RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2017-00463-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00463-01

Pensión de jubilación

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00463-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 30 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). En su lugar, Segundo. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 218055 de 26 de julio de 2016 y GNR 200302 de 29 de septiembre del mismo año, expedidas por el gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y prestaciones de Colpensiones, por las cuales, en su orden, se reliquidó la pensión de vejez de la demandante y se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión, y del acto administrativo negativo ficto, producido frente al recurso de apelación interpuesto contra la primera de las resoluciones mencionadas. Tercero. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) reliquidar la pensión de la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas, a partir del 1 de marzo de 2014, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, es decir, con el 90 % del el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la libelista cotizó durante los 10 años anteriores al retiro definitivo del servicio ―28 de febrero de 2004 al 28 de febrero de 2014―, esto es, con el cómputo de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados. Cuarto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), a título de restablecimiento del derecho, a pagar a la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas las diferencias que surjan como consecuencia de la reliquidación ordenada en el ordinal anterior, en forma indexada. Quinto. Los valores que resulten se ajustarán al valor presente, de acuerdo con la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual: R= RH Índice Final Índice inicial […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-00463-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

15 de julio de 2021

PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN / FACTORES SALARIALES / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL – SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE 28 DE AGOSTO DE 2018

“[…] Para resolver la controversia le corresponde a la Sala dar aplicación a la regla y a las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales. En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables». La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación: El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985. Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala Plena consideró que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma», toda vez que el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional, como son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión. […] De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985». Ahora bien, esta Subsección ha sostenido que si bien en la citada providencia la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, lo cierto es que dicho marco normativo no era el único que regulaba la situación pensional de los servidores públicos o trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición, pues debe tenerse en cuenta que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 también regían las previsiones de la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normas que fueron expedidas para quienes realizaron aportes, indistintamente de la acumulación de cotizaciones tanto del sector público como el privado y, en especial, esta última, destinada a las personas que hubiesen estado afiliados al extinto ISS por lo menos una parte de su vida laboral, a quienes también les resultan aplicables las reglas de la sentencia de unificación sobre la interpretación del régimen de transición. […] la actora consolidó el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, su pensión de vejez debe liquidarse conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018.

Entonces, como le faltaban más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión el ingreso base de liquidación será «el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE […]», aplicando una tasa de remplazo del 90 %, teniendo en cuenta que en el momento del retiro del servicio acumulaba más de 1250 semanas cotizadas. […] Con relación a la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación, sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL, el Decreto 1158 de 1994 enlistó los siguientes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación, c) prima técnica, cuando sea factor de salario, d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario, e) remuneración por trabajo dominical o festivo, f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, g) bonificación por servicios prestados. […] se concluye que no es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante con el promedio de todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, pues al ser beneficiaria del régimen de transición, la pensión de vejez debe determinarse con base en el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales realizó aportes durante los 10 años anteriores al retiro definitivo del servicio, esto es, con el cómputo de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados, únicos factores sobre los cuales se realizaron aportes. No obstante, la tasa de reemplazo aplicable al IBL corresponde al 90 %, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo año), por cuanto acreditó más de 1250 semanas cotizadas. […] la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, en cuanto no resultaron probadas, teniendo en consideración que la decisión es el resultado de un cambio jurisprudencial que se produjo durante el transcurso del proceso. […]”

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 33 DE 1985 – ARTÍCULO 1 / DECRETO 1158 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00463-01(3865-19)

Actor: LUCÍA ISABEL DEL SOCORRO PUENTE VARGAS

Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

Referencia: RELIQUIDACIÓN PENSIÓN DE VEJEZ

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2018, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda
Pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de i) la Resolución GNR 218055 de 26 de julio de 2016, expedida por el gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y prestaciones de Colpensiones, por la cual se le reliquidó la pensión de vejez; ii) la Resolución GNR 200302 de 29 de septiembre del mismo año, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión; y iii) del acto administrativo negativo ficto, producido frente al recurso de apelación interpuesto contra la primera de las resoluciones mencionadas.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho pidió i) ordenar la reliquidación de la pensión teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 33 de 1985, de acuerdo al régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1996, con el último salario devengado, incluyendo todos los factores salariales establecidos en el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, con una tasa de reemplazo del 90 % por tener 1609 semanas cotizadas; ii) pagar el retroactivo de la diferencia en las mesadas causadas, debidamente indexado, de conformidad con el IPC; iii) reconocer y pagar los intereses moratorios estipulados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993; y iv) condenar en costas a la accionada.

Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la parte demandante señaló los siguientes:

i) Mediante Resolución 41260 del 9 de noviembre de 2011, Colpensiones le reconoció una pensión de jubilación, por reunir 1426 semanas cotizadas. Al IBL, de $ 2.170.700, le aplicó una tasa de remplazo del 75 %, que arrojó una mesada pensional: $ 1.628.025, la cual dejó en suspenso hasta que se acreditara el retiro del servicio.

ii) Presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación, solicitando la aplicación de una tasa de remplazo del 90 %. Colpensiones, mediante Resolución GNR 347131 del 9 de diciembre de 2013, resolvió el recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la resolución recurrida.

iii) Al haber acreditado el retiro del servicio, Colpensiones mediante Resolución GNR 181364 del 21 de mayo de 2014, reliquidó la pensión de jubilación, sobre un Ingreso Base de Liquidación de $ 2.351.354 y una tasa de remplazo del 75 %.

iv) Interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución anterior, solicitando que se aplicara un monto del 85 % sobre su ingreso base de liquidación. En consecuencia, Colpensiones profirió la Resolución GNR 12783 del 20 de enero de 2015, donde estableció nuevos parámetros para la determinación del monto, aumentando el valor de la mesada pensional.

v) El 11 de mayo de 2016, solicitó nuevamente a Colpensiones la reliquidación de
la pensión, teniendo en cuenta la Ley 33 de 1985, con inclusión de los factores salariales establecidos en la Ley 62 de 1985 y que le fuera incrementado el monto pensional, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990.

vi) Mediante Resolución GNR 218055 del 26 de julio de 2016, Colpensiones ordenó reliquidar la pensión en los siguientes términos: tasa de reemplazo: 77.07 %; valor de la mesada pensional: $ 1.831.323 para el año 2014. Sin embargo, el IBL no corresponde a los valores devengados para el año 2014, pues no fueron incluidos todos los factores salariales devengados en el último año de servicios.

vii) El 12 de agosto de 2016, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Colpensiones, mediante Resolución GNR 290302 del 29 de septiembre de 2016, resolvió el recurso de reposición confirmando la resolución recurrida y, a la fecha de presentación de la demanda, no se ha resuelto el recurso de apelación.

Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 53 de la Constitución Política; 1 y 3 de la Ley 33 de 1985; 1 de la Ley 62 de 1985; Leyes 57 y 153 de 1988; 36 y 288 de la Ley 100 de 1993; las Leyes 57 y 153 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los siguientes argumentos:

i) Para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 la señora Puente Vargas contaba con más de 35 años de edad y 15 de servicio por lo que, de acuerdo con el régimen de transición, le es aplicable la Ley 33 de 1985 y no el promedio de lo devengado en los últimos 10 años.

ii) Los factores salariales devengados por la demandante durante el último año de prestación de servicios (del 30 de noviembre de 2012 al 30 de noviembre de 2013) fueron, además de la asignación básica, la bonificación por servicios y las primas de servicios, vacaciones y navidad, por lo que la entidad, al desconocer el artículo 1 de la Ley 62 de 1985, disminuyó ostensiblemente el ingreso base de liquidación y, por ende, el monto de la pensión.

iii) Teniendo en cuenta el principio de favorabilidad y según lo previsto en el artículo 23 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a la demandante le correspondía un ingreso base de liquidación del 90 % y no del 77,07 %, como le fue aplicado.

Finalmente, citó como precedentes jurisprudenciales aplicables la sentencia C-258 de 2013 y varias providencias en las que Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado exponen sus posturas frente a dicha sentencia de constitucionalidad

1.2. Contestación de la demanda

Colpensiones, por medio de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:

i) La pensión de la demandante fue liquidada con los factores señalados en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, teniendo en cuenta el principio de favorabilidad y lo dispuesto en la sentencia SU-230 de 2015.

ii) En virtud del principio de inescindibilidad solo es posible aplicar la tasa de reemplazo prevista en el régimen normativo que cobija la situación pensional. Por tanto, no es posible aplicar el 90 % pretendido, con fundamento en lo previsto en el Decreto 758 de 1990.

iii) No procede la liquidación de la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, porque el régimen de transición, del cual es beneficiaria la demandante, solo permite aplicar la normatividad anterior respecto a la edad, el tiempo de servicio y el monto de la liquidación; el ingreso base de liquidación se debe calcular con fundamento en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto decir, con el promedio de los últimos diez años.

Finalmente, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, falta del derecho para pedir, cobro de lo no debido y buena fe.

. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 30 de noviembre de 2018, denegó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. Sustentó su decisión en las siguientes consideraciones:

i) De acuerdo con las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, la norma anterior debe ser interpretada en el sentido de que a las personas beneficiarias del régimen de transición se les debe aplicar la Ley 33 de 1985, únicamente en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y el monto o tasa de remplazo, entendido este último concepto como el porcentaje sobre el cual se liquidará la pensión. Pero el ingreso base de liquidación (IBL) debe calcularse de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993, pues este componente no fue sometido a transición. Y los factores que deben tenerse en cuenta en estos casos para liquidar la pensión son aquéllos sobre los cuales se hayan realizado aporte o cotización a la seguridad social en pensiones, los cuales se encuentran señalados en el Decreto 1158 de 1994.

ii) Comoquiera que la demandante estaba amparada por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consideración a su edad y tiempo de servicios (tenía 35 años de edad y más de 15 de servicio al entrar en vigencia la Ley 100/93), el régimen previo a dicha ley era el establecido en las Leyes 33 y 62 de 1985.

iii) La pensión de la actora no puede ser liquidada e los términos pretendidos, toda vez que solo pueden incluirse en el IBL, aquellos sobre los cuales se efectuaron cotizaciones en los últimos diez años, que corresponden únicamente a la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, de acuerdo con la certificación que obra en el CD que contiene el expediente pensional de aquella.

iv) Tampoco le resulta aplicable el Acuerdo 049 de 1990, que prevé una tasa de remplazo de hasta el 90 %, por favorabilidad, por cuanto este principio se aplica en los casos en que surge duda en el operador jurídico sobre cuál es la disposición aplicable respetando siempre el principio de inescindibilidad. En este caso no existe tal duda, pues tanto el ingreso base de liquidación como la tasa de reemplazo previstos en el régimen especial y general invocados por la actora están dotados de claridad y la supuesta duda la hace surgir invocando la posibilidad de integrar elementos de una y otra norma para aplicar una tercera.

El recurso de apelación

La señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación contra la sentencia y solicitó que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Como sustento de su pretensión expuso lo siguiente:

i) De acuerdo con la tesis expuesta en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado, el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1996 debe interpretarse de manera armónica, integral y en aplicación al principio de inescindibilidad normativa, en virtud del principio de favorabilidad. Así, los parámetros establecidos en la sentencia C-258 de 2013 no resultan aplicables a aquellas pensiones consolidadas con anterioridad a su expedición.

ii) En el presente caso el derecho pensional se causó antes de la expedición de la sentencia C-258 de 2013, por tal razón las normas y jurisprudencia utilizadas por las autoridades judiciales accionadas para ordenar la reliquidación pensional eran las que se encontraban vigentes antes de la referida sentencia.

iii) El fallo de primera instancia desconoce los precedentes jurisprudenciales del órgano de cierre y se aparta de las sentencias proferidas con anterioridad. Si bien las sentencias que emite la Corte Constitucional, en sede de control abstracto, poseen unos efectos erga omnes, no es aceptable, desde ninguna óptica jurídica, aplicar consecuencias a una sentencia donde no se reflejan casos análogos.

Alegatos de conclusión

La accionada reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda. La parte actora guardó silencio en esta etapa procesal, según la constancia secretarial del folio 171.

El ministerio público

El Agente del ministerio público rindió concepto de fondo y solicitó acceder parcialmente a las pretensiones de la demanda. Sustentó su petición en los siguientes argumentos:

i) Contrario a lo que ocurrió en otras épocas, en virtud de las subreglas jurisprudenciales ya precisadas de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, actualmente no es posible perseguir reliquidaciones pensionales que se aparten de tales subreglas, en virtud de las cuales el régimen de transición solo permite conservar del régimen pensional anterior los elementos de edad, tiempo cotizado y monto, pero no el ingreso base de liquidación.

ii) En virtud del principio de favorabilidad, si el beneficiario del régimen de transición cumple los requisitos previstos en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión de vejez y cuenta con las semanas de cotización en el ISS (hoy Colpensiones) suficientes para acceder a una tasa de reemplazo superior al 75%, deberá aplicársele la tabla establecida en el artículo 20 ibidem para el efecto.

iii) La actora acreditó contar con más de 1.250 semanas de cotización y, por lo tanto, la tasa de remplazo como beneficiaria del régimen de transición corresponde al 90 % del promedio de salarios devengados en los últimos 10 años de servicio y los factores sobre los cuales realizó aportes según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico se contrae a determinar si la pensión de la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas, en su condición de beneficiaria del régimen de transición, debe reliquidarse con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios y con una tasa del 90 %.

2.2. Marco normativo
2.2.1. Postura unificada frente a la reliquidación de pensión ordinaria de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

Para resolver la controversia le corresponde a la Sala dar aplicación a la regla y a las subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales.

En efecto, la Sala Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».

La siguiente fue la regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada en la referida sentencia de unificación:

El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.

Como fundamento para establecer dicha regla, la Sala Plena consideró que «una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma», toda vez que el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales anteriores a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional, como son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

Sin embargo, advirtió la Sala, para establecer el monto de la pensión, el legislador, por medio de la Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un elemento ―el IBL― que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de transición abarcaría varias décadas.

En ese orden, la sentencia concluyó que esa es la lectura que debe darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Así discurrió:

El artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de Pensiones, indudablemente, le son más favorables.

Adicionalmente, la Sala Plena definió las siguientes subreglas:

La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones». Esta subregla la justificó así:

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

De acuerdo con las anteriores pautas fijadas por la Sala que, se repite, constituyen precedente obligatorio, el IBL para las personas que se en encuentran en el régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985».

Ahora bien, esta Subsección ha sostenido que si bien en la citada providencia la Sala Plena hizo alusión a los parámetros de aplicación del régimen pensional previsto por la Ley 33 de 1985, lo cierto es que dicho marco normativo no era el único que regulaba la situación pensional de los servidores públicos o trabajadores oficiales que fueran beneficiarios de la transición, pues debe tenerse en cuenta que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 también regían las previsiones de la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normas que fueron expedidas para quienes realizaron aportes, indistintamente de la acumulación de cotizaciones tanto del sector público como el privado y, en especial, esta última, destinada a las personas que hubiesen estado afiliados al extinto ISS por lo menos una parte de su vida laboral, a quienes también les resultan aplicables las reglas de la sentencia de unificación sobre la interpretación del régimen de transición.

2.2.2. El régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1999 (aprobado mediante Decreto 758 de 1990)

El artículo 12 del Decreto 758 de 1990, «Por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1 de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios», estableció para los afiliados del Seguro Social los siguientes requisitos para beneficiarse de la pensión de vejez:

Artículo 12. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo.

Con el fin de acreditar el cumplimiento del número de semanas exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, la Corte Suprema de Justicia había considerado que no era posible sumar los períodos no cotizados al ISS, por cuanto la norma referida, en armonía con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece con suficiente claridad que esos tiempos tienen que haber sido cotizados directamente a tal entidad previsional. Al respecto, esa Corporación indicó lo siguiente:

[…] Ahora bien, en lo que respecta al punto sometido a discusión en ambos ataques, esto es, la posibilidad de sumar los tiempos laborados en el sector público a las semanas cotizadas al ISS, para efectos de obtener un monto de pensión equivalente al 90% de IBL, conforme al parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala en la sentencia del 23 de agosto de 2006 (rad. 27651), en donde se señaló, contrario a lo sostenido por el censor, que si el afiliado era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el número de semanas cotizado sería el establecido en el régimen anterior en donde se encontrare afiliado, esto es, en el presente caso, al previsto en el Acuerdo 049 de 1990, y a este régimen debía someterse íntegramente, sin que en él se establezca la posibilidad de sumar cotizaciones realizadas a entidades diferentes al ISS. Se dijo en esa oportunidad lo siguiente, que sirve para ilustrar el caso: (Resalta la Sala).

[…]

Obviamente, tales cotizaciones deben haber sido efectuadas a esa entidad de seguridad social, pues en el citado Acuerdo no hay disposición alguna que permita sumarle otras efectuadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o privado, como si lo autoriza la Ley 100 de 1993, en el artículo 33, en armonía con el literal f de su artículo 13, para las pensiones de vejez que se rijan íntegramente por ella. (Resaltado del texto original).

De forma que, para la aplicación del Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 de 1990, se exigía que el número de semanas requeridas en dicho régimen fueran cotizadas de forma exclusiva al ISS, hoy COLPENSIONES, por lo que no era posible la acumulación con los aportes a otras entidades de previsión social, públicas o privadas.

No obstante, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en reciente decisión modificó su postura al señalar que sí se pueden sumar las semanas cotizadas al ISS y los tiempos laborados a entidades públicas, así como los aportes por tiempos públicos o privados con fundamento en que la Ley 100 de 1993 dispone que, para el reconocimiento pensional se debe tener en cuenta la suma de las semanas cotizadas al ISS o a cualquier caja, fondo, o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. Al respecto señaló:

No obstante, ante un nuevo estudio del asunto, la Corte considera pertinente modificar el anterior precedente jurisprudencial, para establecer que las pensiones de vejez contempladas en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, aplicable por vía del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pueden consolidarse con semanas efectivamente cotizadas al ISS, hoy Colpensiones, y los tiempos laborados a entidades públicas.

[…]

Específicamente, el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implicó una protección especial para quienes se encuentran cobijados por éste, en el sentido de que la normativa anterior aplicable tendría los mencionados efectos ultractivos solamente en los aspectos de edad, tiempo y monto, pues el resto de condiciones pensionales se encuentran regidas por las disposiciones de la Ley 100 de 1993.

De lo anterior se deriva que si la disposición precedente solo opera para las pensiones de transición en los puntos de edad, tiempo y monto, entonces la forma de computar las semanas para estas prestaciones se rige por el literal f) del artículo 13, el parágrafo 1.º del artículo 33 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que disponen expresamente la posibilidad de sumar tiempos privados y tiempos públicos, así éstos no hayan sido objeto de aportes a cajas, fondos o entidades de previsión social.

En efecto, el literal f) del artículo 13 y el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establecen que para el reconocimiento de las pensiones se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el tiempo de servicio que se haya prestado en calidad de servidor público, cualquiera que sea el número de semanas o el tiempo de servicio. En el mismo sentido, se reafirma, el parágrafo 1.º del artículo 33 de dicho precepto consagra la validez de los tiempos como servidor público para el cómputo de las semanas.

Esta lectura es acorde justamente con las finalidades propias de la Ley 100 de 1993, como ley del Sistema Seguridad Social Integral, pues esta regulación permitió que las personas pudieran acumular semanas aportadas o tiempos servidos al Estado, indistintamente, para efectos de consolidar su pensión de vejez, bajo el presupuesto de que los aportes a seguridad social tengan soporte en el trabajo efectivamente realizado.

Lo anterior permite reconocer que, durante su trayectoria profesional, las personas pueden estar unos tiempos en el sector público o en el sector privado, dado que ello hace parte de las contingencias del mercado laboral y lo relevante es que el Estado permita tener en cuenta lo uno y lo otro para el acceso a prestaciones económicas, pues, en últimas, lo que debe contar es el trabajo humano. La posibilidad de la sumatoria de tiempos parte también de la propia Ley 100 de 1993, que contempló diversos instrumentos de financiación, tales como los bonos pensionales, los cálculos actuariales o las cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna.

En virtud de ello, las pensiones del régimen de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no pueden ser ajenas al anterior entendimiento, puesto que éstas pertenecen evidentemente al sistema de seguridad social integral y, como tal, pese a tener aplicación ultractiva de leyes anteriores en algunos aspectos como tiempo, edad y monto, en lo demás siguen gobernadas por dicha ley, que, finalmente, es la fuente que les permite su surgimiento a la vida jurídica y a la que se debe remitir el juez para su interpretación.

En tal dirección, así debe entenderse el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que permite la sumatoria de tiempos públicos y privados, por cuanto es inusual que un parágrafo no haga relación a la temática abordada por una norma, como en este caso serían las pensiones derivadas del régimen de transición, de modo tal que el cómputo previsto en este parágrafo es predicable tanto para las prestaciones de Ley 100 de 1993 como las originadas por el beneficio de la transición de esta normatividad. Es de resaltar que este cambio de criterio jurisprudencial de la Sala está acorde a mandatos superiores y a la defensa del derecho a la seguridad social en tanto garantía fundamental de los ciudadanos, así reconocida por diferentes instrumentos internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y el Protocolo de San Salvador de 1988, que, además de estar ratificados por Colombia, hacen parte del denominado ius cogens.

Sobre este tema se había pronunciado la Corte Constitucional en sentencia SU-769 de 2014, al señalar: i) la posibilidad de acumular tiempo laborado en entidades públicas respecto de las cuales el empleador no efectuó las cotizaciones a alguna caja o fondo de previsión social, con las aportadas al ISS; ii) la viabilidad de acumular tiempos cotizados a entidades públicas o fondos de previsión para contabilizar las semanas requeridas, en tanto que, el artículo 12 del Acuerdo 49 de 1990, no exige que las cotizaciones se hayan efectuado de manera exclusiva al ISS; iii) la posibilidad de acceder al reconocimiento pensional sin que todas las cotizaciones se hayan realizado al ISS; y iv) para el reconocimiento de la pensión, es posible la acumulación de tiempos cotizados en el sector público con los aportes al sector privado.

De igual forma, esta Subsección reconoció la posibilidad de acumular tiempos de servicio cotizado a cajas o fondos de previsión social, o que, en todo caso, fueron laborados en el sector público o privado y debieron ser cotizados, con las semanas aportadas al ISS.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer lo siguiente:

i) La demandante nació el 6 de diciembre de 1954, es decir, que para el 30 de junio de 1995, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 en el orden departamental, contaba con más de 35 años de edad.

ii) El 9 de noviembre de 2011, mediante la Resolución 041260, el ISS le reconoció una pensión de vejez, en cuantía equivalente al 75 % de lo cotizado durante los últimos 10 años de servicios, incluyendo los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994. Dejó en suspenso el ingreso a nómina y el pago de la mesada a la acreditación del retiro definitivo del servicio.

iii) El 9 de diciembre de 2013, por medio de la Resolución 347131, Colpensiones resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la decisión referida anteriormente, en el sentido de confirmarla en todas sus partes.

iv) El 21 de mayo de 2014, a través de la Resolución 181364, Colpensiones le reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez, con el 75 % de lo cotizado, sin especificar cuáles factores se tuvieron en cuenta para establecer el IBL.

v) El 20 de enero 2015, mediante la Resolución 12783, al resolver el recurso de reposición interpuesto, modificar la resolución anterior, en el sentido de incrementar el número de semanas y la cuantía de la prestación.

vi) El 11 de mayo de 2016, la demandante solicitó a Colpensiones la reliquidación de la pensión, teniendo en cuenta la Ley 33 de 1985, con inclusión de factores salariales establecidos en la Ley 62 de 1985 y el incremento de la tasa de remplazo, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990.

vii) El 26 de julio de 2016, por medio de la Resolución 218055, la entidad reliquidó la pensión teniendo en cuenta 1609 semanas cotizadas, que a la fecha de la resolución la actora contaba con 61 años de edad y que adquirió el estatus el 6 de diciembre de 2009. Aplicó una tasa de remplazo del 77.07 %.

viii) El 29 de septiembre de 2016, mediante la Resolución 290302 del 29 de septiembre de 2016, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto el 12 de agosto de 2016, se confirmó la anterior decisión.

ix) Según el formato de información laboral suscrito por el profesional universitario de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar la señora Puente Vargas laboró en dicha Secretaría del 19 de octubre de 1978 al 19 de octubre de 1979 y del 11 de julio de 1983 hasta el 11 de julio de 1991.

x) El certificado de información laboral suscrito por el subgerente administrativo de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias da cuenta de que la demandante laboró en dicha entidad del 11 de julio de1983 al 28 de febrero de 2014.

xi) La certificación de salario base para calcular los bonos pensionales, suscrita por el subgerente administrativo de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias, informa que la empleada cotizó sobre asignación básica y bonificación por servicios prestados.

xii) La certificación de salarios mes a mes, suscrita por el subgerente administrativo de la ESE Hospital Local de Cartagena, da cuenta de que la demandante cotizó al sistema de seguridad social sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados, desde enero de 2003 hasta febrero de 2014.

xiii) El certificado de salarios suscrito por el coordinador del Talento Humano de la ESE Hospital Local de Cartagena de Indias hace constar que durante 2012 y 2013 la demandante devengó: asignación básica mensual, bonificación por recreación, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad.

2.4. Análisis de la Sala

En el presente asunto no está en discusión la condición de beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, que ostenta la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas, debido a que nació el 6 de diciembre de 1954, lo que significa que para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años.

Adquirió el estatus de pensionada el 6 de diciembre de 2009, cuando cumplió los 55 años, requisito con el que consolidó el derecho a la pensión de vejez, según lo consignado en el acto de reconocimiento pensional ―Resolución 041260 del 9 de mayo de 2011―, fecha para la cual acreditaba 1426 semanas, correspondientes a 27 años, 8 meses y 24 días. Resulta evidente, entonces, el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, como beneficiaria del régimen de transición.

Así las cosas, comoquiera que la actora consolidó el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, su pensión de vejez debe liquidarse conforme a la primera de las subreglas señaladas por la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018. Entonces, como le faltaban más de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión el ingreso base de liquidación será «el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE […]», aplicando una tasa de remplazo del 90 %, teniendo en cuenta que en el momento del retiro del servicio acumulaba más de 1250 semanas cotizadas.

En efecto, el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, estableció los porcentajes de tasa de remplazo para la liquidación de las pensiones de invalidez y vejez, los cuales se incrementan de acuerdo con el número de semanas cotizadas, hasta un tope máximo del 90 %, cuando estas son iguales o superiores 1250.

Por consiguiente, como la demandante acreditó los requisitos pensionales establecidos en el Decreto 758 de 1990 y acumuló un total de 1609 semanas de cotización, no queda duda de que, en su condición de beneficiaria del régimen de transición, para liquidar su pensión le corresponde una tasa de remplazo del 90 % del promedio de salarios devengados en los últimos 10 años de servicio y los factores sobre los cuales realizó aportes según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

Con relación a la segunda subregla fijada en la sentencia de unificación, sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL, el Decreto 1158 de 1994 enlistó los siguientes: a) asignación básica mensual, b) gastos de representación, c) prima técnica, cuando sea factor de salario, d) primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario, e) remuneración por trabajo dominical o festivo, f) remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna, g) bonificación por servicios prestados.

En el sub lite se acreditó, con la certificación expedida por el Área de Talento Humano del Hospital Local de Cartagena de Indias, que la actora devengó asignación básica mensual, bonificación por recreación, bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones y prima de navidad. Y con los certificados de salario mes a mes, expedidos por el Hospital, se probó que, desde enero de 2003 hasta febrero de 2014, se efectuaron cotizaciones para el sistema de seguridad social en pensiones, sobre la asignación básica y la bonificación por servicios prestados.

En este orden, la pensión de jubilación de la señora Puente Vargas, bajo el régimen de transición, debía ceñirse al periodo de liquidación y los factores sobre los cuales realizó aportes según el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, como lo dispuso la entidad, tanto en el acto de reconocimiento pensional como en los actos acusados. Sin embargo, no resulta acertada la interpretación sobre la necesidad de acreditar exclusividad en los aportes a fin de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, en tanto se aparta de los lineamientos jurisprudenciales respecto del ámbito de cobertura de la referida norma.

Por lo tanto, como se desvirtuó parcialmente la presunción de legalidad de los actos administrativos demandados, se impone revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad parcial de los actos acusados y ordenar a Colpensiones reliquidar la pensión de la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas, aplicando una tasa de remplazo del 90 %, a partir del 1 de marzo de 2014, fecha en que acreditó el retiro definitivo del servicio, teniendo en cuenta que interrumpió el término de prescripción con la solicitud de reliquidación que radicó ante la administración el 11 de mayo de 2016 y presentó la demanda el 9 de mayo de 2017.

Conclusión

Con los anteriores argumentos se concluye que no es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación de la demandante con el promedio de todos los factores de salario devengados en el último año de servicio, pues al ser beneficiaria del régimen de transición, la pensión de vejez debe determinarse con base en el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales realizó aportes durante los 10 años anteriores al retiro definitivo del servicio, esto es, con el cómputo de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados, únicos factores sobre los cuales se realizaron aportes. No obstante, la tasa de reemplazo aplicable al IBL corresponde al 90 %, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 del mismo año), por cuanto acreditó más de 1250 semanas cotizadas.

De la condena en costas

De conformidad con la interpretación del artículo 188 del CPACA, que advierte para la fijación de las costas un criterio objetivo valorativo, sin que sea necesario analizar la conducta de las partes, en atención a lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala se abstendrá de condenar en costas de segunda instancia, en cuanto no resultaron probadas, teniendo en consideración que la decisión es el resultado de un cambio jurisprudencial que se produjo durante el transcurso del proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 30 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó las pretensiones de la demanda presentada por la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas contra la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones). En su lugar,

Segundo. Declarar la nulidad parcial de las Resoluciones GNR 218055 de 26 de julio de 2016 y GNR 200302 de 29 de septiembre del mismo año, expedidas por el gerente nacional de reconocimiento de la Vicepresidencia de Beneficios y prestaciones de Colpensiones, por las cuales, en su orden, se reliquidó la pensión de vejez de la demandante y se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión, y del acto administrativo negativo ficto, producido frente al recurso de apelación interpuesto contra la primera de las resoluciones mencionadas.

Tercero. Ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) reliquidar la pensión de la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas, a partir del 1 de marzo de 2014, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, es decir, con el 90 % del el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la libelista cotizó durante los 10 años anteriores al retiro definitivo del servicio ―28 de febrero de 2004 al 28 de febrero de 2014―, esto es, con el cómputo de la asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados.

Cuarto. Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), a título de restablecimiento del derecho, a pagar a la señora Lucía Isabel del Socorro Puente Vargas las diferencias que surjan como consecuencia de la reliquidación ordenada en el ordinal anterior, en forma indexada.

Quinto. Los valores que resulten se ajustarán al valor presente, de acuerdo con la fórmula adoptada por el Consejo de Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de mesadas pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el índice vigente a la fecha en que la demandante acreditó el retiro definitivo del servicio. Por tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá hacerse mes por mes.

Sexto. La entidad demandada, dará cumplimiento a esta sentencia en los términos descritos en el artículo 192 del CPACA.

Séptimo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el programa SAMAI.

Notifíquese y Cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Folios 87 al 96
Folios 146 al 154
Folios 157 al 160
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.
Ídem.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018. Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 5 de noviembre de 2020. Radicación: 25000-23-42-000-2016-02479-01 (2254-2018). Consejero ponente: William Hernández Gómez.
Si bien con antelación se asumía una posición de exclusividad en cuanto a los aportes al ISS a fin de que la norma en comento fuera aplicable a determinado afiliado, lo cierto es que en Sentencia SU 769 del 16 de octubre de 2014, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional en el expediente: T-4128630, se aclaró que la acreditación de requisitos sobre semanas cotizadas, sí permitía la acumulación de tiempos de servicios sin distinción de la caja de previsión a la cual se hubiese cotizado y a la naturaleza del empleador bien sea como entidad del Estado o sociedad comercial privada.
«por el cual se expide el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte»
Sentencias del 4 de noviembre de 2004 radicación 23611, M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza; 23 de agosto de 2006 radicado 27651, M.P. Luis Javier Osorio López; 19 de noviembre de 2007 radicado 30187, M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez; y del 1º de febrero de 2011 radicado 41703. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de 1.º de julio de 2020, radicación 70918 (SL1947-2020), M.P. Iván Mauricio Lenis Gómez.
Corte Constitucional, sentencia SU-769 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, sentencia de 23 de abril de 2020, expediente con radicación 25000-23-42-000-2016-02417-01 (3351-2018), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
Laboró al servicio de la Secretaría de Salud de Bolívar y del Hospital Local de Cartagena.
Folios 15 al 18
Folios 22 al 25
Folios 26 al 29
Folios 30 al 33
Folio 34 y 35
Folios 46 al 50
Folios 51 y 52
Folios 61 al 67
Folio 68
Folio 69
Folio 70
Folios 71 a 76
Folio 77
Folio 14
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.