Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00370-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00370-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00370-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
25 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001 23 33 000 2017 00370 01 (6537-2024)
Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Tema: Régimen de transición Ley 100 de 1993. Ley 71 de 1988.
Decisión: Confirmar la sentencia que negó las pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011
I. ASUNTO
1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 15 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las súplicas de la demanda.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
2.1.1. Pretensiones
2. El señor Amaury Rafael Torres Marín, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de las
Resoluciones 2245 de 7 de marzo de 2012, GNR 35567 del 13 de marzo de 2013,
GNR 183781 del 16 de julio de 2013, 8967 de 14 de enero de 2014, GNR 191293
de 28 de mayo de 2014 y VPB 16993 de 26 de febrero de 2015, a través de las
cuales se le negó el reconocimiento pensional bajo las prerrogativas de la Ley 33
1 Expediente digital https://etbcsj-
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NVRiWVYrNkp4QW81OD0%3d, archivo “01Cuaderno1.pdf” pagina 1-13.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en
adelante CPACA.
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Radicado: 13001 23 33 000 2017 00370 01 (6537-2024)
Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
de 1985, pues a su parecer, es beneficiario del régimen de transición contemplado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que se le reconozca y pague la pensión de jubilación desde la
fecha en que adquirió el derecho.
2.1.2. Hechos
4. El señor Amaury Rafael Torres Marín nació el 8 de diciembre de 1955 por lo que
contaba con 40 años de edad el 1.° de abril de 1994, con lo que le era aplicable el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Además contaba con 1767 semanas
acreditadas en su historia laboral cotizadas desde 1976, adicional a un bono
pensional del Banco de la República correspondiente al periodo comprendido entre
1976 y 1983.
5. Por lo anterior, el 7 de enero de 2011 elevó solicitud de reconocimiento de
pensión de jubilación ante la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones.
6. Dicha petición fue negada inicialmente mediante Resolución 00002245 del 7 de
marzo de 2012, por considerar que el actor no cumplía requisitos de edad y
semanas de cotización, decisión frente a la cual, el actor interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación.
7. Con posterioridad, Colpensiones profirió la Resolución GNR 035567 del 13 de
marzo de 2013 en la que le negó nuevamente la prestación al sostener que el actor
no acreditaba el requisito de edad y, pese a que contaba con 1.608 semanas
cotización, no estaba amparado por el régimen de transición; inconforme con esa
decisión el accionante nuevamente interpuso recurso de reposición y en subsidio
de apelación.
8. Luego, mediante Resolución GNR 183781 del 16 de julio de 2013, la demandada
reiteró la negativa por la misma causa.
9. Además, mediante Resolución 8967 del 14 de enero de 2014, Colpensiones
volvió a negar la pensión, indicando que el afiliado acreditaba 1.743 semanas
cotizadas que, a su juicio, no eran suficientes para consolidar el derecho, y agregó
que quienes migraron al RAIS y regresaron al ISS no conservaban el régimen de
transición. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de reposición y en
subsidio de apelación, por lo que la entidad expidió las Resoluciones GNR 191293
del 28 de mayo de 2014 y VPB 16993 de 26 de febrero de 2015, confirmando
íntegramente la anterior decisión.
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10. Como circunstancias adicionales, el demandante señaló que, para obtener
respuesta a varias de sus solicitudes, debió promover acciones de tutela, pues la
entidad era reticente para dar respuesta.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.
11. Como normas vulneradas citó los artículos 1,.° 2.°, 6.° y 53 de la Constitución
Política de Colombia; 1. ° de la Ley 33 de 1985; 36 de la Ley 100 de 1993, el
Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 1437 de 2011.
9. En el concepto de violación sostuvo que las resoluciones demandadas
desconocieron el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, puesto que el actor acreditaba, al 1.º de abril de 1994, más de 15 años de
servicios y 40 años de edad. En esa medida, correspondía aplicar la Ley 33 de 1985
y el Acuerdo 049 de 1990, en particular en lo referente a la causación y disfrute del
derecho.
10. Señaló que, la administración partió de presupuestos fácticos y jurídicos
equivocados, pues: (i) exigió requisitos ajenos al marco de la Ley 33 de 1985 y el
Acuerdo 049 de 1990; (ii) desconoció semanas cotizadas y tiempos de servicio
público amparados por el bono pensional; además, (iii) interpretó de manera
errónea que, por no contar con 20 años de servicio al 31 de diciembre de 1996, se
perdía el derecho, a pesar de que el actor consolidaba los requisitos bajo el régimen
anterior.
2.2. Contestación de la demanda. 3
11. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por
conducto de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda. Bajo los
siguientes argumentos.
12. Señaló, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en
particular las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-395 de 2017 y el
Auto 326 de 2014, que el IBL debe determinarse conforme a las reglas del régimen
general previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
13. Igualmente, aludió a la sentencia de unificación de la Sala Plena del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2018, en la cual se reafirmó que, para los
3 Expediente digital https://etbcsj-
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NVRiWVYrNkp4QW81OD0%3d, archivo “01Cuaderno1.pdf” pagina 109-124.
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beneficiarios del régimen de transición, el IBL aplicable es el previsto en el inciso
3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no el correspondiente al último año de
servicios propio de regímenes anteriores. En esa misma providencia, así como en
precedentes de la Sección Segunda, se reitera que solo pueden tomarse como
base de cotización y, correlativamente, para la liquidación, los factores salariales
taxativamente previstos para los servidores públicos, garantizando la debida
correspondencia entre lo cotizado y lo que el sistema reconoce.
14. En conclusión, sostuvo que el reconocimiento de la pensión del actor debe
sujetarse a las reglas vigentes del Sistema General establecido por la Ley 100 de
1993; que el IBL no puede determinarse con promedios ni con listados de factores
propios de regímenes anteriores que no fueron incorporados al régimen de
transición; y que la liquidación únicamente puede comprender los factores de
cotización señalados de manera taxativa en el Decreto 1158 de 1994.
15. Finalmente propuso las excepciones de (i) ineptitud de la demanda por falta de
agotamiento de los recursos de ley; ii) inexistencia de la obligación demandada y
falta del derecho para pedir; (ii) buena fe; (iii) cobro de lo debido y (iv) prescripción.
2.3. La sentencia apelada 4
16. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la sentencia de 15 de mayo
de 2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar que el señor Amaury
Rafael Torres Marín, no es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de
1993 y por lo tanto no le es aplicable las prerrogativas establecidas en la Ley 33 de
1985 ni las del Acuerdo 049 de 1990.
17. Lo anterior, en razón a que si bien al 1.º de abril de 1994 acreditaba más de 15
años de servicios y, por ende, en principio quedaba cobijado por dicho régimen, el
Acto Legislativo 01 de 2005 limitó su vigencia hasta el 31 de julio de 2010,
prorrogable de manera excepcional hasta el 31 de diciembre de 2014 para quienes
tuvieran al menos 750 semanas cotizadas, requisito que el actor sí cumplía. No
obstante, el Tribunal verificó que el demandante solo alcanzó la edad exigida por
los regímenes anteriores, 60 años conforme a la Ley 33 de 1985 y al Acuerdo 049
de 1990, el 8 de diciembre de 2015, es decir, por fuera del plazo máximo fijado por
el Acto Legislativo, razón por la cual ya no podía invocar la aplicación excepcional
del régimen de transición.
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COLPENSIONES - PENSION DE VEJEZ.pdf”
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18. En consecuencia, la Sala consideró que, para las fechas en que el actor formuló
sus reclamaciones administrativas, no cumplía los requisitos para adquirir el estatus
pensional bajo el régimen de transición, ni tampoco los del régimen general de la
Ley 100 de 1993, pues no satisfacía el requisito de edad en ninguno de los dos
escenarios. De ahí que solo tuviera derecho a la pensión de vejez a partir del 8 de
diciembre de 2017, cuando cumplió 62 años, bajo las condiciones del artículo 33
de la Ley 100 de 1993. Con base en ello, el Tribunal concluyó que los actos
administrativos demandados se encontraban ajustados a derecho.
19. De este modo, negó las súplicas de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas.
2.5. Recurso de apelación.5
20. La parte demandante, por conducto de apoderada judicial, interpuso recurso
de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, pues a su juicio, el a
quo erró al no reconocer la pensión.
21. Indicó que el señor Amaury es beneficiario del régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1.º de abril de 1994 contaba con más de
40 años de edad y más de 15 años de servicios, por lo que conservaba el derecho
a pensionarse con base en las reglas de la Ley 33 de 1985 o del Acuerdo 049 de
1990 -Decreto 758 de 1990-.
22. En ese marco, afirmó que tiene más de 1.700 semanas cotizadas en el Sistema
General de Pensiones, a lo que se suman los bonos pensionales derivados de los
tiempos laborados como empleado oficial en el Ministerio del Interior y en el Banco
de la República, los cuales no habrían sido debidamente tenidos en cuenta por
Colpensiones ni por el Tribunal y que los requisitos para acceder a ella estaban
cumplidos desde el 7 de enero de 2011, fecha en que presentó su solicitud.
23. También reprochó la forma en que se valoró y certificó su historia laboral, pues
hubo inconsistencias en el registro y contabilización de las semanas,
particularmente aquellas cotizadas a través del SENA y las efectuadas en el fondo
privado Porvenir entre 1996 y 2004, cuyos valores —según afirmó— fueron
trasladados al régimen de prima media y no se reflejan correctamente en las
resoluciones administrativas. Además, argumentó que el régimen de transición
constituye un derecho adquirido e irrenunciable y que la pensión de jubilación
adquiere carácter de derecho fundamental por conexidad, lo que impone a la
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NVRiWVYrNkp4QW81OD0%3d, archivo “04RecursoApelación00370.pdf”.
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administración y a la jurisdicción el deber de reconocerla en condiciones de
favorabilidad.
2.6. Trámite en segunda instancia
24. A través de auto de 28 de febrero de 20246, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante y se ordenó correr traslado a las partes y al
agente del Ministerio Público para emitir concepto en segunda instancia.
2.6.1 Alegatos de segunda instancia.
25. Las partes, guardaron silencio en esta instancia.
2.6.2 Concepto del Ministerio Público7
26. El agente del Ministerio Público delegado ante esta Corporación emitió
concepto, por medio del cual solicitó confirmar la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
27. Lo anterior teniendo en consideración que, se encontraba beneficiado por la
extensión del régimen de transición hasta el año 2014, Sin embargo, al finalizar
dicho periodo, no logró culminar la totalidad de los requisitos que le imponía la
norma, si bien es cierto el señor Amaury Rafael Torres Marín, se encontraba
cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que no
logró acreditar los requisitos que le imponía la norma, pues para el año 2010 el
actor tenía 55 años de edad, pero su tiempo de servicios oficiales fue de 16 años,
lo que impedía aplicar Ley 33 de 1985.
28. Además, señaló que para dar aplicación a la Ley 71 de 1988, el señor Amaury
tenía que acreditar 20 años de aportes continuos o discontinuos a una o varias
entidades de previsión y 60 de edad, requisitos que logró culminar el 8 de diciembre
de 2015, 1 año después de la extensión otorgada por el acto legislativo 01 de 2005,
por lo que no lo cobijó ninguna de las 2 normativa para que se reliquidara la pensión
de vejez.
2.7 Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
29. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
6 Índice 3 de SAMAI.
7 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
6
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.
3.2. Problema Jurídico
30. La Sala de Subsección determinará si le asiste razón al demandante, en cuanto
al reconocimiento pensional bajo las prerrogativas del Acuerdo 049 de 1990 o del
artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985, teniendo en consideración que es beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
3.3. Marco jurisprudencial aplicable al caso
3.3.1 Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 - IBL de las pensiones
de jubilación reconocidas en virtud del régimen de transición del artículo 36
de la Ley 100 de 1993.
31. El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de
1993, se previó para proteger a aquellos trabajadores que se encontraban próximos
a pensionarse bajo regímenes pensionales vigentes para ese momento.
32. Respecto a la aplicación del mencionado régimen de transición,
específicamente en cuanto al periodo de liquidación y los factores para establecer
el ingreso base de liquidación, surgieron diferentes interpretaciones, entre ellas,
esta Sección en sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 9 consideró que
no era taxativo el listado de factores salariales sobre los cuales se calcula el IBL de
la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62
del mismo año, al estimar que debían tenerse en cuenta aquellos factores que
constituían salario, independientemente de la denominación que recibieran, es
decir, todos los que se cancelaran de manera habitual como retribución directa por
el servicio y no solamente los descritos en dicha normativa.
33. Posteriormente, la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-210 de 2017, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018,
entre otras, concluyó que el ingreso base de liquidación - IBL no fue un aspecto
sometido a la transición y, por ende, debía calcularse de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 36, inciso 3. °, y 21 de la Ley 100 de 1993. Para ello, destacó la
relación de correspondencia que existe entre los aportes que hace el empleado a
lo largo de su vida laboral ante el sistema general de seguridad social y los
principios de solidaridad y de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
8 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio d e
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación
por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
9
Sentencia proferida dentro del proceso radicado No. 25000232500020060750901. C.P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila.
7
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34. Finalmente, en la sentencia de 28 de agosto de 201810, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en
relación con el ingreso base de liquidación – IBL de las pensiones reconocidas con
fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Posición que deberá aplicarse con efectos retrospectivos «[…] a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan
inmodificables»11.
35. Pues bien, las reglas y subreglas jurisprudenciales fijadas en dicha providencia
son las siguientes:
«92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sienta la siguiente regla jurisprudencial:
“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985”.
[…]
94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen
conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión
es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior,
actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de
los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
[…]
10 Radicación: 52001-23-33-000-2012-00143-01.
11 La anterior decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta
providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre;
los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad
en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución
por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar
de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de
la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de
2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos
de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por
la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del
régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
A partir de allí se concluyó que en ese caso que « […] el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993
protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el
artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".»
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96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL
para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al
Sistema de Pensiones.
97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra
el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social
de Derecho.
98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público
de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los
términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica
este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las
generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil”.
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es
aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de
1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización
pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional.
100. Según el Acto Legislativo 01 de 2005 que adiciona el artículo 48, para adquirir el
derecho a la pensión deberá cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas
de cotización. Para liquidar las pensiones solo se considerarán los factores sobre los
que cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (Negrilla de la Sala).
36. De acuerdo con lo anterior, se advierte que la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo de esta Corporación unificó su criterio en torno al ingreso base de
liquidación - IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la
Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes: i) al periodo que
debe tenerse en cuenta para liquidar el ingreso base de liquidación - IBL- de las
mismas, y ii) los factores salariales que deben incluirse para dicho efecto.
37. A manera de conclusión, en cuanto al periodo se dispuso que el ingreso base
de liquidación - IBL, para aquellas personas que al momento de entrar en vigencia
la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional,
corresponderá al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere
cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión;
de lo contrario, esto es, si les faltare menos de 10 años, será: i) el promedio de lo
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o ii) el cotizado durante todo
el tiempo, el que fuere superior.
38. De igual forma, se precisó que los factores salariales que deben incluirse son
únicamente (i) aquellos respecto de los cuales se hayan efectuado los aportes o
cotizaciones al sistema de pensiones y (ii) que se encuentren consagrados
expresamente en la ley.
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3.4.2 Régimen pensional Ley 71 de 1988 - Pensión por aportes
39. Antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el ordenamiento jurídico
contemplaba un régimen específico para el reconocimiento de pensiones a partir
de la acumulación de tiempos cotizados en los sectores público y privado. Dicho
régimen se encontraba consagrado en la Ley 71 de 1988, disposición que introdujo
la denominada pensión de jubilación por aportes, permitiendo a los trabajadores
sumar los tiempos de cotización efectuados ante distintas entidades de previsión
social o ante el Instituto de Seguros Sociales. En los términos de esa normativa:
«Artículo 7.- Los empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años
de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias entidades
de previsión social o de las que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o Distrital y en el Instituto de
Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación, siempre que
cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.»
40. La referida ley no solo definió los requisitos para acceder a dicha prestación,
sino también las reglas relativas a su liquidación y cuantía. En efecto, estableció el
salario base para la liquidación y el monto de la pensión en los siguientes términos:
«ARTICULO 6o. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA PENSION DE
JUBILACION POR APORTES. Salario base para la liquidación de la pensión de
jubilación por aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.
Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.
[…]
ARTICULO 8o. MONTO DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. Monto
de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por
aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de
la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en
la ley.»
41. Posteriormente, el alcance de esa regulación fue precisado por el Decreto 2709
de 1994, mediante el cual se reglamentó la pensión de jubilación por aportes y se
reiteraron los presupuestos para su reconocimiento. En particular, dicha disposición
prevé:
«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión a que se refiere el
artículo 7° de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.
Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años
o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social
del sector público.»
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42. Ahora bien, aunque la Ley 71 de 1988 y su decreto reglamentario contienen las
reglas generales de la pensión por aportes, esta Subsección ha precisado que,
cuando se trata de personas beneficiarias del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a quienes les resulta aplicable la Ley 71 de
1988, el ingreso base de liquidación no se rige de manera autónoma por las
previsiones de esa ley, sino por la regla jurisprudencial fijada por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2018.
43. En ese sentido, la Subsección ha sostenido que la interpretación de la Ley 71
de 1988 debe armonizarse con el entendimiento unificado del inciso 3. ° del artículo
36 de la Ley 100 de 1993, particularmente en lo concerniente al ingreso base de
liquidación, por tratarse de un aspecto que integra el régimen de transición en los
términos definidos por la jurisprudencia de unificación. Sobre el particular, se indicó:
«No obstante, resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por
aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada
armónicamente, en todo, a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que
el ingreso base de liquidación del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se
benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y
condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de
servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior
y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso
3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.
La anterior conclusión responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa
contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del
régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios
o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, y con el IBL
previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal
de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de
seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que
cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.
Así, el contenido y la regla y subreglas que expuso la sentencia de unificación del 28
de agosto de 2018, se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter
vinculante y obligatorio. En este sentido, cuando la Corte Constitucional en la
sentencia C-634 de 2011 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10.° de
la Ley 1437 de 2011, ordenó a las autoridades dar aplicación uniforme de las normas
a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la mano de las
sentencias de unificación jurisprudencial, y entendió que dicho precepto no hizo otra
cosa que reconocer a la jurisprudencia de las altas cortes el carácter de fuente formal
de derecho con efecto vinculante, pues el acatamiento del precedente judicial
constituye no solo el presupuesto fundamental del Estado Social y Constitucional de
Derecho sino también el desarrollo de sus fines esenciales dentro de los que se
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encuentran la garantía de la efectividad de principios y derechos, tales como el de
la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad.»
44. De lo anterior se desprende que, tratándose de beneficiarios del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a quienes les resulte
aplicable la Ley 71 de 1988, el ingreso base de liquidación debe establecerse con
observancia de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, en tanto esta
providencia fijó la regla jurisprudencial obligatoria sobre la materia y precisó el
alcance del régimen de transición en materia de IBL.
45. En consecuencia, el ingreso base de liquidación de tales beneficiarios no se
determina con fundamento en el artículo 6. ° del Decreto 2709 de 1994, sino con
aplicación de lo dispuesto en el inciso 3. ° del artículo 36 o en el artículo 21 de la
Ley 100 de 1993, según corresponda, en armonía con el Decreto 1158 de 1994. De
este modo, se garantiza la aplicación uniforme del precedente judicial, la coherencia
del sistema pensional y la observancia de los principios de igualdad, seguridad
jurídica y confianza legítima que informan la función jurisdiccional.
3.5. Caso concreto
46. Del material probatorio que obra en el expediente se encuentran acreditados
los siguientes hechos:
• El señor Amaury Rafael Torres Marín nació el 8 de diciembre de 195512.
• Laboró para el Banco de la República en el periodo comprendido desde el 3 de
mayo de 1976 hasta el 31 de octubre de 199313 y, al Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA, desde el 23 de septiembre de 1994 hasta el 10 de junio de
201114.
• Mediante la Resolución 2245 de 7 de marzo de 201215, el ISS le negó el
reconocimiento pensional bajo las prerrogativas del régimen de transición del
articulo 36 de la Ley 100 de 1993, con el argumento de que al interior del proceso
versaba un traslado de régimen pensional.
• Por medio de la Resolución GNR 35567 de 13 de marzo de 201316 Colpensiones
12 Expediente digital https://etbcsj-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/des03tabolivar_cendoj_ramajudicial_gov_co/EobhBOw_Z99BnfI0Fr9YylcBk
DZ_TTfUd5HZfKBshy11HQ?e=Iw2Ry1&xsdata=MDV8MDJ8anB1bGlkb2NAY29uc2Vqb2RlZXN0YWRvLmdv
di5jb3xmNDE0MjgxM2VmODA0OTllYWYwNjA4ZGQwYTRhZDRlNnw2MjJjYmE5ODgwZjg0MWYzOGRmNT
hlYjk5OTAxNTk4YnwwfDB8NjM4Njc4MDM4NzAwNDE1MDQ4fFVua25vd258VFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKRm
JYQjBlVTFoY0draU9uUnlkV1VzSWxZaU9pSXdMakF1TURBd01DSXNJbEFpT2lKWGFXNHpNaUlzSWtGT0l
qb2lUV0ZwYkNJc0lsZFVJam95ZlE9PXwwfHx8&sdata=UG9la080eFNjMXg3aUlJUjB5VUdOUmFQcFMzZ0Vh
NVRiWVYrNkp4QW81OD0%3d, archivo “00017123000000009282060000401A.tif”.
13 Ibidem, archivo “GEN-ANX-CI-2014_10160100-(CERT LAB).pdf”
14 Ibidem. archivo “GEN-ANX-CI-2014_10160100-(CERT LAB).pdf”
15 Ibidem, archivo “GEN-REQ-IN-2018_13506933-(EXP ADTIVO).pdf” pagina 54-56.
16 Ibidem, archivo “GRF-AAT-RP-2013_1932246-(GNR 035567-13).pdf”.
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Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
negó una solicitud pensional instaurada por el actor, dado que, con los lineamientos
de la Ley 797 de 2003 no cumplía con la edad mínima para ser acreedor de la
pensión de vejez.
• A través de la Resolución GNR 183781 de 16 de julio de 201317, Colpensiones
nuevamente negó una solicitud de pensión de vejez, por no cumplir las reglas
señaladas en la Ley 797 de 2003.
• Mediante la Resolución GNR 8967 de 14 de enero de 201418 Colpensiones
resolvió otra solicitud de reconocimiento y pago de una pensión de vejez instaurada
por el señor Amaury Rafael Torres Marín, en la que dispuso negar lo pretendido,
con fundamento en que no conservaba el régimen de transición, en virtud del
traslado efectuado del RAIS al RPM, y por ende existía un déficit de $1´240.492.
Se le indicó que, si deseaba recuperar el régimen de transición, debía cancelar
aquel valor, seguidamente se reiteró que no cumplía con el requisito de edad
establecido en la norma para ser acreedor de la prestación solicitada.
• A través de la Resolución GNR 191293 de 28 de mayo de 201419, Colpensiones
resolvió un recurso de reposición contra la anterior decisión, en la que estableció
que no se podía acceder a la pretensión, dado que el tiempo de servicio laborado
en el Banco de la República, era de carácter privado y no público, además indicó
que, no cumplía con los requisitos de esa norma, para ser beneficiario de las
mismas.
• Por Resolución VPB 16993 de 25 de febrero de 201520, Colpensiones resolvió el
recurso de reposición promovido contra la Resolución GNR 8967 de 14 de marzo
de 2014, con lo que confirmó en todas sus partes aquella decisión.
3.5.1 Análisis de la Sala
47. En el caso objeto de estudio el señor Amaury Rafael Torres Marín solicitó la
nulidad de las Resoluciones 2245 de 7 de marzo de 2012, GNR 35567 del 13 de
marzo de 2013, GNR 183781 del 16 de julio de 2013, 8967 de 14 de enero de 2014,
GNR 191293 de 28 de mayo de 2014 y VPB 16993 de 26 de febrero de 2015 por
medio de las cuales se le negó el reconocimiento pensional bajo las prerrogativas
de la Ley 33 de 1985 y del Acuerdo 049 de 1990 - Decreto 758 de 1990, dado que
no acreditó los requisitos del régimen de transición exigidos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
48. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda por
estimar que el Señor Torres Amaury, si bien es cierto cumple con los requisitos para
ser beneficiario del régimen de transición de la ley 100 de 1993, también lo es que
17 Ibidem, archivo “GRF-AAT-RP-2013_2104777-(GNR 183781-13).pdf”.
18 Ibidem, archivo “GRF-AAT-RP-2013_6006011-(GNR 8967-14).pdf”.
19 Ibidem, archivo “GEN-ANX-CI-2014_4326540-(GNR 191293-14).pdf”.
20 Ibidem, archivo “GRF-AAT-RP-2014_999433_2-(VPB 16993-15).pdf”.
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Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
no cumplió con las prerrogativas enlistadas en la Ley 33 de 1985, el Acuerdo 049
de 1990 o la Ley 71 de 1988, antes del 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con
lo señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005 para acceder a la prestación
económica.
49. El apoderado del señor Torres Marín recurrió la decisión de primera instancia y
como fundamento de inconformidad señaló que el accionante sí contaba con los
requisitos del Decreto 049 de 1990 y el artículo 1. ° de la Ley 33 de 1985, esto es
con el tiempo de servicio, pues laboró para el Banco de la República y el Servicio
Nacional de Aprendizaje – SENA desde el 3 de mayo de 1976 hasta el 10 de junio
de 2011 y la edad de 55 años el 8 de diciembre de 1955 respectivamente.
50. En el presente asunto la controversia se contrae, a determinar si se acreditaron
los requisitos pensionales antes del 31 de diciembre de 2014, de acuerdo con lo
señalado el Acto Legislativo 01 de 2005 para acceder a la prestación económica.,
esto es, de acuerdo con el régimen jurídico aplicable. De acuerdo con esto, es
necesario establecer como primera medida la naturaleza de los tiempos de servicio
acreditados por el demandante.
51. Así pues, de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que el señor
Amaury Rafael Torres Marín laboró en el Banco de la República entre el 3 de mayo
de 1976 y el 31 de octubre de 1993, y posteriormente en el Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA entre el 23 de septiembre de 1994 y el 10 de junio de 2011,
para un total de 1743 semanas cotizadas.
52. Frente a los tiempos laborados al servicio del SENA, no hay duda de que los
hizo en calidad de empleado público, con nombramiento en carrera administrativa
y que desempeñó como último cargo el de profesional grado G, tal y como se
desprende del certificado núm. 377 expedido por el coordinador del grupo de apoyo
administrativo mixto del Sena regional.
53. Ahora bien, frente al tiempo servido en el Banco de la República no puede
reputarse la misma calidad de empleado público. Pues del certificado laboral DRH
18622 de 1.° de julio de 1992 (f. 68 y s.s21.) allegado al proceso se infiere que su
vinculación se produjo a través de contrato de trabajo.
54. Adicionalmente, según se desprende del certificado DSGH-60762 expedido por
el Banco de la República, sus trabajadores, con excepción de aquellos casos
expresamente definidos por el legislador, permanecieron sujetos al régimen laboral
ordinario. En efecto, la propia entidad certificó que dichos servidores «continúan
21
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DZ_TTfUd5HZfKBshy11HQ?e=Iw2Ry1&xsdata=MDV8MDJ8anB1bGlkb2NAY29uc2Vqb2RlZXN0YWRvLmdv
di5jb3xmNDE0MjgxM2VmODA0OTllYWYwNjA4ZGQwYTRhZDRlNnw2MjJjYmE5ODgwZjg0MWYzOGRmNT
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JYQjBlVTFoY0draU9uUnlkV1VzSWxZaU9pSXdMakF1TURBd01DSXNJbEFpT2lKWGFXNHpNaUlzSWtGT0l
qb2lUV0ZwYkNJc0lsZFVJam95ZlE9PXwwfHx8&sdata=UG9la080eFNjMXg3aUlJUjB5VUdOUmFQcFMzZ0Vh
NVRiWVYrNkp4QW81OD0%3d, Archivo Expediente Administrativo.
14
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sometidos al régimen jurídico propio de los trabajadores particulares, vinculados
mediante contrato de trabajo sujeto a las normas del código sustantivo del trabajo».
55. Esa comprensión encuentra respaldo en el artículo 38 de la Ley 31 de 1992,
disposición que prevé:
«Artículo 38. Naturaleza de los empleados del Banco. Las personas que bajo condiciones de
exclusividad o subordinación laboral desempeñan labores propias del Banco de la República,
u otras funciones que al mismo le atribuyen las leyes, decretos y contratos vigentes, son
trabajadores al servicio de dicha entidad, clasificados en dos categorías, como enseguida se
indica:
a) Con excepción del Ministro de Hacienda y Crédito Público, los demás miembros de la Junta
Directiva tienen la calidad de funcionarios públicos de la banca central y su forma de vinculación
es de índole administrativa. El régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos de la
banca central será establecido por el Presidente de la República.
b) Los demás trabajadores del Banco continuarán sometidos al régimen laboral propio
consagrado en esta Ley, en los Estatutos del Banco, en el reglamento interno de trabajo, en la
Convención Colectiva, en los contratos de trabajo y en general a las disposiciones del Código
Sustantivo del Trabajo que no contradigan las normas especiales de la presente Ley.»
56. En armonía con esa disposición, el artículo 46 del Decreto 2520 del 14 de
diciembre de 1993, por medio del cual se expidieron los Estatutos del Banco de la
República, reiteró que, por regla general, la vinculación de sus trabajadores se rige
por contrato de trabajo, salvo el caso de los miembros de la Junta Directiva, quienes
tienen la calidad de empleados públicos.
57. A ello se suma que, conforme a la constancia DRH-18622 del 17 de febrero de
2005 expedida por el Banco de la República,22 el actor desempeñó los cargos de
cajero clasificador, cajero recibidor, cajero compra divisas, auxiliar de crédito, cajero
pagador y cambios, revisor, coordinador de personal y subjefe de tesorería,
funciones que no corresponden a las reservadas a los funcionarios públicos de la
banca central. Así las cosas, no ofrece duda que los tiempos laborados en el Banco
de la República lo fueron como trabajador oficial.
58. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que el señor Amaury Rafael Torres
Marín efectuó aportes tanto en el sector público como en el privado, regido por
reglas propias del trabajo particular, pues mientras en el SENA ostentó la calidad
de empleado público, en el Banco de la República se vinculó como trabajador
oficial. Tal circunstancia conduce a afirmar que, en principio, por tratarse de un
beneficiario del régimen de transición, debía aplicarse a su caso la Ley 71 de 1988,
que regula la pensión de jubilación por aportes mediante acumulación de tiempos
públicos y privados.
59. En ese contexto, los requisitos para acceder a la pensión prevista en dicha
normativa son los consagrados en el artículo 7.° de la Ley 71 de 1988, esto es: i)
acreditar 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo y ii) cumplir 60 años
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Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
de edad, por tratarse de un varón. En el caso concreto, el primero de esos
presupuestos se encuentra suficientemente demostrado, pues el actor acreditó
1743 semanas de cotización, equivalentes a 33,42 años de servicio, superando con
amplitud el tiempo exigido por la ley.
60. Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto del requisito de la edad. En efecto,
el señor Amaury Rafael Torres Marín cumplió los 60 años el 8 de diciembre de
2015, esto es, con posterioridad al límite temporal hasta el cual se extendía el
régimen de transición del que era beneficiario.
61. En efecto, el parágrafo transitorio 4.° del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de
2005, dispone:
«El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente
Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014»
62. En esas condiciones, conservó el régimen de transición hasta el 31 de
diciembre de 2014, por contar con más de 750 semanas cotizadas al momento de
entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, lo cierto es que no consolidó
su derecho pensional bajo la Ley 71 de 1988 dentro del término constitucionalmente
previsto, dado que solo cumplió la edad requerida hasta el 8 de diciembre de 2015.
63. En consecuencia, no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión bajo las
previsiones de las Leyes 33 de 1985 ni 71 de 1988, pues para la fecha en que
satisfizo el requisito de edad ya había expirado la extensión temporal del régimen
de transición que amparaba su situación. Por ende, y al no prosperar los
argumentos expuestos en el recurso de alzada, se impone confirmar la sentencia
del 15 de mayo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
64. De otro lado, se encuentra en el expediente copia de la Resolución SUB 305914
de 23 de noviembre de 201823 por la cual Colpensiones reconoció y ordenó el pago
de una pensión de vejez a favor del señor Amaury Rafael Torres Marín, en cuantía
inicial de $2.751.389, con efectos a partir del 8 de diciembre de 2017, fecha en que
acreditó el requisito de la edad. Para el efecto, aplicó lo dispuesto en el artículo 33
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 y
determinó el IBL conforme lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
65. La Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la legalidad del mencionado acto
bajo el entendido que no fue cuestionado por el demandante y en todo caso, fue
23 Folios 136-142 del expediente digitalizado.
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Radicado: 13001 23 33 000 2017 00370 01 (6537-2024)
Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
proferido dentro de una actuación administrativa distinta a la que se revisa, iniciada
por el interesado mediante petición de 24 de octubre de 201824.
3.7. De la condena en costas en segunda instancia.
66. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
67. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
68. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
69. En consecuencia, se impondrán costas al demandante, por cuanto se negaron
las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Bolívar.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 15 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por la cual se negaron las pretensiones de la
demanda promovida por el Señor Amaury Rafael Torres Marín contra
COLPENSIONES de conformidad con lo señalado en la parte motiva
24 Folio 1 y siguientes del archivo 317 de la carpeta expediente administrativo.
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Demandante: Amaury Rafael Torres Marín
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al demandante, de
acuerdo con las consideraciones expresadas en este fallo.
TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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