Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-01007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-01007-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 13001-23-33-000-2017-01007-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de junio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Demandante: EDILBERTO RAFAEL SIERRA PÉREZ
Demandados: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA
NACIONAL Y OTROS
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – CADUCIDAD -
DESPLAZAMIENTO FORZADO
Síntesis del caso: el señor Edilberto Rafael Sierra Pérez solicita que los entes públicos
demandados le reparen los perjuicios materiales e inmateriales irrogados a raíz del
desplazamiento forzado que padeció en hechos ocurridos el 22 de octubre de 1999 cuando
tuvo lugar una incursión paramilitar en el corregimiento de Bajo Grande en jurisdicción del
municipio de San Jacinto (Bolívar), hecho que imputa a las Fuerzas Armadas respecto de
quienes aduce no le brindaron protección alguna y, por el contrario, actuaron como
colaboradores del grupo armado ilegal. La sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda será revocada y, en su lugar, se declarará probada la
excepción de caducidad de la acción.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
(documento 75 – expediente digital - índice 2 SAMAI) en contra de la sentencia
proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar
(documento 71 – expediente digital - índice 2 SAMAI) por medio de la cual se
dispuso:
“PRIMERO: DECLÁRAR NO PROBADA la excepción de caducidad del
medio de control, conforme a lo expuesto precedentemente.
SEGUNDO: DECLÁRAR PROBADA la excepción de falta de legitimación
en la causa promovida por el Ministerio del Interior, conforme a lo
expuesto precedentemente.
TERCERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones
anotadas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: Sin costas.
QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones
de rigor, ARCHIVAR el expediente.” (fl. 22 – documento 71 – expediente
digital – índice 2 SAMAI - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 2 de noviembre de 2017 (documentos 3 y 7 –
expediente digital 2 – índice 2 SAMAI), el señor Edilberto Rafael Sierra Pérez por
intermedio de apoderado judicial promovió demanda de reparación directa
consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Nación – Ministerio del Interior,
Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Ejército Nacional y Policía
Nacional con las siguientes súplicas:
“PRIMERO: Condenar a LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR,
MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL – ARMADA
NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, a pagar indemnización integral a la
víctima por concepto de perjuicios morales y materiales, por haber
incurrido en fallas en la prestación del servicio por acción u omisión, que
dieron por resultado la masacre y el desplazamiento masivo, ocurrido el
día 22 de octubre de 1999, en el asentamiento BAJO GRANDE –
BOLÍVAR, corregimiento del municipio de SAN JACINTO – BOLÍVAR,
COLOMBIA.
SEGUNDO: Condenar a los demandados LA NACIÓN – MINISTERIO
DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL –
ARMADA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL a pagar a mi poderdante,
por concepto de lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la
vida en relación, pérdida de oportunidad como consecuencia del
desplazamiento forzado al que fue sometido.
TERCERO: Ordenar a la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación realizar las gestiones necesarias a fin de obtener de
entidades nacionales e internacionales recursos que tengan vocación de
reparación, conforme a lo establece la ley.”
CUARTO: En firme la sentencia, expídanse copias antes las autoridades
correspondientes, con el fin de que sean restituidos los derechos de mis
poderdantes” (fls. 2 a 3 documento 3 - expediente digital - índice 2 SAMAI
– negrillas y mayúsculas del texto original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Edilberto Rafael Sierra Pérez residía en el corregimiento Bajo Grande
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
en jurisdicción del municipio de San Jacinto (Bolívar) hasta que el 22 de octubre de
1999 hombres fuertemente armados pertenecientes al Bloque Norte de las AUC,
comandados por Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias “El Gordo”, arribaron a dicho
lugar con el objetivo de secuestrar, desplazar y darle muerte a sus habitantes, los
miembros de ese grupo armado ilegal reunieron a los pobladores en la plaza pública
y con lista en mano ultimaron a cuatro personas.
2) Las Fuerzas Armadas de Colombia, integradas por la Armada Nacional, Policía
Nacional y el Ejército Nacional conocieron de los referidos hechos, no obstante, no
ejercieron acciones para evitar la incursión paramilitar, por el contrario, obraron
como colaboradores del grupo armado ilegal quienes hurtaron el ganado e
incendiaron los terrenos dedicados a la agricultura, acontecimiento que provocó que
el demandante fuera víctima de desplazamiento forzado y que para la fecha de
presentación de la demanda no ha podido volver a su hogar.
3) Las demandadas se encuentran llamadas a responder patrimonialmente por
todos los perjuicios causados al señor Edilberto Rafael Sierra Pérez con ocasión del
desplazamiento forzado del que fue víctima (documento 3 - expediente digital -
índice 2 SAMAI – negrillas y mayúsculas del texto original).
3. Contestación de las entidades demandadas
Por auto del 16 de marzo de 2018, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la
demanda y ordenó la notificación personal de los representantes legales de las
entidades demandadas (documento 3 - expediente digital - índice 2 SAMAI –
negrillas y mayúsculas del texto original).
1) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional se opuso a las pretensiones
de la demanda por estimar que no existe un nexo causal entre su actuación y el
daño expresado por el demandante, así como tampoco se probaron los perjuicios
alegados; formuló las excepciones de i) “hecho de un tercero”, pues, el
desplazamiento, según el propio relato de la demanda, fue perpetrado un grupo
armado ilegal y, ii) “falta de legitimación en la causa por pasiva”, por cuanto no
existió falla en el servicio que diera lugar al desplazamiento forzado de quienes
integran la parte activa de litis (documento 18 - expediente digital - índice 2 SAMAI).
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
2) Por su parte, la Nación – Ministerio del Interior solicitó que se denieguen las
pretensiones de la demanda con sustento en las siguientes excepciones: i) “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, porque el daño alegado fue propiciado por
terceros ajenos al Estado; ii) “caducidad del medio de control de reparación directa”,
dado que los hechos ocurrieron el 22 de octubre de 1999 y la demanda se presentó
el 2 de noviembre de 2017 y, iii) “imposibilidad de imputarle hechos dañosos al
Ministerio del Interior por falta de nexo causal”, por cuanto no tiene entre sus
funciones el control del orden público, este recae en el Ministerio de Defensa
Nacional y sus organismo adscritos (documento 20 - expediente digital - índice 2
SAMAI).
3) A su turno, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Armada
Nacional contestó la demanda en el sentido de oponerse a todas las pretensiones
de la misma por el hecho de no existir una relación de causalidad entre los hechos
alegados y la actuación del Ejército y la Armada Nacional; propuso las siguientes
excepciones: i) “falta de integración del litisconsorcio necesario”, habida cuenta que
en el presente proceso también debió llamarse al municipio de San Jacinto (Bolívar)
y al departamento de Bolívar por ser las primeras autoridades encargadas de la
seguridad y a quienes les asiste la función de tomar medidas necesarias para
garantizar la vida de los pobladores; ii) “caducidad”, debido a que se superaron los
términos establecidos en la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte Constitucional
para accionar por casos de desplazamiento forzado y, además, fue decisión del
demandante no regresar y seguir su vida en otra población; iii) “falta de legitimación
en la causa por pasiva del Ministerio de Defensa Nacional”, en vista de que no son
el Ejército Nacional ni la Armada Nacional los llamados a prestar protección a los
particulares, pues, su función principal es la defensa de la soberanía del territorio
nacional; (iv) “existencia de políticas gubernamentales frente a la reparación por
desplazamiento forzado”, por razón de que el Gobierno Nacional ha implementado
políticas de indemnización para las víctimas desplazadas por la violencia a través
de varía vías tales como la jurisdicción penal, la Justicia Especial para la Paz
mediante sendos incidentes de reparación integral y a través de Acción Social, entre
otras y; (v) “hecho de un tercero”, en atención a que no se encuentra probada
ninguna intervención estatal en la causación del daño, por el contrario, fueron
terceros ajenos al Estado los que lo cometieron (documento 29 - expediente digital
• índice 2 SAMAI).
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
4. Audiencia inicial
El 4 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo de Bolívar llevó a cabo la
correspondiente audiencia inicial en la cual no advirtió ninguna irregularidad en el
proceso y frente a las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”
y “caducidad” postergó la decisión para ser decidida de fondo en el momento de
dictar sentencia, además, declaró no probada la excepción de “falta de integración
del litisconsorcio necesario”, decisión contra la cual no se interpuso ningún recurso
(documentos 50 y 51 - expediente digital - índice 2 SAMAI).
5. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 30 de septiembre de 2021
(documento 71 - expediente digital - índice 2 SAMAI) declaró probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior
y negó las pretensiones de la demanda con sustento en los siguientes argumentos1:
1) Los hechos alegados en la demanda no guardan relación con las funciones y
deberes del Ministerio del Interior, en consecuencia, prospera la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva.
2) En relación con la caducidad de la acción, el daño padecido por el demandante
tiene la característica de ser continuado, además, en el proceso no hay prueba que
evidencie que el actor logró retornar al lugar de origen conforme con la certificación
expedida por el personero municipal de San Jacinto (Bolívar) y tampoco hay
elementos probatorios que den cuenta que se reubicó en otro lugar.
En ese sentido, si bien se encuentra acreditado el daño consistente en el
desplazamiento sufrido por el señor Edilberto Rafael Sierra Pérez -esto con sustento
en su inclusión en el Registro Único Nacional de Víctimas -, lo cierto es que al
proceso no se aportó prueba alguna que permita constatar que en el hecho del
desplazamiento forzado participaron activamente los miembros de la Fuerza Pública
1 El magistrado Édgar Alexi Vásquez Contreras salvó su voto por estimar que debió declararse la
caducidad del medio de control de reparación directa (documento 74 - expediente digital – índice 2
SAMAI).
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
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ni tampoco que tuvieran conocimiento de la situación de vulnerabilidad del
demandante frente al actuar de grupos armados irregulares.
3) No hay lugar a la condena en costas a la parte vencida porque las víctimas de
desplazamiento forzado son personas de especial protección constitucional, dada
su condición socioeconómica y situación de vulnerabilidad.
5. Recurso de apelación
La parte demandante (documento 75 - expediente digital – índice 2 SAMAI) solicitó
la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se acceda a
las súplicas de la demanda con apoyo en las siguientes razones de inconformidad:
1) El tribunal no evaluó de manera integral las pruebas del proceso, las cuales
corroboran que los entes estatales no tomaron las medidas pertinentes sino hasta
después de ocurrido el desplazamiento, ya que las correspondientes acciones
militares fueron realizadas con posterioridad, según informe dado por el Ministerio
de Defensa a través del oficio no. 788 de 2018.
2) A pesar de que no hubo denuncias por la situación presentada, la jurisprudencia
ha establecido que en los casos de desplazamiento forzado de personas la situación
de peligro se presume cognoscible y previsible en los municipios donde hay
presencia de grupos armados al margen de la ley, situación en la cual se encontraba
el corregimiento Bajo Grande perteneciente el municipio de San Jacinto (Bolívar), lo
cual se prueba con la “orden fragmentaria del 25 de octubre de 1999” que alude a
la situación de desplazamiento de dicha zona, acontecimiento que los organismos
de seguridad no conocieron sino casi un (1) mes después; una reacción más
temprana hubiera evitado el desafortunado desenlace en atención a que, a partir de
la orden de operaciones no. 66/ CBACIM31-S3-375, a dicho territorio se habían
movilizado unidades militares desde el 8 de octubre de 1999.
3) Constituye un hecho notorio la irrupción en el año 1998 de un éxodo campesino
en la región del Magdalena Medio que obligó al Gobierno Nacional a instalar una
mesa de diálogo, producto de lo cual hubo una escalada de la violencia en los
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
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municipios de la zona de influencia donde sus líderes estaban en una situación de
riesgo extraordinario.
4) El desplazamiento ocurrido en el citado corregimiento de Bajo Grande debe ser
estudiado en el contexto en que vivía la población víctima de desplazamiento y
violencia sistematizada perpetrada por parte de grupos armados paramilitares.
6. Actuación surtida en segunda instancia
Mediante auto del 4 de noviembre de 2022 (índice 4 SAMAI) se admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte actora, el cual fue notificado a las partes, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (índices
6 a 9 SAMAI).
En el término previsto en el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 2, el
Ministerio Público rindió concepto en el cual solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia por estimar que i) la parte demandante expresa que la situación
de conflicto armado en el departamento de Bolívar era un hecho notorio, sin
embargo, del mismo no se deriva, necesariamente, que las Fuerzas Armadas
tuvieran participación directa en los hechos de la demanda o que tuvieran relación
con las AUC que operaban en la zona; ii) tampoco existe prueba que indique que
con antelación al 22 de octubre de 1999 el demandante puso en conocimiento de
las autoridades demandadas la presencia de grupos armados irregulares y, iii) en la
demanda se afirma que el demandante fue desplazado el 22 de octubre de 1999,
empero, las pruebas aportadas al expediente dan cuenta que el hecho de
desplazamiento del que fue víctima el actor aconteció el 25 de junio de 2006 y no
hay prueba de las afirmaciones de la parte demandante, esto es, no se demostró
que hubo inexistencia de la actividad de las fuerzas militares o permisividad de las
mismas ante la acción de terceros armados ilegales (índice 10 SAMAI).
Las partes no se pronunciaron en el referido plazo y el expediente ingresó para fallo
el 17 de enero de 2023 (índice 11 SAMAI).
2 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que, en su texto vigente aplicable al presente caso,
dispone: "4. Desde la notificación del auto que concede la apelación y hasta la ejecutoria del que la admite en
segunda instancia, los sujetos procesales podrán pronunciarse en relación con el recurso de apelación
formulado por los demás intervinientes”.
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la caducidad de la acción, 3) conclusión y, 4) condena en
costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso los entes demandados son
patrimonial y extracontractualmente responsables del daño alegado por el
demandante consistente en el desplazamiento forzado del que afirma fue objeto a
partir del 22 de octubre de 1999, a raíz de la perpetración de una serie de actos
violentos ejercidos por miembros de las denominadas Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) en el corregimiento Bajo grande en jurisdicción del municipio de
San Jacinto (Bolívar).
La primera instancia consideró que no existía caducidad del medio de control de
reparación directa, pero, negó las pretensiones de la demanda porque no encontró
nexo causal alguno entre el daño y la participación de las entidades de derecho
público demandadas; en la apelación, la parte demandante insiste en la
responsabilidad de los integrantes de las Fuerzas Armadas por el hecho de
considerar que se trató de un hecho notorio frente al cual debieron desplegarse
acciones tendientes a brindar seguridad y protección a las víctimas.
Visto lo anterior, la sentencia de primera instancia será revocada, debido a que se
evidencia la presentación extemporánea de la demanda, motivo por el cual no hay
lugar a analizar y decidir el fondo y mérito del asunto.
2. Análisis de la caducidad de la acción
1) Con relación al término para presentar en forma oportuna la demanda cuando se
pretende la reparación directa, es necesario destacar que los hechos que motivaron
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
el inicio del presente proceso, según el escrito inicial, tuvieron lugar en el año 1999,
es decir, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011.
2) En ese sentido, en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 18873, la normativa
aplicable para realizar el cómputo de la caducidad en este caso es la vigente para
el tiempo en que el respectivo término la caducidad empezó a correr, esto es, el
numeral 8 del artículo 136 del CCA que preceptuaba lo siguiente:
“Artículo 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES (…).
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público
o por cualquiera otra causa”.
3) En este asunto puesto a consideración de la Sala el daño alegado es el
desplazamiento forzado sufrido por el demandante, hecho que asegura en la
demanda tuvo ocurrencia el 22 de octubre de 1999 cuando miembros de las AUC
incursionaron de manera violenta en el corregimiento de Bajo Grande en jurisdicción
del municipio de San Jacinto (Bolívar), circunstancia que implica que el actor tuvo
conocimiento del daño desde el momento mismo en que este se produjo, razón por
la cual la demanda, en principio, debió ser formulada dentro de los dos (2) años
siguientes a esa fecha.
4) Ahora bien, sobre esto último, es necesario poner de presente que la Sala Plena
de esta Sección mediante sentencia de 29 de enero de 20204 unificó su
jurisprudencia y señaló que en relación con la caducidad del medio de control de
reparación directa formulada con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los
crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la
3
El artículo 40 de la Ley 153 de 1887, reza: “Las leyes concernientes a la sustanciación y
ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben
empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los
incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones (…)”.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 29 de enero de 2020,
expediente no. 61.033, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, resultan aplicables las
reglas de caducidad previstas para la reparación directa, criterio este avalado por la
Corte Constitucional en sede de revisión de tutela en la sentencia SU - 312 del 13
de agosto de 20205.
5) Puntualmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado en dicha providencia
estableció que para calcular el término de caducidad de las pretensiones
indemnizatorias derivadas de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial y extracontractual del Estado, se deben observar las siguientes
subreglas:
a) El término de caducidad establecido por el legislador se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión
del Estado en la producción del daño y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.
b) La contabilización de ese plazo para las pretensiones indemnizatorias derivadas
del delito de desaparición forzada se sujeta a la regulación legal expresa prevista
para el efecto.
c) Ese lapso no se aplica cuando se adviertan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción, de suerte que, una vez superadas
aquellas empezará a correr el término de ley, dado que para tales efectos no resulta
determinante la situación causante del daño sino la condición particular de quien
acude a la administración de justicia.
6) En ese orden de ideas, la Sala encuentra que la parte demandante no acreditó
ninguna situación material que le hubiese impedido acudir a esta jurisdicción para
presentar la correspondiente demanda por el daño alegado, esto es, no hay
elemento de juicio que permita considerar, fundadamente, que el demandante se
encontraba en una situación material de carácter particular, especial y grave que le
impidiera presentar la respectiva demanda de reparación directa, pues, aunque no
se desconoce que el desplazamiento forzado genera consecuencias negativas para
5 MP Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
quienes lo padecen, esta Sala6 ha dicho que esta situación no constituye, por sí
misma, un justificación válida para encontrar configurada la imposibilidad material
de acceder a la administración de justicia, toda vez que, a diferencia de otros
derechos que únicamente pueden ser ejercidos o disfrutados en sitios específicos
–propiedad, usufructo, entre otros-, la justicia opera a nivel nacional7 y, por ende, es
un derecho al que se puede acceder aun en situaciones irregulares como la de
desplazamiento forzado, pues, de conformidad con el artículo 134D del Decreto -
Ley 01 de 1984 (vigente para la época de los hechos), era posible presentar la
demanda de responsabilidad en el lugar de ubicación de la sede de la entidad
demandada o en el domicilio del particular demandado; por tanto, tampoco se
encuentra razonable considerar que la situación de desplazamiento justifique la
imposibilidad de acceso a la administración de justicia.
7) Sobre esto último, es pertinente recordar que en la sentencia SU-254 de 20138
la Corte Constitucional estableció una regla excepcional en materia de caducidad
por hechos relacionados con el desplazamiento forzado, según la cual los 2 años
establecidos por la ley para presentar las respectivas demandas de reparación
directa podían ser contabilizados a partir de la ejecutoria de la referida decisión
judicial -22 de mayo de 20139-, como garantía de acceso a la administración de
justicia a un sector especial y vulnerable de la población.
8) De modo que, en este caso el término de caducidad para formular las
pretensiones de reparación directa debe contabilizarse, a más tardar, a partir del 23
de mayo de 2013 -día siguiente a la ejecutoria de la sentencia SU-254 de 2013- por
ser esta fecha más favorable a los demandantes, ahora bien, sin perjuicio de lo
anterior es especialmente relevante que no se trata de un daño continuado puesto
que el daño se consolida desde el mismo momento en que ocurre el
desplazamiento, diferente es que sus perjuicios se prolonguen en el tiempo.
9) Por consiguiente, como en el presente asunto no se demostró una situación o
circunstancia de imposibilidad material alguna para acceder a la administración de
6 Auto de 18 de noviembre de 2021, proceso no. 2019-03150-01 (67.078), MP Fredy Ibarra Martínez.
7 De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 270 de 1996 la justicia opera de
manera desconcentrada no solo con el fin de optimizar el ejercicio de la función sino también para
garantizar la facilidad en el acceso a los posibles usuarios de la administración judicial.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-254 de 2013, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
9 El 22 de mayo de 2013 cobró ejecutoria la sentencia SU-254 de 2013.
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
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justicia, se concluye que si se contabiliza el término para presentar la demanda
desde el día siguiente al de ejecutoria de la sentencia referida (23 de mayo de 2013),
se advierte que el demandante acudió a esta jurisdicción por fuera del término de 2
años previsto para el efecto en el artículo 136-8 del CCA -norma vigente al momento
de desplazamiento forzado ocurrido el 22 de octubre de 1999-, toda vez que cuando
presentó la solicitud de conciliación extrajudicial el 15 de mayo de 201710 el término
bienal previsto en la norma procesal ya había expirado; en consecuencia, se
declarará probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa.
10) De otra parte, debe igualmente observarse que este análisis compagina con los
criterios establecidos en la sentencia de unificación de la Sección Tercera del 29 de
enero de 202011 para el análisis de la caducidad de las pretensiones indemnizatorias
formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y
cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad
patrimonial al Estado12, postulados que fueron acogidos por la Corte Constitucional
en sentencia SU-312 de 202013 con la aclaración de que el juez contencioso
administrativo debe analizar las particularidades de cada asunto en concreto, y que
la desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le
impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por
otras vías14.
11) La Corte reiteró esa postura recientemente en sentencia SU-167 de 202315 y
agregó que “la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo
de Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite
10 Documento 6 - expediente digital, índice 2 SAMAI.
11 Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, proceso no. 85001-33-33-002-2014-
00144-01(61033)A, MP Marta Nubia Velásquez Rico.
12 Estos son: “i) en tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el
legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa,
se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción
u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido
materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo
de ley”.
13 Sentencia del 13 de agosto de 2020, expediente no. T-7243742, MP Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
14 Como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en contra
del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa.
15 Sentencia del 18 de mayo de 2023, expediente no. expediente T-8.473.096, MP Diana Fajardo
Rivera.
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
para brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y
posibilidades procesales que este contiene”; esta Sala no encuentra necesario
readecuar el trámite en el caso concreto debido a que las particularidades del mismo
no permiten avizorar que ello pueda dar lugar a un cambio en el sentido de esta
decisión, pues, de lo acreditado en el proceso y asegurado en la demanda hay
absoluta certeza de que desde el conocimiento del hecho dañoso y de la supuesta
participación del Estado operó la caducidad y no hay ningún elemento probatorio
que permita inferir que el demandante estuvo impedido para ejercer el derecho de
acción.
Se destaca incluso, que según el oficio no. 20211127787161 del 7 de abril de 2021
suscrito por el coordinador del grupo de defensa judicial de la Unidad para la
Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el aquí demandante fue incluido en
el Registro Único de Víctimas a partir de su propia manifestación (documento 53
expediente digital -índice 2 SAMAI), lo cual evidencia que pudo acudir ante las
autoridades; en ese orden de ideas, la reapertura de la etapa de alegatos en esta
instancia sería ineficaz, pues, en ella no se pueden agregar nuevas pruebas y de
las que hay no se desprende nada que cambie la aplicación las reglas de
unificación.
12) Por consiguiente, esta Subsección revocará la sentencia apelada, para en su
lugar declarar probada de oficio la excepción de caducidad de la acción de
reparación directa.
3. Conclusión
El estudio de los elementos fácticos y jurídicos previamente analizados llevan
consigo a tomar la determinación de revocar la sentencia del 30 de septiembre de
2021 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar quien declaró no probada la
excepción de caducidad y negó las pretensiones, por cuanto la demanda fue
radicada de manera extemporánea, pues, aunque para el cómputo de la caducidad
se tome en cuenta el día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia SU-254
de 2013 de la Corte Constitucional (el 23 de mayo de 2013) que dispuso reglas
especiales para el cálculo de la caducidad en materia de desplazamiento forzado,
el cual es posterior a la fecha de los hechos que produjeron el daño alegado (22 de
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
octubre de 1999), para cuando se presentó la solicitud de conciliación extrajudicial
el plazo de 2 años consagrado en numeral 8 del artículo 136 del CCA ya había
trascurrido.
De otro lado, la Sala pone de presente que la jefe de la oficina asesora jurídica de
la Nación - Ministerio del Interior otorgó poder a la abogada Clara Luz Pérez
Manjarrés identificada con la cédula de ciudadanía no. 64.568.208 y tarjeta
profesional número 156.406 del Consejo Superior de la Judicatura para que
represente a la entidad demandante, por lo cual se le reconocerá personería
jurídica en los términos del poder allegado (índice 12 SAMAI).
La apoderada de igual forma solicitó copias del expediente, de manera que por
secretaría se le informara el trámite pertinente para el acceso a los documentos que
requiere.
4. Condena en costas
Según lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, salvo en los procesos
en que se ventile un interés público se condenará en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirá por las normas del Código de Procedimiento Civil. En esta línea
el artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en
costas “a la parte vencida en el proceso (…) cuando la sentencia de segunda
instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar
las costas de ambas instancias”.
En este caso, se advierte que la primera instancia se abstuvo de condenar en costas
a los demandantes, no obstante, en atención a la precitada regla del artículo 365
del Código General del Proceso y en vista de que se revocará totalmente la
sentencia del inferior, es preciso condenar a la parte actora a pagar las costas en
ambas instancias, en la medida de su comprobación, las cuales serán liquidadas
por el tribunal de origen en forma concentrada según lo dispuesto en los artículos
365 y 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
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Expediente 13001-23-33-000-2017-01007-01 (68.953)
Actor: Edilberto Rafael Sierra Pérez
Reparación directa
Apelación sentencia
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y, en su lugar, declárase de oficio la caducidad de la
acción e inhíbese de pronunciarse sobre el mérito de las súplicas de la demanda.
2°) Condénase en costas en ambas instancias a la parte demandante en favor de
quienes integran la parte demandada, tásense de manera concentrada por el
tribunal de primera instancia.
3°) Reconócese personería jurídica a la profesional del derecho Clara Luz Pérez
Manjarrés para actuar como apoderada de la Nación - Ministerio del Interior, en los
términos del poder a ella conferido, de igual forma, por Secretaría infórmesele el
trámite pertinente para el acceso a las piezas procesales que requiere de
conformidad con el artículo 114 del Código General del Proceso.
4°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Con salvamento de voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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