Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2016-00496-01
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Consejo de Estado · Sección Primera
Improcedencia de la acción de tutela para proteger derechos colectivos: por no acreditar el requisito de procedibilidad de…
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2016-00496-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2016-00496-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
2 de marzo de 2017
IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA PROTEGER DERECHOS COLECTIVOS - Por no acreditar el requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - La acción constitucional idónea para procurar la salvaguardia de los derechos colectivos es la acción popular / ACCIÓN POPULAR - Ausencia de acreditación de la amenaza o vulneración concreta de los derechos fundamentales, las personas que se vieron afectadas y porque es ineficiente para ampararlos en conexidad con los derechos colectivos / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA - El actor no funge como representante legal ni acredita su calidad de miembro, líder o dirigente de la colectividad negra de Punta Barú para interponer la acción de tutela
[R]esulta para la Sala jurídicamente inconveniente aseverar la existencia de una correlación causal directa, clara, inmediata y exclusiva entre la perturbación de derechos colectivos y el desconocimiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que, como se advierte, el actor no acreditó con suficiencia la amenaza o vulneración concreta de los derechos fundamentales que considera vulnerados, precisamente, por cuanto sin atender a la naturaleza subjetiva de la acción de tutela, no concretó ni individualizó, en términos probatorios, de manera personal y específica, quiénes son las personas que se vieron afectadas en los derechos fundamentales que trae a colación en la presente acción de tutela. Finalmente, el actor no prueba que la acción popular sea un mecanismo de defensa judicial ineficiente para amparar los derechos fundamentales invocados y vulnerados, en conexidad con los derechos colectivos. Sumado a lo anterior y remitiéndose a lo expuesto en el acápite del planteamiento del problema jurídico, en donde se deja claro que de haber accedido a la primera pretensión del actor, se produciría el restablecimiento de la totalidad de derechos constitucionales pertenecientes al grupo de personas que habitan en la región de Barú e, incluso, del número plural e indeterminado de personas que puedan verse beneficiadas con la construcción de la obra solicitada por el actor, puede asegurarse, sin ambages, que la acción constitucional idónea para procurar la salvaguardia de tales derechos es la acción popular y no la acción de tutela. (…). Así pues, en virtud de que el actor adujo interponer la presente acción constitucional como integrante de la persona ficta Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Barú, lo primero que la Sala debe destacar es que (…) se allega copia de la Resolución N. 1513 del 28 de febrero de 2014, por medio de la cual se reconoce y se inscribe la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la comunidad negra de Barú, corregimiento correspondiente a la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, respecto del cual se puede observar que el actor no funge como representante legal, ni como integrante de la Junta Directiva, ni de los comités de conciliación, proyectos, educación, deportes, seguridad, pesca, cultura y ambiente o salud del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú. En segundo lugar, vale la pena destacar que el accionante tampoco acredita su calidad de miembro, líder o dirigente individualmente considerado de la colectividad negra de Punta Barú. Es más, ni siquiera afirma habitar en el territorio donde se asienta la comunidad referida. Bajo ese entendido, no encuentra la Sala que el accionante tenga interés para interponer la acción de tutela de la referencia y, por tal motivo, carece de legitimación en la causa por activa para demandar la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la participación e identidad cultural y social de la comunidad negra de Punta Barú. Empero, no está de más recordar que ésta comunidad puede hacer uso de la acción popular y solicitar las medidas cautelares que considere apropiadas.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 21 DE 1991 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 30 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 31 / LEY 472 DE 1998 / DECRETO 2893 DE 2011 / DECRETO 3570 DE 2011 / DECRETO 3573 DE 2011 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 10
NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la afectación de derechos fundamentales que se pretende remediar, ver, Corte Constitucional, sentencia T-172 de 1 de abril de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En cuanto a las excepciones de la doble instancia, ver: Corte Constitucional, sentencia C-377 del 14 de mayo de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En relación con la protección de las personas en condición de discapacidad, ver: Corte Constitucional, sentencia T-097 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, sentencia T-253 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; sentencia T-1205 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y sentencia T-659 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Frente al carácter de derecho colectivo no muta a individual porque se afecte a un grupo determinado de personas, ver: Corte Constitucional, sentencia C-569 de 2004, M.P. Rodrigo Uprimy Yepes. Sobre el requisito de subsidiariedad, ver, Corte Constitucional, sentencia T 889 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; En relación sobre la legitimación en la causa por activa en la acción de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2011, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En cuanto a la competencia de un Juez en consulta se definen por el motivo de la misma, en razón al interés que se busca proteger, ver: Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 13001-23-33-000-2016-00496-01(AC)
Actor: DONALDO BARRIOS GELEZ
Demandado: MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS
Se decide la impugnación, oportunamente interpuesta por la parte actora y por las entidades vinculadas al proceso: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE- y Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en contra del fallo de dieciséis (16) de junio de 2016, proferido por la Sala de Decisión N.º 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio del cual se ampararon los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación y, de oficio, a la libre locomoción y al medio ambiente sano de la comunidad negra de Punta Barú, en conexidad con los derechos a la vida y a la salud.
LA SOLICITUD DE TUTELA
El ciudadano Donaldo Barrios Gelez, actuando en nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Instituto Nacional de Vías –en adelante el INVIAS-, de la Financiera de Desarrollo Nacional –en adelante la FDN- y del Ministerio del Interior, por considerar que se vulneraron los derechos constitucionales-fundamentales a la consulta previa, al debido proceso, a la participación y diversidad étnica y cultural, a la libre locomoción, a la salud, a la vida, al trabajo, a la educación y a la igualdad de la población negra de Punta Barú.
La solicitud de amparo la fundamentó en los siguientes hechos:
1.1.1 Expuso el actor que, por causa de la erosión costera, la única vía terrestre que comunica a la península de Barú con otros poblados, denominada “Playetas”, se encuentra en un grado tal de deterioro, que se ve imposibilitado el tránsito tanto de personas como de vehículos.
Especificó que la población de Punta Barú solo tiene un pequeño centro de salud y una escuela, motivo por el cual, quienes requieren de servicios médicos de segundo nivel en adelante, como servicios de educación, así como quienes trabajan en Santa Ana, Pasacaballo o en el área urbana de Cartagena, deben trasladarse, necesariamente, por el sector de Playetas, comoquiera que la vía marítima es costosa y riesgosa a determinadas horas del día.
1.1.2 Aseguró que el deterioro de la vía Playetas se ha acentuado por causa de las obras de dragado para la profundización y ampliación de la bahía de Cartagena, ejecutadas por el INVIAS y la FND.
Agregó que el Ministerio del Interior no incluyó a la comunidad de Punta Barú dentro del área de influencia del proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena, motivo por el cual, los ejecutores del proyecto, el INVIAS y la FDN, solo realizaron consultas previas a las comunidades de Bocachica y Caño del Oro, lugares en los cuales se desarrollan obras de protección costera, precisamente, en aras de mitigar los efectos del proyecto.
1.2.3 Afirmó que para poner en marcha el proyecto anotado, se hacía necesario practicar una consulta previa en la que se incluyera a la comunidad de Barú, así como ejecutar las respectivas obras de protección costera, por cuanto aquel ha generado impactos negativos de carácter social, cultural y ambiental en el sector de Playetas.
Señaló que ha enviado reiteradas peticiones verbales al Departamento Administrativo de Valorización Distrital, solicitando la adecuación y construcción de la vía Playetas, frente a las cuales ha respondido que, además de la obtención de la licencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y de los correspondientes recursos, es necesaria la realización de la obra de protección costera.
En consecuencia de todo lo anterior, procedió a formular las siguientes pretensiones:
“PRIMERO: ORDENAR al representante legal del INVIAS y a la FND a que en un término perentorio procedan a realizar las obras de protección costera para la comunidad de Barú, sector Playetas a fin de salvaguardar los derechos del Consejo Comunitario de la población negra de Barú (…)
SEGUNDO: Ordenar al Ministerio del Interior reconocer que Punta Barú está dentro del área de influencia directa e indirecta y el proyecto de profundización y ampliación del Canal de acceso a la Bahía de Cartagena, como también que el mismo tiene efectos ambientales, territoriales, sociales, políticos, culturales y hace incidencia en los usos y costumbres de dicha comunidad.
TERCERO: Ordenar al INVIAS y a la FDN a realizar el proceso de consulta previa en atención a lo establecido en la Constitución Política de Colombia (en especial al derechos al debido proceso artículo 29 y el artículo 7° que hace referencia al reconocimiento y protección por parte del Estado a la diversidad étnica y cultural de la Nación) además de lo establecido por los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos ratificados por Colombia (Convenio 169 de 1989), y nuestro ordenamiento jurídico, para lo cual se debe involucrar al Ministerio del Interior para que en el ámbito de sus competencias garantice el proceso y de esta manera se protejan los derechos fundamentales de la comunidad afrodescendiente de Punta Barú ya que la implementación del mismo tiene un impacto directo sobre esta población.
CUARTO: Ordenar la suspensión de las obras que se adelantan en el marco del proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena, hasta tanto no se cumpla con el proceso de consulta previa a la comunidad negra de Punta Barú.
QUINTO: Subsidiariamente en caso de no ser posible el proceso de consulta previa con la comunidad de Punta Barú, ordenar al INVIAS y a la FDN la reparación o compensación de los impactos negativos, a través de la ejecución de proyectos sociales, culturales y generación de ingresos para mitigar en gran medida los daños que ocasiona y ocasionará el proyecto en esta comunidad”.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Por auto N.º 313 del 8 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Bolívar resolvió admitir la solicitud de amparo instaurada por el actor y ordenó la notificación de la providencia a los directores del INVIAS y de la FDN y al Ministro del Interior para que se manifestaran respecto de los hechos y las pretensiones planteadas en el escrito de la acción de tutela. Las entidades mencionadas dieron respuesta en los siguientes términos:
2.1 El Director territorial de Bolívar del Instituto Nacional de Vías –INVIAS- solicitó que se denegaran las pretensiones de la presente acción constitucional en atención a que las obras de profundización del canal de acceso a la Bahía de Cartagena no afectan a la comunidad de Punta Barú y, por consiguiente, tampoco sus derechos fundamentales, incluido el de la Consulta previa.
Señaló que el problema de la erosión costera que dificulta el acceso y salida al corregimiento de Barú se ha venido registrando por los medios de comunicación desde el año de 2010, mientras que el dragado de profundización en la zona de Bocachica se ejecutó desde diciembre de 2014 y febrero de 2015.
Especificó que el lugar donde se llevaron a cabo las obras referidas se encuentra apartado a 16 kilómetros de la zona de Playetas, lo cual arroja como conclusión que la influencia de los buques es nula. Por esta razón fue que el Ministerio del Interior, mediante Certificación N.º 1733 de 2013, no incluyó al sector de Playetas dentro del área de influencia del proyecto de profundización de la Bahía y, en consecuencia, se hacía innecesario consultarle a la comunidad de Punta Barú. Por el contrario, en virtud de que las comunidades de Bocachica y Caño del Oro se ubican a menos de 200 metros del Canal navegable dentro de la Bahía de Cartagena, sí se hacía necesario realizar la consulta previa a estas comunidades, lo cual se cumplió a cabalidad.
Aseguró que, además de la distancia, el Ministerio del Interior tuvo en cuenta la Ley 21 de 1991 que impone como presupuesto para que proceda la consulta previa el hecho consistente en que la comunidad se vea afectada directamente por la obra a realizar; elemento este que no se presentaba respecto de la comunidad de Punta Barú por no estar ubicada, siquiera, dentro del área de influencia indirecta del proyecto desarrollado.
De conformidad con el estudio de impacto ambiental del proyecto de profundización de la Bahía de Cartagena, se tiene que el oleaje generado por la dinámica oceánica es mayor al oleaje producido por el tráfico marítimo, así pues, asumió que es el oleaje natural la causa de los cambios hidrodinámicos sobre la zona afectada. Este argumento lo reforzó con la idea de que en las zonas de Bocachica y Caño del Oro, aun estando dentro del área de influencia del proyecto, no se ha incrementado el nivel de erosión.
Finalmente, aclaró que no recae dentro de sus competencias sino el construir vías del orden nacional, motivo por el cual, a quien le corresponde la realización de carreteras del orden local es a la respectiva administración del municipio o distrito de que se trate, en este caso, al distrito de Cartagena de Indias.
2.2 El Representante legal de la Financiera de Desarrollo Nacional –FDN- opuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa, comoquiera que el actor no acreditó su calidad de representante de la comunidad afectada.
Adicionalmente a lo ya expresado por el Director del –INVIAS-, adujo que mediante Oficio N.º EXTMI13-0039947 del 21 de octubre de 2013, le solicitó al Ministerio del Interior que certificara la existencia de grupos étnicos en aras de poder ejecutar el proyecto de profundización de la Bahía de Cartagena; frente a ello, el Ministerio sólo certificó la presencia de las comunidades de Bocachica y Caño del Oro al interior del área de influencia del proyecto mencionado. En esa medida, no realizó el proceso de consulta a la comunidad de Punta Barú, precisamente, por no verse afectada por el impacto del proyecto.
2.3 El Director de consulta previa del Ministerio del Interior informó que en el proceso de verificación de existencia de comunidades étnicas susceptibles de ser afectadas directamente por la ejecución del proyecto de profundización de la Bahía de Cartagena, no se encontró la presencia de la comunidad de Barú. Este hecho permitió descartar la realización de la consulta previa en esta comunidad.
Por último, al igual que la FDN, interpuso la excepción de falta de legitimación en la causa por activa ante la ausencia de prueba de que el accionante en efecto sea delegado del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Barú.
En atención a los informes presentados por las entidades accionadas, el Tribunal Administrativo de Bolívar advirtió la existencia de factores alternativos que podrían constituir la causa de la presunta afectación de los derechos fundamentales invocados. En esa medida, encuentra necesario conformar en debida forma el contradictorio. Es por ello que mediante auto N.º 318 del 16 de junio de 2016, resuelve vincular a la controversia a la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -CARDIQUE-, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y al Distrito de Cartagena de Indias, por ser las autoridades encargadas de ejercer competencias relacionadas con la protección de manglares, playas, el medio ambiente y la vía pública. Frente al libelo de la demanda estas instituciones se pronunciaron de la siguiente forma.
2.4 La Asesora de la Oficina Jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, aduciendo la falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que las obras censuradas por el accionante fueron ejecutadas por el INVIAS y la FDN, así como los procesos de consulta previa son convocados exclusivamente por el Ministerio del Interior, razón por la cual, no se le puede endilgar responsabilidad al Distrito de Cartagena.
Expuso que la situación descrita por el accionante es un asunto que debe resolver el INVIAS ya que esta entidad tiene por objeto ejecutar las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial, marítima, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Transporte.
2.5 El Director general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE-, mediante escrito allegado de forma extemporánea, solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto no tiene injerencia en ninguno de los dos cargos expuestos por el actor. De un lado, aseguró que el sector de Playetas pertenece al área del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, luego entonces, toda actividad realizada en esa zona escapa a su jurisdicción. Y, de otro, agregó que es el Ministerio del Interior el encargado de coordinar el proceso de consulta previa exigido por el Consejo Comunitario de Barú.
2.6 La Directora General de la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de forma extemporánea, adujo que de acuerdo con la ley, el espectro de sus competencias se reduce a velar por la preservación y conservación de las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; en consecuencia, su responsabilidad únicamente se presenta por los actos u omisiones relativos a la materia ambiental y que se desplieguen al interior de las áreas a cargo del sistema referido. En ese sentido, carece de competencia funcional para cumplir con las órdenes que podrían darse dentro del trámite de la presente acción de tutela, en virtud de que el proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena no se lleva a cabo dentro de su jurisdicción, hecho que, en su entender, excluye toda transgresión de los derechos fundamentales invocados por el actor. Por estas razones solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda.
2.7 Finalmente, el Jefe (E) de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de forma extemporánea, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva con base en los argumentos que pasan a exponerse.
De conformidad con las funciones que el Decreto 2893 de 2011 le confiere a Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior, a éste le competen los asuntos que involucran la consulta previa a las comunidades indígenas, ROM, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de Colombia.
En atención a la Ley 99 de 1993, les corresponde a la Corporaciones Autónomas Regionales, dentro del ámbito de su jurisdicción, ejecutar las políticas ambientales fijadas a nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Así mismo, por virtud del Decreto Ley 3570 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible debe dirigir el Sistema Nacional Ambiental para asegurar la adopción y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación.
Sostuvo que no es el sujeto llamado a responder por los derechos fundamentales conculcados y que no le corresponde algún tipo de función relacionada con la minería, así como tampoco suspender las obras adelantadas en el marco del proyecto de profundización y ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena.
FALLO IMPUGNADO
La Sala de Decisión N.° 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia N.° 31 del 16 de junio de 2016, consideró procedente la acción de tutela de la referencia, ya que tuvo por cierto que Playetas es la única vía terrestre de acceso a Barú y que se encuentra deteriorada por causa de la erosión costera, lo cual podría generar una ruptura a la integridad étnica y cultural de la comunidad de ese territorio y, así también, poner en riesgo su libertad de locomoción, y con ella, otros derechos fundamentales como el de la vida o la salud. En tal virtud, accedió parcialmente a las pretensiones planteadas por el accionante en los siguientes términos:
En lo concerniente al INVIAS, la FDN y el Ministerio del Interior, declaró, de un lado, que no vulneraron los derechos de participación, al debido proceso y de consulta previa de las comunidades negras de Barú, toda vez que el actor no demostró que el proyecto de profundización de la Bahía de Cartagena, en efecto, fuera el causante de la erosión que afecta la vía Playetas. En esa medida, no encontró uno de los presupuestos de la consulta previa, cual es que la comunidad étnica se haya visto afectada de forma directa por la medida administrativa. De otro lado, también declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de los derechos fundamentales a la libre locomoción, a la igualdad, a la salud, a la vida, al trabajo y a la educación, por cuanto frente a estos derechos carecen de competencias constitucionales, legales y/o reglamentarias para su protección.
Seguidamente, estableció que CARDIQUE, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, carecían de legitimación en la causa por pasiva respecto de los derechos fundamentales de consulta previa, al debido proceso, participación e identidad cultural y social de la comunidad negra de Barú, en la medida en que no tienen competencias constitucionales, legales y/o reglamentarias para su protección.
No obstante lo anterior, tuteló los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, a la educación y, de oficio, a la libre locomoción y al medio ambiente sano en conexidad con la vida y la salud de la comunidad afectada, al haberlos encontrado amenazados por causa de la conducta omisiva tanto del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, como de las entidades anteriormente enunciadas, ante el deterioro de Playetas (única vía de acceso terrestre al corregimiento de Barú), teniendo el deber de ejecutar las competencias que les fueron asignadas por el ordenamiento jurídico, en aras de mitigar el fenómeno de erosión costera y de garantizarle a los pobladores el goce debido de sus derechos fundamentales.
Así las cosas, ordenó que, dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de la sentencia, tales entidades elaboraran un proyecto de recuperación de la vía pública terrestre de Playetas, con base en estudios técnicos y ambientales idóneos que permitan salvaguardar el medio ambiente sano y la biodiversidad natural, no sin antes establecer las razones de la erosión de la vía con el objeto de corregirla.
De igual forma indicó que “dentro del año siguiente”, deberá ejecutarse la obra de recuperación de la vía y/o la alternativa de movilidad o circulación que garantice los derechos fundamentales de la comunidad negra de Barú, con base en los estudios pertinentes y, en todo caso, cumpliendo la totalidad de requisitos legales para el efecto.
Finalmente, denegó el amparo del derecho fundamental a la igualdad, puesto que no se encontró en el plenario prueba alguna dirigida a establecer que los actores estuvieran en un plano de desventaja frente a sujetos de su misma naturaleza. La falta de accesibilidad al corregimiento de Barú se predica de todo aquel que intente ingresar a ese territorio por vía terrestre y no sólo de los miembros de la comunidad accionante.
FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
Inconformes con la decisión de primera instancia, ambos extremos procesales presentaron sendos escritos de impugnación, los cuales pasan a sintetizarse:
4.1 Donaldo Barrios Gelez, parte actora de la presente acción constitucional, solicitó que se revoquen los numerales tercero y cuarto de la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la participación y a la consulta previa de la comunidad negra de Barú.
Fundamentó su petición en que el a quo no tuvo en cuenta la sentencia T-172 de 2013 (M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio), mediante la cual la Corte Constitucional amparó el derecho a la consulta previa de la comunidad de Barú ante la realización del proyecto “Muelle Multimodal Puerto Bahía S. A.”, el cual se ubica a más de 29 kilómetros de distancia.
El impugnante aseveró ese proyecto afectaba los usos y costumbres de la comunidad de Barú, ya que sus prácticas de pesca artesanal ancestral y el turismo, además de ser un medio de sustento, se constituye en una práctica cultural. También aseguró que el impacto de los proyectos provoca que la actividad pesquera de las comunidades de Bocachica y Caño de Oro se traslade a las zonas donde pescan las comunidades de Barú.
Aceptó que el deterioro de la vía Playetas viene desde hace varios años, pero que, no obstante la ausencia de pruebas, su argumento estuvo dirigido a que se ha agravado como consecuencia del mayor oleaje producido por las embarcaciones de gran calado que transitan por el Canal de Bocachica.
Afirmó que el procedimiento de dragado en la Bahía de Cartagena generó la proliferación sedimentos marinos contentivos de metales pesados, aumentando así la concentración de los niveles tóxicos del agua. Solicitó que se pidan informes de los estudios "Reduciendo el riesgo de contaminación en las comunidades costeras vulnerables de Cartagena, Colombia: respondiendo al cambio climático", realizados en el marco del proyecto “Interacciones entre Cuencas, Mar y Comunidades” –BSIWC-, en los cuales, según el actor, se evidencia el impacto ambiental contaminante referido incluso en zonas mucho más alejadas al sector de Playetas.
4.2 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reiteró su excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que de conformidad con el principio de legalidad de los actos públicos, sólo puede actuar en orden a lo estrictamente indicado en la Ley, quedándole vedada la posibilidad de asumir responsabilidades ajenas a sus competencias, como lo es la ejecución del proyecto de recuperación de la vía pública de Playetas, o actividades relacionadas con la supervisión o control de las vías públicas. Por el contrario, esta responsabilidad sí recae sobre la CARDIQUE (en virtud de que es la autoridad competente para resolver los problemas ambientales suscitados en el marco de su jurisdicción. Artículos 30 y 31 de la Ley 99 de 1993); el distrito de Cartagena de Indias (artículos 64, 65 y 66 ibíd.); la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- (artículo 3 del Decreto Ley 3573 de 2011); los Establecimientos Públicos (artículo 13 de la Lay 768 de 2002); y la Armada Nacional (artículo 2 de la Ley 1333 de 2009).
4.3 La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique –CARDIQUE- solicitó que se revoquen los numerales primero y segundo la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 16 de junio de 2016, por cuanto el sector de Playetas, objeto de la presente acción constitucional, está comprendido dentro del área del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y, en esa medida, es a éste a quien le corresponde tanto el cuidado de la zona referida, como el desempeño de las atribuciones de policía para tomar medidas e imponer sanciones al tenor de la Ley 1333 de 2009.
Afirmó que, en atención a las funciones que le fueron encomendadas por la Ley, no le corresponde realizar obras públicas de redes viales, pero que el Distrito de Cartagena es el que debe prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes. Por esa razón es que es la entidad llamada a garantizar el acceso terrestre a Punta Barú por la vía Playetas.
Por último, solicitó que se oficiara a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- para que suministrara la información relativa al trámite licenciatario del proyecto de construcción de la vía a Punta Barú.
4.4 La Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias planteó como motivo de su disenso el que la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, le representa una orden de compleja ejecución, que requiere para su materialización de recursos económicos y del concurso de varias autoridades del orden nacional como la ANLA.
Alegó que el término de un año y seis meses dispensado para ejecutar la obra ordenada resulta insuficiente, ya que dicho resultado no depende exclusivamente de su voluntad, sino que también deben intervenir otras entidades como la ANLA, la cual debe concederle la licencia ambiental respectiva para el efecto.
Aseguró que el actor no estaba legitimado para procurar la protección de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, ni a la educación por cuanto, según el escrito de tutela, en el acápite de notificaciones, puede observarse que no reside en la comunidad de Barú (ni demuestra lo contrario), sino en el barrio San Fernando en la ciudad de Cartagena. Por esta razón geográfica, es que considera que el actor no pudo haberse visto afectado en los derechos invocados y, en consecuencia, el medio de control que debió promover, en aras de la protección de los derechos alegados, era la acción popular.
Indicó que de los hechos narrados en el escrito de la acción de tutela puede inferirse que lo que se pretende es el amparo de derechos e intereses colectivos. Este hecho, aunado a que el accionante no demostró la vulneración de sus derechos fundamentales, conduce a reforzar la idea que el mecanismo de protección incoado debió ser la acción popular.
Para terminar, puso de presente que lejos de revelar una conducta omisiva en cuanto a la gestión de las necesidades de la población de Punta Barú, ha sido diligente, comoquiera que el 29 de diciembre de 2006 firmó el contrato de concesión VAL02-06 con el objeto de construir la vía de acceso de las comunidades de Barú, Ararca y Santa Ana. Agregó que las obras tuvieron que suspenderse como consecuencia de que el Ministerio de Ambiente exigió una licencia ambiental adicional, por cuanto el lugar por donde pasaría la carretera era un área protegida y contenida dentro de la jurisdicción del Parque Natural Nacional Islas del Rosario. En el año de 2012 el Distrito de Cartagena solicitó licencia ambiental para el proyecto denominado “obras de protección litoral y conexión vial en la isla de Barú, en el sector Mohán - Playetas”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
En primera medida la Sala advierte que, en aras de plantear del problema jurídico a resolver, la acción de tutela instaurada por el actor describe dos hipótesis de amparo que deben diferenciarse con base en los siguientes criterios: i) la categoría y relación de los derechos invocados ii) la titularidad de los mismos y iii) los hechos generadores de su vulneración o amenaza y que fueron identificados por el actor.
De un lado, se depreca el amparo del conjunto de derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la libre locomoción y a la igualdad del actor y/o de la generalidad de habitantes del corregimiento de Barú. A juicio del actor, tales derechos se encuentran vulnerados por el grave estado de deterioro de la única vía terrestre de Barú, al punto de imposibilitarles a sus pobladores la entrada y salida de ese sector. Éste tránsito se torna necesario ante el estado de subdesarrollo de la península de Barú y, por el inconveniente esbozado, los ciudadanos de Barú también se ven impactados en sus condiciones sociales, educacionales, laborales y económicas.
En este punto, la Sala considera necesario valorar dos elementos. El primero tiene que ver con la situación fáctica señalada e identificada por el actor como la causa del menoscabo del primer grupo de derechos fundamentales invocados. Encuentra la Sala que tal circunstancia no solamente puede llegar a ser determinante en cuanto a la conculcación de los derechos fundamentales invocados por el accionante, sino que, en simultánea, también tiene la potencialidad de provocar el desconocimiento de varios intereses difusos, colectivos, indivisibles o supraindividuales; es decir, de aquellos bienes jurídicos que trascienden al patrimonio de una persona individualmente considerada, para radicarse en cabeza de una comunidad, como la de Barú, e incluso, de forma unitaria, en la de cualquiera persona que pretenda hacer uso de la ruta “Playetas” y que por esa razón, son susceptibles de protección mediante la acción popular. Al respecto la Corte Constitucional ha indicado:
“La Corte Constitucional ha señalado que la defensa de los derechos e intereses colectivos tiene su razón de ser, por ejemplo, ante “aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de los recursos naturales, los productos médicos defectuosos, la imprevisión en la construcción de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la publicidad engañosa, los fraudes del sistema financiero, etc.” HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-253-16.htm" \l "_ftn17" \o "" [].
De esta manera, se tiene que el criterio para diferenciar la utilización de la acción de tutela y de la acción popular, radica en la naturaleza del derecho que se busca proteger. Así, ante la amenaza o vulneración de un derecho de carácter fundamental, no sería consecuente acudir a la acción popular, pues para ello está concebida es la acción de tutela. No obstante, en la práctica, la escogencia de una u otra acción no resulta obvia, sobre todo cuando la amenaza o vulneración, afecta tanto derechos fundamentales como colectivos”.
El segundo elemento importante a tener en cuenta, apunta a que el accionante, en la pretensión primera de su escrito de tutela, solicita la realización de unas obras públicas que, a su juicio, resultan determinantes para la salvaguardia de los derechos propios y de la comunidad de Barú, lo cual puede observarse a continuación:
“PRIMERO: ORDENAR al representante legal del INVIAS y a la FND a que en un término perentorio procedan a realizar las obras de protección costera para la comunidad de Barú, sector Playetas a fin de salvaguardar los derechos del Consejo Comunitario de la población negra de Barú (…)”. (Subraya la Sala).
Los anteriores elementos dan cuenta de que la erosión costera de la vía Playetas constituye la causa uniforme del daño o amenaza de los derechos constitucionales de, por lo menos, la población de Punta Barú; luego entonces, de manera correlativa, puede concebirse que, de acceder a la primera pretensión del actor, se produciría el restablecimiento no de derechos constitucionales individualmente considerados, sino de los derechos constitucionales pertenecientes al grupo de personas que habitan en esa región e, incluso, del conjunto indeterminado de personas que puedan verse beneficiadas de la construcción de la obra solicitada por el actor.
En otras palabras, ante la erosión costera del sector de Punta Barú que vuelve intransitable la vía Playetas, no hay duda de que el uso de la presente acción de tutela, no solamente procura la salvaguardia de derechos fundamentales, sino que de igual forma está dirigida a resguardar derechos colectivos tales como al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico, al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
Esta situación acarrea una contrariedad consistente en que la Constitución Política de 1991, ha resuelto clasificar los derechos en aras de concederles una acción procesal específica y, por regla general, excluyente, para obtener su protección y garantía. En efecto, para el caso de autos, el Constituyente puso a disposición de toda persona el ejercicio de la acción de tutela para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales y, por otro lado, concedió la acción popular para efectos de lograr la protección de derechos e intereses colectivos.
En ese orden de ideas, le corresponde a la Sala, en el asunto sub judice, adelantar un estudio de procedibilidad de la acción de tutela para determinar si, en primer lugar, el actor está legitimado para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que asegura estar siendo conculcados. En caso afirmativo, se pasará a dilucidar si la acción de tutela es o no el mecanismo adecuado para obtener la protección de derechos fundamentales cuando están estrechamente vinculados con el desconocimiento de derechos de índole colectivo, en atención a los requerimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional.
Habiéndose determinado la procedencia de la acción de tutela, la Sala adelantará el estudio de fondo del debate planteado, en el sentido de verificar si las autoridades accionadas desconocieron o no los derechos fundamentales los pobladores de Punta Barú por el estado agravado de la vía Playetas, la cual se hace intransitable por causa de la erosión costera originada, a juicio del actor, en la amplitud del oleaje generado por el tráfico de embarcaciones de dimensiones colosales a través de la bahía de Cartagena; evento, a su vez, producido por la ejecución del proyecto industrial de profundización y ampliación de la bahía mencionada.
De otro lado, se reclama el amparo de otro grupo de derechos fundamentales, cuales son, la consulta previa, el debido proceso, y a la participación e identidad cultural y social de las comunidades negras habitantes de Punta Barú. Según el actor, tales derechos fueron vulnerados por el Ministerio del Interior al certificar que la comunidad en mención no se veía afectada de manera directa por la ejecución del proyecto de ampliación y profundización de la Bahía de Cartagena, en virtud de su área de influencia. Esta circunstancia dispensó a los impulsores del proyecto de iniciar el proceso de consulta previa con la comunidad negra de Punta Barú.
Así pues, la segunda parte de la controversia se reduce a establecer si la comunidad negra del corregimiento de Punta Barú se vio perjudicada o no en sus derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la participación e identidad cultural y social, por cuenta de no haber sido consultada en sus derechos e intereses, previo a poner en marcha el proyecto de ampliación y profundización de la Bahía de Cartagena; por supuesto, no sin antes realizar un examen de procedibilidad de la acción de tutela incoada por el ciudadano Barrios Gelez.
Examen de procedibilidad de la acción de tutela.
El requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa para promover acción de tutela en cuanto al primer grupo de derechos fundamentales.
Es preciso recordar que la acción de tutela puede interponerse de dos modos: el primero es a nombre propio, es decir, cuando el mismo accionante solicita de forma directa al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales; y el segundo es por conducto de representante, representación que, a su vez, puede presentarse en tres modalidades, i) mediante representante legal (en tratándose de la protección de los derechos fundamentales de una persona jurídica); ii) mediante apoderado judicial; y iii) por cuenta de un agente oficioso.
En lo referente al primer grupo de derechos fundamentales (a la vida, a la salud, a la libre locomoción y a la igualdad de la generalidad de habitantes del corregimiento de Barú), el accionante adujo haber interpuesto la acción de tutela en nombre propio; en ese sentido se hace conveniente traer a colación la jurisprudencia constitucional referente a la legitimación en la causa para ejercer la acción de tutela.
“En estos términos, y no obstante la informalidad que caracteriza a la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que su ejercicio está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad que se deben acreditar en cada caso concreto, entre los cuales se encuentra la legitimación en la causa por activa, con la cual se pretende asegurar que el accionante tenga un interés directo y particular en lo reclamado, y que en este sentido, se busque la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no de otra persona”[]. [Subraya la Sala].
Asevera el actor que la vía “Playetas” constituye la única vía de acceso y salida de Punta Barú y que se encuentra en un grado de deterioro tal que se hace imposible transitarla. El Tribunal Administrativo de Bolívar asumió que esa situación representa una amenaza directa para los derechos fundamentales a la libertad de locomoción y al medio ambiente sano y, en consecuencia, para los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al trabajo, y a la educación de enfermos carentes de servicios especializados de salud, trabajadores y estudiantes domiciliados en ese sector.
Frente a ello, una primera consideración a resaltar por parte de la Sala consiste en que el actor no logró convencer de haber sufrido amenaza o menoscabo a su vida, a su salud, a su libertad de locomoción, a su trabajo, a su educación o a la igualdad, por cuenta del álgido estado de la erosión costera presentada sobre la vía Playetas, justamente, por cuanto ni siquiera acreditó mantener algún tipo de vínculo (domiciliario o residencial, laboral, educacional o social) con el territorio donde se presenta el fenómeno natural mencionado; situación esta que, por lógica, conduce a descartar, como mínimo, algún tipo de amenaza de alguno de sus derechos fundamentales.
Como puede observarse, el accionante desconoció la naturaleza subjetiva de la acción de tutela al no demostrar ser el titular de los derechos fundamentales mencionados, así como tampoco acreditó que estos le correspondan a su núcleo familiar; luego entonces, no es la persona directa o realmente afectada y en tal virtud, carece de legitimación en la causa para reclamar la protección de los derechos que invoca, situación que compele al operador judicial a declarar la improcedencia de la acción de tutela.
Ahora bien, en segundo lugar, puede observarse que en el folio 16 del expediente obra un documento por medio del cual la señora Mariela Zúñiga Barrios, residente en el sector de “La Plaza del Pozo Grande" de la isla de Barú, da testimonio de “que la señora Badys Medrano Jiménez (…) murió en el proceso de parto por la falta de atención médica oportuna, esta situación se agravó por la falta de medios de transporte para la ciudad más cercana, en esa época solo existían lanchas que prestaban el servicio de acuerdo al horario establecido: 5:00 a.m. hora de salida desde el muelle de la Ciénaga de Barú y 12:00 a.m. hora de llegada a la comunidad. Cabe destacar que la única vía terrestre de la comunidad tiene un sector conocido como Playetas, el cual es una zona de aproximadamente 1 kilómetro de playa y mangle, convirtiéndose en el punto terrestre más crítico para el acceso terrestre”.
Frente a este documento en particular, es menester señalar que para acreditar la muerte de una persona, el medio probatorio conducente no es el “testimonio" de una habitante de Barú, sino el certificado de defunción expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. Además, quien hace la declaración bajo análisis, lo realiza sin mayor calidad a la de ser habitante de Barú, lo que genera la incertidumbre de que la posible muerte, en efecto, se deba a la falta de atención médica oportuna. No obstante, debe recalcarse que la señora Zúñiga Barrios no aclara qué tipo de relación mantuvo con la señora Medrano Jiménez, tampoco se declara como víctima de la presunta acción generadora del daño de los derechos fundamentales alegados, lo que con razón permite entender que no funja como accionante de la acción de tutela.
Nótese que aunque en la acción de tutela se afirma existir una vulneración a los derechos fundamentales de la comunidad de Barú, no se satisface uno de los presupuestos esenciales de toda acción judicial, este es, la legitimación en la causa por activa, toda vez que (i) no se establece con suficiencia quiénes son las personas concreta y específicamente determinadas, titulares de los derechos fundamentales invocados; (ii) no se aducen las pruebas que indiquen que tales personas se encuentren imposibilitadas para gestionar la defensa de sus derechos fundamentales; y (iii) tampoco obra en el expediente prueba alguna que señale que el actor sea el apoderado judicial de algún habitante del sector de Playetas que se vea afectado por la erosión costera.
Con todo, la Sala confirma su tesis relativa a que el actor no demostró tener legitimidad para solicitar el amparo de los derechos fundamentales que asegura estar siendo conculcados, lo cual supone declarar la improcedencia de la acción de tutela y como tal se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se asumiera que el accionante goza de legitimación en la causa para rogar la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la libre locomoción y a la igualdad, debe dejarse en claro que tampoco acredita el cumplimiento de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela para procurar la protección de derechos colectivos, lo cual evidencia el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
No se encontró la conexidad necesaria entre los derechos constitucionales colectivos y fundamentales en punto de su vulneración, ni tampoco la existencia de daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar.
Se ausenta del expediente prueba alguna que de manera fehaciente, irrefutable e indubitable, forje la convicción de la existencia de una amenaza o vulneración concreta de por lo menos un derecho fundamental perteneciente a una persona cabalmente identificada.
La Corte Constitucional le ha impuesto al juez de tutela la obligación de analizar cada caso concreto con el objeto de precisar la correspondiente violación, justamente porque la amenaza o la vulneración no puede ser hipotética, sino que debe estar expresamente probada.
Al observar el expediente, la Sala no encontró que haya lugar a analizar casos concretos de desconocimiento de los derechos fundamentales invocados, distintos del ya analizado de la señora Badys Medrano Jiménez, debido a que, como salta a la vista, la solicitud de amparo, lejos de referenciar y demostrar de manera indiscutible la situación específica de perturbación de los derechos fundamentales pertenecientes a por lo menos una persona cabalmente determinada, lo cierto es que fue interpuesta en favor del grupo genérico de habitantes del corregimiento de Barú y con base en esta lógica imprecisa, es que el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a amparar los derechos fundamentales de personas que procesalmente no fueron determinadas, como si se tratara de una acción popular.
Justo en este punto es donde adquiere particular relevancia la diferenciación entre la acción de tutela y la acción popular, toda vez que en virtud a la especial naturaleza de los derechos e intereses colectivos, consistente en que son susceptibles de ser apropiados y/o utilizados por un grupo más o menos determinado de personas de manera simultánea, unitaria y compatible, la acción popular sí puede ser interpuesta, literalmente, por cualquier persona, precisamente por cuanto como los derechos pertenecen relativamente a “todos” sin exclusiones, cualquiera persona posee interés legítimo en promoverla. Bajo ese entendido, en lo referente a la legitimación en la causa por activa de la acción popular, el legislador decidió darle preponderancia al bien jurídico específico a tutelar (aspecto objetivo), más que a la titularidad del mismo (aspecto subjetivo).
Por su parte, la acción de tutela sólo puede ser interpuesta por (i) el titular de los derechos fundamentales que se están viendo afectados; (ii) la persona estatutariamente autorizada o especial y formalmente facultada para interponerla a nombre del titular de los derechos fundamentales; (iii) cualquier persona que funja como agente oficioso del titular de los derechos fundamentales, bajo la lógica de que éste atraviese por alguna circunstancia que le imposibilite interponerla por sí mismo; y (iv) el Defensor del Pueblo, los personeros municipales y el Procurador General de la Nación, en nombre de la persona afectada. Estas condiciones se sintetizan en que el actor, sea que actúe a nombre propio o por conducto de representante (en sentido lato), debe ostentar un interés directo y particular en lo reclamado y en ese sentido se busque la protección de un derecho fundamental propio y no ajeno.
No basta con demostrar el menoscabo o amenaza de un derecho fundamental plenamente determinado, sino que debe observarse con nitidez que ese derecho conculcado hace parte del patrimonio de quien ejerció directamente la acción de tutela a nombre propio o de quien obra por conducto de representante; para ello, en ambos casos, es necesario que la persona o personas que integran la parte demandante, aparezcan completamente identificadas e individualizadas en el escrito de la acción de tutela, además de cumplir con las respectivas formalidades de la representación exigidas para la segunda hipótesis (agencia oficiosa, representación legal o apoderamiento).
En ese sentido, resulta para la Sala jurídicamente inconveniente aseverar la existencia de una correlación causal directa, clara, inmediata y exclusiva entre la perturbación de derechos colectivos y el desconocimiento o amenaza de los derechos fundamentales invocados, comoquiera que, como se advierte, el actor no acreditó con suficiencia la amenaza o vulneración concreta de los derechos fundamentales que considera vulnerados, precisamente, por cuanto sin atender a la naturaleza subjetiva de la acción de tutela, no concretó ni individualizó, en términos probatorios, de manera personal y específica, quiénes son las personas que se vieron afectadas en los derechos fundamentales que trae a colación en la presente acción de tutela.
Finalmente, el actor no prueba que la acción popular sea un mecanismo de defensa judicial ineficiente para amparar los derechos fundamentales invocados y vulnerados, en conexidad con los derechos colectivos.
Sumado a lo anterior y remitiéndose a lo expuesto en el acápite del planteamiento del problema jurídico, en donde se deja claro que de haber accedido a la primera pretensión del actor, se produciría el restablecimiento de la totalidad de derechos constitucionales pertenecientes al grupo de personas que habitan en la región de Barú e, incluso, del numero plural e indeterminado de personas que puedan verse beneficiadas con la construcción de la obra solicitada por el actor, puede asegurarse, sin ambages, que la acción constitucional idónea para procurar la salvaguardia de tales derechos es la acción popular y no la acción de tutela.
Esta conclusión se ve robustecida en tanto que la misma Ley 472 de 1998, le permite al juez de la acción popular, antes de ser notificada la demanda y en cualquier estado del proceso, adoptar las medidas cautelares que estime necesarias para impedir la materialización de perjuicios irremediables e irreparables o suspender los hechos generadores de la amenaza o vulneración a los derechos e intereses colectivos. Las medidas también pueden versar sobre la ejecución de actos necesarios cuando la conducta potencialmente perjudicial o dañina sea consecuencia de la omisión del demandado; tales actos, pueden comprender la realización de obras cuando el peligro es inminente.
5.2.2 El requisito de procedibilidad de legitimación en la causa por activa para promover acción de tutela en cuanto al segundo grupo de derechos fundamentales.
En lo referente al segundo grupo de derechos fundamentales (a la consulta previa, al debido proceso y a la participación e identidad cultural y social de la comunidad negra de Punta Barú), el accionante adujo haber interpuesto la acción de tutela fungiendo como miembro del Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Barú.
Por lo anterior, se hace relevante reseñar el siguiente planteamiento de la Corte Constitucional, referido a la legitimación en la causa para interponer acción de tutela en representación de comunidades étnicas:
“Con respecto a la titularidad que tienen las personas jurídicas para promover acciones de tutela, se ha considerado que al ser éstas sujetos de derechos fundamentales, pueden interponer la acción de tutela a través de su representante legal o a través de un apoderado judicial, caso en el cual deberá anexarse el poder correspondiente” (…) HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-213-16.htm" \l "_ftn24" []
(…)
En estos términos, la legitimación en la causa por activa de una persona jurídica recae sobre su representante legal, quién deberá manifestar en qué calidad actúa y además tendrá que acreditar su condición de representante legal, so pena de configurarse una causal de improcedencia de la acción de tutela como consecuencia de la ausencia de los requisitos procesales indispensables para que se constituya la relación procesal[].
Frente a la legitimación en la causa por activa para interponer acciones de tutela en representación de comunidades étnicas, esta Corporación ha sostenido que “tanto los dirigentes como los miembros individuales de estas colectividades se encuentran legitimados para presentar la acción de tutela con el fin de perseguir la protección de los derechos de la comunidad, así como también lo pueden hacer las organizaciones creadas para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y la Defensoría del Pueblo, por lo cual se encuentran legitimados para actuar en esta causa”[].
En este sentido, los miembros de las comunidades étnicas, individualmente considerados, se encuentran facultados para demandar el amparo de los derechos fundamentales que le asisten a la colectividad a la que pertenecen, por lo que para declarar la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto, basta con que los accionantes acrediten su calidad de miembros de alguna comunidad étnica.
Entre aquellos derechos fundamentales de las comunidades étnicas cuyo amparo puede ser solicitado por los miembros que las conforman, se encuentran aquellos que se relacionan con la protección de su identidad cultural, tales como los derechos a la consulta previa y a una educación que respete y desarrolle su identidad cultural, pues ellos sólo pueden ser entendidos “en función del grupo al que pertenecen”[].
HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-213-16.htm" \l "_ftn24" [Subraya la Sala] .
Así pues, en virtud de que el actor adujo interponer la presente acción constitucional como “integrante de la persona ficta Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de Barú”, lo primero que la Sala debe destacar es que a folios N.° 17 y siguientes del expediente se allega copia de la Resolución N.° 1513 del 28 de febrero de 2014, “por medio de la cual se reconoce y se inscribe la Junta Directiva del Consejo Comunitario de la comunidad negra de Barú, corregimiento correspondiente a la Localidad Histórica y del Caribe Norte del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar”, respecto del cual se puede observar que el actor no funge como representante legal, ni como integrante de la Junta Directiva, ni de los comités de conciliación, proyectos, educación, deportes, seguridad, pesca, cultura y ambiente o salud del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Barú.
En segundo lugar, vale la pena destacar que el accionante tampoco acredita su calidad de miembro, líder o dirigente individualmente considerado de la colectividad negra de Punta Barú. Es más, ni siquiera afirma habitar en el territorio donde se asienta la comunidad referida.
Bajo ese entendido, no encuentra la Sala que el accionante tenga interés para interponer la acción de tutela de la referencia y, por tal motivo, carece de legitimación en la causa por activa para demandar la protección de los derechos fundamentales a la consulta previa, al debido proceso y a la participación e identidad cultural y social de la comunidad negra de Punta Barú. Empero, no está de más recordar que ésta comunidad puede hacer uso de la acción popular y solicitar las medidas cautelares que considere apropiadas, tal y como se precisó en la parte final del acápite anterior.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia N.° 31 de 16 de junio de 2016, proferida por la Sala de Decisión N.° 3 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala de la Sección Primera, en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)
Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. ARTICULO 6° 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a). Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (…) [Subraya la Sala]. ARTICULO 7° 1. Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. [Subraya la Sala]. En el numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia de vinculación, el Tribunal ordenó, tener en calidad de accionados a la CARDIQUE, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y al alcalde del Distrito de Cartagena de Indias; en consecuencia, les corrió traslado por el término de dos (2) horas contados a partir del recibo de la comunicación, para que dieran respuesta a todos y cada uno de los hechos y pretensiones de la solicitud de amparo. (Folio 108 del expediente). Folios 143 y 144 del expediente. Ibíd., f. 146 a 149. Ibíd., f. 153 a 168.
“Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior”.
“por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
“Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. El Tribunal encontró al Distrito de Cartagena de Indias legitimado en la causa por pasiva frente a la vulneración de la totalidad de los derechos fundamentales invocados.
“la restricción de acceso terrestre al corregimiento de Punta Barú, solo pueda predicarse de los actores y se limite frente a otras personas que pretendan acceder a ese territorio”. Folio 132 del expediente.
“BASIC Cartagena es un proyecto de investigación aplicada sobre las Interacciones entre Cuencas, Mar y Comunidades enfocado en la generación de herramientas de adaptación para el manejo integrado de recursos hídricos en la zona costera de Cartagena, Colombia. Iniciado en julio de 2014, este proyecto multidisciplinario de 3 años Colombia. Iniciado en julio de 2014, este proyecto multidisciplinario de tres años de duración es financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá. La implementación del proyecto es liderada por la Universidad EAFIT, en colaboración con la Universidad de Los Andes, la Universidad de Cartagena, la Fundación HEO y la Corporación Regional CARDIQUE”.
“Los estudios hidrológicos del proyecto se enfocan en la Bahía de Cartagena, el Canal del Dique y la cuenca del Río Magdalena.
Por su parte, los estudios socioeconómicos del proyecto se desarrollan en las comunidades locales en los alrededores de la Bahía de Cartagena, principalmente las comunidades de Ararca y Barú”. [Resalta la Sala].
“El objetivo principal del Proyecto BASIC es generar herramientas de adaptación para el manejo integrado de recursos hídricos en la zona costera de Cartagena, Colombia, hacia la reducción de riesgos de contaminación, la conservación de servicios ecosistémicos y la adaptación al cambio climático”. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-775 de 2001 y C337 de 1993 M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa; y Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2000. Rad. Núm. 16973. C.P.: Alier Eduardo Hernández. Ley 489 de 1998. “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Decreto 3570 2011. “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Corte Constitucional, sentencia T-086 de 2003. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 8 de junio de 2004. M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes. “(…) (S)e caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda una colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas. Estos derechos e intereses colectivos se asemejan entonces, mutatis mutandi, al concepto de “bien público”, que ha sido profusamente estudiado y debatido en la literatura económica, en la medida en que los intereses colectivos y los bienes públicos tienden a caracterizarse porque en ellos no existe rivalidad en el consumo y se aplica el principio de no exclusión. Esto significa que el hecho de que una persona goce del bien no impide que otros puedan gozar del mismo (ausencia de rivalidad en el consumo), y por ende el goce de ese bien por otras personas no disminuye su disponibilidad. Y de otro lado, esos bienes se caracterizan porque se producen o salvaguardan para todos o no se producen o salvaguardan para nadie, ya que no es posible o no es razonable excluir potenciales usuarios o consumidores (principio de no exclusión). Por consiguiente, si el bien público o el interés colectivo se encuentran en buen estado, todos los miembros de la colectividad pueden gozar de ellos en forma semejante; en cambio, una afectación del bien público o del interés colectivo tiene impacto sobre toda la comunidad, pues todos se ven afectados por ese deterioro. (…)
Por todas las anteriores razones, los intereses o derechos difusos o colectivos son supraindividuales e indivisibles y exigen una conceptualización y un tratamiento procesal unitario y común, pues la indivisibilidad del objeto implica que la solución de un eventual litigio sea idéntica para todos”. La Carta Política en su artículo 88 señala que “La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella; también regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares”. [Resalta la Sala]. Sentencia C-377 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Sentencia T-253 de 17 de mayo de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Folio N.º 5
Cfr. Corte Constitucional, sentencia T- 097 de 20 de febrero de 2014. M.P.:
Luis Ernesto Vargas Silva. “De acuerdo con decantada jurisprudencia de esta corporación, cuando se pretenda solicitar el amparo de derechos fundamentales que derivan de la violación de un derecho, que en principio, puede ser concebido como colectivo, el juez constitucional debe ser especialmente cuidadoso al momento de determinar si la acción procedente es la acción popular o la acción de tutela. Así, el hecho de que se pretenda la protección de un derecho colectivo no implica, per se, la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que pueden existir circunstancias que hacen necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela”. Ley 472 de 1998. “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones. Artículo 4º.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con: a) El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; (…) c) La existencia del equilibrio ecológico (…) d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; (…) g) La seguridad y salubridad públicas; h) El acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública; (…)”
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
“ARTICULO 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. (…)”
Ob. Cit., pie de página N.° 1. “Esta distinción entre los diversos tipos de intereses jurídicos protegidos por las diversas acciones colectivas permite arrojar claridad sobre el elemento de la titularidad. (…)
Ley 21 de 1991. “Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989. ARTICULO 6° 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a). Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; (…)
ARTICULO 7° 1.
Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. (…)”. (Resalta la Sala). Ibíd., “ARTICULO 3° 1. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este Convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente Convenio”. La Corte Constitucional, por auto 312 de 29 de noviembre de 2001. (M.P. Jaime Araujo Rentería) mencionó que: “La causa activa corresponde a la titularidad del demandante respecto de los derechos fundamentales infringidos, la capacidad para actuar en representación de otros a quienes resulta imposible defender directamente sus propios derechos, o la capacidad para actuar como apoderado judicial de acuerdo con los requerimientos legales para el efecto”. Corte Constitucional, sentencia T-213 de 26 de abril de 2016. M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sentencia T-176 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sentencia T-799 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. “La legitimación en la causa (…) Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente [declarar improcedente el amparo]”. Artículo 86, inciso 3º. “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 16 de julio de 2015. C.P.: María Elizabeth García González (E). Exp. Núm. 2015-00323-00. (Acción de tutela). Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-253 de 2016. M.P: Luis Ernesto Vargas Silva. “Así entonces, ante la ausencia de pretensiones encaminadas al amparo de derechos fundamentales subjetivos, como por la falta de individualización de las personas presuntamente afectadas, en esta oportunidad tampoco se cumplen los requisitos jurisprudenciales para la procedencia de la acción de tutela, en los eventos en que los derechos fundamentales puedan verse afectados frente al desconocimiento de derechos de carácter colectivo. Ciertamente, no puede establecerse la conexidad que debe existir entre la vulneración de un derecho colectivo y la violación o amenaza a un derecho fundamental, como tampoco puede indicarse quien es la persona directa o realmente afectada en sus derechos, así como que la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales son hipotéticas, pues en el expediente no se encuentra ninguna acreditada. En consecuencia, en esta oportunidad, para la Sala los derechos cuya protección se invocan en la demanda a favor de las comunidades indígenas, tienen la naturaleza de derechos de carácter colectivo y, por tanto, su protección no es procedente mediante la acción de tutela, sino a través de la acción popular, que se constituye en el mecanismo eficaz e idóneo para la protección de los intereses y derechos del pueblo Miraña y Bora como de los demás pobladores indígenas de la Amazonía”. Corte Constitucional, sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014. M.P.:
Luis Ernesto Vargas Silva. “Esta Corporación ha expresado en innumerables pronunciamientos, que aun cuando la acción de tutela ha sido prevista como un instrumento de defensa judicial para la protección inmediata de los derechos fundamentales, la propia Carta Política le reconoce a la misma un carácter subsidiario y residual, lo cual significa que solo es procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo éstos, se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable”. En el mismo sentido, sentencia T-749 de 2014: “3.3. Debe concluirse de lo anterior que la acción de tutela reviste un carácter subsidiario y, por lo mismo, solamente es procedente cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial, salvo que con ella se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable o, a pesar de existir la vía principal de protección, la misma no resulta idónea o eficaz para proteger el derecho invocado. Específicamente sobre los derechos e intereses colectivos, la Constitución y la ley prevén como mecanismo para su protección las acciones populares. No obstante, la vulneración de esta clase de derechos puede conllevar a su vez la afección de garantías fundamentales, evento en el cual deberá ser el juez constitucional quien evalúe y defina en cada caso concreto la pertinencia de una u otra acción para la protección invocada.”
Corte Constitucional, sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014. “De manera consistente la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, en principio, la acción de tutela no es procedente para debatir derechos colectivos, a menos que los derechos fundamentales del demandante estén siendo vulnerados o amenazados por la afectación del derecho colectivo”. En el mismo sentido Sentencias T-253 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-1205 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; y T-659 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-362 de 2014 (M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub): “(…) en sentencia T-1451 de 2000, la Corte Constitucional recopiló los lineamientos de algunas sentencias de tutela y definió varias subreglas para que el juez de tutela determinara si en el caso sometido a su conocimiento, el mecanismo adecuado era la acción popular o la acción de tutela:
“Primer criterio: La trascendencia que pueda tener un derecho colectivo en el ámbito de los derechos fundamentales, no lo hace perder su naturaleza de colectivo y su protección, por tanto, ha de lograrse a través de la acción diseñada para el efecto, y ésta no es otra que la acción popular. Sin embargo, si de la vulneración de un derecho de esa naturaleza, se desprenden graves consecuencias para derechos fundamentales, la acción de tutela como mecanismo de defensa para éstos, será procedente (sentencia T-406 de 1992; T-244 y T-453 de 1998, entre otras). Segundo criterio: Conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la vulneración del derecho fundamental. Conexidad que debe arrojar una vulneración directa y clara de un derecho fundamental determinado. El daño o amenaza del derecho fundamental, debe ser consecuencia inmediata y directa de la perturbación del derecho colectivo. Por tanto, ha de determinarse que la lesión o amenaza del derecho fundamental, es producto del desconocimiento de uno o varios derechos colectivos y no de otra causa”. Ibíd., “(…) Tercer criterio: La existencia de un daño o amenaza concreta de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela o de su núcleo familiar. Este es un problema de legitimidad, pues sólo aquel que ve afectado directamente en su derecho, puede reclamar su protección”. Ibíd., “(…) Cuarto criterio: Debe probarse fehacientemente la vulneración del derecho fundamental que se dice desconocido o amenazado. Para el efecto, el juez está obligado a analizar cada caso concreto, para determinar la correspondiente vulneración”. [Resalta la Sala].
En un caso similar, la Corte Constitucional razonó: “De esta manera, como se aprecia de las pretensiones de la demanda, no se busca la protección de un derecho subjetivo en cabeza de uno o varios individuos determinados, sino que se proponen medidas generales, abstractas, dirigidas en beneficio de un número indefinido de personas, las cuales, como atrás se señaló, no están individualizadas. En modo alguno el accionante se preocupó por demostrar una amenaza o violación respecto de una o varias personas a las que se les estuviera quebrantando uno de esos derechos fundamentales del cual fuera titular o titulares. (…). Sentencia T-253 de 2016. Luis Ernesto Vargas Silva. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-569 de 8 de junio de 2004. M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes. “(…) [S]e caracterizan por el hecho de que se proyectan de manera unitaria a toda una colectividad, sin que una persona pueda ser excluida de su goce por otras personas. Estos derechos e intereses colectivos se asemejan entonces, mutatis mutandi, al concepto de “bien público”, que ha sido profusamente estudiado y debatido en la literatura económica, en la medida en que los intereses colectivos y los bienes públicos tienden a caracterizarse porque en ellos no existe rivalidad en el consumo y se aplica el principio de no exclusión. Esto significa que el hecho de que una persona goce del bien no impide que otros puedan gozar del mismo (ausencia de rivalidad en el consumo), y por ende el goce de ese bien por otras personas no disminuye su disponibilidad. Y de otro lado, esos bienes se caracterizan porque se producen o salvaguardan para todos o no se producen o salvaguardan para nadie, ya que no es posible o no es razonable excluir potenciales usuarios o consumidores (principio de no exclusión). Por consiguiente, si el bien público o el interés colectivo se encuentran en buen estado, todos los miembros de la colectividad pueden gozar de ellos en forma semejante; en cambio, una afectación del bien público o del interés colectivo tiene impacto sobre toda la comunidad, pues todos se ven afectados por ese deterioro. (…)”
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 23 de febrero de 2017. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. “Sin embargo, resulta pertinente resaltar que la facultad de la Procuraduría General de la Nación para interponer acciones de amparo en nombre de otros, deberá estar sujeta a las normas procesales que regulan la acción de tutela en materia de la agencia oficiosa y deberá acreditar los elementos de esta figura para que sea tenida como legitimada para actuar. Por tanto, si el delegado o agente del Ministerio Público actúa como agente oficio deberá manifestar que promueve la tutela en tal condición y, de los hechos planteados en el libelo demandatorio o de las pruebas obrantes en el expediente deberá poder establecerse la imposibilidad del titular de los derechos para ejercer la defensa de los mismos; caso en el cual no resulta necesaria la ratificación de los hechos por parte del agenciado, por cuanto tal exigencia se hace cuando sea ello posible”. Corte Constitucional, sentencias T-176 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-213 del 26 de abril de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. “De conformidad con lo previsto en el artículo 86 Superior, la acción de tutela podrá ser interpuesta por toda persona que se crea lesionada en sus derechos fundamentales, por sí misma o por quién actué a su nombre; en este sentido, el Decreto 2551 de 1991 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'” consagra que el accionante puede actuar en nombre propio o a través de un representante.
En estos términos, y no obstante la informalidad que caracteriza a la acción de tutela, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que su ejercicio está sujeto al cumplimiento de unos requisitos mínimos de procedibilidad que se deben acreditar en cada caso concreto, entre los cuales se encuentra la legitimación en la causa por activa, con la cual se pretende asegurar que el accionante tenga un interés directo y particular en lo reclamado, y que en este sentido, se busque la protección de un derecho fundamental del propio demandante y no de otra persona”. (Resalta la Sala). En sentencia T-078 de 2004, la Corte concluyó que era improcedente la tutela interpuesta por un personero municipal en nombre de “las familias desplazadas y no desplazadas, asentadas en zonas de alto o mediano riesgo en la Ciudad de Florencia” pues la parte afectada no era determinada ni determinable. La Sala de Revisión en esa ocasión determinó que la entidad accionante tiene el deber de individualizar los sujetos presuntamente afectados, haciéndolos determinables. Sentencia T-253 de 2016. Luis Ernesto Vargas Silva.
“Un derecho individual no se convierte en colectivo por el sólo hecho de haber sido exigido simultáneamente con el de otras personas. Un derecho es individual o colectivo dependiendo, entre otros elementos, de quién sea su titular -una persona o una colectividad-, no de quién lo ejerza y mediante cuáles acciones judiciales lo haga. El derecho individual a recibir un determinado tratamiento no se convierte en colectivo por el hecho de ser reclamado al mismo tiempo por varias personas. De igual forma, un derecho colectivo no deja de ser tal, en razón a que sólo sea reclamado por una sola persona”. Sentencia T-1189 de 2003., M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
“En estas circunstancias, procede la acción de tutela en defensa de un número plural de personas que se encuentran afectadas, cuando cada una de ellas es identificable e individualizable y, por ende, podría reclamar, en forma autónoma, el amparo de sus derechos amenazados o vulnerados. En caso contrario, esto es, cuando la parte demandante no puede determinarse o la pluralidad de personas reclama derechos que no son individuales, la acción de tutela resulta improcedente. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo no podría interponer acción de tutela para la defensa de derechos de un grupo abstracto y general de personas, aunque éstas se encuentren en la misma situación fáctica”. Sentencia T-896 A de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Reiterada en sentencia T-690 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencia T-710 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En el mismo sentido, en sentencia T-749 de 2014 la Corte Constitucional determinó: “(…) la jurisprudencia constitucional ha dispuesto como requisitos que deben cumplirse para la procedencia excepcional de la acción de tutela cuando a través de ella se invoca la protección de este últimos, los siguientes: (i) Debe demostrarse que la acción popular no es idónea, en concreto, “para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo”. Esto puede darse cuando la acción popular es idónea para amparar los derechos colectivos involucrados pero no puede brindar una protección eficaz al derecho fundamental afectado. En caso contrario, la acción de tutela solo procedería como mecanismo transitorio cuando su trámite sea indispensable para la protección de los derechos fundamentales”. [En el mismo sentido, sentencias SU- 257 de 1997, T- 576 de 2005, SU-1116 de 2001]. En sentencia T-253 de 2016. Luis Ernesto Vargas Silva, se sostuvo que “En este sentido ha dicho la Corporación: “Esta breve referencia muestra que en principio la Ley 472 de 1998 es un instrumento idóneo y eficaz para enfrentar las vulneraciones o amenazas a los derechos colectivos. (...).
En tales circunstancias, la entrada en vigor de una regulación completa y eficaz sobre acciones populares implica que, fuera de los cuatro requisitos señalados (…), para que la tutela proceda en caso de afectación de un derecho colectivo, es además necesario, teniendo en cuenta el carácter subsidiario y residual de la tutela (CP art. 86), que en el expediente aparezca claro que la acción popular no es idónea, en concreto, para amparar específicamente el derecho fundamental vulnerado en conexidad con el derecho colectivo, por ejemplo porque sea necesaria una orden judicial individual en relación con el peticionario. En efecto, en determinados casos puede suceder que la acción popular resulta adecuada para enfrentar la afectación del derecho colectivo vulnerado, pero ella no es suficiente para amparar el derecho fundamental que ha sido afectado en conexidad con el interés colectivo. En tal evento, la tutela es procedente de manera directa, por cuanto la acción popular no resulta idónea para proteger el derecho fundamental. Pero si no existen razones para suponer que la acción popular sea inadecuada, entonces la tutela no es procedente, salvo que el actor recurra a ella "como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción competente resuelve la acción popular en curso y cuando ello resulte indispensable para la protección de un derecho fundamental”. En ese acápite se valoraron dos elementos: Uno es la situación fáctica señalada e identificada por el actor como la causa del menoscabo de los derechos fundamentales invocados; situación que fue catalogada por la Sala con la potencialidad suficiente como para provocar el desconocimiento de varios intereses difusos, colectivos, indivisibles o supraindividuales. Y el segundo fue la primera pretensión propuesta por el accionante, la cual pasa a transcribirse: “PRIMERO: ORDENAR al representante legal del INVIAS y a la FND a que en un término perentorio procedan a realizar las obras de protección costera para la comunidad de Barú, sector Playetas a fin de salvaguardar los derechos del Consejo Comunitario de la población negra de Barú (…)”. (Subraya la Sala).
“Quinto criterio: La orden del juez debe buscar el restablecimiento del derecho fundamental vulnerado más no del derecho colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulta protegido, igualmente, un derecho de esta naturaleza” [Ver sentencia T-710 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño]. Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Así también: Corte Constitucional, sentencia T-362 de 10 de junio de 2014. Valga la pena aclarar que una cosa es establecer la potencial idoneidad de la acción popular respecto a la protección de una comunidad de derechos constitucionales (fundamentales y colectivos) de forma simultánea y otra muy diferente, determinar que la perturbación de un derecho colectivo conlleva de manera directa, clara y necesaria a la vulneración de un derecho fundamental. Como puede observarse, de un lado se debate la eficacia de la acción y de otro, la coligación de afectación entre un derecho colectivo y un derecho fundamental.
“Asimismo, como argumento adicional, en este punto no debe perderse de vista que por los presupuestos fácticos expuestos en la demanda, las autoridades implicadas, el alcance de las pretensiones, la envergadura de los derechos involucrados y las repercusiones en la política pública en la materia, el carácter expedito y sumario de la acción de tutela, no puede asegurar la intensa actividad probatoria que exige el conocimiento de la problemática.
Por tanto, esta situación refuerza aún más la necesidad que este tipo de debates puedan valorarse en mejor forma en el marco de una acción popular, donde el juez cuenta con amplias facultades en materia probatoria, para reunir los elementos necesarios para determinar el grado de vulneración o amenaza del derecho colectivo invocado”. Sentencia T-253 de 2016. Luis Ernesto Vargas Silva. Es preciso recordar que la acción de tutela puede interponerse de dos modos: el primero es a nombre propio, es decir, cuando el mismo accionante solicita de forma directa al juez de tutela el amparo de sus derechos fundamentales; y el segundo es por conducto de representante, representación que, a su vez, puede presentarse en tres modalidades, i) mediante representante legal (en tratándose de la protección de los derechos fundamentales de una persona jurídica); ii) mediante apoderado judicial; y iii) por cuenta de un agente oficioso. (Ibídem folio N.º 20, acápite 5.2.1.)
Mediante sentencia T-660 del 23 de octubre de 2015 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) la Corte expuso que: “De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 superior y 10 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con la jurisprudencia constitucional pertinente, los representantes de los Consejos Comunitarios accionantes están legitimados para interponer la acción de tutela en su nombre, ya que son titulares de los derechos fundamentales que consideran vulnerados y pueden acudir a la jurisdicción en procura de su defensa”. Sentencia T-213 de 2016 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). En este caso, la Corte Constitucional encontró que los demandantes, los señores Robinson López Descanse, Mateo Estrada Córdoba y Belkys Herrera Mejía, en calidad de Coordinadores de Derechos Humanos, Territorio, Medio Ambiente y Educación de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac (entidad sin ánimo de lucro que ejerce la representación política de los pueblos indígenas de la amazonia colombiana.), estaban legitimados en la causa para interponer la acción de tutela y perseguir la protección de los derechos fundamentales al territorio y a la consulta previa de las comunidades indígenas, toda vez que los demandantes son miembros de comunidades indígenas y líderes de las asociaciones que ellas han conformado y, en esa medida, encontró que sobre ellos recaía el interés y la representación suficiente. Sentencia T-889 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sentencia T-950 de 2008. M.P. Jaime Araújo Rentería. Sentencia T-305 de 2014. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sentencia T-379 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Folio N.° 1 del expediente. “yo Donaldo Barrios Gelez, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N.° 73.141.222 de Cartagena, obrando en nombre propio y en calidad de miembro del Consejo Comunitario de la Comunidad de Barú, acudo a su despacho para interponer acción de tutela, (…)”.
“La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente [declarar improcedente el amparo]”. Sentencia T-799 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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