Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2016-00624-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2016-00624-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 13001-23-33-000-2016-00624-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 13001-23-33-000-2016-00624-01 (30808)
Demandante AGRINAL COLOMBIA S.A.S.
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN
Temas Tributos aduaneros. Liquidación oficial de corrección con fines
de devolución. Acuerdo de Complementación Económica ACE
59. Mecanismo Público de Administración de Contingentes
MAC. Importación de maíz amarillo proveniente de Argentina.
Reiteración jurisprudencial.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante1 contra la
sentencia del 25 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 001, aclarada mediante providencia del 23 de septiembre
del mismo año, que decidió2:
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda por las razones expuestas.
SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia. […]
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Agrinal Colombia S.A.S. (Agrinal) presentó 4 declaraciones de importación entre
agosto y octubre de 2011, mediante las cuales introdujo al territorio aduanero
nacional la mercancía denominada maíz amarillo, la cual clasificó por la subpartida
1005.90.11.00 y por la que liquidó un arancel del 2%3.
La sociedad solicitó la expedición de una liquidación de corrección con fines de
devolución al jefe de División de Gestión de Liquidación de la Seccional de Aduanas
de Cartagena de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Por medio de la resolución 000837 del 22 de mayo de 2015, la autoridad negó la
liquidación oficial de corrección para efectos de devolución. Previa interposición del
recurso de reconsideración, la DIAN confirmó la decisión mediante la resolución
002079 del 17 de noviembre de 2015.
1
El proceso se repartió inicialmente a la Sección Primera de esta Corporación, la cual remitió por competencia a esta
Sección, según informe secretarial del 21 de noviembre de 2025. Samai, índice 13.
2
Samai, índice 2. Testigo documental, PDF 03 sentencia, pág. 18. Se precisa que el ordinal segundo fue corregido,
mediante auto del 23 de septiembre de 2022, ibidem, PDF 11 auto resuelve. Por lo que la transcripción se realiza teniendo
en cuenta dicha modificación.
3
Concretamente, presentó las declaraciones identificadas con los siguientes números de Autoadhesivos: i)
23831015107800 del 6 de agosto, ii) 23831015172976 del 8 de septiembre, iii) 23831015200204 del 23 de septiembre, y
iv) 23831015257970 del 21 de octubre.
1
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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00624-01 (30808)
Demandante: Agrinal Colombia S.A.S.
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones4:
PRIMERO: Que se declare la nulidad de la Resolución 000837 del 22 de mayo de 2015, donde
la Jefe de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de
Cartagena, negó la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección para efectos de devolución,
solicitada por mi mandante, mediante escrito con número de radicado 022884 de fecha 7 de
julio de 2014.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución 002079 de 17 de noviembre de 2015,
por medio de la cual la Jefe de la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de
Aduanas Nacionales de Cartagena, confirmó la Resolución 000837 del 22 de mayo de 2015.
TERCERA: Que, como consecuencia de las anteriores nulidades se ordene a la DIAN expedir la
liquidación oficial de corrección en los términos planteados originalmente por la actora, o en
los que establezca el despacho en su lugar.
CUARTA: Que se ordene la Devolución de los Tributos Aduaneros cancelados en exceso con
ocasión a la liquidación oficial de corrección proferida por la DIAN.
QUINTA: Que, como parte del restablecimiento del derecho se condene a la NACIÓN,
representada por la DIAN, a reconocer y a pagar a la actora las sumas mencionadas arriba,
más los intereses corrientes y moratorios, además de la actualización monetaria, de acuerdo
con lo estipulado por los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
SEXTA: Que, como parte del restablecimiento del derecho, se condene a la NACIÓN, U.A.E.
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a reembolsar a AGRINAL COLOMBIA S.A.S.,
los gastos en que haya incurrido ésta última para instaurar este proceso judicial, tales como:
gastos judiciales, honorarios de abogados, etc.
Invocó como normas violadas los artículos 9, 29, 87, 209, 228, 288 y 363 de la
Constitución Política; 1524 y 2313 del Código Civil; 1, 2 y 3 de la Ley 1437 de 2011;
2 (literal b) y 33 del Decreto ley 2150 de 1995; 1, 5 y 6 del Acuerdo de
Complementación Económica (en adelante ACE 59 o acuerdo); 560, 855, 863 del
Decreto 624 de 1989 (Estatuto Tributario); 20 del Decreto 4048 de 2008; 438 de la
Resolución 4240 de 2000; conceptos DIAN 100227342-0346 del 19 de marzo de
2014, 100-210-227-340 del 3 de septiembre de 2009; memorando 211 de 2007 de
la autoridad aduanera; y el acta 209 del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios
y de Comercio Exterior (Comité Triple A) del 5 de octubre de 2009.
El concepto de violación se resume a continuación:
Indicó que las resoluciones acusadas violaron el debido proceso por falsa
motivación, porque, contrario a lo manifestado por la DIAN, la discusión que se
presentaba no correspondía a normas de la misma jerarquía. Señaló que los actos
demandados se fundamentaron en oficios proferidos por la Oficina de Asuntos
Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad que no era
competente para la interpretación de una norma de carácter internacional.
Precisó que, según lo expuesto por la División de Gestión Jurídica de la Seccional
de Aduanas de Buenaventura, la División de Liquidación de esta seccional pidió
aclarar la forma en la que se debía aplicar el gravamen, para la mercancía de que
trataba el caso en concreto.
4
Samai, índice 2. Testigo documental, carpeta copia demanda, PDF demanda, págs. 1 a 2.
2
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Demandante: Agrinal Colombia S.A.S.
Señaló que la subdirectora de Gestión Técnica Aduanera y el jefe de la
Coordinación del Servicio de Arancel, mediante el Oficio 100227342-0346 del 19 de
marzo de 2014, aclararon a la División de Gestión de Liquidación el gravamen
aplicable a las importaciones de maíz amarillo bajo el amparo del ACE 59.
Destacó que la unidad del Servicio de Arancel era la la entidad competente para
hacer ese tipo de interpretaciones, pero explicó que, pese a ello, el acto que negó
el recurso de reconsideración consideró que la competente era la Oficina de
Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; razón por
la cual la compañía consideró que, si bien procedía la consulta a otras entidades y
dependencias, no era aceptable que se optara por el oficio emitido por una autoridad
que no era competente.
Comparó las funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (artículo 9 del Decreto 1385 de 2013) y de la Oficina
de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior, Industria y
Turismo (artículo 10 del Decreto 210 de 2003). Por lo anterior, afirmó que la
motivación empleada por parte de la administración no correspondía a la realidad
del asunto, debido a que la entidad competente para interpretar los tratados y
normas internacionales era la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como es el caso del ACE 59.
Advirtió que la autoridad aduanera incurrió en falsa motivación al desconocer el
memorando del 24 de octubre de 2007, proferido por la jefe de la Oficina de Asuntos
Legales Internacionales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que
señaló que no le era aplicable el Mecanismo Público de Administración de
Contingentes Agropecuarios (en adelante MAC) a importaciones de maíz amarillo
proveniente de países miembros de MERCOSUR.
Sostuvo que hubo una errónea interpretación de la norma, destacando que lo dicho
por la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural era contrario a derecho, considerando que el artículo 5 del ACE 59 establece
que los países suscriptores solo podrán mantener los gravámenes y las cargas que
consten en las notas complementarias. No obstante, explicó que al leer el Anexo III,
se evidenciaba que Colombia no incluyó al MAC dentro de dichas excepciones por
lo que no era posible afirmar que dicho mecanismo era compatible con el Acuerdo.
Adujo que los artículos 27 y 53 de la Convención de Viena determinan que, en virtud
de los principios de buena fe y de pacta sunt servanda, no podían incumplirse los
convenios internacionales con base en normas de carácter interno; de este modo,
la adopción del MAC mediante el Decreto 430 de 2004 no excusaba la inaplicación
del ACE 595.
Indicó que la DIAN no atendió los parámetros establecidos en la norma para la
liquidación del arancel al inaplicar en el caso en concreto el memorando 211 de
2007 de la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera y la Subdirección de
Comercio Exterior, toda vez que, para el momento de los hechos, era el Decreto
4662 de 2010 la normativa que regulaba los aranceles intracuota y extracuota;
además de no tener en cuenta que el citado memorando fue proferido atendiendo
el Decreto 430 de 2004, que creó el MAC.
Agregó que, el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 estableció que los conceptos
emitidos por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la Dirección de
5
Citó el oficio Nro. 070637 del 15 de octubre del 2004, emitido por la Subdirectora de Gestión Técnica Aduanera.
3
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Demandante: Agrinal Colombia S.A.S.
Gestión Jurídica constituyen una interpretación oficial de obligatorio cumplimiento
para los empleados de la entidad.
Alegó que los actos acusados omitieron explicar la fórmula correcta para liquidar el
arancel, adoptado por el Comité Triple A en el numeral 4.2. del Acta 209 del 5 de
octubre de 2009, donde se reiteró lo expuesto en la Sesión 205 del 26 de mayo del
mismo año, el cual reconoció que se debe aplicar el trato arancelario preferencial
del ACE 59 al maíz amarillo proveniente de países del MERCOSUR.
Reiteró que el ACE 59 no podía ser inaplicado con base en normas de derecho
interno y resaltó que los Oficios 100-210-227-340 del 3 de septiembre de 2009 y
100227342-0346 del 19 de marzo de 2014 de la DIAN, así como el memorando del
24 de octubre de 2007 de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecían que no era aplicable el MAC
a las importaciones de maíz amarillo provenientes de países del MERCOSUR.
Advirtió que la autoridad aduanera no tuvo en cuenta que la División de Gestión de
Liquidación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Buenaventura
reconoció el pago en exceso en casos idénticos6.
Precisó que, contrario a lo señalado por la demandada, Agrinal no solicitó la
aplicación de la Ley 1000 de 30 de diciembre de 2005, mediante la cual se aprobó
el ACE 59, debido a que lo que ha requerido es la aplicación del Acuerdo.
Comentó que, en virtud de esta interpretación, la DIAN inaplicó la norma internacional
que rige el asunto con base en el derecho interno y violó el derecho al debido
proceso de la compañía; se refirió a la sentencia del 28 de marzo de 2010 del
Consejo de Estado7 que aclaró que las normas supranacionales desplazaban en su
aplicación a las internas, sin derogarlas.
Oposición de la demanda
La DIAN solicitó negar las pretensiones8, para lo cual relacionó el marco normativo
vigente para el momento de los hechos, señalando que, a lo largo de toda la
actuación administrativa se dio cumplimiento al debido proceso9, puesto que se
agotaron todas las oportunidades de ley para que la sociedad presentara los
motivos de inconformidad que considerara dentro del procedimiento adelantado por
la entidad.
Precisó que la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural era competente para interpretar los tratados internacionales
relacionados con el sector agropecuario, según lo previsto en los artículos 3 y 9 del
Decreto 1985 de 2013.
Respecto de la inconformidad de Agrinal de que las opiniones de un sector gremial
de la economía no pueden ser el sustento para el rechazo de una solicitud de
liquidación oficial de corrección, anotó que el propósito de la remisión realizada en
los actos acusados fue explicar la incidencia del certificado de adquisición de
contingentes con asignación estacional de la bolsa de productos agropecuarios
(también conocido como certificado o bono IBSA).
6
Resoluciones 1028, 1939, 1705, 2008, 1287, 1368, 1331, 1418, 1369, 1490, 1371, 1417, 1570, 1286, 1379, 1298, 1950
y 1963 de 2014.
7
No identificó expediente ni magistrado ponente de la providencia.
8
Samai, índice 2. Testigo documental, PDF cuaderno 1, págs. 148 a 179.
9
Citó las sentencias C-248 del 24 de abril de 2013, C-980 de 2010 y del 5 de marzo de 2015, exp. 19382, M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
4
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Demandante: Agrinal Colombia S.A.S.
Resaltó que el apéndice 3.1 del Anexo II del ACE 59, Colombia-Argentina, no
contiene la desgravación o preferencia arancelaria correspondiente al maíz amarillo;
además, aseguró que el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) fue adoptado
mediante la Decisión 371 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN)
y tenía como propósito estabilizar el costo de importación de un grupo especial de
productos agropecuarios.
Manifestó que, en el presente asunto, se debía aplicar el mayor arancel entre el 5%
y el arancel total resultante de aplicar el SAFP; así, señaló que «la Circular No.
12757000001225 de 01/03/2012, 12757000001350 de 16/08/2012, 12757000001375 de
16/09/2012, 12757000001408 de 16/10/2012, 12757000001160 de 01/01/2012, 12757000001192
de 01/02/2012, 12757000001232 de 16/03/2012, 12757000001479 de 16/12/2012, para el maíz
amarillo fue de 0%, por lo que se entiende que el mayor valor a tomar es el 5%»10. Sostuvo que
las resoluciones demandadas no desconocen el principio de pacta sunt servanda ni
las reglas de interpretación de los tratados, puesto que se ajustó a las normas de
derecho internacional.
Explicó que las importaciones de maíz amarillo clasificado por la subpartida
arancelaria 1005.90.11.00, se encuentran sujetas al MAC, por lo que «el arancel más
alto entre el MAC y el SAFP es el 5%, es sobre este que se aplica la desgravación prevista en el
Acuerdo CAN – MERCOSUR, la cual corresponde al 66% es decir, que sólo está gravado el 34% para
la declaración con fecha de aceptación del año 2011, como la que es objeto de esta solicitud»11.
Agregó que, el MAC era compatible con los tratados de libre comercio celebrados
por Colombia, como lo era el ACE 59; afirmó que el artículo 9 del Decreto 430 de
2004 estableció que las importaciones de los países de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), dentro de los cuales están los que integran
el MERCOSUR, se les aplicará el arancel intracuota y extracuota.
Sobre la falsa motivación de los actos administrativos, estimó que no se configura,
ya que en la actuación administrativa se probó la procedencia del arancel extracuota
debido que, al momento de la importación, la compañía no contaba con un
certificado o bono IBSA. Desarrolló la causal de falta de motivación y concluyó que
las resoluciones recurridas cuentan con soporte fáctico, el cual permitió que Agrinal
se defendiera ante la jurisdicción presentando objeciones concretas contra las
consideraciones de hecho expuestas por la entidad.
Luego de explicar el funcionamiento del arancel intracuota y extracuota, reiteró que
la demandante importó maíz amarillo sin contar con el certificado IBSA, por lo que
en este caso era aplicable el arancel extracuota del Decreto 430 de 2004, es decir,
el mayor arancel entre el 5% y el previsto por el SAFP.
Manifestó que no era cierto que el decreto mencionado hubiera sido tácitamente
derogado por la Ley 1000 de 2005, que ratificó el ACE 59, por lo que el reglamento
gozaba de presunción de legalidad del artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 y el
pronunciamiento de la Oficina de Asuntos Legales Internacionales del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo no podía emplearse en contravención de normas de
mayor jerarquía normativa.
Concluyó que los actos cuestionados eran acordes con el ordenamiento jurídico,
por lo que no se cumplen los requisitos para el acceso a la devolución de lo pagado.
10
Samai, índice 2. Testigo documental, PDF cuaderno 1, pág. 163.
11
Ibidem, pág. 166.
5
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Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 001, negó las pretensiones
de la demanda, y condenó en costas a la demandante, por lo siguiente12:
Refirió el contenido de las normas aplicables al caso, en especial los decretos 430
de 2004 y 4662 de 2010; expuso la postura reiterada del Consejo de Estado13 y
relacionó los hechos probados dentro del proceso, precisando que la mercancía
registrada en las declaraciones de importación se trató de maíz amarillo proveniente
de Argentina.
En ese sentido, concluyó que, teniendo en cuenta la línea jurisprudencial expuesta,
en la que se ha establecido que Colombia es libre de imponer aranceles a la
importación de maíz de países que no pertenecen a la CAN, el arancel extracuota
fijado en el MAC es compatible con el ACE 59; no obstante, explicó que, en el presente
asunto, al tratarse de un producto de origen argentino, era necesario analizar las
desgravaciones o preferencias otorgadas mediante el Acuerdo con dicho país.
De este modo, señaló que el artículo 5 del ACE 59 determinó que los aranceles
vigentes al momento de su suscripción se mantendrían, siempre que se incluyeran
en el denominado Anexo III; aclaró que, como sobre el maíz amarillo no se pactó
una desgravación inmediata, aplicaba el artículo 4 ibidem, el cual dispuso la
liberación comercial de forma gradual, según los cronogramas del Anexo II, en
concreto el cronograma general C4.b.
Por lo anterior, destacó que se debía aplicar el mayor arancel entre el 5% extracuota
y el determinado en el SAFP; sin embargo, debido a la reducción del 60% de arancel
para las importaciones del año 2011 de maíz amarillo desde Argentina, compatible
con el ACE 59, había lugar a la imposición del 2%, como lo realizó la demandante al
momento de la importación, sin existir entonces un pago en exceso que diera lugar
a proferir liquidación oficial de corrección con fines de devolución.
En cuanto a la falsa motivación por fundamentar la decisión en oficio expedido por
entidad que no era competente, sostuvo que la entidad solicitó a la Subdirección de
Gestión Técnica Aduanera la aclaración de aplicación del memorando 00211 del 3
de abril de 2007, y a la Coordinación del Servicio del Arancel le solicitó aclarar el
valor del gravamen arancelario para este tipo de importaciones, cuya respuesta
indicó que la liquidación del arancel se determinaba con los supuestos del Decreto
430 de 2004 y el memorando 00058 del 28 de enero de 2009.
Siendo así, evidenció que en los actos administrativos la DIAN citó este último
memorando en donde advirtió que se consideraron las respuestas emitidas por las
subdirecciones de la autoridad aduanera y el oficio proferido por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, por lo que resultaba claro que la demandada acudió
a distintas fuentes de interpretación para efectos de la procedencia del MAC en
importaciones de maíz amarillo, y no solo a la oficina del ministerio.
Por último, condenó en costas a la demandante al resultar desfavorable el resultado
del proceso, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso. Este punto fue aclarado mediante auto del 23 de septiembre de 2022, pues
la versión original de la sentencia impuso la condena en costas a la parte
demandada, lo cual se consideró incongruente con lo expuesto previamente.
12
Samai de tribunal, índice 31.
13
Citó la sentencia del 5 de agosto de 2021, exp. 47001-23-33-000-2018-00298-01, M.P. Milton Chaves García.
6
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Demandante: Agrinal Colombia S.A.S.
Recurso de apelación
La demandante solicitó revocar la decisión de primera instancia14 y acceder a las
pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que la sentencia recurrida i) no se
ajustó a los hechos que motivaron la demanda ni al derecho alegado, ii) negó el
pleno goce de sus derechos, iii) se fundó en consideraciones inexactas y erróneas,
y iv) incurrió en un defecto esencial de derecho por errónea interpretación de las
normas aplicables.
Expuso que el tribunal desconoció que, conforme con el artículo 10 de la Ley 1437
de 2011, la DIAN tenía la obligación de aplicar uniformemente las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias. Así, afirmó que los actos acusados
fueron indebidamente motivados, por lo que se vulneró el principio de buena fe y la
confianza legítima, al no considerar y dejar de valorar actos administrativos en los
que se evidencia una situación con los mismos supuestos fácticos y jurídicos,
expedidos por la División de Gestión de Liquidación Aduanera de Buenaventura, y
que se fundamentaron en el memorando 211 de 2007.
Consideró que se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos acusados, ya
que el Acuerdo es incompatible con el MAC, y el producto importado (maíz amarillo)
hacía parte de los que negoció con Argentina en el ACE 59, por lo que se podía
invocar la preferencia arancelaria. Aclaró que, conforme con el artículo 3 del
Acuerdo, los productos que no estaban enlistados en el Anexo I gozaban de un trato
arancelario preferencial, como ocurre con el maíz amarillo.
Cuestionó la apreciación del a quo, en el sentido de que el MAC era compatible con
el ACE 59, puesto que el primero dejó de producir efectos cuando entró a regir la
segunda, en la medida en que prohibió la existencia de cualquier gravamen y carga
que afectara las operaciones comerciales amparadas en el Acuerdo.
Sostuvo que, si bien se aplica la fórmula indicada en la Sesión 205 del 26 de mayo
de 2009, del Comité Triple A, en armonía con el ACE 59 y el SAFP, el arancel sería
del 0%, lo cual desvirtúa la posición de la DIAN y del tribunal.
Además, citó diferentes pronunciamientos de tribunales administrativos que
soportaban sus argumentos15. Entre ellos, la sentencia del 12 de octubre de 201816,
la cual puso de presente que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo profirió
el memorando OALI-127 del 24 de octubre de 2007, con el cual sostuvo que el MAC
era compatible con el ACE 59.
Se refirió a la posición actual del Consejo de Estado17 y aseguró que el
pronunciamiento está asentado sobre unas consideraciones que constituyen un
grave error de juicio legal y fáctico; sustentó su afirmación en que: i) la Decisión 535
del 2002 de la CAN, en lo que tiene que ver con el diferimiento al 0%, aplica única y
exclusivamente para los bienes de capital no producidos en la Subregión incluidos
14
Samai, índice 2. Testigo documental, PDF 09 recurso apelación.
15
Citó, entre otras, sentencias del Tribunal del Atlántico del 12 de octubre del 2018, exp. 08-001-33-33-012-00296-01,
ponente: Luís Eduardo Cerra Jiménez; del Tribunal Administrativo del Magdalena del 12 de octubre de 2019, exp. 47-
001-2333-000-2018-00299-00, ponente: María Victoria Quiñones Triana; del Tribunal Administrativo del Magdalena, exps.
47-001-2333-000-2018-00302-00 y 47-001- 2333-000-2018-00300-00, ponente: María Victoria Quiñones Triana.
16
Sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, exp. 08-001-33-33-012-00296-01, ponente: Luís Eduardo Cerra
Jiménez.
17
Al respecto citó las sentencias del 14 de noviembre de 2019, exp. 23676, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 14
de mayo de 2020, exps. 23676, 22590 y 25047, M.P. Milton Chaves García; y del 4 y 11 de junio de 2020, exps. 22560 y
23679, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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en el Anexo II; ii) en dicho anexo no aparece la subpartida 1005.90.11.00, y iii) el
maíz amarillo no es un bien de capital sino una materia prima.
Indicó que, aun si se considera que la jurisprudencia del Consejo de Estado
menciona la Decisión 535 de 2002 por error, lo cierto es que no existe norma similar
a la referida y no se tiene en cuenta que Colombia y los países miembros de la CAN
producen maíz amarillo. Adicionalmente, el Decreto 430 de 2004 no cita la Decisión
535 de 2002, con la cual se justificó la aplicación del MAC para la importación de
maíz amarillo.
Finalmente, expuso que «Frente a las costas, respetuosamente me permito solicitar que no se
condene en costas a la parte demandante por cuanto no asumió en este proceso judicial una
conducta que la hiciera merecedora a esa sanción, tal como el haber incurrido en temeridad,
irracionalidad absoluta de su pretensión, dilación sistemática del trámite o en deslealtad» 18.
Oposición a la apelación
La demandada guardó silencio.
Intervención del ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Problema jurídico
Corresponde a la Sección, en los precisos términos del recurso de apelación,
analizar la legalidad de las resoluciones 000837 del 22 de mayo de 2015 y 002079
del 17 de noviembre de la misma anualidad, proferidas por la DIAN, que negaron la
petición de liquidación oficial de corrección con fines de devolución de Agrinal, sobre
las declaraciones de importación de maíz amarillo presentadas entre agosto y
octubre de 2011.
Improcedencia de la solicitud de interpretación prejudicial
Previo al estudio del problema jurídico, se observa que la demandante solicitó en el
escrito de demanda que se realizara el trámite de interpretación prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de la CAN sobre la aplicación del ACE 5919.
Como se expuso en otras ocasiones20, los artículos 121 y 123 de la Decisión 500
de la CAN establecen la obligación de solicitar al Tribunal de Justicia de dicha
organización la interpretación prejudicial de «las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina»; no obstante, en el caso bajo examen no se discute la
aplicación de una norma supranacional originada en la CAN, sino del ACE 59, cuyas
partes contratantes son, «de una parte, el Mercosur y de la otra parte los Países Miembros de
la Comunidad Andina que suscriben el Acuerdo»21. En consecuencia, no procede la solicitud
de interpretación prejudicial formulada por la compañía.
18
Samai, índice 2. Testigo documental, PDF 09 recurso apelación, pág. 14.
19
Ibidem, carpeta copia demanda, PDF demanda, págs. 23 a 25.
20
Sentencia del del 29 de abril de 2021, exp. 25135, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; reiterada en sentencia del 9 de
noviembre de 2023, exp. 27852, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Así se observa en el texto del acuerdo anexo a la Ley 1000 de 2005, que incorporó este tratado internacional al
ordenamiento jurídico colombiano de forma definitiva.
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Análisis del caso concreto
La apelación de la demandante se centra en que el arancel extracuota del MAC es
incompatible con el programa de desgravación previsto en el ACE 59, toda vez que
la primera dejó de producir efectos cuando entró a regir la segunda, en la medida
en que prohibió la existencia de cualquier gravamen y carga que afectara las
operaciones comerciales amparadas en el Acuerdo, teniendo en cuenta que el
producto importado (maíz amarillo) hacía parte de los negociados por Colombia con
Argentina en el ACE 59, y por tanto, se podía invocar la preferencia arancelaria.
Para decidir, se reiterará el criterio jurisprudencial expuesto por esta Sección en
otras oportunidades22, en las que se expuso que el MAC fue creado por el Decreto
430 de 2004 como un instrumento para adjudicar a los importadores, mediante
pública subasta, parte del contingente de asignación estacional de determinados
productos, entre los cuales se encuentran la subpartida 1005.90.11.00 (maíz
amarillo) de la clasificación Nandina 05 provenientes de países distintos a los
miembros de la CAN.
El contingente de asignación estacional es la distribución del contingente anual y
consiste en el volumen estimado de importaciones de mercancías por el tamaño y
vigencia previsto por la Comisión Interinstitucional del MAC. De esta forma, quienes
obtienen la adjudicación del contingente únicamente tienen la obligación de pagar
el arancel intracuota al momento de ingresar el producto al territorio aduanero
nacional, mientras que los demás importadores deberán pagar el arancel
extracuota.
Para la importación de la mercancía correspondiente a la subpartida 1005.90.11.00
(maíz amarillo) de la clasificación Nandina 05, en los términos del literal a) del
numeral 4 del artículo 3 del Decreto 430 de 2004, el arancel extracuota corresponde
al mayor arancel entre 5% y el arancel total resultante de aplicar el SAFP.
Para este caso, el Decreto 4662 de 201023, en su artículo 4, estableció que el
arancel extracuota por la importación de maíz será el mayor entre una tarifa del 5%
o la determinada por la aplicación del SAFP. Sin embargo, el mismo artículo dispuso
en su parágrafo «que las normas del MAC no se podrían aplicar de una manera incompatible con
los tratados de libre comercio vigentes para Colombia».
Uno de los tratados de libre comercio vigentes para Colombia al momento de las
importaciones en el caso bajo examen es el ACE 59, suscrito el 18 de octubre de
2004, que tiene como objetivo establecer un marco jurídico de integración
económica y formar un área de libre comercio mediante la eliminación de
restricciones arancelarias entre los países signatarios. Este acuerdo fue
inicialmente implementado de forma provisional mediante el Decreto 141 de 2005 y
posteriormente ratificado mediante la Ley 1000 de 2005.
Para crear una zona de libre comercio de los productos originarios, el artículo 3 del
Acuerdo señaló que serán desgravados la totalidad de los aranceles de forma
22
Sentencias del 14 de noviembre de 2019, exp. 23676, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 29 de abril y del 14 de
mayo de 2020, exps. 22590 y 25047, M.P. Milton Chaves García; del 4 y 11 de junio de 2020, y 11 de marzo de 2021,
exps. 22560, 23679 y 23136, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; del 29 de abril de 2021 y 9 de noviembre de 2023, exps.
25135 y 27852, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; del 13 de mayo de 2021, 9 de febrero de 2023, exps. 25139 y
27079, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
23
Por el cual se determinan los aranceles intracuota, extracuota y los contingentes anuales para la importación de maíz
amarillo, maíz blanco y fríjol soya en desarrollo del Mecanismo Público de Administración de Contingentes Agropecuarios
MAC para 2011.
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inmediata, excepto para los productos y los aranceles que sean incluidos en el
Anexo I del Acuerdo conforme con la Clasificación Arancelaria Naladisa 96.
Aunque en el ACE 59 se acordó utilizar esa clasificación, el Decreto 141 de 2005
utiliza también la Clasificación Nandina 05 con el fin de dar claridad a las mercancías
sobre las cuales se acordaron preferencias y desgravaciones. De esta forma, en
este decreto consta que la subpartida 1005.90.11.00 (maíz amarillo) de la
Clasificación Nandina 05 equivale a la subpartida 1005.90.20 de la Clasificación
Naladisa 96, la cual deberá ser tenida en cuenta para efectos analizar los acuerdos
del ACE 59.
En el Anexo I del ACE 59 consta que los productos de la subpartida 1005.90.20
Naladisa 96 (maíz amarillo) están sujetos al Mecanismo de Estabilización de Precios
(MEP) conforme con las reglas de la CAN. Se destaca que en ese anexo Colombia
especificó que no aplicaría dicho mecanismo para determinados productos, como
por ejemplo los pertenecientes a la subpartida 0209.00.21 (grasa de cerdo fresca,
refrigerada o congelada) Naladisa 96; sin embargo, no hizo esta aclaración con el
maíz amarillo, lo que significa que no fue un producto totalmente desgravado, en los
términos del artículo 3 del Acuerdo.
De otro lado, debe tenerse en cuenta que el MEP se somete a las normas de la CAN;
para estos efectos, se observa que el artículo 5 de la Decisión 535 establece que
«Los Países Miembros aplicarán no más tarde del primero de enero de 2004, un mecanismo de
estabilización de precios, de acuerdo con los términos de la Declaración de Santa Cruz del Consejo
Presidencial Andino, a un conjunto de productos agropecuarios no superior a los que se indican en
el Anexo III, de acuerdo con las disposiciones que al efecto aprueben antes de la fecha indicada»
(subraya la Sala). Dentro de dicho listado se incluyó el clasificado en la subpartida
1005.90.11.00 Nandina24.
En este punto, la Sección destaca que, según el apelante, la Decisión 535 de 2002
no es aplicable porque únicamente regula la desgravación de bienes de capital; si
bien es cierto que el artículo 2 de dicha decisión no regula el arancel externo común
para productos agropecuarios, sino para bienes de capital, también lo es que la
norma comunitaria referida es la aplicable, según se deriva del artículo 5 antes
transcrito.
De otro lado, la demandante afirma que el Decreto 430 de 2004 creó el MAC sin
fundamentarse expresamente en la Decisión 535. Al respecto, la sala advierte que,
a pesar de ello, lo establecido en dicho reglamento se ajusta a esta norma
comunitaria; en todo caso, se destaca que el Decreto 430 no es objeto del litigio,
por lo que no procede el examen de su legalidad por este motivo.
Así, retomando el precedente de esta Sección, el artículo 5 del ACE 59 dispuso que
los aranceles existentes a la fecha de su suscripción se podrían mantener solo si se
incluyen en el Anexo III, pero Colombia tampoco realizó ninguna anotación sobre
este punto, y, comoquiera que no se pactó una desgravación total inmediata para la
importación de maíz amarillo desde Argentina, debe aplicarse el artículo 4 del
Acuerdo, que prevé que el programa de liberación comercial será implementado de
forma gradual, según los cronogramas pactados entre los países signatarios, los
cuales deben constar en el Anexo II de dicho Acuerdo.
24
Esta información puede ser verificada en el siguiente enlace:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/decisiones/DEC535.doc.
10
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En el Apéndice 3 del Anexo II del ACE 59 consta que Colombia no otorgó a la
República Argentina la desgravación total inmediata del maíz amarillo, pues en la
lista de productos totalmente desgravados no fueron incluidos los de la subpartida
1005.90.20 Naladisa 96. En cambio, en el Apéndice 1 del Anexo II sí consta que
Colombia otorgó un trato preferencial al maíz amarillo importado desde ese país, de
acuerdo con los cronogramas generales C4.b.
El referido programa es progresivo; de esta forma, desde el 1 de enero de 2005, se
prevé una desgravación arancelaria del 26%, que aumenta anualmente.
Concretamente, entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2011, la desgravación
correspondería al 60%, por lo que este porcentaje se debe tener en cuenta para
ajustar el arancel extracuota aplicable a las importaciones efectuadas por Agrinal
durante el año 2011.
Ahora, en el expediente constan las Circulares de Aranceles Totales del SAFP,
12757000000979 con vigencia desde el 1 de agosto y 15 de agosto de 201125,
12757000000993 con vigencia desde el 1 de septiembre y 15 de septiembre de
201126, 12757000001074 con vigencia desde el 16 de septiembre y 30 de
septiembre de 201127, y 12757000001099 con vigencia desde el 16 de octubre y 31
de octubre de 201128, que informaron a los importadores que el arancel aplicable a
la importación de maíz amarillo por el SAFP, para el momento de la presentación de
las declaraciones en el caso bajo examen, es del 0%.
Debido a lo anterior, y en virtud del arancel extracuota del MAC antes expuesto, la
tarifa aplicable sería del 5%; pero, atendiendo la desgravación del 60% del ACE 59,
en el presente asunto debía utilizarse una tarifa de solo el 2%, que fue el valor
aplicado por las declaraciones presentadas por la demandante para la importación
de maíz amarillo, hecho que fue reconocido en la petición de liquidación oficial de
corrección con fines de devolución29.
Por lo expuesto, en la medida que el MAC y el ACE 59 son compatibles, en este caso
no había motivo para que la DIAN profiriera una liquidación oficial de corrección con
fines de devolución.
Con lo anterior, la Sección advierte que no le asiste la razón a la apelante al señalar
que el precedente contenido en las sentencias 22560 del 4 de junio de 2022 y 23679
del 11 de junio de 2020, entre otras, no atendió el sentido correcto de las normas,
pues la conclusión que aquí se expone ratifica ese sentido y alcance. Por lo tanto,
no existen motivos para modificar el sentido del precedente expuesto sobre la
compatibilidad del MAC y el ACE 59 o para no aplicarlo.
Dicho ello, en la apelación, la sociedad sostuvo que el a quo no tuvo en cuenta las
resoluciones proferidas en 2014 por la Dirección Seccional de Aduanas de
Buenaventura que, en casos idénticos, reconocieron el pago en exceso con
fundamento en el memorando 211 de 2007, que a su vez señala que el ACE 59 es
incompatible con el MAC.
Al respecto, como se indicó por esta Sección30, el memorando 211 de 2007 de la
25
Samai, índice 2, PDF cuaderno 1, pág. 256.
26
Ibidem, pág. 282.
27
Ibidem, PDF cuaderno 2, pág. 13.
28
Ibidem, pág. 34.
29
Ibidem, PDF cuaderno 1, pág. 238 a 245.
30
Sentencias del 14 de noviembre de 2019, exp. 23676, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; del 11 de marzo de 2021,
exp. 23136, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; y sentencias del 29 de abril de 2021 y del 9 de noviembre de 2023, exps.
25135 y 27852, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Subdirección Técnica Aduanera y la Subdirección de Comercio Exterior no era
vinculante para la DIAN de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999,
vigente para el momento de su expedición. Además, el hecho de que la demandada
hubiese adoptado esas decisiones no tiene incidencia en el precedente de esta sala,
que, se insiste, considera que el MAC y el ACE 59 son compatibles31.
En cuanto a la jurisprudencia invocada en la apelación, que se fundamentó en el
memorando OALI-127 del 24 de octubre de 2007, expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, la Sección advierte que su contenido no es
vinculante. En efecto, debe tenerse presente que, por regla general, los conceptos
proferidos por las autoridades no son de obligatorio cumplimiento y ejecución32,
salvo que haya un mandato legal expreso33 o de su contenido se derive que el
concepto crea, extingue o modifica una situación jurídica34. En este caso, no se
cumple ninguna de las dos condiciones, pues la interpretación contenida en dicho
concepto no tiene la entidad suficiente para modificar alguno las normas estudiadas
en el precedente reiterado, por lo que al momento de la presentación de las
declaraciones de importación se debe atender al ordenamiento jurídico que regula
la materia.
De otro lado, en el recurso, Agrinal también sostuvo que «SI se aplica la fórmula indicada
en la sesión 205 de mayo 26 de 2009, presidida por el Comité de Asuntos Arancelarios, en atención
al ACE 59 y en virtud del SAFP, tiene como consecuencia un porcentaje de 0% de arancel, con lo que
se desvirtúa no solo lo dicho por la demandada sino también por el Tribunal Superior de Bolívar»35.
Ahora bien, como lo indicó en el escrito de la demanda36, la compañía aportó la
copia del acta 209 del Comité Triple A como prueba de lo expuesto en la Sesión
205 referida, documento del cual se extrae lo siguiente:
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) explicó la metodología utilizada para
la liquidación del arancel para cada uno de los productos con Sistema de Franja de Precios –
SAFP que tiene suspendida la aplicación del SAFP para mercancías originarias de los países
miembros de CAN-MERCOSUR y Chile.
Explicó que la metodología cambió a partir de junio del presente año. Señaló que a partir de
la Sesión 205 de mayo 26 de 2009, en la cual para el caso de la leche y el lactosuero se
unificaron los criterios y se definió que la forma correcta de liquidar era tomando el menor
arancel que resulte entre el arancel actual (arancel aplicado a terceros países) y el arancel
base multiplicado por la desgravación correspondiente al acuerdo (fijo menos preferencia) más
el arancel variable a la fecha.
Se aclaró que a la fecha de la presente Sesión esta metodología de liquidación del arancel se
viene aplicando para todos los productos (leche, maíz amarillo, maíz blanco y soya) que no
poseen arancel fijo a excepción del arroz, y el cual se liquida tomando el arancel base
multiplicado por la desgravación más la diferencia entre el arancel fijo y el arancel base.
El MADR, informó que a la fecha no se ha dado ningún tipo de reclamación de parte de los
países miembros del MERCOSUR, por la metodología adoptada por Colombia para la liquidación
del arancel para la importación de leche, maíz amarillo, maíz blanco, soya y arroz provenientes
31
En este sentido, la sentencia del 14 de septiembre de 2023, exp. 27416, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, señaló
que los precedentes administrativos «carecen de fuerza vinculante, en especial, para el Consejo de Estado, en su
condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
32
Actualmente, esta regla está consagrada en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
33
Por ejemplo, para el momento de la expedición de la memorando referido, el artículo 264 de la Ley 223 de 1995 otorga
efectos jurídicos a los conceptos proferidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN, lo cual no es aplicable a este caso.
34
En este sentido, ver la sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 18839, M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
35
Samai, índice 2. Testigo documental, PDF 09 recurso apelación, pág. 7.
36
Ibidem, carpeta copia demanda, PDF demanda, pág. 27.
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de los países miembros de este Acuerdo.37
De lo transcrito, la Sección advierte que el Comité Triple A expuso que cambió la
metodología para liquidar el arancel por la importación de productos sujetos al SAFP
desde países integrantes del MERCOSUR de tal manera que coincide con lo expuesto
en el precedente de esta Sección; además, pone de presente que no se ha
presentado ninguna reclamación a raíz de dicho cambio. Por lo expuesto, contrario
a lo afirmado por la apelante, el documento invocado por la recurrente refuerza que
el MAC y el ACE 59 son compatibles.
En consecuencia, no prospera el recurso de apelación de la demandante, por lo que
la Sección confirmará la decisión de primera instancia.
Costas
La demandante solicitó no condenar en costas, toda vez que en el proceso judicial
no incurrió en ninguna conducta que la hiciera merecedora de esa sanción.
De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y el acuerdo
PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura,
en los asuntos tributarios (como el de la referencia, que es tributario aduanero),
procede la condena en costas a la parte vencida.
En consecuencia, en este caso, procede la condena a la parte vencida en primera
instancia. De igual forma, como se confirmará la sentencia apelada, es procedente
condenar en costas a la demandante.
En atención a lo anterior, en aplicación del numeral 11 del artículo 1 del acuerdo
PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, se tasan las agencias en derecho en un
(1) SMLMV por cada una de las instancias; por ende, se ordenará al tribunal tramitar
el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas consagradas en el
artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 25 de febrero de 2022, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 001.
2. CONDENAR en costas a la demandante en ambas instancias. En consecuencia,
ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Se fijan las agencias en
derecho en un (1) SMLMV .
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
37
Ibidem, PDF cuaderno 1, pág. 43.
13
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Demandante: Agrinal Colombia S.A.S.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto
Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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