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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-01076-01

Fecha
17 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2017-01076-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa. TERCERO: SIN COSTAS. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2017-01076-01

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

17 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (XXXX)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 13001233300020170107601 (68657)
Demandante: POLICARPO SÁNCHEZ SIERRA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Daños causados por desplazamiento forzado en el
corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto
(Bolívar). Caducidad del medio de control de reparación directa
en eventos de lesa humanidad. Aplicación de las sentencias de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado y SU 429 del del 10 de octubre
de 2024, dictada por la Corte Constitucional. No se configuraron
costas procesales en el trámite de segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de octubre de 1999, hombres fuertemente armados pertenecientes al “Bloque
Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC”, se presentaron en el
corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar), con el objeto de
secuestrar, desplazar y ultimar habitantes del lugar. Por ello, Policarpo Sánchez
Sierra y su núcleo familiar, residentes en dicho municipio, desde ese día y por
amenazas contra su vida se vieron obligados a abandonar su hogar.

Los demandantes endilgan una falla del servicio a la Nación – Ministerio del Interior
y del Ministerio de Defensa – Policía, Ejército y Armada Nacional, pues afirman que

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

esas autoridades tenían conocimiento de acciones y amenazas de los
“paramilitares” contra la población de San Jacinto (Bolívar), pero no ejecutaron
acciones para evitar los hechos del 22 de octubre de 1999 e incluso, que “fueron
colaboradores de los actores armados ilegales”.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de noviembre de 20171, Policarpo Sánchez Sierra, Rosmira del Rosario Díaz
Rivera, Anderson de Jesús Sánchez Díaz, y Viannys Marcela y María José Sánchez
Meza, mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio del Interior (en
adelante el “Ministerio del Interior”) y del Ministerio de Defensa – Policía, Ejercito y
Armada Nacional, para que se les declarara patrimonialmente responsables por el
desplazamiento forzado que sufrieron desde el 22 de octubre de 1999, en hechos
ocurridos en esa misma fecha en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de
San Jacinto (Bolívar).

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicitó condenar a las
entidades demandadas a pagarles, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno
de los accionantes; por “daño a la vida de relación”, 100 SMLMV a cada uno de los
accionantes; por daño emergente, la suma de $1.354.000 a Policarpo Sánchez
Sierra; y por lucro cesante, la suma de $384.391.190 a Policarpo Sánchez Sierra.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, el 22 de octubre de
1999, hombres fuertemente armados pertenecientes al “Bloque Norte de las
Autodefensas Unidas de Colombia AUC”, se presentaron en el corregimiento “Bajo
Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar) con el objeto de secuestrar,
desplazar y ultimar habitantes del lugar. Por ello, Policarpo Sánchez Sierra y su
núcleo familiar, residentes en dicho municipio, desde ese mismo día y por amenazas
contra su vida se vieron obligados a abandonar su hogar de forma definitiva.

1 Páginas 1 a 14, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

Señala que, el 22 de octubre de 1999 los “paramilitares” y agentes del Estado,
reunieron a la población en la plaza del pueblo y con lista en mano llamaron a varios
de los habitantes y dieron muerte a 4 de ellos.

Sostiene que “las fuerzas armadas colombianas Armada Nacional – Policía
Nacional y el Ejército Nacional, eran conocedores de los hechos que se daban lugar
en ese momento y no hicieron nada para que este hecho no diera lugar, por el
contrario, fueron colaboradores de los ahora ex paramilitares”.

Afirma que, ese mismo día, fueron víctimas del hurto de ganado vacuno, porcino
caballar, y lanar. Asimismo, que se perdieron aves de corral, que fueron incinerados
cultivos de hortalizas y rosas de agricultura, y que sus parcelas fueron sembradas
con minas antipersona.

Los demandantes atribuyen una falla del servicio al Ministerio del Interior y al
Ministerio de Defensa – Policía, Ejercito y Armada Nacional, pues afirman que
dichas autoridades conocían de acciones y amenazas de los “paramilitares” contra
la población de San Jacinto (Bolívar), pero no ejecutaron acciones para evitar los
hechos del 22 de octubre de 1999, incluso que “fueron colaboradores de los actores
armados ilegales”.

2. Contestación

El 12 de marzo de 20182 el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda y
ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.

2.1. El Ministerio del Interior3 se opuso a las pretensiones de la demanda,
manifestando que dentro de sus funciones no se encontraban las de protección a
la población y control del orden público. Formuló como excepciones las de falta de
legitimación en la causa por pasiva, caducidad del medio de control de reparación
directa y “ausencia de nexo causal”.

2 Fl. 34 a 36, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
3 Fl. 70 a 83, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

2.2. La Policía Nacional4 se opuso a las pretensiones de la demanda, advirtiendo
que los demandantes no acreditaron que, para la época en que ocurrieron los
hechos, residieran en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto
(Bolívar). Asimismo, indicó que no era cierto que esa entidad tuviera conocimiento
previo de la situación de orden público que se presentaba en esa zona. Formuló
como excepciones las de falta de legitimación en la causa por pasiva y “hecho
exclusivo y determinante de un tercero”.

2.3. El Ministerio de Defensa, en representación del Ejército y Armada Nacional5,
se opuso a las pretensiones de la demanda, señalando que los daños alegados no
le eran imputables, toda vez que estos se produjeron por el actuar ilegal de grupos
subversivos, constituyéndose así la causal exonerativa del “hecho del tercero”.
Formuló como excepcionas las de caducidad del medio de control, “hecho de un
tercero” y “falta de elementos necesarios de imputación”.

3. Audiencia inicial

El 19 de noviembre de 20206 el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró audiencia
inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, resolvió las excepciones
previas, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio señaló que se circunscribiría
a “(…) determinar si debe ser declarada la responsabilidad extracontractual a las
accionadas por el presunto desplazamiento forzoso de la parte demandante y si
dicho daño antijurídico puede ser imputable a las entidades demandadas”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 20 de mayo de 20217, se corrió traslado a las partes y al ministerio público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Fl. 48 a 63, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
5 Fl. 91 a 102, C.1. - Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
6 Archivo No. 4 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

7 Anexo No. 5 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

4.1. La parte demandante8, el Ministerio del Interior9, la Policía Nacional10 y, el El
Ministerio de Defensa, en representación del Ejército y Armada Nacional11,
reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la
contestación de este, respectivamente.

4.2. El ministerio público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 30 de septiembre de 202112 el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó las pretensiones de la demanda, al constatar que no se probó la falla
del servicio endilgada a las autoridades accionadas, pues lo demostrado en el
proceso no permitió establecer que, con antelación a los hechos, estas hubieran
conocido “la situación de vulnerabilidad de los demandantes, así como del presunto
riesgo en que se encontraba la población civil”.

Respecto al cómputo del ejercicio del derecho de acción en aquellas hipótesis en
las que se discute la responsabilidad del Estado por desplazamiento forzado, refirió
que, en el caso en concreto, no había lugar a declarar la caducidad del medio de
control porque, a su juicio, “los hechos del desplazamiento forzado sufrido por la
actora tienen el carácter de daño continuado”.

6. Recurso de apelación

El 12 de marzo de 202213, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 22 de abril de 202214 y admitido el 15 de julio siguiente15.

6.1. La recurrente16 afirmó que, distinto a lo considerado por el a quo, lo probado en
el proceso permitió constatar la falla del servicio endilgada a las demandadas, así

8 Fl. 237 a 243, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
9 Fl. 221 a 224, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
10 Fl. 226 a 231, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
11 Fl. 233 a 235, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
12 Archivo No. 6 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
13 Archivo No. 8 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
14 Archivo No. 9 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
15 Índice No. 4, SAMAI – Consejo de Estado.
16 Archivo No. 8 – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

como el nexo causal entre estas y los menoscabos alegados. En sustento, precisó
que las autoridades no tomaron medidas oportunas y suficientes para contrarrestar
la acción beligerante, y que la difícil situación de orden público en el municipio de
San Jacinto era un hecho notorio y conocido por las autoridades.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Toda vez que no se solicitaron ni decretaron pruebas en el término de ejecutoria del
auto admisorio del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 5° del artículo 247 del CPACA17, modificado por el artículo 67 de la Ley
2080 de 2021, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión en segunda
instancia.

7.1. No obstante, lo anterior, la parte demandante18 “alegó de conclusión” reiterando
lo expuesto en el recurso de apelación. Agregó, además, que por tratarse de un
asunto en el que se ventilaban posibles delitos de lesa humanidad, no prosperaba
la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa y que,
comoquiera que la demanda se presentó antes del año 2020, no le aplicaba la
sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado.

7.2. El ministerio público19 conceptuó que debía revocarse la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones para, en su lugar, declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control de reparación directa, toda vez que
transcurrieron más de dos (2) años desde la fecha en que quedó ejecutoriada la
sentencia SU-254 de 2013, proferida por la Corte Constitucional y la presentación
de la demanda.

17 “Artículo 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se

tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento (…): 5. Si fuere necesario decretar pruebas, una
vez practicadas, el superior autorizará la presentación de alegatos por escrito, para lo cual concederá
un término de diez (10) días. En caso contrario, no habrá lugar a dar traslado para alegar. El
secretario pasará el expediente al despacho para dictar sentencia dentro de los diez (10) días
siguientes de concluido el término para alegar o de ejecutoria del auto que admite el recurso.”
18 Índice No. 12, SAMAI – Consejo de Estado.
19 Índice No. 13, SAMAI – Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 30 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, puesto que la cuantía 20
supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 152, numeral 6, y 157,
inciso 2, de la Ley 1437 de 2011.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 14021 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se
reclama la reparación de unos daños por hechos imputables al Ministerio del Interior
y al Ministerio de Defensa – Policía, Ejército y Armada Nacional.

20 La cuantía excede de los 500 SMLMV (lo cual equivale a $368’858.500, para el 15 de noviembre

de 2017 cuando se presentó la demanda) que se exige para que un proceso tenga vocación de doble
instancia, y la pretensión mayor es de $384.391.190 por lucro cesante.
21 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la

persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por
la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado
responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o
por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la misma
pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades
públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas,
teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente asunto, operó el fenómeno
preclusivo de caducidad de la pretensión de reparación directa o si, por el contrario,
al tratarse de un caso en el que se invoca el desplazamiento forzado de los
accionantes, el término de vigencia del mencionado medio de control no es exigible
como presupuesto procesal para el estudio de la demanda.

4. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la vigencia del medio de control y la caducidad de la pretensión de
reparación directa frente a presuntas conductas de lesa humanidad.

5. Vigencia del medio de control

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general22, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,

22 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

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controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción23, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure24 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia25, cuya consecuencia, por demandar más

23 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos
24 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “…[s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

Ahora bien, el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, vigente para la
época de los hechos, señalaba que la acción de reparación directa caducaría al
vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de
trabajo público o por cualquiera otra causa.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la
demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que
opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento de este si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.”. Lo anterior, con excepción del
término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de
desaparición forzada, que “se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima
o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal,
sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el
momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición”.

Ahora bien, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio
de 201226, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones procesales
contenidas en el CPACA27; así como las disposiciones del CGP28, en virtud de la

26 La demanda se presentó el 15 de noviembre de 2017.
27 “Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2)

de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones
administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con
posterioridad a la entrada en vigor. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como
las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán
de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
28 Lo anterior, teniendo en cuenta que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

de Estado, mediante auto del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), unificó su
jurisprudencia para indicar que el CGP entró a regir a partir del primero (1º) de enero de dos mil
catorce (2014), “salvo las situaciones que se gobiernen por la norma de transición (…) las cuales se

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integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos
mencionados29.

Con relación a la caducidad, debe tenerse en cuenta que los términos que hubiesen
empezado a correr en vigencia de una ley anterior deben computarse de
conformidad con ella, en atención a lo consagrado en el artículo 624 del CGP30, que
modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, de ahí que al sub lite, en este puntual
aspecto, le resulte aplicable el numeral 8º artículo 136 del Decreto 01 de 1984
(CCA)31, comoquiera que los supuestos de hecho constitutivos del daño antijuridico
alegado en la demanda ocurrieron el 22 de octubre de 1999, según se acredita más
adelante.

Finalmente, debe resaltarse que la caducidad no se suspende, salvo con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el
conciliador, en los términos del artículo 21 de la Ley 640 de 2001 32, y sólo se

resolverán con la norma vigente al momento en que inició el respectivo trámite (…)”. Ver: Consejo
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio de 2014,
expediente 49.299.
29 “Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá

el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y
actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”.
30 Artículo 624. Modifíquese el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual quedará así:

“Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre
las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Sin embargo, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se
estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron
las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se
promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. La competencia para tramitar
el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que
se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad”.
31 “Artículo 136. Caducidad de las acciones. “(…)

“8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del
día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o
por cualquiera otra causa”.
32 “Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de

conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de
caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de
conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que
se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2o. de la presente ley o hasta que se venza el
término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión
operará por una sola vez y será improrrogable”.

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interrumpe con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y
formalidades previstas en la Ley33.

6. Caducidad de la pretensión de reparación directa frente a presuntas
conductas de lesa humanidad, incluido el desplazamiento forzado

Mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera
del Consejo de Estado34 unificó su jurisprudencia en lo concerniente al cómputo del
término de caducidad, en tratándose de pretensiones indemnizatorias cuando se
persigue el resarcimiento de los daños provenientes de delitos de lesa humanidad,
entre ellos, el desplazamiento forzado, crímenes de guerra y cualquier otro asunto
en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado.

Así, frente al caso concreto, en aquella oportunidad, se decidió declarar probada la
excepción de caducidad de la pretensión de reparación directa promovida el 23 de
mayo 2014, por hechos ocurridos en abril del año 2007, con lo cual aplicó la regla
de unificación establecida de forma inmediata, sin consideración alguna respecto
de la fecha de presentación de la demanda.

En dicha decisión la Sección Tercera precisó que salvo para el caso de desaparición
forzada, que cuenta con regulación legal expresa35, en virtud de la cual la caducidad
se cuenta desde la fecha en que aparece la víctima o, en su defecto, desde el
momento en el que quedó ejecutoriado el fallo definitivo adoptado en el proceso
penal, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron
conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad

33 Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso, aplicable

por remisión normativa del artículo 306 del CPACA: “Artículo 94. Interrupción de la prescripción,
inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el
término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio
de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año
contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este
término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. (…)”.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, radicado 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
35 Regulado expresamente por el inciso 2º del literal i) del numeral 2o del artículo 164 de la Ley 1437

de 2011 y antes por el numeral 8º del artículo 136 del Decreto No. 1 de 1984, adicionado por el
artículo 8º de la Ley 589 de 2000.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones
objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción.

Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los
dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a
partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el
Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser
demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política".

La referida regla, como fue explicada en la mencionada sentencia de unificación,
también se encuentra contenida en la Ley 1437 de 2011.

Por otra parte, el término de caducidad no es exigible cuando se verifique la
afectación ostensible de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, lo cual ocurre en eventos en que se constate la ocurrencia
de situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otro supuesto
que obstaculice materialmente el ejercicio del derecho de acción, pues este término
preclusivo no puede discurrir contra quien no goza del acceso efectivo a la
administración de justicia.

De conformidad con lo expuesto, de manera excepcional, el juez de lo contencioso
administrativo deberá inaplicar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno
del derecho de acción o iniciar su contabilización desde un momento distinto a la
ocurrencia del hecho dañoso, cuando advierta que la no comparecencia ante la
jurisdicción contenciosa administrativa dentro del plazo previsto, es resultado de que
el interesado: (i) no sabía o no tenía la posibilidad de advertir que el Estado tuvo
alguna injerencia en los hechos, o (ii) estaba impedido materialmente para el
ejercicio del derecho de acción.

Igualmente, respecto del cómputo del término de caducidad en los eventos de
desplazamiento forzado desde la ejecutoria de la sentencia SU - 254 de 201336, en

36 La sentencia SU - 254 de 2013 proferida por la Corte Constitucional, Sala Plena, con ponencia del

Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, fue notificada el diecinueve (19) de mayo de dos mil trece
(2013) y, por ende, quedó en firme el veintidós (22) del mismo mes y año.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

autos del 1 de octubre de 2021 y 7 de septiembre de 202337, esta Corporación aclaró
que la Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a dicha providencia, con el
fin de cobijar situaciones jurídicas similares tramitadas ante los jueces de tutela, así
como para garantizar una respuesta uniforme que garantizara el derecho a la
igualdad de personas que se encuentran en la misma situación fáctica.

Como se consideró en los referidos autos, la decisión de la Corte Constitucional
obedeció a que, por primera vez, en dicha sentencia se fijó la interpretación del
artículo 25 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido de prohibir que los jueces de
tutela por esa vía ordenaran la indemnización en abstracto, toda vez que, para ese
efecto, las personas desplazadas cuentan con la posibilidad de iniciar procesos
judiciales y solicitar así las indemnizaciones que correspondan. En esa medida, al
impedir que los afectados acudan a la acción de tutela por la existencia de otro
mecanismo, se decidió que no debían tenerse en cuenta transcursos de tiempo
anteriores a la ejecutoria de esa sentencia, con el fin de privilegiar el derecho de
acceso a la administración de justicia de las víctimas de desplazamiento forzado.

Posteriormente, en la sentencia SU-312 de 202038 la Sala Plena de esta Corte fijó
la siguiente regla de unificación: el plazo de caducidad de dos años consagrado en
el CPACA para obtener una reparación por un delito de lesa humanidad atribuible
al Estado no se cuenta, necesariamente, a partir del momento en el que ocurrió el
daño, sino a partir de la fecha en que el afectado: (i) conoció que ese daño era
atribuible al Estado, (ii) se encuentre en capacidad material de imputarle el daño en
sede judicial, y (iii) la procedencia de la demanda que busca reparar ese daño debe
analizarse caso a caso, considerando las particularidades del demandante.

A continuación, en la sentencia T-044 de 202239, la Corte reiteró la regla de
unificación sobre el conteo de la caducidad contenida en la Sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y complementó la regla fijada por
la anotada sentencia, al definir que el juez de la causa debe readecuar su proceso

37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, auto

del 1 de octubre de 2021, exp. 63260 y auto del 7 de septiembre de 2023, exp. 63042.
38 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-312 del 13 de agosto de 2020, MP: Luis Guillermo

Guerrero Pérez.
39 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:

Paola Andrea Meneses Mosquera.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

de manera tal que se le permita al demandante exponer las razones por las que no
acudió a la justicia dentro del término legal establecido. Esto, en aplicación de la
regla consagrada en la Sentencia SU-406 de 2016 según la cual, pese a que un
cambio de jurisprudencia tiene efectos generales y automáticos, el juez respectivo
debe valorar las particularidades de cada caso con el fin de determinar si la
vinculatoriedad automática del precedente unificado pone en riesgo las garantías
procesales de las partes.

Asimismo, en la sentencia T-210 de 202240, la Corte Constitucional reiteró la regla
jurisprudencial establecida en la sentencia SU-312 de 2020 y en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, sobre el conteo de la
caducidad.

Posteriormente, en la sentencia SU-167 de 202341 la Sala Plena de esa Corporación
estableció la siguiente regla sobre el conteo de la caducidad para demandas
indemnizatorias por delitos de lesa humanidad atribuibles al Estado: (i) el plazo de
dos años establecido en la ley no se cuenta desde el momento en el que se produce
el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o debieron saber de la
participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle responsabilidad
patrimonial; (ii) la caducidad de una demanda de reparación debe analizarse, por
parte del juez respectivo, a partir de las barreras de acceso al derecho a la
administración de justicia que se adviertan de cada caso en particular, y (iii) para la
aplicación del fallo de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020,
el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de manera tal que se les
brinde a las partes la oportunidad de ajustar sus planteamientos para argumentar
por qué no se acudió de manera oportuna a la justicia. En esa oportunidad, la Corte
estimó que la providencia atacada en la tutela había incurrido en defecto fáctico, por
no valorar en su integridad el acervo probatorio, al momento de establecer si en el
expediente obraban elementos de juicio que evidenciaran la presencia de
situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio oportuno del derecho
de acción de los demandantes. Igualmente, concluyó que la providencia atacada

40 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-210 del 10 de junio de 2022, MP: Paola

Andrea Meneses Mosquera.
41 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-167 del 18 de mayo de 2023, MP: Diana Fajardo

Rivera.

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Radicado: 13001233300020170107601 (68657)
Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

había incurrido en defecto procedimental absoluto, pues no se readecuó el proceso
en curso para permitirle a las partes que actualizaran sus planteamientos conforme
a las reglas sobre el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado.

Más tarde, en la sentencia T-024 de 202442 la Corte respaldó la aplicación de las
reglas para el conteo de la caducidad establecidas en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. Indicó que, a partir de lo dicho en
las sentencias T-044 y T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del
Consejo de Estado tenía efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es general
e inmediata. La Corte reiteró que, debido a la variación en el precedente aplicable,
los demandantes en los procesos de reparación deben contar con una oportunidad
procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para proteger su
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, lo cual implica
incluso readecuar el proceso judicial, si se advierte que la sentencia del 29 de enero
de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba con un momento
procesal (como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión) para referirse a ella.

Finalmente, mediante sentencia SU-429 del 10 de octubre de 202443, la Corte
Constitucional unificó su jurisprudencia para la aplicación del término de caducidad
en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, lo cual incluye el
desplazamiento forzado. Al efecto, estableció los siguientes criterios para establecer
la consolidación del fenómeno preclusivo de la posibilidad de interponer la acción
resarcitoria:

i) El plazo de caducidad definido por el legislador en el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011 aplica para las demandas dirigidas a obtener el reconocimiento y
pago de una indemnización por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y
genocidio. Sin embargo, ese plazo de dos años no se cuenta desde el momento
en el que se produce el daño, sino desde cuando las víctimas conocieron o

42 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia T-024 del 6 de febrero de 2024, MP:

Paola Andrea Meneses Mosquera.
43 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, MP: Jorge Enrique

Ibáñez Najar.

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Radicado: 13001233300020170107601 (68657)
Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

debieron saber de la participación del Estado y advirtieron que podían atribuirle
responsabilidad patrimonial.

ii) El juez competente debe analizar la caducidad de una demanda de reparación,
a partir del análisis y verificación de las barreras de acceso al derecho a la
administración de justicia que pudo enfrentar el demandante, en cada caso
particular.

iii) Además, para los casos en los que quien demanda es una persona víctima
del desplazamiento forzado, el juez de la causa debe considerar en su análisis
las barreras de acceso a la administración de justicia que pudo enfrentar la parte
demandante, todos los factores de vulnerabilidad que se asocian al flagelo del
desplazamiento forzado y que padecen quienes son víctimas de ese fenómeno.

iv) Para la aplicación del fallo de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sala
Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, el juez competente debe readecuar el proceso a su cargo de
manera tal que se cerciore si las partes tuvieron la oportunidad de ajustar sus
planteamientos para argumentar por qué no se acudió de manera oportuna a la
justicia. Esta regla toma como base lo establecido por la Sala Plena de la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en la
sentencia del 29 de enero de 2020. Así, esta regla comprende tanto las
demandas de reparación directa como las de grupo.

En la providencia citada, la Corte advirtió que en efecto resulta aplicable el término
de caducidad fijado en la ley, para las demandas dirigidas a obtener una reparación
del Estado por su participación en un crimen de lesa humanidad, de guerra o de
genocidio, lo cual incluye el desplazamiento forzado. Además, como en dicha
providencia se seleccionaron para estudio dos acciones de grupo, la Corte aclaró
que, en el caso particular de la acción o medio de control de grupo, se debe aplicar
el término consagrado en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (en principio, el
literal h del numeral 2º) y, en el caso de las acciones que se presentaron antes de
la entrada en vigor de dicha ley, lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 472 de 1998.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

Asimismo, esa Corporación hizo énfasis en la posibilidad de que quienes pretendan
acudir a la jurisdicción para obtener una indemnización de parte del Estado por su
acción u omisión respecto de tales delitos, puedan exponer las situaciones que
enfrentaron y que, a la postre, les impidieron materialmente acudir a tiempo a la
administración de justicia.

La Corte también aprovechó para reiterar, de conformidad con su propia
jurisprudencia y la de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que la
imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos de lesa humanidad, no se
extendía a procesos judiciales dirigidos a reclamar una indemnización de parte del
Estado.

7. Caso concreto

En el sub lite los demandantes pretenden que se declare patrimonialmente
responsable a las autoridades accionadas por el desplazamiento forzado de que
fueron víctimas, debido a la falta de protección y a la connivencia de estas con
actores armados ilegales durante los hechos ocurridos el 22 de octubre de 1999 en
el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar), lo que les
causó perjuicios materiales e inmateriales.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si el medio de control de reparación directa se presentó en
tiempo.

7.1. Hechos probados

Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se demostró que, en fecha indeterminada, Policarpo Sánchez Sierra, Rosmira
del Rosario Díaz Rivera, Viannys Marcela Sánchez Meza, María José Sánchez
Meza y Anderson de Jesús Sánchez Díaz fueron incluidos en el Registro Único de
Víctimas por desplazamiento forzado, por los hechos ocurridos el 22 de octubre de
1999. De esta información da cuenta la declaración No. 2181080 del 20 de enero

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

de 2015, expedida por la plataforma VIVANTO para la Inclusión y la Paz de la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas44.

7.1.2. Consta que, el 14 de enero de 2015, el personero municipal de San Jacinto
(Bolívar) certificó que “Policarpo Sánchez Sierra, identificado con la cédula de
ciudadanía No. 73.117.588, Rosmira Díaz Rivera, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 33.106.631, Anderson de Jesús Sánchez Díaz, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 1.042.351.775 y, Marcela Sánchez Mesa y María José
Sánchez Meza, se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas RUV de la
bases de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
como DESPLAZADOS”. De esta información da cuenta copia auténtica de la
referida certificación45

7.1.3. Se acreditó que, el 20 de febrero siguiente, Policarpo Sánchez Sierra rindió
declaración jurada ante la personería municipal de San Jacinto (Bolívar), “con
funciones de ministerio público”, en la que señaló que “es desplazado del
corregimiento ‘Bajo Grande’, jurisdicción de San Jacinto (Bolívar), desde el día 22
de octubre de 1999, tenía 6 personas a mi cargo y, al momento de nuestro
desplazamiento, abandonamos la vivienda con todos nuestros enseres que los
paramilitares quemaron; tenía 7 hectáreas de tierra, cultivos de yuca, maíz, tabaco,
ajonjolí; también 5 cerdos, 10 gallinas, chivos, patos”. De esa información da cuenta
copia auténtica de la respectiva acta suscrita por el personero municipal, su
secretario y el declarante46.

7.2. Análisis de la caducidad de la acción de reparación directa

Pues bien, de conformidad con los fundamentos expuestos frente al fenómeno de
la caducidad de la reparación directa en el capítulo 6 de esta providencia, se tiene
que, en este caso, el aspecto determinante para establecer el término inicial del
cómputo de la caducidad del medio de control de reparación directa es, en principio,

44 Fl. 2, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
45 Fl. 14, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
46 Fl. 25, C.1. Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

la ocurrencia del hecho causante del daño, tal como lo dispone el artículo 136 del
CCA47.

Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección y de la
Corte Constitucional, como regla general, cuando los hechos involucran la presunta
comisión de delitos de lesa humanidad, como el homicidio, lesiones y
desplazamiento forzado en el marco de un ataque generalizado contra la población
civil48, el término debe computarse a partir del momento en que el interesado
conoció o debió conocer la participación del Estado en los hechos que generaron el
daño antijurídico. No obstante, de manera excepcional, es posible extender el inicio
del término de caducidad de la acción o del medio de control cuando se demuestre
que los demandantes estaban materialmente impedidos para ejercer su derecho de
acción, por circunstancias que, de no ser valoradas por el juez, afectarían
gravemente el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
En tales casos, el término deberá contarse a partir del momento en que cesen
dichos impedimentos.

De conformidad con lo anterior, la Sala pasa a estudiar si operó o no la caducidad
en el caso en concreto.

7.2.1. La caducidad de las pretensiones respecto del desplazamiento forzado
de los demandantes

En cuanto al desplazamiento forzado, en la demanda se afirma que, a partir del 22
de octubre de 1999, los demandantes se vieron obligados a desplazarse del
corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar).

47 Normativa que, como ya se dijo, es la aplicable a este caso por la fecha de ocurrencia del daño.
48 La Corte Constitucional, en Sentencia C-579 de 2013, indicó: “Los delitos de lesa humanidad,

tienen las siguientes características: i) causar sufrimientos graves a la víctima o atente contra su
salud mental o física; ii) inscribirse en el marco de un ataque generalizado y sistemático; iii) estar
dirigidos contra miembros de la población civil y iv) ser cometidos por uno o varios motivos
discriminatorios especialmente por razones de orden nacional, político, étnico, racial o religioso”.
En el mismo sentido, el Consejo de Estado ha dicho: “elementos contextuales que cualifican y hacen
que tal crimen derive en uno de lesa humanidad, a saber: que se ejecute i) contra la población civil
y ii) en el marco de un ataque generalizado o sistemático”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 17 de septiembre de 2013, CP: Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
exp. 45092. Reiterado por esta Sala de Subsección en sentencia del 11 de diciembre de 2024, exp.
68282, CP. William Barrera Muñoz.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

Igualmente, se acreditó que, en fecha indeterminada, los demandantes fueron
incluidos en el Registro Único de Población Desplazada por hechos ocurridos el 22
de octubre de 1999 (hecho probado 7.1.1 y 7.1.2.) y que el 20 de febrero de 2015,
el señor Sánchez Sierra rindió declaración jurada ante la personería municipal de
San Jacinto en la que afirmó “soy desplazado del corregimiento ‘Bajo Grande’,
jurisdicción de San Jacinto, desde el día 22 de octubre del año 1999” (Se resalta).

Según lo expuesto, se evidencia que lo probado en el proceso permite establecer,
con grado de certeza, que los demandantes se desplazaron forzosamente de su
residencia en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto (Bolívar)
el 22 de octubre de 1999.

Ahora bien, en cuanto a la posible participación de agentes del Estado en los hechos
que dieron lugar al desplazamiento forzado de las accionantes, se afirma en la
demanda que el 22 de octubre de 1999, los “paramilitares” y agentes del Estado
causaron la muerte de algunos habitantes del corregimiento “Bajo Grande” del
municipio de San Jacinto, que amenazaron a la población y provocaron su
desplazamiento forzado.

Además, se afirma que: i) “los grupos de paramilitares y agentes del estado,
procedieron a reunir la población en la plaza y con una lista en mano empezaron a
llamar a los habitantes dándole muerte a Cuatro (4) miembros de la comunidad”49;
y ii) “las fuerzas armadas colombianas Armada Nacional – Policía Nacional y el
Ejército Nacional, eran conocedores de los hechos que se daban en el lugar en ese
momento y no hicieron nada para que este hecho no se diera lugar, por el contrario,
fueron colaboradores de los ahora ex paramilitares del grupo armado al margen de
la ley, comandados por Sergio Manuel Córdoba Ávila, alias ‘El Gordo’,
pertenecientes al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia AUC,
paramilitares al mando de Salvatore Mancuso, quienes para la fecha de los hechos
22 de octubre de 1999, desplazaron a la población y a su vez dieron muerte y
amenazaron a las personas que vivían en el asentamiento de Bajo Grande en el
municipio de San Jacinto, jurisdicción del departamento de Bolívar”50.

49 Hecho No. 3 del escrito de la demanda.
50 Hecho No. 4 del escrito de la demanda.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

De acuerdo con lo anterior, no queda duda que, desde el 22 de octubre de 1999,
los demandantes tenían conocimiento de la posible omisión o participación de
agentes del Estado en los hechos por los cuales habrían sido víctimas de
desplazamiento forzado. Al efecto, debe advertirse que afirmaciones antes
referidas corresponden a una confesión y tienen merito probatorio de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 191 y 193 del C.G.P., pues en ellas los demandantes
dan cuenta de los hechos que habrían dado lugar a su desplazamiento forzado.

De ahí que, en cuanto a la participación de agentes del Estado en los hechos
ocurridos el 22 de octubre de 1999 en el corregimiento “Bajo Grande” del municipio
de San Jacinto (Bolívar), de acuerdo con lo señalado en la demanda, desde esa
misma fecha los accionantes tenían conocimiento de que el Estado podría estar
involucrado en dichos hechos violentos, pues tal como lo manifestaron en la
demanda, uniformados hicieron presencia en la zona y “fueron colaboradores de los
ahora ex paramilitares”, cuyas acciones causaron el desplazamiento forzado de las
accionantes y otros pobladores del referido municipio. Esto implica que desde esa
fecha los demandantes consideraban que la fuerza pública era aquiescente con la
actuación de los grupos armados ilegales en el municipio de San Jacinto.

Además, no se acreditó que las demandantes hubieran conocido de la participación
de agentes del Estado en una fecha distinta ni tampoco se informa de circunstancia
alguna que indique la imposibilidad de los actores para haber acudido a la
Jurisdicción Contencioso Administrativa mediante la acción de reparación directa.

Igualmente, siguiendo el criterio fijado en la sentencia SU-429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en cuanto a la posibilidad de exponer las situaciones que pudieron
enfrentar las demandantes y que les habría impedido materialmente acudir a tiempo
a la administración de justicia, se observa que, si bien la demanda se presentó el
15 de noviembre de 2017, cuando aún no se había proferido la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera de esta Corporación y,
en esta instancia, no hubo lugar a correr traslado para alegar de conclusión, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 247 del CPACA, lo cierto
es que la parte actora presentó escrito de alegatos en segunda instancia, en donde
reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y, añadió, frente a la

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Radicado: 13001233300020170107601 (68657)
Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

oportunidad de la acción, que por tratarse de un proceso en el que se ventilaban
posibles delitos de lesa humanidad no prosperaba la excepción de caducidad.
Sostuvo que la demanda de la referencia se presentó antes de 2020 de acuerdo
con los lineamientos de la jurisprudencia del Consejo de Estado vigentes para ese
momento y que el cambio jurisprudencial con la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
afectaba sus derechos al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia, al aplicar dicha providencia de manera retroactiva.

De modo que la parte actora tuvo la oportunidad procesal de exponer si se encontró
en alguna situación que le hubiera impedido materialmente acudir a la
administración de justicia dentro del plazo establecido en la ley, tal como lo dispuso
la Corte Constitucional en la sentencia SU-429 de 2024, sin que hubiera
manifestado ni acreditado alguna razón para no haber accionado pues, aunque se
refirió a la aplicación de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 proferida
por la Sala Plena de esta Sección, se limitó a manifestar su postura al respecto, mas
no señaló circunstancia particular alguna que le hubiera imposibilitado demandar
dentro del término legal.

De hecho, como antes se anotó, se acreditó que los demandantes tuvieron la
posibilidad material de declarar su situación de desplazamiento forzado ante la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas (hecho probado 7.1.1.)
y que, igualmente, hicieron presencia ante la personería municipal del municipio de
San Jacinto (Bolívar) a efectos de certificar su condición de desplazados (hecho
probado 7.1.2.) y rendir declaración juramentada por los hechos ocurridos el 22 de
octubre de 1999 (hecho probado 7.1.3.), lo que supone que las víctimas tenían pleno
acceso a las autoridades de modo que, así como se dirigieron a la dependencia de
registro de víctimas y al ministerio público, podrían haber acudido a la
administración de justicia para elevar sus pretensiones indemnizatorias, bien por
medio de un abogado particular o mediante uno asignado por la Defensoría del
Pueblo51, pues, se itera, no se acreditó circunstancia material alguna que les hubiera

51 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1448 de 2011, por medio de la cual se

dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones, “la Defensoría del Pueblo prestará los servicios de
representación judicial a las víctimas que lo soliciten mediante el Sistema Nacional de Defensoría

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Radicado: 13001233300020170107601 (68657)
Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

impedido hacerlo para acudir dentro del término legal ante esta jurisdicción en
ejercicio del medio de control de reparación directa.

De modo que, en la medida en que no se acreditó razón justificativa alguna para no
haber accionado en el término legal, en tanto no aducen alguna las razones
objetivas expuestas por la Sala Plena de esta Sección en la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, Rad. 61033, reiteradas por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024, tales como secuestros o
enfermedades ni tampoco se demostró que los actores hubieran denunciado
amenazas o cualquier otro supuesto que obstaculizara materialmente el ejercicio
del derecho de acción, que justifique contar el término de caducidad a partir de un
momento distinto al del conocimiento de las demandantes el 22 de octubre de 1999
sobre la participación del Estado en los hechos ocurridos ese mismo día en el
corregimiento “Bajo Grande” del municipio de San Jacinto, que dieron lugar al
desplazamiento forzado que demandan.

Así las cosas, se estima que la acción de reparación directa se presentó por fuera
del término previsto por el legislador, esto es, el de dos (2) años, toda vez que, el
plazo procesal frente a los hechos lesivos alegados – desplazamiento forzado e
intervención estatal en la misma - fenecía el 23 de octubre de 2001, tal y como lo
afirmaron en la demanda.

Lo anterior, no obstante, que la parte actora presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 1º de diciembre de 201652,
pues tanto dicha solicitud como la demanda radicada el 15 de noviembre de 201753
se impetraron cuando el término de caducidad se encontraba vencido.

Adicionalmente, no es posible contabilizar el término de caducidad desde la fecha
en que se realizó la inscripción de las demandantes en el Registro Único de la
Población Desplazada, pues, en primer lugar se desconoce la fecha exacta en que

Pública. Para ello, designará representantes judiciales que se dedicarán exclusivamente a la
asistencia judicial de las víctimas a través de un programa especial que cumpla tal cometido,
incorporando criterios de asesoría diferenciales y un componente de asistencia para mujeres
víctimas”.
52 Anexo No. 3, Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.
53 Páginas 1 a 14, C.1. – Índice No. 2, SAMAI. Consejo de Estado.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

esto ocurrió y, además, porque de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de
2011, la inscripción en el Registro Único de Víctimas tiene como objetivo garantizar
el reconocimiento formal de las víctimas, permitir su acceso a medidas de asistencia
y atención integral, asegurar su derecho a la justicia y la verdad, y facilitar el
seguimiento por parte del Estado para la correcta implementación de políticas
públicas, tal como lo reiteró recientemente la Corte Constitucional en la sentencia
SU-429 de 202454.

No obstante, este hecho solo afectaría el cómputo de la caducidad de la acción si
se demuestra la existencia de situaciones que imposibilitaron el acceso a la
administración de justicia, tal como lo establece la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, Rad. 61033, cuyos criterios fueron reiterados por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-429 del 10 de octubre de 2024. En dicha
sentencia, se señala expresamente que el término de caducidad no es exigible
cuando se verifica una afectación ostensible a los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre en casos donde se comprueban
situaciones objetivas como secuestros, enfermedades o cualquier otra circunstancia
que impida materialmente el ejercicio del derecho de acción. En estos casos, el
término preclusivo no puede contarse en contra de quien no tiene acceso efectivo a
la administración de justicia, pero en el sub judice no se probó alguno de tales
eventos u otro semejante que les impidiera a las demandantes haber acudido a la
justicia dentro del plazo legal para accionar.

Adicionalmente, frente al argumento expuesto por la parte demandante en el escrito
presentado durante el trámite de segunda instancia, de que por tratarse este de un
proceso en el que se ventilaban posibles delitos de lesa humanidad no prosperaba
la excepción de caducidad, cabe precisar que, sobre el particular, la sentencia SU-
429 del 10 de octubre de 2024 de la Corte Constitucional advirtió que, para

54 En esta providencia, respecto de uno de los expedientes analizados, la Corte declaró que existía

defecto factico en la providencia objeto de tutela, por cuanto “la inscripción en el Registro Único de
Víctimas no tiene la vocación ni la función legal de servir como el momento, a partir del cual debe
contarse la caducidad de una demanda de reparación dirigida a obtener una indemnización del
Estado, por la comisión de un delito de lesa humanidad, crimen de guerra o genocidio, lo cual incluye
al desplazamiento forzado. Aunado a lo anterior, el RUV tampoco es la prueba conducente o
pertinente para establecer si los demandantes en un proceso de la naturaleza anotada enfrentaron
barreras materiales que les impidieron acudir a tiempo a la administración de justicia”.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

demandar la reparación por parte del Estado de los delitos de lesa humanidad,
crímenes de guerra y genocidio, sí opera la caducidad, con fundamento en el literal

i) del artículo 164.2 de la Ley 1437 de 2011 y que la imprescriptibilidad de la acción
penal para los delitos de lesa humanidad no se extendía a procesos judiciales
dirigidos a reclamar una indemnización de parte del Estado.

Igualmente, en cuanto a lo expuesto por las demandantes en esta instancia,
referente a que la demanda de reparación directa se radicó antes del año 2020 con
fundamento en los lineamientos de la jurisprudencia del Consejo de Estado vigentes
para ese momento, por lo que la aplicación retroactiva de la sentencia de unificación
del 29 de enero de 2020, de la Sala Plena de la Sección de esta Corporación
afectaba sus derechos al debido proceso, igualdad, seguridad jurídica y acceso a la
administración de justicia, la Sala considera que no les asiste razón. Ello es así,
pues frente a la aplicación al sub lite de la sentencia de unificación del 29 de enero
de 2020 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación,
cabe precisar que hasta dicha fecha el Consejo de Estado no había asumido un
criterio uniforme frente al tema, dado que la Sección Quinta consideraba que no
operaba la caducidad cuando se demandaba por daños provenientes de “delitos de
lesa humanidad”, criterio que era compartido por la Subsección C de la Sección
Tercera, pero no por la mayoría de la Sección y el razonamiento que prevalecía era
aquel según el cual el bloque de constitucionalidad no impedía a los Estados
adoptar reglas propias para el acceso a su sistema judicial, de ahí que en Colombia
debían aplicarse las normas de caducidad internas, incluso en los casos
denominados de lesa humanidad.

En la misma sentencia de unificación se explicó que entre las Subsecciones que
integran la Sección Tercera del Consejo de Estado no existía un criterio uniforme
frente a la exigibilidad del término para demandar cuando se invocaba un delito de
lesa humanidad o un crimen de guerra, razón por la cual, en ella, se fijó un criterio
uniforme para tales eventos, criterios estos que la Sección Tercera viene aplicando
de manera uniforme y pacífica.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

Ahora, en cuanto a los efectos de las sentencias de unificación en el tiempo, tanto
el Consejo de Estado55 como la Corte Constitucional56 han indicado que, por regla
general, los cambios jurisprudenciales tienen efectos retrospectivos, por ende, se
aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa.

Además, en múltiples fallos de tutela57 se ha señalado que los operadores judiciales
deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de resolver el asunto
sometido a su consideración, argumento que ha servido de sustento para descartar
la vulneración de derechos fundamentales en aquellas controversias en las que se
alega el desconocimiento del precedente por no tener en cuenta la jurisprudencia
imperante al momento de la presentación de la demanda o del fallo de primera
instancia58.

Sobre el particular se advierte que, en la sentencia T-024 de 202459, la Corte
Constitucional respaldó la aplicación de las reglas para el conteo de la caducidad
establecidas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero
de 2020, pues esa Corte indicó que, a partir de lo dicho en las sentencias T-044 y
T-210 de 2022, la mencionada sentencia de unificación del Consejo de Estado tenía
efectos retrospectivos, por lo que su aplicación es general e inmediata. La Corte

55 Al respecto, se pueden consultar las siguientes providencias dictadas por esta Corporación: i)

Subsección A, auto del 30 de julio de 2021, exp: 66.941 y ii) Sección Primera, sentencia de 29 de
abril de 2021, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés, exp: 2021-01372-00 (AC), entre otras.
56 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, sentencia T-044 del 14 de febrero de 2022, MP:

Paola Andrea Meneses Mosquera, exp: T-8.263.898.
57 Ver, entre otros, los siguientes fallos de tutela: (i) sentencia del 1° de octubre de 2021, radicación

11001-03-15-000-2021-05479-00, Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección C; (ii)
sentencia del 18 de noviembre de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-07060-00, Sección
Cuarta del Consejo de Estado; (iii) sentencia del 24 de mayo de 2021, radicación 11001-03-15-000-
2021-02039-00, Sección Segunda del Consejo de Estado, Subsección B.
58La Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha sostenido: “Así las cosas, de

conformidad con lo expuesto, para la Sala la providencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) no incurrió en un desconocimiento de la jurisprudencia unificada de esta
Corporación. Por el contrario, el Tribunal aplicó la regla de unificación vigente y aplicable al momento
de resolver el asunto sometido a su consideración, analizando la antijuridicidad del daño para
encontrar acreditada la responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Adicionalmente,
debe indicarse que no resultan de recibo los argumentos de la parte actora dirigidos a afirmar que
debió aplicarse la tesis prevista en la sentencia de diecisiete (17) de octubre de dos mil trece (2013),
radicado 23.354, por ser esa la vigente al momento de presentar la demanda, pues, como lo ha
indicado el Consejo de Estado, por regla general y salvo que de manera expresa se disponga lo
contrario, los operadores judiciales deben privilegiar la tesis jurisprudencial vigente al momento de
resolver el asunto sometido a su consideración, a efectos de salvaguardar valores superiores como
la igualdad, la seguridad jurídica y la aplicación uniforme e inmediata del derecho” (sentencia del 25
de agosto de 2022, expediente 66535, CP: Nicolás Yepes Corrales).
59 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, sentencia del 6 de febrero de 2024, MP: Paola

Andrea Meneses Mosquera.

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

también estableció que, debido a la variación en el precedente aplicable, los
demandantes en los procesos de reparación deben contar con una oportunidad
procesal para manifestarse frente al cambio de precedente, para proteger su
derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y que esto
implicaba incluso readecuar el proceso judicial, si se advertía que la sentencia del
29 de enero de 2020 se profirió cuando la parte demandante ya no contaba con un
momento procesal, como lo es, por ejemplo, el alegato de conclusión.

Sin embargo, como antes se verificó, en el sub examine la parte demandante tuvo
la oportunidad procesal para manifestarse sobre la aplicación de la sentencia del 29
de enero de 2020, cuando presentó escrito durante el trámite de segunda instancia,
aun cuando no se corrió traslado para alegatos de conclusión, escrito en el cual no
expresó impedimento alguno para haber ejercido el medio de control de la referencia
dentro del término legal.

Finalmente, no sobra precisar que, si bien en la primera instancia el Tribunal
Administrativo de Bolívar estimó que en el sub judice no se produjo el fenómeno de
la caducidad, en esta instancia resultaba necesario verificar si la demanda se
presentó en tiempo, por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto
procesal y, por ende, debe examinarse de oficio60.

Al respecto se reitera que el instituto de la caducidad del medio de control está
previsto con el propósito de otorgar seguridad jurídica a los asuntos de conocimiento
de la jurisdicción, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones
indefinidas en el tiempo y de proteger el interés general mediante la determinación
de unos plazos para ejercer los medios de control judicial.

Por ello, estos plazos resultan ser perentorios, preclusivos, improrrogables,
irrenunciables y de orden público, de modo que la configuración y el vencimiento

60 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”

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Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

del fenómeno de caducidad no puede quedar al arbitrio de las partes en conflicto,
porque su advenimiento opera de pleno derecho y exige que el operador judicial la
declare cuando la halle configurada, derivando en una sanción ipso iure que
conlleva la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

Por lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 30 septiembre de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda
para, en su lugar, declarar probada la caducidad del medio de control, según lo
expuesto en precedencia, tal como lo hizo en providencias recientes frente a un
asunto similar61.

8. Condena en costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA62 -adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021- y con la disposición especial del artículo 365-1
del CGP63, procede la condena en costas a cargo de la parte a la que se le resuelve
desfavorablemente el recurso de apelación, siempre y cuando “en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación64”.

En este caso, a pesar de que a la parte demandante se le resolvió de manera
desfavorable el recurso de apelación que interpuso en contra de la sentencia de
primera instancia, no hay lugar a condenarla en costas porque estas no se
causaron, dado que la parte demandada no intervino de ninguna manera en la
segunda instancia de este juicio.

61 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencias del 9 de abril de 2025, Rad. 69120, del 18 de junio de 2025, Rad. 67024 y 68655 y del
11 de agosto de 2025, Rad. 71322.
62 “Artículo 188. Condena en costas [adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021]. Salvo

en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil
[actualmente Código General del Proceso]. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal” [aclaración añadida].
63 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos

en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará
en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto […]” [aclaración
añadida].
64 El artículo 365-8 del CGP establece lo siguiente: Artículo 365. Condena en costas. [...] 8. Solo

habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación” [énfasis añadido].

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Radicado: 13001233300020170107601 (68657)
Demandante: Policarpo Sánchez Sierra y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la caducidad de la acción de reparación directa.

TERCERO: SIN COSTAS.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRONICAMENTE FIRMADO ELECTRONICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
Aclaración de voto

VF/EX1

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