Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2017-00844-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2017-00844-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 13001-23-33-000-2017-00844-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
14 de septiembre de 2023
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00844-01 (26799)
Demandante: Surenvíos S.A.S.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 13001-23-33-000-2017-00844-01 (26799)
Demandante SURENVÍOS S.A.S.
Demandado DISTRITO DE CARTAGENA
Tema Impuesto de industria y comercio. Período 2013. Base gravable.
Principio de territorialidad. Prueba ingresos otros municipios
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de expedición regular del acto
acusado y la innominada, propuestas por la demandada.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial de los Actos administrativos contenidos en las
Resoluciones AMC-RES-000031-2017 del 11 de enero de 2017, por medio de la cual se
expide una liquidación de revisión y se impone una sanción al contribuyente Surenvíos S.A.S.
y AMC-RES-001507-2017 del 26 de abril de 2017, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración, proferidas por la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena, por medio
de las cuales se liquidó oficialmente el impuesto de industria y comercio correspondiente al
año gravable 2013 y se impuso a la sociedad demandante sanción por inexactitud, de acuerdo
con lo explicado en la parte motiva.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, FIJAR como ICA, Avisos y tableros,
sobretasa Bomberil y la sanción por inexactitud a cargo de Surenvíos S.A.S., respecto del
impuesto ICA del año gravable 2013, en la suma liquidada en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: Sin costas en esta instancia.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría General, ARCHÍVESE el expediente,
de conformidad con las tablas de retención documental aprobadas por el Consejo Superior de
la Judicatura.”.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 07 de marzo de 2014, la actora presentó declaración privada del ICA de 2013, en
la que registró: i) total ingresos ordinarios y extraordinarios por $23.906.682.000, ii)
total ingresos obtenidos fuera del Distrito por $23.906.682.000, iii) total ingresos
obtenidos en el Distrito de $0, y iv) un impuesto a cargo de $0.
Previo requerimiento especial, el Distrito profirió la Resolución Nro. AMC-RES-
000031-2017 del 11 de enero de 2017, que modificó la liquidación privada en el
sentido de fijar: i) total ingresos ordinarios y extraordinarios por $23.906.682.000, ii)
total ingresos obtenidos fuera del Distrito de $0, iii) total ingresos obtenidos en el
Distrito por $23.906.682.000, iv) impuesto a cargo de $233.329.000 y v) sanción por
inexactitud de $373.326.000.
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Demandante: Surenvíos S.A.S.
Contra la anterior decisión, el contribuyente interpuso recurso de reconsideración
que fue resuelto mediante la Resolución Nro. AMC-RES001507-2017 del 26 de abril
de 2017, que confirmó el acto liquidatorio.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las siguientes
pretensiones:
“(...)
1. Que son nulas las resoluciones AMC-RES-000031-2017 del 11 de enero de 2017, “Por
medio de la cual se expide una Liquidación de Revisión y se impone una sanción al
contribuyente SURENVÍOS SAS Nit 813.000.298”, y AMC-RES-001507-2017 del 26 de
abril de 2017 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración”, emanadas
de la Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena D.T. y C. (Bolívar) por medio de las
cuales se liquidó oficialmente el impuesto de industria y comercio correspondiente al año
gravable 2013 y se impuso a la sociedad demandante sanción de inexactitud, por haber
sido expedidas sin fundamento legal.
2. Que como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se declare en firme la declaración anual del impuesto de industria y comercio
presentada por la sociedad demandante el día 7 de marzo de 2014 en el formulario
2014000069, y se declare que la misma sociedad no está obligada a pagar suma alguna
a título de sanción por inexactitud en la declaración del impuesto de industria y comercio
por el año gravable 2013.
Que se condene en costas a la parte demandada, en el evento de que las anteriores
pretensiones sean favorables a mi poderdante, toda vez que la Administración Distrital
persiste en gravarle a mi poderdante ingresos que por su naturaleza no son base gravable
del Impuesto de Industria y Comercio en Cartagena puesto que fueron generados en otras
jurisdicciones municipales”.
A los anteriores efectos, la demandante invocó como normas vulneradas los
artículos 29 de la Constitución Política; 32 y 37 de la Ley 14 de 1983; 2 (parágrafo)
de la Ley 322 de 1996; 647, 683, 684 y 742 del Estatuto Tributario; 87, 93, 98, 99,
111, 115, 215, 333, 368 y 405 del Acuerdo 041 del 2006 y; 01 del Decreto 3070 de
1983.
El concepto de la violación de estas disposiciones se resume así:
1. Violación del derecho al debido proceso y al principio de la necesidad de
la prueba
Discutió que la Administración no realizó una “genuina investigación tributaria”, en la
medida que profirió auto de apertura el 12 de abril de 2016, y al día siguiente emitió
el requerimiento especial, en el que manifestó haber encontrado una irregularidad
en la declaración de ICA.
Que, por lo anterior, el Distrito no practicó pruebas que sustentaran su actuación
administrativa, como lo exigen los derechos al debido proceso y de defensa, y los
artículos 742 del Estatuto Tributario y 405 del Acuerdo 041 de 2006. Agregó que en
virtud del artículo 99 de la citada norma municipal, la Administración debió solicitar
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al contribuyente la prueba de los ingresos gravados en otra jurisdicción municipal, y
como no lo hizo, la sociedad no tenía la carga de probar.
Consideró que no es procedente que, con fundamento en la sola declaración, los
actos concluyan que no hay lugar a detraer ingresos de la base gravable, más
todavía cuando ninguna norma exige que dicho denuncio se presente con anexos
o pruebas que respalden los valores registrados.
Advirtió que el requerimiento especial no fue debidamente notificado en el domicilio
de Surenvíos S.A.S. de conformidad con lo dispuesto en sentencia del 12 de
septiembre de 2002, exp. 12975 C.P. Ligia López Díaz.
2. Violación al principio de territorialidad. Base gravable del tributo
Manifestó que en la declaración de ICA se excluyeron de la base gravable ingresos
en la suma de $23.906.682.000, pues los mismos no fueron obtenidos en el Distrito
de Cartagena. Que, no obstante, la Administración gravó la totalidad de esos
ingresos en dicha jurisdicción.
Dijo que, en la vía gubernativa, allegó “el auxiliar contable del año 2013”, y las
declaraciones de ICA presentadas en varios municipios, las cuales prueban que los
ingresos de la actora fueron gravados en otras jurisdicciones. No obstante, la
Administración omitió valorar los mencionados documentos, por lo que determinó el
tributo y la sanción por inexactitud sin tener sustento legal y probatorio.
Aclaró que la posibilidad de restar de la base gravable de ICA los ingresos de otros
municipios, no era un beneficio tributario, sino una minoración de carácter
estructural en virtud del principio de justicia tributaria, porque se trata de valores que
ya fueron objeto de imposición en otras jurisdicciones territoriales. Agregó que estos
ingresos no se pueden gravar en dos jurisdicciones, ya que se genera una doble
tributación sobre el contribuyente.
Argumentó que en cumplimiento del artículo 1 del Decreto 3070 de 1983, la actora
demostró los registros de los ingresos obtenidos en cada municipio, mediante el
auxiliar contable que se aportó en sede administrativa, y la certificación del revisor
fiscal que anexa a la demanda, la cual contiene un cuadro Excel detallando los
ingresos ordinarios obtenidos en cada municipio.
Que el auxiliar contable, las declaraciones de ICA presentadas en los distintos
municipios, y el certificado de revisor fiscal, demuestran que la sociedad no realizó
el hecho generador en el Distrito de Cartagena, en tanto los ingresos por valor de
$23.090.559.000 son la base imponible de la actividad de servicios prestada en
otras jurisdicciones del país en donde se pagó el tributo.
Precisó que la territorialidad del ICA para el sector servicios se define por el lugar
de prestación efectiva del servicio que se identifica con el lugar de ocurrencia del
hecho generador.
Se refirió a la contabilidad como prueba para dirimir conflictos de territorialidad del
ICA, en la medida en que esta determinaba los ingresos causados en cada
jurisdicción, por lo que solicitó tener en cuenta los documentos contables y las
declaraciones de ICA, que fueron aportados como soportes de la declaración.
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3. Improcedencia de la liquidación del impuesto complementario de avisos
y tableros y la sobretasa bomberil sobre ingresos no sujetos al ICA
Precisó que en la medida en que la actora no ejecutó una actividad gravada en la
jurisdicción de Cartagena, no había lugar a liquidar el impuesto de avisos y tableros
ni la sobretasa bomberil, so pena de violar el principio de legalidad.
4. Improcedencia de la sanción por inexactitud
Señaló que no se configura el supuesto normativo que da lugar a la imposición de
la sanción, en tanto los datos declarados son completos y verdaderos. Que de
acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado1 no procede la penalidad cuando
no hay un ánimo doloso o defraudatorio por parte del declarante, o se presenta una
diferencia de criterio, como ocurre en el caso analizado.
Explicó que la diferencia de criterios recae sobre la determinación de la base
gravable del ICA, ya que para la Administración se debía conformar con la totalidad
de los ingresos obtenidos a nivel nacional, mientras que para la actora procedía
restar los ingresos obtenidos y gravados en otros municipios, comoquiera que no
desarrolló el hecho generador del tributo en Cartagena.
Oposición de la demanda
El Distrito de Cartagena controvirtió las pretensiones de la actora, con base en los
siguientes argumentos:
Explicó que de la actuación administrativa y las pruebas allegadas al expediente se
verifica que la demandante no logró soportar las deducciones declaradas.
Precisó que antes de imponer la sanción por inexactitud, medió un proceso
administrativo, por lo que no se violaron normas constituciones o legales, y concluyó
que dentro del proceso no existía prueba que diera motivos para anular los actos
demandados.
Señaló como excepciones previas, la expedición regular de los actos acusados,
pues no violaban las disposiciones invocadas por el actor, y la innominada.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos demandados, con base en lo
siguiente:
Declaró no probadas las excepciones de expedición regular del acto acusado y la
innominada, planteadas por la Administración en su contestación.
Advirtió que “no se pronunciará respecto de la falta de notificación del requerimiento especial, por
cuanto no se plantearon cargos sobre el particular”.
En cuanto a la determinación del ICA, explicó que para demostrar la
extraterritorialidad del tributo no existe tarifa legal preestablecida, por lo que las
declaraciones presentadas en otros municipios no constituyen la única prueba. Que,
por esa razón, es procedente deducir de la base gravable el ingreso obtenido en
1 Sentencias del 26 de junio de 2008, exp. 15410, y del 09 de marzo de 2017, exp. 19195.
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otros municipios siempre que se encuentren acreditados por cualquier medio
idóneo.
Se refirió al certificado del revisor fiscal de la sociedad, para señalar que no cumplía
las exigencias para que ser tenido como prueba contable, en tanto se limita a
informar sobre el valor total del ICA generado en otros municipios, sin ofrecer algún
grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes
asociados a los hechos que se pretenden demostrar.
Precisó que no había certeza de que algún rubro de los ingresos brutos anuales se
hubiere generado en el Distrito de Cartagena. No obstante, de las declaraciones de
ICA presentadas en otros municipios, se demuestra que los ingresos asociados a
tales jurisdicciones ascienden a $15.112.811.210, cantidad que no superaba la cifra
total objeto de discusión.
Concluyó que no había lugar a rechazar los descuentos de la base gravable en la
suma de $15.112.811.210, en tanto corresponden a los ingresos generados en otros
municipios, situación que conlleva a la improcedencia de la determinación del
impuesto de ICA, el complementario de avisos y tableros, la sobretasa bomberil, y
la sanción por inexactitud, respecto de estas sumas.
Con fundamento en lo anterior, realizó una reliquidación del tributo en la que
estableció como ingresos obtenidos en otros municipios $15.112.811.210 y en el
Distrito la suma de $8.793.870.790, por lo que determinó el impuesto en la suma de
$10.728.522,31.
En relación con los valores no aceptados, mantuvo la sanción por inexactitud, que
fue liquidada en la suma de $17.165.635,78, para lo cual aplicó un porcentaje del
160%.
Finalmente, no condenó en costas ya que las pretensiones fueron reconocidas de
manera parcial.
Recurso de apelación
La parte demandante sostuvo que la prueba pertinente es la contabilidad y sus
soportes externos, que no han sido tachados de falsos. Y que la certificación del
revisor fiscal constituye plena prueba a favor del contribuyente.
Explicó que en la medida en que los libros de contabilidad estén en debida forma
se debe decidir de conformidad con lo consignado en ellos, siempre que no sean
desvirtuados, y aclaró que el valor de estos documentos había sido reconocido por
la jurisprudencia de la Corte Constitucional2.
Comentó que la contabilidad en materia comercial tiene presunción de veracidad, y
que de acuerdo con los artículos 772 y 774 del Estatuto Tributario, constituye prueba
suficiente a favor del contribuyente.
Concluyó que la contabilidad era plena prueba, por lo que: i) prevalecía frente a
medios de prueba indirectos, como los indicios o los testimonios, ii) mientras no sea
tachada de falsa, la Administración no puede apartarse de ella y, iii) es la prueba
por excelencia de las operaciones mercantiles.
2 Sentencia C-062 de 2008.
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Que, en este caso, con ocasión al recurso de reconsideración, aportó el auxiliar
contable del año 2013, “donde se evidenciaban las jurisdicciones en donde se obtuvieron los
ingresos”, con el fin de demostrarle a la Administración que incurría en un error al
pretender gravar la totalidad de dichos ingresos en un territorio en donde no se
realizó el hecho imponible. Y, advirtió que el Distrito y el Tribunal no valoraron ni
desvirtuaron esta prueba.
Adicionalmente, se refirió a la certificación del revisor fiscal, la cual contenía un
archivo Excel, que detalla “los ingresos ordinarios obtenidos en cada municipio, los ingresos
obtenidos fuera de cada municipio, la desagregación de los servicios que se prestaron en cada
jurisdicción y los ingresos netos gravables en cada una de ellas”. Documento que de acuerdo
con el artículo 777 del Estatuto Tributario, tiene pleno valor como prueba contable,
y con el cual se demuestra que la totalidad de los ingresos debieron ser excluidos
en el Distrito de Cartagena.
Señaló que la jurisprudencia del Consejo de Estado3 había señalado que la
certificación del revisor fiscal era suficiente siempre y cuando lleve al
convencimiento del hecho que se pretende probar, para lo cual debe informar que
la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales, los libros se encuentran
registrados en la Cámara de Comercio, las operaciones están respaldadas por
comprobantes internos y externos, y reflejan la situación financiera del ente
económico.
Argumentó que el certificado aportado cumplía con todos los requisitos, y
adicionalmente, se encontraba respaldado con el auxiliar contable y el cuadro Excel,
como también en las declaraciones de ICA del año 2013, presentadas en los
municipios en donde se realizó el hecho generador del tributo, las cuales no fueron
evaluadas.
Que, por lo anterior, con la contabilidad y el certificado de revisor fiscal se encuentra
demostrado que la totalidad de los ingresos brutos anuales correspondían al ICA de
otros municipios, y no solo una parte, como de forma equivocada lo sostiene el
Tribunal.
Solicitó que, se declare que no está obligada a pagar suma alguna a título de
sanción por inexactitud. Que si en gracia de discusión, se aceptara que hay ingresos
en el Distrito de Cartagena sobre los cuales no se tributó, la sanción debía ser
liquidada sobre la tarifa del 100% en aplicación del principio de favorabilidad.
Oposición al recurso de apelación
La demandada guardó silencio.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada, en la medida en que el
Tribunal no omitió valorar las pruebas aportadas por la actora.
Afirmó que el certificado del revisor fiscal de la sociedad no constituía prueba
contable, en tanto se limitaba a informar sobre el valor total del ICA generado en
3 Sentencia de septiembre 25 de 2008, expediente 15255. En el mismo sentido ver Sentencias 000548 y
00110 de 2018 y la Sentencia 016508 de 2010.
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otros municipios, sin ofrecer algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas
o asientos correspondientes asociados a los hechos que se pretenden demostrar.
Argumentó que al no existir correspondencia entre el monto a que se refiere el
certificado del revisor fiscal, el valor de la deducción solicitada y la suma a la que
hacen referencia los otros documentos aportados en sede administrativa y judicial,
no puede darse por probado el monto que se pretende deducir.
Concluyó que la apelante no cumplió con la carga probatoria requerida a efectos de
acreditar la extraterritorialidad de los ingresos que habían sido detraídos de la base
gravable del ICA para el año 2013 por concepto de ingresos en otros municipios.
Que, por tanto, debe mantenerse la sanción por inexactitud liquidada en la sentencia
de primera instancia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia, que declaró la nulidad parcial de los actos
acusados que modificaron la declaración del impuesto de industria y comercio del
año 2013, presentada por la sociedad Surenvíos S.A.S. en el Distrito de Cartagena.
En concreto, corresponde determinar si procede: i) detraer de la base gravable del
tributo los ingresos por valor de $23.906.682.000, pues para el contribuyente se
obtuvieron en otros municipios, en cambio para la Administración fueron percibidos
en el Distrito; y ii) la sanción por inexactitud.
1. Base gravable del impuesto de industria y comercio. Principio de
Territorialidad
En los actos demandados, el Distrito de Cartagena incluyó en la base gravable del
ICA, como ingresos obtenidos en su territorio, el “total de ingresos ordinarios y
extraordinarios” declarados en la suma de $23.906.682.000. Por su parte, el Tribunal,
de esa suma, sustrajo ingresos obtenidos fuera del Distrito de $15.112.811.210, con
fundamento en las declaraciones del tributo presentadas en otros municipios.
En la apelación, la parte demandante discute que la Administración y el a quo
desconocen que la contabilidad y el certificado de revisor fiscal demuestran que la
totalidad de los ingresos brutos del año 2013 por valor de $23.906.682.000
corresponden a jurisdicciones diferentes al Distrito de Cartagena. Que, dado que
estas pruebas no han sido desvirtuadas ni tachadas de falsas, se encuentra
soportado que los ingresos brutos deben excluirse de la base gravable del ICA de
dicho Distrito.
Para resolver el problema jurídico, debe tenerse en cuenta que en concordancia con
la Ley 14 de 1983, el Acuerdo 041 de 2006, expedido por el Concejo Distrital de
Cartagena, en el artículo 98 precisó la base gravable del tributo, así:
“Artículo 98. Base gravable: Se liquidará del impuesto de industria y comercio
correspondiente a cada año, con base en los ingresos brutos del contribuyente obtenidos
durante el período, expresados en moneda nacional.
Para determinar los ingresos brutos gravables, se restará de la totalidad de ingresos
ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así
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como las devoluciones, rebajas y descuentos, la venta de activos fijos y los ingresos
obtenidos en otra jurisdicción municipal. (...)”. (Énfasis propio).
Entonces, para determinar la base gravable del impuesto de industria y comercio
debe tenerse en cuenta la totalidad de los ingresos brutos percibidos por el
contribuyente, en el periodo, detrayendo entre otros rubros, “los ingresos obtenidos en
otra jurisdicción municipal”.
En efecto, en virtud del principio de territorialidad, en lo que respecta al ICA, cada
Administración municipal o distrital es la competente para exigir el pago del
gravamen que se cause en su jurisdicción, teniendo en cuenta los ingresos
obtenidos en su territorio y en relación con la actividad efectivamente desarrollada
por el contribuyente.
Al respecto, la Sala4 ha precisado que “en aplicación del principio general de la carga de la
prueba contenido en el artículo 177 CPC, reiterado por el artículo 167 CGP, corresponde a la
Administración demostrar que las operaciones sometidas a tributación se causaron en su
jurisdicción, pues este se constituye en el sujeto que inicia la actuación administrativa tendiente a
liquidar el tributo oficialmente”. Todo, porque “cuando se pretenda alterar el aspecto positivo de la
base gravable (con la adición de ingresos u operaciones sometidos a tributación), la carga de la
prueba se asigna a la autoridad que constituye el sujeto que invoca a su favor la modificación del
caso. Lo anterior obedece al deber de la Administración de agotar una actividad de verificación
suficiente respecto de la liquidación de los tributos que efectúan los sujetos pasivos” 5.
De manera que, sobre la Administración recae la carga de la prueba de los ingresos
gravados, para lo cual debe demostrar que los mismos son producto de las
actividades sujetas al ICA en su jurisdicción, a fin de identificar los ingresos que
conforman la base gravable del tributo.
A su vez, se destaca que, la extraterritorialidad de los ingresos puede cuestionarse
o soportarse con cualquier medio probatorio, y no solo con las declaraciones
tributarias presentadas en otros municipios, en la medida que, no existe una tarifa
legal preestablecida6. Y ello es así porque lo que corresponde demostrar es el origen
de los ingresos de las actividades gravadas, y no su declaración en otras
jurisdicciones.
Así las cosas, se pone de presente que, en los actos demandados, el Distrito de
Cartagena se limitó a señalar que el contribuyente omitió probar que los ingresos
por $23.906.682.000 se obtuvieron en otros municipios.
Por su parte, se evidencia en el expediente que, el demandante aportó las
siguientes pruebas para demostrar la extraterritorialidad de los ingresos discutidos:
• Consta en la Resolución que resolvió el recurso de reconsideración que el
contribuyente aportó “12 copias del Libro Mayor cuenta 4145 a la 42957”,
relativos a los ingresos operacionales percibidos durante el año 2013.
4 Sentencia del 23 de febrero de 2023, exp. 27037, CP: Wilson Ramos Girón.
5 Sentencia del 27 de abril de 2023, exp. 27082, CP: Wilson Ramos Girón.
6 En igual sentido se ha pronunciado la Sala en sentencias del 22 de septiembre de 2016, exp. 20648, C.P.
Jorge Octavio Ramírez; del 14 de marzo de 2019, exp. 22241, C.P. Milton Chaves García; y del 7 de octubre
de 2021, exp. 23159, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, entre otras.
7 Fl 56 CP.
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• Declaraciones del impuesto de industria y comercio presentadas por la
sociedad Surenvíos S.A.S. durante el año 2013, en las que registra y grava
ingresos obtenidos en los siguientes municipios8.
INGRESOS– BASE DEL INGRESOS– BASE DEL
MUNICIPIO MUNICIPIO
ICA ICA
Algeciras – Huila $1.237.000 Guadalupe $22.185.000
Armenia $456.711.000 Hobo $7.028.000
Bogotá – Período 1 $1.576.263.000 Ibagué $820.987.000
Bogotá – Período 2 $2.225.414.000 La Plata $76.249.000
Bogotá – Período 3 $2.067.844.000 Manizales $657.705.000
Bogotá – Período 4 $3.394.786.000 Mocoa $39.605.000
Bogotá – Período 5 $2.718.211.000 Neiva $2.482.433.000
Bogotá – Período 6 $2.063.710.000 Oporapa $540.000
Santiago de Cali $128.012.000 Paicol $5.767.000
Campoalegre $12.223.000 Palermo $12.273.000
Dosquebradas $1.772.820.000 Pereira $204.994.000
Espinal – Período 1 $5.138.000 Pitalito $545.092.000
Espinal – Período 2 $7.737.000 Rivera $1.591.000
Espinal – Período 3 $5.744.000 San Agustín $19.475.000
Espinal – Período 4 $6.100.000 Isnos $9.638.000
Espinal – Período 5 $6.130.000 Suaza $9.564.000
Florencia $193.265.000 Tesalia $27.167.000
Garzón $92.247.000 Timana $22.193.000
Gigante $36.729.000 Yumbo $1.278.802.000
Girardot $90.137.000
Total $23.103.746.000
• Certificación del Revisor Fiscal de Surenvíos S.A.S. en donde se señaló lo
siguiente9:
“En mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad SURENVIOS S.A.S., compañía domiciliada
en Bogotá D.C., identificada con el NIT. 813.000.298-7, certifico con base en los registros (sic)
contables y la información que reposa en los sistemas de información, que las declaraciones
tributarias presentadas por el año gravable 2013 reflejan lo siguiente:
1. Los ingresos obtenidos por la actividad de transporte, desarrollada por SURENVIOS
S.A.S. ascienden a la suma de COP$23.090.559.000.
2. Los mencionados ingresos fueron obtenidos en municipio diferentes al Distrito Turístico
y Cultural de Cartagena conforme se desagrega en el cuadro que se adjunta a la presente
certificación.
3. Que de acuerdo a los registros contables de la Compañía, en el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena no se percibieron ingresos en el período gravable 2013.
4. Los datos contenidos en el cuadro que se anexa a la presente certificación fueron
tomados fielmente de los libros y estados financieros de SURENVIOS S.A.S. identificada
con el NIT 813.000.298-7, y se puede observar plenamente el origen de cada uno de los
ingresos que componen el total de los ingresos reportados para el año gravable 2013”.
A este documento se anexó cuadro Excel que señala "los ingresos base para
el impuesto de industria y comercio avisos y tableros”, discriminando por cada
municipio “ingresos ordinarios y extraordinarios, ingresos fuera del municipio,
ingresos dentro del municipio, carga, mensajería expresa, como consorciado,
total ingresos operacionales, financieros, utilidad venta de propiedad planta y
equipo, recuperación costos y gastos, indemnizaciones, ingresos de ejercicios
anteriores, otros ingresos diversos, no operacionales, total ingresos brutos del
municipio, devoluciones rebajas y descuentos, devoluciones aproximadas a
8 Fls 61 a 135 CP
9 Fl 139 CP
9
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Demandante: Surenvíos S.A.S.
mil, ingresos gravados en el municipio, e ingresos netos gravables del
municipio”, siendo relevante al proceso la siguiente información10:
TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS INGRESOS NETOS
MUNICIPIO ORDINARIOS Y BRUTOS DEL GRAVABLES DEL
EXTRAORDINARIOS MUNICIPIO MUNICIPIO
Centro: 11001 BOGOTA, DISTRIT 23.906.684.000 14.357.373.000 13.960.246.000
Centro 17001 MANIZALES 23.906.684.000 657.704.000 652.191.000
Centro: 18001 FLORENCIA 23.906.684.000 200.329.000 193.264.000
Centro: 25307 GIRARDOT 23.906.684.000 90.259.000 90.137.000
Centro: 41001 NEIVA 23.906.684.000 2.482.434.000 2.364.838.000
Centro: 41006 ACEVEDO 23.906.684.000 1.585.000 1.585.000
Centro: 41016 AIPE 23.906.684.000 3.249.000 3.249.000
Centro: 41020 ALGECIRAS 23.906.684.000 1.237.000 1.196.000
Centro: 41132 CAMPOALEGRE 23.906.684.000 12.223.000 12.223.000
Centro: 41298 GARZÓN 23.906.684.000 92.246.000 91.552.000
Centro: 41306 GIGANTE 23.906.684.000 36.779.000 36.729.000
Centro: 41319 GUADAUPE 23.906.684.000 22.185.000 22.185.000
Centro: 41349 HOBO 23.906.684.000 7.028.000 7.028.000
Centro: 41359 ISNOS 23.906.684.000 9.638.000 9.638.000
Centro: 41396 LA PLATA 23.906.684.000 76.249.000 76.161.000
Centro: 41503 OPORAPA 23.906.684.000 540.000 540.000
Centro: 41518 PAICOL 23.906.684.000 6.511.000 5.767.000
Centro: 41524 PALERMO 23.906.684.000 12.273.000 12.273.000
Centro: 41530 PALESTINA 23.906.684.000 1.068.000 1.068.000
Centro: 41551 PITALITO 23.906.684.000 545.093.000 525.480.000
Centro: 41615 RIVERA 23.906.684.000 1.591.000 1.591.000
Centro: 41660 SALADOBLANCO 23.906.684.000 6.926.000 6.926.000
Centro: 41668 SAN AGUSTÌN 23.906.684.000 19.475.000 19.395.000
Centro: 41770 SUAZA 23.906.684.000 9.563.000 8.762.000
Centro: 41797 TESALIA 23.906.684.000 27.167.000 27.167.000
Centro: 41807 TIMANIA 23.906.684.000 22.193.000 22.193.000
Centro 41885 YAGUARA: 23.906.684.000 1.660.000 1.660.000
Centro: 50001 VILLAVICENCIO 23.906.684.000 55.878.000 55.750.000
Centro: 63001 ARMENIA 23.906.684.000 623.289.000 620.820.000
Centro: 66001 PEREIRA 23.906.684.000 208.902.000 208.233.000
Centro: 66170 DOSQUEBRADAS 23.906.684.000 1.772.820.000 1.708.111.000
Centro: 73001 IBAGUÉ 23.906.684.000 869.079.000 820.988.000
Centro: 73268 ESPINAL 23.906.684.000 37.507.000 37.446.000
Centro: 76001 CALI 23.906.684.000 129.040.000 128.013.000
Centro: 76147 CARTAGO 23.906.684.000 39.298.000 39.298.000
Centro: 76892 YUMBO 23.906.684.000 1.426.688.000 1.278.801.0000
Centro: 86001 MOCOA 23.906.684.000 39.605.000 38.055.000
TOTAL GENERAL 23.906.684.000 23.906.684.000 23.090.559.000
De acuerdo con lo expuesto, se advierte que la Administración no aportó prueba
alguna que soportara que los ingresos brutos de $23.906.684.000, se derivaban de
actividades gravadas realizadas por la sociedad en el Distrito de Cartagena.
Lo que se evidencia en el expediente es que el demandante allegó un certificado de
revisor fiscal, que da cuenta que los ingresos obtenidos por su actividad económica
ascienden a $23.090.559.000, y cuyo anexo (cuadro en Excel) discrimina por
municipios, diferentes al Distrito Cartagena, un total de ingresos brutos de
$23.906.684.000, y un total de ingresos netos de $23.090.559.000.
Así, se encuentra que la suma de $23.090.559.000 a que hace referencia el aludido
certificado, corresponde a los ingresos netos, que se obtienen de disminuir varios
conceptos de los ingresos brutos obtenidos en otras jurisdicciones de
$23.906.684.000.
De manera que, el certificado de revisor fiscal y su anexo demuestran que los
ingresos brutos que percibió la sociedad de $23.906.684.000 se obtuvieron por
fuera del Distrito de Cartagena. Esto, por cuanto el profesional informó y discriminó
10 Fls 140 y 141 CP
10
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los ingresos de la sociedad, y dio fe pública de que esa información reposa en la
contabilidad y los estados financieros. Todo lo cual, además se respalda en las
declaraciones del impuesto de industria y comercio del año 2013 allegadas al
expediente, que dan cuenta de que la actora obtuvo y gravó en otros municipios
más de 23 mil millones de pesos.
Es preciso tener en cuenta que conforme con el artículo 777 del Estatuto Tributario,
la certificación de revisor fiscal constituye una prueba contable suficiente en la
medida que dé certeza de la veracidad de las afirmaciones contenidas en dicho
documento, sin perjuicio de la facultad que tiene la administración de hacer las
comprobaciones pertinentes.
Al respecto, cabe advertir que la parte demandada no controvirtió ni presentó
pruebas para desvirtuar la veracidad del certificado de revisor fiscal presentado por
la demandante, que lleve a desestimar la información que registra dicho documento;
lo cual, además, se aclara podía realizar con cualquier medio probatorio, lo que no
ocurrió.
Por el contrario, analizadas en conjunto las pruebas aportadas, esto es, el
certificado de revisor fiscal, su anexo, y las declaraciones de ICA presentadas por
la actora en el año 2013, la Sala encuentra que el demandante demostró ingresos
extraterritoriales en la suma de $23.906.684.000, por lo que los mismos deben
detraerse de la base gravable del tributo en el Distrito de Cartagena.
En consecuencia, teniendo en cuenta que la totalidad de los ingresos brutos
gravados por el Distrito, se obtuvieron en otras jurisdicciones, debe declararse la
nulidad de los actos demandados.
Prospera el cargo de apelación.
2. Condena en costas
Finalmente, en esta instancia, no habrá lugar a condena en costas porque en el
expediente no se probó su causación como lo exige el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 188 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3. Decisión
En consecuencia, se revocará la sentencia de primera instancia, para en su lugar
anular los actos demandados, y a título de restablecimiento, se declara la firmeza
de la declaración privada del ICA del período 2013, presentada por la actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Revocar la sentencia apelada.
11
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Demandante: Surenvíos S.A.S.
2. Declarar la nulidad de las Resoluciones AMC-RES-000031-2017 del 11 de
enero de 2017, por medio de la cual se expide una liquidación de revisión, y
AMC-RES-001507-2017 del 26 de abril de 2017, que resolvió el recurso de
reconsideración, proferidas por la Secretaría de Hacienda Distrital de
Cartagena.
A título de restablecimiento del derecho, se declara la firmeza de la declaración
de ICA presentada por Surenvíos S.A.S. en el Distrito de Cartagena por el
periodo 2013.
3. Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
12
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