Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01096-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01096-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2017-01096-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
19 de septiembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13 001 23 33 000 2017 01096 01 (3489-2023)
Demandante: Luís Eduardo Chavarriaga Villalba
Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA
Tema: Declaración de insubsistencia. Empleado libre nombramiento y
remoción. Falta de motivación.
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia de fecha 28 de octubre de 2022,1 proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
Se invocaron las siguientes:
Primera: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 1632 de 19 de agosto de
2016, mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento ordinario del señor
Luís Eduardo Chavarriaga Villalba, en el empleo de Subdirector, Grado 02, del
Centro para la Industria Petroquímica del SENA - Regional Bolívar.
Segunda: Que se ordene al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA reintegrar al
demandante al cargo en mención y/o a otro de igual o superior jerarquía.
Tercera: Que se ordene a la demandada reconocer y pagar al actor los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir desde el momento de su desvinculación
hasta el día en que sea reincorporado al servicio.
Cuarta: Se condene a la accionada a reconocer y pagar por concepto de perjuicios
extrapatrimoniales -daño moral o cualquier otro daño extrapatrimonial que se logre
demostrar-, la suma de 100 S.M.L.M.V. o lo fijado por la autoridad respectiva.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13 001 23 33 000 2017 01096 01 (3489-2023)
Demandante: Luís Eduardo Chavarriaga Villalba
Quinta: Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en los
artículos 187, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.
Sexta: Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
El demandante prestó sus servicios al SENA desde el 8 de julio de 1993 hasta el 19
de agosto de 2016, siendo su último empleo el de Subdirector Grado 02 del Centro
para la Industria Petroquímica del SENA - Regional Bolívar. Participó en el concurso
de méritos que tuvo por finalidad conformar una lista de candidatos de la cual se
seleccionaría al Subdirector de ese centro, proceso que culminó el 24 de noviembre
de 2009 y en el que ocupó el primer lugar. Por consiguiente, el 10 de agosto de
2010 fue designado en el reseñado empleo.
El vínculo laboral con la demandada se mantuvo por más de veinte años y nunca
tuvo llamados de atención, ni mucho menos estuvo sometido a investigaciones
disciplinarias, malas calificaciones o a algún acontecimiento que pudiera afectar su
hoja de vida, pues siempre se destacó por cumplir a cabalidad con las obligaciones
que su empleo le demandaba, aprobando todas las evaluaciones que le fueron
realizadas y en las que siempre obtuvo un excelente puntaje. Mediante Resolución
No. 1632 de 19 de agosto de 2016 fue declarado insubsistente ese nombramiento,
acto administrativo que le fue notificado por correo electrónico ese mismo día.
A raíz de su desvinculación viene sufriendo aflicciones, depresiones, insomnio y
ansiedad, toda vez que el salario que devengaba en el SENA era el único medio
que tenía para sustentar a su familia y sufragar, en general, los demás gastos de
subsistencia.
1.3 Fundamentos de derecho.
Se señalan como vulneradas las siguientes disposiciones:
• Artículos 1, 29, 90, 123, 125 y 209 de la Constitución política.
• Decreto 1972 de 2002.
• Sentencias SU-250 de 1998 y T-204 de 2012.
• Sentencia de fecha 13 de marzo de 2008.
En el concepto de violación, el abogado de la parte actora expuso lo siguiente:
• El acto acusado vulneró el artículo 29 Superior, pues la falta de motivación le
impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 13 001 23 33 000 2017 01096 01 (3489-2023)
Demandante: Luís Eduardo Chavarriaga Villalba
• En un Estado Social de Derecho es obligatorio motivar las decisiones, para que
los administrados puedan ejercer sus derechos ante las distintas autoridades.
• El cargo de Subdirector de Centro fue provisto a través de un concurso de méritos
en el que el actor ocupó el primer lugar, por lo que, al emplear ese esquema, se
restó fuerza el atributo de “libre nombramiento y remoción” que lo revestía y, en
consecuencia, emergió el deber para la administración de motivar el acto
administrativo de insubsistencia.
• A la luz de la jurisprudencia del Consejo de Estado, si bien el nominador goza de
un margen discrecional al escoger a este tipo de funcionarios, tal potestad no le
permite removerlos de manera caprichosa o arbitraria, o con desconocimiento de
los procedimientos previstos en la Constitución Política y la ley.
• El acto demandado podrá considerarse motivado cuando las calidades del nuevo
empleado permitan advertir, sin mayor dificultad, que el servicio prestado está
siendo mejorado.
• El demandante cumplió con todas las obligaciones propias e inherentes a su
cargo y nunca fue destinatario de llamados de atención, investigaciones
disciplinarias y tachas por mala conducta. Además, siempre obtuvo los mejores
puntajes y calificaciones en las evaluaciones realizadas por la entidad, tal y como
consta en su expediente administrativo.
• En atención a las altas calidades, capacidades, experiencia y calificaciones, la
accionada, mediante Resolución No. 1019 de 9 de junio de 2015, le reconoció
una prima técnica. Por tanto, se infiere que el accionante cumplió cabalmente con
las funciones inherentes a su posición laboral y, además, que no existían motivos
para que fuera retirado del servicio.
1.4 Contestación de la demanda.
Dentro de la oportunidad de ley, el SENA contestó la demanda,2 oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como medios exceptivos
formuló los siguientes:
• Legalidad del acto demandado. El Decreto Ley 3696 de 20 de octubre de 2006
-modificatorio del sistema de nomenclatura y clasificación de puestos de trabajo
en el SENA-, adscribió el cargo desempeñado por el accionante en el “nivel
directivo”. Por tanto, y a la luz de lo previsto en los artículos 5 y 47 de la Ley 909
de 2004 y el artículo 26 del Decreto Ley 249 de 2004, dicho empleo detenta la
naturaleza de “libre nombramiento y remoción”, frente al que la administración
podía ejercer la potestad discrecional para ordenar el retiro del servicio.
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Demandante: Luís Eduardo Chavarriaga Villalba
• El acto de desvinculación de los empleados de libre nombramiento y
remoción no debe ser motivado. Las decisiones de insubsistencia de un cargo
de esta estirpe no requieren ser motivados, pues así lo prescribe el parágrafo 2.°
del artículo 41 de la Ley 909 de 2004. Adicionalmente, señaló que es deber de
los gerentes públicos cumplir con los acuerdos de gestión regulados en el artículo
50 ejusdem, sin que los resultados de esos indicadores obstaculicen el ejercicio
de la facultad discrecional para ordenar el retiro del servicio.
• El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA no violó ninguna disposición
constitucional y legal. la decisión sometida a juicio fue emitida por la autoridad
competente, respetando el marco fijado para ello en el ordenamiento jurídico
vigente, y no como erróneamente lo alegó la parte actora, esto es, que fue
motivado en razones burocráticas y con desviación de poder.
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia adiada 28 de octubre de 2022,3 el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó las súplicas de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante.
Con tales propósitos, el a quo, luego de referenciar: i) los empleos de libre
nombramiento y remoción; ii) los límites constitucionales y legales de la facultad
discrecional en la declaratoria de insubsistencia de ese tipo de cargos y; iii) la causal
de nulidad por desviación de poder, concluyó que:
• De acuerdo con lo previsto en las normas que contienen el sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos en el SENA, el cargo ejercido por el
accionante era de libre nombramiento y remoción, cuya naturaleza no varió al ser
provisto mediante un proceso meritocrático, razón suficiente para pregonar que
la declaratoria de insubsistencia no requería de ninguna motivación.
• En estos casos, la orden de desvinculación laboral arrastra consigo la presunción
de estar fundada en el mejoramiento del servicio y la satisfacción del interés
general, amén de que se enmarca en límites justos, ponderados, razonables y
proporcionales. Por ende, competía a la parte actora demostrar lo contrario,
situación que aquí no tuvo lugar, pues en el expediente administrativo allegado
no se visualizan los indicadores de la gestión gerencial realizada por el
demandante cuando fungió como Subdirector, ni mucho menos se registran las
pruebas que demuestren quien lo sucedió en esa actividad, de modo tal que
pudiera verificarse la reducción en la cantidad y calidad del servicio prestado.
• La ausencia de investigaciones disciplinarias y la concesión de la prima técnica
por formación avanzada, no son indicativos de que, con la desvinculación laboral
del accionante, se afectó la labor cumplida hasta entonces.
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• No se probó que la insubsistencia estuvo predeterminada por motivos personales
del nominador y/o desviadas de los propósitos y fines que la norma autoriza.
1.6 Recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandante la recurrió en
apelación.4 En su intervención, censuró que el tribunal de primera instancia hubiere
negado las pretensiones de la demanda, pues a su juicio:
• El cargo que ostentaba su cliente fue provisto mediante un concurso de méritos,
en el que primaron las calidades académicas y profesionales de los aspirantes, por
tal razón el SENA no podía declararlo insubsistente sin antes motivar esa decisión.
• Por regla general los cargos de libre nombramiento y remoción no están
destinados a ser provistos mediante un proceso de esa naturaleza. En este tipo de
empleos lo que prima es la relación personal subjetiva entre el nominador y el
respectivo funcionario, sustrato esencial para ser considerados puestos de manejo
y confianza en donde, por supuesto, su insubsistencia no pueda quedar atada a
procedimientos reglados. No obstante, cuando la vacante es llenada a través de un
concurso de méritos, no puede predicarse esa confianza y, por tanto, el retiro del
servicio debe producirse a través de un acto administrativo motivado.
• La cualidad de “libre nombramiento y remoción” del citado empleo fue
desnaturalizada con la forma en que fue suplido, por lo que se configura una
excepción a la potestad discrecional con que cuenta la autoridad administrativa para
declararlo insubsistente sin motivación alguna.
• El actor siempre cumplió con su labor encomendada siguiendo los estándares de
calidad en la prestación del servicio, sin ser destinatario de ningún llamado de
atención o de falta disciplinaria. Por eso, la decisión sometida a juicio fue proferida
con desviación de poder, pues nunca buscó el mejoramiento de aquel.
• La persona que reemplazó a la parte actora no cumplió con la experiencia directiva
en el sector público y, en tal sentido, se advierte que la decisión adoptada devino
del capricho de la Administración.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso.
Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2023,5 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la Ley
1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del Agente del
Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.
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5 Índice 4, de la plataforma SAMAI.
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1.8 El control de legalidad.6
Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte ninguna causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que procederá a resolver la alzada,
previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso,8
la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandante, en su condición de apelante
único.
2.3 Problemas jurídicos
Conforme a lo señalado en acápites anteriores, le corresponde a esta Subsección
determinar sí ¿La Resolución N° 1632 de 19 de agosto de 2016, mediante la cual
se declaró insubsistente el nombramiento que el demandante ostentaba en el
empleo de Subdirector, Grado 02, del Centro para la Industria Petroquímica del
SENA -Regional Bolívar, debió ser motivada y, además, fue expedida con
desviación de poder?
En orden a resolver ese planteamiento, la Sala abordará los siguientes asuntos: i)
los empleos de libre nombramiento y remoción y el ejercicio de la facultad
discrecional para ordenar el retiro del servicio; ii) la naturaleza del cargo de
Subdirector de Centro de Formación Profesional Integral del SENA y; iii) la falta de
motivación -expedición irregular- y la desviación de poder como causales de nulidad
de los actos administrativos.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el
control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley […]».
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2.4. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.4.1 Los empleos de libre nombramiento y remoción y el ejercicio de la
facultad discrecional para ordenar el retiro del servicio.
La Constitución Política, en su artículo 125 dispone:
«Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan
los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores
oficiales y los que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la
Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.
El ingreso de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos
y calidades de los aspirantes.
El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por
violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la
Constitución o la ley.
En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su
nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción…».
En complemento de la citada clasificación general, el Congreso de la República
expidió la Ley 909 de 2004, «Por la cual se expiden normas que regulan el empleo
público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones»,
a través de la cual fijó los criterios que permiten encasillar un cargo público como
de «libre nombramiento y remoción». El artículo 5.° ejusdem es del siguiente tenor
literal:
«Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y
entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción
de:
1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la
ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en
las comunidades indígenas conforme con su legislación.
2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los
siguientes criterios:
a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la
adopción de políticas o directrices así:
[…]
En la Administración Descentralizada del Nivel Nacional:
Presidente, Director o Gerente General o Nacional; Vicepresidente, Subdirector o
Subgerente General o Nacional; Director y Subdirector de Unidad Administrativa
Especial; Superintendente; Superintendente Delegado; Intendente; Director de
Superintendencia; Secretario General; Directores Técnicos, Subdirector
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Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero; Director o Gerente
Territorial, Regional, Seccional o Local; Director de Unidad Hospitalaria; Jefes de
Oficinas, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, de Planeación, de Prensa o
Comunicaciones; Jefes de Control Interno y Control Interno Disciplinario o quien haga
sus veces; asesores que se encuentren adscritos a los despachos del
Superintendente Bancario y de los Superintendentes Delegados y Jefes de División
de la Superintendencia Bancaria de Colombia. (El énfasis es de la Sala)
De las disposiciones transcritas se extrae que la regla general de ingreso al servicio
público viene determinada por el sistema de carrera administrativa.9 Sin embargo,
dentro de las excepciones a ese mandato se encuentran los cargos de libre
nombramiento y remoción, cuya definición, a la luz de los parámetros previstos en
el numeral 2.° del artículo 5 de la Ley 909 de 2004, podría concebirse en los
siguientes términos: «son aquellos empleos que estando ubicados en las esferas
de dirección y conducción institucionales o que, sin estarlo, le son encomendadas
labores de asesoría, asistencia, apoyo y/o administración de dineros y bienes
públicos y, por tanto, requieren de una marcada facultad discrecional del nominador,
pues el grado de confianza frente a él es el mérito principal que determina su
provisión y/o retiro».
En otras palabras, a diferencia de lo que sucede con los cargos pertenecientes al
sistema de carrera administrativa «cuya provisión definitiva amerita la superación
de todas las etapas del respectivo proceso de selección», en los empleos de libre
nombramiento y remoción el factor «confianza» es el que motiva el ingreso y/o la
posterior desvinculación del servicio.
Pues bien, se resalta que la citada jurisprudencia10 precisó que el jefe de la entidad
está autorizado para disponer libremente de los servicios de estos empleados, sin
que le sea exigible explicar los motivos que lo llevan adoptar la respectiva decisión.
En otras palabras, el acto administrativo a través del cual se ordena la vinculación
y/o desvinculación de estos servidores públicos no requiere ningún razonamiento
distinto al que proviene de la confianza que el nominador tiene sobre la persona
destinataria de aquel. No en vano el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, dispuso:
«ARTÍCULO 41. CAUSALES DE RETIRO DEL SERVICIO. El retiro del servicio de
quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de
carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre
nombramiento y remoción;
…
9 Ver entre otras: (i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia de 2 de abril de 2020, C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, número de radicación: 50001-23-33-
000-2014-00024-01(2190-17); (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 22 de noviembre de 2018, C.P. William Hernández Gómez, número de radicación:
25001-23-42-000-2015-01406-01(5037-16) y (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de octubre de 2018, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, número
de radicación: 68001-23-33-000-2014-00216-01(3112-15).
10 Ver pie de página anterior.
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PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de
carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y
la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.
La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y
remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado».
Pues bien, aunque la norma en referencia exime al nominador del deber de motivar
la decisión administrativa a que se viene haciendo alusión, tal libertad tiene «como
es natural» un claro límite marcado por la razonabilidad, la cual demanda
resoluciones justas y ponderadas guiadas por la satisfacción del interés general.11
En armonía con el anterior planteamiento, la Corte Constitucional12 ha pregonado
que la discrecionalidad debe ser ejercida dentro de parámetros de racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, señaló como límites para el
ejercicio de dicha atribución, los siguientes:
i) Debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la potestad
discrecional.
ii) Su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la ley que la autoriza y;
iii) La decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.
Como refuerzo de lo anterior, se recuerda que el artículo 44 del CPACA prescribe
que «En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o
particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la
autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa».
Lo dicho supone una relación de dependencia entre los supuestos fácticos y
jurídicos que mueven a la administración a tomar la decisión y la norma que autoriza
su emisión, vínculo que, como viene dicho, es inseparable de la racionalidad,
proporcionalidad y razonabilidad arriba señaladas.
En conclusión, la facultad discrecional autoriza al nominador para vincular y/o
desvincular a los servidores de “libre nombramiento y remoción”, sin necesidad de
revelar los motivos para ello, teniendo como único límite los citados principios de
justicia y ponderación.
2.4.2 La naturaleza del cargo de Subdirector de Centro de Formación
Profesional Integral del SENA.
Como se acotó en líneas anteriores, el artículo 125 de la Constitución Política
establece que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera,
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18
de febrero de 2021, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, número de radicación: 68001-23-33-000-2017-00193-
01(0417-19).
12 Sentencia T-372 de 2012.
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con excepción de los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los
trabajadores oficiales y aquellos que determine la ley.
En lo que respecta al ente accionado, el Decreto Ley 3696 de 2006 «[P]or el cual
se modifica parcialmente el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos
públicos del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena», el cargo desempeñado por el
demandante está adscrito al “Nivel Directivo”. De ahí que en el artículo 26 del
Decreto Ley 249 de 28 de enero de 2004 «[P]or el cual se modifica la estructura del
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA» se haya consignado:
«Artículo 26. Los Subdirectores de los Centros de Formación Profesional Integral
del SENA son funcionarios de libre remoción por parte del Director General del
SENA. En todo caso, su nombramiento deberá realizarse mediante un proceso de
selección meritocrático, sujeto a veeduría ciudadana. Para tal fin deberá realizarse
una selección de por lo menos tres (3) candidatos por cada Centro […]».
Se sigue de lo anterior que el empleo de Subdirector, Grado 02, del Centro para la
Industria Petroquímica del SENA - Regional Bolívar, es de libre nombramiento y
remoción, sin que dicha naturaleza mute con ocasión al desarrollo de procesos de
selección meritocrática.
2.4.3 De la falta de motivación -expedición irregular- y de la desviación de
poder como causales de nulidad de los actos administrativos.
2.4.3.1 De la falta de motivación – expedición irregular del acto administrativo.
Motivar un acto administrativo es señalar, explicar y dar a conocer las razones de
hecho y de derecho que tuvo en cuenta la autoridad para emitir una determinada
decisión.
Para la Corte Constitucional constituye «[…] la fundamentación fáctica y jurídica con
que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión
tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad».13 Por su
parte, esta Corporación ha entendido que tal motivación implica reconocer que en
toda decisión subyace una causa que la justifica, la cual debe sujetarse a criterios
de «[..] legalidad, certeza de los hechos, debida calificación jurídica y apreciación
razonable […]».14
En consecuencia, se ha indicado que la ausencia de motivación de una decisión
que según el ordenamiento jurídico debió ser explicita, se adscribe a la causal de
nulidad de “expedición irregular”,15 por desatención de los elementos básicos que
determinan la existencia y posterior validez de la misma. Así, solo por citar unos
ejemplos, encontramos en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 un listado de
13 Sentencia SU-250 de 1998, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
14 Cita textual realizada en la sentencia del 26 de julio de 2017, emitida por la
Sección Cuarta dentro del
expediente N° 11001 03 27 000 2018 00006 00 (22326), demandante: Camilo Riaño Abaunza, C.P. Dr. Milton
Chávez García.
15 Ejusdem.
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resoluciones que deben ajustarse a las razones allí descritas, entre ellas, el
resultado no satisfactorio en la evaluación de desempeño, la destitución como
consecuencia de una sanción disciplinaria, el abandono del cargo, la supresión del
empleo.
En otras palabras, cuando algunas de las resoluciones taxativamente señaladas en
la disposición en cita son emitidas sin indicación de las razones respectivas
autorizadas por la ley, emerge inmediatamente la causal de nulidad por expedición
irregular a que se hizo referencia anteriormente. De manera que, para contrarrestar
ese efecto negativo, la autoridad debe ser celosa y cautelosa al emitir sus
decisiones, cumpliendo siempre con el deber de motivar los actos administrativos,
en aquellos casos en que el orden legal así lo demande.
2.4.3.2 La desviación de poder.
En el artículo 137 del CPACA la “desviación de las atribuciones propias de quien
profirió el acto administrativo”, comúnmente conocida como “desviación de poder”
se erige, con autonomía, como una causal de anulación que se concreta, en sentir
de la jurisprudencia de esta Subsección «…cuando el acto si bien fue expedido por
órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue
fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico».16
Por tanto, en los casos en que se invoque esta causal, el fallador deberá verificar si
la finalidad perseguida con la decisión administrativa -independientemente de si fue
o no expresada en él- se aviene a los intereses públicos -garantía del buen servicio-
o, por el contrario, es ajena a la norma o normas que posibilitaron su emisión. Sobre
el particular, en sentencia de 16 de julio de 2020, esta Sala de Subsección concluyó:
«Sobre la desviación de poder, se ha dicho que se configura cuando quien ejerce
función administrativa expide un acto de dicha naturaleza que, si bien puede
ajustarse a las competencias de que es titular y a las formalidades legalmente
exigidas, da cuenta del uso de las atribuciones que le corresponden a efectos de
satisfacer una finalidad contraria a los intereses públicos o al propósito que buscó
realizar el legislador al momento de otorgar la competencia en cuestión.
Al respecto, el abuso o desviación de poder12 es creación jurisprudencial del
Consejo de Estado francés, como reacción al formalismo excesivo del derecho
público y con el fin de someter los actos administrativos discrecionales al control
judicial. Se ha llegado a sostener incluso que precisamente el eje central del derecho
administrativo es el control de la discrecionalidad».17
Esta Corporación, aunque ha reconocido las dificultades que se pueden presentar
en punto a la demostración de esta causal, no ha morigerado la carga probatoria
que le asiste a quien la alega. Por tanto, el interesado deberá acreditar que el interés
o móvil que subyace a las expresiones de la determinación gubernamental, escapan
a la finalidad prevista en la disposición citada como fundamento de aquella.
16 Sentencia de 22 de febrero de 2018, expediente No. 25000-23-25-000-2008-00942-01(1635-17). C.P. Dr.
Rafael Francisco Suárez Vargas.
17 17001-23-33-000-2013-00257-02(2127-18), C.P. William Hernández Gómez.
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Así las cosas, y de acuerdo con lo analizado, la Sala abordara la resolución del caso
concreto.
2.5 Caso concreto.
Interrogante único: ¿La Resolución N° 1632 de 19 de agosto de 2016, mediante
la cual se declaró insubsistente el nombramiento que el demandante ostentaba en
el empleo de Subdirector, Grado 02, del Centro para la Industria Petroquímica del
SENA -Regional Bolívar, debió ser motivada y, además, fue expedida con
desviación de poder?
Desde ya, advierte esta Subsección que el acto administrativo demandado no debió
ser motivado, en razón a que:
• En la nomenclatura y clasificación interna de empleos del SENA -Decreto Ley
249 de 2004-, el cargo de Subdirector de Centros de Formación Profesional
Integral -similar al ejercido por el actor- está catalogado como de “libre
nombramiento y remoción”.
• Su provisión, a la luz de lo previsto en el artículo 26 ejusdem, amerita el
despliegue de un proceso meritocrático que debe culminar con la selección
de por los menos tres candidatos por cada centro formativo.
• Aunque esas vacantes son llenadas con base en criterios de mérito,
capacidad y experiencia profesional, no le resta fuerza a la potestad
discrecional con que cuenta la administración para ordenar su retiro, pues
así lo establecen los artículos 49 y 50 de la Ley 909 de 2004.
• Por consiguiente, al tratarse de un cargo de “libre nombramiento y remoción”,
se activa frente a él la cláusula de retiro del servicio contenida en el inciso
segundo del parágrafo 2.° del artículo 41 de la Ley 909 de 2004, según el
cual esa determinación «[…] es discrecional y se efectuará mediante acto no
motivado».
• Al revisar el acto sometido a escrutinio, se observa que la razón que le sirvió
de causa se concretó en que, por la naturaleza del empleo, no era necesario
ni indispensable su motivación, por lo que la Sala no encuentra ningún reparo
frente a ello, por las consideraciones que aquí han sido señaladas.
Por otro lado, se concluye que la decisión enjuiciada no detenta vicio alguno que
se apareje a la “desviación de poder” pues las pruebas recaudadas en el proceso
-el acto demandado; los resultados de la prueba escrita, de la entrevista y de los
antecedentes académicos y profesionales emitidos en el marco del proceso de
selección; el acto de incorporación al cargo de Subdirector; el reconocimiento de la
prima técnica por formación avanzada; los ingresos salariales del último año de
servicios; la ausencia de antecedentes disciplinarios en la oficina de Control Interno
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del SENA; el acto de nombramiento del señor Luís Felipe Perilla Pasquel en el cargo
de Subdirector del Centro Formativo para la Industria Petroquímica de Cartagena,
entre otros-:
i) No evidencian que con la desvinculación laboral del actor se produjo una
afectación a la cantidad y calidad del servicio prestado por el SENA a través del
aludido centro formativo.
ii) No prueban que el retiro del servicio tuvo por finalidad la consecución de un
resultado distinto al previsto en la norma que autoriza el ejercicio de la potestad
discrecional o, que se buscó satisfacer intereses personales del nominador, por
cuanto la vinculación del señor Luís Felipe Perilla Pasquel devino del proceso de
selección realizado por la entidad mediante la Resolución 2080 de 11 de octubre de
2016, esto es, posterior a la desvinculación del demandante.
Adicionalmente, la Sala resalta que: i) el cumplimiento por parte del accionante de
todos los estándares de calidad exigidos -que por cierto no están demostrados-; ii)
la inexistencia de antecedentes disciplinarios en la entidad; iii) el reconocimiento de
la prima técnica por formación avanzada; no le confieren al demandante un fuero
de estabilidad en el empleo que le impida al nominador el ejercicio pleno de la
facultad discrecional para determinar el retiro del servicio.
Así las cosas, y en atención a que los cargos planteados en la alzada no
prosperaron, deviene procedente confirmar en su totalidad la decisión de primera
instancia.
2.6 Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la
Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de
las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de
revisar los argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario,
se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
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III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 28 de octubre de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual negó las pretensiones de
la demanda promovida por el señor Luís Eduardo Chavarriaga Villalba contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo indicado en esta
providencia.
TERCERO: Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de fecha
diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticuatro.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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