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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2016-01157-01

Fecha
4 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2016-01157-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán así: “SEGUNDO: DECLÁRESE el incumplimiento del contrato de obra pública No. 6-039169 de 2014 celebrado entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el Consorcio Industria Bahía, por las razones expuestas anteriormente”. “TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a pagar a favor de la parte actora la suma de $293.296.435, por concepto de intereses moratorios por el pago extemporáneo del acta de recibo parcial No. 3, y la suma de $2.403.967.090, por concepto del acta final de obra, quedando liquidado en estos términos el contrato de obra No. 6-039169 del 2014”. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás lo resuelto en la sentencia del 26 de 85 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034 86 Cfr. Art. 365 y ss. CGP. 59 Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424) Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante, las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 del C.G.P. En la liquidación no se incluirán agencias en derecho de la segunda instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2016-01157-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

4 de diciembre de 2023

Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA BAHÍA

CONSEJO DE ESTA.DO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Radicación: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA
Demandado: DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE
INDIAS Y AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. -ACUACAR-

Temas: LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – tercero con interés directo. LIQUIDACIÓN
DEL CONTRATO – Bilateral y unilateral. CONTRATO DE OBRA – Concepto. INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL – mora en el pago de actas de obra – intereses – incumplimiento de la obligación
de liquidar el contrato.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias contra la sentencia del 26 de febrero de 2021, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que (i) declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva propuesta por Aguas de Cartagena S.A.
E.S.P. – ACUACAR-; (ii) declaró el incumplimiento del contrato de obra No. 6-
039169 de 2014 por parte del ente territorial, por incurrir en mora el pago del acta
de recibo parcial No. 3 y en el el acta final; (iii) liquidó el contrato y condenó al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias al pago de intereses moratorios sobre el
acta de recibo parcial de obra No. 3 y al pago del acta final; y (iv) negó las demás
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 28 de octubre de 2014 el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en
adelante el Distrito, y el Consorcio Industria y Bahía, en lo sucesivo el Consorcio,
suscribieron el contrato de obra No. 6-039169 de 2014, cuyo objeto fue la
"CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS EN LA UCG 13, 14 Y 15 DE LA
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

INDIAS", por un valor total de $14.352.488.348 y con un plazo de ejecución de 10
meses contados a partir de la aprobación de la garantía y la suscripción del acta de
inicio.

El Consocio afirma que el Distrito incumplió la obligación de pagar oportunamente
el valor de las obras y liquidar el contrato. Además, aduce que la entidad territorial
debe pagarle a Aguas de Cartagena S.A. E.S.P las obras que esta empresa llevó a
cabo para la reubicación de las redes de acueducto, alcantarillado y manjoles.

Con fundamento en lo anterior, en su demanda el Consorcio solicita que se liquide
judicialmente el contrato de obra y que se condene a la entidad contratante al pago
de las sumas resultantes de la liquidación, incluyendo el valor de las actas parciales
de obra pendientes de pago, junto con actualización e intereses moratorios.
Igualmente, pretende el pago de la cláusula penal, mayores costos por financiación
y perjuicios morales. Además, solicita que el Distrito reconozca y asuma frente a la
empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. los valores que esta última le reclama por
actividades que llevó a cabo para la reubicación de redes y manjoles.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. El 1 de diciembre de 20161, el Consorcio, mediante apoderado judicial y en
ejercicio de la acción de controversias contractuales, presentó demanda contra el
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. En el libelo introductorio,
invocando el artículo 224 del CPACA, la actora convocó a la empresa Aguas de
Cartagena S.A. – E.S.P.-ACUACAR, en calidad de litisconsorte, “para que bajo ésta
misma cuerda demuestre y haga valer ante el Contratante, los derechos que
reclama”.

1.2. En la demanda el Consorcio formuló las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente, incluso con eventuales errores:

1 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

“Que se declare que el ente territorial Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias ha incumplido y está en mora de ejecutar sus obligaciones en relación con el
Contrato de Obra Pública No. 6-0399169 de 2014 y por tanto debe ser condenado
a las siguientes o similares pretensiones mínimas y al pago del valor de todas las
sumas de dinero por perjuicios de todo orden y que sin limitación resulten probados
dentro del presente proceso y especial, pero no exclusivamente a:

Primera: Que se decrete y lleve a cabo la LIQUIDACIÓN JUDICIAL del Contrato de
Obra Pública No. 6-0399169 de 2014.

Segunda: Que se condene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias al
reconocimiento y pago del valor total de las sumas de dinero insolutas derivadas del
Contrato de Obra Pública No. 6-0399169 de 2014 que hasta la fecha no han sido
canceladas y particularmente los valores resultantes de la Liquidación y
particularmente los contenidos en las Actas Parcial No. 3, 4 y Acta Final del Contrato
No. 6-0399169 de 2014, en suma mínima equivalente a valor presente de TRES MIL
OCHCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($ 3.834'935.165) menos el saldo
que se ha deducir de anticipo por cuantía de OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS Pesos
($876'189.046) deducibles del acta No. 4, con lo cual queda la cantidad mínima neta
actualizada de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE Pesos M/Cte.
($2.958'746.119oo).

En esta pretensión se incluye el monto del Actas Parcial No. 3, que como se advierte
en el hecho No. 29 up supra, se persigue por vía ejecutiva por valor total de
$3.276'636.387, cantidad que de acreditarse su pago al momento de la liquidación,
se descontará de la condena final.

Teniendo en cuenta que el IPC para el año 2.015 fue de 6,09, a la fecha de
radicación de la convocatoria a conciliación, el valor actualizado de la deuda
correspondiente al Acta No. 4 y el Acta Final es de MIL NOVECIENTOS TREINTA
Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHO CIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS ($1.939'629.838); subsidiariamente se debe condenar
por la cifra que resulte de la aplicación de la fórmula de actualización aplicada por
el Consejo de Estado en la sentencia de fecha 7/10/2004, dentro del Radicado No.
25000-23-26-000-2002-01614-01(23989).

Tercera: Que se condene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias al
reconocimiento y pago del valor por los mayores costos que por financiación, costos
directos e indirectos y demás en que está incurriendo el Consorcio Contratista por
los dineros no cancelados.

Cuarta: Que el DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS,
en tanto que dueño y beneficiario de las obras objeto del Contrato No. 6-0399169
de 2014, reconozca y asuma frente a la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A.,
E.S.P., las obligaciones o pretensiones que por cuantía superior a $602'424.101,
con sus frutos y demás, reclama del demandante. Nos remitimos a este aspecto a
lo consignado en el hecho 24 up supra.

Quinta: Que se condene al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias al
reconocimiento y pago de intereses comerciales moratorios de las sumas dejadas
de cancelar por concepto de obras, cuentas, mayores costos y las demás probadas
a la máxima tasa legalmente reconocibles. De conformidad con el ejercicio
matemático que se presenta en el juramento estimatorio, esta cifra a la fecha,

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

asciende a la cantidad de $743'300.639oo. En subsidio de lo anterior y en el menor
de los casos, demandamos que en aplicación del precedente jurisprudencial
sentado por el H. Consejo de Estado, Sec. 3a, C.P. Dr. ALlER HERNANDEZ E. de
fecha 7/10/2004, dentro del Radicado No. 25000-23-26-000-2002-01614-01(23989)
se liquiden intereses equivalentes al doble del interés civil sobre el monto
actualizado de la obligación: MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
($1.939'629.838) o el monto que resulte, desde que se hizo exigible la obligación
(15 de febrero de 2.016) y hasta que se cancele totalmente. Liquidados a 15 de
agosto de 2.016, los intereses causados ascienden a CIENTO CINCUENTA Y
CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
Pesos ($155'170.387oo).

Sexta: Dado el incumplimiento por parte de la DEMANDADA, se le condene al pago
del monto de la cláusula penal pactada o sea la cantidad de UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS ONCE PESOS ($1.490'715.811) equivalente al diez por cientos del
Valor total del contrato: Catorce mil novecientos siete millones ciento cincuenta y
ocho mil ciento doce pesos M.Cte. ($14.907'158.112).

Séptima: Condena en perjuicios morales consistente en la afrenta social y comercial
derivada de la situación de incumplimiento en que, a su turno, han tenido que
afrontar los socios y directivos de las empresas que conforman el "CONSORCIO
INDUSTRIA Y BAHIA", en cuantía que estimamos en Un mil (1.000) S.M.L.M.

Octava: En subsidio y en aplicación del art. 193 del CPACA, para el caso que no
fuere posible establecer la cuantía de cualquiera de los perjuicios que se reclaman,
se condene en concreto respecto de las sumas reconocidas y se dicte sentencia de
condena en abstracto para los restantes para que se liquiden después, mediante
incidente.

Novena: Que como complemento necesario del pleno restablecimiento del derecho
y en aplicación de lo preceptuado en el art. 90 de la C. N., se condene a la
demandada al pago de Costas y agencias en derecho por el máximo legal o en
subsidio por el monto equivalente al cinco por ciento (5%) del total de las
pretensiones que se persiguen, o sea por la cantidad mínima de $179'275.801oo.

Decima: Que se sirvan admitir como elementos probatorios los documentos y
anexos que se acompañan y los que obran en los antecedentes administrativos de
las Resoluciones No. 00111 de enero 28 de 2008, No. 001053 de 27 de agosto de
2.008 y 003568 de 24 de septiembre de 2.009.

Decima Primera: Que se sirvan admitir personería sustantiva en la forma y términos
en que se encuentra conferido el mandato de representación judicial que se anexa.

Decima Segunda: Las demás que sean procedente y resulten probadas.”

1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la parte demandante enunció
los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Indicó que el Distrito adelantó la licitación pública No. LP001NFRA 2014 grupo
4 para la “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE VIAS EN LA UCG 13, 14 Y

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

15 DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS".

1.3.2. Precisó que Construcciones y Pavimentos Ltda., JV Ingeniería y
Construcciones S.A.S. y Jobepa S.L. - sucursal Colombia, mediante documento
privado suscrito el 19 de agosto de 2014, constituyeron el Consorcio Industria y
Bahía.

1.3.3. Sostuvo que el 23 de septiembre de 2014 el Distrito adjudicó al Consorcio la
Licitación Pública No. LP001NFRA 2014.

1.3.4. Refirió que el 28 de octubre de 2014, el Distrito y el Consorcio suscribieron el
contrato No. 6-039169 de 2014, cuyo objeto fue la "CONSTRUCCIÓN Y
REHABILITACIÓN DE VIAS EN LA UCG 13, 14 Y 15 DE LA LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS", por
un valor estimado de $14.352.488.348 y con un plazo de ejecución de 10 meses
contados a partir de la aprobación de la garantía y la suscripción del acta de inicio.
Asimismo, frente a la forma de pago informó que se realizaría mediante actas
parciales de obra, de conformidad con los precios unitarios convenidos y las
cantidades de obra ejecutadas, previa amortización del anticipo, dentro de los 60
días siguientes a la radicación de la factura correspondiente.

1.3.5. Afirmó que el 19 de octubre de 2015 se convino prorrogar el plazo pactado
hasta el 30 de noviembre de 2015 y que el 27 de noviembre de 2015 se acordó una
nueva prórroga, extendiéndose el plazo hasta el 15 de diciembre de 2015.

1.3.6. Resaltó que para la ejecución de las obras contratadas fue necesario reubicar
algunas redes de acueducto, alcantarillado y manjoles, actividades que fueron
ejecutadas por la empresa Aguas de Cartagena S.A. – E.S.P., en lo sucesivo
ACUACAR, y que deben ser pagadas por el Distrito.

Al respecto, en efecto anotó que se trató de “obras que no estaban incluidas como
objeto del contrato y que fueron ejecutadas —como requerimiento para el avance
de la pavimentación contratada- por la empresa AGUAS DE CARTAGENA E.S.P. y

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

por las que ha formulado facturas totales por valor superior a $602'424.101, que
deben ser asumidos por el Contratante Distrito de Cartagena”.

1.3.7. Puso de presente que durante la ejecución de las obras se suscribieron cuatro
actas parciales de obra, a propósito de lo cual expuso que:

(i) El 30 de junio de 2015 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de Obra No.
1 por valor total de $5.292'946.213, la cual, previa deducción del 40% por
amortización del anticipo ($2.117'178.485,2), fue pagada al contratista el
2 de septiembre de 2015.
(ii) El 31 agosto de 2015 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de Obra No.
2 por valor total de $3.592'433.133, que fue pagada al consorcio el 2 de
septiembre de 2015, previa deducción de $1.436'973.253,2
correspondiente al 40% por amortización del anticipo.
(iii) El 30 de noviembre de 2015 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de
Obra No. 3 por valor total de $3.276`636.387.
(iv) El 15 de diciembre de 2015 se suscribió el Acta de Recibo Parcial de Obra
No. 4 por valor total de $2.190`472.615.

1.3.8. Manifestó que el 28 de diciembre de 2015 presentó al Distrito la factura
correspondiente al valor a pagar por concepto del acta de recibo parcial No. 3, por
la suma de $1.965’981.832,2, previa deducción del 40%, es decir, la cantidad de
$1.310'654.554, correspondiente al porcentaje de amortización de anticipo,
añadiendo que junto con la factura se allegaron todos los anexos requeridos y que,
vencido el plazo de 60 días pactado para el pago, el Consorcio inició acción
ejecutiva contra la entidad contratante.

1.3.9. Refirió que al valor total del acta de recibo parcial No. 4 se le debía deducir el
40% o sea la cantidad de $876`189.046, correspondiente al porcentaje de
amortización de anticipo, quedando así un saldo neto de $1.314`283.569, que no
ha sido pagado.

1.3.10. Sostuvo que, concluida la ejecución del contrato, el 15 de diciembre de 2015
se suscribió el acta final del contrato, en la que se consignaron los siguientes datos:
a. Fecha de iniciación: 22 de diciembre de 2.014

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

b. Fecha de entrega: 15 de diciembre de 2.015.
c. Porcentaje de obra ejecutado: 103.86%
d. Valor Inicial: $14.352'488.348.
e. Valor Adicional: $554'669.764.
f. Valor total: $14.907'158.112.
g. Fecha del acta: 15 de diciembre de 2.015.
h. Valor total: $14.907'158.112.
i. Anticipo: $5.740'995.339,20
j. Amortización del Anticipo: $5.740'995.339,20
k. Acumulado de Actas: $14.352'488.348
l. Neto a pagar presente acta: $554'669.764”

1.3.11. Expuso que el 15 de abril de 2016 las partes elaboraron un borrador de acta
de liquidación bilateral, a propósito de lo cual resaltó que, transcurridos doce meses
desde la finalización de la ejecución del contrato y más de siete meses desde la
elaboración del proyecto de acta de liquidación bilateral, la Administración “no ha
procedido a la liquidación definitiva del contrato y por tanto mantiene congelado el
pago de $6.021`778.766, correspondiente a las actas parciales No. 3, 4 y Final”.

Sobre el particular, añadió que este último monto incluye la cantidad de
$2.186’843.600 por concepto de anticipo sin amortizar, “o sea que al contratista se
le adeuda a valor histórico de 15 de diciembre de 2.015, la cantidad de [...]
$3.834’935.165. Si de este valor se deduce el monto del acta No. 3 que se cobra
por vía ejecutiva, queda un saldo bruto por $2.745’142.379 que al descontar el 40%
($876’189.046) del anticipo por el acta No. 4, queda un saldo histórico insoluto por
[…] $1.863’953.333”.

1.3.12. Señaló que, como consecuencia del incumplimiento del Distrito ante la falta
de pago, “las empresas integrantes del "CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHIA" y éste
mismo ente, ha incumplido con el pago de proveedores y con créditos adquiridos
con entidades financieras, circunstancia que les baja su perfil crediticio”.

1.3.13. Informó que, mediante comunicación del 29 de agosto de 2016, ACUACAR
reclamó al Consorcio el pago de 43 facturas por valor total de $92’619.016, “que
aparentemente tienen relación con trabajos de reubicación de tuberías de
conducción de agua y renovación de acometidas domiciliarias y otras efectuadas
por ACUACAR en la zona donde mi cliente llevó a cabo las obras contempladas en
el ejecutado contrato estatal No. 6-039169 de 2014”.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

1.4. Como fundamento jurídico de la demanda, la parte actora manifestó que se
vulneraron los artículos 6, 29, 83, 84, 90 y 209 de la Constitución Política de
Colombia; 3, 4, 5, 9, 10, 34, 35, 104, 125, 141, 152/5, 156/4, 159 ss., 188 y 193 del
CPACA; 3, 5, 7, 13, 25, 26, 28, 50, 60 y 75 del estatuto contractual; y 206 del CGP.

A este efecto, adujo que el Distrito incumplió la cláusula quinta del contrato, relativa
a la forma de pago, así como las cláusulas novena y décima que establecen como
un derecho del contratista “recibir el pago o remuneración”. Resaltó que todo
contratista tiene derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que
el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del
contrato, y anotó que la liquidación del contrato es la etapa idónea para que se
realicen las revisiones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar.

2. Contestación de la demanda

2.1. Mediante auto del 30 de marzo de 20172 el Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda, ordenando su notificación al Distrito, como parte demandada,
a ACUACAR, como tercero con interés directo, y al Ministerio Público.

2.2. El 12 de julio de 2017 el Distrito contestó la demanda3, mediante escrito en el
que: (i) manifestó oponerse a la pretensión “genérica” referente al incumplimiento
de sus obligaciones contractuales “porque siempre ha estado presto a liquidar el
contrato y recibir la totalidad de las obras ejecutadas, actuando de buena fe […]”;
(ii) afirmó no oponerse a la pretensión primera de la demanda atinente a la
liquidación judicial del contrato, anotando que a dicho efecto deberá tenerse en
cuenta la totalidad de la obra ejecutada, los valores entregados a título de anticipo
y los pagos efectuados; y (iii) se opuso a todas las demás pretensiones declarativas
y de condena. En cuanto a los hechos aceptó unos, negó otro tanto y manifestó que
los restantes no le constaban.

2.2.1. Indicó que no incumplió sus obligaciones contractuales y que a la fecha no
existe una obligación exigible a su cargo, pues tanto las actas de recibo parcial como

2 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
3 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

el acta final de obra debían ser aprobadas por el ordenador del gasto, quien es el
único funcionario que tiene la facultad de obligar a la entidad, “es decir que para que
nazcan obligaciones a favor del contratista es el ordenador del gasto quien debe
suscribir el Acta”.

2.2.2. Afirmó que el Distrito ha estado presto a liquidar el contrato y recibir la
totalidad de las obras ejecutadas y que ha “citado y requerido en varias ocasiones
al Contratista, sin que haya podido darse el acuerdo definitivo necesario para su
liquidación”, a propósito de lo cual expuso que es solamente con la liquidación del
contrato que se lleva a cabo “el ajuste formal de cuentas, estableciendo en esta las
acreencias pendientes a favor y en contra de cada uno”, de tal suerte que, como
aún no ha sido liquidado el contrato, no se han establecido los valores adeudados
ni existe una obligación clara y determinada a favor del Consorcio. Por lo anterior,
se opuso al reconocimiento y pago de intereses moratorios por parte del Distrito
“debido a que no ha incumplido el contrato y a la fecha no existe una obligación
exigible”.

2.2.3. Señaló que el contratista y la interventoría verificaron que las redes de
acueducto, alcantarillado y manjoles no cumplían con las disposiciones del
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS,
por lo que resultó necesario que fueran reubicadas antes de ejecutar las obras,
circunstancia que fue comunicada a ACUACAR, entidad a quien le correspondía la
reubicación de redes y manjoles para el cumplimiento de las reglas técnicas.

2.2.4. Indicó que no le constaba la existencia del proceso ejecutivo mencionado por
la actora, pues no había sido notificado de la demanda ejecutiva, y que no era
procedente el pago de mayores costos de financiación, dado que la entidad entregó
al contratista un anticipo con la finalidad de financiar la ejecución del contrato.

2.2.5. En cuanto al cobro de la cláusula penal, refirió que de conformidad con lo
pactado en el contrato la cláusula penal solo procedía en el evento en que el
contratista retardara o incumpliera sus obligaciones, “no siendo procedente la
aplicación de la Cláusula en el caso del supuesto incumplimiento de la entidad
contratante, amén de que EL DISTRITO no ha incurrido en incumplimiento”.

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

2.2.6. Por último, formuló los siguientes medios exceptivos:

(i) “INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DISTRITO DE
CARTAGENA”, pues las actas parciales de obra y el acta de recibo final
debían ser avaladas por el ente territorial, quien, por lo demás, ha actuado
con diligencia y buena fe en procura de liquidar el contrato, “sin que haya
podido darse el acuerdo definitivo necesario para su liquidación”.
Además, al tenor del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación del
contrato puede realizarse de mutuo acuerdo o unilateralmente dentro de
los 2 años siguientes al vencimiento del término para la liquidación
bilateral y unilateral, lapso que a la fecha no se encuentra vencido. Por
otro lado, ACUACAR es la encargada de la construcción, mantenimiento
y rehabilitación de las redes, alcantarillado y manjoles, a cuyo cargo se
encuentra el cumplimiento de los parámetros establecidos en las normas
técnicas y, por consiguiente, es a quien corresponde la reubicación de
redes y manjoles que no se ajustaran al Reglamento Técnico para el
sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS.

(ii) “BUENA FE”, toda vez que el Distrito “ha desarrollado por los medios
legales a su alcance las actividades en orden a liquidar el contrato y recibir
la totalidad de obras ejecutadas, actuando de buena fe […] En reiteradas
ocasiones se han concertado reuniones entre funcionarios de la
Secretaría de Infraestructura del Distrito de Cartagena y representantes
del Contratista, en aras de efectuar el ajuste definitivo de cuentas para
liquidar el contrato, pero no se ha llegado a un consenso sobre ello”.

2.3. El 14 de julio de 2017 Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. allegó escrito mediante
el cual contestó la demanda4. Frente a las pretensiones, manifestó: “Aun cuando
las pretensiones de este proceso no están dirigidas en contra de AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P., solicito que el despacho se abstenga de condenarla por
carecer el petitum de fundamento legal y fáctico frente a mi apadrinada”, debiendo
“ser absuelta de todo cargo y condena”.

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2.3.1. En cuanto a los hechos, manifestó que no le constaban todos aquellos que
se referían a la celebración y ejecución del contrato de obra suscrito entre el Distrito
y el Consorcio y que los mismos no involucraban a ACUACAR, pues dicha sociedad
no fue parte del negocio jurídico. En punto a las obras de reubicación de redes y
manjoles, señaló que “[l]as obras que ACUACAR realizó en el marco de las
actividades desplegadas por el CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA a favor del
DISTRITO DE CARTAGENA, fueron facturadas a dicho consorcio, siendo éste el
deudor de mi representada. Esta defensa no acepta que el consorcio demandante
pretenda soslayarse de su obligación con ACUACAR, amparado en que el Distrito
no ha pagado el contrato, pues se tratan (sic) de fuentes de obligaciones distintas”.

2.3.2. Por último, formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva, por cuanto no fue parte del contrato, de tal manera que, al tenor del artículo
141 del CPACA, las controversias derivadas de dicho negocio jurídico han de
ventilarse únicamente entre quienes lo celebraron, es decir, el Distrito de Cartagena
y el Consorcio demandante.

3. Trámite durante la primera instancia

3.1. El 26 de julio de 2017 la parte actora descorrió el traslado de las excepciones5,
reiterando lo expuesto en la demanda. Resaltó la obligación de liquidar el contrato
a cargo de la entidad contratante y el derecho del contratista a recibir oportunamente
la remuneración estipulada. Frente a la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por ACUACAR, indicó que a dicha sociedad
simplemente “se le vincula en calidad de LITISCONSORTE (Art. 224 CPACA), para
que bajo esta misma cuerda demuestre y haga valer ante la (sic) el DISTRITO […]
los derechos que reclama de mi patrocinado, si los hubiere”.

3.2. El 21 de febrero de 2018 se llevó a cabo la audiencia inicial6, en el marco de la
cual el Tribunal adelantó las etapas de saneamiento del proceso 7, conciliación8,

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7 El a-quo puso de presente que no se advertían irregularidades por sanear.
8 Durante la audiencia el a-quo declaró fallida la etapa de conciliación,

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excepciones previas9, fijación del litigio10 y decreto de pruebas11, sin que las partes
manifestaran observación o recurso alguno frente a las decisiones que en el curso
de la misma fueron adoptadas.

3.3. El 24 de mayo de 2018 tuvo lugar la audiencia de pruebas12, en el curso de la
cual se practicó el interrogatorio de parte del representante legal del Consorcio
solicitado por el Distrito y se profirió auto disponiéndose tener como pruebas las
documentales recaudadas y el interrogatorio practicado, declarar finalizada la etapa
probatoria y correr traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de
conclusión y presentar concepto por escrito, respectivamente.

3.3.1. La parte demandante alegó de conclusión mediante escrito13 en el que,
además de reiterar lo manifestado en el líbelo introductorio, añadió que, con
posterioridad a la presentación de la demanda, en el mes de diciembre de 2017, el
ente territorial efectuó el pago del acta parcial No. 3, cancelando al contratista la
suma de $1.965`981.382, previa deducción del monto correspondiente a la
amortización del anticipo. En ese orden, señaló que a la fecha “siguen
PENDIENTES DE CANCELACIÓN” (i) los intereses y actualización por el pago
tardío del Acta parcial No. 3 , pues debió haber sido pagada en febrero de 2016; (ii)
el valor neto del Acta Parcial No. 4, esto es, la suma $1.314`283.569 resultante de
descontar del monto total del acta -$2.190’472.615- el 40% de amortización del
anticipo - $876’198.046- ; y (iii) el saldo del Acta final por valor de $554’669.764, “o
sea que al contratista se le adeuda a valor histórico de 15 de diciembre de 2015, la
cantidad de […] $1.868`953.333, más los intereses y actualización, incluyendo los

9 El a-quo precisó que la excepción previa de falta de legitimación en la causa por pasiva de Aguas

de Cartagena se estudiaría de fondo al momento de proferir la sentencia, “debido a que en este
momento procesal no se tiene los elementos necesarios para su análisis de fondo, debido a que una
de las pretensiones es que el Distrito asuma el pago a la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.,
el valor de $602.424.101 millones por la reubicación de unas redes de acueducto, de alcantarillado
y manjoles […] por lo que sin duda resulta imperativo agotar el devenir del trámite procesal […] a fin
de definir la legitimación en la causa que le asiste a cada uno de los aquí implicados”
10 El a-quo fijó el litigio en los siguientes términos: “El problema jurídico del cual se ocupará el

despacho consiste en determinar si el Distrito de Cartagena, ha incumplido el contrato de obra
pública n° 6-039169 de 2014 y si hay lugar a la liquidación judicial del mismo.
En correlación al problema jurídico principal, se debe revolver excepción de falta de legitimación en
la causa por pasiva”.
11 El Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes y fijó fecha para la audiencia de pruebas.
12 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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causados por del (sic) acta No. 3, que solo se canceló en diciembre de 2017 […] (y)
que debió ser pagada en febrero de 2016”.

Por otro lado, anotó que ACUACAR propuso la excepción de falta de legitimación
por pasiva, “sin advertir que […] se le vinculó en calidad de LITISCONSORTE para
que […] eventualmente hiciere valer ante el distrito los derechos que reclama del
demandante, pues el ente territorial, en tanto dueño y beneficiario de las obras sería
quien estaría llamado a reconocer, asumir y pagarles las obligaciones o
pretensiones que por cuantía superior a $602`424.101, que, con sus frutos y demás,
reclama […] No obstante, su actitud procesal viene a ratificar que no hay ningún
fundamento para reclamar pago alguno derivado de la actividad desplegada por el
CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHIA y, por tanto, ciertamente habría que concluir
que en efecto carece de interés para intervenir en el proceso”.

3.3.2. El Distrito presentó escrito de alegatos14, manifestando que el actor no logró
demostrar el incumplimiento contractual endilgado a la entidad, pues “la postura del
demandante respecto a reclamaciones por mayores cantidades de obra no
atribuibles al Distrito de Cartagena impidieron (sic) que se formalizara la liquidación
bilateral del contrato”, tal como fue confesado por el representante del Consorcio en
el interrogatorio de parte.

3.3.3. ACUACAR15 reiteró que los hechos de la demanda no la comprometen y, por
ende, no está llamada a responder por los perjuicios reclamados por el Consorcio,
pues no fue parte del contrato de obra objeto de la litis.

3.3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

4.1. Mediante sentencia del 26 de febrero de 202116, el Tribunal Administrativo de
Bolívar: (i) declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por ACUACAR; (ii) declaró el incumplimiento del contrato de obra

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No. 6-039169 de 2014 por parte del ente territorial, por el pago extemporáneo del
acta de recibo parcial No. 3 y por la falta de pago del acta final de obra; (iii) liquidó
el contrato y condenó al demandado al pago de intereses moratorios sobre el acta
de recibo parcial de obra No. 3 a partir del vencimiento del término estipulado en el
contrato para el pago de las actas de obra, junto con el pago del acta final, que
incluye el monto correspondiente al acta de recibo parcial No. 4, con intereses
moratorios liquidados a partir del vencimiento del plazo de 2 meses para la
liquidación unilateral; y (iv) negó las restantes pretensiones de la demanda.

4.2. Como fundamento de su decisión, el a quo comenzó pronunciándose acerca
de la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por
ACUACAR, concluyendo que no hizo parte del contrato de obra pública No. 6-
039169 de 2014 y que, por tanto, la excepción estaba llamada a prosperar.

Frente a la responsabilidad contractual del Distrito, expuso que se acreditó el
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la contratante, puntualmente la falta
de pago de las actas de obra dentro de los plazos estipulados, concluyendo que
había lugar a liquidar el contrato y ordenar el reconocimiento de los perjuicios
ocasionados a la parte demandante.

En este sentido, sostuvo que en el proceso quedó demostrado que la actora cumplió
con los requisitos para el pago efectivo del acta de recibo parcial No. 3 el 30 de
noviembre de 2015, a pesar de lo cual la entidad contratante realizó el pago el 19
de diciembre de 2016, esto es, con posterioridad al vencimiento de los 60 días
siguientes a la radicación de la factura, término que las partes estipularon para el
pago de las actas parciales de obra. En este orden de ideas, concluyó que debían
reconocerse intereses moratorios por el pago tardío del Acta No. 3 durante el
término de la mora, a la tasa del 12% anual sobre el valor histórico actualizado.

A su vez, señaló que si bien en el proceso no se encontraba prueba alguna del pago
del acta de obra parcial No.4, esta fue modificada por el acta final del Contrato
suscrita por el contratista y el interventor el 15 de diciembre de 2015, en la que
consta la entrega a satisfacción de la obra y la cual no ha sido pagada. Además,
indicó que una vez finalizado el término para la liquidación de mutuo acuerdo del
contrato la entidad tenía un plazo de 2 meses para hacerlo de manera unilateral,

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“circunstancia que no ocurrió, por lo que se configuró el incumplimiento de esta
última” a partir del vencimiento de dicho término. Con base en lo anterior, concluyó
que en la liquidación del contrato había lugar a reconocer el valor total del acta final
de obra, junto con intereses moratorios liquidados de conformidad con lo previsto
en el numeral 8ª del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, toda vez que las partes no
estipularon intereses moratorios sobre el capital actualizado, calculados a partir del
15 de junio de 2016, fecha en la que expiró el plazo de 2 meses para la liquidación
unilateral.

De otro lado, respecto al pago de la cláusula penal el a-quo consideró que era
improcedente, toda vez que esta solamente se pactó para el evento en que el
contratista incumpliera las obligaciones a su cargo y, por último, negó el
reconocimiento de perjuicios morales porque no fueron acreditados, señalando,
además, que “en lo que tiene que ver con el cobro que realiza la empresa de Aguas
de Cartagena por la reubicación de unas redes de acueducto, de alcantarillado y
manjoles, no se acreditó el pago, por lo que correrán la misma suerte, de ser
negadas.”

5. Recurso de apelación

5.1. El 11 de mayo de 2021 el Distrito interpuso recurso de apelación 17, el cual fue
concedido el 12 de julio de 202118 y admitido el 17 de septiembre de 202119.

5.2. En su recurso la parte demandada solicitó revocar íntegramente la sentencia
de primera instancia y pidió: (i) no excluir a ACUACAR del proceso “ya que es el
propietario de las redes y manjoles, por consiguiente, esta a su cargo de la
construcción, mantenimiento y rehabilitación de las obras realizadas con motivo (sic)
contrato de obra pública No. 6-0399169 de 2014”; (ii) liquidar el contrato; (iii) negar
la pretensión de incumplimiento contractual, pues el Distrito no incurrió en
incumplimiento alguno “y antes por el contrario siempre estuvo presto en dar
liquidación al contrato de obra pública No. 6-0399169 de 2014”; (iii) “Que se ordene
al pago de los valores correspondiente de las actas No 3 y Final del contrato de obra

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pública No. 6-0399169 de 2014”; y “Que se exonere al Distrito de Cartagena al pago
de los intereses de mora y la corrección monetaria a la cual fue condenada mi
mandante en esta sentencia”.

5.2.1. Como sustento precisó que no era viable desvincular a ACUACAR del
proceso, pues como propietaria de las redes debe cumplir lo establecido en el
reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS -, de ahí
que le corresponde asumir los costos causados por la reubicación de las redes de
acueducto, alcantarillado y manjoles.

5.2.2. Con relación al incumplimiento de la entidad contratante por no liquidar el
contrato, consideró que quedó demostrada su intención de llevar a cabo la
liquidación, anotando que la dificultad que surgió a este respecto se debió a las
obras adicionales por la reubicación de las redes que no son de propiedad de la
demandada.

5.2.3. Sostuvo que en diligencia de interrogatorio el representante legal del
Consorcio “confesó haber recibido el pago del acta parcial No. 3, con lo cual queda
descartada la segunda pretensión de la demanda”.

5.2.4. Finalmente, adujo que no se cumplieron los requisitos para el pago de las
actas parciales de obra, las cuales debían ser suscritas por el ordenador del gasto,
quien “tiene la facultad de obligar a la entidad (…) una razón más para que no se
haya podido pagar actas parciales no 3, 4 y final”.

6. Actuación en segunda instancia

6.1. Mediante providencia del 17 de septiembre de 202120, se corrió traslado a las
partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto,
respectivamente.

6.2. La parte demandada21 reiteró lo afirmado en su recurso de apelación.

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6.3. La parte demandante, ACUACAR y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
analizará los siguientes aspectos: (1) jurisdicción y competencia; (2) medio de
control procedente; (3) caducidad; (4) problemas jurídicos; (5.) solución a los
problemas jurídicos; (5.1.) régimen del contrato sometido a juicio; (5.2.) legitimación
en la causa; (5.3.) solución al caso concreto; (5.3.1.) hechos probados; (5.3.2.)
análisis del caso concreto; y (6) costas.

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la
constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre
contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede
judicial.

Por su parte, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente
asunto, dada la vocación de doble instancia del proceso, el cual versa sobre un
contrato celebrado por el Distrito de Cartagena de Indias, entidad territorial 22 de
aquellas expresamente mencionadas por el artículo 2º de la Ley 80 de 199323,
teniendo en cuenta que la cuantía para el año 201624 supera los 500 SMLMV, de

22 De conformidad con el artículo 286 de la Constitución Nacional “Son entidades territoriales los

departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”.
23 Ley 80 de 1993, artículo 2º: “Para los solos efectos de esta ley:

1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos
especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los
municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por
ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en
las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas
adopten, en todos los órdenes y niveles”.
24 Para el año 2016 el valor del salario mínimo legal mensual vigente era de $689.455. Información

obtenida de la página oficial del Banco de la República de Colombia
https://www.banrep.gov.co/es/salarios. Para este año, el tope correspondiente a los 500 SMLMV
equivalía a $344.727.500. En este caso, la cuantía de la demanda se estimó en un monto de
$2.912.284.173.

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conformidad con lo establecido en los artículos 15025 y 152-526 del CPACA, vigentes
a la fecha de la presentación de la demanda.

2. Del medio de control procedente

De acuerdo con el artículo 14127 del CPACA, el medio de control de controversias
contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura
de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del
negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta
procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y
liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos
proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que
se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las
declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su
revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable
a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras
declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero
que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del
contrato.

25 “ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de
queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia”.
26 “ARTÍCULO 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes

asuntos: […] 5. De los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en que sea parte una
entidad pública en sus distintos órdenes o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado,
y de los contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios en
los cuales se incluyan cláusulas exorbitantes, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales vigentes”.
27 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”

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En el presente caso la acción contractual ejercida por la parte actora es adecuada,
por cuanto a través de su demanda persigue que se declare el incumplimiento del
Contrato No. 6-039169 de 2014 y solicita la correspondiente indemnización de
perjuicios, así como tambien la liquidación judicial del negocio jurídico.

3. Caducidad

El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), dispone que el medio
de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis
dependiendo de si el contrato es de ejecución instantánea, si no requiere de
liquidación o si, por el contrario, se trata de un contrato que sí la requiera:

“Art. 164.- Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
(…)
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
(…)
j) En las relativas a contratos el término para demandar será de dos (2) años que
se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de
derecho que les sirvan de fundamento.

Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para
demandar será de dos (2) años que se empezarán a contar desde el día siguiente
al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta
del contrato mientras este se encuentre vigente.

En los siguientes contratos, el término de dos (2) años se contará así:
“i) En los de ejecución instantánea desde el día siguiente a cuando se cumplió o
debió cumplirse el objeto del contrato;
ii) En los que no requieran de liquidación, desde el día siguiente al de la terminación
del contrato por cualquier causa;
iii) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por
las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta;
iv) En los que requieran de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la
administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que
la apruebe;
v) En los que requieran de liquidación y esta no se logre por mutuo acuerdo o no se
practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de dos
(2) meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo
bilateralmente o, en su defecto, del término de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que
la disponga;

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k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones
judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en
cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para
solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de
la obligación en ellos contenida;
l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una
condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será
de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más
tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago
de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.” (subrayado fuera del
texto)

De acuerdo con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual
los términos que hubieren empezado a correr se deben regir por las normas
vigentes para el momento en que estos iniciaron a correr28, en el caso concreto la
Sala abordará la caducidad de la acción atendiendo lo dispuesto en el literal j),
numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, pues el contrato de obra suscrito
entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de
liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 60 29 de la Ley 80 de
1993 y dicha liquidación no se ha efectuado.

En este orden de ideas, en el sub examine la Sala encuentra establecido que la
demanda fue presentada dentro de los dos años de que trata literal j) del numeral

28 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 24 de abril de 2017. Rad.: 50602. En esta

providencia se indicó lo siguiente:
“En punto de la aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, para la determinación de la regla
de caducidad cuando se presentan conflictos entre normas que, en principio, regulan la misma
situación, esta Corporación puntualizó […] la Sala considera que el 40 debe aplicarse para definir el
conflicto en el tiempo respecto de la aplicación de normas sobre caducidad, en tanto se trate de
términos que ya hubieren empezado a correr sin que haya iniciado el respectivo proceso. En efecto,
cuando el artículo 40 ibídem se refiere a las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de
los juicios, está haciendo mención a las normas procesales, entre otras, a las normas de caducidad
que, tal y como lo indica dicha norma, son de aplicación inmediata. Teniendo en cuenta lo anterior,
se modifica lo dicho por la Sala en la providencia del 27 de mayo de 2005, en los términos de este
proveído, de manera que, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo
de su celebración salvo cuando se trate de leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los
derechos que resultaren del mismo, entre las cuales se consideran incluidas las normas que
establecen términos de caducidad para el ejercicio de las acciones, que por ser de carácter procesal,
son de aplicación inmediata. En este orden de ideas, se tiene que la norma de caducidad aplicable
deberá ser la vigente al momento en que ya hubieren empezado a correr los términos contemplados
en normas legales anteriores, las cuales se aplicarán de manera preferente”.
29 Ley 80 de 1993 “Artículo 60. De su ocurrencia y contenido. <Aparte subrayado derogado por el

artículo 32 de la Ley 1150 de 2007. Entró a regir a partir del 16 de enero de 2008, según lo ordena
el artículo 33 de la misma Ley> Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de
común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado
en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del
vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del
acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”.

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2º del 164 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que:

(i) El Contrato de Obra No. 6-039169 de 2014 terminó el 15 de diciembre de
2015, de conformidad con la fecha de finalización del plazo de ejecución pactado
en la última prórroga acordada entre las partes (hecho probado 5.3.1.5.) y la fecha
de suscripción del acta de recibo final de la obra (hecho probado 5.3.1.8.).
(ii) A partir de ese momento, comenzó a correr el plazo de 4 meses acordado
en la cláusula trigésima segunda del Contrato para la liquidación voluntaria del
mismo. Esto significa que dicho término transcurrió entre el 15 de diciembre de
2015 y el 15 de abril de 2016. También se encuentra establecido que durante dicho
periodo no se efectuó la liquidación de este contrato, tal como fue afirmado por
ambas partes en el proceso.
(iii) Por lo anterior, el 16 de abril de 2016 empezó a correr el plazo de dos (2)
meses que tenía el Distrito para liquidar unilateralmente el Contrato de Obra, el cual
venció el 16 de junio de 2016. También se encuentra establecido que durante dicho
periodo la entidad no efectuó la liquidación unilateral de este contrato.
(iv) Expirado el anterior término, comenzó a correr el plazo de dos (2) años
que tenía el Consorcio para el ejercicio oportuno de la acción, habiéndose
suspendido con la solicitud de conciliación extrajudicial presentada por la
demandante el 25 de agosto de 2016, la cual finalizó el 24 de noviembre de 2016
cuando se declaró fallida.30
(vi) Teniendo en cuenta que la demanda se presentó el 1 de diciembre de 2016,
la Sala concluye que ello tuvo lugar dentro del término previsto en el numeral 2º,
literal j) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

4. Problemas jurídicos

Para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si ACUACAR, vinculado al
proceso en calidad de tercero con interés directo, se encuentra legitimado en la
causa. En segundo lugar, la Sala deberá determinar si, de conformidad con los
hechos probados, el ente territorial demandado incumplió el contrato No. 6-039169
de 2014 y si se reúnen los presupuestos de la responsabilidad contractual.

30 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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5. Solución a los problemas jurídicos.

5.1. Régimen del contrato de obra No. 6-039169 de 2014

Antes de resolver los problemas jurídicos planteados, conviene referirse
brevemente al régimen del contrato sometido a juicio. A este efecto, teniendo en
cuenta que el contrato de obra No. 6-039169 de 2014, fue suscrito por el Distrito y
el Consorcio con el objeto de realizar la “CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN
DE VIAS EN LA UCG 13, 14 Y 15 DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA
DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS”, se colige que el régimen aplicable al
negocio jurídico es el previsto en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al
derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su
celebración31, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el
análisis de las pretensiones de la demanda.

Cabe añadir que el artículo 32-1 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra como
aquel que “celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento,
instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre
bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. De igual
manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que el estatuto general de
contratación de la administración pública establece que las estipulaciones
contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la
naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo las partes
acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que
consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento
jurídico32.

31 Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887 “En todo

contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”.
32 El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en efecto dispone: "Del contenido del contrato estatal. Las

estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las
previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. / Las entidades podrán celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los
fines estatales. / En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público
y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración."

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5.2. Legitimación en la causa

5.2.1. De conformidad con lo establecido en el artículo 14133 del CPACA, según el
cual la legitimación en las acciones contractuales se encuentra, en principio 34, en
cabeza de las partes del contrato, la Sala concluye que el Consorcio y el Distrito
están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, toda vez
que son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia objeto
de examen en sede judicial (hecho probado 5.3.1.2.).

5.2.2. En lo que se refiere al reparo del recurrente frente a la legitimación en la causa
por pasiva de ACUACAR, vinculado al proceso como un tercero con interés directo,
la Sala concluye que no se encuentra legitimado, según se expone a continuación.

5.2.2.1. En el recurso de apelación presentado por el Distrito contra la sentencia del
26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la
recurrente reiteró que la empresa Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. está legitimada
en la causa por pasiva, puesto que es la propietaria de las redes de acueducto,
alcantarillado y manjoles y es la encargada de asumir los sobrecostos causados en
las obras que realizó, con ocasión del contrato No. 6-039169 de 2014, para cumplir
lo establecido en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento
básico – RAS.

5.2.2.2. La legitimación en la causa por activa corresponde a la capacidad jurídica
y procesal de la parte demandante para comparecer en juicio y formular

33 “ARTÍCULO 141. CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Cualquiera de las partes de un contrato

del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que
se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y
condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no
se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro
de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo
o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual,
podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la
nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes
contratantes o sus causahabientes.”
34 Es menester señalar que además de las partes del contrato, tanto el Ministerio Publico como los

terceros que acrediten un interés directo podrán acudir al medio de control de controversias
contractuales para solicitar la nulidad absoluta del contrato.

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pretensiones. La legitimación en la causa es (i) de hecho y (ii) material. La
legitimación de hecho es la relación procesal que se establece entre el demandante
y el demandado por intermedio de la pretensión procesal y la legitimación material
alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen
de la formulación de la demanda y es una condición anterior y necesaria para dictar
sentencia de mérito35.

5.2.2.3. A partir de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 141 del
CPACA, la Sala comparte la decisión del Tribunal en el sentido de declarar probada
la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por ACUACAR, toda vez
que dicha entidad no fue parte en el contrato de obra que dio origen a la controversia
ni tuvo una relación sustancial con las obligaciones presuntamente incumplidas de
efectuar los pagos al contratista en el término pactado y liquidar el contrato, de ahí
que no le asiste un interés, pues, se reitera, dentro de la responsabilidad contractual
solo el Distrito como parte contratante estaría llamado a responder frente al
consorcio demandante por la desatención de las obligaciones que se endilgan en el
libelo de la demanda.

Cabe aquí recordar que, de conformidad con el artículo 1602 CC, todo contrato
legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino
por su consentimiento mutuo o por causas legales, por lo que, en principio, como
ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él -efecto relativo
de los contratos- y su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y
no por terceros ni a terceros.

5.3. Solución al caso concreto

En el recurso de apelación presentado por el Distrito contra la sentencia del 26 de
febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, la recurrente,
en lo que atañe a la responsabilidad contractual, centró su reproche en afirmar que
no existió incumplimiento contractual de parte del Distrito, comoquiera: (i) que
quedó demostrada su intención de liquidar el contrato, (ii) que el acta parcial No. 3

35 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2004, Rad. nº. 14452.

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si fue cancelada, y (iii) que las actas parciales 3, 4 y final no fueron suscritas por el
ordenador del gasto, lo que impidió su pago efectivo.

Comoquiera que solo la parte demandada presentó recurso de apelación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 32036 y 32837 del C.G.P.38, se
resolverá el asunto sub lite únicamente en relación con los reparos expuestos por
la recurrente.

Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe
resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de
201239, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra
sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo,
toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está
llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio
dispositivo y de congruencia. Así lo refirió esta Sección en aquella oportunidad:

“(…) En este orden de ideas, para la Sala Plena de la Sección Tercera resulta claro –
y alrededor de este planteamiento unifica en esta materia su Jurisprudencia– que por
regla general el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia lo
constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen
en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en
principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente, están
llamados a excluirse del debate en la instancia superior, sin perjuicio de los casos
previstos o autorizados por la Constitución Política o por la ley, toda vez que en el
recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia de la sentencia como
el principio dispositivo, razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que
“las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la

36 “Artículos 320: “El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión […]”.
37 “Artículo 328. Competencia del Superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse

solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan
apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
38La aplicación del Código General del Proceso en el caso concreto se fundamenta en lo resuelto

por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en auto del 5 de junio de 2014, mediante el cual
se unificó la jurisprudencia para señalar que el Código General del Proceso en la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo entró a regir a partir del 1º de enero de 2014 y que “en los eventos de
remisión al Código de Procedimiento Civil, se entenderá que las normas aplicables serán las
dispuestas en la nueva legislación procesal”, sin perjuicio del régimen de transición previsto en el
artículo 624 del Código General del Proceso, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887. Cfr.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto del 25 de junio de 2014.
Rad.:49299.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 2012, Rad.: 21060.

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competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de
sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem:
‘tantum devolutum quantum appellatum”.

En esa misma sentencia de unificación, la Sala Plena reiteró que mediante el
recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión
judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez
de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al
superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia.

Así las cosas, la Sala entrará a pronunciarse respecto de los cargos y reparos
atinentes al incumplimiento de las obligaciones contractuales del Distrito.

Bajo esta óptica, se procederá a establecer cuáles son los hechos probados que
resultan relevantes para decidir la controversia sometida a juicio en esta instancia.
De igual manera, se relacionarán las pruebas adicionales para resolver el caso sub
judice.

5.3.1. Hechos probados

En el caso concreto la Sala analizará los documentos aportados al proceso de
conformidad con lo previsto en el artículo 24640 del C.G.P.

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

5.3.1.1. Está acreditado que al proceso licitatorio No. LP001INFRA2014 Grupo No.
4 se presentó el Consorcio Industria y Bahía, según da cuenta la copia simple del
contrato de obra No. 6-03916941 y del oficio del 19 de agosto de 2014, mediante el
cual se le informa al Distrito la conformación del Consorcio integrado por las

40 “Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del

original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una
determinada copia […] Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca
copia de un documento podrá solicitar su cotejo con el original, o a falta de este con una copia
expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará mediante exhibición dentro de la
audiencia correspondiente”.
41 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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sociedades Construcciones y pavimentos Ltda., JV Ingeniería y construcciones
S.A.S. y Excavaciones JOBEPA SL sucursal en Colombia42.

5.3.1.2. Está probado que el 28 de octubre de 2014, el Distrito y el Consorcio
Industria y Bahía suscribieron el contrato de obra No. 6-039169, cuyo objeto, al tenor
de su cláusula primera, consistió en la “ejecución de la obra pública
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VIAS EN LA UCG 13,14 Y 15 DE LA
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS. Por el sistema de precios unitarios, de conformidad con los requerimientos
hechos por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias”, según da cuenta copia simple
del contrato43.

En cuanto al plazo de ejecución, en la cláusula cuarta quedó establecido que “tendrá
una vigencia (sic) diez (10) meses contados a partir de la aprobación de la garantía
única, suscripción de acta de inicio, cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato. La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en
la cual Se suscriba el Acta de Recibo Final. Para que se pueda suscribir el Acta de
Recibo Final, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y
obligaciones contenidos en el presente Contrato y sus anexos.”

De acuerdo con la cláusula quinta, el valor del contrato fue de $14.352.488.348 y
como forma de pago se indicó que se entregaría un anticipo correspondiente al 40%
del valor del contrato y que el saldo restante sería pagado con la suscripción de
actas parciales de entrega recibidas a satisfacción por la interventoría y avaladas
por el supervisor, previa amortización del anticipo, y allegadas con los soportes de
pago de seguridad social y parafiscales. A su vez, se estableció que los pagos
serían efectuados dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de cada
factura, con excepción del valor correspondiente al acta final, que se haría efectivo
con el acta de liquidación del contrato.

Con relación a las obligaciones del contratista, en la cláusula octava se estableció
que el Consorcio, entre otras, ejecutaría el contrato de conformidad con lo previsto

42 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
43 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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en el programa general de trabajo aprobado por el supervisor. Por su parte, frente
a las obligaciones a cargo del Distrito, en la cláusula décima se estableció que este
pagaría el valor de la obra, de acuerdo con los términos establecidos en el Contrato,
en concordancia con la cláusula décima primera, en la que se indicó que el
Consorcio debía recibir la remuneración por la ejecución de la obra en los términos
pactados.

En la cláusula décima séptima se estipuló que el valor liquidado en cada acta de
obra “será el producto de las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios
incorporados en la "Lista de Cantidad de Obra. Precios Unitarios y Valor Total de la
Propuesta", las cuales deberán ser aceptadas por el supervisor, y se pagaran en la
forma estipulada en este contrato”.

De igual modo, respecto a las obras adicionales, en la cláusula décima quinta se
acordó que “requerirán de contrato adicional y se sujetan al procedimiento de ley
para la celebración del respectivo contrato a que haya lugar. En caso que el contrato
adicional se realice con El contratista, no podrá dar inicio a las mismas, hasta tanto
no se halla perfeccionado el contrato, y en el evento, que ejecute las obras
adicionales sin contrato y sin disponibilidad presupuestal previa, lo hace bajo su
riesgo, y el Distrito no estará obligado a su reconocimiento”.

Finalmente, en la cláusula trigésima segunda, se estableció que “el presente
contrato se liquidará de común acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto
contratado y unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la
misma y cuando se hubiere decretado la terminación o caducidad del contrato, lo
que se hará dentro de un término no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir
de la finalización o cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que quede
en firme el acto que declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato. La
administración convocará al contratista para la liquidación del contrato dentro del
término aquí previsto”.

5.3.1.3. Se demostró que el contrato inició el 22 de diciembre de 2014, según se
infiere de las consideraciones previas a la suscripción del otrosí No. 144.

44 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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5.3.1.4. Quedó acreditado que el 19 de octubre de 2015 las partes manifestaron que
“encontrándose vigente el contrato” acordaban suscribir el otrosí No. 1 con el objeto
de prorrogar el plazo hasta el 30 de noviembre de 2015, según da cuenta la copia
simple del documento45.

5.3.1.5. Está probado que el 27 de noviembre de 2015 las partes suscribieron el
otrosí No. 2 con el objeto de ampliar el plazo del contrato hasta el 15 de diciembre
de 2015, según da cuenta la copia simple del documento46.

5.3.1.6. Consta que se suscribieron las siguientes actas parciales de recibo a
satisfacción de las obras, según da cuenta la copia simple de estos documentos,
cada uno suscrito por el contratista y el interventor47:

(i) Acta de recibo parcial de obras No. 1 del 30 de junio de 2015, por valor
de $5.292'946.213, monto del que en el acta se deduce el 40% por
amortización del anticipo ($2.117'178.485,2), para un valor neto a pagar
por $3.175'767.727,8.
(ii) Acta de recibo parcial de obras No. 2 del 31 de agosto de 2015, por valor
de $3.592'433.133, monto del que se dedujo el 40% por amortización del
anticipo ($1.436'973.253,2), para un valor neto a pagar por
$2.155'459.879,8.
(iii) Acta de recibo parcial de obras No. 3 del 30 de noviembre de 2015, por
valor total de $3.276.636.387, del que se dedujo el 40% por amortización
del anticipo ($1.310.654.555), para un valor neto a pagar por
$1.965.981.832,5. Del consolidado adjunto se evidencia que se
actualizaron las obras de los 47 ítems en que se dividieron los trabajos a
efectuar mediante la división de sectores, esto es, sector 1: San pedro
martur, sector 2: el educador, sector 3: la consolata, sector 4: San
Fernando, sector 5: vista hermosa y sector 6: ternera.
(iv) Acta de recibo parcial de obras No. 4 del 15 de diciembre de 2015, por
valor total de $2.190`472.615, suma de la que en el acta se descuenta el

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46 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
47 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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40% correspondiente a amortización del anticipo ($876.189.046), para un
valor neto a pagar por $1.314.283.569. Del consolidado adjunto se
evidencia que se actualizaron las obras de los 47 ítems en que se
dividieron los trabajos a efectuar mediante la división de sectores, esto
es, sector 1: San pedro martur, sector 2: el educador, sector 3: la
consolata, sector 4: San Fernando, sector 5: vista hermosa y sector 6:
ternera.

5.3.1.7. Quedó probado que en septiembre de 2015 el Consorcio entregó a la
Interventoría el análisis de precios unitarios de 14 ítems no previstos al momento de
la suscripción del contrato, según da cuenta la copia simple del oficio48.

5.3.1.8. Se probó que el 15 de diciembre de 2015 el Consorcio y el interventor
suscribieron el acta final de obra en la que consignaron un valor neto a pagar por la
suma de $1.868.953.333, correspondiente al valor del acta de recibo parcial No. 4
($1.314.283.569) más unas “mayores cantidades” de obra por la suma de
$554.669.764, según da cuenta la copia simple del documento49. Cabe resaltar que
en esta acta se indicó que el contrato se ejecutó en un 100%.

5.3.1.9. Consta que la Interventoría, mediante comunicación sin fecha50, justificó “el
aumento de las cantidades de obra y del presupuesto, lo cual se encuentra
debidamente evidenciado en las actas de mayores y menores cantidades de obra
anexas a este documento, además de estar evidenciado el seguimiento y control de
las mismas en los comités semanales de obra”.

5.3.1.10. Está acreditado que el Distrito realizó diferentes pagos al Consorcio, tal
como se puede evidenciar en los comprobantes de egresos allegados al proceso
por la demandada51.

En punto de la cuestión sometida a juicio en esta sede judicial, es relevante indicar
que en el proceso obra el comprobante de egreso No. CE1600034055 del 19 de

48 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
49 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
50 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
51 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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diciembre de 2016 a favor del Consorcio, atinente al pago del acta parcial No. 3 por
valor de $1.546.572.374,5, una vez realizados los descuentos legales de rete
fuente, retención de ICA Previsora, sobretasa deportiva Previsora, estampilla
Universidad de Cartagena Fiduprevisora, Ley 104 retención obras públicas
Previsora, estampilla años dorados Previsora, estampilla pro-adulto mayor e
impuesto distrital de guerra. Frente al acta parcial No. 4 y el acta final no se
encuentra prueba del egreso correspondiente.

5.3.1.11. Reposa el oficio del 18 de abril de 201852, suscrito por la Tesorería del
Distrito, en el cual se indica:

“(…) nos permitimos informar que revisado el Sistema Presupuestal Distrital —
PREDIS el CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHIA - NIT. 900.773.328 presentó acta
parcial 3 y un acta final correspondiente al contrato 6-039169.

Estas cuentas se encuentran en estado pagada, lo que quiere decir que cumplieron
con el lleno de los requisitos dentro de nuestro proceso.

Cabe mencionar que con el nombre "acta parcial 4" no se ha presentado
documentación alguna, ni se evidencia tramite de pago”.

5.3.1.12. Consta que mediante oficio del 20 de abril de 201853 dirigido al Tribunal
Administrativo de Bolívar que conoció el presente asunto en primera instancia,
suscrito por la Interventoría, se consignó que los valores en discusión corresponden
al monto del acta final “según lo contractual” ($1.868.953.333) y a las “obras
adicionales que se hicieron para poder concluir las obras a satisfacción”
($554.669.764), en efecto, el oficio reza:

“(…) El valor en discusión se discrimina de la siguiente manera:
Valor última acta de obra según lo contractual $1.868.953.333,00
Valor de las obras adicionales que se hicieron para poder concluir las obras a
satisfacción $ 554.669.764,00.”

5.3.1.13. Reposa en el expediente un contrato de gestión suscrito entre el Distrito y
ACUACAR con el fin de:

“(…) conceder a ACUACAR por cuenta, riesgo, y en representación del DISTRITO,
y a cambio de los derechos consagrados para los accionistas en los estatutos de
ACUACAR, las facultades y deberes necesarios para:

52 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
53 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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1. Mantener, operar y explotar todos los edificios, máquinas, bienes y redes de que
actualmente dispone EL DISTRITO, y que se detallan en el Anexo I, para captar,
procesar, transportar y distribuir agua potable dentro de la zona cuyos linderos
y mapas aparecen en el Anexo II, y en las condiciones de eficiencia y calidad
que en el Anexo VIII se describen.

2. Mantener, operar y explotar todos los edificios, máquinas, bienes y redes de que
actualmente dispone EL DISTRITO, y que se detallan en el Anexo III para captar,
transportar, tratar y disponer de las aguas residuales dentro de la zona cuyos
linderos y mapa aparecen en el Anexo IV, y en las condiciones de eficiencia y
calidad que en el Anexo VIII se describen,

La entrega que se hace de los bienes mencionados en los Anexos I y III, y que
constará en actas, no transfiere su propiedad a ACUACAR; sin embargo,
mientras el contrato no termine este tendrá propiedad plena sobre los que
adquiera o construya, con sus propios recursos, para el cumplimiento de este
contrato, de todo lo cual mantendrá inventario actualizado. ACUACAR usará
estos bienes únicamente para los propósitos y dentro del régimen del presente
contrato (…)”.

5.3.1.14. La actora allegó al proceso un proyecto de acta de liquidación bilateral del
contrato suscrita exclusivamente por el Consorcio, según da cuenta la copia simple
del documento54.

5.3.1.15. Finalmente, en el proceso se practicó interrogatorio de parte a la actora, el
cual fue rendido por el representante legal del Consorcio, señor Guillermo Quintero
Márquez, quien señaló que el Distrito lo citó varias veces para liquidar el contrato,
elaborándose un borrador del acta de la liquidación que nunca se firmó por ambas
partes.

De conformidad con el artículo 194 del Código General del Proceso el interrogatorio
de parte es la forma en la que se provoca la confesión judicial y solo puede apreciarse
en los términos del artículo 191 de la misma normativa, es decir, en aquello que le
produzca consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezca a la parte
contraria, y con el cumplimiento de los demás requisitos que establece esta norma, a
saber: i) que el confesante tenga capacidad y poder dispositivo sobre el derecho que
resulte de lo confesado, ii) que recaiga sobre hechos sobre los cuales la ley no exija
otro medio de prueba, iii) que sea expresa, consciente y libre, iv) que verse sobre
hechos personales del confesante y v) que se encuentre probada, cuando fuere
extrajudicial o judicial trasladada.

54 Índice 2. Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

La Sala le dará mérito probatorio a esta prueba, en el entendido que comporta una
confesión que desprende consecuencias jurídicas adversas a sus intereses, al
demostrado que el Distrito citó en varias ocasiones al Consorcio para liquidar el
contrato.

5.3.2. Análisis del caso concreto

En la sentencia recurrida el a-quo declaró el incumplimiento contractual por el pago
extemporáneo del acta No. 3 y por la falta de pago del acta final de obra, así como
la inobservancia del deber de liquidar unilateralmente el contrato tras la
imposibilidad de las partes de llegar a un consenso para hacerlo en forma bilateral,
como consecuencia de lo cual condenó a los intereses moratorios sobre el acta No.
3 y al pago del acta final de obra junto con intereses de mora, y denegó las restantes
pretensiones.

A su turno, en su recurso de apelación la entidad demandada, a más de solicitar
que no se excluya a ACUACAR del proceso, reprochó la declaratoria de
incumplimiento contractual, por cuanto no se cumplieron todos los presupuestos
para el pago de las actas parciales de obra 3, 4 y final, aunado a que estuvo presto
a liquidar el contrato y actuó de buena fe.

En este orden de ideas, a continuación, la Sala abordará de forma independiente el
examen de los cargos formulados en el recurso de alzada.

5.3.2.1. De los presupuestos de la responsabilidad contractual

5.3.2.1.1. Le corresponde al juez del contrato determinar si se reúnen los elementos
propios de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la
inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un
contrato existente y válido.

Por tanto, además de la existencia y validez del contrato, es necesario encontrar
demostrado en el proceso que la obligación derivada del negocio jurídico celebrado
fue totalmente incumplida o se cumplió de manera defectuosa o tardía por la parte

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

demandada, debiendo acreditarse, igualmente, que el incumplimiento produjo un
daño o lesión al patrimonio de la parte que reclama la responsabilidad y el vínculo
de causalidad entre el incumplimiento y el daño55.

Adicionalmente, como es bien sabido, en principio es carga del actor demostrar
todos los elementos de la responsabilidad y, dentro de ellos, no solamente el
incumplimiento de la obligación a cargo de la demandada -que en el presente asunto
se hizo consistir en la inatención de la obligación de pagar en forma oportuna las
obras ejecutadas y liquidar el contrato-, sino también los perjuicios que se reclaman,
los cuales, de acuerdo con lo afirmado en la demanda, corresponden los intereses
moratorios causados, los mayores costos por financiación y costos directos e
indirectos en que incurrió el Consorcio por los dineros no cancelados y los perjuicios
morales consistentes en la afrenta social y comercial derivada de la situación de
incumplimiento en que, a su turno, han tenido que afrontar los socios y directivos
del Consorcio.

5.3.2.1.2. Con relación a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta
que el deudor debe cumplir su obligación cuando la misma es exigible, circunstancia

55 Sobre la responsabilidad contractual y sus elementos, la Corte Suprema de Justicia ha precisado:

[…] Trátese aquí, según puede establecerse, de un proceso de responsabilidad civil contractual,
razón por la cual el acogimiento de la acción depende de la demostración, en primer término, de la
celebración por las partes del contrato a que se refiere la misma y, en segundo lugar, de los
elementos que son propios a aquella, a saber: el incumplimiento de la convención por la persona a
quien se demanda; la producción para el actor de un daño cierto y real; y, finalmente, que entre uno
y otro de tales elementos medie un nexo de causalidad, es decir, que el perjuicio cuya reparación se
persigue sea consecuencia directa de la conducta anticontractual reprochada al demandado.
[…]
Si los contratos legalmente celebrados ‘son una ley para los contratantes’ (art. 1602 C.C.) y, por
consiguiente, ‘deben ejecutarse de buena fe’ y ‘obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a
todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen
a ella’ (art. 1603 ib.), lógico resulta que su incumplimiento injustificado esté sancionado por la ley
misma y que tal comportamiento, por ende, habilite al contratante inocente para solicitar, por una
parte, se ordene su cumplimiento forzado o se disponga su resolución y, por otra, cuando la
infracción le ha ocasionado un daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma
accesoria a la petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible
[…]
Sobre el particular tiene dicho esta Sala de la Corte: ‘El contrato legalmente celebrado vincula a las
partes y las obliga a ejecutar las prestaciones convenidas, de modo que si una de ellas incumple las
obligaciones que se impuso, faculta a la otra para demandar bien que se le cumpla, que se le resuelva
el contrato o el pago de los perjuicios que se le hayan causado por el incumplimiento, pretendiendo
éstos últimos ya de manera principal (arts. 1610 y 1612 del C.C.) o ya de manera accesoria o
consecuencial (arts. 1546 y 1818 del C.C.), los que se encaminan a proporcionar a la parte cumplida
una satisfacción pecuniaria de los daños ocasionados” (Subrayado fuera del texto original). Sentencia
CSJ Sala de Casación Civil, 9 de marzo de 2001, rad. 5659.

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que se presenta: (i) cuando es pura y simple, desde su nacimiento; (ii) si es a plazo,
al vencimiento del mismo y (iii) si es condicional, al cumplirse la condición.

Ahora bien, si una vez la obligación es exigible y la misma no es satisfecha por el
deudor, se produce el retardo que puede tener lugar por la inejecución de la
obligación principal o por su ejecución defectuosa o tardía, pero para que tal retardo
permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, es necesario
además: (i) que el incumplimiento sea imputable al deudor; (ii) que el acreedor haya
sufrido perjuicio a consecuencia de tal incumplimiento y (iii) que si la obligación es
positiva, el deudor esté constituido en mora56.

5.3.2.2. De la obligación de liquidar el contrato estatal

5.3.2.2.1. En su demanda el Consorcio afirma que el Distrito no procedió a liquidar
el contrato congelando el pago adeudado, de tal suerte que hay lugar al
reconocimiento de los perjuicios alegados. A su vez, el Distrito en el recurso de
apelación indica que cumplió con sus deberes de citar al Consorcio e intentar
alcanzar un acuerdo bilateral, lo que a la postre no se logró ante las diferencias que
se presentaron entre las partes porque el contratista pretendía el reconocimiento de
obras y actividades que, a juicio del ente territorial, no le competía asumir.

5.3.2.2.2. A este efecto, debe comenzar señalándose que la jurisprudencia de esta
Corporación de modo uniforme y reiterado ha sostenido que la liquidación del
contrato corresponde a una etapa posterior a su terminación, que tiene por finalidad
conocer en qué estado quedó la ejecución de las prestaciones a cargo de las partes,
establecer el resultado final del contrato y determinar el balance económico de la
relación contractual, definiendo quién le debe a quién y cuánto57.

Por su parte, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
establece la obligación de liquidar los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y aquellos que lo requieran, y

56 Al respecto, establece el artículo 1615 del Código Civil: “CAUSACION DE PERJUICIOS. Se debe

la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es
de no hacer, desde el momento de la contravención”
57Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de noviembre de 2008, expediente

17031 y sentencia del 2 de marzo de 2022. Rad.: 64165, entre otras.

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dispone que las partes deben, en principio, efectuar dicha liquidación de mutuo
acuerdo, conviniendo a dicho efecto “(…) los ajustes, revisiones y reconocimientos
a que haya lugar”, debiendo constar en el acta de liquidación “(…) los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo”.

En efecto, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por artículo 32 de la Ley
1150 de 2007 y el artículo 217, Decreto 0019 de 2012, establece que “[l]os contratos
de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación”, añadiendo que
la misma “no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión”.

A partir de la norma anterior, resulta claro que respecto de determinados contratos
(“los de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el
tiempo y los demás que lo requieran”) la liquidación es una obligación a cargo de
las partes que emana de la ley, sin perjuicio, claro está, que en otro tipo de negocios
jurídicos los contratantes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, acuerden la
liquidación del contrato con el fin de establecer las acreencias o saldos pendientes
y determinar el resultado final de sus derechos y obligaciones.

Refiriéndose a la interpretación de la norma que se comenta, esta Corporación ha
puesto de presente:

“Así, una hermenéutica debida de los incisos primero y último transcritos del artículo
en mención desde una perspectiva gramatical y lógica, fuerza a concluir que la
liquidación es obligatoria en:

i. Los contratos de tracto sucesivo, esto es, aquellos cuyas obligaciones se
ejecutan de manera periódica o difieren en el tiempo o sucesivamente a
medida que se van causando;
ii. Aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo (sea por
la naturaleza periódica de las prestaciones o por las vicisitudes que se
presenten en su ejecución que lo dilaten o prorroguen) y
iii. Los demás que lo requieran, con fundamento a su naturaleza, objeto y plazo,
así como a su importancia o relevancia o por la eventualidad de
discrepancias y controversias en torno a su ejecución.

La razón para tal conclusión radica sencillamente en que la expresión “serán
liquidados”, significa que la norma tiene un carácter imperativo para que las partes
procedan en tal sentido respecto de los contratos enunciados. Hacia la misma

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dirección apunta lo previsto en el inciso final, según el cual la liquidación “no será
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión”, dado que, lógicamente conduce a afirmar que la liquidación es obligatoria
en los contratos que están cobijados por la regla general y no así en los que están
exceptuados expresamente en el último inciso, donde resultará potestativo o
facultativo realizarla.

Obviamente, para Sala es claro que las partes, en virtud de la autonomía de la
voluntad (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993, art. 1602 C.C.), pueden libremente pactar la
liquidación en aquellos contratos estatales en los que no resulte obligatorio en los
términos de la norma analizada.”58 (subrayado fuera del texto)

Ahora bien, prescribe el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que el plazo para realizar
la liquidación voluntaria o de mutuo acuerdo del contrato será el que los contratantes
tengan a bien acordar, siendo sólo a falta de estipulación que, de modo supletivo,
el legislador establece un término de cuatro (4) meses contados a partir de la
finalización del plazo de ejecución del contrato. A su turno, como es sabido, al
vencimiento del plazo convencional o legal para la liquidación bilateral, la ley
establece un término de dos (2) meses para que la entidad contratante la efectúe
en forma unilateral. Finalizados estos plazos sin que se hubiere efectuado la
liquidación, las partes no obstante se encuentran habilitadas para liquidar bilateral
o unilateralmente el contrato durante el término de caducidad de la acción, siempre
que no hubieren solicitado al juez del contrato la liquidación.

En este orden de ideas y tal como dispone el artículo 11 de la Ley 1150 de 200759,
la ley prevé distintos procedimientos para la liquidación del contrato estatal, a saber:
(i) la liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes contratantes, que
ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones o el acordado
en el contrato y, a falta de esta estipulación, en el término de cuatro (4) meses

58 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de junio de 2016. Rad.:
11001-03-06-000-2015-00067-00(2253)
59 Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007: “La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo

dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden
las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición
del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. // En
aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria
que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la
facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. // Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha
realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del C. C. A. Los contratistas tendrán
derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.”

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contados a partir de la finalización del plazo de ejecución contractual; (ii) la
liquidación unilateral efectuada por la Administración, la cual tiene lugar cuando el
contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o ésta no se intenta o
fracasa, evento en el cual “la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma
unilateral” el contrato mediante acto administrativo, disponiendo para ello de un
término de dos (2) meses, contados a partir del vencimiento del plazo convenido
por las partes para practicar la liquidación bilateral o, en su defecto, de los cuatro
(4) meses siguientes previstos en la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de
común acuerdo; y (iii) la liquidación por vía judicial, a propósito de la cual se tiene
que si la administración no liquida el contrato durante los 2 meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto, del establecido
supletivamente en la ley, el interesado puede acudir al juez del contrato, quien
deberá definir las prestaciones mutuas entre los contratantes, para lo cual cuenta
con el término de caducidad de la acción contractual.

Por su parte, en punto al momento a partir del cual se da inicio a la etapa de
liquidación del contrato y al plazo para la liquidación de mutuo acuerdo, es menester
reiterar que el inciso primero del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 dispone que la
liquidación bilateral se realizará “dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el
efecto”, añadiendo que cuando no existe estipulación contractual sobre el particular,
debe realizarse “dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del
término previsto para la ejecución del contrato, a la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga”.
A partir de lo anterior, resulta claro que la finalización del plazo de ejecución del
contrato marca el inicio de la etapa de liquidación del contrato estatal, comenzando
a correr el término para que la misma tenga lugar de mutuo acuerdo, cuando las
partes no hubieren convenido el plazo para llevar a cabo la liquidación de manera
bilateral. En caso contrario, esto es, habiéndose estipulado un término para la
liquidación voluntaria, habrá de estarse a lo pactado por los contratantes, quienes,
en el marco de su autonomía de la voluntad, podrán convenir que la fase de
liquidación inicie al vencimiento del plazo de ejecución contractual o en un momento
posterior, y dicha estipulación negocial constituirá ley para los contratantes, siendo
a partir de este momento que surge para las partes la obligación de concurrir a la
etapa de liquidación con miras a verificar el cumplimiento de sus obligaciones

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recíprocas, realizar un balance de las cuentas y arribar a un acuerdo respecto de
las reclamaciones derivadas de la ejecución contractual, incluyendo los arreglos,
transacciones y conciliaciones a los que lleguen.

Ahora bien, a falta de acuerdo entre las partes, la ley faculta a la Administración
para liquidar el contrato en forma unilateral a través de acto administrativo, de tal
modo que expirado el término convencional o el legal de 4 meses para llevar a cabo
la liquidación bilateral, nace la competencia material de la Administración para
efectuarla en forma unilateral. Es así como, en efecto, el inciso 2º del artículo 11
de la Ley 1150 de 2007 establece que “[e]n aquellos casos en que el contratista no
se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá
la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes
[…]”.

En este orden de ideas, la liquidación unilateral es subsidiaria de la bilateral, es
decir que solamente cuando se configura alguna de las mencionadas hipótesis la
Administración se encontrará habilitada para ejercer la facultad de liquidar el
contrato mediante la expedición del acto administrativo correspondiente60, pues la
ley le reconoce al contratista el derecho a acordar la liquidación bilateral, de tal
manera que deberá ser convocado por la entidad contratante a efectos de intentar
la liquidación del contrato de mutuo acuerdo, procurando su participación activa en
la misma61.

Al respecto, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha
señalado:

“[L]a finalidad del procedimiento administrativo de liquidación está encaminada,
ante todo a procurar que el contrato culmine de la misma forma en que tuvo su
génesis, es decir, mediante el acuerdo de voluntades. Para ello resulta
indispensable que la entidad pública agote todos los medios a su disposición para
procurar la participación activa del contratista en la liquidación […] si el contratista
nunca tuvo conocimiento del inicio del procedimiento, bien porque no fue
convocado, o bien porque se le impidió intervenir en el trámite del mismo, resulta
evidente que no será procedente ni legalmente viable el ejercicio de la prerrogativa

60 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp.15239.
61 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 28 de junio de 2016. Rad.:

11001-03-06-000-2015-00067-00(2253)

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de liquidación unilateral, entre otras razones por la vulneración del debido
proceso.”62

En suma, con carácter subsidiario la ley le confiere a la Administración competencia
para ejercer la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, decisión que se
materializa en un acto administrativo mediante el cual la entidad podrá determinar
las condiciones del estado que arroja la ejecución del contrato, “puede declararse
a paz y salvo o deudora o acreedora del contratista, lo mismo que tiene la potestad
de determinar, según su apreciación de los hechos y del derecho, todos los demás
aspectos que hacen parte de la liquidación del contrato”63.

5.3.2.2.3. En los términos analizados anteriormente, el negocio sub judice es sin
duda de aquellos cuya liquidación resulta obligatoria. Así se desprende del artículo
60 de la Ley 80 de 1993, asunto respecto del cual, por lo demás, en la cláusula
trigésima segunda del negocio jurídico las partes indicaron que “se liquidará de
común acuerdo por las partes al cumplimiento del objeto contratado y
unilateralmente cuando no haya acuerdo sobre el contenido de la misma y cuando
se hubiere decretado la terminación o caducidad del contrato, lo que se hará dentro
de un término no mayor de cuatro (4) meses, contados a partir de la finalización o
cumplimiento del contrato, o a partir de la fecha en que quede en firme el acto que
declare la caducidad o termine unilateralmente el contrato”.

Así las cosas, en lo que respecta a la liquidación de mutuo acuerdo resulta claro
que a la terminación del contrato de obra que ocupa la atención de la Sala, el Distrito
y el Consorcio estaban llamados a definir el balance final de cuentas y pagos, con
miras a establecer los saldos a favor o en contra de cada uno y procurar arribar a
un acuerdo respecto de sus mutuas reclamaciones derivadas de la ejecución
contractual, incluyendo los arreglos, transacciones y conciliaciones a los que
lleguen, finiquitando así el vínculo contractual.

En este sentido, cabe resaltar que, dado que la liquidación interesa tanto a la
Administración como al contratista, es sobre ambas partes que recae el deber de
actuar de manera diligente y oportuna a fin de establecer la situación de cada una

62 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 3 de octubre de 2012, Exp. 23.400.
63 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 28 de junio de 2016. Rad.:
11001-03-06-000-2015-00067-00(2253)

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de ellas de cara a las obligaciones y derechos emanados del contrato 64,
concurriendo a esta etapa con celeridad y activa participación a efectos de intentar
la liquidación de común acuerdo entre ellas, de donde resulta que la Administración
podrá eventualmente ver comprometida su responsabilidad cuando, por ejemplo,
procediere a liquidar unilateralmente el contrato antes del vencimiento del plazo
para la liquidación bilateral o hubiere impedido la participación del contratista
durante dicha etapa65.

5.3.2.2.4. De cara a las pruebas allegadas al expediente, quedó demostrado que el
Distrito y el Consorcio estuvieron prestos a participar en la etapa de liquidación
bilateral, evidenciándose que, en la práctica las partes no lograron llegar a un
acuerdo sobre el balance final del contrato, pues cada una tenía interpretación
diferente en torno al cruce final de cuentas.

En efecto, a partir del proyecto de acta de liquidación bilateral que solo fue suscrita
por el Consorcio (Hecho probado 5.3.1.14.) y principalmente de lo indicado por el
representante legal del Consorcio en el interrogatorio de parte (aparte 5.3.1.15.), se
puede inferir que entre las partes se intentó una liquidación de común acuerdo,
pudiéndose concluir que ciertamente atendieron los deberes que les correspondían
de cara a procurar un acuerdo sobre la cuenta final resultante de la ejecución del
contrato, a pesar de lo cual en la práctica no lograron conciliar sus diferencias.

De otra parte, cabe resaltar que no obra en el proceso prueba alguna que conduzca
a concluir que por parte de la Administración se hubiera incurrido en una dilación
injustificada en la etapa de liquidación del negocio jurídico sub examine, así como
tampoco existe prueba que dé cuenta de la existencia de solicitudes caprichosas o
infundadas.

En conclusión, no se demostró que el Distrito incumpliera la obligación de convocar
al Consorcio para intentar la liquidación bilateral, así como tampoco ningún medio
probatorio permite inferir que la Administración hubiera obstaculizado o dilatado
dicha etapa. A partir del material probatorio que reposa en el plenario lo que se

64 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 16 de agosto de 2001, Rad. 14384.
65 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencias del 16 de agosto de 2001, Rad. 14384 y del 20

de noviembre de 2008, Rad. 17031.

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concluye, en cambio, es que las partes concurrieron a la liquidación del contrato y
participaron activamente en la misma desde la finalización del plazo de ejecución
del contrato, a pesar de lo cual no lograron arribar a un consenso sobre los saldos
y el estado de sus derechos y obligaciones, lo que a la postre condujo a que la
solicitud de conciliación extrajudicial presentada por el Consorcio el 25 de agosto
de 2016 se declarara fallida el 24 de noviembre de 2016, procediendo a la
presentación de la demanda el 1 de diciembre de la misma anualidad.

5.3.2.2.5. Ahora bien, también reprocha la parte actora la falta de liquidación
unilateral del contrato. Sobre este particular, debe comenzar por recordarse que, a
diferencia de la bilateral que corresponde a una actuación conjunta de las partes,
aquella consiste en una decisión unilateral que adopta la entidad contratante
mediante acto administrativo debidamente motivado, proferido en virtud de la
facultad que la ley le otorga cuando el contratista no se presenta a la liquidación,
imposibilitando de este modo la realización de una liquidación conjunta, o cuando
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, situación que igualmente
impide la adopción de consuno del respectivo cruce final de cuentas66.

Debe destacarse que es la ley la que contempla la posibilidad de que la entidad
estatal liquide unilateralmente el contrato, atribuyendo a la administración la
competencia para adoptar mediante acto administrativo la liquidación del contrato67.

66 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 28 de junio de 2016. Rad.:

11001-03-06-000-2015-00067-00(2253)
67 Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que “[t]ratándose de potestades

que le han sido atribuidas a la administración para que ésta las ejerza unilateralmente en sus
relaciones contractuales, no hay duda de que corresponden a nuevas facultades excepcionales, lo
que viene a corroborar la norma general en materia de competencia de las entidades estatales, en
el sentido de que todas las potestades que ejerzan y todas las actuaciones unilaterales que
adelanten y todas las decisiones que tomen mediante actos administrativos, deben tener su
fundamento en una norma legal que expresamente les haya atribuido la facultad para obrar en tal
sentido.
Al respecto, la jurisprudencia de la Sección ha considerado que las otras decisiones unilaterales que
las entidades pueden tomar en el ámbito de la ejecución de los contratos estatales, a pesar de no
estar consagradas en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, también hacen parte de las facultades
exorbitantes que les han sido atribuidas:
(…) para la mayoría de la Sala los poderes excepcionales o tradicionalmente conocidos también
como exorbitantes –en cuanto exceden la órbita que integra el marco dentro del cual se desarrollan
los contratos que, en pie de igualdad jurídica, celebran los particulares entre sí, de conformidad con
la teoría general de los contratos–, corresponden a la totalidad de facultades, atribuciones o
competencias que autorizan a las entidades estatales contratantes –en la esfera de los contratos de
derecho público– para adoptar decisiones unilaterales que resultan vinculantes para los particulares
contratistas quienes no se encuentran en un plano de igualdad sino de subordinación jurídica
respecto de su contratante la Administración Pública, a la cual le corresponde velar por el interés

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

En otras palabras, se trata de una potestad radicada en cabeza de la entidad estatal
para adoptar una decisión unilateral vinculante, de donde emerge con toda claridad
que la falta de ejercicio de dicha facultad no comporta incumplimiento contractual a
partir del cual pudiera atribuirse responsabilidad a la entidad contratante.

En conclusión, como el Distrito no incurrió en el incumplimiento alegado por la actora
no están llamadas a prosperar las pretensiones declarativas y de condena atinentes
al alegado incumplimiento de la obligación de liquidar el contrato celebrado por las
partes.

5.3.2.3. De la obligación de pago de las obras

5.3.2.3.1. Para dilucidar lo atinente al pago de las obras ejecutadas, es menester
comenzar volviendo sobre los textos contractuales, para pasar luego a los demás
medios de prueba que, valorados en conjunto, permiten establecer lo acaecido en
punto a la obligación que se aduce incumplida y a los compromisos pactados por
las partes sobre el particular.

general cuya satisfacción se encuentra inmersa en la celebración y consiguiente ejecución de cada
contrato estatal,
Desde esa perspectiva cabe precisar entonces que la diferencia que existe en cuanto al contenido o
el alcance de las dos clases o especies de la noción de poderes excepcionales que aquí se han
descrito, esto es aquella a la cual hace referencia la Corte Constitucional en su sentencia C-1436 de
2000, por un lado y, por el otro, el concepto al cual de ordinario alude en asuntos de contratación
pública la mayoría de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, radica en que mientras el Tribunal Constitucional identificó en su condicionamiento de
exequibilidad los “poderes excepcionales” con aquellos que consagra exclusivamente el artículo 14
de la Ley 80 de 1993, esta Sala, por el contrario, considera que forman parte del género de
los “poderes excepcionales” todas aquellas facultades, atribuciones o prerrogativas que autorizan o
permiten a las entidades estatales contratantes la adopción de actos administrativos contractuales,
incluidos aquellos a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 80 pero sin limitarse a ellos, por manera
que además de las referidas competencias para adoptar decisiones unilaterales vinculantes en virtud
de a) la interpretación unilateral; b) la modificación unilateral; c) la terminación unilateral; d) la
caducidad administrativa; e) el sometimiento a las leyes nacionales, y f) la reversión, también deben
entenderse como parte de los “poderes excepcionales o exorbitantes” –pero no para efectos del
entendimiento y aplicación de la sentencia C-1436 de 2000–, los demás actos administrativos
contractuales como son, por ejemplo, los que imponen multas, de conformidad con las previsiones
del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007; los que declaran la terminación unilateral del contrato por la
configuración de alguna de las causales de nulidad absoluta consagradas en alguno de los
numerales 1, 2 o 4 del artículo 44 de la Ley 80, según los dictados del artículo 45 del mismo Estatuto
de Contratación Estatal; los que corresponden a la liquidación unilateral de los contratos, de
conformidad con las previsiones del artículo 61 de la misma Ley 80; los que determinan u ordenan
la exigibilidad de las garantías constituidas para amparar diversos riesgos de naturaleza contractual;
etc.”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 28 de noviembre de 2019.
Radicación: 110010326000200900034 00 (36600)

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

En este punto, recuerda la Sala que el soporte sobre el que se estructura el régimen
contractual, incluida la contratación pública, es el mutuo consentimiento de las
partes que da lugar al nacimiento de obligaciones recíprocas, como expresión de la
autonomía de la voluntad y del que emerge la fuerza vinculante del negocio jurídico
libremente convenido y el deber de ejecutar lo acordado en los términos pactados.68

El principio enunciado –pacta sunt servanda, garante de la seguridad jurídica,
constituye pilar esencial de las relaciones contractuales y encuentra su fundamento
en la autonomía privada de la voluntad como fuente primaria de derechos y
obligaciones. Tanto es así, que toda la estructura jurídica construida sobre la base
del poder de la voluntad para que los sujetos puedan darse sus propias reglas de
conducta, descansa en la confianza de que se cumplirá aquello que se conviene
libre y voluntariamente.

En efecto, la fuerza obligatoria del contrato se funda en la voluntad o querer de las
partes que intervienen en él, teniendo éstas la facultad de limitar su libertad para
asumir un deber de conducta en razón a una determinada causa. En nuestro
ordenamiento jurídico, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, recogen
este principio en los artículos 1602 y artículo 871, respectivamente, según los cuales
los contratos válidamente celebrados son ley para los contratantes y no pueden ser
invalidados sino por su consentimiento mutuo o por las causas legales69.

68 Sobre el particular, señala la doctrina:

“(…) que las partes no pueden sustraerse al deber de observar el contrato de acuerdo con su tenor,
en su conjunto y en cada una de sus cláusulas.
(…) En el fondo, en la observancia del contrato y en la ejecución, reside el resultado práctico del
contrato; es el resultado para cuya consecución se estipuló este. Y que el contrato deba ser
observado, es decir, que las partes cumplan con lo que se estableció en él, es un principio que deriva
de aquel (de orden ético) del respeto a la palabra dada y de la consideración de que (aún
prescindiendo del hecho de que el contrato es por lo común de prestaciones recíprocas y que, por
consiguiente, la observancia por uno de los contratantes es el presupuesto de la observancia por el
otro) el contrato suscita legítimas expectativas en cada uno de los contratantes; expectativas que no
deben ser defraudadas…” Messineo, Francisco: Doctrina general del contrato. EJEA: Buenos Aires.
1952, p. 143 y ss.
69El artículo 1602 del Código Civil dispone: “LOS CONTRATOS SON LEY PARA LAS PARTES. Todo

contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por
su consentimiento mutuo o por causas legales”.
Por su parte, el artículo 871 del Código de Comercio, dispone: “PRINCIPIO DE BUENA FE. Los
contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo
pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según
la ley, la costumbre o la equidad natural”.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

Así las cosas, de conformidad con lo acordado se observa que el valor del contrato
se pagaría por el sistema de precios unitarios, de donde el valor consignado en el
contrato es un monto estimado, en tanto que el definitivo corresponderá a la suma
resultante de multiplicar los precios unitarios pactados por las cantidades de obra
ejecutada70. Además, se estipuló el A.I.U en forma discriminada e independiente de
los precios unitarios.

Es así como, en las cláusulas 5ª y décima cuarta del Contrato se pactó lo siguiente:

“VALOR.- CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS MCTE ($14.352.488,348) resultante de multiplicar las cantidades de
obras ejecutadas por los precios unitarios respectivos, que aparecen anexos en los
documentos que hacen parte de este contrato, y el costo de los imprevistos,
administración y utilidad”.

“PRECIOS UNITARIOS.- CANTIDADES DE OBRAS.- El CONTRATISTA se obliga
a ejecutar para El DISTRITO las obras objeto del contrato a los precios unitarios
determinados en el documento CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS Y
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, que hace parte integral de éste contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: CANTIDADES DE OBRAS.- Las cantidades de obras
son aproximadas y pueden aumentar o disminuir durante la ejecución del contrato
por circunstancias especiales que ocurran en la construcción, lo cual debe ser
revisado y autorizado por el supervisor. El contratista se obliga a ejecutar las
mayores cantidades de obras a los precios del contrato original.

Por su parte, en punto a la forma de pago convenida, las partes dispusieron que se
pagaría un anticipo correspondiente al 40% del valor del contrato y el saldo
mediante actas parciales de entrega de obra que debían ser recibidas a satisfacción

70 Sobre el particular, a diferencia del actual, el anterior estatuto de contratación, Decreto Ley 222 de

1983, establecía "las formas de pago en los contratos de obra" y definía el contrato a precio unitario
como aquél en el cual "se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio
de cada una de ellas, dentro de los límites que el mismo convenio fije". Esta definición, aunque no la
incorpora el estatuto contractual vigente, continúa conservándose en la jurisprudencia y la doctrina
a efectos de caracterizar el contrato de obra pactado a precios unitarios. Como lo ha señalado esta
Corporación, “[s]e acepta, entonces, sin necesidad de definición legal, que el contrato de obra a
precio unitario es aquél en el que el precio “se configura por tres elementos: una unidad de medida,
el estimativo de la cantidad de cada medida y un precio por cada unidad; siendo claro que lo más
probable es que el monto del precio del objeto contractual sea uno al momento de la celebración del
contrato y otro cuando concluya la ejecución […]”
En efecto, son numerosas las sentencias de la Sección Tercera en las que se ha precisado que el
contrato cuyo pago es pactado a precios unitarios, es aquel en el que las partes acuerdan el valor
de las distintas unidades o cantidades de obra, de tal suerte que “el costo directo total del contrato,
será el resultado de multiplicar los precios unitarios por las cantidades de obra ejecutadas y de sumar
todos los ítems necesarios para dicha ejecución”. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio
Civil. Concepto 1920 del 9 de septiembre de 2008

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por la Interventoría, previa entrega de la factura con los soportes de seguridad social
y parafiscales, la amortización del anticipo y el aval del supervisor del contrato,
incluyendo memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de
laboratorio realizados y planos. A su vez, se estableció que los pagos serían
efectuados dentro de los 60 siguientes a la radicación de cada factura con todos
sus soportes, excepto el valor del acta final, el cual sería pagado con el acta de
liquidación del contrato.

En efecto, lo acordado fue lo siguiente:

“PARÁGRAFO PRIMERO: FORMA DE PAGO; La forma de pago que aquí se
establece se sujeta al Plan Anual de Caja del Distrito. Se pagará así: con un anticipo
del 40% del valor del contrato, al inicio de la ejecución y una vez legalizado el
contrato, esto es aprobadas las garantías y expedido el registro presupuestal, sin
que su pago sea requisito para el inicio de la ejecución de las obras y el saldo
mediante actas parciales de entrega recibidas a satisfacción por el interventor que
para tal efecto se seleccione o designe temporalmente, previa factura entregada por
el contratista junto con los soportes de pago de Seguridad Social y Parafiscales,
previa amortización del anticipo en cada acta hasta su amortización total, cada pago
debe estar precedido de recibido a satisfacción expedido por el Interventor del
contrato y avalado por el supervisor del mismo el cual debe incluir: memorias de
cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados y planos.

PARAGRAFO SEGUNDO: el valor básico de la respectiva acta de obra será la
suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas
por los precios unitarios consignados en el Cuadro de Cantidades y Precios
Unitarios. Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la
calidad de la obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El supervisor
designado por EL DISTRITO podrá en actas posteriores hacer correcciones o
modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas y deberán indicar el
valor correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado
a su entera satisfacción, a efecto de que EL DISTRITO se abstenga de pagarlos al
CONTRATISTA hasta que el supervisor designado por EL DISTRITO los apruebe.
Ninguna constancia que no sea el certificado o acta de recibo definitivo de la
totalidad o parte de las obras, podrá considerarse como constitutivo de aprobación
de algún trabajo u obra. En ningún caso el valor del acta final debe ser inferior al
15% del valor del contrato, dicho valor será pagado con el acta de liquidación del
contrato. Los pagos serán efectuados dentro de los sesenta (60) días siguientes a
la radicación de la factura (…)

PARÁGRAFO SEXTO: AMORTIZACIÓN.- El anticipo será amortizado mediante
deducciones de los pagos mensuales, situación que deberá ser controlada por la
Interventoría del contrato. El Distrito no se responsabilizará por la demora en el pago
al contratista, cuando fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación
que sirva de soporte para el trámite de facturas y no se ajuste a las condiciones
pactadas en el presente contrato”. (subrayado fuera del texto)

De igual modo, en cuanto la ejecución de obras adicionales, en el contrato se
convino expresamente que las obras no contempladas inicialmente (ítems de obra

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no prevista) requerían la celebración previa de un contrato adicional, sin el cual el
contratista no podía llevarlas a cabo, so pena de hacerlo bajo su propia cuenta y
riesgo:

“DÉCIMA QUINTA: OBRAS ADICIONALES.- Las obras adicionales requerirán de
contrato adicional y se sujetan al procedimiento de ley para la celebración del
respectivo contrato a que haya lugar. En caso que el contrato adicional se realice
con El contratista, no podrá dar inicio a las mismas, hasta tanto no se halla
perfeccionado el contrato, y en el evento, que ejecute las obras adicionales sin
contrato y sin disponibilidad presupuestal previa, lo hace bajo su riesgo, y el Distrito
no estará obligado a su reconocimiento”.

Con base en lo anterior, pasa la Sala a estudiar de manera separada si procede el
pago de las actas y de los intereses moratorios cuyo cobro se reclama por la parte
actora

5.3.2.4. Reclamación atinente acta parcial de obras No. 3 e intereses
moratorios

Al respecto, si bien en el libelo introductorio la parte actora sostuvo que el acta
parcial de obra No. 3 no había sido pagada, consta que el 19 de diciembre de 2016,
con posterioridad a la radicación de la demanda, el Distrito efectuó su pago, tal como
lo confirmó la propia actora al alegar de conclusión en el curso de la primera
instancia del proceso.

Por tanto, bajo el entendido que el acta parcial No. 3 ya fue cancelada y atendiendo
a que en la pretensión quinta de la demanda se solicitó “el reconocimiento y pago
de intereses comerciales moratorios de las sumas dejadas de cancelar”, la Sala solo
entrará a estudiar la procedencia de los intereses moratorios peticionados, punto
que, por lo demás, es el único que en cuanto a esta acta reprocha el Distrito en su
recurso de apelación.

A la sazón, en tratándose de obligaciones dinerarias, lo cierto es que los intereses
compensatorios y moratorios causados por obligaciones dinerarias no tienen una
naturaleza de carácter punitivo, pues la finalidad que a través de ellos se persigue
no es la de prevenir la afectación de un bien jurídico (la puesta en peligro) o la de
castigar o reprimir un comportamiento. En efecto, como es bien sabido, los

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
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intereses de plazo, también denominados remuneratorios o compensatorios, son
una contraprestación por el uso o disfrute del dinero (“el precio del dinero”), en tanto
que los moratorios son la indemnización (sanción civil) impuesta en virtud del
incumplimiento de la prestación, es decir, tienen por objeto resarcir los perjuicios
causados por el incumplimiento de la obligación dineraria al no efectuarse el pago
en el tiempo oportuno71.

A su turno, en cuanto a la oportunidad de cumplimiento, se debe tener en cuenta
que el deudor debe cumplir su obligación desde el momento en que la misma es
exigible, circunstancia que puede presentarse o bien desde su nacimiento, cuando
es pura y simple, o bien al vencimiento del plazo y al cumplimiento de la condición,
cuando está sujeta a plazo o condición.

Si la obligación es exigible y el deudor no la satisface, se produce el retardo, bien
sea por la inejecución de la obligación principal o por su ejecución defectuosa o
tardía. Finalmente, para tener derecho a la indemnización de perjuicios se requiere
que dicho incumplimiento sea imputable al deudor, que se haya ocasionado un
perjuicio como consecuencia del incumplimiento y, en caso de que la obligación sea
positiva, que el deudor se haya constituido en mora.

Descendiendo al caso concreto, en el proceso se demostró que el 30 de noviembre
de 2015 la Interventoría y el Consorcio suscribieron el acta de recibo parcial de
obras No. 3 por un valor total de $1.965.981.832,50 y milita en el expediente, como
anexo de esta acta, la factura de venta CIB-003 del 10 de diciembre de 2015 suscrita
por el Consorcio, sin fecha de recibido o aprobación de parte del Consorcio (Hecho
probado 5.3.1.6.). Es menester indicar que no obra soporte alguno en cuanto a los
demás documentos que se debían acompañar con la factura, esto es, el pago de
seguridad social y parafiscales y el aval del supervisor; sin embargo, como ya se
indicó previamente, quedó acreditado que el pago del acta parcial de obras No. 3
fue realizado por el Distrito el 19 de diciembre de 2016.

71 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C- 604 de 2012 sostuvo: “Los intereses
moratorios son aquellos que se pagan para el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios
que padece el acreedor por no tener consigo el dinero en la oportunidad debida. La mora genera
que se hagan correr en contra del deudor los daños y perjuicios llamados moratorios que representan
el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación.”

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De otro lado, la Sala encuentra que en el proceso ambas partes72 coincidieron en
que la factura mencionada fue radicada el 28 de diciembre de 2015, de modo que.
En ese sentido, se tomará esta como la fecha de la radicación de la factura
correspondiente al acta parcial de obras No. 3.

Por lo anterior, la prosperidad de la pretensión encaminada al reconocimiento de
intereses de mora por pago extemporáneo del acta de recibo parcial de obras No.
3 será confirmada, pero teniendo como fecha de radicación de la factura el 28 de
diciembre de 2015 y no el 30 de noviembre de 2015 como el a quo lo manifestó en
la sentencia de primera instancia.

En ese sentido, teniendo en cuenta que en la cláusula quinta del contrato se pactó
que “los pagos serán efectuados dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
radicación de la factura”, el reconocimiento de los intereses moratorios empezará a
correr desde el 27 de febrero de 201673.

En consecuencia, la Sala modificará la sentencia del 26 de febrero del 2021 que
declaró el incumplimiento del contrato por la mora del Distrito en el pago del acta de
recibo parcial de obras No. 3, en lo que atañe a la liquidación de los intereses
moratorios sobre dicha acta, de conformididad con lo expuesto en precedencia.

5.3.2.5. Del pago del acta final, en la que se encuentra comprendida el acta
No.4, e intereses moratorios

De conformidad con lo probado en el proceso, el 15 de diciembre de 2015 la
Interventoría y el Consorcio suscribieron el acta final de obra, la cual comprendió
dos conceptos, a saber: (i) un valor de $1.868.953.333, que incluye el valor del acta
No. 4 junto con las obras ejecutadas para culminar los trabajos contratados; (ii) y un
valor de $554.669.764 que, si bien en el texto del acta se indicó que corresponde a
“mayores cantidades de obra” (Hecho probado 5.3.1.8.), en realidad, como se

72El extremo activo en el hecho 24 de la demanda indicó que la factura fue radicada el 28 de
diciembre de 2015, frente a lo cual la demandada en su contestación manifestó que ello “es cierto”.
73 Código de Comercio Artículo 829 Parágrafo 1. “Los plazos de días señalados en la ley se

entenderán hábiles; los convencionales, comunes”.

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estudia más adelante, corresponde a la realización de ítems de obra no prevista que
la Interventoría autorizó y recibió a satisfacción.

5.3.2.5.1 En cuanto al primer concepto incluido en el acta final de recibo de obra,
esto es, la suma de $1.868.953.333, que comprende el monto del acta No. 4 y las
obras finales contratadas y ejecutadas, se probó que las obras se ejecutaron y
recibieron a satisfacción en su totalidad, como reza expresamente en el acta final
referida, así como también se estableció en el proceso que el monto referido no ha
sido pagado al contratista, por lo que se trata de un saldo pendiente de pago a favor
del contratista y como tal se incluirá en la liquidación del contrato.

De otro lado, encuentra la Sala que a lo largo del proceso y en el recurso de alzada
el Distrito reiteró que no incumplió la obligación de liquidar el contrato y que no
incurrió en mora en el pago, toda vez que no se cumplieron los requisitos
estipulados y, en particular, el de la firma o aval del ordenador del gasto.

Al respecto, como ya se ha dicho, las partes pactaron el pago de las obras
ejecutadas mediante actas parciales “recibidas a satisfacción por el interventor”,
previa amortización del anticipo y presentación de la factura con los requisitos
estipulados al efecto. Asimismo, quedó establecido que el pago se realizaría dentro
de los 60 días siguientes a la radicación de la respectiva factura, acompañada de
los soportes respectivos, a excepción del acta final, que sería pagada con el acta
de liquidación del contrato. De igual modo, se probó que durante la ejecución
contractual el contratista y el interventor suscribieron 4 actas parciales de recibo de
las obras y un acta final que incorporó el valor del acta parcial No. 4 (Hecho probado
5.3.1.6. y 5.3.1.8.), encontrándose establecido que las primeras tres actas fueron
canceladas en su totalidad.

A la vista de lo anterior, la Sala se remite al análisis realizado en páginas anteriores
al concluir que, contrario a lo aducido por la actora, no se configuró incumplimiento
por parte del Distrito en punto a la obligación de liquidar el contrato, aunado a que
el extremo activo no allegó al proceso los soportes de seguridad social y
parafiscales, ni tampoco demostró el aval del supervisor, ni acreditó la radicación
de factura ante el Distrito ni menos aún la fecha en la que ello hubiere tenido lugar,

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todo lo cual impide el reconocimiento de intereses moratorios sobre monto
adeudado74.

5.3.2.5.2 Frente al segundo concepto contenido en el acta final de obra, esto es,
las obras adicionales por valor de $554.669.764, conviene anotar que las obras
adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no
contempladas o previstas en el contrato, pero que requieren ser ejecutadas para la
obtención y cumplimiento del objeto contractual. Por ello, como en forma reiterada
lo ha señalado esta Corporación, en criterio que comparte esta Subsección, su
reconocimiento requiere la previa celebración de un contrato adicional o
modificatorio del contrato inicial75.

Así, por ejemplo, en sentencia del 31 de agosto de 2011, se sostuvo sobre el
particular:

“Ahora, en los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad
de obra ejecutada consiste en que ella fue contratada pero que su estimativo
inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, surgiendo así una
prolongación de la prestación debida76, sin que ello implique modificación alguna
al objeto contractual77. Por su parte, las obras adicionales o complementarias
hacen referencia a ítems o actividades no contempladas o previstas dentro del
contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención y cumplimiento del
objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere de la
suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial.”78

Pues bien, en cuanto al monto de $554.669.764, a pesar de que en el acta final se
señaló que correspondía a “mayores cantidades de obra”, a partir de la revisión de
las actas y correspondencia allegadas al proceso (Hechos probados 5.3.1.6. y
5.3.1.9.), que refleja la forma como se desarrolló la ejecución del contrato, se
observa que con el fin de concluir el proyecto fue necesario ejecutar ítems de obra
nuevos, vale decir, obras adicionales, tal como el propio interventor lo informó al
Tribunal a quo en oficio del 20 de abril de 2018, que reza:

74 Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 28 de febrero

de 2022. Rad.: 65483.
75 Cfr, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de julio de 2020, Rad.

28794.
76 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 31 de agosto de 1999, Rad.: 12.849.
77 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 6 de agosto de 1987, Rad.: 3886.
78Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2011 Rad.: 18080

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“(…) 2. Tal como se indica en el Informe Final de Interventoría, el contratista NO solo
cumplió lo contratado sino que por los motivos explicados en el informe fue
necesario hacer algunas obras adicionales para cumplir con el alcance indicao (sic)
en el contrato y así la comunidad poder tener una vía terminada a satisfacción.

(…)

5. El valor en discusión se discrimina de la siguiente manera:

a. Valor última acta de obra según lo contractual $1.868.953.333,00.
b. Valor de las obras adicionales que se hicieron para poder concluir las obras a
satisfacción $ 554.669.764,00.”
(Negrilla fuera del texto original)

Adicionalmente, frente a estas actividades no previstas, a partir de las pruebas
allegadas al plenario no se encuentra evidencia alguna sobre la suscripción de un
otrosí o contrato adicional que diera viabilidad a su ejecución.

En este sentido, reitera la Sala que las obras adicionales y sus correspondientes
precios unitarios requerían aprobación por parte del Distrito y pacto expreso
mediante el correspondiente otrosí o contrato adicional, según la cláusula décima
quinta que a su tenor indicó:

DÉCIMA QUINTA: OBRAS ADICIONALES.- Las obras adicionales requerirán de
contrato adicional y se sujetan al procedimiento de ley para la celebración del
respectivo contrato a que haya lugar. En caso que el contrato adicional se realice
con El contratista, no podrá dar inicio a las mismas, hasta tanto no se halla
perfeccionado el contrato, y en el evento, que ejecute las obras adicionales sin
contrato y sin disponibilidad presupuestal previa, lo hace bajo su riesgo, y el Distrito
no estará obligado a su reconocimiento”.

No debe dejarse de lado que al interventor le corresponde llevar a cabo una labor
de verificación y control sobre la ejecución de las actividades contratadas, pero no
puede introducir modificaciones al clausulado del contrato, pues ello solo compete
a las partes del negocio jurídico. Como lo ha manifestado la jurisprudencia de esta
Corporación, al interventor no le corresponde concertar modificación a las
estipulaciones del acuerdo de voluntades objeto de su control y vigilancia, como lo
es, ciertamente, convenir el precio de actividades no previstas. En otras palabras,
el interventor del contrato no puede obligar a la entidad, porque no ostenta su
representación para suscribir contratos adicionales.79

79 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de julio de 2020. Rad.:

28794.

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Sobre el alcance de la labor del interventor del contrato de obra, en recientes
pronunciamientos esta Subsección ha señalado:

“[…] el Decreto 2090 de 1989, "por el cual se aprueba el reglamento de honorarios
para los trabajos de arquitectura", establece en el numeral 6.1 del artículo 1 que "se
entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o persona jurídica
especializada, para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la
construcción".

[…] al interventor no le corresponde concertar modificación a la normativa del
contrato objeto de su control o fiscalización, como, por ejemplo, convenir cantidades
de obra, variar las especificaciones técnicas de la obra, variar los precios unitarios,
convenir el precio de actividades no previstas, convenir prórrogas, transar o conciliar
diferencias, etc.

En virtud de lo expuesto, la Sala considera que desde la arista de la naturaleza del
contrato, el interventor no se puede considerar como representante de la entidad
contratante, sino que su actuación es de intermediación entre la entidad contratante
y el contratista, con el fin de desempeñar el control y vigilancia de la correcta
ejecución de las actividades contratadas. Por lo tanto, si el interventor realiza actos
que implican modificaciones o nuevos acuerdos distintos al originario, se estaría
extralimitando de sus funciones y los efectos de tales actos jurídicos serían
inoponibles a la entidad contratante, es decir no la vincularían ni la comprometerían
frente al contratista.”80

Así las cosas, no habiéndose suscrito un otrosí o un contrato adicional, conforme a
lo indicado en la cláusula décima quinta del contrato y el desarrollo jurisprudencial
de esta Corporación para el pago de actividades no previstas, se vislumbra que no
es posible el reconocimiento de algún tipo de condena en favor del contratista por
concepto de las obras adicionales incluidas en el acta final por valor de
$554.669.764,00.

De conformidad con lo anterior, la sentencia apelada será modificada en el sentido
de abstenerse de reconocer e incluir en la liquidación del contrato y, de contera, en
el saldo a favor del contratista, los intereses de mora sobre el monto del acta de
recibo final de obras correspondiente al valor del acta 4 y de las obras finales
contratadas y ejecutadas, ante la ausencia de elementos probatorios sobre los
supuestos fácticos en que se fundamenta, así como tampoco será reconocido el
monto correspondiente a las obras adicionales ejecutadas, por las razones que han
quedado expuestas.

80 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 1º de junio de 2020. Rad.:

47101.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

5.3.2.6. Liquidación de perjuicios81

5.3.2.6.1. Intereses moratorios por pago tardío del acta parcial de obras No. 3.

El artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993 dispone lo siguiente:

“(…) Sin perjuicio de la actualización o revisión de precios, en caso de no haberse
pactado intereses moratorios, se aplicará la tasa equivalente al doble del interés
legal civil sobre el valor histórico actualizado”.

La norma citada denota su carácter supletivo dado que únicamente opera ante el
silencio de las partes frente a los intereses moratorios. En este caso, se da la
premisa exigida por la norma para su aplicación, toda vez que en el contrato de
obra, regido por la Ley 80 de 1993, no hubo pacto de intereses moratorios en caso
de que la entidad retardara el pago de las actas.

Por este motivo, la Sala hará uso de la regla supletiva aplicable del 12% anual82
para tasar el valor concreto de la condena.

De otro lado, se recuerda que el valor del acta parcial de obras No. 3, previa
deducción del valor correspondiente a la amortización del anticipo, asciende a
$1.965.981.832,50, y que los intereses serán calculados desde el 27 de febrero de
2016, fecha en la que empezó la mora -como quiera que el 26 de febrero de 2016
venció el plazo para el pago del acta que era de 60 días de acuerdo con la cláusula
5ª del contrato- hasta el 18 de diciembre de 2016, día anterior al pago efectivo de
la misma.

Así, se tiene que la liquidación de intereses de mora por el pago extemporáneo del
acta No. 3, es la siguiente:

Período a Capital Inicial ($) Tasa de Interés moratorio
liquidar interés (%) ($)

81 Para el efecto, la Sala adoptará el mismo método de liquidación desarrollado en la sentencia del

2 de julio de 2021. Rad. 51163.
82 Esto es, el doble del interés legal civil actualmente precisado en el 6% anual según el artículo 1617

del Código Civil.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

27-feb-16 a 18- $1.965.981.832,50 9.83% $193.256.014,13
dic-16
TOTAL INTERESES MORATORIOS $193.256.014,13

A su vez, el valor de los intereses por el pago tardío del acta parcial de obras No. 3
será actualizado aplicando la siguiente fórmula:

Vp = Vh x índice final
índice inicial

Donde:

Vp= Valor presente
Vh= Valor histórico

Índice83 final a la fecha de esta sentencia: 137.09 (noviembre 2023)
Índice inicial: mes en el que empezó a correr la mora: 90.33 (febrero 2016)

Vp= valor histórico x 137.09 (noviembre 2023)
90.33 (febrero 2016)

VALOR
IPC INICIAL IPC FINAL VALOR PRESENTE
HISTORICO

$193.256.014,13 90.33 137.09 $293.296.435

5.3.2.6.2. El pago del acta de recibo final de obras.

Según se vio atrás, por concepto del acta de recibo final de obra hay lugar al
reconocimiento de $1.868.953.333, que corresponde al acta No. 4 y las obras
ejecutadas para finalizar el contrato, sin incluir las obras adicionales que fueron
incorporadas en aquella. Así, se tiene que el saldo pendiente que debe reconocerse

83 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor (índices - serie de empalme)

que pueden ser consultados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística:
https://www.dane.gov.co.

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Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

a favor del Consorcio asciende a $1.868.953.333, suma que será actualizada a la
fecha de la sentencia, aplicando la siguiente fórmula:

Vp = Vh x índice final
índice inicial

Donde:

Vp= Valor presente
Vh= Valor histórico

Índice84 final a la fecha de esta sentencia: 137.09 (noviembre 2023)
Índice inicial: mes en el que se dictó la sentencia de primera instancia

Vp= valor histórico x 137.09 (noviembre 2023)
106.58 (febrero 2021)

VALOR IPC IPC VALOR
HISTORICO INICIAL FINAL PRESENTE

$1.868.953.333 106.58 137.09 $2.403.967.090

5.3.2.7. Liquidación del contrato de obra No. 6-039169 del 2014

La liquidación del contrato estatal tiene como finalidad culminar la relación
contractual, entendida como el cierre de cuentas entre la entidad y el contratista,
con el objeto de efectuar el balance final del negocio jurídico y determinar quién
debe a quien y cuánto. Igualmente, en dicho acto se relaciona la forma como se
ejecutó el contrato, las prórrogas y acuerdos modificatorios que fueron pactados,
los incumplimientos contractuales, los pagos realizados y, en general, la información
adicional que resulte relevante y pertinente de conformidad con las circunstancias
concretas.

84 Estos factores corresponden a los índices de precios al consumidor (índices - serie de empalme)

que pueden ser consultados en el Departamento Administrativo Nacional de Estadística:
https://www.dane.gov.co.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

En el presente asunto, debe tenerse en cuenta el valor actualizado de los intereses
moratorios del acta parcial de obras No. 3 por un total de $293.296.435, junto con
el monto del acta de recibo final que ha de reconocerse de conformidad con lo
indicado párrafos atrás, por un valor actualizado de $2.403.967.090.

Como consecuencia, la Sala modificará la condena reconocida y ordenada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia de primera instancia, para en su
lugar condenar al Distrito a pagar a favor del contratista la suma de $293.296.435,
por los intereses moratorios del acta parcial de obras No. 3, mas $2.403.967.090
por concepto del acta final de obra, quedando en estos términos liquidado en sede
judicial el contrato de obra No. 6-039169 del 2014.

6. Condena en costas

El artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 establece que, “[…] salvo en los procesos
en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”.

Al punto, el artículo 365 del CGP, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda, establece las siguientes reglas para proceder a la condena en costas,
a saber:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o
revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código.
[…]
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar
a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera
instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la
parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de
su decisión.
[…]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y
en la medida de su comprobación”.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

Bajo este entendido, se condenará en costas en segunda instancia a la parte
demandante, pues prosperó parcialmente el recurso de apelación que interpuso la
demandada en contra de la sentencia de primera instancia, y su liquidación la hará
de manera concentrada el a quo, en los términos de los artículos 365.8 y 366 del
CGP. Para tal efecto, el Tribunal a quo deberá tener en cuenta que en esta instancia
no se fijarán agencias en derecho, dado que la parte demandante no intervino en
segunda instancia85, de tal manera que aquellas no se entienden causadas86.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia del
26 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los cuales quedarán
así:

“SEGUNDO: DECLÁRESE el incumplimiento del contrato de obra pública
No. 6-039169 de 2014 celebrado entre el Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias y el Consorcio Industria Bahía, por las razones
expuestas anteriormente”.

“TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNESE
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias a pagar a favor de la
parte actora la suma de $293.296.435, por concepto de intereses moratorios
por el pago extemporáneo del acta de recibo parcial No. 3, y la suma de
$2.403.967.090, por concepto del acta final de obra, quedando liquidado en
estos términos el contrato de obra No. 6-039169 del 2014”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás lo resuelto en la sentencia del 26 de

85 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2021. Rad.: 51034
86 Cfr. Art. 365 y ss. CGP.

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Radicado: 13001-23-33-000-2016-01157-01 (67424)
Demandante: CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA

febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandante,
las cuales serán liquidadas de manera concentrada por el Tribunal de primera
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y
tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 del C.G.P. En la
liquidación no se incluirán agencias en derecho de la segunda instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría REMITIR el expediente al
Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado

VF

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