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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00049-01

Fecha
12 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00049-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor Luis Alberto Iriarte Hernández. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-00049-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

Tema: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios,
principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.
Insuficiencia probatoria del elemento de subordinación
continuada. Condena en costas

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia porque no se
acreditó el elemento de la continuada subordinación

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada
contra la sentencia de primera instancia del 31 de marzo de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia,
solicitó que se declare la nulidad del «Oficio AMC-PQR-0001795-2015 del 12 de
marzo de 2015»1, suscrito por la directora de Talento Humano de la Alcaldía
Mayor de Cartagena de Indias, mediante el cual se negaron las cesantías y
demás prestaciones sociales reclamadas.

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declaren los efectos
legales del contrato de trabajo en aplicación de la teoría del «contrato realidad»
y que, en consecuencia, se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar
las prestaciones sociales derivadas de dicha relación: salarios adeudados,
cesantías definitivas, sanción por no consignación de cesantías, intereses de
cesantías y su respectiva sanción, primas, vacaciones, dominicales y festivos
laborados con sus recargos, horas extras, indemnización por despido
injustificado e indemnización moratoria, causadas durante el tiempo en que
estuvo vinculado mediante contratos de prestación de servicios.

1
Se entiende que el acto acusado es el Oficio AMC-OFI-0047685-2016 del 31 de mayo de 2016, tal como consta en el
folio 27 del del archivo «01ExpedienteDigitalizado» obrante en la carpeta comprimida
«4ED_13001233300020170004(.zip) NroActua 2)» que reposa en el índice 2 de SAMAI.

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

3. Solicitó también el pago indexado de dichos conceptos desde la fecha de
su causación hasta su cancelación efectiva, la indemnización por despido sin
justa causa conforme al Código Sustantivo del Trabajo, la sanción moratoria por
el no pago oportuno de las prestaciones sociales, la condena en costas y
agencias en derecho, así como la aplicación de la figura de la extra o ultra petita.

4. Como sustento de sus pretensiones, indicó que prestó sus servicios
personales al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias entre el 3 de
enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, desempeñando el cargo de
conductor bajo subordinación y dependencia directa del despacho de la Alcaldía
Mayor, durante las administraciones de distintos alcaldes que se sucedieron en
dicho periodo.

5. Señaló que, para ejercer dicho cargo, debió suscribir sucesivos contratos
y órdenes de prestación de servicios (OPS), entre ellos los números 52 y 399 de
2008, con sus modificatorios de 2009 y 2010, el contrato 136 de 2010, los
contratos de 2011 y 2012 con sus modificatorios y aclaratorios, y el contrato 90
de 2013 con sus modificatorios de febrero, marzo y octubre de ese año,
denominados por la Administración como «Contratos de Prestación de Servicios
y de Apoyo a la Gestión».

6. Sostuvo que, durante la vigencia de dichos contratos, se configuraron los
elementos propios de una relación laboral —subordinación, prestación personal
del servicio y contraprestación económica—, en la medida en que estuvo
sometido a un horario de trabajo, a instrucciones de un superior y percibió una
remuneración periódica, siendo la última asignación mensual devengada la suma
de $2.100.000, hasta diciembre de 2013.

7. Indicó que la relación contractual fue única e ininterrumpida durante todo
el periodo relacionado, sin que las breves interrupciones entre contratos —
inferiores a cinco días— hubieran significado cesación real en la prestación del
servicio.

8. Manifestó que el vínculo finalizó por decisión unilateral de la
Administración Distrital en diciembre de 2013 al no ser llamado a laborar
nuevamente una vez culminado el último contrato de prestación de servicios
suscrito. Adujo que, al momento de la terminación, la entidad no le canceló suma
alguna por concepto de cesantías ni demás prestaciones sociales bajo el
argumento de que la vinculación correspondió a contratos de prestación de
servicios y no a una relación laboral.

9. Señaló que el 12 de septiembre de 2014 presentó ante la Alcaldía Mayor
de Cartagena de Indias reclamación administrativa solicitando el reconocimiento
del vínculo laboral y el pago de las prestaciones sociales adeudadas, pero esta
fue resuelta desfavorablemente mediante el acto acusado, en el que la entidad
negó lo pretendido con fundamento en que la vinculación se dio mediante
contratos de prestación de servicios profesionales.

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

Contestación de la demanda

10. La entidad demandada, por conducto de apoderado judicial, contestó
oportunamente la demanda y se opuso a la prosperidad de todas y cada una de
las pretensiones argumentando que carecían de soporte fáctico y jurídico, y
propuso además la prescripción de la acción.

11. Como fundamento de su defensa, sostuvo que la contratación del
demandante se realizó conforme al Estatuto General de Contratación Pública
(Ley 80 de 1993) y no bajo el régimen del Código Sustantivo del Trabajo como lo
interpretó la parte demandante, señalando que dichos contratos, conforme al
artículo 32, numeral 3, de la citada ley, en ningún caso generan relación laboral
ni prestaciones sociales.

12. Indicó que la entidad requirió los servicios del demandante para desarrollar
actividades ocasionales, diferentes a las desempeñadas por empleados y
trabajadores oficiales, motivo por el cual se acudió a la figura del contrato de
prestación de servicios.

13. Sostuvo que los contratos se finalizaron por vencimiento del término
pactado y no de manera continua como lo afirmó el demandante, y que no
procedía el pago de cesantías, intereses de cesantías, primas, vacaciones, horas
extras, dominicales ni festivos laborados, por no estar regulados en la Ley 80 de
1993 ni pactados en los contratos suscritos.

14. Finalmente, propuso como excepción de mérito la denominada «legalidad
de los contratos de prestación de servicios», al considerar que estos fueron
suscritos en cumplimiento de funciones misionales de carácter excepcional y
conforme a lo regulado por la Ley 80 de 1993.

Sentencia apelada

15. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 31 de marzo
de 2023, declaró la nulidad parcial del acto acusado y en su lugar declaró que
entre el demandante y el Distrito de Cartagena de Indias existió una relación
laboral, por lo que condenó a la entidad a reconocer y pagar al actor una
indemnización equivalente a las prestaciones sociales correspondientes a los
conductores de su planta de personal, liquidadas de acuerdo con el monto de los
honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios, durante el
periodo comprendido entre el 27 de febrero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013.

16. Asimismo, ordenó a la entidad demandada tomar el ingreso base de
cotización pensional del demandante durante la vigencia de los contratos
reseñados y, de existir diferencia entre los aportes efectuados como contratista y
los que debieron realizarse, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante en el porcentaje correspondiente como empleador, computando dicho
periodo para efectos pensionales.

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

17. Como sustento de lo anterior, el Tribunal encontró acreditada la
suscripción de múltiples contratos y órdenes de prestación de servicios entre el
demandante y el Distrito de Cartagena, ejecutados entre el 27 de febrero de 2008
y el 31 de diciembre de 2013, cuyo objeto consistía en el transporte de
funcionarios y contratistas, así como en prestar disponibilidad permanente para
conducir el vehículo del alcalde.

18. Consideró demostrada la prestación personal y directa del servicio, así
como el pago de una remuneración mensual, hechos que además fueron
reconocidos por la propia entidad demandada.

19. En cuanto a la subordinación y dependencia continuada, señaló que el
Distrito de Cartagena no aportó los estudios previos que justificaran la necesidad
de las contrataciones suscritas, y que el cargo de conductor se encuentra previsto
como empleo público del nivel asistencial en el Decreto 785 de 2005,
correspondiendo a actividades inherentes a la esencia y objeto de la entidad.

20. Asimismo, valoró las declaraciones de los testigos Rafael Angulo Montes,
Héctor Manuel Causil Pastrana, Ana Oviedo Vanquez y Boris Palencia León,
quienes coincidieron en afirmar que el demandante laboraba un día sí y uno no,
hasta por más de 12 e incluso 24 horas, incluyendo fines de semana, turnándose
con el señor Silfredo Meza para transportar al alcalde distrital de la época.

21. Concluyó que el demandante no desarrolló las labores contratadas de
forma autónoma, pues según el texto mismo de los contratos debía cumplir sus
actividades cuando fuera requerido y mantener disponibilidad permanente,
circunstancias ajenas a la prestación especializada y ocasional de un servicio
independiente, por lo que se configuró una verdadera relación laboral que la
entidad pretendió encubrir mediante contratos de prestación de servicios.

22. En relación con la prescripción, precisó que el último contrato terminó el
31 de diciembre de 2013 y que la reclamación administrativa fue presentada el
25 de mayo de 2016, sin que existiera interrupción superior a un mes entre los
distintos contratos, por lo que no operó el fenómeno prescriptivo respecto de los
derechos reclamados.

23. Por su parte, el a quo precisó que no se ordenaría la liquidación de la
sanción moratoria por tratarse de una sentencia de carácter constitutivo, ni el
reconocimiento de salarios y viáticos, dado que se encontraba probado el pago
de honorarios pactados en los contratos, en los cuales no se previó dicho
emolumento; igualmente, negó la pretensión de indemnización por despido
injusto, al considerar que la relación laboral no culminó por causa injusta sino por
vencimiento del plazo señalado en el último contrato suscrito.

24. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas en esta instancia,
aduciendo que comoquiera que se accedió a unas pretensiones y se negaron
otras, no hubo en el proceso vencedores y vencidos.

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

Recurso de apelación

25. La parte demandada interpuso recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia, con el propósito de que se revoque en su totalidad
y se exonere al Distrito de Cartagena de los numerales condenatorios impuestos
en su contra.

26. Como fundamento de su inconformidad, sostuvo que dentro del plenario
no existían pruebas que condujeran a la veracidad de una relación laboral entre
el ente territorial y el demandante, señalando que a este correspondía acreditar
los elementos constitutivos de dicha relación y que tal carga no fue satisfecha.

27. Alegó indebida valoración probatoria respecto de los testimonios
recaudados dado que los declarantes eran únicamente vecinos del demandante,
sin ser compañeros de labor o de contrato, por lo que sus dichos constituían una
mera suposición y no prueba fehaciente de la prestación del servicio.

28. Indicó que lo único cierto y probado era la existencia de un contrato de
prestación de servicios, reconocido por la propia parte actora, sin que se hubiera
aportado prueba que desvirtuara su naturaleza contractual, conforme a la
clasificación de las formas de vinculación estatal derivada de los artículos 122 y
125 de la Constitución Política.

29. Argumentó que no se demostró el elemento de subordinación, pues no
obraba en el expediente prueba de horario impuesto, de instrucciones dadas por
un superior jerárquico, ni de cumplimiento de órdenes por parte del demandante,
invocando jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual la coordinación
entre contratante y contratista no equivale a subordinación laboral.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. Mediante auto del 23 de mayo de 2024, se admitió el recurso de apelación.
Asimismo, se le advirtió a la parte demandante que disponía hasta la ejecutoria
de esa providencia para pronunciarse en torno al recurso de apelación y que el
Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que ingresara el proceso
al despacho para sentencia.

31. En esta etapa no hubo pronunciamiento alguno por las partes y el
Ministerio Público.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

32. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

33. Corresponde a la Sala determinar si la sentencia de primera instancia
incurrió en los yerros planteados por la parte demandada en el recurso de
apelación. Para tal efecto, se analizará si el actor acreditó la existencia de
subordinación continuada durante la ejecución de los contratos de prestación de
servicios celebrados con el distrito de Cartagena de Indias. En caso afirmativo,
se establecerá la manera en que se debe restablecer su derecho.

Análisis del problema jurídico

34. La Sala considera que el actor no acreditó la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios, en la medida en que de las pruebas
documentales y testimoniales incorporadas y practicadas en el plenario, no es
dable establecer que existió el elemento de subordinación entre las partes, tal
como se pasa a explicar.

35. Sea lo primero indicar que quien pretenda que se declare la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios con fundamento en
el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades con el propósito de
obtener el restablecimiento de su derecho, debe acreditar que la ejecución de las
tareas se desarrolló bajo una subordinación continuada.

36. Al respecto, el referido elemento de la relación laboral denota el «poder
jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral
del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la
imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las
funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro
del elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que
condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el
empleador ejerce sobre este […]» 2.

37. Pues bien, en el presente asunto el demandante prestó sus servicios como
conductor para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en virtud
de los contratos de prestación de servicios que se relacionan a continuación:

Entidad
Contrato Duración Honorarios Objeto
contratante

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de junio
de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).

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Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

Prestación de apoyo a
la gestión que
desarrolla la
Distrito Turístico y $ 9.000.000 Oficina asesora de
27/02/2008 al
Sin número3 Cultural de ($ 1.800.000 protocolo para fungir
28/07/20084
Cartagena de Indias mensuales) como
Conductor del vehículo
asignado a esta
dependencia.5
Distrito Turístico y $ 9.000.000 Conductor de vehículo
03/09/2008 al
0396 Cultural de ($ 1.800.000 asignado a la Oficina
31/12/2008
Cartagena de Indias mensuales) Asesora de Protocolo
20-2009
Distrito Turístico y $ 22.800.000 Conductor de vehículo
Modificatorio 22/01/2009 al
Cultural de ($ 2.072.000 asignado a la Oficina
0017 del 31/12/20098
Cartagena de Indias mensuales) Asesora de Protocolo
09/02/2009
1369
Distrito Turístico y $ 12.432.000 Conductor de vehículo
Con Aclaratorio 25/01/2010 al
Cultural de ($ 2.072.000 asignado a la Oficina
001 del 30/06/2010
Cartagena de Indias mensuales) Asesora de Protocolo
12/02/201010
Distrito Turístico y $ 12.432.000 Conductor de vehículo
09/07/2010
Sin número11 Cultural de ($ 2.072.000 asignado a la Oficina
31/12/2010
Cartagena de Indias mensuales) Asesora de Protocolo
Conductor de vehículo
Distrito Turístico y $ 21.864.000
28/01/2011 al del despacho de la
9912 Cultural de ($ 2.072.000
20/12/2011 alcaldesa mayor de
Cartagena de Indias mensuales)
Cartagena de Indias
Conductor de vehículo
Distrito Turístico y $ 8.288.000 ($
03/02/2012 al del despacho de la
9213 Cultural de 2.072.000
30/04/2012 alcaldesa mayor de
Cartagena de Indias mensuales)
Cartagena de Indias
Conductor de vehículo
655-0114 con
Distrito Turístico y $ 14.504.000 del despacho de
aclaratorio del 30/05/2012 al
Cultural de ($ 2.072.000 Dirección
27 de junio de 31/12/2012
Cartagena de Indias mensuales) Administrativa de
201215
Apoyo Logístico
9016
Modificatorios
Conductor de vehículo
00117 del
Distrito Turístico y del despacho de
15/02/2013 y del 28/01/2013 al $25.200.000
Cultural de Dirección
18 de octubre 31/12/2013 ($ 2.100.000)
Cartagena de Indias Administrativa de
de 201318 y
Apoyo Logístico
aclaratorio 001
del 11/03/201319

3
Sobre este contrato, vale la pena precisar que solo obra la última página de este, suscrito por el demandante y el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias el 27 de febrero de 2008. Así mismo, se puede establecer de la Relación de
Órdenes expedida en favor del señor Luis Alberto Iriarte Hernández, que él cobró el valor de $ 1.800.000 hasta el mes de
julio de 2008 (páginas 34 al 41 del archivo «01ExpedienteDigitalizado» obrante en la carpeta comprimida
«4ED_13001233300020170004(.zip) NroActua 2)» que reposa en el índice 2 de SAMAI.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Páginas 42 y 43, expediente digitalizado.
7
Páginas 45 y 46, ibidem.
8
Esta última fecha se extrae de la Relación de Órdenes expedida en favor del señor Luis Alberto Iriarte Hernández, en el
que se puede ver que cobró el valor $ 2.072.000 hasta el mes de diciembre de 2009 (páginas 34 al 41, ibidem).
9
Páginas 47 y 48, ibidem.
10
Página 49, ibidem.
11
Páginas 50 y 51, ibidem.
12
Páginas 52 y 53, ibidem.
13
Páginas 54 y 55, ibidem.
14
Páginas 56 y 57, ibidem.
15
Página 58, ibidem.
16
Páginas 62 y 63, ibidem.
17
Página 59, ibidem.
18
Página 61, ibidem.
19
Página 60, ibidem.

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Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

38. Entre tanto, en la primera instancia se practicaron los testimonios20 de los
señores Eladio Rafael Angulo Montes, Héctor Manuel Causil Pastrana, Ana
Aurora Oviedo Vanquez y Boris Palencia León, quienes son vecinos del
demandante en el barrio España de la ciudad de Cartagena.

39. Asimismo, al valorar sus declaraciones, los testigos coincidieron en
señalar que el actor fungió como conductor de la Alcaldía de Cartagena, en
especial al servicio de la entonces alcaldesa Judith Pinedo Flórez, entre 2008 y
2013. De igual modo, concordaron en que el actor prestaba sus servicios día de
por medio, y algunos fines de semana.

40. Ahora bien, en cuanto a las razones que dieron para demostrar por qué
les constaba la situación laboral del actor, el señor Angulo Montes precisó que
es su amigo y que este le comentaba sobre su trabajo. Que sabía que conducía
una camioneta y que le pagaban mensualmente en el Banco Popular más de un
millón de pesos. Además, que sabía que los contratos fueron continuos durante
todo el tiempo que ejerció como conductor.

41. Por su parte, la señora Oviedo Vanquez precisó que coincidía
frecuentemente con el demandante en horas de la mañana cuando salía a
trabajar como mensajera y que veía la camioneta de la alcaldía en casa de este
último. Además, que en algunas oportunidades fue a la alcaldía a dejar el correo
y que allá vio al demandante junto con la camioneta.

42. El señor Causil Pastrana mencionó que el actor trabajó «al pie de la letra»
como conductor, siempre a disposición de la alcaldesa. No obstante, la Sala
evidencia que este fue dubitativo al momento de responder por qué le constaba
esa situación, pues solo se ciñó a indicar que él sabía esa información debido a
que eran vecinos.

43. Finalmente, el señor Palencia León se refirió a que tenía conocimiento de
que el demandante trabajó con la alcaldesa «María Mulata», toda vez que le pidió
ayuda para que, por su intermedio, le ayudara para los regalos decembrinos de
los niños del barrio España de Cartagena.

44. Con base en lo anterior, ninguna de las pruebas que obran en el
expediente dan cuenta de órdenes que determinaran el modo específico de
cumplir sus funciones, ni de la imposición de reglamentos internos durante los
períodos en que el accionante desarrolló actividades como conductor al servicio
de la alcaldía de Cartagena de Indias. Tampoco existen documentos que
evidencien instrucciones individualizadas, llamados de atención o controles
propios de la subordinación.
20
Audiencia de pruebas celebrada el 31 de enero de 2019 (acta visible en las páginas 169 y 170) y audio y video visible
en el siguiente enlace:
https://etbcsj-
my.sharepoint.com/personal/desta04bol_notificacionesrj_gov_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdesta04
bol%5Fnotificacionesrj%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMIS%20ARCHIVOS%2FA%C3%91O%202023%2FSENTEN
CIAS%20ORDINARIOS%202023%2F13001233300020170004900%20%2D%20LU%C3%8DS%20IRIARTE%2FAdienc
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Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

45. Del mismo modo, se observa que los testigos no describieron situaciones
específicas en las que hubieran presenciado órdenes o instrucciones sobre la
forma de ejecutar las tareas, pues se trataba de vecinos y no de compañeros de
trabajo. Además, debe señalarse que sus relatos se sustentan en
manifestaciones que el propio actor les refería, por lo que no cuentan con
conocimiento directo sobre la ejecución de los contratos.

46. Por otro lado, la Sala no acoge el análisis realizado por el Tribunal de
primera instancia puesto que este creó una presunción de subordinación con
base en que las funciones que desempeñó el actor como conductor eran las
mismas que estaban establecidas en el Decreto 785 de 200521 y en el Decreto
0304 de 200322, sin que dicho elemento estuviera debidamente probado en el
caso sub judice, como se indicó en precedencia, ya que la parte actora no
satisfizo la carga de la prueba establecida en el artículo 167 del CGP, necesaria
para acreditar fehacientemente el elemento de la subordinación continuada.

47. Ahora bien, la Sala no desconoce que los contratos suscritos exigían al
demandante cumplir sus actividades cuando fuera requerido y mantener
disponibilidad permanente, estipulación que, en abstracto, podría constituir un
indicio de control sobre la disposición de su tiempo. No obstante, tal
circunstancia, considerada por sí sola, resulta insuficiente para tener por
acreditada la subordinación continuada, según pasa a explicarse.

48. En efecto, si bien el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80 de 1993 dispone
que los contratos de prestación de servicios en ningún caso generan relación
laboral, la jurisprudencia de esta Corporación23 ha precisado que la coordinación
entre contratante y contratista que puede comprender la fijación de condiciones
de disponibilidad para la ejecución del objeto contractual— no se confunde, por
sí misma, con el poder subordinante que distingue la relación laboral; sin
embargo, no basta con la sola estipulación contractual de disponibilidad para
tener por demostrado dicho elemento, sino que corresponde a la parte actora
acreditar que esa cláusula se aplicó materialmente, al punto de traducirse en una
disposición permanente de su tiempo y de un límite a su facultad de decidir
libremente sobre la manera de ejecutar el objeto contractual.

49. Con base a lo anterior, en el presente caso, no obra prueba de la manera
en que dicha estipulación operó en la práctica. En efecto, no reposan en el
expediente programaciones de turnos, registros de llamadas o de recorridos,
controles de asistencia, órdenes o instrucciones impartidas por funcionarios de

21
«Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004».
22
«Por el cual se establece la estructura general de la alcaldía mayor de Cartagena de Indias DTC, los objetivos y
funciones de cada una de sus dependencias».
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, proferida dentro del proceso 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016, con ponencia del magistrado Rafael
Francisco Suárez Vargas. Ver párrafo 90, en el que se indicó lo siguiente: «90. A este respecto, conviene aclarar que lo
que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el
cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar
informes sobre sus resultados».

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

la entidad sobre el modo de ejecutar la labor, restricciones para desarrollar otras
actividades durante los lapsos en que el actor no era requerido, ni consecuencia
disciplinaria o contractual alguna derivada de desatender un requerimiento. Los
únicos elementos de convicción son los testimonios de los vecinos del
demandante, quienes, según se precisó, carecían de conocimiento directo sobre
la ejecución de los contratos.

50. Así las cosas, se concluye que la parte demandante no demostró la
desnaturalización de los contratos de prestación de servicios por la existencia de
subordinación continuada, razón por la cual se revocará la sentencia de primera
instancia y se negarán las pretensiones de la demanda.

Condena en costas

51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

52. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue disponer la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

53. En consecuencia, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

54. Así las cosas, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia apelada,
se impondrán costas a la parte demandante en ambas instancias, por cuanto se
accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto por la
entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP,
las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

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Radicación: 13001 23 33 000 2017 00049 01 (1112-2024)
Demandante: Luis Alberto Iriarte Hernández

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 31 de marzo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor Luis
Alberto Iriarte Hernández. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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