Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00276-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00276-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2016-00276-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00276-01 (3363-2019)
Demandante: Maritza López Díaz
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio en
plazas del orden territorial y nacionalizado. Docentes territoriales
cofinanciados por la nación. Aplicación de sentencias de
unificación del 11 de agosto de 2022. CONFIRMA Y MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Maritza López Díaz instauró demanda contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes.
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones, (i) RDP 518 del 23 de marzo de 2012,
1 Folios 2 a 3.
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(ii) RDP 003704 del 12 de junio de 2012, y (iii) RDP 012827 del 23 de octubre de
2012, por medio de las cuales la UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia
a favor de la demandante y confirmó tal decisión respectivamente al resolver un
recurso de reposición y apelación.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar a la accionante la pensión gracia, con los correspondientes ajustes de ley y
efectiva desde la referida fecha. Además, solicitó que se efectúe la indexación sobre
el valor de las sumas adeudadas por este concepto y que se condene en costas y
agencias en derecho a la parte demanda.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera.
Que la señora Maritza López Díaz laboró como docente departamental de básica
primaria, del 12 de septiembre de 1977 hasta el 1° de febrero de 1980 con la
Gobernación de Bolívar, y mediante prestación de servicios con la Alcaldía de
Cartagena durante los años 1991 a 1994. Finalmente fue vinculada por esta misma
autoridad, prestando sus servicios sin interrupción desde el 18 de mayo de 1994
hasta el 20 de junio de 2013.
Que radicó ante la UGPP una solicitud tendiente a obtener el reconocimiento de la
pensión gracia por haber laborado durante más de 20 años al servicio del magisterio.
Que la entidad negó lo reclamado a través de la RDP 518 del 23 de marzo de 2012
desestimando el periodo laborado con la Alcaldía de Cartagena, confirmando la
decisión mediante la RDP 003704 del 12 de junio de 2012 y la RDP 012827 del 23
de octubre de 2012.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 10 de agosto de 20163 y notificada a la
UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el que manifestó que la
docente no acreditó los 20 años de servicio ni tuvo una vinculación territorial o
nacionalizada previa al 30 de diciembre de 1980, además, al ser cofinanciada por
la Nación, su régimen prestacional dependía de la misma, incumpliendo con los
requisitos de la Ley 114 de 1913.
2 Folios 1 a 2.
3 Folio 57.
4 Folios 61 a 62.
5 Folios 63 a 72.
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Propuso como excepciones de mérito las que denominó, (i) Prescripción, (ii)
Inexistencia de la causa petendi y cobro de lo no debido, (iii) Falta de derecho para
pedir, (iv) Buena fe, (v) Cobro de lo no debido, y (vi) La genérica.
En la audiencia inicial6 se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las
pretensiones frente a las cuales se orientaría la decisión, se declaró fallida la
conciliación y se consideró agotada esta etapa. Sobre las pruebas decidió darles el
mérito probatorio al momento de dictar sentencia.
Igualmente, en esta oportunidad se corrió traslado para alegar de conclusión a fin
de dictar el respectivo fallo con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN7
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 23 de marzo de 2018
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar
la nulidad de los actos demandados y ordenar el reconocimiento de la pensión
gracia a favor de la reclamante desde el cumplimiento del estatus pensional del 4
de diciembre de 2008, con efectos fiscales con posterioridad al 31 de marzo de
2013, por prescripción trienal. Por otro lado, negó los demás pedimentos de la
actora y condenó en costas a la UGPP.
Para ello argumentó que, para el caso concreto, la exigencia de la norma refiere a
una vinculación territorial o nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980 y no al
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión cuando entró
en vigencia la Ley 91 de 1989, por lo tanto, es admisible el cómputo de tiempo de
servicio prestado después de la fecha mencionada inicialmente en caso de existir
una vinculación previa.
Que los periodos laborados mediante contratos de prestación de servicios pueden
ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia conforme a la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
Que la cofinanciación para el pago de los salarios de la docente no es determinante
para desconocer la pensión, pues el origen de los recursos con los que se financian
los salarios de los docentes no es relevante para el reconocimiento de la prestación,
ya que tanto las vinculaciones nacionales como las nacionalizadas han sido
pagadas con recursos provenientes de la Nación y se financian con recursos del
situado fiscal (hoy Sistema General de Participaciones) desde la Ley 60 de 1993.
Que, de acuerdo con las pruebas obrantes, se demostró que la demandante laboró
6 Folios 99 a 100.
7 Folios 110 a 120.
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desde el 12 de septiembre de 1977 y prestó el servicio como docente territorial o
nacionalizado por 20 años, cumpliendo con el requisito mínimo de la edad 50 años
y el de la buena conducta, adquiriendo el estatus el 4 de diciembre de 2008, por
tanto, la accionante reúne los demás requisitos exigidos en la ley para el
reconocimiento de la pensión gracia.
EL RECURSO DE APELACIÓN8
La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia, al asegurar que los certificados aportados por la
demandante presentan inconsistencias que no fueron aclaradas, incumpliendo con
los requisitos exigidos por el Consejo de Estado en sentencia del 02 de febrero de
2006 (3710025), por lo que se deben tener como no acreditados los 20 años de
servicio docente, así como la vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de
1980.
Que, los dineros con los que se pagó a la actora sus salarios provienen de recursos
de la Nación al ser cofinanciada, por tanto, considera que no basta que el docente
tenga la condición territorial, se requiere también cumplir el requisito de “que no
haya recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional”, debido a que si el docente recibe salario o subvenciones de la Nación no
tendrá derecho a ser beneficiario de la pensión gracia.
Que no se encuentra probado el cumplimiento del tiempo como docente territorial o
nacionalizado, y que, si bien son válidas algunas vinculaciones como las
interinidades departamentales o municipales, las de carácter nacional no lo son, por
lo tanto, los tiempos por contrato de prestación de servicios y las vinculaciones con
colegios del orden nacional no son admisibles.
Pide que la condena en costas sea revocada considerando que no existe una clara
confrontación de criterios, resultando exagerado la condena de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1437 de 2011.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandada9 presentó escrito de alegaciones finales en el que reiteró los
argumentos expuestos en la contestación y en el recurso de apelación, además
manifestó que los tiempos laborados mediante contrato de prestación de servicios
deben ser declarados con anterioridad por el juez competente en un proceso que
permita conocer la relación laboral entre el docente y la Secretaría de Educación
del Departamento.
8 Folios 124 a 131.
9 Folios 190 a 193.
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POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado no efectuó
pronunciamiento alguno.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial
o nacionalizado durante al menos 20 años de servicio, y acreditar algún período en
tal calidad anterior al 31 de diciembre de 1980, ello contabilizando incluso los
tiempos desempeñados bajo la modalidad de interinidad y hora cátedra.
Cuestión previa – Sucesión procesal
A folios 194 a 199 del expediente encuentra la Sala que la actora Maritza López
Díaz, falleció el 10 de noviembre de 2019; razón por la cual los señores Milena
Alejandra López Díaz y Jaime López Díaz, sosteniendo ser sus hijos solicitan la
continuidad del proceso en calidad de sucesores procesales, sin embargo, a pesar
de que los mencionados probaron ser hijos de la fallecida, no acreditaron ser sus
únicos herederos y por tal razón, si bien están legitimados para ser sucesores
procesales, la sentencia, en caso de que se acceda a las pretensiones de la
demanda, no podrá pronunciarse en su favor, sino en favor de la sucesión de la
señora Maritza López Díaz y deberá ser en el trámite sucesoral correspondiente que
se determine a quien corresponde recibir como heredero el importe de dicha
sentencia.
En consecuencia, se abordará seguidamente la apelación de la sentencia objeto de
análisis en esta instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
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Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos inicialmente previstos para el efecto.
Adicionalmente, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del
ramo docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre el derecho bajo estudio también resulta necesario precisar como
marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se desarrolló
10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido desde el
1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Por otro lado, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
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Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
12Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original).
En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran a los educadores en nombre y representación
del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10 de la Ley 29
de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 202213 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que, «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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administrativa como judicial, tal como sucede con el asunto bajo examen en esta
oportunidad.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable, previstas para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, deberá enfocarse el análisis del asunto bajo estudio entendiendo que
los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales circunscriben por
congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se centran y limitan en
verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la demandante como
docente oficial, fueron del orden territorial o nacionalizado que le permitan acreditar
el ingreso a la plaza docente con antelación al 31 de diciembre de 1980 y acumular
los 20 años de servicio necesarios para consolidar el derecho pensional en litigio.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con la
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edad, se observa que la señora Maritza López Díaz nació el 27 de mayo de 194814
de modo que cumplió los 50 años el 27 de mayo de 1998.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizado, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se realiza el siguiente estudio sobre los tiempos de labor
acreditados en la presente causa judicial.
• Periodo I: 12 de septiembre de 1977 al 1.º de febrero de 1980.
Conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
emitido el 25 de julio de 200615 por la Secretaría de Educación Departamental de
Bolívar, efectivamente se tiene demostrado que la demandante prestó sus servicios
de manera ininterrumpida durante el período bajo estudio, iniciando labores en la
Escuela Urbana de Varones Hijos del Chofer del municipio de Cartagena el 12 de
septiembre de 1977 (evidenciado también en Acta No. 103904 del 12 de septiembre
de 197716) y finalizando en la Escuela Rural de Membrillal del municipio de
Cartagena el 1.º de febrero de 1980 debido a traslados efectuados. En la referida
historia laboral se evidencia a su vez la vinculación de carácter nacionalizada que
ostentó la actora en el periodo objeto de estudio. Todo lo anterior se aprecia en las
siguientes imágenes:
14 De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía y copia del registro civil de nacimiento visibles a folio
12 y 13 del expediente.
15 Folios 36 a 37.
16
Folio 39.
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12
Radicado: 13001-23-33-000-2016-00276-01 (3363-2019)
Por los argumentos anteriormente expuestos, la actora prestó sus servicios como
docente de carácter nacionalizada para el periodo de tiempo laborado entre el 12
de septiembre de 1977 al 1.º de febrero de 1980 (2 años, 4 meses y 19 días), por
lo que se deberá tener en cuenta este tiempo para la acumulación de los 20 años
de servicio y a su vez considerar colmado el presupuesto de ingreso a la docencia
oficial con antelación al 31 de diciembre de 1980, para efectos del reconocimiento
de la pensión gracia reclamada.
• Periodo II: Entre los años 1991 y 1994
Para analizar este período, únicamente obra en el expediente el certificado suscrito
por el Director Administrativo y Financiero de la Secretaría de Educación Distrital 17
en el cual confirma que la reclamante prestó los servicios de docente a la alcaldía
de Cartagena, mediante órdenes de servicio en cada una de las anualidades bajo
estudio en este punto, como se observa a continuación:
17
Folio 38.
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13
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Respecto al certificado, omitió el mencionado Director la remisión documental que
sustentara su declaración, siendo insuficiente el contenido del mismo en tanto no es
posible identificar la información necesaria para determinar el tipo de vinculación de
la actora, que bien pudo la demandante demostrar mediante cualquier otro medio
probatorio como: copia de los contratos, soportes de pago de los honorarios, actas
de inicio y/o terminación, incluso con testimonios. Por lo tanto, resulta viable
asegurar que aquel medio de convicción no tiene la aptitud probatoria suficiente
para establecer si la reclamante prestó sus servicios como docente oficial con
vinculación territorial o nacionalizada.
Sobre el particular, al entenderse que las manifestaciones de las entidades del
Estado se presumen ajustadas a derecho, se corrobora la necesidad de que, como
lo prevé la regulación procesal, sea quien alega su ilegalidad el que debe invocar
las normas violadas, el concepto de la violación, y además, desplegar una actividad
probatoria suficiente y adecuada para lograr el efecto jurídico de los preceptos que
fundamentan el derecho reclamado a través de un medio de control como el de
nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual se traduce en la concreción
del postulado adjetivo de la carga de la prueba al tenor del artículo 167 del CGP. 18
18 «Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
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14
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En este punto, es de resaltar que la norma impone una carga procesal a las partes
tendientes a que presenten los medios de convicción pertinentes, conducentes,
útiles y necesarios para demostrar los hechos de la demanda o las excepciones que
aleguen en la contestación, de manera que obtengan un resultado satisfactorio
respecto de sus propias posturas jurídicas frente a un mismo caso.
Con base en lo expuesto, no le asiste razón al tribunal de primera instancia al incluir
los periodos de tiempo solicitados por el demandante en el cómputo de la
prestación, es decir: i) del 1.º de febrero al 30 de noviembre de 1991, (ii) del 1.º de
febrero al 30 de noviembre de 1992, (iii) del 11 de febrero al 30 de diciembre de
1993, y (iv) del 17 de enero al 16 de mayo de 1994. En todo caso, la información
objeto de análisis no será validada en tanto que la misma no afecta el
reconocimiento del derecho, como se apreciará en el desarrollo de esta providencia.
• Periodo III: del 18 de mayo de 1994 al 20 de junio de 2013.
Sobre el período en mención se destaca que, según el Decreto 426 del 4 de mayo
de 199419 emitido por el alcalde de Cartagena, y la respectiva acta de posesión20,
en efecto, la señora López Díaz fungió como docente de primaria en las Escuelas
Oficiales del Distrito, esto durante los extremos temporales bajo estudio según
consta en los mencionados actos y en el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral emitido el 14 de enero de 201521, en donde se
evidencia la vinculación de la docente desde el 18 de mayo de 1994 hasta la fecha
de retiro forzoso de la docente, es decir, el 20 de junio de 2013.
En el acto administrativo de nombramiento se observa que la decisión fue adoptada
sin que se advierta intervención directa del Ministerio de Educación en la decisión,
o aval de este para que, en virtud de la desconcentración, la autoridad
departamental en su representación efectuara la designación en comento, así como
tampoco se verifica que se haya presentado autorización de financiamiento por
parte del delegado de dicha cartera gubernamental ante el FER, tal como se aprecia
de las siguientes imágenes:
No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga
al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo
probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las
evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en
virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias
técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado
de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.
[…]»
19
Folio 40 a 43.
20
Folio 44.
21
Folios 45 y 46.
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15
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Ahora bien, en este punto debe destacarse que el mencionado acto expone en sus
consideraciones que se crearon las plazas de básica primaria producto del convenio
celebrado entre el Distrito y la Fiduciaria del Estado, siendo estos nombrados
educadores cofinanciados por la Nación, situación que debe analizarse a la luz de
las siguientes normas con el fin de determinar la naturaleza de vinculación del
docente.
El artículo 110 de la Ley 21 de 199222 consagró que:
Los recursos para la cofinanciación de maestros cuyo objeto es facilitar
nombramientos por parte de los entes locales procederán previo convenio entre la
Nación, Ministerio de Educación Nacional y el respectivo distrito, departamento o
municipio.
Publicada la presente Ley todos los municipios del país elaborarán en un plazo de
tres meses el plan de desarrollo educativo con base en el cual se procederá a la
creación de plazas de maestros.
Los maestros deben ser nombrados por los alcaldes donde se haya municipalizado
la educación.
22 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.
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A su vez, los artículos 4 y 5 del Decreto 206 de 199323 señalaron:
Artículo 4. Cofinanciación para el pago de maestros. Con los recursos asignados en
el Presupuesto Nacional para efectos de cofinanciar el pago de maestros de primaria
y secundaria, se financiarán, en promedio, hasta el 70% del costo de cada educador
que sea contratado por las entidades territoriales.
Para el año 1993 estos recursos serán ejecutados por el Ministerio de Educación al
igual que los recursos para cofinanciar infraestructura educativa.
Artículo 5. Reglamentación de convenios, Ley 21 de 1992. El Ministerio de Educación
Nacional, antes del 31 de marzo de 1993, reglamentará los convenios a que hace
referencia el artículo 110 de la Ley 21 de 1992.
El artículo 2 del Decreto 196 de 199524 definió como docentes territoriales aquellos
educadores financiados o cofinanciados por la Nación - Ministerio de Educación
Nacional, mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas
departamentales o municipales.
Por su parte, el artículo 4º. del mencionado Decreto 196 de 1995 estableció lo
siguiente:
Docentes departamentales y municipales financiados o cofinanciados por la Nación -
Ministerio de Educación Nacional. Los docentes departamentales y municipales
financiados o cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional mediante
convenios, serán afiliados o Incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, bajo el régimen de la Ley 91 de 1989 y sus Decretos
reglamentarios 1775 y 2563 de 1990 o de las disposiciones que modifiquen el régimen
indicado, previo el cumplimiento de los requisitos económicos y formales establecidos
para el efecto. Los docentes así vinculados que previamente se encuentren afiliados
a una caja de previsión o entidad que haga sus veces, quedarán eximidos de los
requisitos económicos de afiliación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de
Magisterio.
Las prestaciones sociales de los docentes financiados y cofinanciados serán de cargo
de la respectiva entidad territorial y los recursos para su cancelación se regirán por lo
que disponga el correspondiente convenio de financiación o de cofinanciación. Las
entidades territoriales, las cajas de previsión o las entidades que hagan sus veces,
girarán directamente los recursos al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del
Magisterio.
Parágrafo. - Una vez se venzan los términos de los convenios de plazas financiadas
cofinanciadas, los derechos salariales y prestacionales se pagarán con cargo al
situado fiscal.
23 Por medio del cual se reglamentan los artículos 31 y 32 de la Ley 38 de 1989.
24 Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 y el artículo 176 de la Ley 115 de
1994, relacionados con la incorporación o afiliación de docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y se dictan otras disposiciones.
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00276-01 (3363-2019)
Del anterior análisis normativo, se concluye que los maestros cofinanciados por la
Nación son docentes territoriales, por lo tanto, sus prestaciones estarían a cargo de
la entidad territorial respectiva.
Sobre la naturaleza de la vinculación de los docentes cofinanciados, esta
corporación en sentencia del 11 de abril de 2018,25 luego de analizar las normas
citadas, precisó lo siguiente:
De conformidad con lo anterior y en virtud a que las normas definen a los docentes
cofinanciados como docentes departamentales, distritales o municipales
dependiendo de ente que los hubiera vinculado, la Sala considera que como el
demandante fue vinculado como docente cofinanciado por el Municipio (sic) de San
Sebastián de Mariquita desde 1994, se debe entender que dicha vinculación se dio
como municipal y por consiguiente tiene derecho a que dichos tiempos sean tenidos
en cuenta para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia.26
Ahora bien, el asunto bajo examen se ajusta al anterior análisis normativo y
jurisprudencial considerando que la señora Maritza López Díaz fue nombrada por el
alcalde de Cartagena como docente de las Escuelas Oficiales del Distrito en virtud
de la creación de plazas cofinanciadas, por lo tanto, la vinculación de la docente fue
de carácter territorial durante el lapso transcurrido entre el 18 de mayo de 1994 y
el 20 de junio de 2013, tiempo que deberá tenerse en cuenta para efectos de
reconocer la pensión gracia.
Con base en el referido recuento fáctico, se estima que los períodos de trabajo de
la señora Maritza López Díaz como docente oficial en plazas del orden territorial y
nacionalizado, se acreditaron de la siguiente forma:
ACTO QUE RESPALDA EL ENTIDAD QUE EXPIDE EL ACTO Y TIPO DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
VÍNCULO POSESIONA PLAZA
Decreto No. 727 del 8
12/09/1977 1/02/1980 2 4 19 Departamento de Bolívar Nacionalizada
agosto de 1977
Decreto No. 426 del 4 de Alcaldía de Cartagena Territorial
18/05/1994 2/06/2013
19 1 2 mayo de 1994
TOTAL 21 AÑOS 5 MESES 21 DÍAS TIEMPO TOTAL DE SERVICIO = 21 AÑOS, 5 MESES Y 21 MESES
En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
la demandante como maestra oficial durante los lapsos enlistados en la referida
tabla, concluye la Sala que aquella satisfizo el requisito de cumplir 20 años al
servicio estatal como educador del orden territorial y nacionalizado.
Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
25 Radicado 190012333000201500392 01 (2235-2017).
26
Criterio reiterado por esta Sección en sentencias del 17 de julio de 2020, 13 de abril de 2023, 20 de abril de 2023 y 11
de mayo de 2023 y en sentencia SU-559 de 1997 de la Corte Constitucional en donde señaló que aquellos docentes
cofinanciados también eran considerados como de orden territorial.
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00276-01 (3363-2019)
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que la actora efectivamente se desempeñó como tal al
servicio del departamento de Bolívar bajo relaciones legales y reglamentarias del
orden nacionalizado desde el 12 de septiembre de 1977 hasta el 1 de febrero de
1980, es decir, en períodos anteriores a la primera fecha en comento, por lo que se
encuentra colmada la exigencia objeto de análisis.
En punto de cumplir el cuarto requisito que se circunscribe a la verificación de la
buena conducta de la accionante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no se discutió en sede
administrativa, ni en primera instancia ni en la primera instancia ni mucho menos
mediante el recurso de apelación analizado en esta oportunidad, por lo que se
presume la buena fe de la interesada en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto, se estima que el tribunal de primera instancia fue acertado
en el fallo apelado para acceder al reconocimiento de la prerrogativa solicitada por
la demandante. Sin embargo, al incluir en el cómputo de los períodos de servicio los
tiempos que afirmó la actora laborar como docente mediante contrato de prestación
de servicios, desconoció el a quo que esta no ejerció una adecuada y contundente
actividad de convicción, es decir, no cumplió con su carga de la prueba, toda vez
que solo aportó un documento que no logró generar certeza respecto del punto en
discusión, por lo tanto, tendrá que modificarse el ordinal segundo en cuanto a la
fecha de consolidación del estatus pensional, pues esta es posterior a la
determinada inicialmente, lo cual, beneficia a la parte apelante y no vulnera el
principio de la non reformatio in pejus.
Acerca de este punto es de precisar que, con base en el cálculo válido del servicio
prestado por la docente para adquirir la pensión gracia, la señora López Díaz
acreditó la totalidad de requisitos previstos para el efecto solo cuando cumplió 20
años de servicio, lo cual ocurrió hasta el 29 de diciembre de 2011 (después de los
50 años de edad cumplidos el 27 de mayo de 1998), mas no el 4 de diciembre de
2008 como lo había estimado el juez de origen, tal como aprecia del siguiente
cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
12/09/1977 1/02/1980 2 4 19
18/05/1994 29/12/2011 17 7 11
TOTAL 19+1=20 AÑOS 11 +1= 12 MESES (1 AÑO) 30 (1 MES)
Es decir, la prerrogativa objeto de condena debe ser reconocida desde el 29 de
diciembre de 2011, lo cual será materia de modificación en el fallo impugnado así
como el reconocimiento de la prestación a favor de la sucesión de la señora Maritza
López Díaz, pero confirmando en todo lo demás dicha providencia, incluido el
análisis de la prescripción, pues efectivamente este fenómeno ocurrió si se tiene en
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cuenta que, partiendo de la referida fecha de exigibilidad del derecho, se observa
que la demandante presentó petición de reconocimiento de pensión a la UGPP el 1
de julio de 2015, y si bien se interrumpió la prescripción por 3 años, solo hasta el
día 31 de marzo de 2016 radicó la demanda, superando el lapso de interrupción y
configurando el fenómeno a partir de la última fecha mencionada, prescribiendo las
mesadas anteriores al 31 de marzo de 2013, conforme a lo previsto en el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969.
Sobre la condena en costas de primera instancia
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera instancia fue proferida
previamente a la referida circunstancia.
Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada
(23 de marzo de 2018), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la
imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra
la demandante por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
causación de las agencias en derecho en el monto que el tribunal estimó conforme
a las previsiones del artículo 188 del CPACA y 365 del CGP, así como la demás
normativa que regula la materia.
En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo de la accionante.
Condena en costas de segunda instancia
Sin perjuicio de lo anterior, respecto a la imposición de dicha carga en esta
oportunidad se recuerda que la jurisprudencia de la Subsección A del Consejo de
Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo consagrado en el artículo 188
del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa
valoración fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe. No obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida
obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
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fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que los
argumentos del recurso de apelación presentados por la parte demandada, no
presentan una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR EL ORDINAL SEGUNDO de la sentencia apelada, el cual
quedará de la siguiente forma:
«[…] Segundo: como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión
gracia a la sucesión de la señora Maritza López Díaz, en cuantía del 75% del
promedio todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente
anterior a la consolidación de su estatus pensional, esto es, el comprendido entre el
29 de diciembre de 2010 y el 28 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas de segunda instancia a la parte
accionada según lo manifestado en las consideraciones de la sentencia.
CUARTO: RECONOCER personería adjetiva a la abogada Yury Tatiana Novoa
Peñaloza, portadora de la tarjeta profesional 268.119 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderado sustituto del demandado, en los términos y para los
efectos del poder de sustitución conferido por la apoderada principal la Dra. Marcela
Patricia Ceballos Osorio, ello conforme al respectivo memorial obrante en el índice
38 de la plataforma SAMAI.27
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
27
El número de escritura pública relacionado en el memorial enviado por la apoderada general del demandado (0317 del
26 de enero de 2024) no corresponde a la obrante en el expediente (1054 del 5 de marzo de 2024), sin perjuicio de lo
anterior, se reconoce la sustitución toda vez que en la escritura aportada se evidencia el poder otorgado por la
demandante a la Dra. Marcela Patricia Ceballos Osorio.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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