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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00736-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00736-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. Tercero. RECONOCER personería al abogado Edwin Alexander Patiño Infante, identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.039.685.230 y portador de la tarjeta profesional nro. 294.368 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en los términos de la sustitución de poder conferida por la abogada Helga Sofía González Pacheco54. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2016-00736-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00736-01 (1691-2024)
Demandante: Néstor Enrique Maestre Ponce
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Nulidad de los actos administrativos por falsa motivación,
desviación de poder y desconocimiento del debido proceso.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Néstor Enrique Maestre Ponce instauró demanda en contra de la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias del 29 de abril y del
16 de julio de 2015, expedidas por la Inspección General y la Dirección General de
la Policía Nacional, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con
destitución e inhabilidad general por el término de trece (13) años; y del Decreto
1998 del 16 de octubre de 2015, que ejecutó el correctivo disciplinario.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el retiro del registro
de antecedentes disciplinarios del certificado de la Procuraduría General de la
Nación, el reconocimiento de perjuicios morales en cuantía de 500 SMMLV y que
se condene a la demandada al pago de costas y agencias en derecho.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00736-01 (1691-2024)

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que la demandada inició de manera oficiosa una actuación disciplinaria, con
fundamento en lo informado en el medio de comunicación «Caracol noticias» el 31
de octubre de 2014, que daba cuenta de su presunta participación en una red de
narcotráfico; y por el diario «El Tiempo» el 1 de noviembre de 2014, que relató que
en un operativo por un cargamento de 7 toneladas de cocaína en el Puerto de
Cartagena había «caído» un coronel.

6. Manifiesta que la indagación preliminar se abrió por auto del 4 de noviembre
de 2014, el 13 de enero de 2015 se abrió la investigación disciplinaria y el 9 de
febrero del mismo año se le formuló pliego de cargos, en el cual se le imputó la falta
gravísima del artículo 34.22 de la Ley 1015 de 2006, a título de dolo.

7. Que, una vez notificado del pliego de cargos, radicó el 24 de marzo de 2015,
el poder a su abogado junto con una solicitud de prórroga y aplazamiento del
término para presentar descargos.

8. Que las referidas solicitudes fueron denegadas y también se resolvió de
manera negativa una petición de nulidad procesal; luego de lo cual, mediante las
decisiones cuestionadas, fue sancionado en primera y segunda instancia y
ejecutado el correctivo, respectivamente.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Constitución Política: artículos 29 y 209; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 6, 21,
23, 28, 94, 143 numerales 2 y 3, 162 numeral 2 y 163.

10. Considera que los actos demandados lesionaron el derecho fundamental al
debido proceso, los principios de legalidad, imparcialidad, motivación, contradicción
y defensa e incurrieron en una desviación de poder y en una vía de hecho.

11. Afirmó que la actuación se vició de nulidad porque se practicaron pruebas «a
espaldas» de los sujetos procesales, pues en la indagación preliminar se ordenó la
realización de una visita especial al Puerto de Cartagena, no obstante, en la
respectiva providencia no se indicó una fecha y hora en la que se llevaría a cabo.
En esa diligencia se recaudaron pruebas documentales y testimoniales, que no
pudieron controvertirse por parte de los investigados, pues esta no les fue
comunicada; lo que resulta más gravoso si se tiene en cuenta que lo recolectado
constituyó el único material probatorio que empleó la demandada para abrir
investigación, formular cargos y sancionar.

12. Agregó que se configuró la desviación de poder, porque la sanción que se le
impuso deviene en ilegal al desconocer su derecho fundamental al debido proceso,
y, en esa medida, es claro que la administración pretendió con la expedición de los

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actos un fin diverso al que en derecho corresponde, lo que también significa que se
encuentran falsamente motivados.

13. Que los actos lesionaron los derechos invocados porque desde el pliego de
cargos se omitió el análisis del ítem de «ilicitud sustancial» del comportamiento, con
lo que se dejó de lado la valoración de la antijuridicidad de la conducta. En ese
sentido, no se refirió de manera concreta al desconocimiento de ningún deber
funcional o de algún principio constitucional, ni estudió la existencia de alguna
causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria.

14. Que la ausencia de pronunciamiento en ese sentido ocasiona una nulidad
absoluta de la actuación disciplinaria o la absolución del investigado, porque da
cuenta de que no se encontró que la conducta se hubiese ejecutado con ilicitud
sustancial y por tanto, no alcanza a constituir falta disciplinaria.

15. Agregó que el desconocimiento del debido proceso, legalidad, defensa y
contradicción también provino de la imposibilidad de presentar el escrito de
descargos, con solicitudes de nulidad y pruebas, pues la autoridad se negó a
suspender el término para el efecto y a conceder una prórroga, pese a la especial
situación de encontrarse privado de la libertad para cuando fue notificado del pliego
de cargos; y que, pese a que solicitó la nulidad de la decisión que negó tal
pedimento, no se obtuvo ningún pronunciamiento y, en su lugar, la demandada
expidió la decisión sancionatoria de primera instancia.

16. Que con lo anterior se desconocieron las normas del Código General del
Proceso que permitían prorrogar los términos, máxime que la solicitud no provino
del capricho sino de sus circunstancias excepcionales; y, en suma, las
irregularidades expuestas dan cuenta de la ausencia de un juicio justo, pues no se
permitió el ejercicio de una adecuada defensa técnica para que se pudieran
contradecir las pruebas allegadas a la investigación.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

17. La demanda fue admitida el 8 de mayo de 20171. La Policía Nacional se
opuso a las pretensiones por considerar que carecen de fundamentación legal y
respaldo probatorio; sumado a que en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho no se presume la causación de perjuicios morales ni
se demostró que el demandante los hubiere padecido.

18. Que desde el momento en que el demandante fue notificado del auto que
abrió la indagación preliminar se le informó de sus derechos como sujeto procesal,
conforme al artículo 92 de la Ley 734 de 2002 y que las pruebas practicadas no

1 Véanse páginas 188 a 193 del archivo «02ExpediuenteCuaderno2». La demanda se radicó ante el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, el cual, por auto del 27 de junio de 2016 la remitió por competencia al Tribunal
Administrativo de Bolívar; Corporación en la cual, por auto del 12 de enero de 2017 se requirió a la demandada
previa admisión para que certificara la fecha en que se notificó al demandante del Decreto 19987 de 2015
(véanse páginas 169-170 y 175-176 del archivo «02ExpedienteCuaderno2», disponible en
«4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace visible en «9ED_CORREO_correo» y en
«10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de SAMAI).

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permanecieron ocultas, pues inclusive, una vez incorporadas al expediente, se le
corrió traslado para que ejerciera su derecho de contradicción y de defensa.

19. Que el señor Maestre Ponce fue notificado personalmente del auto que
formuló pliego de cargos el 9 de febrero de 2015, sin que dentro del término
correspondiente la defensa técnica presentara descargos ni alegara de conclusión;
pese a que el investigado, desde la fase preliminar, conocía su derecho a nombrar
un abogado que lo defendiera.

20. Agregó que la decisión sancionatoria se fundó en la valoración integral de los
medios de prueba, incluido el proceso penal que se adelantó en contra del
demandante, quien fue capturado y judicializado pro los delitos de concierto para
delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y cohecho.

21. Que los actos sí contienen el estudio de la ilicitud sustancial, pues desde el
pliego de cargos se le reprochó que se valió de su cargo de comandante de la
Compañía Antinarcóticos Regional 8 y de su grado de teniente coronel para traficar
con sustancias que producen dependencia, prohibidas por la ley, lo que quedó
ratificado en la decisión del 29 de abril de 2015, al determinar la manera como se
quebrantó el deber funcional.

22. Que las solicitudes del apoderado del demandante respecto de la prórroga
para presentar descargos y de la nulidad del acto que resolvió de manera negativa
se atendieron como se acredita en el trámite disciplinario. Inclusive, los mismos
argumentos planeados en la demanda fueron analizados en primera y segunda
instancia disciplinarias.

23. Señaló que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no constituye una
tercera instancia del procedimiento sancionatorio, de manera que no se puede
trasladar al juez un debate que ya se agotó ante la autoridad disciplinaria2.

24. El 28 de febrero de 2019 se celebró audiencia inicial, en la cual se fijó el litigio,
se agotó la posibilidad de conciliación y se resolvió sobre el decreto de pruebas3.
Por auto del 17 de febrero de 20204 se corrió traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo
cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

25. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del treinta y uno (31)

2 Véanse páginas 206 a 219 del archivo «02ExpedienteCuaderno2», disponible en
«4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace visible en «9ED_CORREO_correo» y en
«10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de SAMAI.
3 Véanse páginas 233 a 237 del archivo del archivo «02ExpedienteCuaderno2», disponible en

«4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace visible en «9ED_CORREO_correo» y en
«10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de SAMAI.
4 Véanse páginas 250-251 del archivo del archivo «02ExpedienteCuaderno2», disponible en
«4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace visible en «9ED_CORREO_correo» y en
«10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de SAMAI.

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de agosto de dos mil veintitrés (2023)5, negó las pretensiones tras concluir que el
demandante no acreditó que los actos cuestionados incurrieran en las causales de
nulidad que invocó.

26. Encontró que si bien la visita ordenada en el auto que abrió la indagación
preliminar no se comunicó a los indagados, el 23 de diciembre de 2014 la autoridad
corrió traslado al demandante «de todas las pruebas obrantes dentro de la
indagación preliminar GRUTE-2014-38 adelantada en su contra, por el término de
3 días, a fin de que, si lo consideraba necesario, se pronunciara respecto de lo
actuado; dejando constancia de la entrega de un CD contentivo de 508 folios de la
indagación referenciada, dentro de la cual se encontraba el acta de la visita especial,
así como de las declaraciones juradas recepcionadas», lo que significa que el
demandante contó con la posibilidad de controvertir las pruebas decretadas y
practicadas en esa etapa; no obstante, no realizó ninguna intervención y, en ese
sentido, no puede pretender que se desconozca el valor de los medios de prueba
por parte del juez, cuando contó con la oportunidad para manifestar sus
inconformidades dentro del término de traslado al que se hizo referencia.

27. Dijo que no se lesionó el debido proceso ni se desconocieron los principios de
legalidad, contradicción y defensa por la negativa de la prórroga del término para
presentar descargos, porque en la notificación de las providencias previas a la
evaluación de la investigación disciplinaria se le indicó que, entre otros, tenía
derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Luego, el 10 de
febrero de 2015 fue notificado del pliego de cargos y, además de reiterársele que
podía contar con un apoderado, se le informó que disponía de 10 días para
presentar descargos y solicitar y/o aportar pruebas.

28. Encontró que el 24 de ese mes y año su abogado radicó el respectivo poder,
fecha en la que además se vencía el plazo para presentar descargos, junto con un
escrito en el cual se solicitaba la suspensión del término; lo que se resolvió de
manera desfavorable el 25 de febrero de 2015. Que solicitó nulidad de ese auto,
que también se negó y, en contra de esa decisión interpuso recurso de reposición,
que se resolvió el 20 de marzo de 2015.

29. Que la afirmación según la cual le había resultado imposible otorgar poder con
anterioridad no era de recibo, pues, para cuando fue notificado del pliego de cargos,
llevaba más de 3 meses vinculado a un procedimiento administrativo en el que, por
disposición del artículo 12 de la Ley 734 de 2002, el funcionario competente está
obligado a cumplir estrictamente los términos previstos en dicho código. Inclusive,
el entonces investigado pudo solicitar la designación de un defensor de oficio; no
obstante, no obraba prueba de que así lo hubiese hecho. De manera que fue su
falta de diligencia en todas las oportunidades procesales concedidas lo que no le
permitió ejercer su defensa técnica o material en debida forma, sin que esto se
pudiera imputar a la demandada.

5 Véase archivo «03SenNulRestNestoMaestreponalSancDisciplinaria», disponible en el archivo
«02ExpedienteCuaderno2», disponible en «4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace
visible en «9ED_CORREO_correo» y en «10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de
SAMAI.

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30. Tampoco encontró configurado un vicio de cuenta de la omisión en el análisis
de la ilicitud sustancial, pues desde el pliego de cargos la autoridad indicó de qué
manera el comportamiento reprochado quebrantó el deber funcional, al
aprovecharse de su rol en la entidad para permitir el tráfico de las sustancias que
fueron incautadas, con lo cual se desvió de las actuaciones que de él se esperaban.
Consideraciones que se ratificaron en distintos apartes de los actos demandados y
que se soportaron en los medios de prueba valorados de forma integral.

31. No condenó en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

32. El demandante6 interpuso recurso de apelación, por considerar que el
Tribunal no tuvo en cuenta que para la fecha de la actuación disciplinaria se
encontraba privado de la libertad y que no se le informó cuándo practicarían las
pruebas que se ordenaron en el auto que abrió la indagación preliminar, lo que
significa que la visita especial se llevó a cabo sin que los vinculados al trámite la
conocieran, por lo que las pruebas allí recaudadas no pudieron controvertirse. Que
en esa medida, la autoridad no cumplió con la publicidad que exige el artículo 94 de
la Ley 734 de 2002, lo que resulta más relevante, si se tiene en cuenta que lo
recaudado allí constituyó el único material probatorio valorado por la demandada.

33. Que en la sentencia nada se dijo acerca de los elementos fácticos y jurídicos
que impidieron la presentación oportuna de los descargos y, por el contrario, el
Tribunal se limitó a justificar las actuaciones de la demandada. No se tuvo en cuenta
la dificultad derivada de encontrarse privado de la libertad lejos de su familia, misma
que se puso en conocimiento de la demandada, quien solo buscó sancionarlo a toda
costa.

34. Agregó que la autoridad ni siquiera resolvió el recurso que se interpuso en
contra del auto que negó la nulidad de la decisión de no prorrogar el plazo para
presentar descargos, lo que implicó la expedición de unos actos al margen del más
mínimo derecho a ejercer la contradicción. Con la decisión de no suspender ni
prorrogar ese plazo se desconoció que el artículo 119 del Código de Procedimiento
Civil permitía la ampliación del término y que este resultaba aplicable por lo
dispuesto en el artículo 21 de la Ley 734 de 2002; situación que concretaba los
cargos de nulidad por falsa motivación y desviación de poder.

35. Reiteró que los actos demandados no contienen un análisis sobre la ilicitud
sustancial y que la sentencia se limitó a justificar la sanción que se le impuso, con
base en la valoración de pruebas que no pudieron controvertirse. En las decisiones
sancionatorias no se dice cuál fue el principio legal o constitucional desconocido con
el comportamiento que se investigó y, en esa medida, carecen de un requisito
fundamental.

6 Véase archivo «05RecursoApelacionAccionante», disponible en el archivo «02ExpedienteCuaderno2»,
disponible en «4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace visible en
«9ED_CORREO_correo» y en «10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de SAMAI.

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36. Que la sentencia no analizó el cargo de nulidad por desconocimiento del
derecho a un juicio justo.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

37. El 6 de mayo de 20257 fue admitido el recurso de apelación. En dicha
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria el
proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto
hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho8.

38. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

39. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

40. Corresponde a la Sala determinar si se debe revocar la sentencia apelada,
porque los actos demandados se expidieron con falsa motivación, desviación de
poder y desconocimiento del debido proceso, en lo que tiene que ver con la práctica
probatoria en sede de indagación preliminar, la oportunidad para presentar
descargos y el juicio de antijuridicidad disciplinaria, pues, a juicio del apelante, no
se brindó la oportunidad de contradicción, se pasó por alto su especial situación, las
decisiones adolecen de un elemento estructural y, en suma, se lesionó la garantía
de un «juicio justo».

41. Con este propósito, la sentencia se referirá a las causales de nulidad
invocadas y abordará el caso concreto.

Causales de nulidad de los actos administrativos

42. Los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados
nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde
luego, parte del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su
expedición, relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la
que versa, la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el
cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas
que regulen la materia de que trate.

43. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, es posible
perseguir la declaratoria de su nulidad, cuando se advierte que i) se ha expedido
con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin
competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación de las

7 Véase índice 00004 de SAMAI.
8 El 27 de febrero de 2026 se requirió al Tribunal para que remitiera los antecedentes administrativos completos

(véase índice 00009 de SAMAI) y el 28 de mayo de 2026 se decretó una prueba de oficio (véase índice 00022
de SAMAI).

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atribuciones propias de quien lo profirió9. Adicionalmente, por vía jurisprudencial se
ha desarrollado la tesis según la cual la nulidad de un acto también puede
perseguirse por desconocimiento del debido proceso, concretado en los defectos
formales y sustanciales que inciden en su formación.

44. De las enlistadas, interesan al caso concreto la desviación de poder, la falsa
motivación y la violación al debido proceso, pues el apelante destacó elementos
procedimentales y sustanciales que, a su juicio, viciaron los actos objeto de
reproche por ausencia de las garantías de defensa y contradicción (en la etapa
preliminar y en fase de descargos) y la omisión de un elemento estructural de la
responsabilidad disciplinaria.

Nulidad del acto administrativo por desviación de poder

45. El análisis de la desviación de poder como causal de nulidad del acto
administrativo implica que, pese a que el acto en cuestión se hubiere expedido por
una autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue
fines distintos a los que le ha fijado el ordenamiento jurídico, lo que puede ocurrir
tanto si el propósito que persigue es contrario a derecho como cuando se expide
con un fin altruista, puesto que lo determinante es que se trate de un propósito
distinto al autorizado o señalado por la norma en que se funda el acto. Al respecto,
se ha señalado:

«Para su valoración es necesario tener en cuenta tanto los fines generales e
implícitos en toda actuación administrativa (satisfacción del interés general,
búsqueda del bien común, mejoramiento del servicio público, etc.), como el
específico para cada tipo de acto administrativo, el cual se haya en la regulación
de la atribución o competencia con que él se ejerce.

Usualmente la desviación del fin es oculta, por cuanto se queda en la mente de
quienes intervinieron en la expedición del acto, y resulta velada por la indicación
expresa del fin que jurídicamente corresponde al acto, o por la presunción de
éste cuando no se exterioriza, de allí que para establecerla deba auscultarse en
las intimidades del acto, lo cual dificulta su verificación, sobre todo cuando la
desviación es hacia intereses espurios, innobles, o mezquinos, caso en el cual,
solo los propios autores del acto son los que saben de sus propias intenciones,
lo que además de un problema de legalidad, entraña también un problema ético
y puede llegar incluso al campo penal o disciplinario»10.

9 Estas causales se desarrollan en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, que regulan los medios de

control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. En vigencia del Decreto 01 de 1984, los artículos
84 y 85 regulaban las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera, «[p]rocederá
no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando
hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió»; la segunda, para que «[t]oda persona que
se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del
acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma
acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que
pagó indebidamente».
10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de junio de 2012. Radicado 66001-23-31-000-1998-

00645-01. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E). Al respecto, ver también: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de marzo de 2013. Radicado 13001-23-31-000-2007-00052-01 (0105-
2012). C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 22 de febrero de 2018. Radicado 25000-23-25-000-2008-00942-01 (1635-2017). C. P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-00736-01 (1691-2024)

Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

46. Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la
fundamentación de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o
jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda
estrecha relación con el principio de legalidad de los actos y con el control de los
hechos determinantes de la decisión administrativa11.

47. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»12.

48. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente13.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

49. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

50. En virtud de lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
desconocimiento de esta garantía, se examinan elementos formales y sustanciales
en la formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra
el artículo 29 constitucional.

51. Su respeto tiene que ver entonces, con la concreción de por lo menos estos
elementos: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones
injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir

11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.

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pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y
que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 14; b) en
sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre
que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se
presuma inocente.

52. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho
al debido proceso15 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de
los actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos
identificados por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia
de la autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó
al margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado
en el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución16.

Caso concreto

53. Examinado el expediente de la actuación disciplinaria17, la Sala destaca que:

• El 4 de noviembre de 2014 la Inspección General – Grupo Técnico de Investigaciones
Disciplinarias Especiales ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del
señor Néstor Enrique Maestre Ponce y otros uniformados, con fundamento en la
información publicada en la prensa el 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2014,
relacionada con presunta participación de integrantes de la Policía Nacional en una
estructura delictiva dedicada al envío de estupefacientes hacia Alemania, quienes
habrían sido capturados el 30 de octubre de ese año18.

Esta decisión se notificó personalmente al demandante el 7 de noviembre de 201419.

• Por auto del 13 de enero de 2015 se abrió investigación disciplinaria, tras advertir que

14 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-

02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
15 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la

sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076

de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
17 Disponible en el archivo «91RECIBEMEMORIAL_GRUTE201512zip(.zip)», visible en el índice 00031 de

SAMAI. En adelante, en las referencias al expediente disciplinario, se entenderá que comprenden esta ruta.
18 Véanse páginas 11 a 21 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
19 Véanse páginas 143 a 145 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».

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las pruebas hasta entonces recaudadas denotaban la posible participación del señor
Maestre Ponce y de otros uniformados, quienes habrían, por acción u omisión, permitido
que se diera un tráfico de narcóticos por el Puerto de Cartagena, cargamento que fue
incautado el 8 de abril de 2014, en el contenedor nro. TCLU 448573-620.

Esta decisión se notificó de manera personal al señor Maestre Ponce el 27 de enero de
201521.

• Por auto del 9 de febrero de 2015 se evaluó la investigación disciplinaria y se formuló
al demandante el siguiente cargo:

«De acuerdo a los hechos anteriormente descritos, el señor Teniente (sic) Coronel
(sic) Néstor Enrique Maestre Ponce (…) presuntamente infringió el contenido en la
(sic) ley 1015 de 2006, en su artículo 34. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 22.
Elaborar, cultivar, suministrar, traficar, vender, transportar, distribuir, portar,
guardar o apropiarse de cualquier tipo de precursores o sustancias que
produzcan dependencia física o psíquica, prohibidas por la Ley, así como
permitir estas actividades., (sic) (…)” (sic) (…)» (subrayado y negrilla en el texto
original).

Lo anterior, por cuanto las pruebas obrantes en la actuación daban cuenta de que al
parecer, entre el 21 de marzo al 9 de abril de 2014, en su condición de comandante
antinarcóticos Regional 8, traficó con sustancias que producían dependencia física,
prohibidas por la ley, lo que quedó en evidencia el 8 de abril de 2014, cuando se realizó
un registro físico al contenedor nro. TCLU4485736 y se hallaron 6910 kilos de
clorhidrato de cocaína, sustancia que se identificó plenamente con la Prueba de
Identificación Preliminar Homologada (PIPH), la cual se incautó en el Puerto de
Cartagena.

La falta se imputó en la modalidad de acción y a título de dolo22.

Esta decisión se notificó personalmente al demandante el 10 de febrero de 201523.

• El 29 de abril de 2015 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia. En esta
se ratificó la calificación gravísima de la falta y el dolo como forma subjetiva de la
responsabilidad y, en consecuencia, se impuso el correctivo consistente en destitución
e inhabilidad especial por el término de trece (13) años.

La demandada encontró acreditado que el señor Maestre Ponce ostentaba el grado de
teniente coronel y ocupaba el cargo de comandante de la Compañía Antinarcóticos
Regional 8 para el 8 de abril de 2014, fecha en la cual se materializó la incautación del
contenedor ya citado. Además, el referido uniformado fue capturado el 30 de octubre
del mismo año, por esos hechos.

Se refirió a la actividad probatoria desplegada en la actuación disciplinaria y destacó
aquellos medios recaudados en la visita especial practicada a la Compañía
Antinarcóticos de Control Portuario de Cartagena, que dieron cuenta de su participación
activa en el ilícito; y, en torno a la antijuridicidad del comportamiento señaló:

«Luego entonces en el caso subjudice (sic) este despacho encuentra con plena
certeza que el señor Teniente Coronel ® NÉSTOR ENRIQUE MAESTRE PONCE,

20 Véanse páginas 31 a 45 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
21 Véanse páginas 57 a 59 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
22 Véanse páginas 105 a 253 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5». El

análisis respecto del demandante, en las páginas 109 a 173.
23 Véanse páginas 259 a 261 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».

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si (sic) quebrantó el deber funcional encomendado como servidor público, pues en
el asunto que nos ocupa este despacho sin temor a equívocos ha evidenciado con
el material probatorio que el señor oficial superior alejado de su rol funcional,
apartado completamente de lo lícito, con sus actuaciones por fuera de lo legal,
traficara con estupefacientes como fue comprobado con las actividades
desarrolladas por el agente encubierto Teniente (sic) Coronel (sic) JRMR, quien con
su desplegar investigado y revestido de completa legalidad procedimental
autorizado mediante Resolución N° (sic) 0071 del 31 de marzo de 2014 expedida
por la Dirección Nacional de Fiscalía, de conformidad como lo exige la Ley 906 de
2004, artículo 242, desplego (sic) una serie de actividades tendientes a comprobar
que el señor Teniente (sic) Coronel (sic) ® NÉSTOR ENRIQUE MAESTRE PONCE,
si (sic) estaba inmerso en el tráfico de estupefacientes, si (sic) estaba traficando los
6910 kilogramos de Cocaína que fueran incautados el pasado 8 de abril de 2014
en la ciudad de Cartagena, es ahí que se mide que la conducta desplegada por el
orgánico si (sic) estaba revestida de afectación sin justa causa al deber funcional
encomendado, es decir el comportamiento que desarrollara el Teniente (sic)
Coronel (sic) MAESTRE PONCE, está revestido de ilicitud sustancial, pues el
precitado oficial superior con su conducta materializada lesiono (sic) la función
encomendada desde la órbita constitucional (…) se aparta de su rol funcional, y en
contravía de los preceptos legales que debe predicar un servidor policial en mayor
razón en el grado de oficial superior, valiéndose de ese importante cargo que
lideraba el oficial encartado traficara con alcaloide por el puerto de Cartagena (…)
(…) este despacho encuentra que el comportamiento desplegado (…) lesiona la
buena marcha de la función pública, en tanto que traficar con sustancias que
producen dependencia física prohibidas por la ley, es un acto contrario a esa misma
incansable lucha que día a día sostiene no solo la Policía Nacional sino la misma
Fuerza Pública de Colombia y demás autoridades legítimamente constituidas».

Se ratificó la forma dolosa de la responsabilidad subjetiva tras considerar que el cargo
y experiencia del disciplinado lo dotaban del conocimiento necesario respecto de la
proscripción de traficar con sustancias que produjeran dependencia y, de manera libre
y voluntaria, optó por incurrir en el comportamiento reprochado24.

• La anterior decisión se confirmó el 16 de julio de 2015. En esta ocasión se resolvió la
petición de nulidad que contenía el recurso de apelación interpuesto por la defensa del
investigado, en lo que tenía que ver con la posibilidad de prorrogar el plazo para la
presentación del escrito de descargos. Para el efecto, precisó que en virtud del principio
de integración normativa, y conforme a lo señalado en la Directiva 006 del 8 de abril de
2006, resultaba aplicable lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, que, en el artículo 163
posibilitaba la prórroga de términos legales o judiciales a petición de los sujetos
procesales, antes de su vencimiento, «por causa grave y justificada».

Lo anterior, para decir que si bien la solicitud de la defensa del señor Maestre Ponce
cumplía con los dos primeros presupuestos, no satisfacía el tercero, pues invocó como
causa «grave y justificada» que, al encontrarse privado de la libertad, «no tuvo opción
diferente que la de notificarse, empezando a correr un término sin tener libertad de
poder consultar su caso a profesionales del derecho que pudieran asumir su defensa,
máxime que la investigación disciplinaria se adelanta en la ciudad de Bogotá y el (sic)
se encuentra en la ciudad de Cartagena de Indias, otro gran problema para conseguir
abofado en sede de la investigación».

La autoridad consideró que ello no reflejaba una «causa grave y justificada», porque:

«(…) en derecho disciplinario a diferencia del penal, sucede que no se exige que
se ejerza el derecho de defensa por intermedio de un abogado, luego como

24 Véanse páginas 401 a 469 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5» y 1

a 107 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 1».

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consecuencia se puede llevar a cabo directamente por parte del investigado, así las
cosas, cuando se opta por parte del mismo en otorgar poder a un profesional del
derecho, cuando están corriendo términos, siempre y cuando el sujeto ha sido
debidamente notificado, está en la posibilidad e prever que los trámites que
acarrean tomar la decisión de contar con los servicios de un abogado y no asumir
ya más su propia defensa, como lo son la entrevista con el mismo, la fijación de
honorarios, el otorgamiento del poder y las autenticaciones; demandan tiempo, que
de ante mano se sabe que eventualmente pueden hacer perder la oportunidad para
ejercer el derecho.

Además en el caso particular, así como lo determina la defensa “este asunto tiene
una connotación especial”, relacionada con la situación del investigado al estar
privado de la libertad, hecho que se materializó el día 30 de octubre de 2014 en
atención a la orden de captura No. (sic) 0955 del 29-10-14, lo que hace ver que el
investigado ya tenía conocimiento desde esa fecha que posiblemente, necesitaría
de los servicios de un abogado para asumir su defensa ante la jurisdicción
disciplinaria, una vez fue notificado de su apertura desde el pasado 07 de noviembre
de 2014, como consta dentro de los folios 72 y 73 del expediente».

De esta forma, se concluyó que el disciplinado no se encontraba en una situación de
imprevisibilidad no de irresistibilidad y que ello se resolvió desde el auto del 20 de marzo
de 2015, en el cual la primera instancia negó la primera solicitud de nulidad.

Agotado ese punto, que constituyó el objeto de la apelación, analizó el acervo probatorio
y la determinación de responsabilidad del señor Maestre Ponce y concluyó que se
demostró con certeza que el entonces uniformado incurrió en el hecho constitutivo de
la falta que le fue endilgada25.

54. El apelante señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar se limitó a
convalidar las actuaciones desplegadas por la autoridad disciplinaria y, en esa
medida, desconoció que se lesionaron sus garantías fundamentales porque se le
impidió el ejercicio de la contradicción de la prueba recaudada en la indagación
preliminar, se negó la prórroga para presentar el escrito de descargos y los actos
cuestionados omitieron en el análisis de la antijuridicidad como elemento
fundamental para endilgar responsabilidad disciplinaria, todo lo cual, incidió en lo
que denominó la ausencia de un «juicio justo».

55. Contrario a lo manifestado por el señor Maestre Ponce, en la sentencia objeto
de apelación se agotó el análisis de los cargos de nulidad formulados en perspectiva
del control judicial integral de los actos que imponen sanciones disciplinarias. En
esa medida, se examinaron los aspectos procedimentales y sustanciales del trámite
sancionatorio, sin encontrar en este, ni en las decisiones cuestionadas ningún
elemento que permitiera desvirtuar la presunción de legalidad. Otra cosa es que el
demandante no comparta las conclusiones del Tribunal; pero ello, lejos de constituir
una razón para revocar la providencia, constituye, precisamente, el objeto del
recurso.

56. Aclarada esa cuestión, la Sala no encuentra que en el trámite disciplinario se
hubiesen desconocido las garantías procedimentales y sustanciales del
demandante, ni que en la expedición de los actos se incurriese en los vicios de falsa
motivación o desviación de poder; lo primero, porque a lo largo de la actuación el

25 Véanse páginas 239 a 283 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 1».

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señor Maestre Ponce fue debidamente informado de las etapas que se agotaron y
de sus derechos como indagado/investigado. Lo segundo, porque en las decisiones
sancionatorias se abordaron de forma motivada los elementos estructurales de la
responsabilidad, cuya ratificación se fundó en la valoración integral de los medios
de prueba recaudados.

57. Como se expuso previamente, el demandante fue notificado del auto que abrió
la indagación preliminar el 7 de noviembre de 2014. En esa oportunidad, además
de entregarle copia de la decisión, se le puso de presente el contenido de los
artículos 17, 90 y 92 de la Ley 734 de 2002 (derecho a la defensa, facultades de los
sujetos procesales y derechos del investigado, en su orden). En la misma diligencia,
manifestó que no deseaba ser escuchado en versión libre y que no aceptaba que
se le notificara de manera electrónica26. Para entonces, y durante el trámite de toda
la actuación disciplinaria, el señor Maestre Ponce se encontraba privado de la
libertad, lo cual, según se relató en la decisión disciplinaria de segunda instancia,
ocurrió desde el 30 de octubre de 2014.

58. En el auto referido se ordenó:

«[r]ealizar visita especial al puerto de Cartagena, a fin de verificar el proceso
realizado para los días aledaños al 08/04/2014, antes del procedimiento de
incautación de la sustancia ilícita presuntamente cocaína, (aproximadamente7
(sic) toneladas) (…) durante la visita especial se harán allegar las grabaciones,
declaraciones y demás que sean necesarias para esclarecer los hechos objeto
de averiguación, así mismo establecer si los investigados hicieron algún ingreso
al puesto o estuvieron durante las fechas aledañas a la incautación de la
sustancia, verificando cuál fue el motivo de la visita al puerto o en razón a qué
estuvieron en dicho sitio»27.

59. La diligencia ordenada se practicó el 21 de noviembre de 201428. En esta se
recaudó como prueba documental el documento titulado «Informe Ejecutivo
Operacional” REPÚBLICA 88 FASE II»29 y copia de la documentación del
procedimiento de incautación llevado a cabo el 8 de abril de 2014 30 y se recibieron
las declaraciones juramentadas de:

• El teniente coronel JRMR31, quien fue autorizado por la Dirección Nacional de la
Fiscalía para desarrollar las actividades de agente encubierto en la operación
que culminó con la incautación de las sustancias ilícitas y la captura de los
uniformados involucrados.

• El capitán Gustavo Adolfo Baena Castro32, quien desde el 21 de marzo de 2014
asumió las funciones relacionadas con la sala de análisis de la Compañía
Antinarcóticos de Control Portuario de Cartagena.

26 Véanse páginas 143 a 145 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
27 Véanse páginas 19 a 21 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
28 Véanse páginas 235 a 237 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3.
29 Véanse páginas 239 a 251 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
30 Véanse páginas 297 a 361 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
31 Véanse páginas 253 a 265 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
32 Véanse páginas 267 a 275 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».

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• La patrullera Leydi Yuneth Ferrín Grey33, quien se desempeñaba como analista
documental de la referida compañía y, concretamente, el 8 de abril de 2014
ejercía funciones de analista de bloqueo y le correspondió pasar por escáner los
contenedores en los que se encontró la sustancia que fue incautada.

• El intendente Luis Enrique Gaitán34, quien se desempeñaba como responsable
de la Unidad de Investigación Criminal de Cartagena y fue requerido el 8 de abril
de 2014 para realizar las actividades de judicialización luego de incautados los
estupefacientes.

• El intendente John Alexander Pedraza35, investigador de la Dirección de
Antinarcóticos, quien controlaba las actividades del agente encubierto y relató
que el operativo inició el 21 de marzo de 2014, cuando recibió una comunicación
de la Oficina Antidrogas de la DEA, en la cual se le informaba que una persona
identificada con el alias de «La patrona» estaría coordinando el envío de
estupefacientes desde el Puerto de Cartagena. Luego, el 24 del mismo mes y
año el teniente coronel JRMR fue contactado por la organización delictiva para
que les «colaborara» y, en vista de que le dijeron que integrantes de la Policía
Nacional hacían parte del entramado, se solicitó la autorización para desplegar
las actuaciones de agente encubierto, con los resultados ya relatados.

60. En efecto, la Sala no observa en el expediente disciplinario comunicación
alguna, anterior al 21 de noviembre de 2014, en la que se informara al señor Maestre
Ponce acerca de la programación de la visita especial, lo que, en principio, impactó
el derecho que como sujeto procesal le asistía de intervenir en la práctica probatoria
(artículo 92.4 de la Ley 734 de 2002, aplicable por la remisión expresa a la parte
procedimental que contiene el artículo 58 de la Ley 1015 de 2006).

61. No obstante, como lo advirtió el Tribunal en la sentencia apelada, esta
irregularidad, de tipo procedimental, no incidió en las garantías sustanciales del
entonces indagado, pues, si bien no se informó del momento en el cual se
recaudaron los referenciados medios de prueba, no es menos cierto que de manera
posterior, el 23 de diciembre de 2014, se le corrió traslado de «todas las pruebas
Obrante (sic) dentro de la Indagación Preliminar (sic) P-GRUTE-2014-38, de lo cual
contara (sic) con el término de tres (03) días, a fin así lo considera emane
pronunciamiento acerca de lo actuado»; diligencia de la cual se levantó un acta de
notificación personal, en la que se dejó constancia de la entrega de 508 folios en
medio magnético (CD)36.

62. De manera que, aunque no intervino directamente en la recepción de los
citados testimonios ni en el recaudo de las pruebas documentales, sí conoció su
contenido de manera oportuna, en el marco de la indagación preliminar que
entonces cursaba, y contó con la oportunidad procesal para controvertir su
contenido, solicitar su ampliación e, inclusive, pedir la práctica de aquellas que

33 Véanse páginas 277 a 285 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
34 Véanse páginas 287 a 295 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
35 Véanse páginas 363 a 383 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 3».
36 Véase página 25 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».

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considerara pertinentes; derechos que aun en sede de investigación disciplinaria y
descargos estuvo en la posibilidad de ejercer, sin que la Sala advierta alguna
actuación encaminada a esos fines, ni decisiones provenientes de la autoridad
disciplinaria que representaran una limitación a tales facultades.

63. En ese orden, los cargos de nulidad por desconocimiento del debido proceso,
falsa motivación y desviación de poder, en lo que tiene que ver con el recaudo
probatorio en la etapa de indagación preliminar, no están llamados a prosperar.

64. El apelante insistió en que sus garantías se lesionaron al negar la solicitud de
prorrogar el término para la presentación de sus descargos y reprochó que ni la
autoridad disciplinaria ni el Tribunal tuvieran en cuenta su condición especial de
encontrarse privado de la libertad.

65. Al respecto, cabe precisar que, como ya se expuso, era situación conocida que
el señor Maestre Ponce se encontraba privado de la libertad desde el 30 de octubre
de 2014, fecha que inclusive, es anterior al momento en que la demandada ordenó
la apertura de la indagación preliminar. De manera que no fue un aspecto que en el
trámite disciplinario se pasara por alto, pues, incluso, los medios de prueba
documentales y testimoniales dieron cuenta de este evento.

66. En esas circunstancias, esto es, mientras se encontraba privado de la libertad,
el demandante fue notificado de las diferentes actuaciones del procedimiento como
se detalló previamente, lo que significa que para el momento en que se le puso en
conocimiento que se había formulado pliego de cargos, el señor Maestre Ponce se
sabía ya vinculado a una investigación de naturaleza sancionatoria disciplinaria, por
lo que bien pudo prever que, si era su deseo intervenir en la actuación y contar con
una defensa técnica, debía buscar los servicios de un profesional o solicitar a la
autoridad que le nombrara un defensor de oficio, como era su derecho (artículo 19
de la Ley 1015 de 2006).

67. No se trata de trasladar al entonces investigado cargas que no estaba en el
deber de asumir, ni fundar en tal conclusión la legalidad de la actuación
sancionatoria, sino de precisar que al servidor investigado también le corresponden
unas cargas al interior del trámite si es su deseo intervenir y, en consecuencia, su
inactividad no puede emplearse como argumento para sostener que las decisiones
sancionatorias incurrieron en una desviación de poder o que lesionaron garantías
constitucionales fundamentales.

68. Luego, en cuanto a la solicitud de prórroga del término para presentar
descargos, para la Sala es claro que tal petición fue resuelta por la autoridad
disciplinaria de manera oportuna y debidamente motivada:

• El 10 de febrero de 2015 se notificó personalmente al señor Maestre Ponce del
pliego de cargos. Diligencia en la que se dejó constancia de que se le entregó
una copia de la providencia37.

37 Véanse páginas 269 a 271 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».

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• Lo anterior significa que los 10 días para presentar descargos (artículo 166 de la
Ley 734 de 2002) transcurrieron entre el 11 y el 24 de febrero de 2015.

• El 24 de febrero de 2015 se radicaron en la Dirección General de la Policía
Nacional tres documentos:

• El poder otorgado por el disciplinado al abogado Silvio San Martín Quiñones
Ramos38.
• Un escrito de autoría del señor Maestre Ponce, mediante el cual solicitó la
suspensión del término para rendir descargos, pues desde la fecha de
notificación del pliego, no había podido conseguir un abogado que ejerciera
su defensa, lo que solo ocurrió el 20 de febrero de 201539.
• Un escrito remitido vía correo electrónico por el apoderado del demandante,
mediante el cual solicitó la prórroga del término para presentar descargos40.

• Por auto del 25 de febrero de 2015 la demandada resolvió de manera
desfavorable ambas solicitudes. Señaló que no era posible dar aplicación al
inciso final del artículo 177 del Código General de Proceso, pues ello se
encuentra reservado para aquellas actuaciones que no cuenten con un término
previsto en la ley; mientras que la normativa disciplinaria, de forma clara y
precisa, señala que se cuenta con un plazo de 10 días para presentar el escrito
de descargos41. Esta decisión se comunicó al apoderado del señor Maestre
Ponce el 26 del mismo mes y año42.

• Por auto del 27 de febrero de 2015 se corrió traslado a los sujetos procesales
por el término de 10 días para que presentaran alegatos de conclusión43;
decisión que se comunicó al apoderado el 2 de marzo de 201544 y se notificó por
estados del mismo día45.

• Esto implica que el plazo para presentar alegatos de conclusión transcurrió entre
el 3 y el 16 de marzo de 2015.

• El 16 de marzo de 2015 el apoderado del disciplinado radicó un escrito en el cual
solicitó la nulidad del auto del 25 de febrero de 2015, tras considerar que dicha
decisión vulneraba el derecho fundamental al debido proceso, pues a su juicio
el artículo 117 de la Ley 1562 de 2012 resultaba aplicable, en su inciso final, al
caso estudiado y, por tanto, facultaba a la autoridad para prorrogar los términos.
Dijo que se presentaron circunstancias ajenas a la voluntad del disciplinado para
encontrar de manera oportuna quién ejerciera su defensa, pues se presentó una
fuerza mayor46.

38 Véanse páginas 271-272 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
39 Véase página 273 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
40 Véanse páginas 275 a 279 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
41 Véanse páginas 283 a 287 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
42 Véase página 291 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
43 Véanse páginas 297 a 299 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
44 Véase página 315 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
45 Véase página 321 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
46 Véanse páginas 329 a 343 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».

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• La anterior solicitud fue resuelta mediante auto del 20 de marzo de 2015. La
autoridad precisó que todas las actuaciones del procedimiento se notificaron de
manera oportuna al investigado y en las respectivas diligencias se le informó
acerca de sus derechos como sujeto procesal, entre ellos, la designación de un
abogado o la posibilidad de solicitar que se le nombrara un defensor de oficio.
Reiteró que el inciso invocado del artículo 117 de la Ley 1564 de 2012 no
resultaba procedente, por encontrarse reservado para los eventos en que no
exista término legal para un acto47.

• En contra de la anterior decisión el apoderado interpuso recurso de reposición48,
que se resolvió de manera desfavorable por auto del 24 de abril de 201549,
comunicado a la defensa el 27 del mismo mes y año50.

69. De manera que, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, la
demandada sí resolvió el recurso de reposición que se interpuso en contra de la
decisión de no declarar la nulidad del auto del 25 de febrero de 2015. Por lo demás,
y en cuanto al fundamento para acceder a la solicitud de prórroga del plazo para
presentar descargos, el apelante insistió en que se debía aplicar el inciso final del
artículo 117 del Código General del Proceso.

70. El anterior argumento también fue expuesto en el recurso que se interpuso en
contra de la decisión disciplinaria de primera instancia. En el acto expedido el 16 de
julio de 2015, la Dirección General de la Policía Nacional destacó que la disposición
que regulaba la posibilidad o no de prorrogar un término en el ámbito disciplinario
no era el artículo 117 del Código General del Proceso, sino la Ley 600 de 2000,
según lo señalado en la Directiva 006 del 8 de abril de 200551 de la Procuraduría
General de la Nación.

71. Dicha normativa, contentiva de las disposiciones de procedimiento penal,
disponía en el artículo 163 que: «[l]os términos legales o judiciales no pueden ser
prorrogados sino a petición de los sujetos procesales, realizada antes de su
vencimiento, por causa grave y justificada. [/] El funcionario judicial podrá conceder
por una (1) sola vez la prórroga, que en ningún caso puede exceder en otro tanto el
término ordinario. La petición deberá ser resuelta a más tardar al día siguiente de
realizada».

72. La demandada concluyó que las razones expuestas por el investigado no
revestían la imprevisibilidad e irresistibilidad de la fuerza mayor que, como causa
«grave e injustificada», se invocó para solicitar que se prorrogara el plazo para
presentar descargos.

73. A lo anterior, la Sala agrega que si el análisis hubiese partido del contenido del
artículo 117 del Código General del Proceso, la decisión no habría variado e,

47 Véanse páginas 351 a 365 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
48 Véanse páginas 371 a 378 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
49 Véanse páginas 379 a 386 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
50 Véase página 389 del archivo «GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACION GRUTE-2015-1 CP 5».
51 En la decisión disciplinaria se indica como fecha de la Directiva el año 2006; no obstante, corresponde

realmente al 2005.

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inclusive, no habría tenido que analizar siquiera los elementos constitutivos de la
fuerza mayor. La citada norma, a la que aludió de manera insistente el señor
Maestre Ponce ante la autoridad disciplinaria, en su concepto de violación y en su
escrito de apelación, dispone:

«ARTÍCULO 117. PERENTORIEDAD DE LOS TÉRMINOS Y
OPORTUNIDADES PROCESALES. Los términos señalados en este código
para la realización de los actos procesales de las partes y los auxiliares de la
justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario.

El juez cumplirá estrictamente los términos señalados en este código para la
realización de sus actos. La inobservancia de los términos tendrá los efectos
previstos en este código, sin perjuicio de las demás consecuencias a que haya
lugar.

A falta de término legal para un acto, el juez señalará el que estime necesario
para su realización de acuerdo con las circunstancias, y podrá prorrogarlo por
una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y la solicitud se
formule antes del vencimiento» (subrayas de la Sala).

74. Nótese que el inciso invocado en la actuación disciplinaria y ante la jurisdicción
de lo contencioso administrativo como fundamento para concluir que era posible
prorrogar el plazo para presentar descargos, se refiere a la falta de término legal
para un acto, caso en el cual faculta a la autoridad judicial para señalar el que estime
necesario y para prorrogarlo por una sola vez. No obstante, el inciso primero
dispone que los términos para la realización de los actos procesales de las partes
son perentorios e improrrogables, salvo disposición en contrario. El plazo fijado en
el artículo 166 de la Ley 734 de 2002 (normativa procedimental aplicable) es de
aquellos fijados para que la parte investigada realice una actuación: la presentación
de descargos y, por tanto, habría bastado con decir que devenía en improrrogable,
sin detenerse en las consideraciones cuya valoración demandó la aplicación del
artículo 163 de la Ley 600 de 2000.

75. En ese sentido, los cargos de nulidad por violación al debido proceso, falsa
motivación y desviación de poder, en lo que tiene que ver con las decisiones que
negaron la ampliación del plazo para rendir descargos, no tienen vocación de
prosperidad.

76. El señor Maestre Ponce insistió en que los actos demandados no contienen
un análisis en torno al elemento de antijuridicidad. Cabe precisar que ningún
reproche se elevó en relación con la ocurrencia del hecho ni con su adecuación
típica; tampoco respecto de la forma como se determinó el dolo en la forma de
culpabilidad; el cuestionamiento tiene que ver con el segundo elemento de la
responsabilidad, que se analiza a la luz de la ilicitud sustancial y que implica que,
para que un comportamiento resulte disciplinariamente reprochable, es necesario
que concurran dos elementos: un deber funcional afectado y la ausencia de una
justificación para ello.

77. En la jurisprudencia de esta Corporación se ha destacado que el deber
funcional se compone de tres elementos: (i) las funciones propias del cargo, (ii) la
obligación de actuar acorde con la Constitución y la ley; y (iii) la garantía de una

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adecuada representación del Estado, por lo cual la infracción que demanda la
normativa disciplinaria solo tiene lugar cuando se ejecuta un comportamiento capaz
de menoscabar cualquiera de esas dimensiones52, sumado a que no se cuente con
una justificación para ello.

78. Contrario a lo dicho por el apelante, la autoridad disciplinaria sí analizó la
antijuridicidad del comportamiento constitutivo de la falta gravísima que se endilgó;
juicio que arrojó, preliminarmente en el pliego de cargos y de manera definitiva en
los actos demandados, que el señor Maestre Ponce se aprovechó de su rol
funcional en la Dirección de Antinarcóticos – Compañía de Antinarcóticos Regional
Ocho del Control Portuario de Cartagena y desvió su actuación para, en su lugar,
traficar con sustancias estupefacientes.

79. El Tribunal Administrativo de Bolívar analizó el contenido de los actos en punto
a este elemento, y encontró que el juicio realizado por la demandada respondió a
las exigencias de la normativa disciplinaria, como también se detalló en esta
providencia al dar cuenta de los hitos procedimentales de la actuación que concluyó
con la expedición de las decisiones sancionatorias. A ello, la Sala agregaría que la
ausencia de un estudio en este sentido no puede concluirse de la falta de un
apartado que se denomine «antijuridicidad», ni puede anularse un acto porque no
se refiera a un principio constitucional concreto como quebrantado, como parece
entenderlo el apelante.

80. Lo primero desconocería que la motivación exigida para que el acto conserve
su presunción de legalidad estará ajustada a derecho si la acreditación de los
elementos estructurales de la responsabilidad se fundamenta en la valoración
integral de las pruebas recaudadas, al margen de que la autoridad prescinda de
asignar un nombre a cada apartado de su decisión. Lo segundo entraría en
contradicción con la idea según la cual son 3 las dimensiones del deber funcional y
es el quebrantamiento injustificado de una de ellas o de todas lo que torna en
antijurídico el comportamiento.

81. De manera que los cargos de nulidad por falsa motivación y desviación de
poder, en lo que tienen que ver con el juicio de antijuridicidad disciplinaria, no están
llamados a prosperar.

82. El señor Maestre Ponce reprochó que el Tribunal no se refiriera al cargo de
nulidad denominado «ausencia de un juicio justo». Pese a la indeterminación en lo
que por ello debe entenderse, para la Sala el desarrollo de un «juicio justo»
corresponde a aquel que atiende a las garantías sustanciales y procesales del
involucrado y se desarrolla con estricto apego a los derechos derivados del debido
proceso del artículo 29 constitucional.

83. Lo anterior, para decir que lo manifestado por el apelante no tiene vocación de
prosperidad, pues el trámite sancionatorio se sometió a la ritualidad que le era

52 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-

000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. Cesar Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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aplicable. El señor Maestre Ponce fue informado del desarrollo de las distintas
etapas de la actuación y, en cada oportunidad, se le indicaron sus derechos como
indagado/investigado. En lo sustancial, se analizaron los elementos constitutivos de
la responsabilidad y su ratificación provino del cumplimiento de lo exigido por el
artículo 142 de la ley 734 de 200253.

84. No actuar en el marco del procedimiento también puede constituir una
estrategia de defensa; en últimas, la carga probatoria la tiene la autoridad
disciplinaria (artículo 128 de la Ley 734 de 2002). No obstante, esa inactividad no
puede convertirse en fundamento para reprochar el contenido de los actos que, en
cumplimiento de las exigencias legales en materia de valoración probatoria,
determinan que un servidor público debe ser sancionado.

85. En suma, la autoridad disciplinaria cumplió con las exigencias estructurales de
la responsabilidad y sancionó al demandante con fundamento en el análisis integral
de los medios de prueba recaudados, sin que la Sala encuentre que en la expedición
de los actos cuestionados se hubiese lesionado el debido proceso o que estos se
encuentren viciados por falsa motivación o desviación de poder. En consecuencia,
lo procedente es confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas

86. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

88. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

89. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado

53 Ley 734 de 2002. «Artículo 142. Prueba para sancionar. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre

en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del
investigado».

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ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil
veintitrés (2023) proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual
se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

Tercero. RECONOCER personería al abogado Edwin Alexander Patiño Infante,
identificado con la cédula de ciudadanía nro. 1.039.685.230 y portador de la tarjeta
profesional nro. 294.368 del C.S. de la J., para representar los intereses de la
Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, en los términos de la
sustitución de poder conferida por la abogada Helga Sofía González Pacheco54.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

54 Véase página 255 del archivo «02ExpedienteCuaderno2», disponible en
«4ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE11642024ZIP», en el enlace visible en «9ED_CORREO_correo» y en
«10ED:ARCHIVOS_NR130012333000201600», del índice 00002 de SAMAI.

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