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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00830-01

Fecha
28 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2016-00830-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones, para en su lugar, ACCEDER a estas, por las razones acá expuestas. Segundo. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 6629 del 14 de agosto de 2015, por las razones anotadas. Tercero. ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─ que reconozca y pague, en favor de la señora María de Regla de la Rosa, la sustitución de la asignación de retiro en la forma establecida en el artículo 195 del Decreto 1211 de 1990, efectiva a partir del 25 de enero de 1994, pero con efectos fiscales desde el 5 de agosto de 2011. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la fórmula que se indicó en la parte motiva. Cuarto. DECLARAR la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 5 de agosto de 2011, de conformidad con lo expuesto. 18 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 14 Radicado: 13001-23-33-000-2016-00830-01 (3152-2023) Quinto. Sin condena en costas en ambas instancias. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2016-00830-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2016-00830-01 (3152-2023)
Demandante: María de Regla de la Rosa
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─

Tema: Marco normativo aplicable al régimen de prestaciones por muerte
en retiro de los miembros de la fuerza pública. Beneficiarios de
la sustitución de la asignación de retiro. Prescripción cuatrienal
de los derechos prestacionales en las fuerzas militares.
REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

La señora María de Regla de la Rosa instauró demanda contra la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares ─CREMIL─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de la Resolución No. 6629 del 14 de agosto de 2015, por
medio de la cual se negó el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación
de retiro del señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la accionada a
reconocer y pagar la sustitución de la asignación de retiro, a partir del 25 de enero
de 1994, fecha de su causación.

Que se condene al pago de intereses moratorios por el retardo en la solución de las
mesadas, conforme con lo estipulado en la Ley 100 de 1993; o, en su defecto, que
se condene al pago indexado.

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Que se condene a la demandada al pago de las costas y agencias en derecho que
se generen.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que convivió en Cartagena, durante 17 años y hasta su muerte, con el señor Manuel
Ramón Cabarcas Espinosa, quien se desempeñó como militar en la Armada
Nacional.

Que mediante Acuerdo No. 57 del 6 de febrero de 1963, aprobado mediante la
Resolución No. 1481 del 1° de abril de 1963, al señor Manuel Ramón Cabarcas
Espinosa le fue reconocida la asignación de retiro en su condición de suboficial de
la Armada Nacional.

Que el señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa falleció el 25 de enero de 1994.

Que en representación de la niña Lupe del Carmen Cabarcas de la Rosa, solicitó la
pensión de sobreviviente, la cual fue negada mediante Resolución No. 491 del 11
de abril de 1994.

Que, como madre soltera, se vio en la obligación de migrar a los Estados Unidos,
donde desempeña las labores típicas de los inmigrantes latinos.

Que declinó en su momento de cualquier intención de reclamar la pensión de
sobrevivientes, pero que ahora lo hace, dado el extremo estado de necesidad en el
que se encuentra y porque además es su derecho a la luz de la legislación y la
jurisprudencia y dado el carácter imprescriptible del derecho pensional.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas el preámbulo y los artículos 1°, 48, 53 y 209 de
la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; la Ley 923 de 2004; la Ley 1437 de
2011; y el Decreto 4433 de 2004.

En el concepto de violación señaló que la razón por la que CREMIL negó la
pensión se debió a que no estaba acreditada, supuestamente, su calidad de
compañera permanente del señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa.

Que, en sede administrativa, la demandada desconoció la normativa procesal
probatoria porque desestimó las declaraciones extrajuicio allegadas con la solicitud,
las cuales cumplían, a cabalidad, con lo dispuesto tanto en la ley procesal como lo
señalado por la jurisprudencia.

Que, a modo práctico, si se revisan los procedimientos de las principales
administradoras de pensiones del país respecto a la prueba de la relación entre
compañeros permanentes, en orden a tramitar el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes, se encuentra que las declaraciones extrajuicio están contempladas
como medio probatorio de ese hecho.

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Que la norma que adujo la dirección de veteranos y bienestar sectorial del Ministerio
de Defensa para condicionar la entrega del porcentaje de la pensión debatida, es
decir, la Ley 979 de 2005, no es aplicable para determinar si la accionante es
beneficiaria de la pensión de sobreviviente, en tanto esa norma se restringe a
regular la existencia y formación de la sociedad patrimonial.

Que, habiéndose causado el derecho a la pensión dentro de la vigencia de la
Constitución Política de 1991, mal hizo la demandada al afianzar la negativa del
reconocimiento dando aplicación a las previsiones del Decreto 1211 de 1990,
porque dicha norma restringía a las compañeras permanentes del acceso a dicha
prestación.

Que al haber fallecido la señora María Raquel Pinedo, esposa del pensionado, en
1988, y como quiera que la convivencia con este venía de tiempo atrás y que
procrearon una hija que nació en 1986, es dable concluir que conforme con el
artículo 3° de la Ley 923 de 2004, la accionante sí tiene el derecho que reclama.

Que el hecho que la demandante no hubiera reclamado la prestación económica
anteriormente, en ningún momento, pone en tela de juicio su legitimidad y
exigibilidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante los juzgados administrativos del
circuito de Cartagena de Indias, quienes por auto del 21 de abril de 2016 la
inadmitieron por considerar que no se estimó de manera razonada la cuantía 1.

Subsanada la demanda2, la misma se remitió al Tribunal Administrativo de Bolívar,
por providencia del 22 de agosto de 20163, que la admitió por auto del 16 de junio
de 20174.

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se opuso a las pretensiones indicando
que contrario a lo expresado por la demandante, en el expediente administrativo
obran pruebas que demostraron que el señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa
estuvo casado con la señora María Raquel Pinedo, que falleció el 3 de diciembre de
1988, y con quien tuvo 2 hijos.

Que mediante Resolución No. 491 del 11 de abril de 1994 se negó el reconocimiento
y pago de la sustitución de asignación de retiro que solicitó la accionante, en
representación de la niña Lupe del Carmen Cabarcas de la Rosa, dado que el
registro civil de nacimiento de esta carecía de reconocimiento paterno.

Que resulta inexplicable que la demandante no solicitara la prestación en el
momento del fallecimiento del causante o cuando lo hizo para su hija, porque ahora,
transcurridos más de once años, pretende tal reconocimiento argumentando, entre

1
Véanse las páginas 29-31 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
2
Véanse las páginas 35-43 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
3
Véanse las páginas 61-63 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
4
Véanse las páginas 71-74 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.

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otras cosas, una dependencia económica que ella misma afirmó que atendió por
otros medios.

Que en el expediente administrativo del suboficial no existen pruebas que permitan
establecer que convivió con la accionante, especialmente, durante los últimos años
anteriores a su fallecimiento. Finalmente, propuso como excepción a la que
denominó no configuración de causal de nulidad 5.

La demanda fue reformada6 y se admitió por auto del 15 de marzo de 20197. El 4
de febrero de 2020 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas8. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el once (11) de
marzo de dos mil veintidós (2022), negó las pretensiones tras considerar que no
existieron elementos de juicio que permitieran establecer el derecho al
reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro del señor Manuel
Ramon Cabarcas Espinosa, en favor de la señora María de Regla de la Rosa, toda
vez que no existen pruebas o documentos suficientes que permitan establecer que
el pensionado convivió con la demandante, especialmente, durante los últimos años
anteriores a su fallecimiento.

Que en relación con el valor probatorio de las declaraciones extrajuicio que se
aportaron, se advirtió que no resultaron suficientes para demostrar el requisito de la
convivencia real y afectiva para ser beneficiaria de la sustitución pensional, al tenor
del Decreto 1211 de 1990, pues aunque relataron que conocieron la relación de
pareja entre la demandante y el causante por un periodo de 17 años, producto de
la cual presuntamente nació una hija, no ofrecieron detalles de la existencia de una
convivencia real y efectiva bajo un mismo techo y una vida de socorro y apoyo mutuo
de carácter exclusivo que constituyen un núcleo familiar sustentado y protegido por
la Constitución.

Que las declaraciones no delimitaron los extremos temporales de la presunta
convivencia pues, la norma exige 5 años anteriores al fallecimiento y, en este caso,
ninguno de los testigos dio cuenta de ello; además, las declaraciones no fueron
precisas en señalar si la presunta convivencia fue permanente y continua hasta la
muerte del causante.

Que ninguna de las personas declarantes expuso las circunstancias en que las se
desarrolló la presunta relación sentimental, el apoyo mutuo, la comprensión y la vida
en común al momento de la muerte, que son los factores que legitiman el derecho
reclamado. Ello por cuanto los testigos no expusieron los detalles de la vida en
pareja, el acompañamiento espiritual y la asistencia solidaria, elementos
característicos de una convivencia en pareja.

5
Véanse las páginas 95-102 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
6
Véanse las páginas 162-173 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
7
Véanse las páginas 192-193 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.
8
Véanse las páginas 216-222 PDF, del archivo “01ExpedienteDigitalizado”, a índice 2 de SAMAI.

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Finalmente, condenó en costas a la demandante9.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que para
el análisis de las pruebas practicadas en el proceso no se tuvieron en cuenta las
declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia realizada el 14 de julio de
2020, a través de las cuales se probó la convivencia del causante con la
demandante, especialmente, durante sus últimos 5 años de vida, conforme con la
exigencia normativa aplicable al caso concreto, por lo que se configuró el defecto
fáctico por indebida valoración de la prueba.

Que el juez de primera instancia no mencionó en la sentencia, de manera
específica, que durante el trámite procesal se efectuó reforma a la demanda con los
alcances que esto implicaba para las determinaciones a tomar, la cual se admitió
mediante auto del 15 de marzo de 2019.

Que la prueba aportada de filiación por nacimiento de Lupe Cabarcas de la Rosa
con el causante es pertinente, conducente y útil ya que, al hacerse la valoración en
conjunto con los testimonios rendidos, se tiene que las pruebas reafirmaron el hecho
cierto e indiscutido de su nacimiento, lo cual hace presumir la preexistencia de la
relación amorosa a la que se refieren los testigos en sus declaraciones.

Que, atendiendo a las reglas de la experiencia, mal podría pretenderse que un
testigo luego del transcurso de un tiempo tan prolongado y contando con una edad
media o avanzada, dé razón de su dicho con precisiones de hechos captados en
tiempos muy recientes.

Que de los testimonios rendidos por las señoras Ruth del Río Cabarcas y Olga
Patricia Sotomayor Polo ─los cuales transcribió─, podía concluirse que ambas
pruebas fueron asertivas al momento de indicar que, ciertamente, entre la
demandante y el causante existió una relación de compañeros con dependencia
económica de la demandante, extendida en el tiempo y hasta la muerte del
pensionado10.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 27 de junio de 2013 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin necesidad
de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta
antes de que el proceso ingresara para fallo11.

Las partes guardaron silencio y el Agente del Ministerio Público no presentó
concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

9
Véase el archivo “02SentenciaPrimeraInstancia”, a índice 2 de SAMAI.
10
Véase el archivo “06RecursoApelaciónSentencia”, a índice 2 de SAMAI.
11
Véase a índice 4 de SAMAI.

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si a la demandante le asiste o no
razón jurídica para reclamar la sustitución de la asignación de retiro del señor
Manuel Ramón Cabarcas Espinosa, para lo cual deberá verificarse si probó o no su
calidad de compañera permanente.

Marco normativo aplicable al régimen de prestaciones por muerte en retiro de
los miembros de la fuerza pública

En vigencia de la Constitución Política de 1886, el Congreso de la República revistió
al presidente de la República, en múltiples oportunidades, de facultades
extraordinarias relacionadas con la ordenación de materias atinentes a las fuerzas
de policía y los militares.

Atendiendo a las circunstancias temporales del caso, se tiene que el Congreso
profirió la Ley 66 de 1989, por medio de la cual se revistió al presidente de la
República de facultades extraordinarias para, entre otras, reformar los estatutos de
carrera de los oficiales, suboficiales y agentes de las fuerzas militares y de la Policía
Nacional, en virtud del numeral 12, del artículo 76 de la Constitución Política de
1886.

Bajo ese revestimiento de facultades extraordinarias para legislar, se expidió el
Decreto 1211 de 1990 que, en su Título V, reguló las prestaciones sociales de sus
destinatarios ya fuere en actividad, por retiro, por separación, por incapacidad
sicofísica, por muerte, por muerte en retiro y para el caso de los desaparecidos y
prisioneros.

Particularmente, la Sección II del Capítulo V de ese título consagró las prestaciones
por muerte en retiro, para lo cual dispuso así:

“ARTICULO 195. Muerte en goce de asignación de retiro o pensión. A la
muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en goce de
asignación de retiro o pensión, sus beneficiarios tendrán derecho a una
pensión mensual pagadera por el Tesoro Público o por la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares, equivalente en todo caso a la totalidad de la prestación
que venía disfrutando el causante, distribuida en el orden y proporción
establecida en este Estatuto.

PARAGRAFO. El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la pensión de
que trata este artículo, cuando exista separación legal y definitiva de cuerpos
o cuando en el momento del deceso del Oficial o Suboficial no hiciere vida
en común con él, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobados”.

El parágrafo de la anterior norma fue modificado por la Ley 447 de 1998, al siguiente
tenor:

“[…] PARAGRAFO. El cónyuge sobreviviente no tiene derecho a la pensión
de que trata este artículo, cuando en el momento del deceso del Oficial o
Suboficial exista sentencia judicial o extrajudicial de cuerpos, o no hiciere
vida en común con él, excepto cuando los hechos que dieron lugar al

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divorcio, a la separación de cuerpos, a la ruptura de vida en común, se
hubieren causado sin culpa imputable al cónyuge superstite.

Los cónyuges que no hayan consolidado el derecho a obtener la sustitución
pensional bajo la vigencia de los artículos 188 y 195 del Decreto legislativo
1211 de 1990, podrán obtenerlo en adelante, de conformidad con el presente
artículo, cuando presenten a la Caja de Sueldos de Retiro de las Fuerzas
Militares, copia debidamente autenticada de la sentencia judicial que le haya
reconocido dicho derecho”.

Por su parte, el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990 consagró el orden de
beneficiarios de las prestaciones sociales por causa de muerte de un oficial o
suboficial, así: i) la mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos del
causante, en concurrencia estos últimos en las proporciones de ley; ii) si no hubiere
cónyuge sobreviviente, las prestaciones corresponderían íntegramente a los hijos
en las proporciones de ley; iii) a falta de hijos, las prestaciones se dividirían en
proporción del 50% para el cónyuge y 50% para los padres, en partes iguales; y iv)
si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos, las prestaciones se dividirían entre los
padres, conforme con las reglas que allí se establecieron.

Ahora bien, dentro de un sistema integral de protección del derecho a la seguridad
social, la inclusión del riesgo por muerte se configura en uno de sus pilares
fundamentales, en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el
sostenimiento del grupo familiar deja en situación de desamparo a los integrantes
del mismo.

Con la finalidad de atender dicha contingencia, se consagró la pensión de
sobreviviente, la cual busca suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba un afiliado o pensionado al grupo familiar y, así, evitar que su deceso se
traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de
las personas beneficiarias de dicha prestación.

De ese modo, refiriéndose a la sustitución pensional, la Corte Constitucional indicó
que esta tiene como finalidad “[…] evitar que las personas allegadas al trabajador y
beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su
fallecimiento en el desamparo o la desprotección”12 y, por lo tanto, con dicha
institución pretende impedirse que quienes dependían de la persona que murió, se
vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su
fallecimiento13.

Por consiguiente, como el objeto de la pensión de sobrevivencia es atender la
contingencia derivada del deceso del trabajador, se estima que la figura tampoco
es ajena al régimen prestacional aplicable a los miembros de las fuerzas públicas,
específicamente, a los de la Armada Nacional, pues, como puede advertirse, la
normativa que ha regulado las prestaciones sociales de los miembros de dicha
institución consagró los diversos beneficios en favor de los familiares de los oficiales
y suboficiales muertos en retiro.

En punto a esta situación, advierte la Sala que el beneficio prestacional de

12
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-190 de 1993. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
13
Ibid.

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sobrevivencia, en los términos del artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, solo exige
para su otorgamiento que se demuestre la calidad del parentesco con el causante
de la pensión ─a excepción del supuesto de los hermanos menores de edad del
agente, quienes debían demostrar la dependencia económica─, para lo cual cobra
relevancia probatoria la presentación del registro civil de matrimonio ─en el caso
que el beneficiario fuese el cónyuge─ o del registro civil de nacimiento ─en el caso
que los beneficiarios fuesen los hijos o los padres─.

De la aplicación extensiva del marco normativo aplicable al régimen de
prestaciones por muerte en retiro, al caso de los compañeros y compañeras
permanentes

Como se anotó previamente, el Decreto 1211 de 1990 se expidió en vigencia de la
Constitución Política de 1886, norma bajo la cual no existía la figura de los
compañeros permanentes, razón por la que no se hizo la inclusión de estos en el
artículo 185 del decreto en mención, que consagra el orden de beneficiarios de las
prestaciones sociales por causa de muerte de un oficial o suboficial de las fuerzas
militares.

Sin embargo, refiriéndose a casos en los que estaban en pugna los intereses de
cónyuges y compañeros permanentes, la Corte Constitucional ha concluido que:

“[…] todas las prerrogativas, ventajas o prestaciones y también las cargas y
responsabilidades que el sistema jurídico establezca a favor de las personas
unidas en matrimonio son aplicables, en pie de igualdad, a las que conviven
sin necesidad de dicho vínculo formal. De lo contrario, al generar distinciones
que la preceptiva constitucional no justifica, se desconoce la norma que
equipara las dos formas de unión (artículo 42 C.P.) y se quebranta el principio
de igualdad ante la ley (artículo 13 C.P.), que prescribe el mismo trato a
situaciones idénticas”14.

Esa Corporación también ha indicado que “[…] a la luz de la Constitución Política
de 1991, las normas que establezcan un trato discriminatorio injustificado
entre cónyuges y compañeros permanentes, deben ser objeto de una interpretación
extensiva, en el sentido de ampliar el ámbito de aplicación de los beneficios
establecidos en las disposiciones, previstos en principio exclusivamente para
cónyuges, a los compañeros permanentes”15.

Bajo la misma lógica, al examinar las normas que excluían al compañero
permanente del orden de beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional frente a los derechos que sobre la
misma prestación tenían el o la cónyuge sobreviviente, sostuvo que el ordenamiento
superior otorgaba especial protección a la institución familiar y que estaba prohibida
la discriminación en razón del vínculo natural o jurídico del cual se derivaba la
familia16.

Así, destacó la igualdad imperante entre cónyuges y compañeros permanentes bajo
la Constitución de 1991, motivo por el cual no era procedente excluir a los últimos

14
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-553 de 1994. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-932 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-121 de 2010. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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del derecho a la pensión de sobrevivientes, pues debía tenerse en cuenta la
necesidad de interpretar la normativa conforme con los postulados del
ordenamiento superior y, por lo tanto, las solicitudes de aquel grupo poblacional en
relación con la mentada prestación, debían atenderse a la luz de la cláusula de no
discriminación en razón del origen familiar.

En ese sentido, si bien es cierto que la normativa transcrita señala únicamente en
el orden de beneficiarios de la asignación de retiro a la cónyuge sobreviviente,
también lo es que, a la luz de la Constitución Política de 1991, las disposiciones que
establezcan un trato discriminatorio injustificado entre esta y la compañera
permanente, deben ser objeto de una interpretación extensiva, para cobijar,
amparar o responsabilizar a la última.

Así las cosas, respecto a la titularidad de la sustitución pensional, rige el principio
de igualdad entre cónyuges y compañeras supérstites porque, al ser la familia el
interés jurídico a proteger, no es jurídicamente admisible privilegiar un tipo de
vínculo específico al momento de definir quién tiene derecho a ese beneficio.

Resolución al caso concreto

Dentro del proceso se observan las siguientes pruebas que constituyen piezas
importantes en la resolución del asunto:

Según se desprende de la demanda, su reforma y de la contestación, al causante
le fue reconocida la asignación de retiro en su condición de suboficial de la Armada
Nacional, mediante Acuerdo No. 57 del 6 de febrero de 1963, aprobado por la
Resolución No. 1481 del 1° de abril de 1963 y se tiene que el señor Cabarcas
Espinosa falleció el 25 de enero de 1994, según consta en el certificado del registro
civil de defunciones que obra en el expediente administrativo que aportó la
demandada.

También se encuentra acreditado que una vez falleció el causante, la demandante
solicitó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro que devengaba
el señor Cabarcas Espinosa, en favor de su hija, Lupe del Carmen Cabarcas de la
Rosa, la cual fue negada mediante la Resolución No. 491 del 11 de abril de 1994.

Y que, mediante petición radicada el 5 de agosto de 2015, la demandante solicitó el
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro que devengaba el señor
Cabarcas Espinosa, esta vez, a su favor, la cual le fue negada mediante la
Resolución No. 6629 del 14 de agosto de 2015.

Ahora bien, con el fin de acreditar la convivencia entre la señora María de Regla de
la Rosa y el señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa, se tiene lo siguiente:

Obra acta de nacimiento de Lupe del Carmen Cabarcas de la Rosa, hija de la
demandante y del causante, quien nació el 12 de noviembre de 1986 en Santo
Domingo, República Dominicana.

También se aportaron las declaraciones extraproceso rendidas el 27 de julio de
2015 por las señoras Ruth del Río Cabarcas y Olga Patricia Sotomayor Polo,

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quienes afirmaron que les constaba que la accionante y el causante convivieron en
unión libre por el término de 17 años y hasta el fallecimiento de este, que procrearon
una hija y que la señora Regla de la Rosa dependía económicamente de su
compañero.

En la audiencia de pruebas que se celebró el 14 de julio de 2020, la señora Ruth
del Río Cabarcas compareció a rendir testimonio, en el que sostuvo que conocía a
la demandante desde hacía 35 años, aproximadamente; que procreó una hija con
el causante; que estos convivieron alrededor de 18 años y hasta que él falleció; que
la señora Regla de la Rosa dependía económicamente del señor Cabarcas
Espinosa; que sabía que el causante estuvo casado pero que, al morir la esposa,
este siguió conviviendo con la demandante.

Que, durante los cinco años anteriores a la muerte del causante, la convivencia
entre ellos estaba vigente; que, en el lecho de su muerte, él fue atendido por la
señora Regla de la Rosa; que posterior a la muerte del causante, la demandante sí
reclamó la sustitución de la asignación de retiro, pero que se fue para Estados
Unidos y se desentendió del trámite. Que la hija que procreó la pareja nació en
República Dominicana.

En esa misma diligencia rindió testimonio la señora Olga Patricia Sotomayor Polo,
quien manifestó que el causante era su suegro y que conoció a la familia en 1989,
cuando conformó una unión con el hijo de este; que le consta que entre la señora
Regla de la Rosa y el señor Cabarcas Espinosa había una unión que llevaba
bastante tiempo, la cual se extendió hasta el día en que el causante falleció y que
ella dependía económicamente de este.

Que después de la muerte del señor Cabarcas Espinosa, la demandante se quedó
un tiempo en Cartagena y después migró a República Dominicana. Que la relación
duró, aproximadamente, entre 16 y 17 años. Que, durante los cinco años anteriores
a la muerte del causante, la convivencia entre ellos estaba vigente; que, en el lecho
de su muerte, él fue atendido por la señora Regla de la Rosa.

Que cuando conoció a la familia, la esposa del causante ya había fallecido y él
convivía con la demandante. Que Lupe del Carmen Cabarcas de la Rosa, la hija
que procrearon, nació dentro de la relación que tenían la accionante y el causante.

El acervo probatorio recaudado denota que la señora María de Regla de la Rosa, al
momento del fallecimiento del señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa, tenía con
él un vínculo marital vigente por alrededor de 17 años, según lo sostenido por las
señoras Ruth del Río Cabarcas y Olga Patricia Sotomayor Polo, tanto en la prueba
documental como en la testimonial.

Ahora bien, del recurso logra extraerse que la demandante increpa que la sentencia
de primera instancia no tuvo en cuenta que sí se acreditó una relación de
convivencia entre ella y el causante, durante los últimos 5 años anteriores a su
fallecimiento.

Lo primero que debe advertirse, es que atendiendo al hecho que la causación del
derecho que se discute es el 25 de enero de 1994, fecha del fallecimiento del

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causante, el régimen de seguridad social aplicable es el Decreto 1211 de 1990,
norma con la que se estudiará el caso.

En efecto, el parágrafo del artículo 195 del Decreto 1211 de 1990 prescribe como
requisitos para que en forma vitalicia se conceda la sustitución pensional, los que a
continuación se relacionan:

i) La calidad de cónyuge, el cual es un presupuesto que está relacionado
con la legitimación para reclamar el derecho, es decir, quién tiene la
vocación para pretender la titularidad de este.

En este punto la Sala advierte que, si bien la norma aplicable al caso tan
solo aludía a la figura de “cónyuge” y no de compañera permanente, en
virtud de la aplicación de la Constitución Política de 1991, no es
procedente excluir a las últimas del derecho a la pensión de
sobrevivientes, pues debe tenerse en cuenta la necesidad de interpretar
la normativa conforme con los postulados del ordenamiento superior y,
por lo tanto, las solicitudes de aquel grupo poblacional deben, en relación
con la mentada prestación, atenderse a la luz de la cláusula de no
discriminación en razón del origen familiar.

En todo caso, para la fecha en que falleció el causante ya estaba vigente
la Ley 54 de 1990, razón por la que la disposición del Decreto 1211 de
1990 debe interpretarse con la debida inclusión de la compañera
permanente, como beneficiaria de las prestaciones que se causen por la
muerte en actividad o en retiro de un oficial o suboficial de las fuerzas
militares.

ii) La vida marital con el causante, exceptuando aquellas situaciones en las
que existiera separación legal y definitiva de cuerpos o cuando al
momento del deceso del oficial o suboficial no hubiera vida en común con
este, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

Este requisito está referido a demostrar la vida bajo un mismo techo, las
situaciones de socorro y ayuda mutua de la pareja, que constituyen
elementos fundamentales de un núcleo familiar, protegido por la
Constitución y las leyes.

Por ello, quien aduzca tener la condición de beneficiario de la sustitución
pensional, debe acreditar un compromiso de vida real y con vocación de
permanencia, lo cual pretende dejar de lado aquellas conductas que
pudieran dirigirse únicamente a obtener el beneficio económico de
manera artificial e injustificada.

Para acreditar los anteriores requisitos, la demandante aportó las siguientes
pruebas: las declaraciones extraproceso del 27 de julio de 2015 por las señoras
Ruth del Río Cabarcas y Olga Patricia Sotomayor Polo, con la correspondiente
ratificación que se hizo de estas con los testimonios que rindieron en la audiencia
de pruebas, y el acta de nacimiento de Lupe del Carmen Cabarcas de la Rosa.

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Del análisis del anterior acervo probatorio, la Sala advierte que los 2 requisitos que
exige la norma se encuentran acreditados, pues las testigos fueron contestes al
sostener que: i) entre la demandante y el causante hubo un vínculo marital vigente
por 17 años, aproximadamente; ii) que de dicho vínculo procrearon una hija; y iii)
que al momento del fallecimiento del señor Manuel Ramón Cabarcas Espinosa,
dicho vínculo marital estaba vigente.

Respecto a esto último, nótese que la norma aplicable al caso, en ningún momento,
prescribía que para ser beneficiario de las prestaciones por muerte en retiro debía
acreditarse la convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos,
inmediatamente anteriores a su muerte; por el contrario, la norma determinaba que
solo debía acreditarse la vida en común al momento del deceso del oficial o
suboficial, lo cual quedó suficientemente probado, pues ambas testigos
manifestaron que la señora María de Regla de la Rosa convivió con el causante
hasta la fecha de su fallecimiento y que fue quien lo socorrió en el lecho de su
muerte, lo cual no fue desvirtuado por la entidad demandada.

Por consiguiente, no les asiste razón al Tribunal ni a la demandada cuando negaron
lo pretendido porque no probó tener vida marital con el causante durante los últimos
5 años anteriores a la muerte de este pues, se insiste, el Decreto 1211 de 1990 no
contempló esa exigencia.

En virtud de lo anterior, la Subsección declarará la nulidad de la Resolución No.
6629 del 14 de agosto de 2015 y revocará la sentencia de primera instancia al
encontrar desvirtuada la legalidad del acto demandado, toda vez que la accionante,
en su calidad de compañera permanente del señor Manuel Ramón Cabarcas
Espinosa, sí tiene derecho a la aplicación del régimen previsto en el Decreto 1211
de 1990, el cual no estableció el requisito de la convivencia con el fallecido por no
menos de 5 años continuos, inmediatamente anteriores a su muerte y, por lo tanto,
no es dable al intérprete exigir un requisito adicional al que la norma no estableció.

En consideración a que la demandante acreditó los requisitos expresamente
establecidos, debe reconocérsele este derecho por la totalidad de la prestación que
venía disfrutando el causante, tal y como lo disponía, originalmente, el artículo 195
del Decreto 1211.

Si bien la sustitución de la asignación de retiro es una prestación imprescriptible y
su reconocimiento puede ser solicitado en cualquier tiempo, no ocurre lo mismo con
las mesadas pensionales, las cuales no están amparadas por esta excepción.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el fenómeno jurídico de la prescripción de
los derechos prestacionales, en el caso de las Fuerzas Militares, opera luego de
transcurridos cuatro (4) años a partir de la fecha en la que se hace exigible la
obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del decreto ibidem.
Sin embargo, el reclamo presentado ante la administración interrumpe el término
prescriptivo, pero solo por un lapso igual.

En el caso en concreto, la Sala encuentra que la demandante elevó solicitud de
reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro el 5 de agosto de 2015,
conforme se observa en el contenido de la Resolución No. 6629 del 14 de agosto

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de 2015; y, como el causante falleció el 25 de enero de 1994, se advierte que hay
lugar a aplicar el fenómeno de la prescripción, esto es, a partir del 5 de agosto de
2011.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad a pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de
causación de cada uno de ellos.

En lo que atañe al reconocimiento de los intereses moratorios solicitados por la
demandante, se señala que la Ley 100 de 1993, en su artículo 141, prescribe que
“[…] en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la
entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su
cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento
en que se efectué el pago” ; es decir, su pago procede cuando se presente demora en
la cancelación de la mesada pensional, esto es, luego de su reconocimiento.

En otras palabras: estos se causan cuando con posterioridad al reconocimiento
pensional, la entidad incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales, lo
que no ocurre en el presente caso, habida cuenta que dicho reconocimiento se
originó en la presente sentencia.

En todo caso, el pago de los intereses moratorios no es compatible con el pago
simultáneo de la indexación de las mesadas adeudadas, en consideración a que
estas obedecen a la misma causa “cuál es la devaluación del dinero”, sin perjuicio
de lo preceptuado en el inciso 3°, del artículo 192 de la Ley 1437 de 201117.

De la condena en costas: análisis en primera y segunda instancia

Es importante aclarar que la jurisprudencia de la Subsección A, de la Sección
Segunda del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo consagrado en
el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual el juez procederá, en toda
sentencia, a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe.

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La norma prescribe así: “ARTÍCULO 192. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS O
CONCILIACIONES POR PARTE DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS. […] Las cantidades líquidas
reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación
devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según
lo previsto en este Código”.

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No obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de
fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que ha adoptado una nueva postura, en la que en las
sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta
realizada por las partes en el proceso, entre ellas, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2°, del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, pese a que se está revocando la sentencia de primera
instancia, la Sala en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CPG 18 y
observando los fundamentos planteados en la demanda y en el recurso, se concluye
que no hay lugar a la condena en costas en ninguna de las instancias, pues no se
advierte carencia de fundamentación jurídica, por el contrario, la parte demandada
expuso argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el once (11) de marzo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se
negaron las pretensiones, para en su lugar, ACCEDER a estas, por las razones acá
expuestas.

Segundo. DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 6629 del 14 de agosto de
2015, por las razones anotadas.

Tercero. ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares ─CREMIL─ que
reconozca y pague, en favor de la señora María de Regla de la Rosa, la sustitución
de la asignación de retiro en la forma establecida en el artículo 195 del Decreto 1211
de 1990, efectiva a partir del 25 de enero de 1994, pero con efectos fiscales desde
el 5 de agosto de 2011.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se indicó en la parte motiva.

Cuarto. DECLARAR la prescripción cuatrienal de las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 5 de agosto de 2011, de conformidad con lo expuesto.

18 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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Quinto. Sin condena en costas en ambas instancias.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

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