Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00965-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2017-00965-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-00965-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-00965-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Siete (07) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 13001-23-33-000-2017-00965-01 (0569-2026)1
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Demandado: Manuel Santiago Bravo Silgado
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de vejez, régimen de transición
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación, interpuestos por las partes, contra
la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar2, que accedió parcialmente las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, por conducto
de apoderado judicial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra el señor Manuel Santiago Bravo Silgado, con el propósito
de obtener la nulidad de la Resolución No. GNR 091374 del Once (11) de mayo
de Dos Mil Trece (2013), mediante la cual, se reconoció y ordenó el pago de
una pensión de vejez, al considerar que, dicha prestación fue otorgada sin el
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Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=130012333000201700965021100103.
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Sala conformada por los Magistrados Jean Paul Vásquez Gómez, Luis Miguel Villalobos Álvarez y Oscar Iván
Castañeda Daza.
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Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001.
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Número Interno: 0569-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Manuel Santiago Bravo Silgado
cumplimiento de los requisitos legales, particularmente en lo relativo a la
aplicación indebida del régimen de transición.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene al señor
Manuel Santiago Bravo Silgado, la devolución de las sumas pagadas en virtud
del referido acto administrativo, desde su inclusión en nómina de pensionados
y hasta tanto se disponga su suspensión o se declare su nulidad.
3. Asimismo, pidió que se ordene a la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS
S.A. el reintegro a favor de Colpensiones, de los valores girados por concepto
de aportes en salud correspondientes al pensionado, durante el mismo
período.
4. Finalmente solicitó que, las sumas a reintegrar sean debidamente
actualizadas, o que se reconozcan los intereses, a que haya lugar, con el fin
de evitar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y prevenir un detrimento
patrimonial a la entidad demandante.
1.2 Hechos
5. El señor Manuel Santiago Bravo Silgado, nació el Veinticuatro (24) de junio
de Mil Novecientos Cincuenta y Uno (1951), y efectuó traslado del régimen de
ahorro individual con solidaridad, al régimen de prima media con prestación
definida, el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Uno (2001).
6. Señaló la entidad demandante que, el Diecinueve (19) de noviembre de Dos
Mil Doce (2012), el demandado solicitó ante la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, el reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
la cual, fue reconocida mediante Resolución No. GNR 091374 del Once (11)
de mayo de Dos Mil Trece (2013), con fundamento en el Decreto 758 de 1990.
7. Indicó que, con posterioridad, la entidad negó la reliquidación de dicha
prestación mediante Resolución No. GNR 191889 del Veintiocho (28) de mayo
de Dos Mil Catorce (2014), y que, igualmente, rechazó la solicitud de
revocatoria directa a través de la Resolución No. GNR 170779 del Once (11)
de junio de Dos Mil Quince (2015).
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Manuel Santiago Bravo Silgado
8. Manifestó que, en desarrollo de dichas actuaciones, la Administradora
Colombiana de Pensiones – Colpensiones, solicitó el consentimiento expreso
del señor Manuel Santiago Bravo Silgado, para revocar el acto de
reconocimiento pensional, en los términos del artículo 97 de la Ley 1437 de
2011, el cual fue negado mediante comunicación radicada el Cinco (5) de
enero de Dos Mil Dieciséis (2016).
9. Finalmente, adujo que, en la misma oportunidad, el señor Manuel Santiago
Bravo Silgado, solicitó la reliquidación de su pensión de vejez, con una tasa
de reemplazo del 90%.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
10. La parte demandante invocó como normas vulneradas, los artículos
pertinentes de la Constitución Política; la Ley 100 de 1993; la Ley 33 de 1985;
la Ley 797 de 2003; el Acto Legislativo 01 de 2005; y el Decreto 758 de 1990,
como disposiciones aplicables al reconocimiento de la pensión de vejez.
11. Como concepto de violación, sostuvo que, el acto administrativo
demandado incurrió en violación directa de las normas en que debía fundarse,
al reconocer una pensión de vejez con aplicación indebida del régimen de
transición, sin que el beneficiario cumpliera los requisitos exigidos por la ley.
12. Señaló que, el demandado no acreditaba, al Primero (1º) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), los quince (15) años de servicios o
cotizaciones requeridos para conservar el régimen de transición, pues,
únicamente contaba con un total de 373 semanas cotizadas, equivalentes a
siete (7) años, tres (3) meses y un (1) día.
13. Indicó que, pese a lo anterior, la prestación fue reconocida con fundamento
en el Decreto 758 de 1990, lo cual, resultaba jurídicamente improcedente, en
tanto, la situación pensional del afiliado debía analizarse, conforme a la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.
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14. Finalmente, afirmó que, ante la imposibilidad de revocar directamente el
acto administrativo, sin el consentimiento del particular, la administración
acudió al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
ejercicio de la denominada acción de lesividad, con el fin de controvertir la
legalidad del acto y evitar un detrimento patrimonial.
2. Contestación de la demanda.
2.1 Parte demandada – Manuel Santiago Bravo Silgado4.
15. La parte demandada, por conducto de curador ad litem, se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la demanda y solicitó su rechazo, al considerar
que, carecen de fundamento fáctico y jurídico, en tanto, no desvirtúan las
decisiones judiciales y administrativas previamente adoptadas en favor del
demandado.
16. Sostuvo que, al demandado le fue reconocida pensión de vejez mediante
Resolución GNR 091374 del Once (11) de mayo de Dos Mil Trece (2013), con
aplicación del régimen de transición, y que, posteriormente, solicitó su
reliquidación al acreditar un mayor número de semanas cotizadas, lo cual,
implicaba una tasa de reemplazo superior.
17. Indicó que, si bien la entidad demandante negó la reliquidación, lo cierto
es que, dicha decisión desconoció que, el afiliado estuvo en situación de
múltiple afiliación, y fue reasignado al régimen de prima media, sin que hubiere
perdido los beneficios del régimen de transición, dado que, los aportes fueron
efectuados al sistema correspondiente.
18. Señaló que, en todo caso, el demandado acudió a la jurisdicción ordinaria
laboral, en la cual, se profirió sentencia el Dos (2) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), mediante la cual, se ordenó la reliquidación de la pensión de
vejez, circunstancia que, demuestra la existencia del derecho reclamado y
desvirtúa los argumentos de la entidad demandante.
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folio 127 a 128.
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Demandado: Manuel Santiago Bravo Silgado
19. Finalmente, manifestó su oposición a todas las pretensiones formuladas,
al estimar que, no existe fundamento para desconocer el derecho previamente
reconocido judicialmente, ni para ordenar reintegros o ajustes en contra del
demandado, por lo que, solicitó negar las pretensiones de la demanda.
3. La sentencia de primera instancia5.
20. La Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, y dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. GNR 091374 del 11
de mayo de 2013, a través de la cual Colpensiones ordenó el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez al señor Manuel Santiago Bravo Silgado, de
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
TERCERO: NO CONDENAR en costas.»
21. El Tribunal consideró que, si bien el señor Manuel Santiago Bravo Silgado,
cumplía con el requisito de edad al Primero (1º) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), no acreditaba el tiempo mínimo de cotización exigido
para ser beneficiario del régimen de transición, pues únicamente contaba con
373 semanas cotizadas, equivalentes a aproximadamente siete (7) años de
servicio.
22. Señaló que, en consecuencia, el reconocimiento pensional efectuado
mediante la Resolución No. GNR 091374 del Once (11) de mayo de Dos Mil
Trece (2013), se sustentó en una interpretación equivocada del artículo 36 de
la Ley 100 de 1993, al considerar únicamente el requisito de edad, sin verificar
el cumplimiento concurrente del tiempo de servicios exigido.
23. Asimismo, precisó que, al no cumplirse los requisitos del régimen de
transición, la prestación debía analizarse bajo las disposiciones del Sistema
General de Pensiones, lo que tornaba ilegal el acto de reconocimiento
pensional e imponía su anulación.
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Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 36Sentencia.
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24. No obstante, el Tribunal concluyó que, no era procedente ordenar la
devolución de las sumas percibidas por el señor Manuel Santiago Bravo
Silgado, en tanto, no se evidenció mala fe en su actuación, sino que, actuó
amparado en un acto administrativo expedido por la propia entidad, razón por
la cual, negó las demás pretensiones y mantuvo la no condena en costas.
4. Los recursos de apelación.
4.1 De la parte demandante6.
25. La parte demandante, por intermedio de su apoderada judicial, interpuso
recurso de apelación parcial, contra la sentencia del Treinta (30) de julio de
Dos Mil Veinticuatro (2024), al considerar que, la decisión desconoció el
restablecimiento integral del derecho, en particular, al negar la devolución de
las sumas pagadas y la condena en costas.
26. Sostuvo que, si bien el Tribunal declaró la nulidad del acto administrativo
que reconoció la pensión de vejez, incurrió en error, al negar el reintegro de
los dineros percibidos, al considerar acreditada la buena fe del demandado;
indicó que, en el caso concreto, no puede predicarse la buena fe del señor
Manuel Santiago Bravo Silgado, toda vez que, este conocía la irregularidad en
el reconocimiento pensional, especialmente cuando la entidad solicitó su
consentimiento para revocar el acto administrativo, el cual, fue negado
expresamente.
27. Afirmó que, dicha conducta desvirtúa la presunción de buena fe, pues el
demandado, pese a conocer la situación irregular, optó por mantener el
reconocimiento pensional, obligando a la entidad a acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa.
28. Señaló que, la negativa de ordenar la devolución de los recursos afecta la
sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, y configura un
enriquecimiento sin causa, en detrimento del patrimonio público, al
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Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). –
38RecursoApelación.
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mantenerse el pago de una prestación sin fundamento legal; en ese sentido,
solicitó revocar los numerales segundo y tercero de la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, ordenar el reintegro de las sumas pagadas
indebidamente y condenar en costas al demandado.
4.2 De la parte demandada7.
29. La parte demandada, por intermedio de su apoderada judicial, interpuso
recurso de apelación contra la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil
Veinticuatro (2024), al considerar que, la decisión de declarar la nulidad del
acto administrativo, desconoció su derecho a la pensión de vejez bajo el
régimen de transición.
30. Sostuvo que, el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria, al
no tener en cuenta las decisiones judiciales y documentales aportadas al
proceso, en las que, según afirma, se reconoció el derecho a la reliquidación
pensional y la aplicación de una tasa de reemplazo superior.
31. Indicó que, contrario a lo concluido en la sentencia, el señor Manuel
Santiago Bravo Silgado, sí cumplía con los requisitos previstos en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, al contar con más de mil trescientas (1300) semanas
cotizadas, lo que, en su criterio, le permitía acceder al régimen de transición.
32. Afirmó que, no perdió los beneficios del régimen de transición, pese a la
situación de multi afiliación, en tanto, no se evidenció traslado efectivo de
aportes al régimen de ahorro individual, por lo que debía aplicarse la condición
más beneficiosa.
33. Señaló que, el reconocimiento pensional constituye un derecho adquirido,
protegido constitucionalmente, que no puede ser desconocido por decisiones
administrativas o judiciales posteriores, en la medida en que, cumple con los
requisitos legales exigidos; en ese sentido, solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, mantener la validez del acto administrativo
que reconoció la pensión de vejez, así como las condiciones en que fue
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Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). –
39RecursoApelaciónDemandado.
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otorgada.
5. Trámite de segunda instancia
34. Con auto del Ocho (08) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante y en virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la etapa
de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.
6. Concepto del Ministerio Público.
35. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
36. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA9.
2.2 Problema jurídico
37. Corresponde a la Sala establecer:
¿Debe revocarse la sentencia del Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
6, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al declarar la
nulidad del acto administrativo, que reconoció la pensión de vejez al señor
Manuel Santiago Bravo Silgado? Con tal fin, se debe verificar:
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Índice 00004 expediente digital – Samai.
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Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
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Número Interno: 0569-2026
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
Demandado: Manuel Santiago Bravo Silgado
i) ¿El señor Manuel Santiago Bravo Silgado, cumplía con los
presupuestos para ser beneficiario del régimen de transición, en
particular, en lo relacionado con el número de semanas cotizadas al
Primero (1º) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), o, por
el contrario, el reconocimiento pensional se efectuó sin fundamento
legal?
ii) ¿Es procedente ordenar el restablecimiento del derecho, en favor de
la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
consistente en el reintegro de las sumas pagadas, con ocasión del
reconocimiento pensional, o, por el contrario, dicho reintegro resulta
improcedente en atención al principio de buena fe del demandado?
38. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.
2.3 Marco normativo y jurisprudencial.
2.3.1 Régimen de transición pensional y efectos del traslado entre
regímenes en el Sistema General de Pensiones.
39. Con la expedición de la Constitución Política de 1991, se realizó un cambio
estructural en el Estado, por cuanto, el artículo 48 estableció que, la seguridad
social, es un servicio público de carácter obligatorio, lo que dio origen, a un
nuevo esquema, con la expedición de la Ley 100 de 1993, mediante la cual,
se creó el sistema integral, con dos regímenes pensionales; el primero el
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el segundo el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
40. Las personas afiliadas, podían escoger libremente entre estos dos citados
regímenes; además, la precitada ley, permitió que, el tiempo laborado o
cotizado en el sector privado o como servidor público fuera contabilizado para
efectos de pensión, fijando así nuevas reglas y requisitos para el
reconocimiento de las pensiones.
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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones
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41. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció un régimen de transición,
para los afiliados al sistema pensional, de modo que, aquellos que, contaran
con 15 años o más de servicios cotizados o tuvieran 40 años de edad para los
hombres y las mujeres 35 años para las mujeres, podían acogerse a este
régimen. Esto les garantizaba que su pensión sería reconocida conforme a los
requisitos de edad, tiempo de servicios y cuantía del régimen anterior
conservando así los beneficios especiales del régimen de transición.
42. La Corte Constitucional mediante sentencia C-789 de 2002, tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, indicando que, las personas que estuvieron afiliadas al régimen
de prima media con prestación definida, que se trasladaron al régimen de
ahorro individual con solidaridad y posteriormente deciden regresar al de
prima media, tienen derecho a que se les aplique el régimen de transición,
siempre y cuando hubiesen cumplido con más de 15 años de cotizaciones
equivalentes a 750 semanas al 1° de abril de 1994, fecha en que entró en
vigencia la mencionada Ley para empleados del orden nacional y para el
sector privado10.
43. Luego, con la expedición de la ley 797 de 2003, por la cual se modifica la
ley 100 de 1993, estableció en artículo 13 las características del sistema
general de pensiones y en el literal e) estableció que, « los afiliados al Sistema
General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez
efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada
cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia
de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10)
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez».
44. Posteriormente, se expidió el Decreto 3800 de 2003, en el artículo 3
dispuso:
«Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 23 de
octubre de 2014, radicación 25000-23-25-000-2011-01087-01(0803-13), consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, actor: Nubia María López Pérez, demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Sección
Segunda, mediante Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp 1095-07, acción de simple nulidad contra el literal b) del
artículo 3 del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, por el cual se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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Demandado: Manuel Santiago Bravo Silgado
persona que a 1 de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo
con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan
las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y
cuando …
(…) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se
traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, y
(…)».
45. Con la expedición del acto Legislativo 01 de 2005, se adiciona el artículo 48
de la Constitución Política, mediante la cual, establece como límite temporal al
régimen de transición el 31 de diciembre de 2010, excepto para quienes
ostentaran la calidad de beneficiarios del régimen de transición y tuviesen al
menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la
fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional, evento en el que el
régimen de transición se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2014.
46. Después, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-130 de 2013,
reafirma que solo los afiliados que al 1° de abril de 1994 disponían con quince
(15) o más años de servicios cotizados equivalentes a 750 semanas pueden
trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) conservando los
beneficios del régimen de transición.
47. Del análisis normativo y jurisprudencial se concluye que, a partir del 1º de
abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, los
beneficiarios del régimen de transición, regulado en el artículo 36, que a esa
fecha tengan al menos 750 semanas cotizadas equivalentes a 15 años o más
de servicios cotizados y que se hayan trasladado al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS) y que no hayan regresado aún al Régimen
de Prima Media con Prestación Definida (RPM), tienen el derecho de volver al
RPM en cualquier momento, conservando los beneficios del régimen de
transición.
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2.3.2 Devolución de sumas pagadas11.
48. Debe señalarse que, según el artículo 8312 de la Carta Política, la buena
fe se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-131
de 200413, definió el principio general de la buena fe, así:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho14, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
49. En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores
recibidos por aquellas personas, a las que se les haya reconocido una
prestación, sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía,
en el proceso deberá estar probada, la mala fe con que pudieron actuar para
obtener el pago de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una
presunción que requiere ser desvirtuada.
11
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-
23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
12
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
13
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
14
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
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50. En ese sentido, se pronunció esta Sala el 23 de marzo de 201715, al estimar
que «[…] la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a
verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la
administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra
demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe
hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y
autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y
oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato
Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta». Criterio reiterado por esta subsección, el 16 de agosto
de 201816.
2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.
51. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:
52. Mediante Resolución No. GNR 091374 del Once (11) de mayo de Dos Mil
Trece (2013)17, expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, se reconoció y ordenó el pago de una pensión mensual vitalicia
de vejez al señor Manuel Santiago Bravo Silgado, identificándose que cumplía
con los requisitos de edad y semanas cotizadas, al acreditar un total de Mil
Ciento Quince (1.115) semanas y contar con Sesenta y Un (61) años de edad
a la fecha del reconocimiento.
53. En el referido acto administrativo, se determinó como ingreso base de
liquidación la suma de Tres Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Seiscientos
Ochenta y Dos Pesos ($3.165.682), al cual, se aplicó un porcentaje del
Ochenta y Uno por ciento (81%), fijando una mesada pensional inicial de Dos
Millones Quinientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Dos Pesos ($2.564.202),
15
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
17
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 16 a 20.
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con disfrute a partir del Trece (13) de abril de Dos Mil Trece (2013); asimismo,
la resolución en cita, dejó constancia que, el reconocimiento pensional se
efectuó en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990, teniendo en
cuenta las condiciones particulares del afiliado y el principio de favorabilidad.
54. Obra en el expediente, la liquidación anexa a la Resolución No. GNR
091374 del Once (11) de mayo de Dos Mil Trece (2013) 18, mediante la cual,
se detallan los ingresos base de cotización del señor Manuel Santiago Bravo
Silgado, a lo largo de su vida laboral, los cuales, fueron tenidos en cuenta para
la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión reconocida. De
acuerdo con dicha liquidación, se registran cotizaciones desde el Treinta y Uno
(31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Seis (1986), así:
55. Mediante Resolución No. GNR 225350 del Dos (2) de septiembre de Dos
18
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 21 a 25.
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Mil Trece (2013)19, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, negó el reconocimiento y pago de una pensión de vejez,
solicitada por el señor Manuel Santiago Bravo Silgado, al evidenciar que, el
interesado ya contaba con una prestación económica reconocida dentro del
Sistema General de Pensiones, incompatible con la solicitada, conforme a lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley 100 de 1993.
56. Posteriormente, mediante Resolución No. GNR 191889 del Veintiocho (28)
de mayo de Dos Mil Catorce (2014)20, la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones, negó la reliquidación de la pensión de vejez
solicitada por el interesado, al establecer que, no cumplía con los requisitos
para conservar el régimen de transición, en tanto no acreditaba quince (15)
años de servicios al Primero (1º) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), debiendo, en consecuencia, analizar su prestación a la luz de la Ley
797 de 2003.
57. Obra certificación expedida por la sociedad Coremar S.A.S., de fecha
Primero (1º) de agosto de Dos Mil Trece (2013)21, en la cual, se hace constar
que, el señor Manuel Santiago Bravo Silgado, se encontraba vinculado
laboralmente al momento de expedirse la certificación, indicando su
antigüedad en el Grupo Coremar, desde el Dieciocho (18) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Dos (1992).
58. Así mismo, obra certificación expedida por la sociedad Coremar S.A.S., del
Dieciséis (16) de junio de Dos Mil Catorce (2014)22, en la cual, se señala que,
el señor Manuel Santiago Bravo Silgado, labora en dicha empresa desde el
Primero (1º) de mayo de Dos Mil Uno (2001), y que, desde el inicio de la
relación laboral, se han efectuado los aportes al sistema pensional a través de
Colpensiones.
19
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 26 a 28.
20
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 29 a 31.
21
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). –
21RespuestaJuzgadoOctavoLaboral 008-2016-00280 – EXPEDIENTE ADMI. 280-2016 – MANUEL BRAVO
SILGADO CC-9081612 – GEN-ANX-CI-2015_1780325-20150227161249 – folio 1.
22
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). –
21RespuestaJuzgadoOctavoLaboral 008-2016-00280 – EXPEDIENTE ADMI. 280-2016 – MANUEL BRAVO
SILGADO CC-9081612 – GEN-ANX-CI-2015_1780325-20150227161249 – folio 2.
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59. Mediante Resolución No. GNR 170779 del Once (11) de junio de Dos Mil
Quince (2015)23, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
resolvió no acceder a la solicitud de revocatoria directa interpuesta por el señor
Manuel Santiago Bravo Silgado, contra la Resolución No. GNR 191889 del
Veintiocho (28) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), al considerar que, no se
configuraban las causales previstas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.
60. Obra comunicación suscrita por Protección S.A., de fecha Veintitrés (23)
de enero de Dos Mil Quince (2015)24, mediante la cual, se da respuesta a una
petición presentada por el señor Manuel Santiago Bravo Silgado, informando
que, en desarrollo de un proceso de depuración de la información de afiliados,
se detectó que, el señor Manuel Santiago Bravo Silgado aparecía
simultáneamente afiliado al Régimen de Prima Media, administrado por el
Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— y al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad; asimismo, se indicó que, la afiliación válida
correspondía al Instituto de Seguros Sociales —hoy Colpensiones— y que, no
se evidenciaban aportes en la cuenta individual, que dieran lugar a traslado de
23
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 32 a 36.
24
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). –
21RespuestaJuzgadoOctavoLaboral 008-2016-00280 – EXPEDIENTE ADMI. 280-2016 – MANUEL BRAVO
SILGADO CC-9081612 – GEN-ANX-CI-2015_1780325-20150227161249 – folio 3.
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recursos, así:
61. A través de la Resolución No. GNR 325102 del Treinta y Uno (31) de
octubre de Dos Mil Dieciséis (2016)25, la entidad negó nuevamente la
reliquidación de la pensión de vejez, reiterando la improcedencia de modificar
el monto de la prestación, al no evidenciarse valores a favor del pensionado, y
destacando que, el estudio efectuado bajo la normativa vigente, arrojaba una
mesada inferior a la reconocida inicialmente.
62. Obra certificación expedida por la Dirección Nacional de Nómina de
Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones,
el Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017)26, mediante la cual, se
hace constar que, al señor Manuel Santiago Bravo Silgado le fue reconocida
pensión de vejez mediante Resolución No. GNR 091374 del año Dos Mil Trece
25
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 37 a 43.
26
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 45.
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(2013), registrando su inclusión en nómina, a partir del mes de mayo de dicha
anualidad, encontrándose en estado activo para la fecha de expedición del
documento.
63. Posteriormente, mediante certificación de devengados y deducidos
expedida el Once (11) de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017)27, la misma
entidad indicó que, durante el periodo comprendido entre agosto de Dos Mil
Catorce (2014) y agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), al pensionado le fueron
girados valores por concepto de mesada pensional, registrando para dicha
anualidad, una asignación mensual de Tres Millones Cincuenta y Nueve Mil
Cuatrocientos Diez Pesos ($3.059.410), con los correspondientes descuentos
por aportes a salud y obligaciones financieras.
64. Finalmente, se allegó copia del documento de identificación del señor
Manuel Santiago Bravo Silgado28, en el cual, consta que nació el Veinticuatro
(24) de junio de Mil Novecientos Cincuenta y Uno (1951).
2.5. Caso concreto.
2.5.1 Sobre la procedencia de la nulidad del acto de reconocimiento
pensional y la aplicación del régimen de transición.
65. Como punto de partida, la Sala recuerda que, conforme al artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, el régimen de transición, protege a aquellos afiliados que, al
Primero (1º) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), acreditaran,
alternativamente, (i) la edad —cuarenta (40) años para hombres— o (ii) quince
(15) años de servicios o cotizaciones. No obstante, cuando el afiliado se
traslada del Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y posteriormente retorna
al RPM, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, solo conserva el
régimen de transición si, a la fecha de entrada en vigencia del sistema, contaba
con al menos setecientas cincuenta (750) semanas cotizadas, equivalentes a
quince (15) años de servicios.
27
Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 44.
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Expediente digital – Samai – índice 00002 - 5ED_EXPDIGITA_13001233300020170096(.zip). – 01Actuacion001 –
folio 46.
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66. En el sub examine, se encuentra acreditado que, el señor Manuel Santiago
Bravo Silgado, nació el Veinticuatro (24) de junio de Mil Novecientos Cincuenta
y Uno (1951). No obstante, no cumplía con el requisito de tiempo de servicios
exigido para ser beneficiario del régimen de transición, pues, conforme a la
información contenida en la liquidación pensional y en los actos administrativos
allegados al expediente, para el Primero (1º) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), únicamente contaba con Trescientas Setenta y Tres
(373) semanas cotizadas, equivalentes a Siete (7) años, Tres (3) meses y Un
(1) día de servicios.
67. No obstante, previo a determinar si el demandado conservaba o no el
régimen de transición, la Sala advierte que, resulta indispensable precisar si,
se configuró un traslado de régimen con efectos jurídicos, pues, de ello
depende la aplicación de las reglas restrictivas previstas en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993.
68. En ese sentido, del análisis integral del material probatorio, en especial de
las certificaciones obrantes en los párrafos 57, 58 y 60, se evidencia que, el
señor Manuel Santiago Bravo Silgado, mantuvo una vinculación laboral
continua y que, los aportes al sistema pensional fueron efectuados a través del
Régimen de Prima Media administrado por el Instituto de Seguros Sociales —
hoy Colpensiones—, sin que se acredite interrupción o traslado efectivo de
cotizaciones al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
69. En efecto, mediante comunicación del Veintitrés (23) de enero de Dos Mil
Quince (2015), Protección S.A. informó que, si bien el actor aparecía registrado
en situación de múltiple afiliación, la vinculación válida correspondía al Régimen
de Prima Media, y que, no se evidenciaban aportes en la cuenta individual que
dieran lugar a traslado de recursos, circunstancia que impidió la consolidación
de un ahorro pensional en el RAIS.
70. Para la Sala, este elemento resulta determinante, en la medida en que, el
traslado entre regímenes pensionales, no se configura con la sola afiliación
formal, sino que, exige la existencia de cotizaciones efectivas y la transferencia
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real de recursos; en ausencia de tales presupuestos, no puede predicarse un
traslado válido, ni la pérdida de los beneficios del régimen de transición.
71. Sobre el particular, esta Corporación ha precisado, en asunto de contornos
fácticos y jurídicos similares que, «no realizó propiamente un traslado de régimen […] lo
que se encuentra […] es una multiafiliación»29, destacando que, la continuidad en las
cotizaciones al régimen de prima media desvirtúa la configuración de un
traslado efectivo.
72. En el sub examine, la Sala advierte que, la situación presentada
corresponde a una inconsistencia en la información de afiliación, atribuible a las
administradoras del sistema, que no se materializó en una verdadera
multiafiliación con efectos jurídicos, ni mucho menos, en un traslado de
régimen; por tanto, dicha anomalía no puede ser imputada al actor, ni generar
consecuencias adversas en su situación pensional.
73. En ese orden de ideas, la Sala considera que, al no haberse configurado
un traslado válido al Régimen de Ahorro Individual, no resulta procedente
aplicar las reglas relativas a la pérdida del régimen de transición; por el
contrario, debe concluirse que, el demandado permaneció en el Régimen de
Prima Media.
74. Bajo este entendido, la Sala estima que, el análisis efectuado por el
Tribunal, en cuanto asumió la existencia de un traslado de régimen y, con base
en ello, negó la aplicación del régimen de transición, carece de sustento
probatorio suficiente y conduce a una conclusión errada.
75. En consecuencia, la Sala concluye que, el demandado sí es beneficiario del
régimen de transición, por lo que, el acto administrativo que reconoció la
pensión de vejez, no se encuentra viciado de nulidad, por la causal invocada
por la entidad demandante; por lo anterior, se impone revocar la sentencia de
primera instancia, en cuanto declaró la nulidad del acto de reconocimiento
pensional, y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del tres (03)
de septiembre de dos mil veinte (2020), C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación 08001-23-33-000-2014-00110-
01 (3557-2016)
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76. En ese contexto, al concluir la Sala que, no se desvirtúa la legalidad del
acto administrativo que reconoció la pensión de vejez al señor Manuel Santiago
Bravo Silgado, se configura una sustracción de materia frente al análisis
del restablecimiento del derecho solicitado por la entidad demandante en
el recurso de apelación, en lo relacionado con el eventual reintegro de las
sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales; en efecto, al no
prosperar la pretensión de nulidad, desaparece el fundamento jurídico que
habilitaría el estudio de dicha pretensión, razón por la cual, la Sala se abstendrá
de efectuar pronunciamiento alguno sobre este aspecto.
2.6 Condena en costas
77. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la
Sala temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
es decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del
CPACA, por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
78. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR integralmente, la sentencia del Treinta (30) de julio de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión No. 6, que declaró la nulidad de la Resolución No. GNR
091374 del Once (11) de mayo de Dos Mil Trece (2013), para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia,
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
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TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
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