Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00030-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00030-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00030-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00030-01 (3271-2022)
Demandante: Digna Pérez Vides
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Vinculación como docente
nacional en virtud de nombramiento efectuado para ejercer el
cargo en el Centro Experimental Piloto de Bolívar, sin solución
de continuidad. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el once (11) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Digna Pérez Vides instauró demanda1 contra la UGPP en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 023461 del 22 de mayo
de mayo 2013, y (ii) RDP 030737 del 9 de julio de 2013, por medio de las cuales se
negó el reconocimiento de la pensión gracia y se confirmó dicha decisión
respectivamente.
3. A título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer y
pagar esta prestación en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial mensual
devengado en el año anterior a la consolidación del estatus pensional, con
efectividad desde el 26 de enero de 2011, y con el debido ajuste de valor sobre las
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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sumas adeudadas por este concepto.
4. Se dé cumplimiento al fallo en los términos del CPACA y se condene a la parte
demandada a asumir los intereses moratorios y comerciales a que haya lugar, al
igual que las costas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
5. Que nació el 26 de enero de 1961 y fue vinculada como docente oficial
nombrada por el municipio de Banco Magdalena para ejercer dicha plaza entre el
17 de julio de 1980 y el 15 de junio de 1983.
6. Luego, a partir del 3 de marzo de 1989 y hasta el 30 de diciembre de 1993 se
desempeñó como maestra de horas cátedra para el municipio de Mompox, quien
igualmente la incorporó bajo esa misma calidad desde el 15 de junio de 1990 y el
21 de agosto de 1992. Finalmente tuvo una vinculación como educadora oficial por
parte del Centro Experimental Piloto de Bolívar en una plaza prevista en el Colegio
Nacional Pinillos del 12 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre de 2015.
7. El 12 de marzo de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión gracia,
la cual fue negada a través del acto demandado, el cual fue confirmado, esto por
considerar que su vinculación como docente fue del orden nacional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
8. Consideró vulnerados: los artículos 1, 2, 4, 29, 48, y 53 de la Constitución
Política; 2 de la Ley 1437 de 2011; 1 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de
1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 1 y 2 de la Ley 43 de 1975; y 1 y 15 de la Ley 91 de
1989.
9. Expresó que los tiempos laborados en el municipio de Mompox (Bolívar), tal
como lo indica el Decreto 0219 del 9 de diciembre de 1994, son computables con el
laborado igualmente como docente nacionalizada en el departamento de
Magdalena en propiedad desde el 17 de julio de 1980, vínculo que al ser con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 le permite acceder a la pensión gracia. En
todo caso afirmó que no se entiende cómo la Secretaría de Educación de Bolívar
certificó los tiempos laborados del orden nacional si fue nombrada por alcalde
municipal de Mompox, lo que la hacía una educadora territorial.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
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10. El 10 de marzo de 2017 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP,
quien manifestó3 que los períodos laborados por la actora con posterioridad a 1994
son de carácter nacional, pues así se evidencia del certificado al igual que de los
actos administrativos de nombramiento. Destacó que en vía administrativa quedó
demostrado que la vinculación a partir de ese año se derivó del Ministerio de
Educación para prestar los servicios como docente en el departamento de Bolívar,
sin que su régimen salarial y prestacional cambiara a territorial, sino que mantendría
de carácter nacional, lo que hace que sea un vínculo no compatible con el derecho
reclamado.
11. Propuso como excepciones las de: (i) prescripción, (ii) inexistencia de la causa
petendi y cobro de lo no debido, (iii) falta del derecho para pedir, (iv) buena fe, y (v)
genérica.
12. El 20 de febrero de 20194 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el
litigio, se declaró fracasada la etapa de conciliación y se decretaron las pruebas. El
2 de marzo de 20205 se prescindió de la celebración de la audiencia de alegaciones
y juzgamiento, por lo que se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para conceptuar si a bien lo consideraba.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6
13. El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia del 11 de febrero de
2022 negó las pretensiones y condenó en costas a la demandante.
14. Respecto del requisito del tiempo de servicio para acceder a la pensión en litigio,
expuso que la demandante no acreditó haber laborado como docente territorial por
un término de 20 años. Frente a la vinculación de la reclamante con el departamento
de Bolívar a partir del 12 de diciembre de 1994 y hasta el 30 de noviembre de 2018,
precisó que trabajó como educadora de básica secundaría con una relación legal
del orden nacional, tal como consta en el Formato Único Para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del FOMAG.
15. Que el tipo de vinculación se ratifica además porque conforme a las pruebas,
se observa que mediante solicitud radicada en la Secretaría de Educación
Departamental de Bolívar bajo el número 2016-PENS-371610 del 8 de septiembre
de 2016, la actora reclamó el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de
jubilación como docente de vinculación nacional, la cual le fue reconocida mediante
la Resolución 0239 de 2017.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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16. Aseguró que los períodos de labor como maestra nacional no pueden ser
tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia por ser incompatibles
con la naturaleza de esta prestación, ya que esta se concibió precisamente para
equiparar en alguna medida la desigualdad que se presentaba entre los profesores
pagados por las entidades territoriales y los que devengaban salarios de la Nación
los cuales eran mejores. Indicó que la demandante por haber recibido sus
emolumentos de ésta última no puede ser acreedora de tal beneficio, así haya
prestado sus servicios en escuelas de carácter municipal.
RECURSO DE APELACIÓN7
17. La parte demandante interpuso recurso de apelación. Afirmó que los tiempos
laborados en el municipio de Mompox (Bolívar), tal como lo indica el Decreto 0219
del 9 de diciembre de 1994, son computables con el laborado igualmente como
docente nacionalizada en el departamento de Magdalena en propiedad desde el 17
de julio de 1980, vínculo que al ser con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 le
permite acceder a la pensión gracia. En todo caso afirmó que no se entiende cómo
la Secretaría de Educación de Bolívar certificó los tiempos laborados del orden
nacional si fue nombrada por alcalde municipal de Mompox, lo que la hacía una
educadora territorial.
18. Añadió que laboró con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 en la docencia
del orden territorial (departamental, municipal o distrital), razón por la cual este lapso
debe computarse con el prestado en propiedad con posterioridad a esta fecha con
el fin que se le reconozca la pensión reclamada. Sostuvo que la cuantía de la
prestación deberá corresponder al 75% de todos los factores salariales devengados
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de adquisición del estatus.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
19. El 7 de julio de 20228 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados, y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
20. El problema que debe resolver la Subsección es determinar si la demandante
cumplió con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión
gracia, especialmente los relativos a acreditar una o varias vinculaciones como
7 Ibid.
8 Ver índice 4 de SAMAI.
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maestra oficial con carácter territorial o nacionalizado durante al menos 20 años de
servicio, e igualmente algún período en tal calidad anterior al 31 de diciembre de
1980.
Marco normativo y jurisprudencial
21. Inicialmente debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
ya que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de ninguna clase, sino,
entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación de un tiempo de
servicio educativo al Estado, tal como se determinó en el artículo 1.º de la Ley 114
de 1913.9
22. De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años
de servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en
cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el
artículo 4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna
indispensable que el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes
postulados:
«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
23. Adicionalmente, las Leyes 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975 y 91 de 198910
extendieron este derecho a los profesores de las escuelas normales y a los
9
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de
veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la
presente ley […]»
10 «ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el
que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.
Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976
y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación. B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y
para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
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inspectores de la instrucción pública, así como a los maestros de establecimientos
de enseñanza secundaria, pero solo para aquellos que laboraran en plazas
departamentales o municipales, o que hubiesen estado sometidos al proceso de
nacionalización, siempre y cuando hubiesen tenido un vínculo como educadores
oficiales antes del 31 de diciembre de 1980.
24. Respecto de la forma de liquidación de esta prestación, la Ley 24 de 1947
consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo docente, las pensiones de
jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los sueldos devengados durante el
último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo 4.º, modificó la Ley 24 de
1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con base en el 75% del promedio
mensual obteniendo en el último año de servicio».
25. Ahora bien, con el amplio desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en
las sentencias S-699 del 26 de agosto de 1997,11 CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio
de 201812 y SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 se ha advertido que
la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos
citados, sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año.
Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada pensional.» (Subrayado intencional).
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón. En esta providencia se señaló: «[…] dentro del grupo de beneficiarios
de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980
“tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. […].» (Negrilla fuera de texto).
12 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP. En esta providencia se fijaron las siguientes reglas jurisprudenciales de
interpretación: «[…] i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991,
no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
[…] v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores
nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad
territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto
con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
[…] vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento
de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a
los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la
respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones
que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.
[…]»
13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP. Se precisó lo siguiente: «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y
después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento».
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carácter territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales
de su reconocimiento.14
26. En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial
o nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
27. Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente
es nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
28. Por lo expuesto, se concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia,
el docente oficial que la solicite debe cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en plazas o con nombramientos
de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector de
instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con posibilidad
de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera acumulando o
relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo caso, no son
aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias laborales a
través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se advierta que el
nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de Educación Nacional,
o por un alcalde o gobernador pero en representación del Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
14 Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes
de resolución en sede administrativa y judicial.
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Resolución del caso concreto
29. Con el fin de definir litigios como el presente resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas en la normativa aplicable para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
30. Pues bien, frente al primer requisito enunciado anteriormente relacionado con
la edad, se observa que la demandante nació el 26 de enero de 196115, de modo
que cumplió los 50 años el 26 de enero de 2011.
31. Respecto al segundo requisito sobre la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es centro de
debate en esta instancia), se comenzará especialmente con el período de labor
ejecutado por la accionante desde su vinculación inicial en el Centro Experimental
Piloto de Bolívar, pues si se demuestra que el vínculo fue del orden nacional y sin
solución de continuidad como lo estimó el tribunal de origen, al ser el más extenso
será un criterio suficiente para tener por no cumplida esta exigencia, y, en
consecuencia, implicará la negativa de las pretensiones.
• Del 12 de diciembre de 1994, al menos hasta el 12 de marzo de 201316
32. Para este lapso, según el Formato Único para la Expedición del Certificado de
Historia Laboral emitido el 13 de marzo de 2019 por la Secretaría de Educación
Departamental de Bolívar,17 la accionante tuvo una vinculación durante todo el
interregno bajo estudio, a lo largo del cual presentó situaciones administrativas de
traslado y reubicación, pero todas sin ningún tipo de interrupción en la vigencia de
la relación legal y reglamentaria original.
33. Adicionalmente, a partir del propio acto administrativo de nombramiento
(Decreto 0219 del 9 de diciembre de 1994),18 se advierte que en virtud de la
conversión de horas cátedra previstas para el Centro Experimental Piloto de Bolívar,
autorizada por el Ministerio de Educación, la actora fue nombrada en el cargo de
docente de secundaria en el Colegio Nacional Pinillos.
34. Ahora, pese al hecho de que la mencionada decisión fue proferida por el alcalde
del municipio de Mompox, se destaca que este lo hizo en ejercicio de las facultades
15 Según copia de la cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento obrantes en el expediente digital del
índice 2 de SAMAI.
16 Esta fecha corresponde a la última en la que se certificó, según historia laboral, que la accionante seguía
activa en el servicio como docente vinculada desde 1994. Además, este equivale a un período incluido dentro
del analizado en vía administrativa y que respeta el principio de la decisión previa, pues la reclamación
prestacional fue presentada el 12 de marzo de 2013. Ver certificado de la misma fecha obrante en el expediente
digital del índice 2 de SAMAI.
17 Ibid.
18 Ibid.
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conferidas por el artículo 9.º de la Ley 29 de 1989,19 el cual asignó a dichas
autoridades locales la administración del personal docente nacional o
nacionalizado, tanto así que tenían la posibilidad de nombrar a los educadores en
nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación como directo
empleador cuando se tratara de plazas propias de su estructura funcional.
35. Por esa razón, lo primero que debe determinarse es la naturaleza del vínculo
inicial de la demandante adscrita al Centro Experimental Piloto (CEP) de Bolívar.
36. Acerca de esta clase de instituciones educativas se precisa que surgieron con
la expedición del Decreto 88 de 22 de enero de 1976, en virtud del cual se
restructuró el sistema educativo nacional y se reorganizó el Ministerio de Educación
con el fin de crear los CEP en diferentes entidades territoriales y de esta manera
descentralizar los programas de la Dirección de Capacitación y Perfeccionamiento
Docente, Currículo y Medios Educativos, específicamente los alineados con las
directrices educativas de la Nación, tal como se contempló posteriormente en los
Decretos 1816 del 24 de agosto de 1978 y 25 del 3 de enero de 1986, así como en
el artículo 14 de la Ley 29 de 1989, normas que convalidaron la dependencia y
coordinación de dichos establecimientos a cargo de la referida cartera
gubernamental.
37. También es de destacar que el Decreto 525 del 6 de marzo de 1990, además
de confirmar que tales centros de educación harían parte de la estructura del
Ministerio; definió en su artículo 77 que: «Las plantas de personal de los Centros
Experimentales Piloto se crearán y/o modificarán de conformidad con lo establecido
en las normas legales vigentes aplicables a los cargos públicos del orden nacional.»
(Subrayado intencional).
38. Al margen de lo expuesto, si bien es cierto como lo afirma la parte actora que,
a través de la Ley 60 de 1993 dichos CEP fueron incorporados a las plantas de
personal de los entes territoriales en orden a que su financiamiento fuera cubierto
con el entonces Situado Fiscal y que su administración pasara a ser del orden local,
no lo es menos que ni en esta norma ni en ninguna otra posterior se estableció que
tal modificación implicaría una variación en el mismo sentido de la clase o naturaleza
de las vinculaciones legales y reglamentarias de los docentes que hicieran parte de
19 «[…] Artículo 9º.- El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a
los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el
personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas
oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto
Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional,
ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las
disponibilidades presupuestales correspondientes. […]»
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estos centros, lo cual ya ha sido ratificado por esta corporación en recientes
pronunciamientos.20
39. De hecho, es claro que la reclamante desde su ingreso en 1994 en ningún
momento presentó interrupciones en su vínculo original al Centro Experimental
Piloto, por lo que no se advierten nuevas designaciones independientes por parte
de autoridades territoriales, al punto de concluir que su relación legal primigenia se
mantuvo en el tiempo, al menos hasta 2013 bajo la misma calidad inicial que no es
otra que la de un vínculo del orden nacional.
40. Dicha calificación del nombramiento inicial se deriva del hecho de que los CEP
dependían administrativa y financieramente de la Nación a través del Ministerio de
Educación, y en consecuencia, su personal también tendría el mismo nivel, tanto
así que de esa misma forma se indicó con total precisión en la Resolución 0239 de
2017, por medio de la cual la Secretaría de Educación Departamental de Bolívar en
nombre y representación de la Nación – Ministerio de Educación – FOMAG le
reconoció a la demandante una pensión ordinaria de jubilación, ello bajo el
entendido de que esta era “docente de vinculación NACIONAL”.
41. Además, según la Resolución 226 del 11 de octubre de 199421 expedida por el
Ministerio de Educación – Centro Experimental Piloto de Bolívar, es claro que luego
de un concurso para proveer vacantes de plazas por conversión de su propia planta
de personal, se fijó el listado de elegibles dentro de las cuales se encontró la
apelante con el fin de que fuera nombrada en dicho cargo que necesariamente
resulta ser del orden nacional por provenir de una disposición directa de la referida
cartera gubernamental.
42. Incluso, su vínculo sin solución de continuidad desde 1994 implicó que
mantendría las condiciones propias de una docente de la planta de personal del
Ministerio de Educación durante todo el tiempo, lo cual puede encontrar respaldo
adicional en que, además, la plaza a ocupar estaba prevista precisamente en la
estructura funcional del Colegio Nacional Pinillos que también comparte esa misma
naturaleza jurídica.
43. Pues bien, analizado un caso similar al presente, es de resaltar que en
sentencia del 4 de mayo de 2023 proferida por esta corporación22 se determinó la
20 Al respecto ver sentencias de la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado del 25 de febrero de
2016, radicado 05001-23-32-000-2011-00946-01 (0512-2014), y del 6 de mayo de 2021, con radicado 68001-
23-33000-2016-00286-01 (1579-2019), y más recientemente del 14 de mayo de 2025 en el proceso con
radicado: 52001-23-33-000-2019-00509-01 (3413–2023), C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
21 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 4 de mayo de 2023. Radicado: 23001 23
33 000 2014 00235 01 (0373–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. En esta providencia se señaló lo
siguiente: «[…] Descendiendo al caso que nos ocupa, el señor Juan Anselmo Usta Agámez fue nombrado en
el Centro Experimental Piloto de Córdoba y permaneció allí vinculado desde el 21 de enero de 1980 hasta el 30
de junio de 2000, fecha que fue incorporado a la planta de personal docente del departamento como se analizara
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00030-01 (3271-2022)
improcedencia del cómputo del tiempo de servicio ejecutado por un maestro oficial
en un Centro Experimental Piloto. En consecuencia, el hecho de que la accionante
haya estado vinculada desde el 12 de diciembre de 1994 por una conversión de las
autorizaciones de prestación de servicios ante un CEP que dependía directamente
de la Nación por medio del Ministerio de Educación, lo que corrobora es que su
relación legal y reglamentaria necesariamente era del mismo orden que la del centro
educativo donde laboró, esto es, nacional.
44. Bajo estos planteamientos, al observar que del material probatorio aportado y
practicado no se generan dudas ni contradicciones relacionadas con la calidad de
la posición ocupada por la actora, deberá entenderse que la plaza en mención sí
pertenecía a la planta de personal del aludido ente ministerial, lo cual se ajusta a la
noción prevista para los docentes nacionales en el artículo 1.º de la Ley 91 de
1989.23
45. Por esta razón se concluye que el lapso de la reclamante como educadora
nacional comprendido entre el 12 de diciembre de 1994 y el 12 de marzo de 2013
(18 años y 3 meses), no puede ser tenido en cuenta para colmar la exigencia bajo
estudio necesaria a fin de acceder al derecho en litigio, pues esta relación legal y
reglamentaria bajo dichas características es incompatible con la finalidad del
beneficio pensional conforme a los presupuestos de la Ley 114 de 1913.
46. En conclusión, bajo el entendido de que la demandante no cumplió con el
requisito de haber acreditado más de 20 años de servicio como maestra territorial o
nacionalizada, pues su mayor tiempo acumulado fue nacional,24 resultaría inane
más adelante; además, se certificó que desempeñó sus funciones como docente en el Colegio Nacional “José
María Córdoba” de Montería, de acuerdo con el certificado expedido por el recto de dicha institución. Así, este
periodo, es decir 20 años, 4 meses y 11 días, no resulta valido para el cómputo del requisito de tiempo de
servicios con miras al reconocimiento de la pensión gracia, pues corresponde al orden nacional. Vale la pena
poner de presente que en el escrito de la demanda el actor argumentó que este tiempo lo desestimó en la
reclamación ante la administración, pues correspondía al orden nacional, laborado en el colegio de carácter
nacional José María Córdoba (numerales sexto y séptimo de los hechos de la demanda).
[…] Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente del señor Usta Agámez Gutiérrez no se
modificaron a pesar de los traslados e incorporaciones a la planta departamental y municipal, pues el último
nombramiento del que fue objeto se efectuó por parte del Centro Experimental Piloto en 1980, el cual dependía
del Ministerio de Educación, de ahí en adelante se presentaron situaciones administrativas como los referidos
traslados e incorporaciones a la planta del departamento de Córdoba y al municipio de Montería, sin que ello
afectara sus prestaciones salariales o régimen de pensiones y cesantías, pues como quedó claro, la vinculación
con la que venía antes de la incorporación a la planta de personal docente se mantuvo incólume al no existir
ruptura del vínculo laboral. […]»
23 «[…] ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado
a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional. […]»
24 Se advierte que la actora también acreditó la prestación del servicio como docente del departamento de
Magdalena entre el 17 de julio de 1980 y el 15 de junio de 1983, así como educadora mediante autorizaciones
de servicio de horas cátedra con el municipio de Mompox del 3 de marzo de 1989 al 30 de diciembre de 1993,
al igual que por vinculación directa con dicha entidad territorial desde el 15 de junio de 1990 hasta el 21 de
agosto de 1992, tiempos que acumulados y sin entrar a verificar la naturaleza del vínculo solo arrojan un total
de 9 años, 11 meses y 2 días que, así fueran computables, no permiten satisfacer el requisito de los 20 años
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00030-01 (3271-2022)
verificar los demás preceptos contemplados para adquirir la pensión gracia, pues
ante este primer análisis se verifica que no procedía el reconocimiento de dicha
prestación.
47. Las anteriores razones son suficientes para confirmar la sentencia apelada que
negó las pretensiones.
Condena en costas de segunda instancia
48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
49. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
50. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
51. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
de labor oficial educativa indispensables para consolidar el derecho a la pensión gracia. Estos períodos se
derivan de las certificaciones laborales del 25 de febrero de 2013, del 7 de julio de 2011, así como de los actos
de nombramiento que obran en el expediente digital del índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00030-01 (3271-2022)
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el once (11) de febrero de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.
Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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