Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00907-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00907-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2017-00907-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
26 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: WALTER SIERRA PÉREZ Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MIN. DE DEFENSA-EJÉRCITO NACIONAL Y OTROS
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA -MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN
DIRECTA-
Temas: DAÑO DERIVADO DE LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS /
DESPLAZAMIENTO FORZADO – Desplazamiento forzado de carácter masivo ocurrido en
el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto, Bolívar / CADUCIDAD EN
EVENTOS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO - La cesación del desplazamiento forzado
se produce cuando se verifica la superación del estado de vulnerabilidad, lo que comporta
la consolidación o estabilización socioeconómica de la población afectada al retornar a su
lugar de origen o reubicarse en un lugar en donde pueden habitar en unas condiciones
dignas que garanticen su subsistencia / CADUCIDAD EN EVENTOS DE
DESPLAZAMIENTO FORZADO - La Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024,
reajustó la regla jurisprudencial, en el sentido de señalar que el juez de la causa debe
considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo
del desplazamiento forzado / ANÁLISIS DEL CONTEXTO COMO FACTOR DE
PREVISIBILIDAD DEL DAÑO OCASIONADO POR EL TERCERO - El análisis de
cumplimiento o incumplimiento del deber de prevención de las autoridades públicas
respecto del desplazamiento, aunque este sea atribuible a un tercero, debe necesariamente
partir del contexto en el cual ocurre. Ello implica valorar la coyuntura de orden público,
violencia sistemática y la condición socioeconómica e incluso geográfica del lugar donde
tiene lugar el desplazamiento.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y negó las
pretensiones de la demanda frente a las demás entidades demandadas.
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 22 de octubre de 1999, integrantes de un grupo paramilitar incursionaron en el
corregimiento de Bajo Grande, jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar),
lugar en el que procedieron a quemar viviendas y a asesinar a cuatro personas, lo
que generó el desplazamiento de varios pobladores, entre quienes se encontraban
los aquí demandantes.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
En escrito presentado el 29 de septiembre de 2017 (fls. 1 a 10 c. 1), los señores
Walter Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo
David Sierra Caro, por conducto de apoderado judicial (fl. 12 c. 1), interpusieron
demanda en contra de la Nación-Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa-
Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional- para que, en ejercicio del
medio de control de reparación directa, se efectuaran las siguientes declaraciones
y condenas:
Primera: Que se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL
– POLICÍA NACIONAL, a pagar indemnización a los demandantes por
concepto de perjuicios morales y materiales por haber incurrido en fallas en la
prestación del servicio por acción y omisión, que dieron como resultado la
masacre y el desplazamiento masivo, ocurrido el día 22 de octubre de 1999, en
el asentamiento de BAJO GRANDE – BOLÍVAR, corregimiento del Municipio
de SAN JACINTO – BOLÍVAR, COLOMBIA.
Segunda: Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de entidades nacionales e
internacionales recursos que tengan vocación de reparación, conforme a lo que
establezca la ley.
Tercera: Que se indexen las pretensiones.
En el acápite de la estimación razonada de la cuantía, se especificaron las
pretensiones de índole económico, así:
Por concepto de perjuicios morales solicitaron una suma equivalente a cien (100)
s.m.l.m.v., para cada uno; a título de “daño a la vida de relación” pidieron una suma
equivalente a cien (100) s.m.l.m.v., para cada uno; por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante, se deprecó a favor de señor Walter
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
Sierra Pérez, la suma de $402’377.219 y a título de daño emergente, la suma de
$4’053.000.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron, en síntesis, los siguientes:
Mis poderdantes WALTER SIERRA PÉREZ, BLADIMIR ENRIQUE SIERRA
CARO, MARÍA ÁNGEL SIERRA CARO Y MATEO DAVID SIERRA CARO,
vivían en el Corregimiento de BAJO GRANDE – Bolívar hasta el día 22 de
octubre fecha en que se vieron obligados a abandonar sus tierras, dados los
hechos en los que terminaron cuando mis poderdantes se vieron obligados a
abandonar sus hogares, animales y todo lo que habían trabajado hasta ese
momento por las amenazas y demás hechos acaecidos.
Los demandados LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO
DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA
NACIONAL, supieron todo el tiempo los hechos que se llevaban a cabo en la
zona y no intervinieron para salvaguardar los derechos de los convocantes,
sino que por el contrario colaboraron para llevar a cabo esos delitos, los
miembros de EL MINISTERIO DEL INTERIOR, LA ARMADA NACIONAL, EL
EJÉRCITO NACIONAL y la POLICÍA NACIONAL, fueron testigos presenciales
de los hechos, luego entonces todos colaboraron de manera activa en la
masacre y el desplazamiento forzado que se llevó a cabo el día 22 de octubre
de 1999.
Debido a las fallas en la prestación del servicio por acción y omisión, por parte
de LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA –
EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, que
dieron como resultado la masacre y el desplazamiento forzado el día 22 de
octubre de 1999, en hechos ocurridos en el Corregimiento de BAJO GRANDE
– Bolívar, hombres fuertemente armados pertenecientes al Grupo armado al
margen de la ley, comandados por SERGIO MANUEL CÓRDOBA ÁVILA, alias
“El Gordo”, pertenecientes al Bloque Norte de las “Autodefensas Unidas de
Colombia AUC”, paramilitares al mando de SALVATORE MANCUSO, llegaron
al corregimiento de BAJO GRANDE – Bolívar, con el objeto de secuestrar,
desplazar y darle muerte a los habitantes del corregimiento donde vivían mis
poderdantes y sus grupos familiares, también los obligaron a salir de su hogar
amenazándolos diciéndoles que si regresaban los matarían también.
Los grupos paramilitares y los agentes del Estado, procedieron a reunir la
población en la plaza y con una lista en mano empezaron a llamar a los
habitantes dándole muerte a cuatro (4) miembros de la comunidad de nombre,
FRANKLIN BOLAÑOS RIVERA, RAFAEL ANTONIO CASTELLAR TORRES,
MARCOS MANUEL RIVERA ARIÑA, ANTONIO DE JESÚS RIVERA ARIÑA y
FELIPE MARÍA GARCIA MARTÍNEZ, (Q.E.P.D.).
Los demandantes fueron víctimas del robo de su ganado vacuno, porcino
caballar, lanar, fueron incendiadas todas las hortalizas, rosas de agricultura,
minadas sus parcelas, se perdieron todas las aves de corral.
Mis poderdantes junto a sus hijos, se encuentran incluidos en el Registro Único
de Población Desplazada de Vivanto.
(…)
Los convocantes no han podido volver al corregimiento a su vida productiva
anterior, a volver a hacer lo que saben y donde realmente se sienten realizados,
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
por temor a represalias, actualmente están diseminados en todo el mundo
donde no se han podido adaptar.
2.- El trámite en primera instancia
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante
providencia del 13 de febrero de 2018, que se notificó en debida forma a las
entidades demandadas y al Ministerio Público (fls. 25 a 26 c. 1).
La Policía Nacional contestó oportunamente la demanda, para lo cual señaló que,
de acuerdo con el acervo probatorio y las circunstancias fácticas descritas por la
parte actora, no le asistía responsabilidad por cuanto el hecho dañoso no provino
de una actuación y omisión que le fuera atribuible, ya que no existía prueba que
permitiera determinar que el desplazamiento sufrido por los actores proviniera de
su mal funcionamiento.
En virtud de lo anterior, alegó que en el presente caso se configuraba la causal
eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero y
aseguró que se daban los presupuestos de ese medio exceptivo, esto es, la
irresistibilidad, la exterioridad y la imprevisibilidad (fls. 38 a 53 c. 1).
El Ministerio del Interior contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad
procesal y, en síntesis, argumentó que no tenía relación con las causas
determinantes que produjeron los hechos dañosos que se alegaban en el libelo
introductorio, los cuales fueron realizados en todo caso por terceros ajenos a la
administración.
Adicionalmente, propuso las siguientes excepciones:
• Caducidad del medio de control de reparación directa, porque los hechos
ocurrieron el 22 de octubre de 1999 y la demanda fue interpuesta el 29 de
septiembre de 2017, cuando ya habían transcurrido los dos años establecidos en
la ley.
• Falta de legitimación en la causa por pasiva, en consideración a que no estaba
dentro de sus funciones, según la Constitución y la ley, el control directo del orden
público, el cual estaba radicado en cabeza del Ejército Nacional, la Armada
Nacional y la Policía Nacional (fls. 61 a 74 c. 1).
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
Al contestar la demanda, el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Armada
Nacional- se opuso a las pretensiones, porque los daños se produjeron como
consecuencia de la incursión de un grupo al margen de la ley, lo cual configuraba
la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.
Propuso las siguientes excepciones:
• Caducidad, porque a pesar de que el desplazamiento se trataba de un daño
continuado, no quería decir que no operara la caducidad, porque en la zona donde
ocurrieron los hechos se crearon condiciones para que los afectados pudieran
volver a sus lugares de origen, dado que el Gobierno Nacional creó políticas de
atención y protección de la población desplazada -restitución de tierras, proceso de
justicia y paz y otros mecanismos que buscaban el restablecimiento de sus
condiciones de vida-.
• Falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el Ejército Nacional y la
Armada Nacional no tenían funciones de seguridad y protección personal para el
grupo demandante, las cuales se encontraban en cabeza de los organismos de
seguridad y de policía.
• Hecho de un tercero, en consideración a que la entidad no era responsable de la
conducta causada por un grupo al margen de la ley (fls. 101 a 112 c. 1).
3. Audiencia inicial
El 14 de octubre de 2020, se realizó la audiencia inicial, oportunidad en la que se
procedió al saneamiento del proceso. Posteriormente, se fijó el litigio en los
siguientes términos:
¿Determinar si debe ser declarada la responsabilidad extracontractual de las
accionadas, por el desplazamiento forzado de los demandantes, y si el daño
antijurídico es imputable a las entidades demandadas?
Acto seguido, se declaró fracasada la etapa de conciliación, por no existir ánimo de
concertación entre las partes. Se tuvieron como pruebas las documentales
allegadas con la demanda y sus respectivas contestaciones y se decretó la prueba
testimonial solicitada en la demanda (fls. 186 a 195 c. 1).
El 20 de mayo de 2021 se adelantó la audiencia de pruebas de que trata el artículo
181 de la Ley 1437 de 2011, en desarrollo de la cual se corrió traslado a los sujetos
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
procesales de las pruebas documentales aportadas por las partes. No se recepcionó
la prueba testimonial por falta de asistencia de los declarantes. Adicionalmente, se
ordenó a las partes que presentaran sus alegatos de conclusión por escrito (fls. 209
a 214 c. 1).
La parte demandante manifestó que las demandadas tenían conocimiento de la
situación de vulnerabilidad del corregimiento de Bajo Grande, Bolívar, puesto que
no se trató de un hecho aislado, sino parte de un desplazamiento sistemático en
toda la región, pues un mes antes ocurrió un desplazamiento en el corregimiento
de Las Palmas, el cual se encontraba a pocos metros de distancia (fls. 232 a 238
c. 2).
En su intervención, el Ministerio del Interior insistió en que no le asistía legitimación
en la causa por pasiva, porque no le correspondía el control del orden público;
además, indicó que se había configurado la caducidad del medio de control, en
consideración a que los demandantes conocieron de la participación del Estado por
omisión, el mismo día de ocurrencia de los hechos, sin que las pruebas obrantes
en el proceso demostraran la ocurrencia de alguna circunstancia desde el punto de
vista material que les hubiera impedido el acceso a la Administración de Justicia
(fls. 216 a 219 c. 2).
En esta oportunidad, la Policía Nacional sostuvo que no obraba prueba en el
expediente que permitiera determinar que el desplazamiento forzado sufrido por los
demandantes proviniera de un mal funcionamiento de la institución, sino que fue
ocasionado por un grupo al margen de la ley, lo que configuraba la causal eximente
de responsabilidad del hecho de un tercero (fls. 221 a 226 c. 2).
El Ministerio de Defensa-Ejército Nacional – Armada Nacional- argumentó que la
parte actora no probó la existencia de amenazas y tampoco una solicitud de
protección frente al peligro que presuntamente corrían sus vidas (fls. 228 a 230 c.
2).
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva
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Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
del Ministerio del Interior y negó las pretensiones de la demanda frente a las demás
entidades demandadas.
En cuanto a la caducidad del medio de control, consideró que el Ministerio de
Defensa no aportó pruebas que demostraran que, en efecto, estaban dadas las
condiciones para que los demandantes regresaran a su lugar de origen, porque el
Gobierno Nacional habría creado aparentemente sendas políticas de atención y
protección a la población desplazada -restitución de tierras y proceso de justicia y
paz-.
Al lado de lo anterior, puntualizó que no se demostró que la parte actora hubiera
retornado al lugar del que fueron desplazados, ni tampoco que se arraigaron en
otro lugar del país o que se hubiera producido el restablecimiento de sus
condiciones de vida.
De otra parte, sostuvo que la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por el Ministerio del Interior tenía vocación de prosperidad, en
atención a que los argumentos planteados en la demanda, no correspondían con
las funciones que ejecutaba esta entidad.
En cuanto al fondo del asunto, precisó que se encontraba demostrado el daño
alegado en la demanda, pues en la herramienta tecnológica VIVANTO, la cual era
administrada por la Red Nacional de Información de Víctimas de la Violencia, se
apreciaba que los actores se encontraban incluidos en el Registro Único de
Víctimas -RUV- desde el 1º de diciembre de 2014, por el hecho victimizante del
desplazamiento forzado ocurrido el 22 de octubre de 1999, lo que también resultaba
corroborado con la certificación expedida por el Personero Municipal de San Jacinto
(Bolívar) y con el oficio de 3 de febrero de 2021, Radicado No. 20211123149571,
expedido por el Coordinador – Grupo Defensa Judicial – Oficina Asesora Jurídica
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Frente a la imputación, argumentó que no se allegó prueba alguna que indicara que
en el desplazamiento forzado hubo participación activa de miembros de la fuerza
pública, razón por la cual lo manifestado por los actores en la demanda no dejaba
de ser una simple afirmación sin sustento ni soporte probatorio alguno.
En el mismo sentido, advirtió que tampoco fue acreditado que las demandadas
tuvieran conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los demandantes frente
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
a grupos armados ilegales, en razón de amenazas o por el riesgo en que se
encontraba la población civil en la zona.
Con fundamento en los anteriores argumentos, concluyó que no les asistía
responsabilidad a las demandadas a título de falla en el servicio por acción u
omisión en el deber de protección, toda vez que las pruebas obrantes en el plenario
no daban certeza de que tuvieran conocimiento previo de alguna situación de riesgo
de los demandantes o de una solicitud de protección que hubiera sido desconocida
(Samai-Índice 002 Tribunal)1.
4. El recurso de apelación
De manera oportuna, la parte demandante impugnó la decisión de primera
instancia, porque el a quo no tuvo en cuenta que antes del suceso, la Fuerza
Pública no desarrollaba actuaciones militares en la zona, a pesar de que “la
situación de vulnerabilidad se presumía cognoscible y previsible” en el
corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto – Bolívar.
Sostuvo que en la orden fragmentaria 049 de 25 de octubre de 1999 se hizo
referencia a los desplazamientos ocurridos en las Palmas y Bajo Grande; por tanto,
tenía que descartarse la falta de conocimiento de las autoridades sobre la situación
de vulnerabilidad de los habitantes del corregimiento de Bajo Grande, más cuando
a la zona se habían movilizado unidades militares desde el 8 de octubre de 1999.
Igualmente, expresó su discrepancia con la sentencia de primera instancia porque
las unidades militares tenían conocimiento del desplazamiento ocurrido en el
corregimiento de Las Palmas y de la incursión de grupos subversivos en la zona
desde 1994, por lo que era evidente que la población del corregimiento de Bajo
Grande se encontraba en situación extraordinaria de riesgo y, en este sentido, no
era un requisito indispensable la interposición de denuncias.
Destacó que en el “informe del observatorio del programa presidencial de Derechos
Humanos y DIH, publicado en 2004” se señaló que “En Montes de María la mayor
intensidad de la violencia producida por las autodefensas y las guerrillas se registró
entre 1999 y 2000” y que “Han sido especialmente afectados Carmen de Bolívar,
San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, así como María la Baja”, situación que
corroboraba que el desplazamiento forzado objeto de la demanda, no se trató de
1 ED_38SENTENCIA(.pdf) NroActua 2
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
una situación aislada, sino que fue sistemática; por tanto, al ser una población en
situación extraordinaria de riesgo, debió ser atendida con prioridad y diligencia por
parte de las entidades demandadas.
Por último, señaló que “el desplazamiento ocurrido en el corregimiento de Bajo
Grande debe ser evaluado con subjetividad y analizando el contexto social que tenía
la población, donde se incluía desplazamientos sistematizados, muertes y violencia
por parte de grupos armados insurgentes, lo que según las pruebas aportadas no
era desconocido por parte del Estado, incluso el mismo estaba haciendo labores de
vigilancia en la región (Samai-Índice 002 Tribunal)2.
5. El trámite en segunda instancia
El 31 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo de Bolívar concedió la apelación
interpuesta (Samai-Índice 002 Tribunal)3. El recurso fue admitido por esta
Corporación el 14 de marzo de 2023, además se consideró que no había lugar a
dar traslado para alegar de conclusión, por lo que se pasó el expediente para dictar
sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 247-5 de la Ley 1437 de
2011 (Samai-Índice 006 CE).
El Ministerio Público sostuvo que operó el fenómeno de la caducidad, en
consideración a que desde el momento mismo de los hechos los demandantes
consideraron que hubo un actuar omisivo de la Fuerza Pública, dado que en esa
fecha se configuró el daño que produjo el desplazamiento, esto es, las ejecuciones
sumarias de pobladores del corregimiento de Bajo Grande, aspecto que incidió en
la decisión de abandonar el pueblo para poder salvaguardar sus vidas, incluso los
actores afirmaron que el Ejército Nacional tenía conocimiento de la situación de
riesgo en que se encontraba la población por diversos hechos de violencia
acaecidos con anterioridad a dicha fecha en otros corregimientos del mismo
municipio, como en el corregimiento Las Palmas un mes antes, al punto de que
consideran que si se hubiera prestado una debida protección no habrían ocurrido
los trágicos hechos del 22 de octubre de 1999.
Finalmente, explicó que también se debía considerar si los afectados estaban en
imposibilidad material para acudir a la jurisdicción, en atención a la situación de
desplazamiento; sin embargo, no era posible presumirlo y se debía probar
2 ED_42APELACIONSENTENCIA(.pdf) NroActua 2
3 ED_46AUTOCONCEDERECURS(.pdf) NroActua 2
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
debidamente, pero esa circunstancia no fue expuesta ni demostrada en el plenario
por la parte demandante (Samai-Índice 0012 CE).
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1.- Competencia
La Sala es competente para conocer del asunto, debido al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con
el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse de un proceso de doble instancia
debido a la cuantía4, en razón a que la pretensión mayor excede los 500 salarios
mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de la presentación de la demanda
(29 de septiembre de 2017)5, para que un proceso de reparación directa tuviera
vocación de doble instancia ante esta Corporación.
2.- El ejercicio oportuno de la acción
Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó
la figura de la caducidad para aquellos eventos en los cuales determinadas acciones
judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal
de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo
pierden la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
Esa figura no admite suspensión, salvo que se presente una solicitud de conciliación
extrajudicial en derecho, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 446 de 1998 y 640
de 2001; tampoco admite renuncia y, de encontrarse probada, debe ser declarada
de oficio por el juez.
En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos –22 de octubre
de 1999-, estaba vigente el artículo 136 del Decreto 01 de 19846, que establecía
que la acción de reparación directa caducaba al vencimiento del plazo de 2 años,
4 Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se solicitó para el señor
Walter Sierra Pérez la suma de $402’377.219.
5 Para la fecha de presentación de la demanda equivalían a $368’858,500.
6 Decreto 1 de 1984: “Artículo 136. Caducidad de las acciones. <Subrogado por el artículo 44 de la
Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:>
“(…)
“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir
del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
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Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
contados a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho u omisión al que
se atribuye el daño, en este caso, determinado por el desplazamiento forzado de
los demandantes, hechos que tuvieron lugar, según la demanda, por la omisión del
Estado de velar por la protección de sus asociados.
Es importante resaltar que la Sección Tercera de esta Corporación unificó su
jurisprudencia en lo concerniente a la caducidad de las pretensiones
indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y “cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado” y concluyó que para
computar el plazo de dicho fenómeno procesal no basta con la ocurrencia del hecho
dañoso, sino que se requiere determinar si el interesado advirtió o tuvo la posibilidad
de saber que el Estado, por acción u omisión, tuvo injerencia en tales hechos y que
le era imputable el daño, pues es a partir de ese momento que surge el interés para
ejercer el derecho de acción, además de que debía tenerse en cuenta la
configuración de algún supuesto objetivo que le impidiera el acceso material a la
jurisdicción.
De acuerdo con lo relatado en la demanda, los señores Walter Sierra Pérez,
Bladimir Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo David Sierra Caro
vivían en el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto, Bolívar, lugar
del que fueron desplazados a raíz de la masacre perpetrada el 22 de octubre de
1999.
En los términos de la sentencia de unificación de la Sección Tercera, se tiene que
ese mismo día los demandantes advirtieron la posibilidad de imputar
responsabilidad patrimonial al Estado, en la medida en que desde esa fecha
conocieron la participación del Estado por acción y omisión en el desplazamiento
del que fueron víctimas, pues conforme a la imputación, las entidades demandadas
“supieron en todo el tiempo los hechos que se llevaban a cabo en la zona, y no
intervinieron para salvaguardar los derechos de los convocantes, sino que
por el contrario colaboraron para llevar a cabo esos delitos, los miembros del
MINISTERIO DEL INTERIOR, LA ARMADA NACIONAL, EL EJÉRCITO
NACIONAL, y la POLICÍA NACIONAL, fueron testigos presenciales de los
hechos, luego entonces todos colaboraron de manera activa en la masacre y
el desplazamiento forzado que se llevó a cabo el día 22 de octubre de 1999.
Además, se indicó en la demanda que “Los grupos de paramilitares y los agentes
del Estado, procedieron a reunir la población en la plaza y con una lista en mano
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Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
empezaron a llamar a los habitantes dándole muerte a cuatro (4) miembros de la
comunidad”.
Según esta perspectiva, el término de caducidad se vencía a más tardar el 23 de
octubre de 2000; sin embargo, la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó el
15 de mayo de 2017 y la demanda se presentó el 29 de septiembre de 2017, cuando
el referido plazo legal ya se encontraba ampliamente vencido.
Lo anterior no quiere significar que se está contabilizando el término de caducidad
desde el inicio del desplazamiento, como si se tratara de un daño instantáneo, pues
se trata claramente de un daño continuado frente al cual el término de caducidad se
computa desde que se verifica su cesación, como se analizará más adelante, sino
que la referida sentencia de unificación se tiene en cuenta porque la demanda se
edificó en la participación del Estado, por acción u omisión, pues a pesar de que las
demandadas sabían de la masacre y los desplazamientos ocurridos en el
corregimiento de Bajo Grande, no intervinieron para proteger a sus habitantes, sino
que colaboraron para llevar a cabo esos delitos, situación que sería conocida el
mismo día por los afectados.
Ahora bien, como se advirtió previamente, en materia de desplazamiento forzado,
esta Corporación ha considerado que el término de caducidad se cuenta desde el
momento en el que el daño cesa7, evento que puede acontecer desde la ejecutoria
del fallo definitivo adoptado en el proceso penal seguido por los hechos o desde la
fecha del retorno o restablecimiento de las víctimas al lugar de origen o, en su
defecto, desde que están dadas las condiciones de seguridad para que se produzca
el retorno, independientemente de que los afectados procedan o no a hacerlo 8. De
igual manera, también se ha razonado sobre las hipótesis en las que las personas
que inicialmente se desplazaron forzadamente pudieron haberse reasentado o
arraigado en otro lugar9 o que pudieran encontrarse elementos que permitieran
considerar que estaban en la posibilidad de acceder a la administración de justicia,
circunstancia que tiene incidencia en el cómputo del término de caducidad10.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, Exp. nº
00298-01(AG). C.P. Enrique Gil Botero.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de septiembre de 2015, Exp: 200401512 01 y auto del 10 de febrero de 2016, Exp:
201500934 01(AG), C.P. Hernán Andrade Rincón.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 10 de mayo de 2017. Exp: 58.017. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Reiterado por la Sala en sentencia del 13 de agosto de 2021. Exp: 64.893. M.P.
José Roberto Sáchica Méndez
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 14 de julio de 2023. Exp.
62.500.
12
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
En el presente caso, con las pruebas obrantes en el expediente, no es posible la
verificación de ninguna de estas hipótesis y en el mismo sentido se razonó en la
sentencia de primera instancia, en la cual se concluyó que no se ha logrado el
retorno de los afectados al lugar del que fueron desplazados, que no estaban dadas
las condiciones para que retornaran, ni tampoco que se hubieran arraigado en otro
lugar del país o que se hubiera producido el restablecimiento de sus condiciones de
vida.
En efecto, en el proceso no obra un fallo penal definitivo por los hechos del
desplazamiento de que fue víctima el grupo familiar demandante, las pruebas que
conforman el expediente no resultan indicativas de que los actores gozaron de las
garantías y el acompañamiento necesario por parte de alguna autoridad del Estado
para el retorno al corregimiento de Bajo Grande en condiciones de seguridad 11,
tampoco que se establecieron, reasentaron o arraigaron en otro lugar del país con
las condiciones necesarias para el goce efectivo de sus derechos12 y menos de que,
antes de la fecha en que se interpuso la demanda, tuvieron la posibilidad de acudir
a esta jurisdicción con la asesoría jurídica y los recursos que se requieren para tal
efecto13.
Por su parte, la Corte Constitucional ha considerado que la cesación del
desplazamiento forzado se produce cuando se verifica la superación del estado de
vulnerabilidad14, lo que comporta la consolidación o estabilización socioeconómica
11 El artículo 28 numeral 11 de la Ley 1448 de 2011 establece que el retorno o reubicación en
condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad, constituyen un derecho de las víctimas de
desplazamiento forzado. La Corte Constitucional, a través del Auto 383 de 2010, menciona que “el
retorno es un derecho de la población en situación de desplazamiento y como tal, debe considerarse
entre los mínimos prestacionales que debe garantizar el Estado”.
12 Según la Corte Constitucional, la superación de la situación de vulnerabilidad comporta la
estabilización socioeconómica de la población desplazada; por tanto, las autoridades públicas deben
asegurar de manera prioritaria los derechos a la salud, educación, alimentación, reunificación
familiar, vivienda, orientación ocupacional y atención psicosocial, y de forma progresiva, el acceso
o restitución de tierras, servicios públicos básicos, vías y comunicaciones, seguridad alimentaria,
ingresos y trabajo (sentencia T-014 de 2015, autos 331 de 2019 y 326 de 2020).
13 La población desplazada tiene que “enfrentar todo tipo de barreras de acceso a la justicia como
las económicas o la falta de conocimiento sobre las vías jurídicas que tienen a su disposición” (Corte
Constitucional, sentencia T-374 de 2023).
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en la sentencia SU-241 de 2024, hizo énfasis en que se
deben tener en cuenta «las condiciones materiales en las que se encontraba la parte actora para
ejercer el medio de control de reparación directa”.
En este tipo de casos se debe tomar en cuenta las dificultades que enfrentan las personas para
acceder a la justicia y ejercer sus derechos, debido a su situación socioeconómica y a la falta de
conocimiento de sus derechos y de las vías jurídicas para hacerlos efectivos, lo cual constituye
barreras de acceso a la justicia (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de
5 de mayo de 2025, exp. Nos. 64872 y 65967.
14 En cuanto al concepto de vulnerabilidad de la población desplazada, la Corte Constitucional
explicó en la sentencia T-585 de 2006 (reiterada en las sentencias T-239 de 2013 y T-347 de 2014)
13
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
de la población afectada al retornar a su lugar de origen o reubicarse en un lugar en
donde pueden habitar en unas condiciones dignas que garanticen su subsistencia 15,
criterio que también resulta acorde con lo establecido en los artículos 60 y 67 de la
Ley 1448 de 201116.
Adicionalmente, conviene destacar que en el caso de los desplazados, la obligación
del Estado no es sólo negativa --de no impedir el acceso a la administración de
justicia-- sino fundamentalmente positiva, es decir, de remover los diferentes
obstáculos que puedan impedir o limitar la posibilidad de acceso al aparato judicial
por parte de esta población17.
En este punto, cabe destacar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-429
de 2024, en lo relativo al conteo de la caducidad en casos de desplazamientos
forzados, reajustó la regla jurisprudencial, en el sentido de señalar que el juez de la
causa debe considerar, en su análisis de las barreras de acceso a la administración
de justicia que pudo enfrentar la parte demandante, todos los factores de
vulnerabilidad que se asocian al flagelo del desplazamiento forzado. En este sentido
expuso lo siguiente:
La Sala Plena parte del siguiente supuesto: recientemente la Sentencia SU-
167 de 2023 unificó la regla de aplicación de la caducidad para las demandas
de reparación por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio
que esta se entiende como una situación que no es elegida por el individuo que la padece, pero que
le impide acceder a garantías mínimas para la realización de sus derechos fundamentales,
económicos, sociales y culturales.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-429 de 2024.
16 Artículos 60. Normatividad aplicable y definición. La atención a las víctimas del desplazamiento
forzado, se regirá por lo establecido en este capítulo y se complementará con la política pública de
prevención y estabilización socioeconómica de la población desplazada establecida en la Ley 387 de
1997 y demás normas que lo reglamenten.
Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de los derechos de la población en
situación de desplazamiento, continuarán vigentes.
Artículos 67. Cesación de la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta. Cesará la
condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho mismo del
desplazamiento, cuando la persona víctima de desplazamiento forzado a través de sus propios
medios o de los programas establecidos por el Gobierno Nacional, alcance el goce efectivo de
sus derechos. Para ello accederá a los componentes de atención integral al que hace referencia la
política pública de prevención, protección y atención integral para las víctimas del desplazamiento
forzado de acuerdo al artículo 60 de la presente Ley.
Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional establecerá los criterios para determinar la cesación de la
situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta a causa del hecho mismo del desplazamiento, de
acuerdo con los indicadores de goce efectivo de derechos de la atención integral definidos
jurisprudencialmente.
Parágrafo 2°. Una vez cese la condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el
hecho mismo del desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas, para dejar constancia
de la cesación a la que se ha hecho referencia en este artículo.
17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la justicia como garantía de los
derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema
interamericano de derechos humanos.
14
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
atribuibles al Estado, con fundamento en el literal i) del artículo 164.2 de la Ley
1437 de 2011, así:
(i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento
y pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de
guerra y genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el
momento en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas
conocieron o debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que
podían atribuirle responsabilidad patrimonial.
(ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de
reparación, a partir de las barreras de acceso al derecho a la administración de
justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso particular.
Esta sentencia agrega un componente a este segundo criterio, aplicable
para los casos en los que quien demanda es una persona víctima del
desplazamiento forzado. Así, el juez de la causa debe considerar, en su
análisis de las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo
enfrentar la parte demandante, todos los factores de vulnerabilidad que
se asocian al flagelo del desplazamiento forzado y que padecen quienes
son víctimas de ese fenómeno” (Se destaca).
Así las cosas, en los eventos en los que no es posible verificar la cesación del
desplazamiento forzado, que según la Corte Constitucional, ocurre cuando los
afectados superan su estado de vulnerabilidad, lo cual comporta, a su vez, su
estabilización o consolidación socioeconómica18, se impone la aplicación de los
principios pro damato, pro actione, con el objeto de privilegiar el acceso a la
Administración de Justicia de un grupo poblacional vulnerable y sujeto de especial
protección constitucional.
En el proceso obra el comprobante de la consulta efectuada el 9 de febrero de 2015
por la alcaldía municipal de San Jacinto en el sistema de información VIVANTO de
la UARIV, en el que se aprecia que los demandantes se encuentran incluidos en el
Registro Único de Víctimas desde el 1 de diciembre de 2014, por el desplazamiento
forzado ocurrido el 22 de octubre de 1999 (fl. 15 c. 1).
Según el parágrafo 2 del artículo 67 de la Ley 1448 de 2011, una vez cese la
condición de vulnerabilidad y debilidad manifiesta ocasionada por el hecho del
desplazamiento, se modificará el Registro Único de Víctimas para dejar constancia
de la cesación. Como se puede apreciar, para el año 2015 el señor Walter Sierra
Pérez y su grupo familiar aún se encontraban incluidos como desplazados en el
referido registro, es decir que la UARIV no había emitido constancia de la
superación de su estado de vulnerabilidad, sin que los demás elementos de
18 Corte Constitucional, sentencia T-014 de 2015, autos 331 de 2019 y 326 de 2020.
15
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
convicción allegados al proceso permitan determinar que esa circunstancia de
marginalidad hubiera sido superada por los actores para la fecha en que se
interpuso la demanda, lo cual impone el estudio del fondo del asunto.
Finalmente, cabe precisar que al presente caso no le resulta aplicable la sentencia
SU-254 de 2013, la cual se aplica para procurar el acceso a la administración de
justicia de un grupo poblacional sujeto de especial protección, porque como se
verificó previamente, con las pruebas obrantes en el proceso no se puede
establecer que para la fecha de su ejecutoria y de la interposición de la demanda,
había cesado el desplazamiento, dado que el grupo familiar demandante aún
continuaba en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta.
3. La legitimación en la causa
La presente demanda de reparación directa fue interpuesta por los señores Walter
Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo David
Sierra Caro.
En el expediente obra el comprobante de la consulta efectuada el 9 de febrero de
2015 por la Alcaldía Municipal de San Jacinto en el sistema de información
VIVANTO de la UARIV, en el que se aprecia que los demandantes se encuentran
incluidos en el Registro Único de Víctimas desde el 1 de diciembre de 2014, por el
desplazamiento forzado ocurrido el 22 de octubre de 1999.
En el plenario se cuenta con los registros civiles de nacimiento de los demandantes,
los cuales dan cuenta de que el señor Walter Sierra Pérez es el padre de Bladimir
Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo David Sierra Caro (fls. 18 a
20 c. 1); por tanto, estos demandantes cuentan con legitimación en la causa por
activa.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se
invoca en la demanda proviene de acciones y omisiones atribuidas al Ministerio de
Defensa-Ejército Nacional, Armada Nacional y Policía Nacional-, a las que se acusa
de ser las causantes de los perjuicios que reclaman los demandantes; por tanto, las
citadas entidades tienen interés en controvertir las pretensiones, dado que sobre
estas podrían recaer las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de las
súplicas indemnizatorias impetradas, por lo que cuentan con legitimación en la
causa por pasiva para actuar en el presente asunto.
16
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
En la sentencia de primera instancia se declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior, en consideración a
que los argumentos planteados en la demanda, no correspondían con las funciones
que ejecutaba esta entidad, aspecto que no fue controvertido en el recurso de
apelación y, por tanto, no será objeto de análisis en segunda instancia.
4. Flexibilización probatoria en eventos relacionados con graves violaciones
a Derechos Humanos
La Sala advierte que se está frente a una violación grave de derechos humanos,
por tratarse de un desplazamiento forzado; por tanto, la valoración probatoria debe
ser más flexible dadas las circunstancias de vulnerabilidad, indefensión y
marginalidad en que se encuentran las víctimas en este tipo de eventos. Teniendo
en consideración el marco del conflicto armado del país, el juez administrativo ante
conductas que se califican como delitos de lesa humanidad y de graves violaciones
de derechos humanos, se encuentra en la obligación de flexibilizar la apreciación y
valoración de los medios probatorios.
La jurisprudencia nacional e internacional ha reconocido las dificultades probatorias
a las que se enfrentan las víctimas de graves violaciones de derechos humanos,
razón por la cual se ha establecido la posibilidad de flexibilizar las reglas de
apreciación y de valoración probatoria en estos asuntos, dado que este tipo de
hechos se desarrollan bajo particulares condiciones de clandestinidad, ilicitud, en
zonas alejadas de los centros urbanos y en contextos de impunidad, circunstancias
que hacen que las víctimas se encuentren en una situación de debilidad manifiesta
que en la mayoría de los casos trasciende al ámbito procesal, y a la postre se
estatuye como barrera infranqueable para poder acreditar la manera como
ocurrieron los hechos19.
La Corte Constitucional, con ocasión de sentencias de tutela proferidas en relación
con fallos dictados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en los casos
en los cuales se analizan graves violaciones a los derechos humanos, ha
considerado que i) la valoración probatoria que realiza el juez debe flexibilizarse en
el sentido de acudir a los indicios como pruebas determinantes de la responsabilidad
estatal, la cual se puede establecer a partir de la presencia de algunos elementos,
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. No.
32988, MP: Ramiro Pazos Guerrero.
17
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
conductas o actuaciones, para lo cual se debe considerar el tipo de población que
participa en el proceso y la clase de violación de derechos que sufrió 20; ii) en estos
asuntos el principio de la justicia rogada no opera con todas sus formalidades, razón
por la cual el juez tiene la obligación de garantizar los derechos de quienes acuden
a la justicia decretando pruebas de oficio y adoptando las medidas necesarias para
resolver la controversia puesta a su consideración21; iii) los jueces deben aligerar o
dinamizar la carga probatoria en estos asuntos, para lo cual el perjuicio y su
quantum se pueden demostrar a través de indicios, hechos notorios, las reglas de
la experiencia y la guía interpretativa del principio pro personae22; iv) ante la duda
sobre las hipótesis que se deriven de las pruebas recaudadas se debe privilegiar
racionalmente aquella que acredite un grado superior de probabilidad lógica o de
probabilidad prevaleciente, para lo cual se le debe dar especial relevancia a los
indicios que se deriven tanto de las pruebas recaudadas como de los patrones de
conducta que de manera general se han identificado en la comisión de esos delitos23
y v) se debe aligerar la carga probatoria privilegiando lo sustancial frente al análisis
restrictivo a partir de elementos puramente formales, ello con el objetivo de evitar
que las formalidades obstaculicen o afecten las garantías fundamentales24.
La ley y la jurisprudencia han establecido ciertos criterios de flexibilización
probatoria en aquellos procesos en los que son parte víctimas del conflicto armado
interno. También lo han hecho, de manera específica, para aquellos litigios en los
que la parte demandante persigue una reparación o indemnización, derivada de una
grave violación de derechos humanos como es el caso del desplazamiento forzado.
En efecto, la jurisprudencia ha empleado de manera consistente el término
flexibilización25 como el supuesto a partir del cual la autoridad judicial competente
debe aproximarse al ejercicio probatorio de casos que corresponden con las
características descritas. La flexibilización comporta o se refiere al deber del juez
competente de realizar un ejercicio probatorio razonable, que se compadezca de
las condiciones propias de las víctimas del conflicto y de la vulnerabilidad que
implica padecer un desplazamiento forzado.
20 Sentencias T-926 de 2014, T-535 de 2015, SU-062 de 2018, T-214 de 2020.
21 Sentencia T-237 de 2017.
22 Sentencia SU-035 de 2018.
23 Corte Constitucional. Sentencia SU-060 de 2021.
24 Corte Constitucional. Sentencia SU-016 de 2024. Criterio reiterado por esta Subsección en
sentencia de 21 marzo de 2025, exp. No. 70.834. M.P. José Roberto Sáchica.
25 Corte Constitucional. Sentencias T-214 de 2020; T-117 de 2022 y SU-287 de 2024.
18
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
Una persona que se ve forzada a desplazarse por una situación de violencia
extrema tiene como norte proteger su vida y la de sus allegados, por lo que está
lejos de considerar o tener presente que, al tiempo que huye de manera forzosa,
debe recaudar elementos probatorios que le permitan buscar el resarcimiento del
daño padecido26.
Por consiguiente, cuando se trata de situaciones tales como el desplazamiento
forzado, el juez administrativo deberá recurrir a todos los medios probatorios
disponibles (flexibilización de la admisión de las pruebas) y a una valoración de las
pruebas con base en criterios flexibles y razonables que le permitan formar su
criterio respecto de la responsabilidad del Estado en circunstancias en las que se
han presentado graves violaciones de derechos humanos y en las que comporten
un acervo que resulte débil en atención a las circunstancias de la víctima27.
5. Objeto del recurso de apelación
De conformidad con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
la Sala deberá resolver si antes del desplazamiento objeto de la demanda, la Fuerza
Pública no desarrollaba actuaciones militares en la zona, a pesar de que “la
situación de vulnerabilidad se presumía cognoscible y previsible” en el
corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto – Bolívar.
Asimismo, si tenía que descartarse la falta de conocimiento de las autoridades
sobre la situación de vulnerabilidad de los habitantes del corregimiento de Bajo
Grande, más cuando a la zona se habían movilizado unidades militares desde el 8
de octubre de 1999 y cuando ya se habían presentado hechos similares de
violencia en los corregimientos de Las Palmas y Bajo Grande.
Por último, se deberá establecer si por la ubicación del corregimiento de Bajo
Grande en la región de los Montes de María, el desplazamiento forzado objeto de
la demanda no se trataba de una situación aislada, sino que fue sistemática; por
tanto, al ser una población en situación extraordinaria de riesgo, debió ser atendida
con prioridad y diligencia por parte de las entidades demandadas.
26 Corte Constitucional. Sentencias T-014 de 2025.
27 Las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección que, se presume, se
encuentran en una situación de debilidad manifiesta.
19
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
6. Hechos probados
Sobre la masacre ocurrida el 22 de octubre de 1999 en el corregimiento de Bajo
Grande, municipio de San Jacinto – Bolívar, la cual, según la demanda, generó el
desplazamiento forzado de los demandantes, obran el oficio No.
20180043450401391 de 21 de septiembre de 2018, mediante el cual el
comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1 informó al Grupo
Contencioso Constitucional del Ministerio de Defensa, lo siguiente:
Se efectuó búsqueda de la información y/o documentación en el archivo
histórico operacional y bases de datos de la Brigada de Infantería de Marina
No. 1 y salió información relacionada con presuntos hechos de violencia en el
municipio de San Jacinto, Bolívar, corregimiento Bajo Grande el 22 de octubre
de 1999, así:
a). Copia resumen diario de inteligencia del Departamento de Inteligencia
BRIM1 del 25 de octubre de 1999 AUTODEFENSAS (…) 22-10-99, a las 13:30
horas, incursionó un grupo de 50 “S” presuntos integrantes de grupos de
autodefensas, portando armas de largo y corto alcance al corregimiento
de Bajo Grande jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar), en
donde procedieron a quemar 12 ranchos de paja ubicados en el sector,
asesinando de igual manera a los particulares Dairon Mejía Martínez de
profesión comerciante de ganado, 30 años de edad, natural del Carmen de
Bolívar, Rafael Castelar Torres, 24 años de edad, Franklin Bolaños Rivera, 22
años de edad, Nilsson Escobar Reyes, 24 años de edad, se desconocen los
móviles del hecho. EVAL B-3 FUENTE BAFIM3 23-10-99, a las 6:00 horas, se
tuvo conocimiento sobre el desplazamiento de un grupo aproximado de 100
personas entre niños y adultos, habitantes de la región Bajo Grande,
hacia la cabecera del municipio de San Jacinto Bolívar.
b). Copia orden de operaciones No. 066 /CBACIM31-S3-357 del 8 de octubre
de 1999. MISIÓN. El batallón de contraguerrilla No. 31 a partir del 0814OR
OCT/99 desplaza las compañías Barracuda al sector denominado como
Las Palmas, ORCA al sector de San Jacinto, PIRAÑA, sector de Carmen de
Bolívar, con el fin de brindar apoyo a las unidades del BACIM-33 y BAFIM-3
que se encuentran operando en el área El Playón.
c). Copia orden fragmentaria No. 001552 CBRIM1-B3-379 del 25 de octubre de
1999 “1. SITUACIÓN. El pasado 27 de septiembre y el 23 de octubre de
1999, grupos al margen de la ley asesinaron en los corregimientos de Las
Palmas y Bajo Grande a 8 personas respectivamente, a las cuales tildaron
de colaboradores de grupos subversivos, causando pánico, desconcierto
y terror en la región, abandonando sus viviendas y propiedades, se hace
necesario desarrollar e intensificar operaciones de control en área
general del municipio de San Jacinto con el fin de neutralizar que se sigan
presentando estas masacres y garantizar el regreso de las personas que
han abandonado sus propiedades.
(…)
A partir de la fecha se intensifican las operaciones de control militar en el área
general de los municipios de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno y el
Guamo, con el fin de neutralizar las intenciones de los grupos de
autodefensas que delinquen en los municipios mencionados
20
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
anteriormente, asimismo garantiza el regreso del personal que ha
abandonado sus propiedades (fls. 143 a 151 c. 1).
Cabe señalar que las órdenes fragmentarias a las que se hizo referencia en el
anterior oficio, también obran por separado en el expediente (fls. 152 a 163 c. 1).
Adicionalmente, se cuenta con el oficio COMAN-GUGED-29.25 de 17 de noviembre
de 2019, mediante el cual el responsable del archivo del Departamento de Policía
de Bolívar informó a la Unidad de Defensa Judicial de la Policía Nacional, lo
siguiente:
Me permito informar a mi Capitán, que revisados los acervos documentales de
la Estación de Policía de San Jacinto, Bolívar, que reposan en el archivo
central: Para el período relacionado en la solicitud, se halló en la minuta de
guardia con fecha inicial 24/08/1999 en su folio número 267 registro con fecha
22/10/1999, siendo las 20:15 horas, donde deja plasmada la anotación por
información de los pobladores del corregimiento Bajo Grande, sobre la
muerte de cuatro campesinos, la quema de casas y el desplazamiento de
un promedio de cien personas (fl. 54 c. 1).
Conforme a las pruebas que se vienen de relacionar, quedó claramente demostrado
que el 22 de octubre de 1999 integrantes de un grupo paramilitar incursionaron en
el corregimiento de Bajo Grande, jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar),
lugar en el que procedieron a quemar viviendas y a asesinar a cuatro personas, lo
que generó el desplazamiento de varios pobladores hacia el casco urbano del
referido municipio.
Ahora bien, el desplazamiento forzado de los demandantes, ocurrido como
consecuencia de la masacre perpetrada el 22 de octubre de 1999 en el
corregimiento de Bajo Grande, jurisdicción del municipio de San Jacinto, Bolívar, se
tiene acreditado con los siguientes elementos de convicción:
Declaración rendida el 25 de febrero de 2015 por el señor Walter Sierra Pérez ante
la Personería Municipal de San Jacinto, Bolívar, en la que manifestó que “soy
desplazado del corregimiento de Bajo Grande, Bolívar, desde el día 22 de
octubre del año 1999, tenía tres personas a mi cargo, al momento de nuestro
desplazamiento una vivienda con todos los enseres que los paramilitares quemaron,
tenía 3 hectáreas de tierra, cultivos de yuca, maíz, tabaco, ajonjolí, teníamos 6
cerdos, 40 gallinas, 3 pavos, 1 chivo, 5 patos y 2 burros” (fl. 13 c. 1).
Certificación expedida el 27 de enero de 2015 por el personero municipal de San
Jacinto, Bolívar, mediante la cual informó que “el señor Walter Sierra Pérez se
21
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
encuentra inscrito en el Registro Único de Víctimas RUV de la base de datos de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas -UARIV-, como
desplazado” (fl. 14 c. 1).
Comprobante de la consulta efectuada el 9 de febrero de 2015 por la Alcaldía
Municipal de San Jacinto en el sistema de información VIVANTO de la UARIV, en
el que se aprecia que los demandantes se encuentran incluidos en el Registro Único
de Víctimas desde el 1 de diciembre de 2014, por el desplazamiento forzado
ocurrido el 22 de octubre de 1999 (fl. 15 c. 1).
7. Resolución del caso concreto
En el presente caso, lo primero que se debe destacar es que las pruebas antes
analizadas no permiten llegar al convencimiento de que la masacre ocurrida en el
corregimiento de Bajo Grande y el consecuencial desplazamiento forzado de sus
pobladores, hubieran sido ocasionados con la complicidad, colaboración o
connivencia de la Fuerza Pública.
Las pruebas que militan en el expediente tampoco permiten establecer que las
demandadas tuvieron conocimiento de la situación de vulnerabilidad de los
demandantes frente a grupos armados ilegales, en razón de amenazas concretas o
directas en su contra.
Sin embargo, no le asiste razón al a quo en cuanto a que las demandadas no
tuvieron conocimiento de la situación de vulnerabilidad y el riesgo extraordinario en
el que se encontraban los demandantes y todos los habitantes del municipio de San
Jacinto, Bolívar.
Lo anterior, en consideración a que los hechos se produjeron en una zona en la que
de manera previa se habían producido acontecimientos similares, habida cuenta del
contexto de violencia por la disputa de grupos armados ilegales por el control de la
región de los Montes de María, en la que se encontraban los corregimientos de Bajo
Grande y Las Palmas.
En efecto, según la orden fragmentaria No. 001552 CBRIM1-B3-379 del 25 de
octubre de 1999, el 27 de septiembre del mismo año, es decir, 25 días antes del
desplazamiento forzado objeto de la demanda, grupos al margen de la ley
asesinaron en los corregimientos de Las Palmas y Bajo Grande a varias personas,
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
a las cuales tildaron de colaboradores de grupos subversivos, lo que también generó
desplazamientos forzados.
En atención a estos acontecimientos de violencia, la Brigada de Infantería de Marina
No. 1 consideró necesario desarrollar e intensificar operaciones de control en el área
general del municipio de San Jacinto, con el fin de evitar que se presentaran estas
masacres y garantizar el regreso de las personas que abandonaron sus
propiedades; sin embargo, el 22 y 23 de octubre de 1999 volvieron a ocurrir eventos
similares en la misma zona, lo que demuestra que tales operaciones militares no
fueron efectivas.
Sobre el conocimiento de la situación de vulnerabilidad y el riesgo extraordinario en
el que se encontraba el municipio de San Jacinto, Bolívar, se tiene establecido que
desde el 8 de octubre de 1999 se desplazaron dos compañías de la Brigada de
Infantería de Marina No. 1, las cuales hacían registro y control militar en los sectores
denominados Las Palmas y San Jacinto; no obstante, ocurrieron en esos
corregimientos masacres y desplazamientos en el mes de octubre de 1999.
Una vez ocurridos estos hechos de violencia, se ordenó que se intensificaran las
operaciones de control militar en el área general de los municipios de San Jacinto,
San Juan de Nepomuceno y el Guamo, “con el fin de neutralizar las intenciones de
los grupos de autodefensas que delinquen en los municipios mencionados
anteriormente”, expresión que permite entender que la Brigada de Infantería de
Marina No. 1 tenía conocimiento de la presencia de grupos paramilitares y de las
actividades delincuenciales que desarrollaban en esa zona.
Así, contrario a lo estimado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, las entidades
demandadas sí tenían conocimiento de los actos de violencia que venían
padeciendo quienes finalmente resultaron desplazados del corregimiento de Bajo
Grande y Las Palmas del municipio de San Jacinto (Bolívar), entre septiembre y
octubre de 1999.
Además, se debe resaltar que la situación de violencia generalizada era notoria en
la región de los Montes de María, por ser una zona de disputa territorial entre
distintos grupos al margen de la ley. Al respecto, la Corte Constitucional al resolver
varias acciones de tutela interpuestas contra el Tribunal Administrativo de Bolívar,
porque negó la declaratoria de responsabilidad del Estado, por los daños derivados
del desplazamiento forzado masivo ocurrido en el municipio de San Jacinto, del cual
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
hacen parte los corregimientos de Bajo Grande y Las Palmas, indicó que durante
los años 90 en esa zona existía un contexto de violencia generalizada y de
desplazamientos forzados que exigía la adopción de medidas de protección de la
Fuerza Pública. En este sentido, expuso lo siguiente:
El documento titulado ‘Una Nación Desplazada: Informe Nacional del
Desplazamiento Forzado en Colombia’, publicado por el Centro Nacional de
Memoria Histórica, reveló que, a partir de 1997, en Colombia se
desencadenaron una serie de hechos violentos propiciados por la guerra
irregular que, dada su gravedad y sistematicidad, obligaron a las autoridades a
articular la normatividad nacional para dar respuesta a la grave problemática
suscitada por el desplazamiento forzado de millones de colombianos.
(…)
De acuerdo con ese informe, en los años noventa del Siglo XX, la violencia
ejercida por grupos guerrilleros y paramilitares experimentó un crecimiento sin
precedentes que supuso, entre otros aspectos, estrategias de intimidación,
agresión y violación de derechos humanos de la población civil, que llevaron a
su desplazamiento forzado.
(…)
Violencia y desplazamiento entre los Departamentos de Bolívar y Sucre,
Montes de María. Para esta Corporación es importante destacar el contexto
de violencia que padeció la región de los Montes de María del norte del territorio
colombiano. La región de Montes de María se ubica entre los departamentos
de Bolívar y Sucre, zona que corresponde a la prolongación de la Serranía de
San Jacinto y está integrada por quince municipios28. La región ha sido
tradicionalmente poblada por comunidades afrodescendientes y campesinas,
asentadas principalmente en tierras baldías de esa área geográfica.
Si bien desde antes de los años ochenta del siglo pasado ya existían conflictos
por la distribución de la tierra y el establecimiento de un modelo de economía
productiva en la zona de los Montes de María, esos conflictos se agravaron a
comienzos de los años noventa del Siglo XX con la llegada de grupos
guerrilleros, quienes, según informes del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, realizaron acciones violentas en contra de la población civil
tales como el hurto de ganado y el secuestro de ganaderos, una de sus
principales fuentes de ingreso29. El conflicto armado se asentó en ese territorio
y ocasionó que la región fuera protagonista de masacres, desplazamiento
forzado, narcotráfico, y, más tarde, también de incursiones de grupos
paramilitares30. Durante dicha época, el fenómeno del paramilitarismo inició su
incursión en la región31. Así lo destaca un informe del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo32:
28 Los Montes de María están constituidos por 15 Municipios en total: de un lado, del departamento
de Bolívar, estos son: Carmen de Bolívar, Marialabaja, San Juan Nepomuceno, San Jacinto,
Córdoba, El Guamo y Zambrano .De otro lado, se encuentran los siguientes Municipios,
pertenecientes al departamento de Sucre: Ovejas, Chalán, Colosó, Morroa, Los Palmitos, San
Onofre, San Antonio de Palmito y Toluviejo.
29 “Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Los Montes de María: Análisis de la
conflictividad. 2010”.
30 Ibidem
31 Ibidem
32 Ibidem. P. 19.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
“Por la acción de estos grupos, a partir de 1996 la violencia se incrementó
vertiginosamente en la región. Las masacres, los asesinatos selectivos,
los homicidios indiscriminados, el desplazamiento forzado y las
amenazas llenaron de terror los campos y poblados de Los Montes de
María. Entre 1997 y 2003, los paramilitares de la región desplazaron
a unas 100.000 personas y mataron al menos 115 en masacres como
la de Las Palmas, Bajo Grande, La Sierrita, El Salado, El Chengue y
Macayepo, según información de organizaciones defensoras de
derechos humanos.”
Así, los mecanismos utilizados por los grupos paramilitares para obtener control
sobre el territorio de los Montes de María fueron, principalmente, el
desplazamiento forzado, el control sobre la población, amenazas y masacres33.
(…)
Asimismo, en la región de Montes de María ocurrieron múltiples ataques y
expresiones de violencia contra la población civil. La Comisión de la Verdad
relató cómo a determinadas poblaciones se les tildó de colaboradores de la
guerrilla para luego ser asesinados por parte de grupos paramilitares tras la
estigmatización a la que fueron expuestos34. Con todo, el informe final de la
Comisión de la Verdad evidenció un déficit de justicia histórico, generalizado y
permanente respecto a las violaciones producidas en el marco del conflicto
armado colombiano35.
(…)
En línea con lo anterior, la expansión de fuerzas paramilitares comenzó
alrededor de 1996 en el Caribe y en la región de los Montes de María. Ello,
como se explicó anteriormente, conllevó una ola de desplazamiento causada
por la gravísima situación de violencia que padeció la población civil36.
(…)
Las masacres perpetradas en la región de Montes de María a manos de los
distintos actores que participaron en el conflicto armado provocaron un grave
fenómeno de desplazamiento que no puede desconocerse y cuyo relato debe
hacer parte de la justicia histórica del conflicto armado interno.
(…)
A partir de lo expuesto, esta Corporación llama la atención sobre el hecho de
que los hechos de violencia ocurridos en la región de los Montes de María no
corresponden a circunstancias aisladas, sin un patrón particular. Por el
contrario, las masivas violaciones de derechos humanos en los Montes de
María ocurrieron en un contexto de violencia generalizada, del cual eran
partícipes distintos grupos, tanto como actores de violencia, como víctimas,
entre quienes se encuentran grupos guerrilleros, las autodefensas, la Fuerza
Pública y la población civil. Dicho de otra manera, las distintas manifestaciones
33 Ibidem. Págs. 20-22.
34 Ibidem
35 Ibidem
36 “El 4 de diciembre de 1996, el grupo [paramilitar] arremetió contra un pequeño caserío enclavado
en la zona rural de Morroa, en los Montes de María. El propósito era masacrar, expulsar y aterrorizar
a los pobladores de Pichilín, un pequeño caserío que las guerrillas habían tomado como su centro
de abastecimiento y de cobro de extorsiones y secuestros. Las armas y los hombres que cometieron
la matanza pertenecían a dos Convivir: Nuevo Horizonte y Nuevo Amanecer. Esta era la primera
parada en una correría de sangre que se había planeado desde Córdoba, con el plan de expandir
el proyecto de las ACCU a todo el país, empezando por el Caribe.”
25
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Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
de violencia que tuvieron lugar en los municipios que integran la región de
Monte de María no fueron situaciones aisladas entre ellas, sino que
corresponden a un contexto de violencia predicable a todo el territorio.
Así, no es posible estimar que la Fuerza Pública y, en general, las
autoridades del Estado, desconocieran la guerra y la violencia de la que
era víctima la población de los Montes de María. Informes como el producido
por la Comisión de la Verdad dan cuenta de ello37.
(…)
Como se indicó en el acápite considerativo de esta providencia, es clara y
documentada la violencia que se vivía en la región de los Montes de María
durante la década de los años 90 del siglo pasado. Ese contexto de violencia
es fundamental para el esclarecimiento de la verdad material –derecho de
la población desplazada– al tiempo que pone en evidencia el deber de
protección que le correspondía a la Fuerza Pública, respecto de una zona
de la geografía nacional que padecía el sitio y la amenaza constantes de
las Autodefensas y de otros grupos al margen de la Ley38.
Cabe resaltar que en esta providencia, con fundamentos en dos informes publicados
en el periódico Universal, el cual circula en el departamento de Bolívar, también se
describen las masacres y desplazamientos perpetradas por las Autodefensas
Unidas de Colombia el 25 de julio y el 27 de septiembre del año 1999 en la zona
rural del municipio de San Jacinto, específicamente, en el corregimiento de Las
Palmas, el cual queda contiguo al corregimiento de Bajo Grande, según el mapa
aportado al presente proceso por el secretario de planeación y obras públicas
municipales de San Jacinto, Bolívar (fls. 141 c. 1).
Por su parte, el Consejo de Estado también ha analizado el contexto de violencia
derivada del conflicto armado por la presencia de grupos armados ilegales que se
disputan el poder económico, político y militar que representa la zona estratégica de
los Montes de María en el departamento de Bolívar.
Igualmente, se sabe que los hechos ocurrieron en una zona del territorio
nacional caracterizada por una fuerte presencia de grupos armados
organizados al margen de la ley, con capacidad para adelantar operaciones
militares concertadas y sostenidas. En efecto, los municipios de Zambrano y
Carmen de Bolívar, integran la región de los Montes de María, la cual –debido
a su posición geográfica estratégica39– se volvió desde principios de los años
37 Verdad Abierta. (2021). De reclamantes a desarraigados: un drama en Montes de María.
Disponible en: https://verdadabierta.com/de-reclamantes-a-desarraigados-un-drama-en-montes-de-
maria/
38 Corte Constitucional. Sentencia T-014 de 2025.
39 Por sus características geográficas la región se divide en tres zonas: 1) la troncal del río
Magdalena, al costado oriental de la serranía de San Jerónimo, de la cual hacen parte los municipios
de El Guamo, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, Zambrano y Córdoba,
caracterizada por ser una zona ladera y planicie apta para la ganadería extensiva y la explotación
maderera; 2) la zona de montaña, conformada por los municipios de Chalán, Colosó, Morroa, Ovejas
y Los Palmitos, donde prevalece la economía agrícola y campesina; y 3) el piedemonte occidental,
26
Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
noventa objeto de disputa territorial entre las FARC y las Autodefensas Unidas
de Colombia.
(…)
En el caso concreto, está demostrado que los hechos ocurrieron en una zona
del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados
organizados al margen de la ley, y en un momento histórico caracterizado por
una agudización del conflicto a causa del incremento de las acciones
cometidas, tanto por la guerrilla como por los paramilitares, contra la población
civil. Esta circunstancia permite afirmar que los habitantes de los 15
municipios que integran la región de los Montes de María, entre ellos, el
municipio de Zambrano, se encontraban en situación permanente de
riesgo que, por su gravedad y notoriedad, no podía escapar al
conocimiento de las autoridades.
(…)
Pese a ello, no hay evidencia dentro del proceso que demuestre que el Ejército
o la Policía adoptaron medidas especiales para prevenir la actuación de los
grupos armados ilegales en la región de los Montes de María o para reaccionar
con prontitud antes tales actuaciones. Al contrario, la evidencia indica que la
población civil se encontraba en tal estado de desprotección que los
paramilitares no enfrentaron ningún obstáculo para incursionar armados en
pleno casco urbano del municipio de Carmen de Bolívar, cometer tres
asesinatos y varios secuestros a la vista de todo el mundo, continuar su marcha
en dos vehículos por la vía que de este municipio conduce al de Zambrano, e
incendiar varios establecimientos comerciales ubicados apenas a 6 kilómetros
de distancia de la anterior población.
Se puede deducir, por lo tanto, que el daño antijurídico no se hubiera
generado de haberse verificado una actuación pro activa por parte de la
fuerza pública, ya que ante la comprobación de que los grupos armados
al margen de la ley venían victimizando masivamente a la población civil
en la región de los Montes de María, se han debido adoptar medidas
especiales con el fin de combatirlos, de prevenir sus actuaciones y de
mejorar los esquemas y protocolos de seguridad en las distintas
poblaciones.
En esta perspectiva no son de recibo los argumentos presentados por el
Ejército Nacional, en el sentido de que como los hechos ocurrieron en una zona
calificada como de orden público, debe darse aplicación a la teoría de la
relatividad de la falla del servicio, toda vez que el análisis del contexto y de los
distintos medios de convicción, permite plenamente dar por acreditado que las
autoridades militares y de policía conocían de la situación de peligro a la que
estaban expuestos los pobladores de la región de los Montes de María en el
marco del conflicto armado. Entonces, lo que se le endilga al Estado no es una
obligación de imposible cumplimiento, sino el daño antijurídico que ocasionó
por no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la seguridad en
la zona y para proteger la vida, la integridad y el patrimonio de sus habitantes40.
litoral del golfo de Morrosquillo, donde se ubican los municipios de María la Baja, San Onofre,
Toluviejo y San Antonio de Palmito, reconocido por sus llanuras favorables para el hato ganadero y
sus abundantes manglares. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos
(ILSA), Montes de María: Entre la consolidación del territorio y el acaparamiento de tierras, Bogotá,
2012, disponible en: http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/otras/montes1/informe.pdf
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 26 de junio de 2014, exp. No.
30737. M.P. Danilo Rojas Betancourth.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
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Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
En otra oportunidad, el Consejo de Estado acudió al análisis de contexto de
violencia de la región de los Montes de María y, por tanto, concluyó que se hacían
necesarias y urgentes las medidas especiales por parte de las autoridades para la
protección efectiva de los habitantes.
Por esta razón, el contexto proximal también resulta indiscutible, si a ello se
añade que el municipio de Ovejas (Sucre) pertenece a la región conocida como
“Montes de María”, donde para el momento de los hechos y desde antes, se
venían enfrentando en disputa por el control de la zona facciones paramilitares
con los bloques de las FARC y, en medio de este accionar violento e ilegal la
población civil venía siendo blanco constante de ataques, como se desprende
de las actas de los consejos de seguridad allegadas al expediente (fls. 110-123
y 178-225, c. 1). Es decir, los pobladores de la región venían siendo sometidos
a las distintas variables de presión que una confrontación de esa naturaleza
ejerce sobre quienes inermes se depositan en la seguridad que el Estado les
debe ofrecer.
(…)
Hasta aquí se tiene acreditado, conforme al contexto, que la población civil de
la región de los Montes de María venía siendo azotada por la violencia y,
estaban sometidos a un grado de riesgo mayúsculo. Además, que el contexto
situacional de los pobladores de Ovejas (Sucre) en su zona rural y urbana para
el momento de los hechos, hacía presumir que los grupos ilegales continuarían
con su escalada de terror. Ciertamente, con esto lo único que resulta evidente
es que al ser el riesgo razonablemente previsible, se hacían necesarias y
urgentes medidas especiales por parte de las autoridades para la protección
efectiva de los habitantes41.
De acuerdo con lo anterior, la Sala concluye que era un hecho notorio la situación
de grave violencia y conflicto que se vivía en el municipio de San Jacinto y, en
general, en los Montes de María. En estas condiciones, el deber de prevención del
desplazamiento forzado, no se predica exclusivamente con el actuar de los
demandantes, exigiéndoles demostrar que dieron aviso a las autoridades
demandadas, sino de la circunstancia de violencia que se padecía en el área de los
Montes de María donde se encontraban los corregimientos de Bajo Grande y Las
Palmas, municipio de San Jacinto (Bolívar).
Si bien las pruebas analizadas en el presente caso demuestran que en estos
corregimientos se habían presentado entre septiembre y octubre de 1999 masacres
y desplazamientos, la sentencia de la Corte Constitucional antes referida indica que
ello venía ocurriendo desde el mes de julio del mismo año, además, cabe resaltar
que la Fuerza Pública ejercía labores de seguridad en el área, mediante la
presencia de dos batallones adscritos a la Armada Nacional, elementos que
41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. No.
44302. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
28
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Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
demuestran que las demandadas conocieron o debieron conocer las situaciones de
riesgo y violencia que padecía la comunidad de la zona rural del municipio de San
Jacinto y, por ende, les asistía el deber de prevención y protección de sus
habitantes.
En este sentido, se puede afirmar que el a quo pasó por alto el contexto de violencia
que ocurría en la región de los Montes de María, a la cual pertenecen los
corregimientos de Bajo Grande y las Palmas del municipio de San Jacinto, situación
que exigía una intervención urgente de la Fuerza Pública para evitar nuevas
violaciones de derechos humanos e inclusive el desplazamiento forzado de los
demandantes, el cual terminó ocurriendo.
El análisis de cumplimiento o incumplimiento del deber de prevención de las
autoridades públicas respecto del desplazamiento, aunque este sea atribuible a un
tercero, debe necesariamente partir del contexto en el cual ocurre. Ello implica
valorar la coyuntura de orden público, violencia sistemática y la condición
socioeconómica e incluso geográfica del lugar donde tiene lugar el desplazamiento.
Esto conlleva, en el marco de un proceso judicial en el que se persiga el
resarcimiento de un desplazamiento, emplear estándares flexibles en materia
probatoria, para comprender el grado de responsabilidad que, por acción u omisión
pudo tener la Fuerza Pública42.
Bajo esta perspectiva, es evidente que las autoridades de la Fuerza Pública de la
región, esto es, la Armada Nacional y la Policía Nacional, eran totalmente
conscientes de las múltiples vulneraciones de los derechos de la población del
municipio de San Jacinto por parte de grupos armados ilegales, derechos cuya
protección y garantía estaban a su cargo, de modo que no resulta de recibo afirmar,
como erradamente se consideró en la sentencia de primera instancia, que no se
podía declarar su responsabilidad patrimonial en atención a que no se les presentó
una denuncia concreta sobre la posibilidad de la masacre o que no se encontraban
en la posibilidad de preverla, pues entre julio y octubre de 1999 se presentaron
varios hechos de violencia similares.
En estas condiciones, el acaecimiento de las masacres que tuvieron lugar entre
julio y octubre de 1999 fueron la antesala y la causa del desplazamiento objeto de
la presente controversia. Ciertamente, estos hechos ocurrieron en un lapso de tres
42 Corte Constitucional. Sentencia T-014 de 2025.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
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meses en Las Palmas y Bajo Grande, luego ante la notoria y conocida violencia en
la región de los Montes de María, era razonable esperar que se hubiera brindado
algún tipo de protección a sus habitantes; sin embargo, ello no ocurrió y, por el
contrario, se presentó una nueva masacre y un número importante de habitantes
de ese corregimiento fue obligado a desplazarse.
Así, aunque ninguna prueba se allegó de la participación directa de agentes del
Estado en los hechos ocurridos en el corregimiento de Bajo Grande, sí hay
evidencia contextual de la situación de violencia que para la época se afrontaba y
que fue determinante en el desplazamiento forzado de los pobladores tildados de
auxiliadores de la guerrilla, sin que existiera un plan de acción estatal para proteger
a los indefensos moradores que habitaban la zona, entre ellos quienes integran el
grupo familiar demandante.
La situación padecida por los habitantes de los corregimiento de Bajo Grande y Las
Palmas, en el municipio de San Jacinto, no correspondía a hechos aislados de
violencia, sino que debe ser entendida en el marco del conflicto vivido en la región
de los Montes de María, es decir que constituían múltiples hechos de violencia
sistemática padecidos por hombres, mujeres y niños que dieron lugar a varios
desplazamientos forzados, lo que igualmente configuró una masiva, prolongada y
sistemática vulneración a los derechos humanos de las personas victimizadas.
La Sala considera que las pruebas documentales y el análisis de contexto permiten
concluir que las entidades demandadas incurrieron en una falla del servicio, pues
no adoptaron las medidas necesarias para proteger a la población civil en función
de las circunstancias de violencia que hacían previsible la incursión de los
miembros de grupos armados ilegales.
La omisión evidenciada se predica tanto de la Armada Nacional, como de la Policía,
ya que una y otra tenían a cargo la protección de los habitantes del municipio de
San Jacinto. La ausencia de un cuerpo de policía en el corregimiento de Bajo
Grande para el día de los hechos también denota una omisión en la adopción de
medidas razonables para prevenir la violación de los Derechos Humanos y una falta
de voluntad estatal para impedir los atropellos de los grupos armados ilegales frente
a los pobladores de la zona, lo cual era de público conocimiento. También se
observa una ausencia de reacción del Estado ante la conducta delictiva de los
grupos paramilitares, en la medida en que los afectados no fueron socorridos por
la Fuerza Pública en esta situación de emergencia, de manera que el estándar de
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Actor: Walter Sierra Pérez y otros
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diligencia del Estado ante esta situación de alteración del orden público fue precario
e incluso inexistente.
En línea con lo expuesto, se debe indicar que en el presente caso no resulta
aplicable la teoría de la relatividad de la falla del servicio por tratarse de una zona
calificada como de alteración del orden público, toda vez que el análisis del contexto
y de los distintos medios de convicción obrantes en el proceso, permite concluir que
la Fuerza Pública tenía conocimiento de la situación de peligro a la que estaban
expuestos los pobladores del municipio de San Jacinto en el marco del conflicto
armado y no adoptaron las medidas suficientes y necesarias para contrarrestar esa
situación de extrema vulnerabilidad, al punto de que, a pesar de que había
presencia de algunas tropas militares, se volvieron a presentar hechos de violencia
de gran magnitud en la misma zona -masacres, asesinatos selectivos y
desplazamientos forzados-. En estas condiciones, se debieron adoptar medidas
especiales con el propósito de combatir a esos grupos armados ilegales, como
fortalecer los esquemas y protocolos de seguridad para prevenir sus actuaciones
terroristas o inclusive, ante los hechos de violencia sistemática, se debieron
adelantar acciones para resguardar a la población civil.
Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, declarará la
responsabilidad patrimonial de la Nación-Armada Nacional-Policía Nacional, por el
desplazamiento forzado de los señores Walter Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra
Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo David Sierra Caro y, en consecuencia,
procederá a estudiar las indemnizaciones solicitadas en la demanda, de
conformidad con lo probado en el proceso.
8. Reparación integral del daño antijurídico
La indemnización originada en el desplazamiento forzado reconocido como un daño
autónomo, responde a la obligación asignada al Estado de garantizar el pleno
ejercicio de los derechos de los asociados no solo consagrados en la legislación
interna sino en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y demás
tratados que reconocen y protegen derechos humanos.
8.1.- Perjuicios morales
En la demanda se solicitó una indemnización de perjuicios morales equivalente a
100 s.m.l.m.v. para cada uno de los demandantes, “por ser víctimas de la violencia
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Actor: Walter Sierra Pérez y otros
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paramilitar, la cual era conocida de manera amplia por las entidades demandadas,
las cuales incurrieron en omisión”.
El desplazamiento genera a quien lo sufre una pérdida de sus condiciones de vida,
de sus costumbres, su identidad, su entorno social, familiar y laboral, situación de
extrema gravedad que ha de determinar, sin duda, una afectación emocional
compatible con la definición de daño moral que la jurisprudencia de esta jurisdicción
ha estructurado y que deviene en la afectación de diversas garantías fundamentales
constitucionalmente amparadas.
Así lo ha señalado la Corporación al indicar que43:
[C]onstituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño
moral a quienes lo padecen. No es necesario acreditar el dolor, la angustia y la
desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han
elegido como residencia o asiento de su actividad económica, abandonando
todo cuanto poseen, como única alternativa para salvar sus vidas, conservar
su integridad física o su libertad, sufriendo todo tipo de carencias y sin la certeza
del retorno, pero sí de ver aún más menguada su precaria condición
económica, social y cultural. Quienes se desplazan forzadamente
experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración
múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha
señalado reiteradamente la Corte Constitucional”.
En consecuencia, por considerarlo razonable, se ordenará pagar a favor de los
señores Walter Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro
y Mateo David Sierra Caro, una indemnización por daño moral en cuantía
equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes en la
época de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno. Cabe resaltar que no se
reconoce el valor solicitado en la demanda, porque este monto se otorga en caso
de mayor gravedad como muertes.
8.2. Indemnización de perjuicios por violación a bienes o intereses
constitucional y convencionalmente amparados
En la demanda se reclamó una suma equivalente a 100 s.m.l.m.v., para cada uno
de los demandantes, por el daño a la “vida de relación”, porque las demandadas
“incurrieron en omisión toda vez que aun sabiendo los hechos que se estaban
desarrollando no hicieron los actos necesarios para salvaguardar la vida, la
dignidad y los derechos humanos de mis poderdantes”
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de enero de 2006, Radicación
25000232600020010021301 (AG), M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
Ahora bien, conviene señalar que esta Sección, siguiendo los lineamientos
planteados en sus sentencias de unificación, formuló unas nuevas tipologías de
perjuicios inmateriales diferentes a los denominados perjuicio fisiológico, daño a la
vida de relación y alteración a las condiciones de existencia, para en su lugar
reconocer las categorías de daño a la salud44 (cuando estos provengan de una
lesión a la integridad sicofísica de la persona) y de afectación relevante a bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados45.
En efecto, en la Sentencia T-025 de 200446 se destacaron los principales derechos
fundamentales que resultan amenazados o vulnerados por las situaciones de
desplazamiento forzoso, como son: i) el derecho a la vida en condiciones de
dignidad; ii) los derechos de los niños, de las mujeres cabeza de familia, de los
discapacitados y de las personas de tercera edad y de otros grupos especialmente
protegidos; iii) el derecho a escoger el lugar de domicilio; iv) el derecho al libre
desarrollo de la personalidad; v) la libertad de expresión; vi) la libertad de
asociación; vii) los derechos económicos, sociales y culturales; viii) el derecho a la
unidad familiar y a la protección integral de la familia; ix) el derecho a la salud; x) el
derecho a la integridad personal; xi) el derecho a la seguridad personal, “puesto que
el desplazamiento conlleva riesgos específicos, individualizables, concretos,
presentes, importantes, serios, claros y discernibles, excepcionales y
desproporcionados”; xii) la libertad de circulación por el territorio nacional y xiii) el
derecho a permanecer en el sitio escogido para vivir; xiv) el derecho al trabajo y la
libertad de escoger profesión u oficio; xv) el derecho a una alimentación mínima;
xvi) el derecho a la educación; xvii) el derecho a una vivienda digna “puesto que
las personas en condiciones de desplazamiento tienen que abandonar sus propios
hogares o lugares habituales de residencia y someterse a condiciones inapropiadas
de alojamiento en los lugares hacia donde se desplazan, cuando pueden
conseguirlas y no tienen que vivir a la intemperie”; xviii) el derecho a la paz, “cuyo
44 “… se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de
septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222 (…) se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda
la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una
persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso
a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia
a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud” (se destaca). Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de unificación jurisprudencial
del 28 de agosto de 2014, exp. No. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth y exp. No. 31170. C.P.
Enrique Gil Botero.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, exp. No. 32988 C.P. Ramiro Pazos Guerrero y
exp. 26251. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
46 Corte Constitucional, sentencia del 22 de enero de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
núcleo esencial abarca la garantía personal de no sufrir, en lo posible, los efectos
de la guerra, y mucho menos cuando el conflicto desborda los cauces trazados por
el derecho internacional humanitario, en particular la prohibición de dirigir ataques
contra la población civil” y xix) el derecho a la igualdad.
Así las cosas, la Sala, en aplicación del principio de reparación integral, y en lo
consagrado en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, decretará unas medidas de
carácter pecuniario -indemnización- y no pecuniario, para resarcir o restablecer los
bienes constitucionales afectados con ocasión de la falla del servicio que produjo el
daño que originó la presente acción.
Así las cosas, comoquiera que en el presente caso -según se indicó-, como
consecuencia del desplazamiento forzado de que fueron víctimas los señores
Walter Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra Caro, María Ángel Sierra Caro y Mateo
David Sierra Caro, se vulneraron de forma múltiple y masiva sus derechos humanos,
se impone la necesidad de reconocer una indemnización a su favor equivalente a
50 SMLMV a favor de cada uno de ellos.
En el asunto sub examine, por tratarse de una grave violación a Derechos Humanos
también se decretarán las siguientes medidas de justicia restaurativa, en aras de
garantizar el principio de reparación integral:
i) De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, se ordenará a la
Armada Nacional y a la Policía Nacional, en coordinación con la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que en aplicación del Protocolo de
Retorno y Reubicación de la UARIV y a través del diseño de esquemas especiales
de acompañamiento, garanticen la atención integral y la seguridad necesarias47
para que los demandantes si así lo deciden voluntariamente, retornen al lugar del
que fueron desplazados o se reubiquen en otro lugar en el que puedan ejercer el
goce efectivo de sus derechos y alcanzar la estabilización socioeconómica48.
47 La Fuerza Pública está en la obligación de elaborar un Plan de acompañamiento antes, durante
y después del retorno o la reubicación, promoviendo la participación de las víctimas en su diseño,
formulación y seguimiento.
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/abcprotocoloryr-sept28-
2020-enlaces1.pdf
48 La Corte Constitucional a través del Auto 331 de 2019 menciona que el acompañamiento implica
que “bajo la coordinación de la Unidad para las Víctimas, las entidades competentes en el nivel
nacional y territorial deben garantizar los derechos de la población desplazada a través de la oferta
institucional en el lugar del retorno o reubicación, la cual debe estar encaminada a propiciar
condiciones para alcanzar la estabilización socioeconómica”.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
ii) De conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 4800 de
2011, ordénese a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas -UARIV-, incluir a los demandantes en los programas de
atención y reparación que adelanta esa dependencia, a fin de que ellos puedan
acceder a todos los beneficios, programas y componentes dispuestos para el goce
efectivo de sus derechos.
En este sentido, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de esta
sentencia y con fundamento en lo previsto en los artículos 135 a 137 de la Ley
1448 de 201149, los profesionales del Programa de Atención Psicosocial y Salud
49 Ley 1488 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 135. Rehabilitación. La rehabilitación como medida de reparación consiste en el conjunto
de estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, psicológico y social,
dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas en los
términos de la presente ley.
Artículo 136. El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la
presente Ley, deberá implementar un programa de rehabilitación que deberá incluir tanto las
medidas individuales y colectivas que permitan a las víctimas desempeñarse en su entorno familiar,
cultural, laboral y social y ejercer sus derechos y libertades básicas de manera individual y colectiva.
El acompañamiento psicosocial deberá ser transversal al proceso de reparación y prolongarse en el
tiempo de acuerdo con las necesidades de las víctimas, sus familiares y la comunidad, teniendo en
cuenta la perspectiva de género y las especificidades culturales, religiosas y étnicas. Igualmente
debe integrar a los familiares y de ser posible promover acciones de discriminación positiva a favor
de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los
riesgos a los que se ven expuestos.
Artículo 137. Programa de atención psicosocial y salud integral a víctimas. El Gobierno Nacional, a
través del Ministerio de la Protección Social, creará dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición de la presente ley, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, el
cual se implementará a través del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, comenzando en las zonas con mayor presencia de víctimas.
El Programa deberá incluir lo siguiente:
1. Pro-actividad. Los servicios de atención deben propender por la detección y acercamiento a las
víctimas.
2. Atención individual, familiar y comunitaria. Se deberá garantizar una atención de calidad por parte
de profesionales con formación técnica específica y experiencia relacionada, especialmente cuando
se trate de víctimas de violencia sexual, para lo cual deberá contar con un componente de atención
psicosocial para atención de mujeres víctimas. Se deberá incluir entre sus prestaciones la terapia
individual, familiar y acciones comunitarias según protocolos de atención que deberán diseñarse e
implementarse localmente en función del tipo de violencia y del marco cultural de las víctimas.
3. Gratuidad. Se garantizará a las víctimas el acceso gratuito a los servicios del Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, incluyendo el acceso a medicamentos en los casos
en que esto fuera requerido y la financiación de los gastos de desplazamiento cuando sea necesario.
4. Atención preferencial. Se otorgará prioridad en aquellos servicios que no estén contemplados en
el programa.
5. Duración. La atención estará sujeta a las necesidades particulares de las víctimas y afectados, y
al concepto emitido por el equipo de profesionales.
6. Ingreso. Se diseñará un mecanismo de ingreso e identificación que defina la condición de
beneficiario del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas y permita el acceso a
los servicios de atención.
7. Interdisciplinariedad. Se crearán mecanismos de prestación de servicios constituidos por
profesionales en psicología y psiquiatría, con el apoyo de trabajadores sociales, médicos,
enfermeras, promotores comunitarios entre otros profesionales, en función de las necesidades
locales, garantizando la integralidad de acción para el adecuado cumplimiento de sus fines.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
Integral a Víctimas (PAPSIVI), evaluarán a los demandantes con el propósito de
determinar la necesidad de suministrarles un tratamiento médico, psicológico y/o
psiquiátrico para la superación del trauma causado por los hechos ocurridos el 22
de octubre de 1999 en el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto,
el cual, en caso de encontrarlo procedente, se les prestará hasta la recuperación
de un estado de salud óptimo que les permita ejercer con normalidad las
actividades propias de las áreas de ajuste del ser humano (personal, familiar,
social, afectiva, intelectual).
Para el cumplimiento de esta orden, se deberán considerar sus circunstancias y
necesidades particulares, de manera que se les brinde el tratamiento adecuado, el
cual incluirá la provisión de medicamentos.
iii) El Ministerio de Defensa Nacional establecerá un link en su página oficial y en
sus distintas redes sociales con un encabezado apropiado en el que se pueda
acceder al contenido magnético de esta providencia. Las entidades demandadas,
en el término de dos (2) meses contados a partir de la ejecutoria de este fallo, subirá
a la red el archivo que contenga esta decisión y mantendrá el acceso al público del
respectivo vínculo durante un período de seis (6) meses que se contarán desde la
fecha en que se realice la respectiva carga de la información en la página web de
esas instituciones y en sus diferentes redes sociales.
iv) Remitir copia de la presente sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica
y al Archivo General de la Nación, con el fin de que haga parte de su registro y
contribuya a preservar la memoria de la violencia generada por el conflicto armado
interno en Colombia.
8.3. Perjuicios materiales
En la demanda se solicitó por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad
de lucro cesante, la suma de $402’377.219 que corresponden a la utilidad dejada
Parágrafo. Los gastos derivados de la atención brindada por el Programa de Atención Psicosocial y
Salud Integral a Víctimas serán reconocidos y pagados por conducto del Ministerio de la Protección
Social con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (Fosyga), Subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito,
salvo que estén cubiertos por otro ente asegurador en salud.
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional, a través del Departamento para la Prosperidad Social, el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación a Víctimas y el Ministerio de Salud y Protección Social, complementará las acciones del
Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, a fin de avanzar en la rehabilitación
y recuperación emocional con enfoque psicosocial de las víctimas, organizaciones y comunidades
que han sufrido daño a causa del conflicto armado.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
de percibir por el cultivo de su tierra, la reproducción y venta de animales. A título
de daño emergente, se pidió el valor de los animales y enseres que se encontraban
en su predio en el momento en que ocurrió el desplazamiento.
Al respecto, obra únicamente la declaración rendida el 25 de febrero de 2015 por el
señor Walter Sierra Pérez ante la Personería Municipal de San Jacinto, Bolívar, en
la que manifestó que “soy desplazado del corregimiento de Bajo Grande, Bolívar,
desde el día 22 de octubre del año 1999, tenía tres personas a mi cargo, al momento
de nuestro desplazamiento una vivienda con todos los enseres que los
paramilitares quemaron, tenía 3 hectáreas de tierra, cultivos de yuca, maíz,
tabaco, ajonjolí, teníamos 6 cerdos, 40 gallinas, 3 pavos, 1 chivo, 5 patos y 2
burros” (fl. 13 c. 1).
Si bien en materia de graves violaciones a los derechos humanos se debe acudir al
principio de flexibilización probatoria, en todo caso se debe contar con pruebas que
permitan tener acreditados los hechos de la demanda; sin embargo, en lo que
concierne al presente caso, la declaración rendida por el mismo afectado no
encuentra respaldo probatorio en ningún otro elemento de convicción para tener por
cierto el número y la especie de los animales descritos en la demanda, así como la
actividad productiva que aparentemente se ejercía en el predio en el que ocurrió el
desplazamiento. Tampoco se especificó en el libelo introductorio que tipo de
enseres existían en el inmueble y su aparente valor, falencia probatoria que impide
acceder a esta pretensión de la demanda.
9. Condena en costas
En el sub lite la normativa aplicable es la contenida en la Ley 1437 de 2011, que en
su artículo 188 establece que en la sentencia se dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil, siendo las
disposiciones del Código General del Proceso las vigentes para la fecha de
presentación de la demanda -29 de septiembre de 2017-.
No obstante lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-
241/24 ha decidido que en este tipo de procesos relativos a la responsabilidad por
graves violaciones a los derechos humanos se ventila un interés público, de manera
que al tenor de lo dispuesto en el art 188 del CPACA no procede la condena en
costas, aun habiendo desestimado la alzada. Entiende la Sala que el criterio
indicado por el legislador y que ordena aplicar la Corte en este tipo de asuntos cobija
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
a los demandantes50, de manera que no procede la condena en costas en la
presente instancia, lo que se extiende a la condena impuesta en el fallo apelado, lo
que impone su revocatoria en este aspecto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021, por el
Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, se dispone:
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por la Nación-Ministerio del Interior, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación -Ministerio de
Defensa, Armada Nacional- y Policía Nacional, por el desplazamiento forzado de
que fueron víctimas los señores Walter Sierra Pérez, Bladimir Enrique Sierra Caro,
María Ángel Sierra Caro y Mateo David Sierra Caro, ocurrida el 22 de octubre de
1999, en el corregimiento de Bajo Grande, municipio de San Jacinto (Bolívar), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación
-Ministerio de Defensa, Armada Nacional- y Policía Nacional a pagar solidariamente,
por concepto de indemnización de perjuicios morales, los siguientes montos, a favor
de los demandantes que a continuación se relacionan:
Para Walter Sierra Pérez una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
50 En este sentido se pronunció esta Subsección en sentencia de 7 de marzo de 2025, radicado
18001-23-33-002-2014-00069-01 (69.540). M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. “Considera esta
Sala que el razonamiento de la Corte Constitucional no puede aplicarse en el sub lite, en el que se
condenará en costas al Ejército Nacional -responsable de la muerte de (…) -, toda vez que la citada
regla jurisprudencial únicamente resulta aplicable si la condena en costas se impone en contra de
los demandantes -víctimas del conflicto armado- y no de la entidad demandada que, como sucedió
en este proceso, se acreditó que fungió como victimaria; precisamente porque lo que pretendió la
Corte Constitucional con el criterio que adoptó en la SU-241 de 2024, en sus palabras textuales, fue
que no se “desincenti[vara] el ejercicio de la acción de reparación directa de otras víctimas ante el
temor de ser condenados en costas por los jueces administrativos”. Dicho criterio fue reiterado por
la Sala en sentencia de 21 de marzo de 2025, radicado: 13001-23-33-000-2017-01037-01 (70.834),
M. P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
Para Bladimir Enrique Sierra Caro una suma equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Para María Ángel Sierra Caro una suma equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Para Mateo David Sierra Caro una suma equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
QUINTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación
-Ministerio de Defensa, Armada Nacional- y Policía Nacional a pagar solidariamente,
por concepto de indemnización de perjuicios por violación a bienes o intereses
constitucional y convencionalmente amparados, los siguientes montos, a favor de
los demandantes que a continuación se relacionan:
Para Walter Sierra Pérez una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Para Bladimir Enrique Sierra Caro una suma equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Para María Ángel Sierra Caro una suma equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Para Mateo David Sierra Caro una suma equivalente a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
SEXTO: Como medidas de reparación integral se ordena a la Nación-Ministerio de
Defensa, Armada Nacional- y Policía Nacional, adoptar las medidas de naturaleza
no pecuniaria establecidas en la parte motiva de la presente providencia en el
numeral 8.2.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Sin condena en costas.
NOVENO: Las condenas se cumplirán en los términos del artículo 192 del CPACA.
Para el cumplimiento de esta sentencia, expedir copias con destino a las partes con
las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso.
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Radicación número: 13001-23-33-000-2017-00907-01 (69507)
Actor: Walter Sierra Pérez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional y otros
Referencia: Apelación Sentencia – Medio de control de reparación directa
DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
VF
40
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