
favor de los demandantes el equivalente a SEISCIENTOS CINCUENTA salarios
mínimos mensuales legales vigentes, discriminados así́:

• A favor de RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ y DANNA SOFÍA
BAQUEDO VÁSQUEZ, en calidad de hijos, el equivalente a CIEN (100) salarios
mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

• A favor de los señores RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO ROMERO, en calidad
de padre y MURIEL MACKENZIE MARTÍNEZ, en calidad de madre, el
equivalente a CIEN (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para
cada uno.

• A favor de los señores RICARDO ANTONIO BAQUEDO MACKENZIE y
KEVIN BAQUEDO MACKENZIE, en calidad de hermanos, el equivalente a
CINCUENTA (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para cada uno.

• A favor de los señores EMÉRITA DEL CARMEN ROMERO MÓRELO,
RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO ÁVILA y ANA MARÍA MARTÍNEZ BOLAÑO, en
calidad de abuelos, el equivalente a CINCUENTA (50) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, para cada uno.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de RICARDO
ANTONIO BAQUEDO MACKENZIE, por concepto de perjuicios materiales en
la modalidad de DAÑO EMERGENTE, la suma de UN MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE ($ 1’220.000).

9
El 10 de julio de 2019, se celebró la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA,
oportunidad en la que se agotaron las etapas previstas en la norma en comento (SAMAI, índice 2.
Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folios 168-170). El
recaudo probatorio se llevó a cabo según se dejó constancia en audiencia de pruebas del 8 de agosto
de 2018. Luego, por auto del 6 de diciembre de 2018 se prescindió de la audiencia de alegaciones
y juzgamiento y, en su lugar, se ordenó la presentación de alegatos de conclusión por escrito
(SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folio
201). En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los fundamentos de hecho y de derecho
planteados en la demanda (SAMAI, índice 2. Archivo:
4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folio 208-210). La Policía Nacional
r eiteró los argumentos de defensa expuestos en su contestación (SAMAI, índice 2. Archivo:
4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2, folio 205-207). El Ministerio Público
no conceptuó.
10
SAMAI, índice 2. Archivo: 5ED_EXPTRIBUN_02SENTENCIAPRIMERAIN(.pdf) NroActua 2

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de DANNA SOFÍA BAQUEDO
VÁSQUEZ y RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ, por concepto de
perjuicios materiales en la modalidad de LUCRO CESANTE CONSOLIDADO,
la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
UN MIL DIECISIETE PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS $
93.451.017,91, discriminadas así́:

• A favor de DANNA SOFÍA BAQUEDO VÁSQUEZ, la suma de $46.725.509.

• A favor de RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ, la suma de
$46.725.509.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de DANNA SOFÍA
BAQUEDO VÁSQUEZ y RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ, por
concepto de perjuicios materiales en la modalidad de LUCRO CESANTE
FUTURO, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON UN CENTAVO
MCTE ($ 43.237.214,1), discriminadas así́:

• A favor de DANNA SOFÍA BAQUEDO VÁSQUEZ, la suma de $18.209.891,96

• A favor de RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ, la suma de
$25.027.322,2

SEXTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Abstenerse de condenar en costas a la Nación - Ministerio de
Defensa - Armada Nacional (sic).

16. El Tribunal Administrativo de Bolívar examinó, como primer punto, la existencia
del daño alegado, consistente en la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo
Mackenzie, ocurrida el 11 de mayo de 2014. Este hecho se tuvo por acreditado con
el respectivo registro civil de defunción y el informe técnico de necropsia emitido por
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 12 de mayo del
mismo año.

17. Por lo anterior, concluyó que los demandantes -padres, hijos, hermanos,
abuelos y tíos del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie-, a partir del probado
vínculo de parentesco, sufrieron un daño, entendido como “el impacto emocional
profundo, amplio y pluriofensivo” por la pérdida de su ser querido.

18. No ocurrió lo mismo con la señora Duvis Paola Vásquez Manuel, quien acudió
en calidad de compañera permanente del señor Rafael Enrique Baquedo
Mackenzie. El Tribunal advirtió que al proceso no se allegó prueba documental o
testimonial que permitiera confirmar la existencia de una relación afectiva y de

6

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

convivencia para el momento de los hechos y, aunque se estableció que era la
madre biológica de los hijos del fallecido, conforme a los registros civiles obrantes
en el expediente, ello no resultaba suficiente para demostrar la existencia de una
unión marital y, por tanto, el daño.

19. Superado lo anterior, el a quo abordó el estudio de la imputación. Concluyó que
se acreditó la existencia de una falla del servicio atribuible a la Policía Nacional,
representada en el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza por parte del
ex patrullero Julián Quintana Araujo.

20. En su criterio, la respuesta del agente al intervenir en la situación fue inadecuada
frente al nivel de riesgo enfrentado, y no existían elementos que justificaran el uso
de un arma de fuego. Indicó que no se probó la existencia de un enfrentamiento con
armas, ni siquiera una agresión física que pudiera justificar el disparo mortal que
recibió la víctima en la cabeza. Aun, si hubiese existido una riña con objetos
contundentes o fuerza física, no se configuraba una amenaza tal que habilitara la
reacción letal del uniformado, quien debía observar los principios de
excepcionalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.

21. Frente a la tesis de concurrencia de culpas propuesta por la entidad demandada,
el Tribunal la desestimó, por considerar que no se acreditó que el señor Baquedo
Mackenzie hubiera generado una situación de peligro que justificara la reacción del
patrullero, pues el disparo fue recibido en la parte posterior de la cabeza, lo que,
conforme a la lógica y la experiencia, descartaba un enfrentamiento directo o un
forcejeo que explicara el uso del arma como mecanismo de defensa.

22. Con fundamento en lo expuesto, el a quo concluyó que la Policía Nacional
incurrió en una extralimitación en el uso de la fuerza, actuando de forma inadecuada
e injustificada frente a la situación que enfrentaba, y vulnerando los protocolos
institucionales, en particular, el decálogo de seguridad de armas de fuego.

23. Como consecuencia de todo lo anterior, el a quo reconoció los perjuicios
materiales e inmateriales que se transcribieron al inicio de este acápite. Aunque se
probó el vínculo de parentesco de quienes acudieron al proceso en calidad de tíos
del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, lo cierto es que no acreditaron, la
existencia de una relación cercana o de afecto que permitiera inferir un verdadero
sentimiento de duelo o congoja derivado de su fallecimiento, de ahí que se negara
lo pretendido por estos.

7

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

24. En cuanto al llamamiento en garantía con fines de repetición formulado por la
Policía Nacional en contra del patrullero Julián Quintana Araujo, el Tribunal lo
rechazó. Señaló que la entidad no cumplió con la carga de argumentar si fundaba
su pretensión en dolo o culpa grave, ni explicó en qué hechos se sustentaba esa
calificación, limitándose a transcribir apartes del proceso disciplinario sin desarrollar
el análisis requerido por la Ley 678 de 2001, por lo que no se configuraban los
presupuestos necesarios para hacer efectiva la repetición.

26. No se condenó en costas, al considerar que la prosperidad de la demanda fue
parcial, “en la medida en que no se reconocieron en su totalidad los perjuicios
pretendidos” conforme a lo previsto en el numeral 5 del artículo 365 del CGP.

El recurso de apelación11

27. La Policía Nacional apeló la sentencia de primera instancia. En su criterio, el
Tribunal no valoró adecuadamente las pruebas que daban cuenta de la conducta
desplegada por la víctima, la cual habría sido determinante en la producción del
daño.

28. Sostuvo que el señor Baquedo Mackenzie intentó despojar del arma de dotación
al patrullero Julián Quintana Araujo, lo que generó un forcejeo entre ambos y
desencadenó el disparo fatal. Indicó que los uniformados se encontraban
cumpliendo funciones de control y vigilancia, y que, al intervenir un vehículo con
volumen alto de sonido, fueron agredidos por varios civiles con objetos
contundentes, versión que encontraba respaldo en el informe de novedad del 11 de
mayo de 2014, los testimonios y los dictámenes médico-legales que daban cuenta
de las lesiones sufridas por los patrulleros intervinientes.

29. Desde esa perspectiva, la entidad alegó que la conducta del señor Baquedo
Mackenzie no podía entenderse como ajena al daño, sino como su causa eficiente.
Agregó que los hechos ocurrieron en medio de un procedimiento policial legítimo,
desarrollado en el marco de sus funciones constitucionales y resaltó que el uso del
arma no fue premeditado, sino una reacción inmediata en un contexto de tensión,
por lo que el accionar del patrullero no podía calificarse como una extralimitación.

11
El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación el 14 de junio de 2024 (SAMAI, índice
4). No hubo lugar a dar traslado para alegar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247-5
del del CPACA -modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021-.

8

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

30. En cuanto al llamamiento en garantía con fines de repetición, la Policía insistió
en que el patrullero Julián Quintana Araujo debía responder patrimonialmente por
los hechos. Indicó que su conducta fue objeto de un proceso disciplinario que
concluyó con su destitución, lo cual evidenciaba una actuación gravemente culposa.

CONSIDERACIONES

Competencia

31. En los términos del artículo 152.6 de la Ley 1437 de 2011 12, los tribunales
administrativos son competentes para conocer en primera instancia los procesos de
reparación directa cuya cuantía supere los 500 SMLMV13, correspondiendo su
apelación al Consejo de Estado, conforme al artículo 150 de la misma norma 14. En
este caso, la parte demandante reclamó por concepto de lucro cesante la suma de
“$434.701.842”, monto que excede el umbral legal, de ahí que el conocimiento en
primera instancia le correspondiera al a quo15.

Legitimación en la causa

32. Con las copias de los registros civiles de nacimiento obrantes en el expediente
se demostró que: (i) Rafael Enrique Baquedo Romero y Muriel Mackenzie Martínez
son los padres del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie; (ii) Rafael Ricardo
Baquedo Vásquez y Danna Sofía Baquedo Vásquez son sus hijos; (iii) Ricardo
Antonio Baquedo Mackenzie y Kevin Baquedo Mackenzie son sus hermanos; y (iv)
Emérita del Carmen Romero Mórelo, Rafael Enrique Baquedo Ávila y Ana María
Martínez Bolaño son sus abuelos. Por tanto, la Sala encuentra acreditada su
legitimación en la causa por activa16.

12
Régimen procesal aplicable a la demanda radicada el 6 de septiembre de 2016.
13
“Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
“6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los
agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.
14
“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos (…)”.
15
Para el año 2015, fecha de presentación de la demanda, el SMLMV era de $ 644,350, suma
que, al multiplicarse por 500, arroja un total de $322,175,000.
16
Lo anterior se acreditó con los documentos que reposan en los folios 43, 37, 35, 53, 55, 45, 47 y
49, respectivamente, obrantes en SAMAI, índice 2. Archivo:
4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2.

9

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

33. La Sala no hará referencia alguna sobre la legitimación en la causa por activa
de la señora Duvis Paola Vásquez Manuel, quien acudió como compañera
permanente del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, ni respecto de los tíos17
del referido señor, dado que en primera instancia se negó el reconocimiento de
perjuicios a su favor por falta de prueba del daño en relación con la primera, y por
ausencia de evidencia sobre una relación cercana o de afecto que permitiera inferir
un verdadero sentimiento de duelo en relación con los segundos. Como ello no fue
apelado por la parte afectada, se trata de aspectos que quedaron definidos en
primera instancia.

34. Sobre la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que el daño alegado
en la demanda se hace derivar de unas acciones endilgadas a la Policía Nacional.
En ese sentido, se observa que respecto de tal entidad se efectuó una imputación
fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva
de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.

35. También se encuentra legitimado el señor Julián Quintana Araujo, en virtud del
llamamiento en garantía con fines de repetición que la Policía Nacional formuló en
su contra. El referido señor fue vinculado mediante auto del 28 de julio de 2017.

Caducidad del medio de control de reparación directa

3.6. De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2°, del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos (2)
años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.

3.7. La responsabilidad patrimonial que se aduce en la demanda se originó en el
daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de “la muerte del
señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, producida el día 11 de mayo de 2014,
en el Barrio Vista Hermosa de la Ciudad de Cartagena”. En el presente caso, el

17
Esto es: José David Mackenzie Martínez, William Enrique Baquedo Romero, Ana Victoria Baquedo
Díaz, Alba Del Socorro Baquedo Díaz, Armedys Arrazola De García, Yadira Del Carmen Mackenzie
Lorduy, Rodolfo Mackenzie Mercado, Fredy Mackenzie Lordoy, Yolanda Mackenzie Mercado, María
Del Carmen Anzoátegui Martínez, Sara Edith Baquedo Romero, Fredy Rafael Baquedo Romero,
Miguel Antonio Baquedo Romero y Marlene Mackenzie Martínez.

10

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

derecho de accionar se ejerció en tiempo, dado que la demanda se presentó el 25
de agosto de 201518.

Problema jurídico

38. En el marco de lo expuesto en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala
determinar si la Policía Nacional incurrió en una actuación desproporcionada e
injustificada durante el procedimiento policial adelantado el 11 de mayo de 2014,
que culminó con la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, o si, por
el contrario, su conducta -arrebatar el arma de dotación a uno de los patrulleros- fue
la causa determinante del daño, lo que justificaría su exoneración total o, en su
defecto, una reducción de responsabilidad por concurrencia de culpas.

39. Para resolver el problema, será necesario analizar si el uso del arma de fuego
por parte del patrullero Julián Quintana Araujo se produjo en el marco de sus
funciones y como respuesta inmediata a una situación de riesgo real, o si configuró
una extralimitación funcional en el uso de la fuerza, contraria a los principios de
necesidad y proporcionalidad.

40. Finalmente, de mantenerse la declaratoria de responsabilidad en cabeza de la
entidad, la Sala deberá pronunciarse sobre la procedencia del llamamiento en
garantía formulado contra el patrullero Julián Quintana Araujo, y si su conducta
puede ser calificada como gravemente culposa, conforme a los requisitos
establecidos en la Ley 678 de 2001.

Elementos de la responsabilidad

41. Tratándose de asuntos en los que se debate la responsabilidad extracontractual
del Estado, el primer presupuesto que se debe observar en el respectivo análisis es
la existencia del daño.

4.2. En el presente asunto, el daño alegado por los demandantes se hizo consistir
en la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, ocurrida el 11 de mayo
de 2014. Este elemento se acreditó con el registro civil de defunción, expedido por
la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como con el informe técnico médico-

18
Para acudir a esta jurisdicción, la parte actora presentó solicitud de conciliación ante la
Procuraduría 66 Judicial I Administrativa de Cartagena, actuación que se declaró fallida el 11 de julio
de 2015 (SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2.
Folios 72-75).

11

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

legal de necropsia del 12 de mayo de 2014, elaborado por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se concluyó que el deceso fue
consecuencia de un “shock neurogénico secundario a hemorragia subaracnoidea
producida por laceración cerebral y estallido del lóbulo derecho del cerebelo por
proyectil de arma de fuego” 19.

42. En relación con el segundo presupuesto, esto es, la atribución de
responsabilidad, no es otra cosa que la vinculación fáctica y jurídica del daño
antijurídico al Estado.

43. Desde el plano fáctico, lo que se analiza es el nexo causal, entendido como un
concepto de naturaleza estrictamente naturalística que permite establecer el origen
del resultado dañoso a partir de una conducta humana, ya sea por acción u omisión.
Por su parte, la imputación jurídica exige determinar la causa normativa que justifica
la obligación estatal de reparar el perjuicio, lo cual se hace con base en los distintos
títulos de responsabilidad construidos por la jurisprudencia, tales como la falla del
servicio, el riesgo excepcional o el daño especial20.

44. Previo a relacionar el material probatorio que obra en el expediente, la Sala
advierte que el mismo se nutre en su mayoría del proceso disciplinario que se
adelantó con ocasión de la muerte del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie en
contra de los patrulleros involucrados.

45. La Sala valorará sin restricción las pruebas documentales y testimoniales
trasladadas de dicha actuación, dado que su incorporación fue solicitada por ambas
partes, decretada dentro del expediente y respecto de ella se corrió traslado 21,
permitiendo a los extremos procesales conocer su contenido y ejercer la
contradicción. Adicionalmente, se advierte que los medios de convicción que allí
reposan fueron practicados con audiencia de la entidad demandada, conforme lo
exige el artículo 174 del CGP22. Estas consideraciones se hacen extensivas al
llamado en garantía, señor Julián Quintana Araujo.

19
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 folios 157-
158.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de agosto de 2023, expediente 63.197.
21
Auto del 25 de septiembre de 2018. SAMAI, índice 2. Archivo:
4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2. Folio 197.
22
“Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal: Las pruebas practicadas válidamente
en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre

12

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

46. Así las cosas, para efectos de resolver el caso puesto a su consideración, la
Sala procede a relacionar los siguientes hechos debidamente probados en el
expediente:

47. El 11 de mayo de 2014, en el barrio Vista Hermosa de Cartagena, durante
labores de control realizadas por la Policía Nacional, se presentó una situación de
alteración del orden público. En el marco de una intervención a un establecimiento
de maquinitas traga monedas y un vehículo con alto volumen de sonido, se produjo
un enfrentamiento entre varios civiles y los patrulleros Julián Quintana Araujo y
Franklin Robles de la Hoz, en medio del cual resultó herido con arma de fuego el
señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie. La víctima fue trasladada a la Clínica
Blas de Lezo, donde falleció por la gravedad de la lesión. Por los anteriores hechos
se suscribió el siguiente informe de novedad23:

Respetuosamente me dirijo a mi Teniente, con el fin de informarle la novedad
ocurrida el día 11-05-2014 durante el primer turno de vigilancia, cuando siendo
la 01:26 horas de la mañana momento en el cual los señores Patrulleros
ROBLES DE LA HOZ FRANKLIN y QUINTANA ARAGON JULIAN (…), se
encontraban realizando el control y cierre de establecimientos, a la altura del
paradero de turno de las busetas de zaragocilla en el barrio vista hermosa,
procedieron a intervenir un establecimiento de maquinitas que se encontraba
generando desorden y malestar en el lugar.

En el instante en que se realiza el llamado de atención al lugar, un particular
intenta agredir con un elemento contundente (una piedra) al señor Patrullero
ROBLES, quien se da cuenta de la situación e inmediatamente reduce al
particular y le coloca las esposas controlándolo y alejándolo del lugar,
seguidamente la patrulla se acerca a un vehículo que se encontraba en el lugar
con un alto volumen de sonido y unas personas alrededor del vehículo; (es de
anotar que según informa la patrulla de cuadrante este mismo vehículo ya se le
había llamado la atención minutos antes en la principal del barrio 20 de julio por
la misma razón), entonces cuando el señor Patrullero QUINTANA ARAGON
JULIAN le hace nuevamente el llamado de atención solicitándole a los
ciudadanos que le bajaran el volumen al vehículo, los particulares se alteran y
empiezan a generar insultos hacia los uniformados y se abalanzan contra los
Patrulleros agrediéndolos de forma física, verbal y con elementos contundentes
(arrojándoles piedras y botellas), por causa de la situación de violencia contra
la integridad de los patrulleros, el señor patrullero ROBLES DE LA HOZ
FRANKLIN acciona su arma de fuego con serial número 24B046328 de
propiedad de la Policía Nacional realizando un disparo al aire, con el fin de
disuadir la multitud de personas que los agredían. En el instante de las
agresiones, uno de los particulares que está agrediendo al Patrullero
QUINTANA ARAGON JULIAN, le saca el arma de fuego e inmediatamente el
patrullero Quintana reacciona impidiendo que se apropie totalmente del arma

que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen
o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que
están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las
pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas
corresponderán al juez ante quien se aduzcan”.
23
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 folios 1-2

13

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

de fuego de serial número 24B082376 de propiedad de la Policía Nacional,
razón por la cual se genera un forcejeo con el particular por recuperar el arma,
en ese preciso instante se acciona el arma de fuego generando un disparo que
impacta en el particular que intentaba apropiarse del arma de fuego. La
comunidad enardecida nuevamente arremete contra la patrulla y ellos se ven
obligados a alejarse del lugar con el fin de evitar más novedades. Entonces
cuando la patrulla prende la motocicleta marca Suzuki DR200 de sigla 50-0644
y se disponen a alejarse del lugar, uno de los particulares que se encontraba en
el sitio los obliga a hacer caer de la motocicleta obligándolos a alejarse del lugar
a pie, luego se instalan unos particulares toman la motocicleta, la alejan unos
metros del lugar y le prenden fuego (la motocicleta quedó totalmente
incinerada).

En el instante en que la patrulla pide apoyo en el lugar, ordené a los cuadrantes
que se dirigieran al lugar indicado por la patrulla e inmediatamente inicie el
desplazamiento hacia el lugar de los hechos. En el momento que voy entrando
al lugar, me encuentro con los patrulleros QUINTANA y ROBLES a más de 100
metros del lugar de los hechos (los subí a la panel y manifestaron con muchos
nervios “mi teniente nosotros no queremos ir allá, esa gente nos pegó, está muy
enfurecida y si nos ven nos matan”). Entonces me uno a las patrullas que iban
a atender el apoyo y los encamino a la estación Caracoles seguidamente le
ordeno al comandante de guardia que verificara el estado de los patrulleros y
que me asegurara el armamento agregándole que no los perdiera de vista. Sigo
en dirección al lugar de los hechos y encuentro varias patrullas que controlaron
la situación y observo la motocicleta en llamas, se ordena apagar la motocicleta
con el fin de evitar una nueva novedad y ya se seguía conflagrándose.

48. Por lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario Interno de EMCAR de la Policía
Nacional, mediante auto del 11 de mayo de 2014, ordenó abrir indagación en contra
de los patrulleros Julián Quintana Aragón y Franklin José Robles de la Hoz, con
fundamento en los hechos previamente puestos en conocimiento. Así mismo,
decretó la práctica de pruebas y diligencias necesarias, con el fin de establecer con
claridad el comportamiento desplegado por los policiales vinculados24.

49. En el marco de la indagación se logró establecer, con base en el “libro de minuta
de servicio”, que el día de los hechos los patrulleros Julián Quintana Aragón y
Franklin José Robles De la Hoz se encontraban en servicio activo y que, antes de
salir a cumplir sus funciones, se les impartieron las siguientes consignas: “excelente
presentación personal”, “buen trato al ciudadano”, “buen uso de las armas de fuego”,
“informar oportunamente las novedades” y “prohibido [ilegible] al lugar de
[ilegible]”25.

50. Ahora bien, en el marco del proceso disciplinario se escucharon los testimonios
de varios amigos del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie que se encontraban

24
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 folios 5-6.
25
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 folios 28-37.

14

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referencia: Medio de control de reparación directa

con él al momento de los hechos. A continuación, se destacan los apartes más
relevantes.

51. La señora Yurlay Montable Gonzales manifestó26:

Ese día yo llegué a vista hermosa a un local donde están una maquinitas
tragamonedas y encontré a RAFAEL BAQUEDO (…), RICARDO BAQUEDO, a
MARLON RAMOS quien es el dueño del carro a quién ellos le estaban
instalando el audio, a MÓNICA PÉREZ, a PABLO AMAURY, y estaba DAIRIS
quien es la compañera de MARLON; ellos estaban probando el carro yo me
senté en (sic) la mesa donde estaban las demás señoras, ellos tenían el audio
prendido y el carro empezó a dispararse es decir se apagaba por lo que
RAFAEL que era quien estaba instalando el audio se levantó para apagar el
carro y le dijo al dueño del negocio de las maquinitas que encendiera el equipo,
el señor encendió el equipo mientras RAFA, RICARDO y PABLO empujaban el
carro para tratar de prenderlo pero este no prendió más. Como MARLON estaba
dormido DAIRIS trató de llevárselo para su casa pero él no quiso levantarse y
DAIRIS se fue sola, en el momento pasaron unos policías en una moto y pararon
en frente del local de las maquinitas le hicieron una seña y siguieron, al rato
volvieron a regresar y RICARDO estaba debajo del carro viendo haber porque
el carro no encendía y RAFA estaba en la mesa conmigo, los policías dejaron
la moto en una esquina y se vinieron hacia donde estábamos nosotros a pie y
se pusieron a hablar con el “MONO” es como le dicen a RICARDO, los policías
según lo que alcance a escuchar le estaban diciendo que bajara el volumen
pero el sonido del carro no estaba prendido sino el del local de las maquinitas,
no sé por qué pero uno de los policías empujó a RICARDO y este se le tiró
encima al policía y comenzaron los dos a darse trompadas (el Policía y Ricardo),
y fue cuando se metió el otro policía y los dos estaban contra RICARDO,
entonces RAFAEL vio eso y se levantó y fue a donde estaba la pelea agarró por
el cuello al policía blanquito para que soltara a RICARDO pero el policía negrito
le pegó un cachazo en la cabeza, RAFA cayó al suelo y se golpeó en la ceja
con el andén, antes de eso hubo dos disparos al aire que los hizo el negrito el
primero fue al aire el segundo le dio a la cuñada de MARLON el dueño del carro,
RAFAEL intentó levantarse y el policía blanquito trató de sacar su revolver pero
no quería salir, yo intenté golpeándole en la mano decirle que se quedara quieto
y le halé el radio, cuando se dio cuenta que le agarré el radio él se dio la vuelta
y ya tenía el arma e la mano y yo solté el radio, él se dirigió a RAFAEL con el
revólver en la mano y le pegó con la punta en la cabeza y vi como unas lucecitas
yo pensé que eso había pegado en el piso y esperaba a que RAFAEL se
levantara pero vi fue un charco de sangre yo cogí un suéter y se lo puse en la
cabeza, el policía me decía que él no quería dispararle que era un accidente,
entonces el policía negrito lo agarró y le decía vámonos que nos van a caer aquí
y se fueron (…).

52. El señor Marlon Ramos relató27:

Ese día estábamos RAFAEL BAQUEDO MACKENZIE, RICARDO BAQUEDO
MACKENZIE, PABLO, MÓNICA, YURLEY y yo cuadrando en mi casa en vista
hermosa el sonido del carro que presentó fallas, decidimos dejarlo así para
trabajarlo en la mañana ya que la batería estaba descargada por lo que
seguimos tomando en el negocio de maquinitas al frente de mi casa, en ese
tiempo yo me quedé dormido en una silla y me despierto cuando escuche unos
tiros y veo a RAFAEL en el suelo tirado y YURLEY lo tenía agarrado tapándole

26
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1, folios 142-
144.
27
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1, folios 147.

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el hueco que tenía en la cabeza ya eso es lo que yo sé. PREGUNTADO
Describa al despacho si cuando usted despertó observó a uniformados de la
policía nacional en el sitio donde según su dicho se encontraba tendido el señor
RAFAEL. CONTESTO: Pues no vi, me dijeron que se habían ido ya.
PREGUNTADO Diga al Despacho si ustedes es decir RAFAEL, RICARDO,
USTED y los demás particulares que según su dicho estaban presentes se
encontraban consumiendo bebidas alcohólicas. CONTESTO: si claro.

53. La señora Mónica Pérez Cabrera narró28:

Ese día nosotros RAFAEL, YURLEY, PABLO y el señor del carro MARLON,
nosotros llegamos al establecimiento un negocio de máquinas de monedas de
propiedad de la familia del señor del carro MARLON, como estaban probando
la planta del carro pero se disparaba es decir se apagaba y se prendía pero
después se disparó y no prendió más, entonces estábamos escuchando la
música del establecimiento, en eso llegaron los dos patrulleros con una
agresividad diciendo que quién era el dueño del carro que estaba sonando
entonces nosotros le dijimos que el carro estaba apagado que estaba encendida
era la música del establecimiento y ellos dicen que los habían llamado por el
escándalo, el hermano del difunto les dijo pero ustedes que es lo que quieren
no ven que el carro está apagado que lo que está sonando era el negocio, el
patrullero le dice hálele al respetico y empezó a manotearle en la cara a
RICARDO, yo me bajé y le dije al policía: mi amor pero si el carro está apagado
cuál es el escándalo que dices tú que está aquí y él me dice que no me metiera
que respetara y yo le dije que nadie le estaba faltando el respeto entonces
RICARDO le dice compa no ve que el carro está apagado y el policía le dice
jálele al respectivo y empujó a RICARDO y empezó la pelea, al ver que le caen
los dos patrulleros a RICARDO, el hermano RAFAEL se metió a desapartarlos
ya que los dos le estaban pegando, en una de esas el uno estaba peleando con
uno y el otro con otro el morenito sacó el arma e hizo un disparo, eso fue un
momento de coge y hala, cuando él hizo el disparo al aire RICARDO se le lanza
contra el policía morenito y el otro policía blanquito estaba forcejeando con
RAFAEL, en una de esas yo me caigo al piso y cuando me voy a parar el policía
moreno me apunta de frente y yo me agacho y me escondo en la parte de atrás
del carro y dispara y es que le da a la cuñada de MARLON en el brazo que ella
estaba en la terraza de su casa, el difunto está forcejeando con el policía
cachaquito el policía tiene el revólver en la mano y se lo ponen en la parte
posterior de la cabeza le hace la detonación y es cuando yo me sorprendo
RAFAEL cae yo le digo ay dios mío lo mataste, YURLAY se agacha al piso coge
la cabeza de RAFAEL se lo pone en las piernas y le dice al policía “lo mataste
lo mataste” y el policía le dice “yo no lo quise hacer” pero no se quitaba el casco,
el otro patrullero el moreno lo cogió del brazo y le decía “vámonos marica
vámonos” entonces el hermano del difunto cogió al policía cachaquito por el
cuello y le dice “me mataste a mi hermano ahora mátame a mí” y el policía
negrito le da un cachazo en la cabeza y en el cachete para que lo soltara y ellos
salieron en la moto.

54. El señor Pablo César Maury Peralta contó:

Ese día habíamos terminado de trabajar el carro del señor MARLON y
decidimos probarlo en su casa, en el momento de la prueba falló la corriente del
sonido y decidimos apagarlo, en el momento se acercan dos agentes, llegaron
en la moto normal y salieron de una no dijeron nada ni preguntaron nada ni
porque había bulla, al rato como a la media hora llegaron a pie y llegaron hasta
donde estaba el dueño del establecimiento que estaba atendiendo y no sé qué
dijeron que salieron diciendo que apagaran el carro que supuestamente estaba

28
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 folios 150-
152.

16

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
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demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

prendido, pero no era el carro sino el establecimiento ya que nosotros habíamos
apagado el carro, llegaron a alegar diciendo que porque no apagaban y en
cuestiones de segundos se formaron a alegar, como el hermano del señor rafa
decía que porque íbamos a apagar que el carro estaba apagado ya y que por
qué llegaban de esa forma, fue cuando el agente agarró al hermano de rafa y
lo estaba ultrajando, fue cuando rafa se dio cuenta de la situación entonces el
otro agente sin mediar ninguna palabra lo empuja a rafa él cae al piso y el otro
agente hace un disparo al aire e inmediatamente hace otro disparo que rosa a
una señora que está en su casa, en ese momento de escuchar los disparos me
cubro delante del carro y escucho el otro disparo y es cuando cae el señor Rafa
al piso, inmediatamente yo salgo a socorrerlo y los policías salen a la huida yo
cojo lo monto en el carro y lo llevo a la clínica, después no se mas lo que pasó
en el sitio de lo sucedido.

55. Adicionalmente, se escucharon otros dos testigos presenciales que, si bien no
se encontraban con la víctima ni con las demás personas involucradas,
presenciaron los hechos desde sus respectivos lugares de trabajo ubicados en
frente del establecimiento. Sus declaraciones aportan una perspectiva externa que
resulta útil para contrastar las versiones y valorar la actuación de los agentes
intervinientes. A continuación, se reseñan los apartes más relevantes.

56. La señora Alba Mary García García señaló29:

Yo trabajo al frente de donde ocurrieron los hechos en un negocio de comidas
rápidas, los señores policías llegaron, saludaron pero ahí en todo el frente hay
un negocio y estaba un carro gris que tenía el equipo prendido y retumbaba
fuerte que hasta las ventanas vibraban y los policías se fueron hasta donde
estaba el carro a decirles que bajaran un poco el volumen; allá había un loquito
que se mantenía en el barrio vista hermosa y el policía morenito (señala al
Patrullero Robles de la Hoz) lo cogió para caminar ya que este tenía una piedra
en la mano y mientras en policía morenito paso la calle hasta el frente, los del
carro de la bulla empezaron a pegarle al policía blanquito (señala al patrullero
JULIÁN QUINTANA), le daban puños, patadas, entonces yo me le arrimé a
ROBLES y le dije “va a dejar que le maten a su compañero vea que le están
pegando”, cuando él volteo él saco el arma y realizó un disparo a tierra en un
montecito que hay al ladito, pero eso fue peor porque también se le fueron
encima a pegarle y a QUINTANA también le seguían pegando y yo veía que
forcejeaban y trataban de quitarle el arma a Quintana y ahí fue cuando escuche
el otro disparo, cuando cayó el señor herido Quintana se quedó ahí para
ayudarlo pero igual se le fueron encima a seguirle pegando, entonces salieron
para la moto que está seguido de mi negocio y se montaron y de ahí los
tumbaron para seguirlos agrediendo y yo les dije a los policías váyanse que los
van a matar inclusive al hermano del muchacho herido se nos metió al negocio
y nos dijo que si no le prestábamos una mechera, una candela nos iba a acabar
con el negocio y le dijimos que se saliera que con nosotros no era el problema
y a la final ahí afuera le dieron siempre la candela y le prendieron fuego a la
moto y los dos señores policías salieron corriendo, siempre lograron salir.

57. El señor Carlos Arturo Galeano Atehortúa manifestó30:

Esa madrugada en el barrio vista hermosa de esta ciudad siendo esa hora como
a la una pasadas, nosotros tenemos un negocio de comidas rápidas cerca de

29
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1, folio 214.
30
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1, folio 217.

17

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

donde ocurrieron los hechos, llegan los señores Patrulleros a la zona parquean
la motocicleta frente a mi negocio y se dirigen a un negocio de licor y maquinitas
que queda al frente del mío, me supongo para apagar o para bajar el volumen
a un carro o un pick up que había cerca al negocio, mientras uno de ellos (los
policías) está en el negocio hablando con los dueños del ruido el otro el otro
está controlando a uno de los borrachos que ahí está cruzándolo a la otra calle,
en ese momento las personas que habían en ese lugar borrachos se
enfurecieron por la petición del agente para que apagaran o bajaran el sonido
dirigiéndose hacia el violentamente, como nosotros estamos al frente de ese
negocio a escasos 10 metros más o menos, mi esposa le dice al patrullero que
estaba controlando al borracho esposado que se dé vuelta y mire que están
golpeando al compañero dejando al borracho en esa esquina el cual se dio a la
fuga, cuando el patrullero llega al local donde están golpeando al compañero al
ver las personas que estaban golpeándolo con unos cascos de motocicleta,
piedras y golpes y forcejeando como para quitarle el arma en ese momento este
patrullero el que estaba con el borracho al otro lado de la calle desenfunda su
arma haciendo un disparo a una zona enmontada como para dispersar a las
personas que estaban golpeando al compañero pero por el volumen los tragos,
y la rabia por la petición del patrullero de que bajaran el volumen hicieron caso
omiso al disparo que escucharon, guardando su arma e intentando ayudar a su
compañero lo cual le fue imposible pues las personas que estaban
golpeándolos, en medio del forcejeo y los golpes que le estaban propinando uno
de los patrulleros al sentirse agredido y al ver que le estaban tratando de quitar
su arma me supongo que era para darle con ella misma saco su arma para
protegerse el cual en el forcejeo y los golpes y la lucha con los agresores se
escuchó otro disparo, ya en ese instante cae una persona al piso, el patrullero
trata de ayudar a la persona lesionada en ese momento pero las personas
acompañantes de la persona lesionada arremetieron con más furia contra ellos
y la motocicleta fue incendiada por las personas en ese lugar.

58. Por otra parte, en el Informe Pericial de Necropsia No. 2014010113001000227
del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, practicado por el Instituto Nacional
de Medicina Legal y Ciencias Forenses31, se consignaron las siguientes
conclusiones:

● Se trató del caso de un hombre adulto, de 34 años de edad, quien falleció
como consecuencia de un “shock neurogénico secundario a hemorragia
subaracnoidea producida por laceración cerebral y estallido del lóbulo
derecho del cerebelo”, ocasionado por un proyectil de arma de fuego.
● La causa básica de muerte fue establecida como “laceración cerebral por
proyectil de arma de fuego”.
● La manera de muerte se clasificó como “violenta, tipo homicidio”.

59. Entre los principales hallazgos, se destacó que la víctima presentó una “herida
por proyectil de arma de fuego en la cabeza con orificio de entrada en la región
occipital media”, sin orificio de salida, “sin ahumamiento ni tatuaje”, y que se

31
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 folios 157-
158.

18

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

recuperó “un proyectil alojado en la fosa cerebelosa derecha del hueso occipital”.
Asimismo, se describió la trayectoria del disparo como “plano horizontal: supero-
inferior; plano coronal: postero-anterior; plano sagital: izquierda-derecha”.

60. También se cuenta con los informes periciales de Clínica Forense realizados
por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a los patrulleros
Julián Quintana Aragón y Franklin José Robles De la Hoz, en los que se consignaron
los siguientes hallazgos32:

● En relación con el patrullero Julián Quintana Aragón, se estableció que
presentaba lesiones de tipo cortante y contundente, por lo que se determinó
una incapacidad médico legal definitiva de diez (10) días.
● En cuanto al patrullero Franklin José Robles De la Hoz, se reportaron
lesiones de carácter contundente y se le otorgó una incapacidad médico legal
provisional de diez (10) días. Se recomendó un nuevo reconocimiento médico
legal al finalizar la incapacidad, acompañado del resultado de una radiografía
de tórax.

61. Superado el trámite procesal correspondiente y con base en los elementos de
convicción recaudados, el 26 de junio de 2012 se profirió fallo disciplinario de
primera instancia33, mediante el cual se declaró responsables a los patrulleros Julián
Quintana Aragón y Franklin José Robles De la Hoz.

62. Respecto del patrullero Julián Quintana Aragón, se le impuso la sanción de
destitución e inhabilidad general por el término de diez (10) años, al haber incurrido
en una falta gravísima a título de culpa, consistente en “manipular imprudentemente
las armas de fuego (…)”. En cuanto al patrullero Franklin José Robles De la Hoz,
también se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por diez (10)
años, pero bajo el calificativo de falta gravísima a título de dolo, por “realizar una
conducta descrita en la ley como delito, en ejercicio de sus funciones o con ocasión
de ellas”.

32
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. Pdf. No 2, folios 240-
241.
33
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 2 folios 274-
328.

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
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63. El 8 de septiembre de 201534, el Inspector Delegado para la Región 8 del
EMCAR confirmó el fallo disciplinario de primera instancia mediante el cual se
sancionó con destitución e inhabilidad a los patrulleros Julián Quintana Aragón y
Franklin José Robles De la Hoz, por los hechos relacionados con la muerte del señor
Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, ocurrida el 11 de mayo de 2014.

64. En dicha providencia, la autoridad disciplinaria de segunda instancia ratificó que
el patrullero Julián Quintana Aragón incurrió en una falta gravísima a título de culpa,
por manipular imprudentemente su arma de dotación en un contexto que no
justificaba su uso. Se consideró probado que el disparo no obedeció a una reacción
proporcional ante una amenaza real, sino a una conducta negligente y contraria a
los protocolos institucionales. El fallo hizo énfasis en que el uniformado, pese a estar
capacitado en técnicas de manejo de armas y principios de uso progresivo de la
fuerza, omitió las obligaciones básicas de autocontrol, valoración de riesgo y
prevención, lo que derivó en un resultado letal.

65. De manera especial, se subrayó que el disparo fue dirigido a la parte posterior
de la cabeza de la víctima, sin que existiera evidencia de un enfrentamiento armado
o un riesgo concreto que legitimara el uso letal de la fuerza, lo que evidenciaba una
falta de precaución inexcusable por parte del patrullero Quintana.

66. En relación con el patrullero Franklin José Robles De la Hoz, la decisión también
fue confirmada, bajo el calificativo de falta gravísima a título de dolo. La autoridad
consideró demostrado que el uniformado realizó un disparo sin justificación
suficiente, contribuyendo de forma activa a una escalada violenta que agravó la
situación en lugar de controlarla. Se destacó que su actuación no se orientó a
proteger la integridad propia ni la de su compañero, sino que fue una reacción
desbordada, que en lugar de disuadir, intensificó el conflicto con los ciudadanos.
Subrayó que, lejos de ejercer el principio de autoridad con mesura, Robles optó por
el uso de su arma en un entorno civil, sin haber agotado medidas previas de
contención, y sin advertencia, diálogo, ni evaluación del contexto.

34
SAMAI, índice 2. Archivo: 4ED_EXPTRIBUN_01EXPEDIENTE20150074(.pdf) NroActua 2. Folio
88-105.

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67. Finalmente, en el marco de este proceso, se escuchó el testimonio 35 de los
señores Yurlay M ontable Gonzales36 y Pablo César Maury Peralta37, quienes
ratificaron la versión dada en el proceso disciplinario.

Caso concreto

68. Resulta necesario destacar que la Constitución Política de 1991 no privilegió
ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular; por tanto, en cada
caso, debe determinarse, una vez demostrado plenamente el daño y su
antijuridicidad, si la imputabilidad a la entidad pública deriva de una falla del servicio
o si, aún en ausencia de ella, surge alguna circunstancia que en forma objetiva
conlleve a la responsabilidad del Estado38.

69. Tratándose de uno u otro régimen, la posibilidad de imputar al Estado la
causación de un determinado daño conlleva la necesidad de demostrar que el
mismo tuvo algún nexo con el servicio público, esto es, la acción adecuada
(responsabilidad objetiva) o inadecuada (falla del servicio) que desplegó la
administración, pues es aquella circunstancia la que permite hacerla responsable
de la conducta de sus agentes, a través de quienes necesariamente actúa.
Entonces, para que pueda predicarse la responsabilidad extracontractual del
Estado resulta indispensable que exista un nexo causal entre el daño y el servicio
público.

35
SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_EXPTRIBUN_CD2ZIPTESTIGODOCUMEN(.pdf) NroActua 2.
36
“Yo llegué al lugar donde estaba Rafael, Pablo, Mónica y Ricardo a las 12:00 – 12:10 p.m. más o
menos, a un local de maquinitas en Vista Hermosa; en el momento en que llegué, llegaron los policías
en una moto, se bajaron, entraron al local de las maquinitas y se fueron. Nuevamente regresaron,
parquearon la moto, llegaron que bajaran el volumen del carro que había donde estábamos nosotros,
en el momento el carro no estaba encendido, la música que sonaba era de las maquinitas. Yo estaba
en la mesa cuando volteamos el policía moreno tenía a Ricardo en el suelo, cuando Rafael ve eso
sale a defender a su hermano, coge por el cuello al policía blanquito, este no se quitó el casco,, pero
el policía negrito le pego un cachazo en la cabeza, Rafael intentó levantarse y el policía blanquito
trato de sacar su revolver pero no quería salir, yo le agarré la radio, él se dio vuelta y ya tenía el arma
en la mano y yo solté el radio, él se dirigió a Rafael con el revolver en la mano y le pego con la punta
en cabeza, el policía me decía que él no quería dispararle que era un accidente, entonces el policía
lo agarro y le decía vámonos; Pablo, Mónica y yo socorrimos a Rafael, pero los policías no”.
37
“Ese día nos encontrábamos en el barrio Vista Hermosa, haciendo una prueba de sonido a un
carro, eran como las 11 11:30 de la noche y decidimos regular el volumen, como a los 15 minutos
llega una patrulla a hacer su recorrido, nosotros estábamos sentados hablando, estaba sonando el
equipo del local donde estábamos nosotros, no se bajaron de la moto y se fueron, como a los 20
minutos regresaron, pero sin moto a pie, comenzaron a decirnos que apagáramos el equipo del
carro, que ya no estaba sonando y comenzaron a decir y a dialogar con actitudes que no eran las
correctas, cuando yo me di cuenta el compañero estaba haciendo agarrado por un policía, cuando
viene el otro policía con el arma de la mano, haciendo disparos, yo salí detrás del carro a cubrirme,
cuando me di la vuelta el compañero ya estaba tirado en el piso, y ahí salieron los policías y se fueron
enseguida”.
38
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de abril del 2012, Expediente No. 21.515,
M.P. Hernán Andrade Rincón.

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70. Con todo, sea cual fuere el régimen de responsabilidad bajo el cual se decida el
caso concreto, lo cierto es que la entidad estatal no sería responsable del daño, en
los eventos en los que se pruebe una causa extraña que exonere a la
administración, como el hecho exclusivo de la víctima, la fuerza mayor, la culpa
personal del agente o el hecho exclusivo y determinante de un tercero 39.

71. Lo primero que debe dejarse establecido es que en el presente caso no existe
controversia en cuanto al origen del disparo que ocasionó la muerte del señor Rafael
Enrique Baquedo Mackenzie, pues está debidamente acreditado que fue propinado
por el patrullero Julián Quintana Aragón, quien utilizó su arma de dotación oficial
mientras se encontraba en ejercicio activo de sus funciones como integrante de la
Policía Nacional. De ello da cuenta el informe de novedad, el proceso disciplinario
que por los hechos se adelantó y el dictamen pericial de necropsia.

71. Ahora bien, frente a lo que sí existe incertidumbre es en relación con la forma
como se inició la riña entre los patrulleros y los civiles, así como en lo que respecta
a las circunstancias exactas en que se produjo el disparo que impactó a la víctima.
El expediente da cuenta de versiones disímiles, que divergen en aspectos
sustanciales, tales como el origen de la confrontación, el comportamiento
desplegado por cada una de las partes involucradas, y la dinámica como se accionó
el arma de fuego.

73. De acuerdo con los testimonios rendidos por los amigos que acompañaban al
señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, en la madrugada del 11 de mayo de
2014, el referido señor se encontraba junto a su hermano Ricardo, así como con
Mónica, Yurlay, Pablo y Marlon, en el barrio Vista Hermosa de Cartagena. El grupo
realizaba una prueba de sonido a un vehículo, pero tras presentar fallas técnicas,
decidieron suspender la actividad. Mientras permanecían reunidos frente a un local
de maquinitas tragamonedas -escuchando música proveniente del establecimiento
y consumiendo licor- llegaron al sitio dos patrulleros de la Policía Nacional, quienes
en una primera ocasión hicieron una señal desde su motocicleta y continuaron su
camino. Poco después, regresaron a pie y se dirigieron directamente hacia Ricardo
Baquedo, increpándolo por el alto volumen del sonido.

39
Véase, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2017, exp. 66001-23-31-000-2008-00258-01 (45.350),
CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera.

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74. Según los testigos, se les explicó a los uniformados que el sonido provenía del
establecimiento comercial y no del carro; sin embargo, los agentes insistieron y uno
de ellos, sin razón aparente, empujó a Ricardo, lo que desató un enfrentamiento
físico. A partir de ese momento, se produjo una riña entre los patrulleros y los civiles
presentes. En palabras de la testigo Yurlay Montable Gonzales: “RAFAEL vio eso y
se levantó y fue a donde estaba la pelea, agarró por el cuello al policía blanquito
para que soltara a RICARDO, pero el policía negrito le pegó un cachazo en la
cabeza”, lo que le ocasionó su caída.

75. Los relatos también coinciden en que fue en ese momento cuando uno de los
patrulleros, descrito como el de tez morena, realizó dos disparos al aire. El segundo
de ellos, según los testigos, impactó a una mujer en el brazo. Rafael, aún en el
suelo, intentó incorporarse, momento en el cual el otro patrullero -“el blanquito” o “el
cachaquito”- intentó sacar su arma, inicialmente sin éxito. Según el testimonio de la
señora Montable Gonzales, el agente finalmente extrajo su pistola, se acercó a
Rafael y le disparó en la cabeza, a muy corta distancia.

76. Los testigos sostienen que tras el disparo, el patrullero expresó que no había
querido hacerlo, mientras su compañero lo instaba a retirarse rápidamente del lugar.
Ambos agentes huyeron -según los testigos- primero en motocicleta y luego a pie,
tras ser derribados por los presentes. Entre tanto, el grupo de amigos trasladó a
Rafael a la Clínica Blas de Lezo, donde falleció.

77. Ahora bien, a partir de los testimonios rendidos por la señora Alba Mary García
García y el señor Carlos Arturo Galeano Atehortúa, testigos presenciales externos
que observaron los hechos desde su negocio ubicado frente al sitio donde
ocurrieron los acontecimientos, se obtiene una versión, que, aunque coincide en
ciertos aspectos con lo narrado por los amigos de la víctima, introduce elementos
que matizan la dinámica del enfrentamiento y la conducta desplegada por los
uniformados.

78. Ambos testigos afirmaron que, cerca de la una de la madrugada, los policías
llegaron al sector de manera tranquila y se dirigieron a un establecimiento de
maquinitas que generaba ruido excesivo. Uno de ellos intervino a un habitante del
barrio que tenía una piedra en la mano, mientras el otro se acercó al grupo de
personas que estaba junto al vehículo con volumen alto.

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79. Poco después, los testigos observaron que uno de los patrulleros fue rodeado
por varias personas que comenzaron a golpearlo con puños, patadas, piedras y
cascos de motocicleta. Según la señora Alba Mary, al ver la situación, se le acercó
al patrullero Robles para decirle: “va a dejar que le maten a su compañero, vea que
le están pegando”. Fue entonces cuando el uniformado realizó un disparo al suelo,
en un área con vegetación, con la intención de dispersar a los agresores.

80. Pese al disparo disuasivo, la riña continuó. Ambos afirmaron que se intentó
quitarle el arma de dotación al patrullero Quintana, y que fue en medio de ese
forcejeo que se produjo un segundo disparo. Tras la detonación, observaron que
una persona cayó al suelo herida.

81. Según los deponentes, el patrullero que realizó el disparo intentó auxiliar a la
persona lesionada, pero al ser atacado nuevamente por los acompañantes del
herido, se vio obligado a retirarse junto con su compañero. También indicaron que
los agresores los derribaron de la motocicleta y le prendieron fuego.

82. Del análisis de las versiones, se evidencian diferencias sobre cómo se
desarrollaron los hechos. En particular, los testimonios se dividen respecto del
origen del altercado. Mientras los testigos allegados a la víctima sostienen que la
confrontación fue provocada por los patrulleros, quienes habrían actuado con
agresividad al increpar y empujar a uno de los presentes sin razón aparente, los
testigos externos señalan que fueron los civiles quienes reaccionaron con violencia
frente a la presencia de los uniformados, rodeándolos y agrediéndolos con puños,
piedras y objetos contundentes.

83. Esta discrepancia se extiende también al número de disparos realizados y a la
forma como se produjo el impacto mortal. Para el primer grupo, se efectuaron tres
detonaciones, una de las cuales habría sido deliberadamente dirigida a la víctima
cuando ya se encontraba indefensa. En contraste, los testigos externos -y el informe
oficial suscrito el 11 de mayo de 2014- refieren únicamente dos disparos: uno
disuasivo al suelo y otro que se habría producido en medio de un forcejeo, en
circunstancias en las que uno de los civiles intentaba despojar de su arma de
dotación al patrullero Quintana Aragón.

84. Al margen de las diferencias existentes sobre el origen de la confrontación, para
la Sala sí resulta claro que dicha riña tuvo lugar, que involucró a los patrulleros y a
varios civiles, y que en su desarrollo se presentó una situación de descontrol en la

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que se manipuló un arma de dotación oficial por fuera de los parámetros regulares.
De ello da cuenta la descripción de la herida.

85. En efecto, el informe pericial de necropsia reveló que la víctima presentó una
“herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza con orificio de entrada en la
región occipital media”, sin orificio de salida, “sin ahumamiento ni tatuaje”, y que se
recuperó “un proyectil alojado en la fosa cerebelosa derecha del hueso occipital”.
Asimismo, se describió la trayectoria del disparo como “plano horizontal: supero-
inferior; plano coronal: postero-anterior; plano sagital: izquierda-derecha”.

86. Estas características, valoradas a la luz de las reglas de la lógica y la sana
crítica, permiten descartar que el disparo se haya producido en medio de un forcejeo
frontal, pues su ingreso por la parte posterior del cráneo, con una dirección de arriba
hacia abajo, es indicativa de una posición corporal que no se corresponde con una
confrontación física activa, sino con una situación distinta en la que la víctima se
encontraba de espaldas y en posición inferior al arma. A ello se suma la ausencia
de signos de ahumamiento o tatuaje en la herida de entrada, lo cual sugiere que el
disparo no se efectuó a corta distancia ni en contacto directo, como sería esperable
en un forcejeo cuerpo a cuerpo.

87. La prueba técnica realizada por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y
Ciencias Forenses al cuerpo de la víctima permite reforzar la tesis sobre la
existencia de una manipulación del arma de fuego por fuera de los parámetros
funcionales. La trayectoria descrita, sumada al hallazgo de un proyectil alojado
íntegro en la fosa cerebelosa derecha del hueso occipital, sin orificio de salida, sin
ahumamiento ni tatuaje, evidencia que el disparo no se produjo a quemarropa ni en
una distancia de contacto. La limpieza del orificio de entrada, la dirección anatómica
del proyectil y la ausencia de residuos de combustión permiten descartar que el
arma haya sido accionada en el marco de un forcejeo cerrado, con posiciones
corporales superpuestas o enfrentadas, como podría ocurrir en una lucha física por
el control de un arma.

88. Tampoco se advierten signos de desviación o alteración en la trayectoria, como
lo sugeriría un disparo accidental en movimiento o en medio de un desplazamiento
brusco. Por el contrario, los hallazgos técnicos indican una trayectoria estable, lo
que permite inferir cierto grado de control en el momento de la detonación. Estos
elementos, valorados de manera conjunta, brindan soporte técnico adicional a la

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conclusión según la cual el uso del arma de fuego se apartó de los protocolos
institucionales y no respondió a una amenaza inminente en el momento del disparo.

89. Si bien los testigos presenciales externos al círculo de la víctima relataron haber
presenciado una confrontación física entre los patrulleros y varios civiles, lo cierto
es que ninguno de ellos ofreció una descripción concreta sobre la forma en que se
produjo el disparo que impactó al señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie. Sus
versiones hacen referencia a un ambiente caótico, al uso disuasivo del arma por
parte de uno de los patrulleros y a un forcejeo generalizado, pero no identifican con
precisión el momento, la posición corporal de los involucrados ni las circunstancias
inmediatas del disparo letal.

90. A partir de ese vacío narrativo, los relatos sugieren, de manera general, que el
disparo habría ocurrido cuando se intentaba arrebatar el arma al patrullero, pero
esta hipótesis resulta incompatible con la información técnica aportada por el
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Como se explicó, el
disparo ingresó por la región occipital media, con trayectoria de atrás hacia adelante
y de arriba hacia abajo, sin ahumamiento ni tatuaje en la herida, lo que excluye un
disparo a contacto directo y sugiere un punto de origen más elevado y alejado.

91. En ese sentido, la prueba técnica desvirtúa la teoría de que el disparo se produjo
en el instante mismo de un forcejeo físico por el arma, pues ni la dirección del
proyectil ni las características del orificio de entrada se corresponden con una
detonación ejecutada en condiciones de enfrentamiento cuerpo a cuerpo o en medio
de un movimiento descontrolado.

92. La Sala ha considerado que la utilización de armas de dotación por la Fuerza
Pública y otros organismos del Estado resulta necesaria para garantizar la
seguridad de los ciudadanos, no obstante lo cual, el ejercicio de esta actividad
peligrosa constituye un título de imputación idóneo para deducir responsabilidad al
Estado -riesgo excepcional-, cuando se causa un daño antijurídico a alguna
persona40.

93. Sin embargo, no debe perderse de vista que los miembros de la Fuerza Pública,
no sólo reciben suficiente instrucción y preparación en el ejercicio de esta actividad,
al punto de estar obligados a observar las indicaciones sobre el manejo mecánico y

40
Ver, entre otras, sentencia del 10 de septiembre de 2014, ex. 29.186, M.P. Hernán Andrade
Rincón.

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las medidas de seguridad, motivo por el cual en ese nivel de instrucción se les
debe exigir el absoluto acatamiento del manual de seguridad y el decálogo de
seguridad para las armas de fuego, de manera que cuando se advierte que éstos
omitieron su cumplimiento, se confirma una falla del servicio que debe declararse.

94. En efecto, uno de los principales mandatos de la institucionalidad es brindar
estándares reglados acerca del manejo de la fuerza pública, toda vez que parte de
los principios de organización, concentración y orden. Por ende, los agentes de los
estamentos de seguridad deben ceñirse a los postulados definidos en la Carta
Política, en la legislación especial y en los respectivos protocolos que rigen la
materia, sin que puedan válidamente invocarse justificantes que releven de su
cumplimiento.

95. En el presente asunto, los patrulleros involucrados desatendieron las directrices
institucionales impartidas antes del inicio de su turno de vigilancia, en particular
aquella relacionada con el “buen uso de las armas de fuego”. De acuerdo con el
material probatorio, uno de los uniformados accionó su arma de dotación de forma
disuasiva, lo que lejos de contener la situación contribuyó a agravar el conflicto y a
escalar la tensión con los civiles presentes. Posteriormente, se efectuó un segundo
disparo, esta vez en contra de uno de los involucrados, cuando este se encontraba
en una posición de indefensión, lo que se aparta de los principios de necesidad y
proporcionalidad que rigen el uso de la fuerza letal.

96. A lo anterior se suma la omisión de medidas previas y menos lesivas para
restablecer el orden. No se solicitó apoyo, ni se hizo uso de otros medios disuasivos
previstos en el equipamiento institucional, como el bastón tonfa. La ausencia de
estas acciones demuestra una falla en la respuesta operativa frente a una situación
que, si bien compleja, pudo haber sido manejada sin que se recurriera al uso de
fuerza letal.

97. Las anteriores consideraciones guardan relación con lo concluido en el proceso
disciplinario adelantado contra los patrulleros involucrados, en el cual se determinó
que su actuación desconoció los parámetros institucionales que rigen el uso de la
fuerza. El patrullero Julián Quintana Aragón fue sancionado a título de culpa grave
por manipular imprudentemente su arma de dotación en circunstancias que exigían
mayor cautela y control. Por su parte, el patrullero Franklin José Robles De la Hoz,
quien realizó el disparo disuasivo que contribuyó a escalar el conflicto, fue

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sancionado a título de dolo, al considerar que su actuación constituyó una conducta
deliberada que intensificó la situación de riesgo, en lugar de mitigarla.

98. Así las cosas, esta serie de omisiones refleja un incumplimiento de los
protocolos mínimos exigibles para el manejo de alteraciones del orden público en
contextos civiles, de ahí que deba declararse la responsabilidad de la Policía
Nacional, a título de falla en el servicio.

99. Ahora bien, la Sala no puede pasar por alto la conducta asumida por la víctima
el día de los hechos, pues tampoco existen dudas en torno a su comportamiento
violento, desobligante y desobediente frente a la autoridad. El material probatorio
da cuenta de que el señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie no solo intervino
activamente en la confrontación física con los patrulleros, sino que participó en el
forcejeo con uno de ellos e intentó despojarlo de su arma de dotación. Tal actuación
representó una clara transgresión a los deberes mínimos de respeto y acatamiento
a la autoridad, y generó un riesgo concreto que contribuyó de manera directa al
desarrollo del conflicto y a su desenlace fatal.

100 Sobre la concurrencia de culpas, la Sección ha sostenido41 que cuando el
comportamiento de la víctima contribuye de manera cierta y eficaz en la producción
del hecho dañino, habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio.
Entonces, se da cuando la conducta de la persona agraviada confluye en el
desenlace del resultado, habida consideración de que participó realmente en la
causación de este, tal como ocurrió en este caso.

101. En esa medida, la reducción del daño resarcible, con fundamento en el
concurso del hecho de la víctima, responde a una razón de ser específica: la víctima
contribuyó realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte
del perjuicio no deviene antijurídica y, por ende, no tiene la virtud de imputarse al
patrimonio de quien se califica responsable.

102. Frente al particular, esta Corporación ha manifestado reiteradamente el efecto
de la concausa42 en la liquidación de los perjuicios reclamados en la demanda:

En ese orden de ideas, es dable concluir que, para que el hecho de la víctima
tenga plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, es necesario que
la conducta desplegada por el afectado sea tanto causa del daño como la raíz

41
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de septiembre de 1999 (expediente 14.859).
42
Referente a la concausa, consultar sentencia del 28 de mayo de 2015, Exp.25000-23-26-000-
2002-01492-01(29479), C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.

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determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en
el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño
no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de
indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción
a la participación de la víctima43.

103. En el caso concreto, obran en el expediente elementos que permiten establecer
que la víctima tuvo una intervención directa en los hechos. En palabras de la testigo
Yurlay Montable Gonzales: “RAFAEL (…) se levantó y fue a donde estaba la pelea,
agarró por el cuello al policía blanquito”, lo que demuestra que su conducta fue
activa y confrontacional. Esta actuación no solo refleja una falta de acatamiento a la
autoridad, sino que contribuyó a intensificar el conflicto físico que se desarrolló en
el lugar.

104. A ello se suman los informes periciales de Clínica Forense practicados a los
patrulleros Julián Quintana Aragón y Franklin José Robles De la Hoz, en los que se
dejó constancia de que ambos presentaban lesiones contundentes y, en el caso de
Quintana, también cortantes, con incapacidades médico-legales de diez días. Estas
evidencias corroboran que los uniformados fueron objeto de una agresión física real,
y que el desarrollo del enfrentamiento no fue unidireccional ni exclusivamente
imputable a la fuerza pública.

105. Así las cosas, la Sala considera que la participación causal del señor Rafael
Enrique Baquedo Mackenzie en los hechos que desencadenaron su muerte fue
determinante, al punto que resulta procedente atribuirle un 50% de responsabilidad
en la producción del daño, en tanto su conducta contribuyó de manera efectiva a la
escalada de la riña que culminó con el disparo.

106. Así las cosas, la Sala procederá a examinar, conforme a la jurisprudencia de
esta Corporación, la liquidación de los perjuicios con base en los porcentajes
establecidos.

43
En la anotada dirección, ha sostenido la Sala: “El hecho de la víctima, al decir de los hermanos
Mazeaud, sólo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la
imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de
la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple
exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de
la culpa de la víctima. Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte
Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333”. Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007;
Radicación: 24.972; criterio reiterado por la Sección en sentencia de 9 de junio de 2010. Radicación:
17.605. Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

29

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

Liquidación de perjuicios

Perjuicios morales

107. Se reconocerá el 50 % de lo concedido en primera instancia, al comprobarse
que las sumas inicialmente otorgadas se ajustan a los parámetros fijados por esta
Corporación para casos de naturaleza similar, de conformidad con la sentencia de
unificación proferida el 28 de agosto de 2014, expediente 26251:

NOMBRES PARENTESCO SMLMV
Rafael Ricardo Baquedo Vásquez Hijo 50
Danna Sofía Baquedo Vásquez Hija 50
Rafael Enrique Baquedo Romero Padre 50
Muriel Mackenzie Martinez Madre 50
Ricardo Antonio Baquedo Mackenzie Hermano 25
Kevin Baquedo Mackenzie Hermano 25
Emerita Del Carmen Romero Mórelo Abuela 25
Rafael Enrique Baquedo Ávila Abuelo 25
Ana María Martinez Bolaño Abuela 25

Lucro cesante

108. Para efectos de este reconocimiento, el a quo tuvo en cuenta la certificación
expedida por el gerente de RB Audio Sound Car, en la que se indicó que el señor
Rafael Enrique Baquedo Mackenzie laboró para dicha empresa como diseñador de
estructuras en madera y fibras, e instalador profesional de audio y video para
automóviles, entre el 1 de septiembre de 2010 y el 10 de mayo de 2014, con un
salario mensual de $2’300.00044.

109. Aunque dicha certificación “no fue tachada de falsa”, el juez de primera
instancia consideró que el ingreso base de liquidación debía ser el SMLMV, sin
incluir prestaciones sociales ante la ausencia de un vínculo laboral formal y
acreditado. Sobre esa base, aplicó el correspondiente descuento por gastos
personales y se realizó la actualización del valor, de conformidad con las fórmulas
establecidas por esta Corporación.

110. Con ese ingreso base de liquidación, el Tribunal calculó el lucro cesante
consolidado comprendido entre el 11 de mayo de 2014, fecha en que falleció el

44
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF No. 1 Folios 98-69.

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie, y el 30 de noviembre de 2022, día en
que se profirió la sentencia de primera instancia.

111. Aplicando la fórmula correspondiente, concluyó que el valor del lucro cesante
consolidado ascendía a $93’451.017,91, el cual debía ser reconocido en favor de
los hijos menores de edad de la víctima. Esta suma fue distribuida en partes iguales
entre los dos demandantes: a Danna Sofía Baquedo Vásquez se le otorgó la suma
de $46.725.509, y a Rafael Ricardo Baquedo Vásquez la misma cantidad.

112. Para efectos del cálculo del lucro cesante futuro, se consideró, con el mismo
ingreso base de liquidación, el tiempo restante hasta que cada uno de los hijos del
señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie cumpliera 25 años de edad -excluyendo
el periodo consolidado-, límite que la jurisprudencia ha reconocido como el umbral
habitual de dependencia económica frente a los padres.

113. Como consecuencia, a título de lucro cesante futuro, se condenó a la Policía
Nacional al pago de $18’209.891,96 a favor de Danna Sofía Baquedo Vásquez, y
de $25’027.322,2 a favor de Rafael Ricardo Baquedo Vásquez.

114. La Sala, al corroborar que la indemnización reconocida en favor de los hijos
del señor Rafael Enrique Baquedo Mackenzie por concepto de lucro cesante
consolidado y futuro se efectuó de manera correcta y se ajusta a las pautas
jurisprudenciales fijadas por esta Corporación, procederá a actualizar el valor total
de la condena y a aplicar una reducción del 50 %, en atención a la concurrencia de
culpas declarada en esta providencia.

• Lucro cesante Danna Sofía Baquedo Vásquez

$46.725.509 (consolidado) + $18’209.891,96 (fututo) = $64’935.400,96 (total)

Ca = Ch x índice final (abril de 2025)
índice inicial (noviembre de 2022)

Ca = $64’935.400,96 x 149,66
124,46 Ca: $78’083.295,23

TOTAL CON REDUCCIÓN: $39’041.647,61

• Lucro cesante Rafael Ricardo Baquedo Vásquez

$46’725.509 (consolidado) + $25’027.322,2 (fututo) = $71.752.831,2 (total)

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

Ca = Ch x índice final (abril de 2025)
índice inicial (noviembre de 2022)

Ca = $64’935.400,96 x 149,66
124,46 Ca: $86’280.963,50

TOTAL CON REDUCCIÓN: $43’140.481,75.

Daño emergente

115. En primera instancia, por concepto de daño emergente, se reconoció la suma
de $1’220.000 en favor del señor Ricardo Antonio Baquedo Mackenzie, quien
acreditó haber efectuado dicho pago a la Funeraria Jardines de Cartagena – Grupo
Recordar, por concepto de los gastos funerarios de su hermano45.

111. Como en efecto el referido demandante demostró el desembolso en cuestión,
la Sala procederá a actualizar el monto reconocido y a reducirlo en un 50 %

Ca = Ch x índice final (abril de 2025)
índice inicial (noviembre de 2022)

Ca = $1’200.000. x 149,66
124,46 Ca: $1’442.969,63

TOTAL CON REDUCCIÓN: $721.484,82

Del llamamiento en garantía con fines de repetición

116. La entidad demandada formuló el llamamiento en garantía con fines de
repetición en contra del patrullero Julián Quintana Aragón, en atención a que el
disparo que causó la muerte de la víctima provino de su arma de dotación oficial.

117. Para tal efecto, en el escrito se invocó la presunción establecida en el “artículo
6 de la Ley 678 de 2001, que determina la culpa grave del servidor público para
fines de repetición de la siguiente manera: La conducta del agente del Estado es
gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la
Constitución y la Ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio
de las funciones”.

45
SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_CD3ZIP(.zip) NroActua 2. PDF. Folios 70-71.

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

118. Para tal efecto, destacó que en el marco del proceso disciplinario que por los
hechos se adelantó, al entonces patrullero Quintana Aragón se le impuso la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años, al haber incurrido en
una falta gravísima por manipular imprudentemente su arma de fuego y, a renglón
seguido, se transcribió in extenso, las consideraciones de dicho fallo.

119. En el recurso de apelación, se “indicó que de las pruebas allegadas se
vislumbra el Dolo y Culpa Grave de la actuación del señor patrullero Julián Quintana
Aragón, pues de los hechos y del material probatorio encontrados dentro del
proceso, se puede concluir que el daño antijurídico fue causado por el Patrullero
anteriormente citado”. La responsabilidad del llamado fue reiterada, básicamente,
con fundamento en que su conducta fue sancionada disciplinariamente con
destitución, por la indebida manipulación de su arma de dotación oficial.

120. La finalidad de las presunciones es tener como cierto o probable un hecho que
se infiere a través de un juicio lógico que realiza el legislador o el juez acudiendo a
las máximas generales de la experiencia y la sana crítica46, de ahí que se considere
que se puede invertir las condiciones generales de la carga de la prueba en favor
de quien la invoca. Aquellas, pueden considerarse como de tipo legal (iuris tantum),
cuando admiten prueba en contrario, o de derecho (iuris et de iure), cuando se
considera definitivamente como cierto el hecho presumido y, por el contrario, no es
posible desacreditarlo.

121. Las presunciones estipuladas en el artículo 6 de la Ley 678 de 2001 tienen
naturaleza de legales47 y, por tanto, la entidad demandante tiene la carga de probar
únicamente los supuestos de hecho a los que aluden dichas normas, puesto que “la
parte que niegue el hecho presumido está sujeta a la carga de probar el hecho
contrario”48. Así lo ha considerado esta Subsección:

Las presunciones de culpa grave y de dolo contenidas en la Ley 678 de
2001 son legales. Esto se debe a que así lo consideró la Corte

46
Francesco Carnelutti, La prueba civil, (Buenos Aires: Arayú, 1955), 19.
47
El profesor Betancur Jaramillo cuestiona el nomen iuris adoptado por el legislador de 2001, y afirma que
“vistas las definiciones y los eventos que los ponen de presente, habrá de concluir que lo que quiso el legislador
fue señalar o calificar unos hechos como dolosos en su artículo 5 y otros, como equivalente a culpa grave, en
el siguiente. En otras palabra, cuando la primera norma enuncia cinco hechos (…) no lo hace a título de
antecedentes para que de él se infiera o presuma el dolo, sino que está dando a entender que cuando ocurra
cualquiera de los hechos enunciados y probados no es que se presuma el dolo, sino que existe éste (…)
Corrobora la idea de que el artículo 5 no establece presunciones sino que enuncia casos de dolo, la definición
misma que sobre éste hace en su inciso 1º, al señalar que el agente actúa con dolo cuando el agente quiere la
realización de un hecho ajeno a la finalidad del servicio del Estado”. Betancur Jaramillo, Carlos, Derecho
Procesal Administrativo, Medellín, Seña Editora, 2013, p. 124 y 125.
48
Hernando Devis Echandía, Teoría general de la prueba judicial, Tomo II (Bogotá: Temis, 2017), 681.

33

radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

Constitucional en la sentencia C-374 de 2001 al decidir acerca de la
constitucionalidad de los artículos 5 y 6 de esa normativa (…). Concluyó
la Corte Constitucional que las presunciones que contempla la Ley 678
de 2001 son legales, pues, de haberlas calificado de derecho, la acción
de repetición carecería de sentido.

Si se tratara de presunciones de derecho [que no admiten prueba en
contra, por fundarse en el orden público], el demandado en una acción
de repetición no tendría la oportunidad de demostrar que la conducta que
se le reprocha no ocurrió a título de culpa grave o dolo. Simplemente se
encontraría en una posición en la cual no podría ejercer su derecho de
defensa, lo que implicaría la violación del artículo 29, según el cual toda
persona tiene derecho a “presentar pruebas y a controvertir las que se
alleguen en su contra”49.

De tal manera que se comparten las consideraciones expuestas por la
Corte Constitucional acerca de que la Ley 678 de 2001 incorporó
presunciones legales, toda vez que de esta manera se garantiza el
ejercicio del derecho de defensa, como vía para hacer valer la presunción
de inocencia en desarrollo de una demanda de repetición, escenario
judicial que se instauró precisamente para definir la responsabilidad o no
del servidor o ex servidor del Estado50.

121. Entonces, quien alegue a su favor una presunción deberá probar plenamente
y, a través de medios conducentes, pertinentes y eficaces, los hechos que le dan
su origen, puesto que resulta claro que el legislador no pugnó por una suerte de
tarifa legal para acreditar aquel supuesto fáctico. Las presunciones establecidas en
la ley sólo serán procedentes y se tendrán por ciertas cuando los hechos en que se
funden estén debidamente probados, pero admitirá prueba en contrario cuando la
ley lo autorice.

122. Con fundamento en las pruebas obrantes en el expediente y conforme a las
reglas sobre el régimen de repetición, la Sala encuentra acreditada la configuración
del supuesto de hecho que permite aplicar la presunción de culpa grave contenida
en el artículo 6° de la Ley 678 de 2001. En efecto, con las pruebas allegadas al
plenario se demostró que el patrullero Julián Quintana Aragón hizo uso de su arma
de dotación oficial en un procedimiento policial desarrollado en servicio activo, sin

49
Original de la cita: “El inciso 4º del artículo 29 constitucional señala:
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos
veces por el mismo hecho”.
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6
de julio de 2017, expediente 45.203, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, reiterada en decisión del 4 de diciembre
de 2020, expediente 65.086, M.P. María Adriana Marín.

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
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demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

agotar previamente otras medidas disuasivas disponibles, sin contar con apoyo
institucional, y en un contexto en el que su conducta resultó contraria a los
protocolos de intervención establecidos por la propia Policía Nacional.

123. De manera particular, salta a la vista que el agente desconoció de forma
manifiesta e inexcusable las normas de derecho, específicamente el decálogo de
manejo de armas de fuego de dotación oficial, el cual exige prever el resultado del
actuar, tomar medidas preventivas antes de accionar el arma y aplicar una
intervención progresiva y controlada. No solo se omitió solicitar apoyo o evaluar la
proporcionalidad del uso de la fuerza, sino que, según lo establecido en la prueba
técnica y los testimonios se accionó el arma en circunstancias que comprometieron
el deber constitucional de protección de la vida, consagrado en el artículo 2° de la
Constitución Política. A su vez, la conducta desplegada vulneró lo dispuesto en el
artículo 6 ibidem, en cuanto al principio de legalidad y la responsabilidad personal
de los servidores públicos por extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

124. En consecuencia, se configura plenamente la presunción legal de culpa grave
en los términos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001 y, como se trata de una
presunción iuris tantum, correspondía al patrullero Quintana Aragón, en calidad de
llamado en garantía, aportar elementos de juicio que permitieran desvirtuar los
hechos que la originan; sin embargo, no se allegó prueba alguna que contradijera
los hallazgos acreditados ni se ofreció explicación que pudiera exonerarlo de
responsabilidad.

125. Así pues, al constatarse que la parte actora demostró el supuesto fáctico
habilitante de la presunción legal, y ante la falta de prueba de descargo por parte
del llamado, se tiene por cumplido el requisito subjetivo necesario para que prospere
el llamamiento.

126. En consecuencia, la Sala revocará la decisión de primera instancia en cuanto
negó el llamamiento, y declarará patrimonialmente responsable al patrullero Julián
Quintana Aragón, condenándolo a reembolsar el 50% de lo que la Policía Nacional
deba pagar en cumplimiento de la condena principal. Este porcentaje corresponde
al valor que efectivamente se pague dentro del término de ley, pues en caso de que
dicho pago no se realice oportunamente, los mayores valores generados por
concepto de intereses moratorios no estarán a cargo del repetido.

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demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

127. No se ordena el reembolso del 100% del pago efectuado por la entidad, pues,
como se advirtió párrafos atrás, la responsabilidad de la Policía Nacional también
se vio comprometida por la conducta asumida por el patrullero Franklin José Robles
De la Hoz, quien efectuó un disparo disuasivo sin la debida precaución, lo que
intensificó el escenario de confrontación; sin embargo, esa actuación no será objeto
de pronunciamiento en este acápite, en la medida en que dicho funcionario no fue
llamado en garantía dentro del proceso.

Condena en costas

128. El artículo 188 del C.P.A.C.A. consagra que “la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.

129. De esta manera, con independencia de la buena fe con que las partes hubieran
obrado en el presente recurso, por regla general, debe ser condenado en costas el
extremo vencido o al que se le resuelve desfavorablemente el recurso, con apego
a los dictados del artículo 365 del Código General del Proceso.

130. Como consecuencia, dado que el recurso de apelación prosperó parcialmente
en favor del extremo recurrente, en la medida en que parte de sus argumentos de
defensa fueron recogidos y derivaron en la reducción de la indemnización, la Sala
se abstendrá de condenar en costas por la segunda instancia51.

131. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. MODIFICAR la sentencia del 30 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR, administrativamente responsable a la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, en una proporción del 50%,
por los daños antijurídicos causados a los demandantes, con ocasión de la
muerte del señor RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO MACKENZIE.

51
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 5) del artículo 365 del C.G.P. “5. En caso de que
prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión”.

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demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL, a reconocer y pagar por concepto de PERJUICIOS MORALES las
siguientes indemnizaciones:
• A favor de RAFAEL RICARDO BAQUEDO VÁSQUEZ y DANNA SOFÍA
BAQUEDO VÁSQUEZ, en calidad de hijos, un total de 50 SMLMV para cada
uno.

• A favor de los señores RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO ROMERO, en calidad
de padre, y MURIEL MACKENZIE MARTÍNEZ, en calidad de madre, un total de
50 SMLMV para cada uno.

• A favor de los señores RICARDO ANTONIO BAQUEDO MACKENZIE y
KEVIN BAQUEDO MACKENZIE, en calidad de hermanos, un total de 25
SMLMV para cada uno.

• A favor de los señores EMÉRITA DEL CARMEN ROMERO MÓRELO,
RAFAEL ENRIQUE BAQUEDO ÁVILA y ANA MARÍA MARTÍNEZ BOLAÑO, en
calidad de abuelos, un total de 25 SMLMV para cada uno.

TERCERO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL- POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de RICARDO
ANTONIO BAQUEDO MACKENZIE, por concepto de perjuicios materiales en
la modalidad de DAÑO EMERGENTE, la suma de $721.484,82.

CUARTO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de DANNA SOFÍA BAQUEDO
VÁSQUEZ, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de LUCRO
CESANTE, la suma de $39’041.647,61.

QUINTO: CONDENAR a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-
POLICÍA NACIONAL, a reconocer y pagar a favor de RAFAEL RICARDO
BAQUEDO VÁSQUEZ, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad
de LUCRO CESANTE, la suma de $43’140.481,75.

SEXTO: CONDENAR al señor Julián Quintana Aragón a reembolsar a la Nación
– Ministerio de Defensa – Policía Nacional el cincuenta por ciento (50%) de la
suma que ésta deba pagar en cumplimiento de la presente condena, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SÉPTIMO NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: SÉPTIMO: Abstenerse de condenar en costas a la NACIÓN-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- POLICÍA NACIONAL.

2. Sin condena en costas por la segunda instancia.

3. Por intermedio de la Secretaría de la Sección Tercera de esta Corporación,
ejecutoriada la presente providencia, DEVOLVER el expediente de este proceso al
Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la

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radicación número: 13001-23-33-000-2015-00747-01 (71191)
actor: Duvis Paola Vásquez Manuel y otros
demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
referencia: Medio de control de reparación directa

integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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