Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00050-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00050-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00050-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00050-02 (3993-2023)
Demandante: Julio César Bossio Marrugo
Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones1
Tema: Reliquidación pensión especial de jubilación - Decreto 929 de
1976 - apelación fallida
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 30 de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 2, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de
la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Julio César Bossio Marrugo presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
1 En adelante Colpensiones.
2 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf 01Cuaderno,
visibles a folios 1 a 15.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00050-02 (3993-2023)
Demandante: Julio César Bossio Marrugo
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 98229
del 7 de abril de 2015, mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales le
reconoció la pensión de jubilación; ii) Resolución GNR 7691 del 12 de enero de
2016, en la cual Colpensiones reliquidó la prestación sin incluir todos los factores
salariales devengados en el último semestre de servicio; y iii) Resolución GNR
175444 de 17 de junio de 2016, a través de la cual la entidad reliquidó la
prestación sin tener en cuenta el régimen especial de la Contraloría.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los
factores salariales devengados en el último semestre de servicio en la Contraloría
General de la República; ii) el pago del retroactivo pensional; iii) el pago de los
intereses moratorios; iv) la indexación de las sumas que resultaren; v) el reajuste
de la pensión conforme con el IPC; vi) el cumplimiento del fallo en los términos
del artículo 192 del CPACA; y vii) la condena en costas y agencias en derecho a
la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Julio César Bossio Marrugo nació el 29 de enero de 1953, y prestó su servicio
así:
Empleador Entidad Desde Hasta Semanas
Contraloría General Pública 7 de octubre de 1975 10 de enero de 1990 744,14
de la República
Municipio de Arjona Pública 30 de junio de 1990 3 de marzo de 1991 35,14
Sociedad Eléctrica Privada 5 de noviembre de 1992 31 de diciembre de 112,29
Universal 1994
Sociedad Eléctrica Privada 1° de enero de 1995 23 de octubre de 1997 146,57
Universal
Hospital Local de Pública 1° de junio de 2000 30 de junio de 2001 56,29
Arjona
Hospital Local de Pública 4 de enero de 2002 30 de mayo de 2003 73,00
Arjona
Municipio de Arjona Pública 15 de enero de 2004 31 de diciembre de 206,57
2007
Corporación de TV y Privada 1° de septiembre de 1° de septiembre de 260,86
Canal Comunitario 2008 2013
Total 1634,86
3.2. Para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 [el 1° de abril de 1994]
3 En adelante CPACA.
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
contaba con 40 años de edad, por lo cual era beneficiario del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de dicha ley.
3.3. Además, era beneficiario del régimen especial de la Contraloría General de la
República, por lo cual le era aplicable el Decreto 929 de 1976.
3.4. A través de la Resolución GNR 98229 del 7 de abril de 2015, Colpensiones le
reconoció la pensión de jubilación en cuantía de $817.623, efectiva a partir del 2
de septiembre 2013.
3.5. Mediante la Resolución GNR 7691 del 12 de enero de 2016, Colpensiones
reliquidó la pensión de jubilación, sin tener en cuenta todos los factores salariales
devengados en el último semestre, de acuerdo con el régimen especial de la
Contraloría General de la República.
3.6.Contra la anterior decisión presentó recurso de reposición y en subsidio
apelación, con el fin de que se incluyera el tiempo laborado en el sector público, y
el que prestó en la Contraloría General de la República.
3.7. A través de la Resolución GNR 175444 del 17 de junio de 2016, Colpensiones
reliquidó la prestación en cuantía de $1.155.586, de acuerdo con la Ley 71 de
1998, pero no incluyó los factores salariales devengados en el último semestre de
servicio en la Contraloría General de la República de conformidad con el Decreto
929 de 1976 y la Ley 33 de 1985.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 25, 29, 53, 58, 83, 90, 122,
123, 124 y 125 de la Constitución Política; 36 y 85 del CPACA; 4 de la Ley 45 de
1933; 1° de la Ley 33 de 1985; 6 y 7 del Decreto 929 de 1976; 45 del Decreto
1045 de 1978 y Ley 100 de 1993.
5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos4:
5.1. Los actos acusados vulneraron los postulados constitucionales y legales, pues
la entidad desconoció que los empleados de la Contraloría General de la
República eran beneficiarios del régimen especial de pensiones establecido en el
Decreto 929 de 1976.
4 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf 01Cuaderno,
visibles a folios 7 a 11.
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
5.2. Además, en el artículo 7 del citado decreto se dispuso que los empleados de la
Contraloría General de la República tenían derecho a la pensión de jubilación
equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último
semestre, cuando acreditaran los requisitos de edad y tiempo de servicio.
5.3. Los actos demandados fueron expedidos con fundamento en la Ley 71 de
1988, lo cual trasgrede el principio de favorabilidad, pues la pensión de jubilación
debió reconocerse con el Decreto 929 de 1976 y liquidarse con el promedio de los
factores salariales devengados durante el último semestre.
1.2. Contestación de la demanda
6. Colpensiones5 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda,
con los siguientes argumentos:
6.1. En los actos administrativos demandados se reliquidó la pensión de jubilación,
teniendo en cuenta el régimen de transición respecto de la edad, tiempo y monto,
y para el cálculo del IBL se aplicó lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y los factores salariales establecidos en el Decreto 1158 de 1994.
6.2. Los actos administrativos demandados fueron expedidos de acuerdo con los
postulados constitucionales y legales, por lo tanto, no era viable reliquidar la
prestación de acuerdo con el Decreto 929 de 1976, pues el demandante laboró en
la Contraloría General de la República desde 1975 hasta 1990, esto es 15 años,
por lo cual no acreditó el tiempo de servicio.
Propuso las excepciones denominadas: i) inexistencia de la obligación
6.3.
demandada; ii) buena fe; y iii) cobro de lo no debido.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, en sentencia proferida
el 30 de junio de 20226 accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la demandada, con sustento en los siguientes argumentos:
7.1. Colpensiones reconoció la pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 71 de
1988, pues consideró que el demandante no acreditó el requisito de los 20 años
de servicio como empleado público, pues sólo demostró que fue empleado público
5 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf 01Cuaderno,
visibles a folios 118 a 127.
6 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf 06Sentencia.
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
por 16 años y 5 meses.
7.2. El demandante acreditó ante Colpensiones que laboró como empleado público
por 21 años, y que lo hizo por más de 10 años en la Contraloría General de la
República, en consecuencia, era procedente reconocer la pensión de jubilación de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 929 de 1976, y la reliquidación de acuerdo
con lo establecido en la sentencia de unificación del 11 de junio de 20207.
7.3. Por lo anterior, era procedente reconocer la pensión de jubilación con el
Decreto 929 de 1976, a partir del 29 de enero de 2008, con el ingreso base
liquidación de los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, con los factores del
Decreto 1158 de 1994, y pagar las mesadas resultantes de esa pensión a partir
del 1° de agosto de 2011, pues dicha prestación se debió liquidar con el promedio
de los salarios sobre los cuales se cotizó durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión, con una tasa de remplazo del 75%. Y del 2 de
septiembre de 2013 en adelante «se mantendrá la pensión mas favorable al
demandante entre aquella liquidada conforme se ha señalado en el presente fallo y
aquella liquidada conforme a la ley 71 de 1988, en caso que se generen saldos a favor del
actor deberán ser pagadas esas diferencias, sumas que deberán ser actualizados con
base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el
DANE.» (sic).
1.4. El recurso de apelación
8. La parte demandada interpuso recurso de apelación8, el cual sustentó así:
8.1. El demandante pretende que se reliquide la pensión de jubilación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio, aplicando el IBL de 75%, no obstante, el tribunal desconoció que la Corte
Constitucional en sentencia SU-230 del 29 de abril de 2015, dispuso:
«[…] La Sala Plena encontró que la sentencia C-258 de 2013 fijó una interpretación en
abstracto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de establecer que el
ingreso base de liquidación IBL no es un aspecto de la transición y, por tanto, son las
reglas contenidas en aquel régimen general, las que deben observarse para determinar
el monto pensional con independencia del régimen especial al que se pertenezca. De
otro lado, resaltó que mediante auto A-326 de 2014, por el cual se resolvió la solicitud
de nulidad de la sentencia T-078 del mismo año, la Sala reafirmó la interpretación
sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecida en el referido fallo C258 de
2013, en el que por primera vez la Sala analizó el IBL, en el sentido en que, el modo de
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, proferida en el expediente 05001-23-33-00-2012-00572-
01(1882-14) CE-SUJ-SII-020-20.
8 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
09RecursoApelacion.
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior,
en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto
y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación.»
8.2. El a quo no tuvo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo
de Estado, los factores salariales que se deben incluir en la prestación son los
previstos en la ley y sobre los cuales se hayan realizado aportes; en
consecuencia, en la prestación del demandante son los señalados en el Decreto
1158 de 1994.
8.3. Por lo anterior, Colpensiones profirió los actos administrativos con la
normatividad y jurisprudencia vigente y no es procedente reliquidar la pensión en
los términos pretendidos.
8.4. Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que
se negaran las pretensiones de la demanda.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
9. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. El Ministerio Público
10. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
11. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 10, el
problema jurídico se contrae a determinar ¿si los argumentos de la apelación
expuestos por Colpensiones guardan congruencia con lo decidido en la sentencia
recurrida, lo cual ameritaría un pronunciamiento de fondo sobre la decisión de
primera instancia?
9 Samai, índice 6.
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Régimen especial de pensiones de la Contraloría General de la
República
12. A través del artículo 7 del Decreto 929 de 1976, el gobierno nacional reguló las
prestaciones sociales de los servidores de la Contraloría General de la República
de la siguiente manera:
«Los funcionarios y empleados de la Contraloría General tendrán derecho, al llegar a
los 55 años de edad, si son hombres y de 50 si son mujeres, y cumplir 20 años de
servicios continuo o discontinuo, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto,
de los cuales por lo menos diez lo hayan sido exclusivamente a la Contraloría General
de la República a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados durante el último semestre».
13. Así las cosas, tendrían derecho a esta pensión los servidores de la Contraloría
General de la República que acreditaran la edad de 55 años si son hombres, o 50
si son mujeres, y 20 años de servicio, continuos o discontinuos, de los cuales, por
lo menos 10 lo hayan sido en esa entidad.
14. Ahora bien, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 929 de 1976, si el
tiempo de servicio en la Contraloría General de la República hubiera sido inferior a
10 años, la prestación se liquidaría en la forma señalada para los empleados
públicos de la Rama Ejecutiva.
15. En cuanto a la liquidación de estas pensiones, además del periodo de los
últimos 6 meses para el IBL, el artículo 9 del aludido decreto ordenó que se
excluyeran los viáticos, a menos que tuviesen el carácter de permanentes y de
que se hubieran recibido durante un lapso continuo de 6 meses o mayor.
16. En el nuevo contexto de sostenibilidad financiera y en consideración a la
importancia de los aportes pensionales para el financiamiento de la pensión, en el
artículo 6 de la norma en estudio se dispuso que sus beneficiarios contribuyeran
para sostener Cajanal con los siguientes aportes:
«1.- Un tercio del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como cuota de
afiliación.
2.- Un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual el respectivo cargo, como
cuota periódica ordinaria.
3.- Un tercio por una sola vez, de todo aumento que reciban en su sueldo básico.
4.- Un cinco por ciento (5%) mensual del valor de las pensiones de jubilación, vejez e
invalidez, para quienes gocen de esta prestación.
5.- Hasta un cinco por ciento (5%) del valor del sueldo mensual, cuando se trate de las
prestaciones a que se refiere el artículo 5o. del presente Decreto».
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
17. En relación con los emolumentos que componen los ingresos de estos
servidores, el artículo 23 del Decreto 929 de 1976 concedió el derecho al pago de
una bonificación especial de un mes de remuneración por cada período de 5 años
cumplidos en la institución.
18. Ahora bien, en lo que se refiere a la base de liquidación pensional el artículo 17
del Decreto 929 de 1976 previó que «(e)n cuanto no se oponga el texto y finalidad del
presente Decreto las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y normas que lo modifican y
adicionan, serán aplicables a los empleados de la Contraloría General de la República».
19. Así, entonces, se hicieron extensivas a los empleados de la Contraloría
General de la República las disposiciones del Decreto 3135 de 1968 y demás
normas complementarias, en concreto lo dispuesto en el Decreto 1045 de 1978,
por el cual se fijan las reglas generales para la aplicación de las disposiciones
sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y trabajadores oficiales del
orden nacional, en cuyo artículo 45 estableció que para efectos del reconocimiento
y pago del auxilio de cesantías y de las pensiones, en la liquidación se tendrán en
cuenta los siguientes factores de salario:
«a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación y la prima técnica;
c) Los dominicales y feriados;
d) Las horas extras;
e) Los auxilios de alimentación y transporte;
f) La prima de navidad;
g) La bonificación por servicios prestados;
h) La prima de servicios;
i) Los viáticos que reciban los funcionarios y trabajadores en comisión cuando se hayan
percibido por un término no inferior a ciento ochenta días en el último año de servicio;
j) Los incrementos salariales por antigüedad adquiridos por disposiciones legales
anteriores al Decreto-Ley 710 de 1978;
k) La prima de vacaciones;
l) El valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de
descanso obligatorio;
ll) Las primas y bonificaciones que hubieran sido debidamente otorgadas con anterioridad
a la declaratoria de inexequibilidad del artículo 38 del decreto 3130 de 1968».
20. Posteriormente, el Decreto 720 del 20 de abril de 1978 11, que fijó el régimen
salarial para los servidores de la Contraloría General de la República, en su
artículo 40 señaló, entre otros factores de salario, los siguientes:
11 «Por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos de la
Contraloría General de la República, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a
dichos empleos y se dictan otras disposiciones».
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00050-02 (3993-2023)
Demandante: Julio César Bossio Marrugo
«De otros factores de salario. Además de la asignación básica fijada por la ley para los
diferentes cargos y del valor del trabajo suplementario o del realizado en días de
descanso obligatorio, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y
periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios.
Son factores de salario:
a). Los gastos de representación.
b). La bonificación por servicios prestados.
c). La prima técnica
d). La prima de servicio anual
e). Los viáticos percibidos por los funcionarios en comisión de servicio».
2.2.2. Ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen pensional
de la Contraloría General de la República por virtud de la transición
dispuesta en la Ley 100 de 1993
21. Mediante la Ley 100 de 1993 fue creado el Sistema General de Pensiones cuyo
fin es garantizar un amparo para las contingencias provenientes de la vejez, la
invalidez y la muerte; sin embargo, en aras de la protección de los derechos
adquiridos o expectativas legítimas de quienes reunían ciertos requisitos al
momento de la entrada en vigencia de la citada norma, en el artículo 36 ibidem se
previó un régimen de transición, en el cual se estableció que:
«La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55)
años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la
cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y
62 para los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o mas años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley».
22. Según la anterior cita, se consolida como beneficiario del régimen de transición
el trabajador que al 1º de abril de 1994 contara con alguno de los siguientes
requisitos: i) 35 años de edad si es mujer, o 40 años si es hombre o iii) 15 años o
más de servicio cotizado. Es decir, es suficiente reunir uno solo de estos para
gozar de esa expectativa legítima.
23.En lo que tiene que ver con el IBL de las pensiones reconocidas a los
beneficiarios del régimen pensional especial de la Contraloría General de la
República por virtud de lo dispuesto en la aludida transición prevista en la Ley 100
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00050-02 (3993-2023)
Demandante: Julio César Bossio Marrugo
de 1993, esta Sección, en consideración a las orientaciones de la Corte
Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, en reciente sentencia de
unificación CE-SUJ-SII-020-2020 del 11 de junio de 202012, estableció la siguiente
regla:
«107.1 Sentar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas con los
requisitos del Decreto 929 de 1976 en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, en cuanto a periodo corresponde a las variables previstas en los artículos 21 y
36 de esta norma; y respecto a los factores, atenderá la regla de cotización
contemplada en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994».
24. Lo anterior, al concluir que «luego de analizar el conjunto de normas salariales y
prestacionales de los servidores de la Contraloría General de la República, encuentra que
en vigencia de la Ley 100 de 1993 las cotizaciones para pensión solo afectan a los
factores que expresamente señaló el reglamento en el artículo 1º del Decreto 1158 de
1994, pues antes de tal norma, la base de cotización la constituía la asignación básica. En
otros términos, ninguna norma que regula los salarios y prestaciones sociales para tal
sector dispone de manera expresa una regla de cotización diferente a la anunciada».
25. De acuerdo con la regla fijada por la Sección Segunda, el problema planteado
se resuelve en el sentido de que el IBL de las pensiones reconocidas en virtud del
Decreto 929 de 1976 a los beneficiarios del régimen de transición es el previsto en
el inciso tercero del artículo 36 o el del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según
corresponda. En cuanto a los factores, se atienden las previsiones del Decreto
1158 de 1994, en consonancia con el principio de sostenibilidad fiscal desarrollado
por el Acto Legislativo 01 de 2005. Estas personas se pensionan con los requisitos
de edad y tiempo de servicio previstos en la norma especial mencionada.
26. Esto, en atención a las diferencias interpretativas que la norma transicional
provocaba en los operadores judiciales y las autoridades administrativas, por lo
que la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió, a través de la sentencia
de unificación CE-SUJ-S2-020-2013, que el alcance de la regla relacionada con la
base de liquidación de las pensiones reconocidas a los ex servidores públicos de
la Contraloría General de la República conforme con el Decreto 929 de 1976, en
virtud del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es que sus
efectos son vinculantes: «(i) respecto de los asuntos similares que actualmente se
están tramitando en el seno de la administración, y los que llegaren a suscitarse; (ii)
respecto de los procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado, y los futuros que se presenten».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de junio de 2020,
expediente 05001-23-33-000-2012-00372-01 (1882-2014).
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00050-02 (3993-2023)
Demandante: Julio César Bossio Marrugo
27. Dicha sentencia constituye un precedente vinculante y obligatorio en la
resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales14. Por lo tanto, no tiene efectos
respecto de aquellos asuntos en los que ya existe sentencia ejecutoriada. En tal
virtud, los conflictos judiciales ya resueltos están amparados por la cosa juzgada y
en consecuencia resultan inmodificables.
2.2.3. Principio de la doble instancia y el marco del recurso de apelación
fallida
28. El principio de la doble instancia, elevado a canon constitucional en el artículo
31 de la Carta Política15, prevé que toda sentencia judicial podrá ser apelada,
salvo las excepciones que estipula la ley; esta garantía del derecho de
impugnación, como posibilidad de controvertir una decisión judicial, exige la
presencia de un superior funcional, quien participa como autoridad independiente,
imparcial y de distinta categoría en la revisión de una actuación previa. En suma,
el principio de la doble instancia encierra una de las más altas garantías
establecidas en la Carta Superior, por ello, es deber del juez, salvo las
excepciones expresamente consignadas por el legislador, procurar su realización
y plena efectividad como garantía de los derechos de impugnación y de
contradicción que de ella subyacen.
29. No obstante, el acceso a dicho derecho no opera de manera deliberada; por
ello, el legislador ha establecido algunos requisitos de oportunidad y procedencia
para su efectividad que deben ser satisfechos a cabalidad, so pena de que el
recurso de apelación fracase, requisitos que dentro del proceso contencioso
administrativo quedaron preceptuados en los artículos 24316 y 24717 de la Ley
14 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: «[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto
órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y
jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades
judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y
jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados
no conduce a la negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución
les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de
aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento
de determinadas condiciones […]».
15 ARTICULO 31. Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones
que consagre la ley.
16 «ARTÍCULO 243. APELACIÓN. Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El
nuevo texto es el siguiente: Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes
autos proferidos en la misma instancia».
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
1437 de 2011. El primero, prevé que serán apelables las sentencias de primera
instancia dictadas por los jueces y tribunales administrativos; el segundo
establece, el trámite con el cual ha de surtirse la apelación señalando el término
para la sustentación.
30. Por su parte, la Ley 1564 de 2012 aplicable al proceso contencioso
administrativo por remisión del artículo 306 del CPACA, señala los fines y el
alcance de la apelación, como también el interés para interponerla, al precisar lo
que a continuación se transcribe:
«Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.
[…]
Artículo 322. Oportunidad y requisitos. El recurso de apelación se propondrá de
acuerdo con las siguientes reglas:
[…]
Cuando se apele una sentencia, el apelante, al momento de interponer el recurso en la
audiencia, si hubiere sido proferida en ella, o dentro de los tres (3) días siguientes a su
finalización o a la notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia,
deberá precisar, de manera breve, los reparos concretos que le hace a la decisión,
sobre los cuales versará la sustentación que hará ante el superior».
31.Una lectura sistemática de las anteriores normas lleva a concluir que, al
sustentar la apelación, el recurrente debe señalar al ad quem las inconformidades
17 «ARTÍCULO 247. TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS.
<Artículo modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El
recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia, dentro
de los diez (10) días siguientes a su notificación. Este término también aplica para las sentencias
dictadas en audiencia.
[…]
3. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se concederá
mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior. Recibido el expediente por
el superior, este decidirá sobre su admisión si encuentra reunidos los requisitos.
4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite
en segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de
apelación formulado por los demás intervinientes.
[…]
7. La sentencia se dictará dentro de los veinte (20) días siguientes. En ella se ordenará devolver el
expediente al juez de primera instancia para su obedecimiento y cumplimiento».
12
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frente a la decisión del a quo para que el superior revise los posibles errores en
que se haya podido incurrir en la primera instancia. La jurisprudencia, en relación
con la carga procesal de indicar los motivos de inconformidad frente a la decisión
de primera instancia, ha precisado18:
«Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda
instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente
en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del
juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están
limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la
Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso,
cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el
apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.
Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por
el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación, comoquiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por
lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la
controversia» (sic).
32. Entonces, cuando los argumentos expuestos en el recurso de apelación no se
dirigen en contra del fondo de la decisión recurrida, esto es en cuanto a las
materias que fueron objeto de análisis por el a quo, al no existir correspondencia
lógica ni jurídica con los presupuestos del asunto que se resuelve, se presenta la
apelación fallida, lo que trae como consecuencia que permanezca incólume lo
resuelto en primera instancia. Ello materializa el debido proceso, teniendo en
cuenta que la decisión que debe adoptar el ad quem necesariamente debe
guardar congruencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, razón por la
cual, los argumentos que se presenten en el recurso de apelación son los que
eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada, revocada o
modificada, según el caso.
33. También resulta importante hacer referencia al artículo 328 del CGP el cual
establece la competencia del superior en los siguientes términos:
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio
de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias.
18 Expediente N° 08001-23-31-000-2006-00420-01(1832-15); C.P William Hernández Gómez.
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El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en
razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados
con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación.
Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia».
34. Visto lo anterior, debe concluirse que la competencia del superior se supedita o
limita al estudio de aquellos argumentos que fueron expuestos por el apelante, de
ahí que, si esos planteamientos no hacen referencia al tema de fondo que decidió
el a quo, no puede en segunda instancia efectuarse pronunciamiento alguno, lo
que trae como consecuencia que la apelación sea fallida. Frente al punto, esta
sección19 ha explicado lo siguiente:
«[…] Se debe precisar, a la altura de lo enunciado, que al no respetar el principio de
congruencia el recurso de apelación presentado por el apoderado del Ministerio de
Educación frente a la sentencia de primera instancia, la apelación es fallida y por
consiguiente se tiene por no presentado.
Lo anterior por cuanto el recurso de apelación demarca la competencia del juez de
segunda instancia y, por lo mismo, cuando los fundamentos de la apelación son
extraños al debate del sub judice por no corresponder a los mismos hechos analizados
por el a quo, se entiende como una apelación fallida, según lo ha sostenido el Consejo
de Estado, así: […] En conclusión, se observa que los argumentos esgrimidos por el
recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos contra el fondo
de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual impide en el
fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es imposible confrontar
la sentencia con una apelación de la misma que no lo es.
Así, realmente no existe apelación de la sentencia. Y esta situación impide conocer de
fondo el caso por la vía de la apelación […]».
2.4. Caso concreto
35. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
35.1. Julio César Bossio Marrugo nació el 29 de enero de 195320 y laboró en la
Contraloría General de la República entre el 7 de octubre de 1975 y el 10 de enero
de 1990, en el cargo de revisor de documentos técnico grado 0121.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de octubre de 2017,
radicado: 19001-23-33-000-2013-00214-01 (1392-2016).
20 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
01Cuaderno, visibles a folio 92.
21 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
01Cuaderno, certificado de historia laboral del 28 de enero de 2013, expedido por la directora de
talento humano de la Contraloría General de la República, visible a folios 62 y 63, y en el
certificado de información laboral [formato No. 1] del 2 de julio de 2014, visible a folio 64.
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35.2. En el certificado de salarios [formato No. 3B] del 2 de julio de 2014, expedido
por el director de gestión de talento humano de la Contraloría General de la
República, se señaló que entre el 1° de agosto de 1989 y el 10 de enero de 1990,
devengó asignación básica mensual22.
23
35.3. A través de la Resolución GNR 98229 del 7 de abril de 2015 , Colpensiones
le reconoció pensión de jubilación con los requisitos de edad, tiempo de servicio y
tasa previstos en la Ley 71 de 1988. La cuantía de la prestación resultó en
$773.744, a partir del 2 de septiembre de 2013.
35.4. Colpensiones mediante la Resolución GNR 7691 del 12 de enero de 201624 le
reliquidó la pensión de jubilación con el 75% del promedio de lo devengado en los
últimos 10 años de servicio y los factores salariales previstos en el Decreto 1158
de 1994; en cuantía de $861.544 a partir del 2 de septiembre de 2013.
35.5. Contra el acto administrativo anterior, se presentó recurso de reposición, el
cual fue resuelto mediante la Resolución GNR 175444 del 17 de junio del 2016 25,
en el que Colpensiones reliquidó la prestación con el 75% del promedio de lo
devengado en los últimos 10 años de servicio y los factores salariales previstos en
el Decreto 1158 de 1994; en cuantía de $866.690 a partir del 2 de septiembre de
2013, además precisó lo siguiente:
«[…] Como se observa, no hay lugar al estudio de la prestación bajo la normatividad
consagrada en el Decreto 929 de 1976 y Ley 33 de 1985, toda vez que se acreditan
únicamente 16,46 años en el servicio público, de conformidad a lo señalado en
precedencia dentro del presente acto administrativo.
En lo que hace a la solicitud de reliquidación de la prestación aplicando el Decreto 758
de 1990, es preciso señalar que el Acuerdo 049 de 1990 impone como requisitos para
acceder a la pensión de vejez, en el caso de los hombres, 60 años de edad y un
cúmulo de 500 semanas cotizadas en los veinte años anteriores al cumplimiento de la
edad mínima o 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo.
El referido Acuerdo, es emanado del Instituto de Seguros Sociales que para el
momento en que lo expide tenía la facultad de determinar las condiciones para que sus
afiliados accedieran a la prestación.
22 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
01Cuaderno, visible a folios 66 a 70.
23 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
01Cuaderno, visible a folios 18 a 21.
24 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
01Cuaderno, visible a folios 23 a 27.
25 Samai, índice 2, expediente digital, ED_ONEDRIVE_1_672023(.zip) NroActua 2, pdf
01Cuaderno, visible a folios 29 a 35.
15
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
Del texto del Artículo 12, se puede establecer que el cúmulo de semanas corresponde
a cotizaciones, es decir, aportes efectuados al sistema, administrado hoy por
Colpensiones.
De tal suerte que para determinar el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas
se verifican únicamente los aportes efectuados al ISS y a Colpensiones, ya que no es
dable acumular los tiempos cotizados a otra Caja o Fondo, ya que esta posibilidad
únicamente, resulta procedente en aplicación de la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de
1993, con la respectiva modificación de la Ley 797 de 2003. […]»
2.5. Análisis sustancial
36. El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, mediante sentencia
proferida el 30 de junio de 2022 accedió a las pretensiones de la demanda, con
base en los siguientes argumentos:
«[…] La entidad demanda reconoció la pensión del demandante de conformidad con lo
establecido en la Ley 71 de 1988, con fecha de estatus 29 de enero de 2013, fecha en
la que cumplió los 60 años y no con fundamento en el Decreto 929 de 1976 al
considerar que el demandante no probó el requisito de los 20 años de servicio al
estado como lo exige tal normatividad, indicando que este sólo acreditó haber laborado
16 años y 5 meses en el servicio público.
Quedó probado con lo manifestado en la Resolución No. VP33501 de 25 de agosto de
201634 que:
• El señor Julio Cesar Bossio Marrugo, presentó traslado del Régimen de Ahorro
Individual (HORIZONTE) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida
(COLPENSIONES), con fecha de solicitud el día 28 de diciembre de 2011 y fecha de
efectividad a partir del 01 de febrero de 2012.
• Que la GERENCIA NACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS señaló que “CUMPLE:
El estudio de rentabilidad solicitado fue tramitado y el resultado del Cálculo es
CUMPLE.
• Que verificados los formatos CLEBP35 allegados por el peticionario, se observaron
inconsistencias respecto de los tiempos que debieron haber sido trasladados del
régimen de ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida cuando
se efectuó el traslado, respecto de los ciclos 200401 al 200501, 200501 al 200712,
200208 al 200209 .
• La AFP, le informó a COLPENSIONES lo siguiente “se realiza cargue de toda la
historia laboral registrada en Porvenir, se hace entrega el 2016/05/22 con el archivo
HZISATR20120514.r69, Por favor adjuntar planillas de pago para validar Registros”.
• De lo anterior y luego de realiza la conciliación entre la historia laboral reportada en
SIAFP vs historia laboral de COLPENSIONES; no se evidencia pago ni información de
los ciclos requeridos, es ello 200401 al 200501, 200501 al 200712, 200208 al 200209.
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• Por lo anterior no se pudo hacer la recuperación de tiempos del RAIS, de los periodos
200401 al 200501, 200501 al 200712, 200208 al 200209.
Ante lo anterior se le indico en el acto administrativo Resolución No. VP33501 de 25 de
agosto de 201636, que en caso que considerara que existían ciclos faltantes, debía
solicitar a la AFP en la que estuvo vinculado en ese periodo la gestión de cobro al
empleador correspondiente, quienes deben validar y si hay lugar a ello, aplicar los
aportes, actualizar su historia laboral y remitir la información a COLPENSIONES a
través de la Asociación Colombiana de Administradores de Fondos de Pensión y
Cesantías - Asofondos.
Lo anterior evidencia que dichos tiempos no fueron tenidos en cuenta en razón a que
no se evidenció pago por parte de empleador en los periodos, 200401 al 200501,
200501 al 200712, 200208 al 200209, los que coinciden con los echados de menos por
el demandante, comprendido entre el 15 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007,
pero fijémonos que la entidad no cuestiona la vinculación del demandante con esas
entidades.
Para la Sala las certificaciones laborales y formatos CLEBP, expedidos por la ESE-
Hospital Local de Arjona y el municipio de Arjona, constituyen prueba suficiente para
acreditar tiempo se servicios en entidades del estado.
Lo anterior conforme lo establecido en los Decretos 1833/2016 art 2.2.9.2.1.237 y
Decreto 13/01 y circular conjunta de 2007 suscritas por los Ministros de Hacienda y
Crédito Público y de la Protección Social, normas que señalan que los certificados
laborales son prueba para el tiempo de servicios, además dichos documentos no
fueron tachados de falso por la aquí demandada, por lo que la Sala le debe dar
veracidad a esos documentos.
No son de recibo los argumentos dados por COLPENSIONES en los actos
administrativos demandados de no haberse acreditado durante los periodos 200401 al
200501, 200501 al 200712, 200208 al 200209, por parte del municipio de Arjona
cotizaciones, pues el pago de los correspondientes aportes para los riesgos de vejez,
pensión de invalidez no pueden trasladarse al trabajador-peticionario y obstruir, de esa
manera, su posibilidad de acceder a su derecho38.
[…]
Así las cosas, no es procedente lo argumentado por Colpensiones, pues en
concordancia con la jurisprudencia laboral citada, la obligación de recobro recae
exclusivamente sobre la Administradora de Pensiones mediante el ejercicio de las
correspondientes acciones judiciales y, en ningún momento, puede trasladarse al
trabajador-beneficiario que a lo largo de su vida laboral cumplió con la causación de la
cotización.
Precisado esto, es posible afirmar que el demandante si acreditó ante la
Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, que laboró como
empleado público al servicio del estado por 7654 días que son 1.110.57 semanas
cotizadas, lo equivale a más de 21 años y además que laboró por más de 10 años en
la Contraloría General de la República.
17
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
Por lo tanto hay lugar a que se le reconozca por parte su pensión de vejez de
conformidad con lo establecido en la Decreto 929 de 1976, y la reliquidación se hará
conforme lo establecido en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020.
[…]
Por lo anterior hay lugar a reconocer al señor JULIO CESAR BOSSIO MARRUGO
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.882.846, la pensión de jubilación de
conformidad con lo establecido en el Decreto 929 de 1976, artículo 7, a partir del 29 de
enero de 2008, dicha prestación se debe liquidar con el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
VI. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones expedidas por la
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES No. 98229 del 07 de abril
del 2015, GNR No. 7691 del 12 de enero de 2016 y GNR No. 75444 de 17 junio de
2016.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ordenar a la Administradora
Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, reconocer al señor JULIO CESAR
BOSSIO MARRUGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.882.846 pensión de
vejez a partir del 29 de enero de 2008 de conformidad con lo establecido en Decreto
929 de 1976 artículo 7o e ingreso base liquidación conforme a los artículos 21 y 36 de
la ley 100 de 1993; y respecto a los factores, según la regla de cotización contemplada
en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994 y a su vez pagar las mesadas resultantes de
esa pensión a partir del 1o de agosto de 2011, dicha prestación se debe liquidar con el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los
diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que
expida el DANE, con una tasa de remplazo del 75%.
[…]
Por el principio de favorabilidad, a partir del 2 de septiembre de 2013 en adelante, se
mantendrá la pensión más favorable al actor entre aquella liquidada conforme se ha
señalado en el presente fallo y aquella liquidada conforme a la ley 71 de 1988, en caso
que se generen saldos a favor del actor deberán ser pagadas esas diferencias, sumas
que deberán ser actualizados de acuerdo a la formula ya indicada.
TERCERO: DECLARAR la prescripción de las mesadas causadas desde el 29 de
enero de 2008 hasta 30 de julio de 2011. […]» (sic)
37. De lo anterior, se concluye que Colpensiones fue condenada a reconocer en
favor de Julio César Bossio Marrugo la pensión de jubilación aplicando el Decreto
929 de 1976, con una tasa de reemplazo del 75%, y reliquidar la prestación con
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los factores salariales devengados en los últimos 10 años de servicio y previstos
en el Decreto 1158 de 1994.
38. Por su parte, Colpensiones en el recurso de apelación, se limitó a indicar que la
pretensión principal del demandante es la reliquidación de la prestación con la
inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de
servicio, con una tasa de reemplazo del 75%, y que la Corte Constitucional en las
sentencias C-258 de 2013, SU-230 del 29 de abril de 2015, y SU-395 de 2017 ha
reiterado su postura respecto de que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
mantiene el régimen de transición en cuanto a edad, tiempo de servicio y tasa de
reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación, y los factores salariales que
se deben incluir en la prestación, esto es los previstos en el Decreto 1158 de
1994.
39. En esas condiciones, una confrontación de los argumentos contenidos en el
recurso de apelación respecto de lo decidido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 2, permite establecer que no existe congruencia entre
uno y otro. En efecto, la entidad argumentó que reliquidó la pensión de jubilación
de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente, y que no puede reliquidar
la prestación teniendo en cuenta los factores salariales devengados en el último
año de servicio.
40. Por lo tanto, Colpensiones no expuso un razonamiento tendiente a controvertir
la orden de reconocer la prestación con el Decreto 929 de 1976 y la reliquidación
pensional con una tasa de reemplazo del 75%, e incluyendo los factores salariales
efectivamente devengados en los últimos 10 años de servicio y establecidos en el
Decreto 1158 de 1994. Así las cosas, si el propósito principal del medio de
impugnación es el de controvertir lo que efectivamente le fue desfavorable, carece
de razón y sentido la apelación interpuesta, además de que limita a esta Sala para
emitir un pronunciamiento de fondo.
41. En consecuencia, el medio de impugnación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, pero únicamente por los reparos formulados por la
parte recurrente, para que se modifique la decisión, y que sea congruente con la
decisión judicial, por lo tanto, se declarará fallida la apelación y se dejará incólume
la sentencia de primera instancia.
2.6. Costas
42. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
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Demandante: Julio César Bossio Marrugo
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
43. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
44. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma26.
45. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
46. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
47. Con fundamento en los anteriores razonamientos, se concluye que no es
procedente examinar los argumentos expuestos por el a quo en la primera
instancia, en la medida en que no existe congruencia entre los consignados en el
recurso de apelación presentado por Colpensiones y aquellos señalados en la
decisión controvertida.
48. En esas condiciones, se dejará incólume la sentencia proferida el 30 de junio
de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 2,
mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.
26
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).
20
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00050-02 (3993-2023)
Demandante: Julio César Bossio Marrugo
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Dejar incólume la sentencia del 30 de junio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 2, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada por Julio César Bossio Marrugo contra la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KGO
21
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