Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00568-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00568-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00568-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
15 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00568-01 (4566-2022)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)1
Demandado: José Iver Hinestroza Murillo
Temas: Lesividad - Pensión de jubilación
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia
proferida el 27 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
La UGPP presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de la resolución RDP 014275 del 14 de abril de 2015,
mediante la cual esa entidad indexó la primera mesada de la pensión de jubilación
a favor de José Iver Hinestroza Murillo.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó
que: i) se declarara que a José Iver Hinestroza Murillo no le asiste el derecho a la
1
En lo que sigue UGPP.
2
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00568-01 (4566-2022)
Demandante: UGPP
indexación de la primera mesada pensional; ii) se ordenara al pensionado la
devolución del dinero percibido en cumplimiento del acto demandado; y iii) se
indexaran los valores reconocidos y las sumas adeudadas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• José Iver Hinestroza Murillo nació el 30 de diciembre de 19373, trabajó el terminal
marítima y fluvial de Cartagena desde el 29 de enero de 1962 hasta el 15 de julio
de 1983, adquirió el estatus el 27 de octubre de 1987 y el 15 de julio de 1983 se
retiró del servicio.
• Mediante la Resolución 1734 del 21 de octubre de 1983, Empresa Puertos de
Colombia reconoció un anticipo de la pensión de jubilación a favor de José Iver
Hinestroza Murillo, en cuantía de $1’464.838,42, en virtud del artículo 126 de la
Convención Colectiva de Trabajo y estableció que el beneficiario gozaría su pensión
a partir del 27 de octubre de 1987, por $58.583,54. Decisión confirmada mediante
la Resolución 26972 del 22 de noviembre de 1983.
• El 13 de mayo de 1988, la Empresa de Puertos de Colombia reconoció la pensión
de jubilación a favor de José Iver Hinestroza Murillo, en cuantía de $58’583,54 a
partir del 27 de octubre 1987. A través de la Resolución 0836, la cual fue confirmada
por la 34039 del 8 de junio de 1988.
• A través de la Resolución 18 del 18 de enero de 1997, fue reajustada la pensión
del demandado, en cuantía de $771.766,19 a partir del 1° de enero de 1997 y
reconoció unas diferencias de mesadas, según la indexación de la primera mesada.
• Mediante la Resolución RDP 014275 del 14 de abril de 2015, la UGPP indexó la
primera mesada y elevó la cuantía en $119.777,23, efectiva desde el 27 de octubre
de 1987, con efectos fiscales a partir del 12 de diciembre de 2012, por motivo de la
prescripción trienal.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 48, 53 y 128 de la Constitución Política de
Colombia y la Convención Colectiva – Terminal del Atlántico 1983-1984
En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos4:
3
Si bien esta fecha fue transcrita en la demanda, lo cierto es que según la cédula de ciudadanía
José Iver Hinestroza Murillo nació el 26 de octubre de 1937.
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Índice 2, expediente digital, actuación: ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
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Demandante: UGPP
• La indexación de la primera mesada se representa en los casos en los que el
trabajador se retira del servicio activo con el tiempo requerido para acceder a la
pensión, pero cumple el requisito de la edad, posterior a esa fecha. Antes de la
vigencia de la Ley 100 de 1993 no había sido determinada esa posibilidad de
actualización del monto de la pensión, por cuanto este se liquidaba con base en lo
devengado o cotizado al momento del retiro, aunque la efectividad de la pensión se
diera desde el cumplimiento de la edad, sin que se tuviera en cuenta la devaluación
de la moneda.
En el presente asunto no resulta procedente el reconocimiento de la indexación de
la primera mesada, en razón al vacío normativo en relación con la forma en la cual
se debe actualizar el valor de la mesada pensional reconocida a quienes acrediten
primero el tiempo de servicio que la edad. De manera que al no existir norma que lo
determine, en virtud del principio de legalidad debe declararse la nulidad del acto de
reconocimiento.
1.2. Contestación de la demanda
José Iver Hinestroza Murillo no contestó la demanda5.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia proferida el 27 de agosto
de 20216 dispuso negar las pretensiones de la demanda y condenar a la UGPP al
pago de costas.
Para tal efecto, luego de realizar un recuento de los preceptos legales y
jurisprudenciales aplicables al asunto, observó lo siguiente:
• En el presente asunto no fue objeto de controversia el cumplimiento de los
requisitos para el reconocimiento pensional de jubilación en los términos del artículo
121 de la Convención Colectiva de Trabajo 1980-1983. De modo que solo se solicita
la nulidad del acto administrativo que reconoció la indexación de la primera mesada,
con fundamento en la inexistencia de alguna normativa que la avale.
• En consideración de lo anterior, la indexación de la primera mesada se produce
cuando el trabajador se retira del servicio en una fecha anterior, ya sea por un año
o más, respecto del momento en cual alcanza el estatus, de manera que con el paso
del tiempo el salario con el cual se liquidará la pensión sufrirá un detrimento.
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Tal como consta en el acta de la audiencia inicial llevada a cabo el 23 de octubre de 2019.
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Como consecuencia, la ausencia de una disposición legal que ordene la
actualización de la base salarial para el cálculo del monto pensional, con ocasión
de la devaluación de la moneda, no constituye un impedimento para su
reconocimiento, por cuanto los artículos 48 y 53 de la Constitución Política amparan
este mecanismo para revalorizar las obligaciones pensionales, con el fin de
mantener el poder adquisitivo de las pensiones, además de los principios de in dubio
pro operario y de solidaridad.
Finalmente, condenó en costas a la demandante, en virtud de los artículos 188 del
CPACA y 365 del Código General del Proceso, con base en factores como: i) el
trámite del recurso, ii) la naturaleza del proceso y iii) la gestión de la demandada.
1.4. El recurso de apelación
La UGPP interpuso recurso de apelación7, con el fin de que se accediera a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en que el Tribunal se basó
únicamente en preceptos jurisprudenciales, sin el estudio de las condiciones
fácticas de cada caso.
Además, pasó por alto que la Empresa Puertos de Colombia, mediante la
Resolución 1734 del 21 de octubre de 1983, le otorgó el anticipo de la pensión en
cuantía $1’464.838,42, es decir al cabo de 3 meses del retiro del servicio, de manera
que resulta evidencia que la mesada no sufrió devaluación alguna.
Asimismo, la pensión por valor de $58.583,54 reconocida al demandado fue
reajustada, mediante la Resolución 18 del 18 de enero de 1997, por $771.766,19,
valor en el cual fueron incluidas unas diferencias pensionales, en virtud de la
indexación de la primera mesada, posteriormente, a través de la Resolución RDP
014275 del 14 de abril de 2015 se ordenó el pago de la actualización del primer
monto pensional, es decir el mecanismo para contrarrestar la desvalorización de la
moneda fue aplicado en 2 ocasiones sin que hubiera sufrido tal cosa, comoquiera
que el reconocimiento del anticipo de la prestación de jubilación se profirió solo 3
meses después del retiro del servicio.
La Empresa Puertos de Colombia, en cumplimiento de lo establecido en la
Convención Colectiva de Trabajo de 1980 y 1983, reconoció la pensión en debida
forma, puesto que para calcular el anticipo fue necesario determinar el valor de la
mesada, cuyo IBL correspondió al año inmediatamente anterior al retiro y el acto
administrativo mediante el cual se concedió el anticipo fue de solo 3 meses después
de su retiro, por lo tanto no había lugar a la indexación de la primera mesada.
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Demandante: UGPP
En ese sentido, el valor de la mesada fue calculada en octubre de 1983 con tiempo
de servicio prestado entre julio de 1982 y julio de 1983, de manera que no se
configuró la devaluación por el paso del tiempo, por cuanto previo al reconocimiento
definitivo de la prestación se concedió el anticipo, cuyo pago se realizó desde
octubre de 1983, entonces para el 27 de octubre de 1987 (fecha en la cual adquirió
el estatus) se hubiera pagado igual cuantía, es decir $58.583,54 lo que resultaba
procedente era la actualización de ese valor, que se realiza oficiosamente por la
entidad, sin que medie orden de pago de la indexación.
Las disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano requieren que las entidades
que reconocen pensiones actualicen los factores que conforman el IBL, pero no
exigen la actualización del IBL ya calculado.
Al encontrarse desvirtuada la presunción de legalidad que reviste los actos
demandados, es necesario estudiar de fondo todos estos, como la liquidación y
reajuste ordenados respecto de la prestación concedida, de manera que se
establezca la carencia de fundamentación fáctica y jurídica que originó el contenido
de las resoluciones objetadas, esto en virtud de la flexibilización de los principios de
justicia rogada y de iura novit curia, por cuanto las pretensiones de la demanda
involucran derechos mínimos e irrenunciables.
Finalmente, la condena en costas no estuvo motivada, ni fueron analizados los
supuestos fácticos referentes a las actuaciones de la demandante.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. La UGPP reiteró los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de
apelación y recalcó que el demandado no tiene derecho a la indexación de la
primera mesada, porque no estaba incurso en el supuesto planteado por la
jurisprudencia y su prestación ya había sido objeto de actualización.
1.5.2. El demandado guardó silencio.
1.6. El Ministerio Público
El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció.
2. Consideraciones
2.1. Problemas jurídicos
Se circunscriben a resolver el siguiente interrogante: ¿Procede la indexación de la
primera mesada pensional a favor de José Iver Hinestroza Murillo?
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2.2. Marco normativo
2.2.1. Indexación de la primera mesada pensional
En virtud de lo previsto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, el Estado
tiene el deber de establecer mecanismos con el fin de que los recursos destinados
a pensiones mantengan su poder adquisitivo y que las pensiones reconocidas sean
reajustadas de manera periódica, en esa línea la norma constitucional estableció:
«ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la
Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la
forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social
para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]».
«ARTICULO 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente
tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil,
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales;
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la
capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la
mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las
pensiones legales.
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la
legislación interna.
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la
libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». (Resalta la Sala)
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Frente al deber constitucional contenido en las disposiciones transcritas, en armonía
con los derechos a la igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional8 ha entendido que el derecho a mantener
el poder adquisitivo de las pensiones se enmarca dentro de la categoría de
fundamentales, el cual a su vez contiene: i) el derecho a la actualización del ingreso
base de liquidación de la primera mesada pensional y ii) la garantía al reajuste
periódico de las pensiones. Esta clasificación fundamental conlleva, entre otras
cosas, al deber de garantizar la efectividad del derecho a mantener el poder
adquisitivo de la pensión, aunque no existe un desarrollo normativo frente a este.
En materia de indexación de la primera mesada pensional esta Corporación9 en
reiteradas oportunidades ha advertido que, si bien no existe norma que de manera
expresa establezca la actualización de dicha prestación, diferente del reajuste anual
de las mesadas pensionales, no es menos cierto que en desarrollo de los artículos
48, 53 y 230 Constitucionales ningún trabajador está obligado a soportar las
consecuencias de la devaluación y pérdida del valor adquisitivo de la moneda, razón
por la cual el mecanismo de indexación se convierte en una solución acorde con los
principios de equidad y justicia.
Ciertamente, se reitera que aquel reconocimiento que no esté en armonía con el
valor real del dinero (salario, pensión, entre otros) resulta una carga inequitativa
para el trabajador la cual no está en el deber jurídico de soportar, pues se estaría
no solo frente a un agravio patrimonial, sino ante un empobrecimiento que atenta
contra el principio laboral protectorio10 y la garantía constitucional del pago oportuno
y el reajuste periódico de las pensiones.
En efecto, esta Corporación en sentencia del 12 de abril de 2012 concluyó que, en
atención al criterio de equidad y al principio de igualdad, la actualización del salario
base para liquidar la mesada pensional es procedente no solo judicialmente, sino
también en sede administrativa. Esto señaló:
«si bien no existe norma expresa que la consagre, la jurisprudencia ha desarrollado,
8 Sentencia T-953 de 2013
9
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de diciembre de 2016. C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 23001-23-33-000-2013-00212-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, sentencia del 7 de mayo de 2018. C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas,
radicación: 23001-23-33-000-2013-00208-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del
20 de febrero de 2020. C.P. César Palomino Cortés, Radicación: 23001-23-33-000-2013-00438-01;
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 26 de marzo de 2020, C.P. Gabriel Valbuena
Hernández, radicación: 23001-23-33-000-2014-00006-01; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 28 de octubre de 2021. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 25000-23-42-000-
2018-01819-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 11 de noviembre de 2021. C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter, radicación: 05001-23-33-000-2015-00537-01.
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Según el cual se protege a la parte más vulnerable en la relación laboral, es decir el trabajador.
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Demandante: UGPP
con base en principios constitucionales, en especial, los previstos en los artículos 48,
53 y 230, una posición en la que bajo criterios de justicia y equidad determina que la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos
notorios y, por tanto, el trabajador no tiene porque soportar las consecuencias
negativas de dicha situación al tener que recibir al momento de pensionarse sumas
de dinero desvalorizadas que no van en armonía con el valor real del salario que
devengaba cuando prestaba sus servicios. En sentencia del 15 de junio de 2000, con
ponencia del Magistrado Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, se establecieron las
siguientes reglas:
‹No aceptar la indexación del ingreso base del demandante, pretextando que los
últimos años no estuvo vinculado laboralmente luego de haber prestado sus servicios,
por más de 23 años, y de esa manera reconocer su mesada pensional, con valores
deteriorados, constituiría una afrenta a la justicia e iría en contravía de los postulados
Constitucionales citados.
Negar la revalorización de la base de liquidación de la pensión de jubilación,
argumentando ausencia de una disposición precisa que así lo establezca, no obstante
la evidente pérdida del poder adquisitivo de la unidad monetaria, es desconocer la
primacía de los principios y valores constitucionales que por mandato de nuestra Carta
se deben observar en las actuaciones judiciales y se incurre en el pecado que señala
el aforismo latino de “sumum jus summa injuria” – derecho estricto injusticia suprema
– que se suele utilizar para indicar que al juez no puede considerársele como un
autómata, o esclavo de la norma escrita, por ley debe entenderse el ordenamiento
jurídico como un todo. Incluso, en los casos como el aquí examinado, la doctrina
constitucional permite dejar de lado el texto de la ley para no proferir decisiones que
contraríen el orden justo, valor este constitutivo de nuestro ordenamiento
Constitucional›.
Así las cosas, no se trata del imperio de los criterios auxiliares de la justicia y de la
equidad sobre la ley como estima el recurrente, sino que, al no existir una disposición
legal que se refiera a la indexación de la primera mesada pensional el juez debe acudir
a tales preceptos para evitar que se vulneren los derechos del trabajador en cuanto a
que su ingreso laboral, después de más de veinte años de servicios, se convierta en
una pensión liquidada sobre sumas desvalorizadas por el paso del tiempo, debido a
que al servidor le faltaba cumplir únicamente el requisito legal de la edad para adquirir
el estatus de pensionado.
(…)
Lo contrario sería admitir una situación de desigualdad entre quienes cumplen todos
los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión al momento de su retiro del
servicio y quienes se retiran del mismo por haber cumplido el tiempo de servicios
quedándoles faltando únicamente tener la edad para acceder a dicha prestación,
como ya se anotó, pues mientras tanto ven disminuido el monto de la mesada inicial,
por cuanto las normas del sistema general de pensiones en especial, el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, contemplan es la actualización anual de las pensiones que ya
fueron concedidas, en forma equivalente al Índice de Precios al Consumidor
certificado por el DANE (reajuste en el IPC) y, por excepción, cuando las pensiones
sean de cuantía equivalente al salario mínimo legal, se reajustan en el porcentaje que
sea mayor entre el IPC o el porcentaje en que se haya aumentado el salario mínimo» 11.
11
Consejo de Estado, sección segunda, sentencia de 12 de abril de 2012, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 25000-23-25-000-2008-00800-01.
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00568-01 (4566-2022)
Demandante: UGPP
En línea con lo expuesto, la Corte Constitucional12 indicó:
«Ahora bien, tal reconocimiento legal no se trata de un mero acto de liberalidad del
Legislador, pues la jurisprudencia constitucional ha sostenido que se trata de la
materialización de diversos preceptos de rango constitucional, los cuales configuran
realmente un derecho constitucional de los pensionados a mantener el poder
adquisitivo de su mesada pensional. Este derecho, además de estar consagrado
expresamente en el artículo 53 de la Carta Política de 1991, puede derivarse de una
interpretación sistemática de distintos enunciados normativos constitucionales.
(…)
Adicionalmente, el derecho a la actualización de la mesada pensional no puede ser
reconocido exclusivamente a determinadas categorías de pensionados, porque un trato
diferenciado de esta naturaleza carecería de justificación constitucional, y se torna por
tanto en un trato discriminatorio. En efecto, desde la perspectiva constitucional resulta
insostenible la tesis que la actualización de las pensiones es un derecho constitucional
del cual sólo son titulares aquellos pensionados que el Legislador determine,
precisamente porque tal postura acarrearía la vulneración de los restantes principios a
los que se ha hecho mención y de los derechos fundamentales de aquellas personas
excluidas del goce de la actualización periódica de sus pensiones. Si bien el derecho a
la actualización de la mesada pensional surge en virtud de lo que la doctrina ha
denominado el proceso de especificación en el reconocimiento de los derechos, de
manera tal que su titularidad se reserva a una determinada categoría de sujetos –los
pensionados- dentro de tal categoría su titularidad ha de ser universal, y por lo tanto
exclusiones derivadas del tránsito legislativo carecen de justificación.
Por último, la jurisprudencia constitucional ha establecido que la mesada pensional es
un mecanismo que garantiza el derecho al mínimo vital de las personas de la tercera
edad, porque esta prestación periódica dineraria permite a los pensionados acceder al
conjunto de prestaciones constitutivas del mínimo vital, en esa medida se han
establecido presunciones tales como que el no pago de la mesada pensional vulnera el
derecho al mínimo vital. Por lo tanto la actualización periódica de esta prestación es
simultáneamente una garantía del derecho al mínimo vital y una medida concreta a favor
de los pensionados, por regla general adultos mayores o personas de la tercera edad y
por lo tanto sujetos de especial protección constitucional.
(…)
Las anteriores consideraciones resultan relevantes en lo que hace referencia al
contenido del derecho a mantener el poder adquisitivo de las pensiones, porque a juicio
de esta Corporación éste no se limita a la actualización de las mesadas pensionales una
vez han sido reconocidas por la entidad competente, sino que también incluye la
actualización del salario base para la liquidación de la primera mesada. Al respecto cabe
destacar que las numerosas decisiones de tutela proferidas por esta Corporación en las
cuales se ha ocupado de la indexación del salario base para liquidar la pensión de
jubilación se ha entendido que esta pretensión en concreto esta cobijada por el derecho
a la actualización de las mesadas pensionales.
(…)
12
C-862 del 19 de octubre de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto.
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Radicado: 13001-23-33-000-2017-00568-01 (4566-2022)
Demandante: UGPP
Independientemente de la línea argumentativa que se siga, es decir, bien sea que se
entienda que la indexación de la primera mesada pensional es una pretensión específica
que hace parte del derecho a la actualización de la mesada pensional, o bien sea que
se afirme que se trata de un derecho autónomo que encuentra también fundamento en
el derecho al mínimo vital y en los artículos 53 y 48 constitucional, esta Corporación lo
ha protegido en numerosas ocasiones en sentencias de revisión de fallos de tutela. En
dichas oportunidades la Corte Constitucional encontró también fundamento para la
protección en el artículo 29 constitucional por considerar que las decisiones judiciales
proferidas por la jurisdicción laboral que desconocían el derecho a la indexación de la
primera mesada pensional configuraban una vulneración del derecho al debido proceso
de los trabajadores».
Así las cosas, frente al vacío normativo sobre la indexación del IBL de las
prestaciones pensionales y sus consecuencias negativas, es necesario y acertado
ordenar su reajuste en atención al carácter especial que gozan las prestaciones
pensionales.
2.4. Caso concreto
En atención al objeto de la apelación, en el expediente se encuentra acreditado lo
siguiente:
• José Iver Hinestroza Murillo nació el 26 de octubre de 193713.
• El 21 de octubre de 1983, mediante la Resolución 1734, el gerente del terminal
marítimo y fluvial de Cartagena reconoció y ordenó el pago del anticipo de jubilación,
por considerar satisfechos los requisitos previstos en el artículo 126 de la
Convención Colectiva de Trabajo, por $1’464.838,42, asimismo indicó que «la suma
de… ($1’464.838,42), valor del anticipo de jubilación que recibirá el extrabajador señor José
I. Hinestroza Murillo, … se obliga a reintegrarlo a la Empresa, en cuarenta y ocho (48)
cuotas mensuales sucesivas por igual valor, mediante descuentos directos a partir del día
veintisiete (27) de octubre de 1987, fecha en la cual el beneficiario extrabajador… adquirirá
el derecho a gozar de la pensión vitalicia de jubilación a cargo de esta Empresa, en cuantía
de… $58.593,54 al reunir los requisitos legales y convencionales para ello». La anterior
disposición fue confirmada mediante la Resolución 26972 del 22 de noviembre de
198314.
• El 20 de abril de 1988, la Empresa Puertos de Colombia liquidó la pensión de
jubilación del demandado por $58.593,54 a partir del 27 de octubre de 1987, con
inclusión de la nota de la exigencia del reintegro de $1’464.838,42 concedido, por
concepto de anticipo de la prestación. El 13 de mayo siguiente, mediante la
Resolución 0836 fue reconocido y ordenado el pago de la mesada por $58.593,54,
13
Según la cédula de ciudadanía visibles en el documento 02CuadernoPruebas del índice 2
expediente digital, actuación: ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
14
Resolución visible en el documento 02CuadernoPruebas del índice 2 expediente digital, actuación:
ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
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Demandante: UGPP
además fue ordenado el pago del monto del anticipo, en 48 cuotas de igual valor
descontadas de manera directa desde el 27 de octubre de 198715.
• Mediante la Resolución 18 del 18 de enero de 1997, se reajustaron unas pensiones
de jubilación entre esas la del demandado, cuyo nuevo monto se fijó en $771.766,19
a partir del 1º de enero de 1997, más el incremento decretado por el Gobierno
Nacional16.
• En la Resolución RDP 014275 del 14 de abril de 2015, fue indexada la primera
mesada de José Iver Hinestroza Murillo, con fundamento en que el causante nació
el 27 de octubre de 1937, fue retirado del servicio el 15 de julio de 1983 y adquirió
el estatus el 27 de octubre de 1987, en cuantía de $119.777,23 efectiva desde el 27
de octubre de 1987 y con efectos fiscales desde el 12 de diciembre de 2012, por
prescripción trienal, además en virtud de la sentencia de unificación que estableció
el derecho a la indexación de la primera mesada de las pensiones causadas con
anterioridad a 1991 que fue proferida el 12 de diciembre de 201217.
• A través del Auto ADP 010417 del 17 de agosto 2016 la UGPP ordenó la práctica
de pruebas y le solicitó a José Iver Hinestroza Murillo el consentimiento expreso
para revocar la Resolución RDP 014275 , por cuanto la decisión RDP 020108 del
21 de mayo de 2015 dispuso: «ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento a una orden
judicial … y en consecuencia SUSPENDER los efectos jurídicos y económicos de la
Resolución No. 18 del 18 de enero de 1997; en lo que concierne al pensionado JOSE IVER
HINESTROZA MURILLO… ARTICULO SEGUNDO: En consecuencia… la
SUBDIRECCIÓN NOMINA DE PENSIONADOS DE LA UGPP debe ajustar el valor de la
mesada pensional que actualmente percibe el señor JOSE IVER HINESTROZA MURILLO
al monto devengado antes de aplicar la Resolución No. 18 del 18 de enero de 1997, es
decir al valor reconocido mediante la Resolución No. 0836 del 13 de mayo de 1988 con los
respectivos reajustes legales».
Además, indicó «en cuanto a la Resolución 014275 del 14 de abril de 2015, por la cual se
indexó la primera mesada pensional, es necesario aclarar; que con la Resolución 18 del 18
de enero de 1997, misma con orden de Suspensión por la Fiscalía 22 se había reajustado
la pensión de jubilación por el Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de
Colombia… por la Oficina Jurídica de esa Entidad que conceptúo favorablemente la
INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA… Sin embargo, se debe tener en cuenta que la
SUSPENSIÓN es de carácter provisional y a la fecha el … (Juez Penal) no ha realizado el
pronunciamiento definitivo, empero de levantarse dicha orden se reviven los efectos y por
ende se mantendría la indexación ya efectuada mediante la Resolución No. 18 del 18 de
15
Documentos visibles en el documento 02CuadernoPruebas del índice 2 expediente digital,
actuación: ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
16
Según las consideraciones de la Resolución RDP 014275 del 14 de abril de 2015 visible en el ítem
02CuadernoPruebas del índice 2 expediente digital, actuación: ED_ONEDRIVE_20220829(.zip)
NroActua 2.
17
Documento visible en el ítem 02CuadernoPruebas del índice 2 expediente digital, actuación:
ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
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enero 1997, mientras que en caso contrario y de ejecutarse la Resolución No. RDP 014275
del 14 de abril de 2015 que ordenó la INDEXACIÓN se estaría incurriendo en un doble pago
prestacional y por ende en detrimento patrimonial»18.
• Mediante la Resolución RDP 042459 del 9 de noviembre de 2016, la UGPP revocó
el artículo segundo de la decisión RDP 020108 del 21 de mayo de 2015, en ese
sentido consideró: «La SUBDIRECCIÓN NOMINA DE PENSIONADOS DE LA UGPP
debe ajustar el valor de la mesada pensional que actualmente percibe el señor JOSE IVER
HINESTROZA MURILLLO al monto devengado antes de aplicar la Resolución No. 18 del
18 de enero de 1997 y el reajuste sin justificación aplicado en el año 1994 por lo que
quedará activo en nómina de pensionados con el valor establecido en la resolución 0836
del 13 de mayo de 1988 con los respectivos reajustes legales»19.
2.5. Análisis sustancial
El Tribunal Administrativo de Bolívar consideró que al no existir cuestionamiento
alguno respecto del cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento pensional
de jubilación en los términos del artículo 121 de la Convención Colectiva de Trabajo
1980-1983 y que en la demanda solo se solicitó la nulidad del acto administrativo
que reconoció la indexación de la primera mesada, con fundamento en la
inexistencia de alguna normativa que la avale, este último sería el aspecto objeto
de pronunciamiento en esa oportunidad.
Por consiguiente, no accedió a lo pretendido por la UGPP, por cuanto el trabajador
se retiró del servicio en una fecha anterior, al momento de alcanzar el estatus, de
manera que le asistía el derecho a la indexación de su primera mesada, sin que sea
óbice, la ausencia de una disposición legal que ordene la actualización de la base
salarial para el cálculo del monto pensional, con ocasión de la devaluación de la
moneda, puesto que los artículos 48 y 53 de la Constitución Política amparan este
mecanismo para revalorizar las obligaciones pensionales, con el fin de mantener el
poder adquisitivo de las pensiones, además de los principios de in dubio pro
operario y de solidaridad.
La UGPP interpuso el recurso de apelación en el cual indicó que el demandado no
resulta beneficiario de la indexación de la primera mesada, toda vez que la Empresa
Puertos de Colombia le otorgó el anticipo de la pensión 3 meses después de su
retiro del servicio, lo cual no permitió la devaluación de su mesada.
18
Documentos visibles en el documento 02CuadernoPruebas del índice 2 expediente digital,
actuación: ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
19
Documentos visibles en el documento 02CuadernoPruebas del índice 2 expediente digital,
actuación: ED_ONEDRIVE_20220829(.zip) NroActua 2.
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Además, la pensión reconocida al demandado fue reajustada, con inclusión de unas
diferencias pensionales, como la indexación de la primera mesada, es decir que con
la Resolución 014275 fue actualizada por segunda vez.
Asimismo, señaló que al encontrarse desvirtuada la presunción de legalidad que
reviste los actos demandados, era necesario estudiar de fondo todos estos, como
la liquidación y reajuste ordenados respecto de la prestación concedida, de manera
que se establezca la carencia de fundamentación fáctica y jurídica que originó el
contenido de las resoluciones objetadas, esto en virtud de la flexibilización de los
principios de justicia rogada y de iura novit curia, por cuanto las pretensiones de la
demanda involucran derechos mínimos e irrenunciables.
Al respecto, la Sala advierte que en el presente asunto se estudia la legalidad de la
Resolución 014275 del 14 de abril de 2015, mediante la cual fue ordenada la
indexación de la primera mesada de José Iver Hinestroza Murillo, de manera que
en virtud del principio de congruencia no es posible analizar la legalidad de otros
actos administrativos, como la resolución que ordenó la liquidación, el reajuste etc,
por cuanto se vulneraría el derecho al debido proceso de la demandada, en el
sentido en que se emitiría un pronunciamiento en virtud de resoluciones diferentes
a la que ordenó la indexación de la primera mesada, que a su vez, fue la única que
estudió el Tribunal de primera instancia.
Sobre el particular, los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso indican:
«Artículo 280. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La motivación de la sentencia
deberá limitarse al examen crítico de las pruebas con explicación razonada de las
conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad
y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones,
exponiéndolos con brevedad y precisión, con indicación de las disposiciones
aplicadas. El juez siempre deberá calificar la conducta procesal de las partes y, de ser
el caso, deducir indicios de ella.
La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y
clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando
proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus
apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en
este código.
Cuando la sentencia sea escrita, deberá hacerse una síntesis de la demanda y su
contestación»
«Artículo 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que
este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley.
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No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del
pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo
último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por
la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita
considerarlo de oficio».
Por su parte el artículo 187 de la Ley 1437 DE 2011 (CPACA), dispuso que:
«CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se
hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las
pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente
necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen.
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra
que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior
estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus.
Para restablecer el derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o
reformar estas».
Así las cosas, la sentencia que decida el proceso debe estar basada en los hechos
y pretensiones consignadas en la demanda, como en las excepciones planteadas,
como el examen de las pruebas aportadas, las conclusiones a efectos de
restablecer el derecho particular vulnerado, de lo cual se podrán acoger
disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, modificarlas o reformarlas. Lo
anterior con el fin de condenar el extremo demandado por el objeto solicitado y en
virtud de la causa expuesta.
En suma, el principio de congruencia representa una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso de las partes en el marco del proceso
judicial, por cuanto les es permitido al juez de la causa emitir pronunciamiento
únicamente respecto de lo pretendido, lo probado y lo excepcionado, en aras de
evitar proferir sentencias por fuera (extra), por más (ultra) de lo pedido20.
En esas condiciones, en esta instancia no se analizarán aspectos relacionados con
el derecho pensional, el régimen aplicable, los factores salariales, ni los reajustes
20
En este sentido es posible consultar las sentencias del 25 de enero de 2017, radicado 11001-03-
26-000-2016-00052-00 (56703), 26 de octubre de 2017, radicado 25000-23-42-000-2014-01139-01
(2458-15) proferidas por el Consejo de Estado.
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de la mesada, solamente será objeto de estudio la legalidad de la Resolución
014275 del 14 de abril de 2015 mediante la cual se ordenó la indexación de la
primera mesada del demandado.
De acuerdo con lo expuesto, se encuentra que José Iver Hinestroza Murillo i) nació
el 26 de octubre de 1937 y adquirió su estatus pensional el 27 de octubre de 1987
al cumplir 50 años de edad, ii) a través de la resolución 1734 del 21 de octubre de
1983 le fue reconocido y pagado el anticipo de jubilación, por cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 126 de la Convención Colectiva de Trabajo, entre
los cuales estaba contar 20 años de prestación de servicio, iii) mediante la
Resolución 0836 del 13 de mayo de 1988 fue reconocida la pensión de jubilación y
ordenado el pago, en virtud del promedio de lo devengado durante el último año de
servicio comprendido entre el 16 de julio de 1982 y el 15 de julio de 1983, por el
valor de $58.593, efectiva a partir del 27 de octubre de 1987, además le fue
ordenado el reintegro del anticipo concedido en 1983, en 48 cuotas de igual valor
iv) 18 de enero de 1997, fue reajustada su prestación en $771.766,19, a partir del
1º de enero de 1997.
En esas condiciones, la Sala observa que no le asiste razón a la demandante al
afirmar que con el reconocimiento y pago del anticipo se llevó a cabo la indexación
de la primera mesada, toda vez que este valor es el resultado del cómputo de 20
mensualidades de salario promedio devengado por el peticionario en su último año
de servicio, respecto del cual se establece un promedio salarial, es decir no se toma
en cuenta la devaluación del salario comoquiera que es calculado con base en lo
devengado en el último año de servicio, ese monto será devuelto a la Empresa
Puertos de Colombia una vez se adquiera el estatus, de manera que no es posible
que en sus factores de liquidación incluya la devaluación de la moneda existente la
fecha del retiro del servicio y la del estatus.
Ahora en cuanto a la Resolución demandada (014275 del 14 de abril de 2015) se
observa que el valor tomado para indexar fue el concedido inicialmente en la
Resolución 0836 del 13 de mayo de 1988, es decir $58.583,54, con el fin de suplir
la pérdida de valor adquisitivo ocurrida con el paso del tiempo entre el último año de
prestación de servicio comprendido desde 1982 al 1983 y la fecha de la adquisición
del estatus 27 de octubre de 1987, de manera que no puede confundirse con el
monto resultante de la reliquidación pensional ($771.766,19) prevista por la UGPP
en la Resolución 18 del 18 de enero de 1997, la cual posteriormente fue suspendida.
Por todo lo anterior, la Sala advierte que, aunque la norma no prevé la indexación
del pago de la primera mesada, vía jurisprudencial esta Corporación ha considerado
pertinente el mecanismo de la indexación de las obligaciones dinerarias para
contrarrestar la inequidad causada con la inestabilidad de la economía del país, que
conlleva a la pérdida del poder adquisitivo en casos como el que es objeto de
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estudio, cuando la prestación se liquida con el último salario devengado por el
trabajador en los casos en los que la adquisición del estatus de pensionado se
obtiene tiempo después del retiro del servicio, de modo que, la procedencia de ese
componente obedece a la aceptación del hecho notorio de la constante devaluación
de la moneda que castiga y disminuye la capacidad de compra de los ingresos de
un servidor estatal21.
Por todo lo anterior, esta Sala confirmará la sentencia del 27 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Finalmente, en razón a que la demandante solicitó la revocatoria de la condena en
costas ordenadas en su contra.
Por tanto, se advierte que en la providencia apelada el a quo, de manera restrictiva
y con fundamento en el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el 365 del
CGP, condenó en costas a la parte demandante sin realizar un análisis de aspectos
relevantes para su imposición, como la temeridad o la mala fe en que pudo incurrir
la parte vencida, pese a que para ello, debió tener certeza de la conducta
desplegada por aquella y comprobar si se causaron dichas costas, razón por la cual
al no predicarse el mal proceder de la demandante se revocará la decisión del juez
de primera instancia en lo que respecta a este punto.
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
21
Sobre el particular esta Corporación se ha referido de manera reiterada en las sentencias del 11
de noviembre de 2021, radicado 05001-23-33-000-2015-00537-01 (874-2019), del 2 de octubre de
2020, radicado 05001-23-33-000-2015-02298-01 (1751-2017), del 15 de noviembre de 1995,
radicado 7760, entre otras.
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Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.22
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte vencida
actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en
el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala no encontró acreditada la ilegalidad de la
Resolución 014275 del 14 de abril de 2015 que reconoció la indexación de la primera
mesada, motivo por el cual se confirmará la sentencia proferida el 27 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la
demanda y se revocará la condena en costas, por cuanto no fue probado su actuar
temerario
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 27 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que condenó en costas a la parte
demandante y, en su lugar:
«SEGUNDA: Negar la condena en costas».
Segundo. Confirmar en todo lo demás la sentencia proferida el 27 de agosto de
2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la
demanda.
22
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: UGPP
Tercero. Sin condena en costas.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Ausente con excusa
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmtl
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