Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00933-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-00933-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2017-00933-02
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado: Nación-Rama Judicial y otro
Proceso: Reparación directa
ERROR JURISDICCIONAL-Actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y violatoria del debido proceso. ERROR
JURISDICCIONAL-El juez de daños no es una instancia adicional. ERROR JURISDICCIONAL-Se deben
interponer los recursos y la providencia debe estar en firme. RECURSOS JUDICIALES-En error jurisdiccional,
la carga de interponerlos se refiere a los recursos ordinarios. COSTAS-Se imponen porque el recurso de
apelación no prosperó.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
José del Carmen Morales Ramos formuló demanda de reparación directa contra la
Nación-Rama Judicial y la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones,
para que se les declare solidariamente responsables por el presunto error
jurisdiccional en el que incurrió la Corte Suprema de Justicia, en sus salas de
casación laboral y penal, al proferir las sentencias del 23 de septiembre y 12 de
noviembre de 2015, respectivamente. Estas decisiones negaron una acción de
tutela interpuesta por el demandante contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cartagena y el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena. Asimismo,
reprochó que la Corte Constitucional no seleccionó esa tutela para revisión.
Alegó que las decisiones referidas se apartaron de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en cuanto a la aplicación estricta de los requisitos de subsidiariedad
Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
e inmediatez, así como la interpretación restrictiva del principio constitucional a la
condición más beneficiosa en cuanto al reconocimiento de su pensión de invalidez,
además de darle un trato desigual y discriminatorio frente a otros casos de tutela
con similitud fáctica y jurídica.
ANTECEDENTES
Demanda
El 10 de octubre de 2017, José del Carmen Morales Ramos presentó demanda de
reparación directa contra la Nación-Rama Judicial y la Administradora Colombiana
de Pensiones-Colpensiones para que se hicieran las siguientes declaraciones y
condenas:
«A.- PRINCIPALES:
PRIMERA: DECLARAR la responsabilidad patrimonial administrativa solidaria de la
NACIÓN- RAMA JUDICIAL, identificada con el N.I.T. 800.093.816-3, representada
legalmente por el DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACION JUDICIAL
(…) y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES (COLPENSIONES),
identificada con el N.I.T. 900.336.004-7, representada legalmente por el DR.
MAURICIO OLIVERA GONZÁLEZ o quien haga sus veces, por los perjuicios
materiales e inmateriales que le han venido causando al señor JOSE DEL CARMEN
MORALES RAMOS, identificado con C.C. No. 73.104.287 (Cartagena-Bolívar).
SEGUNDA: CONDENAR solidariamente a la parte demandada a que repare e
indemnice a la parte demandante el perjuicio material causado y que seguirá
experimentando por el curso de su existencia, en la modalidad de lucro cesante,
desde la fecha octubre 9 de 2007 (estructuración de la invalidez) hasta su vida
probable.
TERCERA: CONDENAR solidariamente a la parte demandada a reparar e
indemnizar a la parte demandante el perjuicio extrapatrimonial a la vida de relación
causado y que seguirá experimentando por el curso de su existencia. Estímese en
la cuantía de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70.000.000) o en la suma
superior que se fije.
CUARTA: CONDENAR solidariamente a la parte demandada a reparar e indemnizar
a la parte demandante los perjuicios extrapatrimoniales que se le ha causado por el
resto de su existencia por la vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales al: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, MÍNIMO VITAL Y EL RESPETO A
LA DIGNIDAD HUMANA. Estímese en la cuantía de SETENTA MILLONES DE
PESOS M/CTE ($ 70.000.000) o en la suma superior que se fije.
QUINTA: Ordenar la reparación e indemnización de cualquier otro perjuicio que
resulte probado; así como también, de cualquier interés moratorio y legal del 6%
anual efectivo que resulte demostrado.
SEXTA: Reconocida la indemnización de los perjuicios causados por la parte
demandada a la parte demandante, en el valor estimado o en la suma superior que
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
se fije, ORDENAR la indexación de dichos valores, teniendo como base el índice de
precio al consumidor de la ciudad de Cartagena de Indias (Bolívar), desde la fecha
Octubre 9 de 2007 (fecha de estructuración de la invalidez) hasta antes de la
notificación del auto admisorio de la presente demanda a la parte demandada, más
los interés legales del 6% anual efectivo que se causen.
SÉPTIMA: Reconocida la indemnización de los perjuicios causados por la parte
demandada a la parte demandante, en el valor estimado o en la suma superior que
se fije y notificada a la parte demandada del auto admisorio de la presente demanda,
ORDENAR a esta ultimo (parte demandada) que pague a la parte demandante los
intereses moratorios generados de tales perjuicios (sobre la cuantía impuesta
judicialmente) a la tasa máxima fijada por la Superintendencia Financiero desde la
fecha de la notificación del auto admisorio de la presente demanda a la parte
demandada hasta la fecha en que se efectué el pago total de las obligaciones
indemnizatorias pretendidas.
OCTAVA: Reconocidos judicialmente los anteriores perjuicios causados a la parte
demandante por la parte demandada, con su correspondiente indexación e intereses
moratorios y legales del 6% anual efectivo que se generen, ORDENAR a esta última
(parte demandada), de forma solidaria, a que repare el daño emergente futuro de la
parte demandante, por las erogaciones y gastos en que incurrió por los servicios
jurídicos especializados ofrecidos y prestados por el profesional del derecho
ARMANDO ARRÁZOLA MORALES en el presente proceso. Estímese
económicamente en el 49 % de las pretensiones que sean reconocidas
judicialmente.
NOVENA: ORDENAR a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA a que le pida perdón
al señor JOSE DEL CARMEN MORALES RAMOS por haberle negado
antijurídicamente la pensión de invalidez que reclamó, por conducto de los medios
de telecomunicación televisivos de circulación nacional: RCN y CARACOL, entre las
horas de: 7 p.m. a 8. p.m., por el termino de 10 minutos, en el plazo máximo de diez
(10) días hábiles, contados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia definitiva,
so pena a que la parte demandada triplique el pago (solidariamente) de las
indemnizaciones de los perjuicios que se reconozcan a favor de mi Mandante.
DÉCIMA: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
(COLPENSIONES) a que le pida perdón al señor JOSE DEL CARMEN MORALES
RAMOS por haberle negado antijurídicamente la pensión de invalidez que reclamó,
por conducto de los medios de telecomunicación televisivos de circulación nacional:
RCN y CARACOL, entre las horas de: 7 p.m. a 8. p.m., por el termino de 10 minutos,
en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de ejecutoria
de la sentencia definitiva, so pena a que la parte demandada triplique el pago
(solidariamente) de las indemnizaciones de los perjuicios que se reconozcan a favor
de mi Mandante.
DÉCIMA PRIMERA: ORDENAR a la CORTE CONSTITUCIONAL a que le pida
perdón al señor JOSE DEL CARMEN MORALES RAMOS por conducto de los
medios de telecomunicación televisivos de circulación nacional: RCN y CARACOL
entre las horas de: 7 p.m. a 8. p.m., por el termino de 10 minutos, en el plazo máximo
de diez (10) días hábiles, contados desde la fecha de ejecutoria de la sentencia
definitiva, so pena a que la parte demandada triplique el pago (solidariamente) de
las indemnizaciones de los perjuicios que se reconozcan a favor de mi Mandante,
por no haber seleccionado la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA que
interpuso este último contra EL JUZGADO SEGUNDO (2) LABORAL DEL
CIRCUITO DE CARTAGENA Y LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, así como también, por no haber
ordenado el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que reclamó mi
Mandante con base en su propio jurisprudencia constitucional.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
DÉCIMA SEGUNDA: TRASLADAR a la parte demandada la carga de probar los
hechos que no logran ser demostrados, en aplicación del principio probatorio de la
carga dinámica de la prueba, por ejercer una posición dominante en el sistema
judicial y por encontrarse en mejores condiciones de acreditarlos.
DÉCIMA TERCERA: CONDENAR en costa a la parte demandada.
B.-SUBSIDIARIA:
SUBSIDIARIA DE LA SÉPTIMA PRINCIPAL: Reconocida la indemnización de los
perjuicios causados por la parte demandada a la parte demandante, en el valor
estimado o en la suma superior que se fije y notificada a la parte demandada del
auto admisorio de la presente demanda, ORDENAR a esta última (parte
demandada) que pague a la parte demandante la indexación de dichos valores,
teniendo como base el índice de precio al consumidor de la ciudad de Cartagena de
Indias (Bolívar) desde le fecha de la notificación del auto admisorio de la presente
demanda a la parte demandada hasta la fecha en que se efectúe el pago total de
las obligaciones indemnizatorias pretendidas, más las intereses legales del 6%
anual efectivo que se causen»1.
Hechos
La demanda relató que, el 21 de febrero de 2008, José del Carmen Morales Ramos
solicitó al Instituto de Seguros Sociales-ISS el reconocimiento y pago de la pensión
de invalidez bajo el régimen pensional previsto en el Acuerdo 049 de 1990. Mediante
Resolución No. 020932 del 21 de octubre de 2008, el ISS negó la petición.
Inconforme con lo anterior, el demandante formuló demanda ordinaria laboral contra
Colpensiones. El asunto correspondió al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de
Cartagena, que negó las pretensiones de la demanda en sentencia del 19 de
noviembre de 2013. La anterior decisión fue confirmada por la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Cartagena el 10 de febrero de 2015.
El demandante formuló acción de tutela contra las sentencias del 19 de noviembre
de 2013 y 5 de mayo de 2015. La Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación
Laboral negó el amparo en fallo STL13152-2015 del 23 de septiembre de 2015, ya
que la decisión de segunda instancia no resultó lesiva de derechos fundamentales,
aunado a que no se cumplían los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. El
accionante impugnó la decisión, la cual fue confirmada por la Corte Suprema de
Justicia-Sala de Casación Penal en sentencia STP15613-2015 del 12 de noviembre
de 2015, con fundamentos de derecho similares. En auto del 10 de diciembre de
2015, la Corte Constitucional no seleccionó la tutela para su revisión.
1 Samai, índice 2, documento «006ED_01ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2», p. 70-75.
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Asunto: Reparación directa
Alegó que las decisiones relatadas son contentivas de error jurisdiccional, en tanto
desconocieron la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional que ha admitido el
reconocimiento de la pensión de invalidez bajo el artículo 6 del Acuerdo 049 de
1990. Ello constituyó un trato desigual frente a otros accionantes bajo supuestos de
hecho similares, cuyos asuntos fueron seleccionados por la Corte Constitucional y
en los cuales se otorgó el amparo. Además, implicó una infracción al principio
constitucional de progresividad y una aplicación limitada del principio de la condición
más beneficiada, lo cual impidió al demandante el acceso a su pensión de invalidez.
Lo anterior desembocó en la vulneración de sus derechos fundamentales a la
seguridad social, debido proceso, mínimo vital, igualdad y a la dignidad humana.
Por otra parte, el demandante cuestionó el estudio hecho por los jueces
constitucionales a los requisitos de procedibilidad de la tutela contra providencia
judicial. Manifestó que, según la Corte Constitucional, el establecimiento de un
término perentorio para la acción de tutela es inconstitucional. Además de ello,
indicó que la jurisprudencia constitucional ha calificado al recurso extraordinario de
casación como un medio judicial que no es eficaz o idóneo para la protección de
derechos fundamentales –sumado a que, en el caso particular, no se satisfacía el
requisito legal de cuantía para la procedencia de ese recurso–2.
Contestación de la demanda
La Nación-Rama Judicial, a través de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Cartagena, afirmó que las pretensiones de la demanda
carecen de sustento fáctico y jurídico. Argumentó que las sentencias se dictaron
dentro de la autonomía judicial y con arreglo a la ley y la jurisprudencia, de modo
que no son abiertamente contrarias a derecho ni incurrieron en error jurisdiccional.
Aunque la tutela no satisfacía los requisitos genéricos de procedencia, advirtió que
los jueces constitucionales resolvieron el fondo del debate y contrastaron los fallos
del proceso ordinario laboral con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Ello permitió concluir que las decisiones de los jueces laborales no fueron
caprichosas ni arbitrarias, sino que se dictaron conforme a la sana crítica.
2 Samai, índice 2, documento «006ED_01ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2», p. 1-107.
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Asunto: Reparación directa
A su turno, señaló que había criterios discordantes en la jurisprudencia frente al
alcance del principio de favorabilidad en materia laboral; la Corte Constitucional
planteaba una revisión en regreso de las normas derogadas, mientras que para la
Corte Suprema de Justicia solo es viable examinar el régimen inmediatamente
anterior. Advirtió que los jueces pueden apartarse del criterio de la Corte
Constitucional, inclusive sentado en sentencias de unificación, siempre y cuando
motiven suficientemente sus providencias.
En relación con lo actuado por la Corte Constitucional, indicó que la revisión de
acciones de tutela es eventual, facultativa y discrecional, de modo que el hecho de
no seleccionar un expediente para revisión no puede constituir error jurisdiccional3.
La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones presentó escrito de
contestación en forma extemporánea, según lo resuelto por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en auto del 31 de agosto de 20224.
Sentencia de primera instancia
El 13 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia
en la que negó las pretensiones de la demanda, debido a que no se configuró error
jurisdiccional en ninguna de las providencias atacadas.
Frente al incumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la tutela
contra providencia judicial, el Tribunal anotó que (i) la Corte Suprema de Justicia
determinó que la solicitud no se presentó dentro de un plazo razonable, ni se
presentaron circunstancias que justificara una inactividad superior a seis meses, y
(ii) en su criterio, la tutela sí cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto no se
satisfacía el requisito de cuantía para formular el recurso extraordinario de casación.
Además, al estudiar la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el
Tribunal remarcó que los fallos de tutela citaron la jurisprudencia aplicada por la
Corte Suprema de Justicia.
Visto lo anterior, el Tribunal concluyó que los fallos de tutela contenían un yerro en
lo atinente al requisito general de subsidiariedad. Sin embargo, ese error no tiene la
3
Samai, índice 2, documento «013ED_08Contestacionpdf(.pdf) NroActua 2».
4 Samai, índice 2, documento «032ED_27RechazaExcepciones(.pdf) NroActua 2».
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virtualidad de romper la presunción de legitimidad de las sentencias, por cuanto no
modifica su sentido ni desvirtúa los otros fundamentos de derecho. Añadió que, en
atención al carácter eventual y discrecional de la revisión de tutelas, no existe un
derecho subjetivo del tutelante a que la Corte elija su caso5.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia. Manifestó su desacuerdo con las anotaciones referidas al requisito de
inmediatez, por cuanto ambos fallos de tutela formularon un estudio de fondo frente
a la solicitud. A su vez, esgrimió que la decisión recurrida desatendió el carácter
irrenunciable de la pensión de invalidez y su trasgresión continua en el tiempo,
situación que comprende una excepción a la inmediatez. En su criterio, el Tribunal
no tuvo en cuenta las condiciones del demandante en su invalidez y escasez de
recursos económicos, las cuales ameritaban un tratamiento positivo diferenciador.
Por otra parte, alegó que la sentencia de primer grado desconoce el rol de la Corte
Constitucional como intérprete de la Constitución de 1991, en tanto ha revocado
«centenares de sentencias de tutelas» que desconocían su criterio jurisprudencial.
Añadió que la decisión omitió el error de la Corte Constitucional al no motivar el auto
del 10 de diciembre de 2015, que no seleccionó su acción de tutela para revisión.
En vista de que la sentencia dictada por el Tribunal «avaló» los fallos contentivos
de error judicial, le endilgó las infracciones alegadas en la demanda. Concluyó que,
sin estos yerros, el sentido de la decisión sería condenatorio a su favor6.
Trámite de segunda instancia
El 12 de mayo de 2025, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y, el 19 de
enero de 2026, el Despacho lo admitió8. Ejecutoriado ese auto, el expediente
ingresó al despacho del Consejero sustanciador para proferir sentencia, conforme
al trámite previsto en el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Las partes y el Ministerio
Público guardaron silencio9.
5 Samai, índice 2, documento «054ED_49SenRepDirMoralesCo(.pdf) NroActua 2».
6 Samai, índice 2, documento «056ED_51ApelacionSentencia(.pdf) NroActua 2».
7 Samai, índice 2, documento «004ED_6_Autoconcedere_Conc(.pdf) NroActua 2».
8
Samai, índice 7.
9 Samai, índice 13.
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CONSIDERACIONES
1. La demanda se presentó el 10 de octubre de 2017, por ello, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
–en adelante, CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA10, este código empezó
a regir el 2 de julio de 2012 y solo se aplica a los procedimientos y actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se
instauren con posterioridad a su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al
artículo 306 de este código11, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código
General del Proceso –en adelante, CGP– en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.
Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias por
la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad
estatal, según el artículo 104 del CPACA12. El Consejo de Estado es competente en
segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del
CPACA13, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo, esta
Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión
material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA 14,
10
«Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
11 «Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
12 «Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones,
sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando
ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a la
responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]».
13 «Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo
de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación […]».
14 «Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa,
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esto es, $368.858.50015.
Medio de control procedente
3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo16, en este caso por los
presuntos errores jurisdiccionales endilgados a la administración de justicia
(artículos 90 de la CN y 140 del CPACA).
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en reparación directa, según el literal i)
del artículo 164.2 del CPACA17 es de dos años, contados a partir del día siguiente
al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y
siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su
ocurrencia.
En los eventos de error jurisdiccional, el cómputo de la caducidad inicia a partir del
día siguiente al de la ejecutoria de la providencia acusada de contener el error
jurisdiccional, puesto que solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento
de la antijuricidad del daño18. Cuando el error esté contenido en un fallo de tutela, el
plazo para formular la demanda iniciará el día siguiente desde la notificación del
auto que excluyó de revisión el fallo de tutela o desde la ejecutoria de la sentencia
que resuelva la revisión eventual19.
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes […]».
15 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2017, $737.717, por 500.
16 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por
actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
17 «Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada: […] 2. En los
siguientes términos, so pena de que opere la caducidad: […] i) Cuando se pretenda la reparación directa, la
demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia […]».
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, rad. 17493, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez (E); y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, rad.
38833, M.P. Ramiro Pazos Guerrero.
19
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección C, sentencias del 22 de mayo de 2024, rad. 65432, del 23
de septiembre de 2024, rad. 67711, y del 11 de agosto de 2025, rad. 70495.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
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Asunto: Reparación directa
Ahora bien, al hacer una revisión preliminar sobre la oportunidad de la demanda,
por auto de ponente del 26 de mayo de 2020 se determinó lo siguiente:
«La demanda alegó que se configuró un error jurisdiccional en las providencias
proferidas dentro de un proceso ordinario laboral y en el trámite de una acción de
tutela interpuesta contra las decisiones proferidas en un proceso ordinario laboral
por el juez de primera y segunda instancia. Como el 10 de febrero de 2015 quedó
ejecutoriada la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, que
confirmó la decisión de negar el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor
del demandante, proferida en audiencia y notificada en estrados (f. 182 c.1), el
término de dos años empezó a correr desde el 11 de febrero de 2015 y venció el 13
de febrero de 2017, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 118 CGP).
Como la solicitud de conciliación y la demanda se presentaron el 10 de agosto de
2017 y el 10 de octubre de 2017, respectivamente (f. 1 y 76 c.1), operó el fenómeno
preclusivo de la caducidad por el alegado error jurisdiccional de las providencias que
negaron el reconocimiento de una pensión de invalidez a favor del demandante.
Frente a las providencias proferidas por la Sala de Casación Laboral de la Corte
Suprema de Justicia el 23 de septiembre de 2015 y la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia el 12 de noviembre de 2015, el demandante conoció de
la antijuridicidad del daño alegado por el presunto error jurisdiccional de las
sentencias de tutela, contra las decisiones proferidas en el trámite del proceso
ordinario laboral, con la notificación del auto que excluyó de revisión ese trámite por
parte de la Corte Constitucional. Como el 18 de enero de 2016 la Corte
Constitucional notificó por estado el auto que excluyó de revisión el fallo de tutela20,
el término de dos años empezó a correr desde el 19 de enero de 2016 y venció el
19 de enero de 2018. De manera que, como la demanda se presentó el 10 de
octubre de 2017 (f. 1 c. 1), no operó la caducidad del término para demandar el error
judicial contenido en estas providencias (…)»21.
La Sala acoge los argumentos expuestos en la decisión precitada. En complemento
de lo expuesto se precisa que la acción de tutela, en modo alguno, puede prolongar
el inicio del cómputo de la caducidad frente a las decisiones judiciales
controvertidas. La tutela no constituye un «recurso de ley» en los términos del
artículo 67 de la Ley 270 de 1996, sino un mecanismo autónomo previsto en el
artículo 86 de la Constitución –y sus normas reglamentarias, como el Decreto 2591
de 1991 y el Decreto 306 de 1992– para la protección de derechos fundamentales.
Su autonomía implica que el conteo del término de caducidad es independiente
respecto de las providencias del juez ordinario y los fallos del juez constitucional22.
20 La Corte Constitucional le asignó a la acción de tutela el radicado interno no. T5282741. Cfr.
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/estadost/ESTADO%20AUTO%20%20DICIEMBRE%20DE%
202015.pdf
21 Samai, índice 2, documento «009ED_04ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2», p. 43-46; extracto citado en p.
44-45.
22
Ver: Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, sentencias del 17 de julio de 2025, rad. 72303, y del
1 de diciembre de 2025, rad. 67189.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
Legitimación en la causa
5. José del Carmen Morales Ramos es la persona sobre la que recae el interés
jurídico que se debate en el proceso, porque fue el demandante en la acción de
tutela rad. 11001-02-05-000-2015-01160-00/02 (en adelante, rad. 2015-01160-
00/02), que concluyó con providencias judiciales desfavorables a sus pretensiones.
La Nación-Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, al ser la entidad
que profirió las providencias en las que, se afirma, se configuró error jurisdiccional.
Está representada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
de Cartagena, con arreglo al artículo 103.7 de la Ley 270 de 1996.
La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones carece de legitimación
en la causa por pasiva, comoquiera que esa autoridad no profirió las providencias
supuestamente constitutivas de error jurisdiccional. En ese sentido, las pretensiones
de condena solidaria a cargo de dicha entidad carecen de asidero, por cuanto no
hallan respaldo en una acción u omisión constitutiva de daño antijurídico.
En gracia de discusión, aun si la demanda hubiera referido como fuente de la
responsabilidad solidaria a la Resolución No. 020932 del 21 de octubre de 2008
–que negó la pensión de invalidez–, resultaría inviable proveer sobre esa cuestión
en el asunto de la referencia. Es evidente que no se satisfacen los presupuestos
procesales, en tanto el medio de control de reparación directa no procede para
adelantar el juicio de legalidad sobre el acto referido y el ejercicio del derecho de
acción se efectuó casi 9 años después de la expedición del acto. Más aún: la
Resolución 020932 de 2008 ya fue objeto de controversia judicial, la cual fue
resuelta por la jurisdicción ordinaria laboral en sentencia de segunda instancia del
10 de febrero de 2015, decisión ejecutoriada y que hizo tránsito a cosa juzgada.
Problema jurídico
6. Corresponde a la Sala determinar si se configuró error jurisdiccional en las
sentencias proferidas en una acción de tutela, así como el auto que excluyó de
revisión eventual la tutela referida.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
Análisis de la Sala
El daño antijurídico, presupuesto de la responsabilidad por error
jurisdiccional
7. El error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley
270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, que en el artículo 65
establece que quien haya sido víctima de un error de esta naturaleza podrá
demandar al Estado reparación de perjuicios. El artículo 66 de esa norma definió el
error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, que se materializa a
través de una providencia contraria a la ley.
La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de esa norma a que dicho error
se materialice en una providencia judicial y a que encuadre dentro de los mismos
presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una «vía de hecho». Señaló:
«Sea lo primero advertir que la presente situación, como lo señala la norma, se
materializa únicamente a través de una providencia judicial; es decir, cualquier otra
actuación de un administrador de justicia, así sea en ejercicio de sus labores
públicas, deberá ser evaluada a la luz de la responsabilidad del Estado en los
términos de la Constitución y la ley, y no dentro de los parámetros que en esta
oportunidad ocupan la atención de la Corte.
En segundo lugar, debe decirse que el error jurisdiccional no puede ser analizado
únicamente desde una perspectiva orgánica como parece pretenderlo la norma bajo
examen. Por el contrario, la posible comisión de una falla por parte del administrador
de justicia que conlleve la responsabilidad patrimonial del Estado, debe ser
estudiada desde una perspectiva funcional, esto es, bajo el entendido de que al juez,
por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para
interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las
normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del
respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). Dentro de este orden de ideas, se insiste,
es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese
respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no
puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre
interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el
contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una
actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del
debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha
desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente
de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas -según los
criterios que establezca la ley-, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras
palabras, considera esta Corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse
dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
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Asunto: Reparación directa
revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”»23 (se
destaca).
De acuerdo con dicha disposición, tal como quedó después de su condicionamiento
de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe realizarse desde una
perspectiva funcional que reconoce la autonomía del juez. Por ello, el error
jurisdiccional no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de
la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en «una actuación
subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso».
Por su parte, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, la procedencia de la
reparación derivada del error jurisdiccional exige que: (i) el afectado hubiere
interpuesto los recursos de ley y (ii) que la providencia contentiva de error esté en
firme. Los «recursos de ley» deben entenderse como los recursos ordinarios de
impugnación de providencias, que pueden interponerse sin sujeción a las rígidas
causales que operan para los extraordinarios y que no requieren de la presentación
de una demanda adicional24.
Caso concreto
8. La demanda reclamó perjuicios por el error jurisdiccional de la Rama Judicial,
contenido en los fallos del 23 de septiembre y 12 de noviembre de 2015, que
negaron una solicitud de tutela que el accionante promovió contra unas sentencias
dictadas en la jurisdicción ordinaria laboral. A su turno, reprocha el auto del 10 de
diciembre de 2015, por el cual la Corte Constitucional no seleccionó la tutela para
su revisión.
9. La Sala advierte que no es procedente endilgar error jurisdiccional a la sentencia
STL13152-2015 del 23 de septiembre de 2015, dictada por la Corte Suprema de
Justicia-Sala de Casación Laboral en la primera instancia de la acción de tutela rad.
2015-01160-00 (número interno 41222). El artículo 67 de la Ley 270 de 1996 exige
que la providencia contentiva de error se encuentre en firme. Esta situación jurídica
no se predica de aquel fallo porque, precisamente, fue objeto de impugnación.
23
Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996 [fundamento jurídico vi].
24 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad. 33733.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
10. Obra en el expediente la sentencia STP15613-2015 del 12 de noviembre de
2015, rad. 2015-01160-02 (número interno 82551)25, dictada por la Corte Suprema
de Justicia-Sala de Casación Penal-Sala de Decisión de Tutelas No. 2. Esta
providencia resolvió la impugnación presentada por el accionante José del Carmen
Morales Ramos contra la sentencia STL13152-2015 del 23 de septiembre de 2015,
que negó el al amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital, seguridad social y dignidad humana.
La controversia constitucional se contrae a las sentencias del 19 de noviembre de
2013 y 10 de febrero de 2015, que negaron una demanda ordinaria laboral contra
Colpensiones para el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. Estas
decisiones estimaron que el demandante no cumplía los requisitos previstos en las
leyes 100 de 1993 y 860 de 2003 para acceder a esa prestación. Añadieron que no
procedía la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto el principio de la
condición más beneficiosa solo aplicaba respecto del régimen pensional
inmediatamente anterior –v.gr. Ley 100 de 1993–.
La parte actora expresó haber cotizado 628 semanas antes de la entrada de
vigencia de la Ley 100 de 1993 y que el 9 de octubre de 2007 se dictaminó la pérdida
de su capacidad laboral en un 55,54%, situaciones fácticas que dan lugar al
reconocimiento pensional con base en el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del
principio a la condición más beneficiosa.
El ad quem decidió confirmar el fallo impugnado, en atención a la falta de
vulneración de derechos fundamentales. Anotó que el proceso judicial primigenio se
adelantó bajo los parámetros del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social,
lo cual garantizó el debido proceso. Además, las sentencias objeto de reproche
fueron proferidas por las autoridades competentes y contienen las razones fácticas
y jurídicas que permitieron desestimar el reconocimiento de la pensión de invalidez.
En efecto, al dictar la sentencia del 10 de febrero de 2015, el Tribunal Superior de
Cartagena agotó el estudio del acervo probatorio, así como de la normativa y
jurisprudencia aplicable al asunto, y expuso las siguientes razones para confirmar
la denegación de las pretensiones de la demanda laboral:
25 Samai, índice 2, documento «008ED_03ExpedienteDigitali(.pdf) NroActua 2», p. 340-363.
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Demandante: José del Carmen Morales Ramos
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«(...) En principio la ley aplicable es la ley 100 modificada por el articulo 39 por la ley
860 de 2003, en la que se necesitaba que se tuviese 50 semanas cotizadas en los
3 últimos años anteriores a la estructuración, requisito que no se cumple.
Conforme al principio de la condición más beneficiosa tendríamos que acudir a la
Ley 100 en su redacción original. Esta norma exigía que el afiliado que hubiera
estado cotizando al régimen, hubiera cotizado por lo menos 26 semanas o que en
caso de haber dejado de cotizar al sistema, hubiera efectuado por lo menos 26
semanas en el año inmediatamente anterior.
En el caso específico, el demandante José Morales Ramos, vemos que cotizó
625,43 semanas, como se observa en su historia laboral visible a folio 135, y su
última cotización fue el 19 de agosto de 1994. De esta forma no tiene semanas
cotizadas en el año inmediatamente anterior al estado de invalidez, no cumpliendo
con el requisito de densidad de semanas exigibles en la ley 100 original, lo cual no
hace posible la aplicación de la condición más beneficiosa...»26.
Visto lo anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estimó
que la argumentación de la autoridad accionada no es lesiva de principios o valores
constitucionales, ni es caprichosa o arbitraria. Agregó que la labor interpretativa y
de raciocinio del juzgador no puede ser sustituida por el juez de tutela con la excusa
de tener una nueva o mejor concepción sobre el asunto bajo análisis. En ese
sentido, determinó que la tutela no es procedente para constituir una instancia
adicional o un mecanismo alternativo a los medios ordinarios de defensa judicial.
Por demás, indicó que el accionante disponía del recurso extraordinario de casación
para elevar sus reparos frente a lo resuelto por el Tribunal. Frente a ello, concluyó
que la acción de tutela no está prevista para enmendar la «negligente y
despreocupada» postura procesal de la parte interesada en controvertir la decisión.
11. Aunque la parte demandante invoca la supuesta afectación de derechos
fundamentales, con apoyo en el supuesto desconocimiento del principio de la
condición más beneficiosa, es evidente que aquel se dedica a insistir en un tema
que fue decidido por el juez constitucional acorde con el carácter subsidiario del
amparo, los lineamientos jurisprudenciales sobre la tutela contra providencia judicial
y el respeto por la autonomía e independencia de los jueces ordinarios laborales.
La parte actora edifica el supuesto error jurisdiccional en los siguientes argumentos:
(i) la aplicación estricta de los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad,
26 Ibidem, p. 356.
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y (ii) el desconocimiento del precedente de la Corte Constitucional sobre la
aplicación del principio de la condición más beneficiosa.
Estos argumentos se orientan a una controversia estrictamente jurídica sobre la
decisión. Más allá de ello, la Sala no les encuentra vocación de prosperidad. El
primero de ellos gira en torno a consideraciones que, si bien la Corte Suprema de
Justicia expuso para motivar su decisión, no constituyen el punto focal de la
argumentación. En efecto, aun cuando el juez constitucional consideró que no se
reunían los requisitos de procedencia de la tutela, el fallo agotó el estudio de fondo
y concluyó que las providencias judiciales atacadas no trasgredieron los derechos
fundamentales invocados en la tutela. Por ende, el desacuerdo en lo relativo a la
subsidiariedad e inmediatez de la tutela gira en torno a consideraciones secundarias
o accidentales de la decisión –obiter dicta–, lo cual es insuficiente para derribar el
sustento jurídico de la misma.
En lo relativo al precedente jurisprudencial, la demanda y la apelación invocan
múltiples sentencias de tutela dictadas por la Corte Constitucional27 en lo relativo a
la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 con fundamento en el principio de la condición
más beneficiosa, aun cuando dicho régimen pensional no fuera inmediatamente
anterior al de la causación del derecho. Destacó que estas decisiones, inclusive,
dejaron sin efecto varios fallos de la Corte Suprema de Justicia como juez de tutela.
La demanda, en particular, cita extractos de las sentencias T-668 de 2011 y T-872
de 2013, las cuales accedieron a las pretensiones de amparo de persona que
cotizaron más de 300 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993. También refirió que, según la sentencia SU-442 de 2016, el principio de la
condición más beneficiosa «no se restringe exclusivamente a admitir u ordenar la
aplicación de la norma inmediatamente anterior a la vigente, sino que se extiende a
todo esquema normativo anterior bajo cuyo amparo el afiliado o beneficiario haya
contraído una expectativa legitima, concebida conforme a la jurisprudencia».
En su criterio, estas decisiones configuran la siguiente subregla jurisprudencial:
«cuando una persona con pérdida de capacidad laboral superior al 50%, cotizó más
27 Refirió a las sentencias T-668 de 2011, T-298 de 2012, T-595 de 2012, T-553 de 2013, T-872 de 2013, T-012
de 2014, T-320 de 2014, T-714 de 2014, T-295 de 2015, T-065 de 2016, T-137 de 2016, SU-442 de 2016 y T-
068 de 2017.
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de 300 semanas antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tiene el derecho a
la pensión de invalidez, aunque no reúna las exigencias de la norma vigente al
momento de la fecha de estructuración de la invalidez».
En este aspecto de derecho, la Sala no desconoce que tanto la Corte Suprema de
Justicia como la Corte Constitucional mantienen interpretaciones diferentes sobre
el alcance del principio de la condición más beneficiosa. Esta discordancia jurídica
se halla expuesta en un reciente fallo de tutela, en el cual se estudió la aplicación
de ese principio frente a una pensión de sobreviviente. Se extrae lo relevante:
«67. La Corte Constitucional ha identificado desacuerdos interpretativos con la Sala
de Casación Laboral de la Corte Suprema respecto a la aplicación y alcance de la
condición más beneficiosa28. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha
considerado que la condición más beneficiosa únicamente permite aplicar el
régimen pensional inmediatamente anterior al de la fecha en que fallece el afiliado29.
De igual forma, ha considerado que existe un límite temporal para aplicar el régimen
anterior, es decir la Ley 100 de 1993 en su versión original, denominada zona de
paso. Este límite temporal admite la aplicación de la condición más beneficiosa, si
la fecha del fallecimiento del afiliado se encontré (sic) entre el 29 de enero de 2003
–fecha en la que entró en vigor la reforma contenida en la Ley 797– y el 29 de enero
de 200630.
68. La Corte Constitucional ha reconocido que, si bien la interpretación de la Corte
Suprema de Justicia es constitucionalmente admisible, su aplicación puede resultar
desproporcionada en casos que involucren a personas que se encuentren en una
situación acentuada de vulnerabilidad. En primer lugar, conforme a lo establecido
en la Sentencia SU-005 de 2018, la interpretación de la Corte Suprema resulta
constitucionalmente válida, toda vez que el Acuerdo 049 de 1990 perdió vigencia
varios años atrás y las solicitudes de reconocimiento pensional objeto de las
acciones de tutela estudiadas recientemente se realizaron muchos años después
de la entrada en vigor de la Ley 797 de 200331.
69. No obstante, cuando sobre la persona que solicita el reconocimiento pensional
recae una situación acentuada de vulnerabilidad que le impide soportar una
afectación intensa a sus derechos fundamentales, en especial el mínimo vital, la
aplicación de esa interpretación resulta desproporcionada. En estos casos, la Corte
Constitucional ha sostenido que las expectativas jurídicas de las personas en esta
situación merecen una protección reforzada, ya sea a través de medidas legislativas
o, en su ausencia, mediante decisiones jurisprudenciales32. En ese sentido, la
condición más beneficiosa debe aplicarse de manera amplia, sin restringirse
únicamente al régimen inmediatamente anterior –en el contexto específico de la
pensión de sobrevivientes– al fallecimiento del afiliado, sino también considerando
el Acuerdo 049 de 199033.
28 Corte Constitucional, sentencia SU-087 de 2025 y SU-442 de 2016.
29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencias SL188-2025 del 12 de febrero de 2025;
SL3476-24 del 06 de noviembre de 2024; SL835-2023 del 22 de marzo de 2023; y SL45650-2017 del 25 de
enero de 2017, entre otras.
30 Ibidem.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-005 de 2018.
32
Ibidem.
33 Corte Constitucional, sentencias SU-174 de 2025, T-181 de 2021, T-082 de 2018 y SU-005 de 2018.
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70. Como se anticipó al analizarse el cumplimiento del requisito de subsidiariedad
en el presente caso, el juez de tutela debe verificar –en el análisis de procedibilidad
y en el fondo– que sobre el accionante recaiga una situación acentuada de
vulnerabilidad (…)
(…)
72. Recientemente, en la Sentencia SU-174 de 2025, la Corte reiteró la necesidad
de acreditar que quien solicita la aplicación de un régimen pensional derogado en
virtud de la condición más beneficiosa se encuentra en una situación acentuada de
vulnerabilidad. Sin embargo, resolvió eliminar el test de procedencia como
metodología de análisis de la vulnerabilidad y, por lo tanto, estableció que este
análisis debe regirse por el principio de libertad probatoria. En los casos en los que
el juez de tutela verifique la situación de vulnerabilidad, “las sentencias de tutela
tendrán efecto declarativo del derecho y solo se podrá ordenar el pago de mesadas
pensionales a partir de la presentación de la acción de tutela” 34»35.
Con todo, esta divergencia de criterios no puede derivar en que la decisión adoptada
por la Corte Suprema de Justicia constituya una «actuación subjetiva, caprichosa,
arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso». Hay varias razones para
ello: (i) la Corte Constitucional ha estimado «constitucionalmente admisible» la línea
jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
adoptada en su rol de juez de casación, sin perjuicio de ciertas circunstancias de
relevancia constitucional que ameritan la intervención del juez de tutela; (ii) el fallo
STP15613-2015 del 12 de noviembre de 2015 se profirió con arreglo a la autonomía
e independencia que la Constitución otorga a los jueces (artículo 228), aunado a la
libertad probatoria reconocida en la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional,
y (iii) conforme al numeral 2 del artículo 48 de la Ley 270 de 1996, las decisiones
judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen carácter obligatorio
únicamente para las partes, y su motivación solo constituye criterio auxiliar.
Visto lo anterior, la discusión propuesta por la parte demandante gira en torno a un
asunto que no corresponde al juez de la responsabilidad del Estado cuando se
analizan los daños producidos por error jurisdiccional, puesto que lo que se pretende
es que se juzgue la decisión adoptada en cuanto a la aplicación de la ley y la
jurisprudencia constitucional al caso concreto. En este punto es pertinente recordar
que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de manera reiterada y uniforme, ha
sostenido que el título de imputación de error jurisdiccional no constituye una
instancia adicional que permita la impugnación de las providencias que tienen fuerza
de cosa juzgada, ni mucho menos se configura por el hecho de que la parte que
34
Ibidem.
35 Corte Constitucional, sentencia T-376 de 2025.
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resultó vencida en juicio esté en desacuerdo con las consideraciones contenidas en
la decisión judicial.
En conclusión, no se configuró un error jurisdiccional en los términos expuestos, ya
que no se aprecia en la decisión judicial una actuación caprichosa o subjetiva y la
demanda, en realidad, pretende la revisión de los fundamentos jurídicos del fallo,
situación que en modo alguno puede configurar un daño antijurídico.
12. Aunque las actuaciones adelantadas por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Cartagena y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena el 10 de
febrero de 2015 en el proceso ordinario laboral rad. 13001-31-05-002-2013-00133-
00/02 fueron excluidas de la controversia, por haber operado el fenómeno preclusivo
de la caducidad, los argumentos formulados en la demanda se contraen a insistir
en su desacuerdo con dichas providencias judiciales frente a la aplicación del
principio de la condición más beneficiosa.
El recurrente pretende plantear un error jurisdiccional en los fallos que desestimaron
una acción de tutela contra providencia judicial y, bajo esta premisa, revivir el
análisis de lo decidido en el proceso ordinario laboral rad. 13001-31-05-002-2013-
00133-00/02, asunto que ya hizo tránsito a cosa juzgada. Ello obliga a la Sala a
advertir que no procede ningún tipo de reclamación judicial para reclamar daños
ocasionados en las providencias judiciales dictadas en aquel trámite.
13. La demanda también alegó error jurisdiccional en la providencia de la Corte
Constitucional que excluyó de revisión eventual la tutela rad. 2015-01160-00/02.
Manifestó que el alto tribunal incumplió su obligación de garantizar la supremacía
constitucional, desatendió su posición de garante frente a los derechos
fundamentales en contienda y no motivó el referido auto.
Está acreditado que el expediente ingresó a la Corte Constitucional el 27 de
noviembre de 2015, bajo la radicación interna T-528274136, e ingresó a Sala de
Selección el 1 de diciembre de 201537. En oficio del 9 de marzo de 2016, la
Secretaría General de esa Corporación informó que el expediente referido fue
excluido de revisión, según lo resuelto en auto del 10 de diciembre de 201538.
36 Ibidem, p. 369.
37
Ibidem, p. 373.
38 Ibidem, p. 375.
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Asunto: Reparación directa
El artículo 33 del Decreto Ley 2591 de 1991, expedido con fundamento en el literal
b) del artículo transitorio 5 de la Constitución, dispuso que el auto de selección se
expide sin motivación expresa y según el criterio de los Magistrados designados
para tal fin. El legislador extraordinario no previó la revisión como una instancia
judicial a la que las personas tengan derecho a acceder, sino como un mecanismo
de unificación jurisprudencial sometido a una decisión sin motivación expresa y
según el criterio de la Corte Constitucional.
No puede perderse de vista que el Acuerdo 02 del 22 de julio de 2015, Reglamento
de la Corte Constitucional –vigente al momento de los hechos– dispone un conjunto
de criterios orientadores para la selección de tutelas en su artículo 52, «sin perjuicio
del carácter discrecional de la selección de fallos de tutelas y ante la inexistencia
constitucional de un derecho subjetivo a que un determinado caso sea
seleccionado». Tal cualidad potestativa también se predica de la insistencia,
prerrogativa dispuesta en el artículo 57 siguiente, según la cual «cualquier
Magistrado titular o directamente el Procurador General de la Nación, el Defensor
del Pueblo o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado podrá insistir en
la selección de una o más tutelas para su revisión», bajo los principios y criterios
que orientan el proceso de selección.
La Corte Constitucional, además de consolidar el carácter discrecional de la
competencia para seleccionar las tutelas para revisión, ha precisado que ese trámite
corresponde a un proceso deliberativo al interior de esa corporación judicial, el cual
inclusive está sujeto a reserva. Se cita lo pertinente:
«31. La Sala reitera que, en virtud de los artículos 86 de la Constitución y 33 del
Decreto Ley 2591 de 1991, la selección de las tutelas que serán objeto de
revisión por parte de esta Corporación es una competencia discrecional.
Aquella se ejerce a través de un proceso deliberativo complejo que involucra a todos
los despachos de la Corporación, el cual está sometido a reserva. Ello significa que
esta Corporación no está obligada a entregar los documentos que soporten sus
debates sobre la selección de un caso, ni a justificar las decisiones que
finalmente adopte sobre el asunto.
32. En efecto, el artículo 86 de la Constitución precisa que esta Corporación definirá
de manera discrecional los casos que serán sometidos a su revisión. Además, el
artículo 19 del Decreto Ley 2067 de 1991 dispone que “[l]as deliberaciones de la
Corte Constitucional tendrán carácter reservado. […] Salvo los casos provistos en
este Decreto, en las deliberaciones de la Corte no podrán participar servidores
públicos ajenos a ésta”. Eso significa que los documentos de trabajo que contienen
insumos para las deliberaciones que las anteceden están sujetos a reserva. Las
reseñas esquemáticas documentan parte de la deliberación que debe agotar esta
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
Corporación para la selección de un caso para su revisión, por tanto, están sujetas
a reserva»39 (se destaca).
La revisión de tutela no es una etapa procesal que se pueda catalogar como un
derecho de las personas y, además, el auto que decide la selección del expediente
es discrecional y no contiene una decisión motivada, de modo que no puede
alegarse como fundamento de un error jurisdiccional con las características que
exige el artículo 66 de la Ley 270 de 1996. Así, no procede la reclamación formulada
con motivo del trámite de selección adelantado por la Corte Constitucional.
14. Corolario de lo expuesto, la parte demandante no probó la configuración de un
error jurisdiccional con sujeción a las características y requisitos delineados en la
ley y la jurisprudencia de la Corporación. Por ende, la Sala únicamente modificará
la sentencia apelada en el sentido de declarar que Colpensiones carece de
legitimación en la causa por pasiva; lo restante se mantiene incólume.
Condena en costas
15. El artículo 188 del CPACA prescribe, salvo aquellos procesos en que se ventile
un interés público, que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas 40. Su
liquidación y ejecución se regirán por las normas del CPC, hoy CGP. Conforme al
artículo 361 del CGP, las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.
Estas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos del 362 al 366 del CGP.
El artículo 365 del CGP ordena condenar en costas a la parte vencida en el proceso
o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. Por su parte,
el numeral 8 del mismo artículo 365 del CGP dispone que «solo habrá lugar a costas
cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación».
39 Corte Constitucional, auto A-3009/23 del 29 de noviembre de 2003.
40 El inciso segundo del artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, dispone
que «[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó
la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». La Sala ha precisado que esta norma no modificó
el régimen de costas, ni mucho menos retomó el criterio subjetivo del CCA, sino que hizo extensivo la condena
en costas a aquellos casos en los que se ventile un interés general, siempre que la demanda sea
manifiestamente carente de fundamento legal. Ver: Consejo de Estado, sentencia del 9 de diciembre de 2025,
rad. 71798.
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
En relación con las agencias en derecho, conforme a lo previsto en el numeral 4 del
artículo 366 del CGP41, para su fijación deberán aplicarse las tarifas que establezca
el Consejo Superior de la Judicatura y se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y
duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales.
Procede la imposición de condena en costas de la segunda instancia, porque el
recurso interpuesto por la parte demandante no prosperó. No se impondrán
agencias en derecho de segunda instancia, dado que las autoridades que integran
la parte demandada no se opusieron al recurso de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, a efectos de DECLARAR la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia recurrida.
TERCERO: CONDENAR en costas de la segunda instancia a la parte demandante,
en favor de la demandada, sin agencias en derecho.
CUARTO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
41 «[…] 4. Para la fijación de agencias en derecho deberán aplicarse las tarifas que establezca el Consejo
Superior de la Judicatura. Si aquellas establecen solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en
cuenta, además, la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de
dichas tarifas […]».
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Radicación: 13001-23-33-000-2017-00933-02 (72971)
Demandante: José del Carmen Morales Ramos
Demandado Nación-Rama Judicial y otro
Asunto: Reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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