Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00806-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00806-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00806-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
29 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00806-01 (6031-2023)
Demandante: Wilmer Enrique Novoa Vergel
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa Nacional
Tema: Pensión de invalidez. Estructuración. Exigibilidad. Prescripción
de mesadas pensionales. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020) por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Wilmer Enrique Novoa Vergel instauró demanda contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad parcial de la Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de
2015, por medio de la cual se reconoció y ordenó el pago de la pensión de invalidez,
a partir del 31 de agosto de 2009, y declaró prescritas las mesadas causadas con
anterioridad al 20 de mayo de 2012; y la nulidad del Oficio Nro. OFI16-31642
MDNSGDAGPSAN del 2 de mayo de 2016, mediante el cual se negó el
reconocimiento y pago del retroactivo pensional comprendido entre el 31 de agosto
de 2009 y el 19 de mayo de 2012.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene el reconocimiento y
pago del retroactivo pensional, equivalente a la suma de cuarenta y cinco millones
novecientos noventa y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos con treinta y
seis centésimas ($45.992.448,36), debidamente indexado, incluyendo los
incrementos anuales de ley, así como los intereses moratorios.
HECHOS
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La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de 2015, se reconoció y ordenó
el pago de la pensión de invalidez, a partir del 31 de agosto de 2009, y declaró
prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 20 de mayo de 2012.
Que presentó petición el 20 de abril de 2016, en la que solicitó el reconocimiento y
pago del retroactivo pensional comprendido entre el 31 de agosto de 2009 y el 19
de mayo de 2012, la que fue negada mediante Oficio Nro. OFI16-31642
MDNSGDAGPSAN del 2 de mayo de 2016.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Consideró como normas violadas el artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y el artículo 30
del Decreto 4433 de 2004. En el concepto de violación indicó que el acto
demandado infringió las normas en las que debería fundarse, dado que desconoció
que el derecho a pedir una pensión de jubilación no prescribe pues, al tratarse de
un derecho vitalicio, subsiste la acción correspondiente durante la vida del titular.
Que lo que prescriben son las mesadas pensionales dentro del término establecido
por la ley, a excepción de la pensión de invalidez. Que, en ese orden de ideas, como
el derecho pensional no se extingue, no puede aplicarse el fenómeno prescriptivo a
las mesadas pensionales que constituyen parte integrante de tal derecho, dado que
lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda se presentó, originalmente, ante los juzgados administrativos del
circuito de Sincelejo quienes, en auto del 3 de abril de 20171, declararon la falta de
competencia para tramitar el proceso y ordenaron que este fuera enviado a los
juzgados administrativos del circuito de Cartagena. Estos últimos, en providencia
del 11 de julio de 2017, también declararon la falta de competencia y ordenaron la
remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar 2.
Una vez remitido al Tribunal Administrativo de Bolívar, se admitió la demanda en
auto del 22 de enero de 2018 3. La entidad demandada contestó oponiéndose a las
pretensiones, expresando que los actos administrativos demandados no están
incursos en ningún vicio de nulidad. Propuso como excepciones las de buena fe,
prescripción de derechos laborales, presunción de legalidad e innominada 4.
El 4 de abril de 2019, se celebró la audiencia inicial en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas 5. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
1 Véanse los folios 45-47 PDF, del expediente digital.
2 Véanse los folios 52-53 PDF, ibid.
3 Véanse los folios 61-63 PDF, ibid.
4 Véanse los folios 76-84 PDF, ibid.
5 Véanse los folios 106-111 PDF, ibid.
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El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el seis (6) de
noviembre de dos mil veinte (2020), negó las pretensiones considerando que operó
el fenómeno de la prescripción trienal de los derechos de los miembros de la fuerza
pública, respecto del pago retroactivo de las mesadas de la pensión de invalidez
solicitadas en el período comprendido entre el 31 de agosto de 2009 y el 19 de mayo
de 2012.
Que debía aplicarse el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, el cual dispone que el
término de la prescripción será de tres años contados a partir de la fecha en que el
derecho se hace exigible, el cual podrá interrumpirse con la radicación de la
reclamación escrita respectiva, por un periodo de tiempo igual.
Que el derecho a reclamar el reconocimiento pensional surgió cuando quedó en
firme el Acta Nro. 123 de la Junta Médico Laboral, la cual se notificó el 23 de marzo
de 2010, fecha a partir de la cual contaba con cuatro meses para convocar al
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía. Que la decisión de la Junta
quedó en firme el 23 de julio de 2010, razón por la cual, a partir de la firmeza de
dicha acta, debió reclamar el reconocimiento y pago del derecho pensional.
Que de las pruebas allegadas no se evidenció cuál fue la fecha en la que el
demandante radicó la solicitud, la cual hubiera permitido establecer, con certeza, la
interrupción del término prescriptivo. Que ello imposibilitaba alterar la prescripción
de las mesadas pensionales en las fechas definidas en los actos demandados y que
como dicha decisión estaba cobijada por la presunción de legalidad, era claro que
no fue desvirtuada.
Que el accionante contaba con tres años, contados desde la fecha en que adquirió
firmeza el acta de la Junta Médico Laboral, para presentar la reclamación y evitar la
prescripción de las mesadas. Que si aparecía en el proceso una reclamación
posterior al reconocimiento del derecho pensional, la cual fue elevada el 15 de abril
de 2016, ello sería desfavorable a sus intereses porque a partir de esa fecha debía
contarse la prescripción trienal. Finalmente, condenó en costas a la parte
demandante6.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que,
atendiendo a lo preceptuado por el artículo 3 de la Ley 923 de 2004 y el artículo 30
del Decreto 4433 de 2004, la entidad demandada debió reconocer y pagar la
pensión de invalidez desde la fecha de retiro ─31 de agosto de 2009─ o fecha de
estructuración, dado que la prescripción debía aplicarse a partir de la fecha de
expedición y notificación de la Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de 2015.
Que la interpretación de la entidad demandada fue errónea y constituyó una vía de
hecho, porque el término prescriptivo se causa a partir de la fecha de
reconocimiento de la pensión de invalidez. Que como la resolución se profirió el 24
de junio de 2015, el término prescriptivo de los tres años correría hasta el 24 de
6 Véanse los folios 185-200 PDF, ibid.
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junio de 20187.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 24 de noviembre de 2023 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara para fallo 8.
Las partes guardaron silencio y el Ministerio Público no presentó concepto.
Se resolverá previas las siguientes
CONSIDERACIONES
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si el demandante tiene derecho a
que a su reconocimiento pensional no se le aplique el fenómeno prescriptivo
consagrado en el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004 y, en consecuencia, se le
pague el retroactivo pensional comprendido entre el 31 de agosto de 2009 y el 19
de mayo de 2012.
Generalidades de la prescripción
La prescripción es definida por la jurisprudencia como la acción o efecto de «[…]
adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el
transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley “o en otra acepción”
como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del
tiempo […]»9. Dicho fenómeno hace alusión directa a la pretensión, esto es, al
derecho, y constituye el término particular para adquirirlo o extinguirlo 10. Sobre el
particular, el Consejo de Estado indicó:
«[…] la prescripción, en términos generales, hace referencia a la consecuencia
jurídica por la que el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el
paso del tiempo de acuerdo a las disposiciones normativas en cada situación
particular. En sí, la prescripción extintiva está ligada a la inactividad del
asociado frente a la reclamación de sus derechos en el tiempo que la ley
establece para ello, cuya consecuencia jurídica es la perdida de la oportunidad
para ejercerlos o en su defecto, la desaparición de este en su patrimonio»11.
Tratándose de la prescripción en materia laboral, la jurisprudencia ha dado un
tratamiento especial a las prestaciones sociales periódicas, al atribuirles un carácter
de irrenunciables e imprescriptibles, como es el caso del derecho a la pensión 12. No
obstante, la Sala aclara que, si bien este beneficio pensional no se ve afectado por
7 Véanse los folios 204-206 PDF, ibid.
8 Véase a índice 4 de SAMAI.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Exp. 3404-
2013.
10 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 18 de octubre de 1996. Exp. 7934. C.P. Consuelo Sarria
Olcos.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 15 de julio de 2021. Exp. 05001-23-33-
000-2016-01984-01 (4825-2019). C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-230 de 1998. M.P. Hernando Herrera Vergara.
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el fenómeno prescriptivo, no sucede lo mismo respecto a las mesadas pensionales
causadas, pues estas pueden extinguirse si no son reclamadas dentro del término
previsto por el legislador.
Respecto a ello, la Corte Constitucional ha sostenido:
«[…] Particularmente, en relación con la prescripción de las acciones laborales,
esta Corporación ha advertido que el derecho a la pensión es imprescriptible,
sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción extintiva de los derechos
que surgen en virtud de un derecho fundamental.
En concreto, la jurisprudencia ha expresado que los créditos o mesadas
pensionales, deben ser reclamados durante un lapso determinado de tres años,
so pena de perder el derecho a recibirlos:
“Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia
de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de
los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los
tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del
derecho”.
24. En consecuencia, es posible concluir que el derecho a la pensión tiene un
carácter imprescriptible, no obstante, a los créditos o las mesadas pensionales
sí les aplica la prescripción»13 (cursivas y negrillas originales).
Bajo ese entendido, estarán afectadas por la regla general de la prescripción las
mesadas pensionales que no se soliciten dentro del término previsto por la ley,
porque al atribuírseles el carácter de periódicas, ello conlleva la configuración de
dicha excepción de las mesadas causadas cuando su reclamación no se efectúe en
el momento oportuno.
En tratándose del régimen pensional de los miembros de la fuerza pública, la
prescripción respecto de derechos laborales está regulada concretamente por el
artículo 43 del Decreto 4433 de 2004, que en su tenor literal prevé:
«Artículo 43. Prescripción. Las mesadas de la asignación de retiro y de las
pensiones previstas en el presente decreto prescriben en tres (3) años contados
a partir de la fecha en que se hicieron exigibles.
El reclamo escrito recibido por la autoridad competente sobre un derecho,
interrumpe la prescripción, por un lapso igual.
Los recursos dejados de pagar como consecuencia de la prescripción de que
trata el presente artículo, permanecerán en la correspondiente entidad
pagadora y se destinarán específicamente al pago de asignaciones de retiro en
las Cajas o de pensiones en el Ministerio de Defensa Nacional o en la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso».
Por su parte, el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral también regula el
término de la prescripción, así:
«ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes
sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-298 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual».
Como puede observarse, la anterior norma es concordante con el artículo 43 del
Decreto 4433 de 2004 en cuanto al término que tiene el empleado o trabajador para
acudir a la autoridad competente para reclamar un derecho, lo cual se hace a través
de las respectivas acciones contempladas en el ordenamiento legal
correspondiente.
Resolución al caso concreto
Se tiene que mediante Acta Nro. 123 del 18 de marzo de 2010, la Junta Médico
Laboral de Revisión Militar y de Policía determinó que el demandante presentaba
50.08% de disminución de la capacidad laboral, lo cual se correspondía con una
incapacidad permanente parcial que no lo hacía apto para el servicio 14.
Que la Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de 2015 le reconoció la pensión de
invalidez, a partir del 31 de agosto de 2009, y declaró prescritas las mesadas
causadas con anterioridad al 20 de mayo de 2012 15. Y, luego de mediar solicitud de
reconocimiento del retroactivo pensional, la misma se negó en Oficio Nro. OFI16-
31642 MDNSGDAGPSAN del 2 de mayo de 2016 16.
Al no obrar prueba, supuestamente, de la solicitud de reconocimiento pensional, el
fallador de primera instancia estimó que no se desvirtuó la presunción de legalidad
de los actos demandados. Sin embargo, contrario a lo expuesto por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, en el expediente obra prueba de que, el 20 de mayo de
2015, el señor Wilmer Enrique Novoa Vergel radicó petición en la que solicitó el
reconocimiento de la asignación de retiro o de invalidez, con base en la cual se
profirió la Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de 2015 17.
Por consiguiente, la Sala concluye que la Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de
2015 y el Oficio Nro. OFI16-31642 MDNSGDAGPSAN del 2 de mayo de 2016 sí se
ajustaron a derecho porque, tratándose de la pensión de invalidez:
«[…] no es simplemente la fecha de la producción del daño o afectación a la
salud e integridad de la persona o trabajador, reconocida en términos
normativos como fecha de estructuración, esto es, como aquella en que «se
genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma
permanente y definitiva» […], la que permite tornar tal condición en ‘exigible’
respecto de las prestaciones económicas pensionales previstas a cargo de los
entes de seguridad social, sino que, adicional a ello, […] se requiere que dicha
condición sea ‘determinada’, es decir, definida o diagnosticada por la autoridad
técnica y científica autorizada por la ley para tal efecto, de suerte que, en tanto
ello no ocurra, dicho daño a la salud e integridad de la persona o trabajador no
puede calificarse jurídicamente como ‘cierto’, en otros términos, no es dable
tener a la persona o trabajador afectado en su salud e integridad personal como
‘declarada en estado de invalidez’»18 (cursivas originales).
14 Véanse los folios 149-153 PDF, del expediente digital.
15 Véanse los folios 14-19 PDF, ibid.
16 Véanse los folios 27-28 PDF, ibid.
17 Véanse los folios 116-117 PDF, ibid.
18 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de mayo de 2015. Exp. SL5703-2015
(53600). M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
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En otras palabras: la certidumbre del daño a la salud e integridad del trabajador solo
tiene trascendencia jurídica cuando «[…] la persecución de las prestaciones
asistenciales y económicas del sistema de seguridad social […] se exterioriza en
virtud de los mecanismos previstos en la ley»19, es decir, cuando el trabajador
adquiere, válidamente, conciencia sobre el grado de su incapacidad.
Como el demandante exteriorizó su intención de obtener el reconocimiento
pensional el 20 de mayo de 2015, fue correcto el proceder de la entidad demandada
al determinar que el fenómeno prescriptivo aplicaba a las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 20 de mayo de 2012. Por ello, no le asiste razón al
apelante cuando indicó que la entidad demandada debió reconocer y pagar la
pensión de invalidez desde la fecha de retiro ─31 de agosto de 2009─ o la fecha de
estructuración de la invalidez, puesto que el plazo prescriptivo corre desde que el
afectado tuvo conocimiento cierto y acabado de su estado de invalidez laboral, y
activó los mecanismos legales para conseguir las prestaciones solicitadas.
Además, no es cierto que la prescripción debía aplicarse a partir de la fecha de
expedición y notificación de la Resolución Nro. 2961 del 24 de junio de 2015, ya que
esta figura jurídica, al relacionarse con la extinción de derechos o acciones que no
han sido ejercidos durante el tiempo establecido por la ley, sanciona, hacia el
pasado, la inactividad del titular del derecho, motivo por el cual no le asiste razón al
apelante cuando argumentó que el término prescriptivo de los tres años corría hasta
el 24 de junio de 2018.
Finalmente, la Sala pone de presente que lo expuesto en el acápite del concepto de
violación no es acertado, porque el demandante concluyó, erróneamente, que al
haber imprescriptibilidad del reconocimiento pensional, ello se extendía al pago
de la pensión de invalidez, pues si bien el derecho pensional tiene dicho carácter,
lo que legalmente se somete al término prescriptivo es el derecho al cobro de las
respectivas mesadas pensionales.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia proferida el seis (6) de
noviembre de dos mil veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por
medio de la cual se negaron las pretensiones.
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 20 en el que se
indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los fundamentos esbozados por el recurrente en sus distintas intervenciones, no se
presenta una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
19 Ibid.
20 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
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en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el seis (6) de noviembre de dos mil
veinte (2020) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Salvamento Parcial de Voto
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