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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01138-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2017-01138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda presentada por Antonio Santos Teherán Beleño contra el Distrito Cartagena de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo. Declarar parcialmente probada la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva» propuesta por el departamento de Bolívar, en los términos expuestos en la parte motiva, y no probada la excepción formulada por el Distrito de Cartagena denominada «Indebida presentación de la demanda». Tercero. Declarar la nulidad de las resoluciones 1477 del 3 de mayo de 2011 y 3639 del 29 de septiembre de 2011 y de los oficios AMC-OFI-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017 y AMC-OFI-0062405-2017 del 20 de junio de 2017 con los cuales el Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena [adscrito al Distrito de Cartagena] negó al demandante el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes. Cuarto. Condenar, a título de restablecimiento del derecho, Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena [adscrito al Distrito de Cartagena] a reconocer a Antonio Santos Teherán Beleño la pensión de jubilación por aportes a partir del 1 de agosto de 2007 con fecha de estatus del 2 de agosto de 2006. El pago de la prestación deberá realizarse desde el 29 de diciembre de 2013 en un valor equivalente al 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores 1 de agosto de 2007 [en atención a la fecha del retiro], actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, por virtud de la Ley 71 de Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Radicado: 13001 23 33 000 2017 01138 01 (4395-2024) Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994 y 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. La entidad tiene derecho, por disponerlo así el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, a reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2017-01138-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 13001-23-33-000-2017-01138-01 (4395-2024)
Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño
Demandada: Distrito de Cartagena
Vinculado Departamento de Bolívar

Temas: Pensión por aportes.

Sentencia

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, por medio de la cual negó las pretensiones de la
demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho1

1. Antonio Santos Teherán Beleño presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad de los oficios AMC-OFI-0009984-2017 del 14
de febrero de 2017, AMC-OFI-0062405-2017 del 20 de junio de 2017 y de las
resoluciones 1477 del 3 de mayo de 2011 y 3639 del 29 de septiembre de 2011,
actos administrativos por medio de los cuales el Fondo de Pensiones del Distrito
de Cartagena negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes
prevista en la Ley 71 de 1988.

2. Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó (i) el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes «u otra pensión
por favorabilidad» a partir del 1 de agosto de 2007 en cuantía equivalente a

1 Índice 2, Samai.
2 En adelante CPACA.

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

$2.286.621,93 «que incluy[a] todos los factores salariales devengados en el último año
de servicios»; (ii) el pago de las mesadas pensionales causadas desde el 1 de
agosto de 2007, con la inclusión de las mesadas 13 y 14, la respectiva indexación
y los intereses previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (iii) el traslado
del bono pensional a favor del Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena por
los empleadores o fondos de previsión que deben concurrir al pago de la
prestación social; (iv) la condena en costas a la demandada; y (v) el cumplimiento
de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se indicaron los siguientes:

3.1. Antonio Santos Teherán nació el 9 de mayo de 1946, por lo que cumplió 60
años en el año 2006, y era beneficiario del régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

3.2. Laboró en distintas entidades del sector público y privado y con la suma de
las cotizaciones hechas en ambos completó 1.159,28 semanas, es decir, 20
años.

3.3. A partir del 13 de mayo de 1969 se afilió al Instituto de los Seguros Sociales
y para el 1 de abril de 1994 tenía más de 750 semanas cotizadas.

3.4. El 9 de diciembre de 1998 se afilió a Colfondos.

3.5. En los años siguientes prestó los servicios como conductor en el cuerpo de
bomberos de Cartagena, en la Cámara de Representantes y en el Senado de la
República [2001 a 2007].

3.6. Solicitó a Fonprecon el reconocimiento de la pensión de jubilación [no indicó
la fecha de la solicitud]. La entidad lo negó a través de las resoluciones 211 del
21 de febrero de 2005 y del 31 de marzo de 2008 [sin identificar] por no completar
20 años de servicio.

3.7. A través de la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011, el Fondo Territorial de
Pensiones del Distrito de Cartagena negó la petición [no se identificó] en la que
solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes. La entidad
consideró que había acreditado 18 años, 4 meses y 25 días de cotización y que
el fondo responsable de reconocer la pensión era el Fondo Departamental de
Pensiones de Bolívar por ser el que recibió cotizaciones por más de 6 años,
según lo previó el Decreto 2709 de 1994.

3.8. Contra la decisión anterior presentó recurso de reposición [no señaló la fecha
de presentación], pues había completado cotizaciones por 21 años.

3.9. Con la Resolución 3639 del 29 de septiembre de 2011, el fondo distrital
confirmó la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011 al encontrar acreditado un
tiempo de servicio de 19 años, 10 meses y 11 días. No obstante, la entidad no
tuvo en cuenta las semanas cotizadas cuando prestó el servicio en los Bomberos
de Cartagena y en el Senado de la República que en total arrojaban 131.

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

3.10. En el año 2013 [no especificó la fecha exacta] solicitó la pensión de vejez a
Colpensiones. La entidad negó la prestación con la Resolución GNR 235544 del
18 de septiembre de ese año con el argumento de que estaba afiliado a
Colfondos.

3.11. El 5 de mayo de 2017 y en virtud de lo señalado en la sentencia SU-062 de
2010, Colfondos permitió su regreso a Colpensiones y con él respetó su garantía
de ser beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

3.12. Por lo anterior, el 31 de diciembre de 2016 solicitó de nuevo al Fondo
Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena el reconocimiento de la pensión
de jubilación por aportes. La entidad negó la petición el 14 de febrero de 2017
con el Oficio AMC-OFI-0009984-2017 y argumentó que ya había decidido ello en
la Resolución 1477 del 3 de mayo de 2011.

3.13. El 31 de mayo de 2017 presentó ante el fondo otra petición de
reconocimiento pensional. La entidad respondió con el Oficio AMC-OFI-0062405-
2017 del 20 de junio de 2017 que ya había resuelto lo pedido con la respuesta
del 14 de febrero de ese año y que la responsable de un eventual reconocimiento
sería la alcaldía de Cartagena.

3.14. El 12 de julio de 2017 pidió a esta última que le concediera la pensión por
aportes. La entidad a través del Oficio AMC-OFl-0084941-2017 del 11 de agosto
de 2017 respondió que era el Fondo Territorial del Distrito de Cartagena el
responsable directo de reconocer y pagar la pensión.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 6, 29, 48 de la Constitución Política;
artículo 7 de la Ley 71 de 1988; 10 del Decreto 2709 de 1994; y 93 del CPACA.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

5.1. Al calcular las semanas cotizadas, la entidad no incluyó en las resoluciones
1477 y 3639 de 2011 los aportes que hizo cuando prestó el servicio en el Senado
de la República y en el cuerpo de Bomberos de Cartagena que acumulaban más
de 1.029 semanas. Con tal actuación vulneró su derecho a la seguridad social al
desconocer su historia laboral.

5.2. Por disposición del artículo 10 del Decreto 2709 de 1994 le correspondía al
Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena el reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes, puesto que la última entidad en la que estuvo
afiliado no aportó por un tiempo superior a los 6 años. En ese sentido, por ser el
fondo en el que más aportes hizo en su historial laboral era el encargado del
trámite.

5.3. El oficio AMC -OFl-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017 era nulo porque
la pensión de jubilación, por ser una prestación periódica, podía reclamarse en
cualquier tiempo. Por lo tanto, el fondo no podía dejar de decidir la petición con
el argumento de que ya la había resuelto con las resoluciones 1477 y 3639 de
2011 y que la decisión estaba en firme.

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

5.4. Por iguales razones el Oficio AMC-OFI0 0062405-2017 del 20 de junio de
2017 estaba viciado de nulidad, pues la entidad negó la petición porque ya lo
había hecho con el Oficio AMC -OFl-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017.
Esta actuación desconoció que «[t]oda pensión es reclamable en cualquier tiempo y
el hecho de que se haya negado una vez no es óbice para que ese acto administrativo
quede firme y el actor no pueda reclamar o peticionar cuando él considere que ya tiene
o cumple con los requisitos que le faltaban para acceder a la misma».

5.5. El Oficio AMC-OFl-0084941-2017 del 11 de agosto de 2017 proferido por la
Alcaldía de Cartagena era contrario al ordenamiento jurídico, por cuanto al negar
la pensión por no ser la competente debió remitir la petición al fondo que sí lo
era.

5.6. Las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 al no incluir los tiempos laborados en
el Senado de la República y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena y señalar que
el responsable de reconocer y pagar la pensión era el departamento de Bolívar
desconoció el tiempo cotizado [21 años], el contenido de la Ley 71 de 1988 y el
Decreto 2709 de 1994, puesto que los aportes al departamento no fueron
superiores a los 6 años.

1.2. Contestación a la demanda

1.2.1. Distrito de Cartagena3

6. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en las
siguientes razones:
6.1. El demandante no acreditó haber cumplido con los requisitos que exigía el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para obtener el derecho pensional, pues no probó
que había completado 20 años de servicio.

7. Excepciones propuestas:

7.1. «Indebida presentación de la demanda»: aunque el distrito expidió los actos
administrativos enjuiciados, era el Fondo Territorial de Pensiones del
departamento de Bolívar el que debía responder por la pensión de jubilación en
caso de un eventual reconocimiento en cumplimiento del Decreto 2709 de 1994,
por cuanto el demandante efectuó a este el mayor aporte pensional.

7.2. «Caducidad de la acción»: las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 debieron ser
demandadas dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de esta última,
esto es, entre el 5 de noviembre de 2011 y el 5 de marzo de 2012. Por lo tanto,
al demandarse en el año 2017 se configuró la caducidad del medio de control.

1.2.2. Departamento de Bolívar4

8. La entidad se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso en su defensa
los siguientes argumentos:

3 Índice 2, Samai. Archivo «expediente digitalizado», folios 133 a 137 [141 a 144 PDF].
4 Índice 2, Samai. Archivo «expediente digitalizado», folios 172 a 179 [186 a 193 PDF].

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

8.1. Los tiempos de servicio que en la demanda se aseveró que fueron aportados
al departamento de Bolívar debían ser probados, pues en las bases de datos de
la entidad no se registró que hubiese existido algún vínculo laboral con el
demandante.
9. Excepciones propuestas:

9.1. «Falta de legitimación en la causa por pasiva»: la entidad no era la que debió ser
llamada a responder por la pensión reclamada, puesto que el Fondo Territorial
de Pensiones informó que en sus bases de datos no existía solicitud alguna
pensional presentada por el demandante ni archivos relacionados con él; la
Dirección Administrativa de Función Pública del departamento señaló que en sus
bases de datos no había evidencia de la vinculación con el ente territorial de
Antonio Santos Teherán.

9.2. «Inexistencia de derecho para pedir»: porque no existió una relación laboral entre
el demandante y el departamento de Bolívar según lo certificó la Dirección
Administrativa de Función Pública. Por lo tanto, no era cierto lo manifestado por
el Distrito de Cartagena sobre que el mayor tiempo laborado por este fue en el
departamento.

10. Finalmente alegó la tacha de falsedad sobre los documentos de información
laboral aportados al proceso que daban cuenta de tiempos de servicio prestados
en la gobernación del departamento de Bolívar.

11. Ello, toda vez que «las copias aportadas son ilegibles y que la información en ella
contenida no permite elaborar ningún juicio de valor, ello confrontándolo con las
respuestas entregadas por parte de la Dirección de Función Pública de la Gobernación
de Bolívar por medio de oficio GOBOL 20 019728 de 18 de julio de 2020 donde
manifiestan que revisadas los archivos no encuentran vinculación laboral del actor al
servicio de mi poderdante» (sic).

1.3. Sentencia de primera instancia5

12. El Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia del 1 de diciembre de 2023
negó las pretensiones de la demanda. No condenó en costas.

13. La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:

13.1. Antonio Santos Teherán Beleño no era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto se trasladó al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al afiliarse a Colfondos, trabajó un
total de 764,72 semanas [14 años, 7 meses y 29 días] antes del 1 de abril de
1994 y no completó las 782,143 [15 años] que exigía el artículo 3 del Decreto
3800 de 2013 para conservar el beneficio transicional.

13.2. El cálculo del tiempo de servicio se hizo con fundamento en las
certificaciones que se allegaron con la demanda y que no fueron refutadas por
las demandadas.

5 Índice 2, Samai. Archivo 40 «expediente digitalizado».

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13.3. El demandante no probó la razón por la cual fue trasladado de nuevo del
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima Media con Prestación
Definida. Por lo tanto, «no se puede presumir que hubo una ineficacia en el traslado
que inicialmente hizo el demandante a COLFONDOS. Este supuesto de hecho era
importante corroborarlo, ya que al no acreditar que el actor conservó los beneficios del
régimen de transición, no se puede entrar a analizar si cumple con los requisitos de la
pensión de jubilación por aportes» (sic).

13.4. Por lo anterior, su situación debió regirse por el artículo 33 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que exigía para obtener
la pensión de vejez la edad de 62 años y 1.300 semanas de cotización. Este
último requisito no se cumplió, toda vez que el demandante acreditó con los
certificados laborales y de cotización un total de 1.159,84 semanas. Por lo tanto,
no tenía derecho al reconocimiento de la pensión de vejez.

13.5. No procedía la condena en costas porque la demanda fue debidamente
sustentada.

1.4. Recurso de apelación6

14. Antonio Santos Teherán Beleño interpuso el recurso de apelación y expuso
como argumentos para la revocatoria de la sentencia los siguientes:

14.1. La Corte Constitucional indicó en la sentencia SU-062 de 2010 que se podía
recuperar el régimen de transición si se cumplía con 2 requisitos: (i) tener 15 años
de servicio o 750 semanas cotizadas antes del 1 de abril de 1994; y (ii) trasladar
las cotizaciones existentes en el fondo privado a Colpensiones.

14.2. En el presente caso, el demandante completó 765 semanas antes de la fecha
indicada de acuerdo con la historia laboral aportada, por lo que cumplió con la
condición de las semanas cotizadas. El a quo exigió 782 sin justificar el cambio
en la postura jurisprudencial, en contravía del parágrafo 4 del artículo 48 de la
Constitución Política adicionado por el Acto Legislativo 01 de 2005 que requería
750 semanas de cotización para conservar el régimen de transición.

14.3. En el año 2017 Colpensiones aceptó el traslado del demandante por haber
completado el tiempo de cotización, lo que evidenció que estaba en el supuesto
de la sentencia SU-062 de 2010 y que recuperó su derecho a ser beneficiario del
régimen de transición por cumplir con las semanas de cotización antes del 1 de
julio de 1995, fecha establecida por el artículo 151 de la Ley 100 de 1993 para
que comenzara a regir para los servidores públicos. No le era aplicable el límite
del 1 de abril de 1994.

14.4. Por lo anterior, «el a- quo erró al aplicarle la vigencia de un trabajador particular y
desconocer de facto las pruebas arrimadas al expediente que detallaban que sus
cotizaciones se hicieron al ISS después de julio 01 de 1995» (sic). Además, no
consideró el tiempo laborado entre abril y junio de 1995 en el Fondo de Tránsito
y Transporte, lo que generó una incongruencia en la sentencia.

6 Índice 2, Samai. Archivo 42 «expediente digitalizado».

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14.5. El tribunal aplicó un criterio restrictivo y desfavorable al exigir que se probara
la razón por la cual se produjo el traslado del Régimen de Ahorro Individual a
Colpensiones «ya que confunde la pretensión de nulidad de un traslado con la
existencia del traslado mismo, es decir, la demanda nace pero con la existencia de que
el actor ya logró el traslado mismo por cumplimiento de requisitos y era innecesario
verificarlos no solo porque nadie lo pidió, lo alegó o fue objeto de pronunciamiento previo
judicial sino porque ya hizo tránsito a cosa juzgada al generarse la confianza en el actor
y el fondo mismo, situaciones que son desconocidas por el a quo-» (sic).

14.6. La sentencia era incongruente porque exigió que se probara la razón del
traslado a Colpensiones, pero no vinculó a esta entidad. Es así además porque
la prueba documental aportada indicó que «Colpensiones lo aceptó por cumplimiento
de su propia legislación interna que no es más que la misma que le impuso la corte
constitucional en la sentencia su 062 de 2010» (sic). En ese sentido, señalar que no
cumplió con los requisitos del traslado equivalía a aceptar que no existió
vinculación con Colpensiones y la anulación de la expectativa legítima de adquirir
el derecho por haber completado las semanas de cotización. Además, era
incongruente la sentencia porque en la demanda no se buscó probar la afiliación
ilegal a Colfondos, sino el reconocimiento pensional. Lo que el a quo hizo fue
«señalar que el traslado existente de Colfondos hacia Colpensiones e[r]a nulo de forma
tácita» (sic).

14.7. El tribunal vulneró los principios de confianza legítima, in dubio pro operario
y favorabilidad cuando aplicó para el reconocimiento prestacional la Ley 797 de
2003, puesto que el demandante conservó su derecho al régimen de transición
desde su traslado a Colpensiones en el año 2017, solo cotizó a Colfondos durante
9 meses y luego de tener 950 semanas en Colpensiones y para el 2014, fecha
límite que fijó el Acto Legislativo 01 de 2005 para beneficiarse de aquel, ya
contaba con la edad y más de 1000 semanas de cotización, por lo que había
alcanzado el estatus pensional. Nada de ello fue analizado en la sentencia.

14.8. El tribunal debió vincular a Colpensiones porque cuestionó el traslado que se
hizo desde Colfondos, de modo que ejerciera su derecho de defensa. Al no
hacerlo, la sentencia le era inoponible a esta entidad porque no pudo
pronunciarse y las entidades demandadas no refutaron nunca la validez del
traslado.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

15. Las partes no se pronunciaron dentro del término otorgado por el numeral 4
del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Conforme con el numeral 3 del artículo
247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no hubo
traslado a las partes para alegar, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas.

1.6. El Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
no intervinieron.

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2. CONSIDERACIONES

2.1. Problemas jurídicos

16. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

(i) ¿El tribunal vulneró el principio de congruencia al estudiar si el
demandante era beneficiario del régimen de transición reglado en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993?

(ii) ¿Antonio Santos Teherán Beleño tiene derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 7 de la Ley 71 de
1988?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Trámite para el traslado de régimen pensional. Protección de los
derechos a los beneficiarios del régimen de transición

17. El artículo 48 de la Constitución Política dispuso que la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado. Al mismo tiempo, le confiere el carácter de derecho irrenunciable para
todos los habitantes del territorio nacional.

18. En ese contexto, el legislador dispuso que el reconocimiento de las pensiones
y prestaciones previstas en la Ley 100 de 1993 son el medio a través del cual se
busca brindar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte. Este es precisamente el objeto del Sistema General de
Pensiones dentro del cual se inscriben dos regímenes excluyentes, a los cuales
se pueden afiliar las personas de manera libre y voluntaria, estos son:

18.1. a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida7, administrado
por el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, así como por las cajas,
fondos o entidades de seguridad social existentes, del sector público o privado,
respecto de sus afiliados.

18.2. b.Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, con el modelo de
capitalización «de ahorro individual con solidaridad»8, administrado por las
sociedades de fondos de pensiones y cesantías (AFP). Entre las características
del sistema, el legislador previó la obligación de afiliación que implica el deber de
hacer los aportes y la libertad de selección inicial en cualquiera de los regímenes,
quienes para el efecto deben «[…] manifestar por escrito su elección al momento de

7 En adelante RPM. El artículo 31 de la Ley 100 de 1993, lo definió como «[…] aquel mediante el

cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de
sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas». El artículo 32 literal b) ibidem
señaló que en este régimen los aportes de sus afiliados constituyen «[…] un fondo común de
naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de
pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución de
reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley […]».
8 En lo sucesivo RAIS. Definido en el artículo 59 ejusdem como «[e]l conjunto de entidades,

normas y procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos
destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban reconocerse a sus afiliados […]».

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la vinculación o del traslado»9, y luego pueden trasladarse del uno al otro, con la
limitación de permanencia mínima de 3 años en cada régimen, con la prohibición
de distribución simultánea de las cotizaciones obligatorias en virtud de la
incompatibilidad entre regímenes10.

19. El Decreto reglamentario 692 del 29 de marzo de 1994 señaló que la «[…]
selección de uno cualquiera de los regímenes es libre y voluntaria por parte del afiliado».
Así en su artículo 11 previó que cuando el afiliado se «[…] traslade por primera vez
del régimen solidario de prima media con prestación definida al régimen de ahorro
individual con solidaridad, en el formulario deberá consignarse que la decisión de
trasladarse al régimen seleccionado se ha tomado de manera libre, espontánea y sin
presiones», y habrá lugar al reconocimiento de bonos pensionales (artículo 15
literal a).

20. Así mismo, a las personas vinculadas al ISS o a cualquier otra caja previsional,
fondo o entidad del sector público al 31 de marzo de 1994, se les permitió
continuar en aquel sin necesidad de diligenciar el formulario de traslado y no les
era aplicable la prohibición de traslado de régimen antes de 3 años, referida
previamente, de tal manera que podían ejercer en cualquier momento la opción
de traslado.

21. Si, por el contrario, el traslado se produjo del régimen de ahorro individual con
solidaridad al de prima media con prestación definida, aquel debe certificar el
número de semanas cotizadas en el primero y se transferirá el saldo de la cuenta
individual, incluidos los rendimientos y el bono pensional, cuando sea del caso
(artículo 15 literal b).

22. Luego de la solicitud de vinculación, la administradora debe comunicar al
interesado si no cumple con los requisitos mínimos. Ahora, si dentro del mes
siguiente a la solicitud no hay pronunciamiento alguno, se entiende surtida la
afiliación (artículo 12), la cual no se pierde por haber dejado de cotizar durante
uno o varios períodos, pero podrá pasar a la categoría de afiliados inactivos,
cuando tenga más de seis meses de no pago de cotizaciones (artículo 13).

23. Es de resaltar que el artículo 17 prohibió expresamente la múltiple vinculación,
razón por la cual, determinó que cuando el afiliado cambie de régimen antes del
término legal, será válida la última y a esta se deben transferir la totalidad de
saldos en la forma señalada por la Superintendencia Financiera. En el parágrafo
facultó a las administradoras para establecer sistemas de control de
multiafiliación, sin perjuicio de la potestad que le asiste a la Superfinanciera para
dirimir en casos especiales los conflictos originados por esa causa.

24. Más adelante, el gobierno nacional expidió el Decreto 1406 de 1999 que frente
al traslado entre las entidades administradoras preceptuó lo siguiente:

«Artículo 42. El traslado entre entidades administradoras estará sujeto al
cumplimiento de los requisitos sobre permanencia en los regímenes y entidades
administradoras que establecen las normas que reglamentan el Sistema.

En todo caso, el traslado de entidad administradora producirá efectos sólo a partir
del primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de

9 Artículo 13 literal e)
10 Artículo 16 de la Ley 100 de 1993.

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la solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante la nueva entidad
administradora. […]

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por traslado efectivo el
momento a partir del cual el afiliado queda cubierto por la nueva entidad en los
términos definidos en el inciso anterior. […]» [Resalta la Sala]

25. La Ley 797 de 200311 modificó en su artículo 2, entre otros, el literal e) del
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, y en tal virtud determinó dos limitaciones, a
saber: i) aumentó el tiempo de 3 a 5 años para el traslado del régimen; y ii) a
partir del año siguiente a la vigencia de esa norma, ningún afiliado podía
trasladarse cuando le faltaren 10 años o menos para tener la edad de pensión de
vejez.

26. La norma anterior fue reglamentada por el Decreto 3800 de 2003 el cual
dispuso en su artículo 1 que «[…] las personas a las que a 28 de enero de 2004, les
faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de
vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con
Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha
[…]».

27. Ahora bien, los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 previeron:

«[…] Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de
entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable
cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual
con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para
dicho régimen.

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro
individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación
definida. […]».

28. En ese orden, el traslado de régimen pensional conlleva los siguientes efectos
respecto de la transición:

a) La pérdida de sus beneficios para quienes se trasladen de forma definitiva,
ya que el afiliado decide que su pensión no se rija por los requisitos legales
de edad y tiempo de servicios, sino por el monto de capital en una cuenta
pensional, de acuerdo con las reglas financieras y legales del ahorro
individual;

b) Conservan sus beneficios aquellos afiliados al régimen de prima media
con prestación definida que, a la fecha de entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, estuvieran próximos a pensionarse y deciden retornar al régimen
de prima media.

29. La Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los incisos 4 y 5 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia C-789 de 2002, con la condición de que
se entendiera que no eran aplicables a quienes a la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993 hubiesen completado 15 años o más de servicios cotizados.

11 «Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en

la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».

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30. La Corte señaló que la normativa había reglado la situación de los trabajadores
hombres con 40 años y mujeres con 35 o más a la entrada en vigor de la Ley 100
de 1993, pero que no se refirió a aquellos que contaran con 15 años o más de
cotizaciones. En tal virtud, indicó que se vulneraba el principio de
proporcionalidad, al derecho al trabajo y las expectativas legitimas de estos
últimos si se les quitaba el derecho a regirse por las normas anteriores al sistema
general de pensiones después de que hubiesen cumplido el 75% del tiempo
requerido para acceder a la prestación social.

31. De esta manera, tal corporación avaló que a esta categoría de trabajadores
les fuera respetada la transición, con el condicionamiento de que retornaran al
régimen de prima media con un ahorro que no fuera inferior al monto del aporte
legal que allí les correspondía; no así para quienes únicamente hubieren
acreditado el requerimiento de la edad (35 años para mujeres y 40 para
hombres).

32. Dicha postura ha sido asumida por esta Corporación12, en el sentido de hacer
exigible el requisito temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha
de promulgación de la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores que, al
margen de que se hubieran hecho beneficiarios de la transición prevista en el
artículo 36 ibidem, optaron voluntariamente por el RAIS para realizar los aportes
obligatorios con destino a pensión.

33. Enlínea con lo anterior, el artículo 3 del citado Decreto 3800 de 2003
preceptuó lo siguiente:

«Aplicación del régimen de transición. En el evento en que una persona que a 1°
de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas
cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen
anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones
exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando

a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, […]».

34. Comoquiera que la Ley 797 de 2003 determinó en su artículo 2, al modificar el
literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, que a partir del año siguiente a su
vigencia ningún afiliado podía trasladarse cuando le faltaren 10 años o menos
para tener la edad de pensión de vejez, la Corte Constitucional en la sentencia
C-1024 de 2004 estudió y avaló su constitucionalidad, pero de manera
condicionada.

35. Ciertamente, la Corte precisó que la normativa era acorde con la Carta
Política, específicamente con sus artículos 13 y 53, siempre que se entendiera

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: (i) sentencia del 5 de noviembre de 2020,

radicación: 200012339000-2015-00358-01 (4244-2017), demandante: Libia del Carmen Ripoll
Ripoll; (ii) sentencia del 7 de mayo de 2020, radicación: 250002342000201503434 01 (2004-201),
demandante: Gladys Mora de Fúquene.

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que quienes hubiesen cumplido con las condiciones del régimen de transición [15
años de servicio a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993] y se
trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad y no hubiesen
regresado al de prima media con prestación definida podían hacerlo «-en
cualquier tiempo-» en los términos señalados en la sentencia C-789 de 200213.

36. De igual modo, en sentencia SU-062- de 2010 reiteró lo decidido en las
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 y señaló lo siguiente:

«[…] De acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas
personas no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y
prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley
100 de 1993.

Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:

(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.

(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el
régimen de ahorro individual

(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto
total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el
régimen de prima media […]».

37. En idéntico sentido, la sentencia SU-130 de 2013 reiteró lo decidido en las
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 y determinó en su parte decisoria
que «[…] de conformidad con lo previsto en los artículos 13, literal e) y 36, incisos 4 y 5
de la Ley 100 de 1993, tal y como fueron interpretados por la Corte Constitucional en las
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, únicamente los afiliados con quince (15)
años o más de servicios cotizados a 1 de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia
el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse «en cualquier tiempo» del régimen
de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida,
conservando los beneficios del régimen de transición».

38. Esa corporación asumió también tal criterio y determinó que se conserva el
régimen de transición «[…] cuando existe un traslado al régimen de ahorro individual
–como ocurrió en el caso que ahora nos ocupa- salvo que, al devolverse al régimen de
prima media, cumpla entre otras condiciones, con 15 años de servicios cotizados al
momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decida
regresar al régimen de prima media con prestación definida; condición prevista en la
sentencia C-789 de 2002 y el Decreto 3800 de 2003»14.

13 La sentencia dice textualmente lo siguiente: «bajo el entendido [de] que las personas que
reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan
regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en
cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002.»
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,

sentencia de 18 de marzo de 2015, expediente 868-2009, consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve. Al respecto véase adicionalmente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de octubre de 2014, expediente
803-2009, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2014,
expediente 2768-2009, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de agosto de
2012, expediente 113-2012, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.

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2.2.2. La pensión de jubilación regulada en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988

39. La Ley 71 de 1988 creó la «pensión de jubilación por aportes» con lo cual
permitió la acumulación de los tiempos de servicios laborados y cotizados en el
sector público y privado para completar los requisitos pensionales.

40. La ley estableció en su artículo 7 las condiciones para obtener la pensión de
jubilación por aportes en los siguientes términos:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan
sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de
jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y
cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento
y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas».

41. De acuerdo con la norma transcrita, tienen derecho a una pensión mensual
vitalicia de jubilación, los empleados oficiales y trabajadores al haber acumulado
20 años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS, cuando cumplan la edad de 55 años si
es mujer y 60 si es hombre.

42. La anterior disposición (artículo 7° de la Ley 71 de 1988) fue reglamentada por
el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, así:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el artículo
7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60 años o
más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier
tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el
Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social
del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren
del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación de los seguros
de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad profesional, salvo
las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión de
jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación, invalidez, vejez
y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la más favorable cuando
haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por aportes,
se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de previsión
social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden nacional,
departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al Instituto de los
Seguros Sociales.
[…]

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Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes. El
salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió
de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones
contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base
sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá
certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de
jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor
de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la
ley».

43. En lo que se refiere al monto de la denominada pensión de jubilación por
aportes, los precitados artículos 615 y 8 del Decreto 2709 de 1994 lo establecieron
en un 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicios.

2.3. Pruebas relevantes dentro del proceso

44. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente :

44.1. El demandante nació el 9 de mayo de 1946, según la copia de la cédula de
ciudadanía16.

44.2. El demandante solicitó el 13 de mayo de 201117 al Fondo de Pensiones del
Distrito de Cartagena el reconocimiento de la pensión por aportes reglada en el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

44.3. Con la Resolución 1477 del 3 de mayo de 201118, el Fondo de Pensiones del
Distrito de Cartagena negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes, por no haber completado los 20 años de servicio que exigen los artículos
7 de la Ley 71 de 1988 y 1 del Decreto 2709 de 1994 al comprobarse que solo
completó 18 años, 4 meses y 25 días. Además, el competente para reconocer el
derecho era el Fondo Territorial de Pensiones del departamento de Bolívar, por
ser la entidad a la que se hizo el mayor número de aportes.

44.4. Contra la resolución anterior, el demandante presentó el 13 de mayo de
201119 recurso de reposición, para la cual expuso: (i) que el Fondo de Pensiones
del Distrito de Cartagena era el responsable de reconocer la prestación social por
ser la que recibió más aportes, según lo previsto en el artículo 10 del Decreto
2709 de 1994; y (ii) que la entidad no tuvo en cuenta el periodo cotizado al

15 La citada disposición fue derogada por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, el cual, en su

artículo 22, preceptuó que: «El bono pensional para los trabajadores cobijados por el régimen de
transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se calculará tomando en cuenta la
edad, el tiempo de servicio y el monto porcentual de la pensión aplicable a dichos trabajadores.
El ingreso base de liquidación se establecerá de acuerdo con el tercer inciso del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 […]». No obstante, esta sección, en sentencia de 15 de mayo de 2014, consejero
ponente Gerardo Arenas Monsalve, expediente 11001-03-25-000-2011-00620 de -00 (2427-11),
declaró la nulidad parcial del aludido artículo 24 el Decreto 1474 de 1997, en cuanto había
derogado el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994.
16 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 114 [página 114 PDF].
17
Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 58 a 60 [página 58 a 60 PDF].
18 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 52 y 53 [página 52 y 53 PDF].
19 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 58 a 60 [página 58 a 60 PDF].

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Instituto de los Seguros Sociales con lo cual completó 21 años, 7 meses y 14
días.

44.5. A través de la Resolución 3639 del 29 de septiembre de 2011 20, el Fondo de
Pensiones del Distrito de Cartagena resolvió confirmar la anterior resolución. En
el acto se expuso que solo demostró un tiempo de servicio de 19 años, 10 meses
y 11 días.

44.6. Con la Resolución GNR235544 del 18 de septiembre de 201321,
Colpensiones negó el reconocimiento de la pensión de vejez, solicitada el 28 de
noviembre de 2012, en la medida en que, debido a que se había trasladado a Citi
Colfondos desde el 9 de diciembre de 1998, no era la competente para definir el
derecho porque no era el fondo pensional al que se realizaron los mayores
aportes de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2709 de 1994.

44.7. El 29 de diciembre de 201622, Antonio Santos Teherán Beleño solicitó al
Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena el reconocimiento de la pensión
de jubilación por aportes.

44.8. El 14 de febrero de 2017 con Oficio AMC-OFI-0009984-201723, el Fondo de
Pensiones del Distrito de Cartagena resolvió la petición:

«[…] Revisada la documentación aportada por el peticionario y los anexos que
integran su historia laboral del ex empleado, se verificó que previa a la solicitud de
la referencia, el señor, ANTONIO SANTOS TEHERAN BELEÑO, había radicado
solicitud fundada en las mismas peticiones, siendo resueltas todas y cada una de
ellas mediante Resolución No 1477 del 03 de mayo de 2011, la cual fue
debidamente notificada el dia seis (06) de mayo de 2011; la cual fue
oportunamente atacada mediante los recursos de ley y resueltos a través de la
Resolución, No, 3639 del 2011, notificada el 29 de septiembre de 2011, siendo
negadas todas y cada una de las peticiones que planteó el peticionario (…)

Por lo anterior expuesto, esta dependencia ante la presencia de una petición
reiterativa se atiene a lo resuelto en las Resoluciones, 1477 del 03 de mayo de
2011 y 3639 del 29 de septiembre de 2011[…]» (sic).

44.9. El 31 de mayo de 201724, pidió al Fondo de Pensiones del Distrito de
Cartagena que le otorgara la pensión de jubilación por aportes por haber
cumplido con los requisitos reglados en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 a partir
del 9 de mayo de 2006 y por que, aunque desde el año 1999 se afilió a Colfondos,
en el año 2016 solicitó su traslado a Colpensiones para conservar su derecho a
regirse por el régimen de transición con fundamento en la sentencia SU-062 de
2010, lo que fue aceptado por esta entidad.

44.10. El 20 de junio de 2017 con Oficio AMC-OFI-0062405-201725, el director del
Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena respondió la petición
anterior, en el sentido de que igual solicitud había sido decidida con el Oficio
AMC-OFI-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017 y que no encontraba razones
para revocarla:

20 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 55 y 56 [página 55 y 56 PDF].
21 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 89 a 91 [página 89 a 91 PDF].
22 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 35 y 44 [página 35 y 44 PDF].
23 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 14 y 15 [página 14 y 15 PDF].
24 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 30 a 34 [página 30 a 34 PDF].
25 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 16 y 17 [página 16 y 17 PDF].

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«[…] Se empieza señalando, que la petición que nos ocupa tiene sustentos en
hechos y planteamientos que ya han sido objeto de reclamaciones anteriores y a
las que se les ha dado el trámite administrativo y las respuestas que -en derecho-
el Despacho ha considerado pertinentes, como bien lo señala y reconoce el
apoderado del señor Teherán Beleño en el escrito petitorio y de lo cual es prueba
el Oficio Nro. AMC-OFI-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017.

Amén de lo anterior y como quiera que la Dirección Territorial de Pensiones de
Cartagena de Indias, no encuentra méritos para revocar de manera directa los
Actos Administrativos pretéritos con los que se ha respondido negativamente las
reclamaciones anteriores -y que se contraen a las mismas pretensiones elevadas
en el memorial arriba señalado- este Despacho mantendrá en firme tales
pronunciamientos, reiterándole al petente además que a estas calendas se
encuentran agotadas las etapas que dentro de éste proceso administrativo se
podían surtir, por lo que no hay oportunidad para reabrir instancias ya afectadas
por el fenómeno de la caducidad […]» (sic).

44.11. El 12 de julio de 201726, solicitó a la alcaldía de Cartagena el reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes, para lo cual explicó que en el año 2016
había solicitado a Colfondos el traslado de régimen pensional en aplicación de la
SU-62 de 2010 y que tal entidad y Colpensiones aceptaron, por lo que recuperó
su derecho a ser beneficiario del régimen de transición.

44.12. El 11 de agosto de 2017 con Oficio AMC-OFI-0084941-201727, la alcaldía
de Cartagena de Indias le respondió que no tenía competencia para reconocer la
pensión, pues ello correspondía al Fondo Territorial de Pensiones. Además, que
este ya le había resuelto su situación y que contaba con los mecanismos
judiciales.

44.13. Dentro del expediente existen diferentes certificados que indican el tiempo
de servicio y cotizaciones del demandante de los cuales se pudo extraer la
siguiente información28:

Entidad Fecha de Fecha de Total Total Caja de
ingreso retiro días semanas29 previsión
Mindefensa30 26/07/1964 31/05/1966 674 96.2 Mindefensa
Asamblea 05/06/1981 23/10/1982 505 72,1 Caja de
departamental de Previsión
Bolívar31 Departamental
de Bolívar32
Asamblea 01/01/1983 10/10/1984 649 92,7 Caja de
departamental de Previsión
Departamental
de Bolívar

26 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 45 a 50 [página 45 a 50 PDF].
27 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 51 [página 51 PDF].
28 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 57 [página 57 PDF].
29 El total de las semanas se calculó dividiendo el número de días cotizado entre 7 días de la

semana.
30 Periodo coinciden con que el Ministerio de Defensa certificó como laborados en la certificación

del 18 de octubre de 2001. Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 79 [páginas
79 PDF].
31 Periodo coinciden con los que el secretario general de la Asamblea departamental certificó

como laborados y con los incluido como cotizados en el certificado de información laboral del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público proferido el 25 de enero de 2017. Índice 2, Samai.
Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 72 a 78 [páginas 72 a 78 PDF].
32 Según Historia Laboral emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Índice 2, Samai.

Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 74 a 78 [páginas 72 a 78 PDF].

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

Bolívar33
Asamblea 02/01/1985 31/12/1985 363 51,8 Caja de
departamental de Previsión
Bolívar34 Departamental
de Bolívar
Alcaldía de 05/06/1986 27/04/1993 2.518 359,71 Alcaldía de
Cartagena35 Cartagena
[Contraloría [fondo
municipal] pensional]36
IIS- Fondo de 01/02/1995 30/04/1995 89 12,7 Caja de
Transporte y Tránsito Previsión
de Bolívar37 Departamental
de Bolívar38
IIS- Fondo de 04/07/1995 28/11/1995 147 21 ISS40
Transporte y Tránsito
de Bolívar39
IIS- Fondo de 29/01/1996 30/11/1997 671 95,8 ISS
Transporte y Tránsito
de Bolívar41
IIS- Fondo de 01/12/1997 21/04/1999 507 72,43 ISS
Transporte y Tránsito
de Bolívar42
ISS – Lamadrid de 13/05/1969 30/07/1969 78 11.1 ISS44
Burrows Julia43
ISS- Panadería 02/10/1969 18/07/1970 289 41,2 ISS46
Imperial Ltda45

ISS- Distribuidora 01/08/1971 02/05/1972 276 39,4 ISS48

33 Periodos que coinciden con los que el secretario general de la Asamblea departamental certificó

como laborados y con los incluido como cotizados en el certificado de información laboral del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público proferido el 25 de enero de 2017. Índice 2, Samai.
Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 72 a 78 [páginas 72 a 78 PDF].
34 Ibidem.
35 Periodo coinciden con los certificados proferidos por la directora administrativa de la entidad

del 21 de julio de 201 y 5 de marzo de 2003. También con el certificado de información laboral
del 21 de julio de 2016 del Ministerio de Hacienda. Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente
digitalizado», folios 93 a 101 [páginas 93 a 101 PDF].
36 Certificados de información laboral del 21 de julio de 2016 y de traslado de bono pensional.

Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 93 a 101 [páginas 93 a 101 PDF].
37 Periodos que coinciden con el Certificado laboral expedido por el gerente liquidador del Fondo

de Transporte y Tránsito de Bolívar del 16 de marzo de 2015 y de cotizaciones proferido por el
ISS del 16 de marzo de 2015, folios 68 a 71 [páginas 68 a 71 PDF]. En este último se indicó que
los aportes por este periodo se hicieron a Cajanal y al ISS.
38 Según se informó en el certificado proferido por el gerente liquidador del fondo. Índice 2, Samai.

Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 68 [página 68 PDF].
39 Periodo que coincide con el certificado laboral expedido por el gerente liquidador del Fondo de

Transporte y tránsito de Bolívar del 16 de marzo de 2015 y de cotizaciones proferido por el ISS
del 16 de marzo de 2015, folios 68 a 71 [páginas 68 a 71 PDF]. En este último se indicó que los
aportes por este periodo se hicieron a Cajanal y al ISS.
40 Ibidem.
41 Periodo que coincide con el certificado laboral expedido por el gerente liquidador del Fondo de

Transporte y Tránsito de Bolívar del 16 de marzo de 2015 y de cotizaciones proferido por el ISS
del 16 de marzo de 2015, folios 68 a 71 [páginas 68 a 71 PDF]. En este último se indicó que los
aportes por este periodo se hicieron a Cajanal y al ISS.
42 Periodo que coincide con el certificado laboral expedido por el gerente liquidador del Fondo de

Transporte y Tránsito de Bolívar del 16 de marzo de 2015 y de cotizaciones proferido por el ISS
del 16 de marzo de 2015, folios 68 a 71 [páginas 68 a 71 PDF]. En este último se indicó que los
aportes por este periodo se hicieron a Cajanal y al ISS.
43 Ibidem. También coincide con el certificado expedido por el ISS el 14 de mayo de 2002. . Índice

2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 83 [página 83 PDF].
44 Reporte de semanas cotizadas de Colpensiones. Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente

digitalizado», folios 81 a 83 [páginas 81 a 83 PDF].
45 Ibidem.
46 Ibidem.
48 Ibidem.

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

automotriz47
Cámara de 16/02/2001 20/07/2002 519 74,1 Fonprecon51
Representantes49 En esta
época se
completaron
1.040
semanas que
equivalen a
19,96 años 50

Senado de la 20/07/2006 31/07/2007 376 53,71 Fonprecon53
República52
Total tiempo cotizado 7.661 1.094
en días y semanas
Total tiempo cotizado 20,99 años54
en años

De lo anterior se observa que, comoquiera que para el 20 de julio de 2002 el
demandante completó 1.040 semanas que equivalen a 19,96 años, para alcanzar
los 20 años le faltaban 2 semanas de cotización pues debía completar 1.042 .
Así, estas se cumplieron entre el 20 de julio y el 2 de agosto de 2006. Por lo tanto,
el estatus pensional se adquirió a partir de esta última fecha, pues la edad la
alcanzó el 9 de mayo de ese año.

44.14. El 10 de enero de 200855, el comandante del Cuerpo de Bomberos de
Cartagena certificó que el demandante «laboró en el Cuerpo de Bomberos de
Cartagena en el Cargo de Conductor del comandante, por orden de servicio en el periodo
comprendido del 1° de mayo de 1999 al 31 de Diciembre de 2000». Este tiempo,
aunque no se registra como cotizado corresponde a 611 días que equivalen a
87,3 semanas.

44.15. El 28 de marzo de 2017 con Oficio BZ2017 3199749-081717356,
Colpensiones dio respuesta al trámite «Afiliación, traslado de régimen por sentencia
unificada 062» (sic). Allí se consignó: «nos permitimos manifestarle que su trámite fue
radicado y la solicitud de traslado con el total de semanas cotizadas en el régimen de
Prima Media se enviará a la Administradora de Fondos de Pensión - AFP en la que usted
se encuentra afiliado, a efectos de establecer si es procedente realizar el traslado por
sentencia unificada 062 y en consecuencia su Fondo de Pensiones proceda a efectuar
la proyección del cálculo, si hay lugar a él e indicarle las instrucciones para efectuar el
pago» (sic).

47 Ibidem.
49 Periodo que coincide con el certificado por el jefe de división de personal de la entidad y

certificado de información laboral del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Índice 2, Samai.
Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 109 a 112 [páginas 109 a 112 PDF].
50
El cálculo de los años resultó de dividir el número total de semanas cotizadas (1.040) en el total
de semanas al año: 52,1.
51 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», certificado de información laboral del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, folios 11 y 112.
52 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», certificado de información laboral del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, folios 102 a 105 [páginas 102 a 105 PDF].
53 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», certificado de información laboral del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, folios 103 a 105 [páginas 103 a 105 PDF].
54 El cálculo de los años resultó de dividir el número total de semanas cotizadas (1.094) en el total

de semanas al año 52,1.
55 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 113 [página 113 PDF]
56 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 85 y 86 [páginas 85 y 86 PDF]

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44.16. El5 de mayo de 2017 con el Oficio BZ2017_3199749-115366957,
Colpensiones respondió la solicitud de traslado de régimen del demandante de
la siguiente manera:

«[…] Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en la
referencia, ha sido aceptada en forma satisfactoria. Por lo anterior tenemos el
agrado de darle la cordial bienvenida a su Administradora de Pensiones,
COLPENSIONES […]»

44.17. Con el Oficio 2017_458430158 del 8 de mayo de 2017 Colpensiones certificó
que el demandante estuvo afiliado al RPM desde el 13 de mayo de 1969, que
sigue como cotizante activo y que presentó las siguientes novedades:

Información Histórica de afiliación al sistema general de pensiones
Código Multivinculación
Novedad Entidad definitiva Fecha
Entidad Decreto 3995/2008
Asignado a otro
fondo por
10 Citi Colfondos 09/12/1998 No aplica
Decreto 3800
RAI
Traslado
aprobado de
Colpensiones a 10 Citi Colfondos 09/12/1998 No aplica
un Fondo de
Pensión
Sentencia SU-
23 Colpensiones 01/05/2017 No aplica
062/2010

2.4. Análisis del caso concreto

45. En el recurso de apelación el demandante señaló que, pese a su traslado del
RPM al RAIS en el año de 1998, conservó el derecho a ser beneficiario del
régimen de transición porque cumplió con los requisitos establecidos en la
sentencia SU-062 de 2010 y completó 765 semanas antes de que entrara en
vigencia el sistema pensional regulado en la Ley 100 de 1993 para los empleados
del nivel territorial [30 de junio de 1995], lo que dio lugar a que Colpensiones
aceptara el traslado al RPM en el año 2017. Agregó que el a quo no podía exigirle,
para ser beneficiario de la transición, tener cotizadas 782 semanas al 1 de abril
de 1994 por ser empleado territorial.

46. De igual manera, el demandante en el recurso cuestionó que el tribunal
hubiese exigido que se probara la razón por la que Colpensiones hubiese
aceptado su traslado del RAIS al RPM. Al respecto se indicó que (i) la demanda
partió del supuesto de que se había cumplido con las exigencias para el traslado
dispuestas en la sentencia SU-062 de 2010, por lo que no debían ser verificadas;
(ii) la sentencia es incongruente porque lo que se pidió fue el reconocimiento
pensional y no la declaración de ilegalidad de la vinculación a Colfondos; y (iii) el
tribunal con la decisión anuló de manera tácita su traslado al RPM.

57 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 84 [página 84 PDF]
58 Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folio 87 [página 87 PDF]

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47. Pues bien, al respecto se debe señalar que el tribunal en la sentencia
impugnada estudió si el demandante era beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pese a que ello no fue objeto de
controversia ni en sede administrativa ni en la primera instancia. Además, el
tribunal tuvo como referencia la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 en el
orden nacional [1 de abril de 1994] y pasó por alto que, para esa época, él era
servidor del orden territorial en el Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, por
lo que la fecha que debió atender era la del 30 de junio de 1995.

48. Ciertamente, al revisar el contenido de los actos administrativos demandados
[oficios AMC-OFI-0009984-2017 del 14 de febrero de 2017 y AMC-OFI-0062405-
2017 del 20 de junio de 2017] se pudo constatar que el Fondo de Pensiones del
Distrito de Cartagena negó el reconocimiento de la pensión de jubilación porque
tal petición ya había sido decidida en las resoluciones 1477 del 3 de mayo y 3639
del 29 de septiembre de 2011. La entidad se remitió al estudio de fondo que en
estos últimos se hizo sobre el derecho y en el que se indicó que se negaba porque
no se habían acreditado los 20 años de servicio y nunca se refirió a si el
demandante era o no beneficiario del régimen de transición.

49. Asimismo, Antonio Santos Teherán Beleño fundamentó la demanda en que sí
cumplió con el tiempo de servicio que exige el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y
que la entidad en las resoluciones 1477 y 3639 de 2011 no incluyó los tiempos
laborados en el Senado de la República y el Cuerpo de Bomberos de Cartagena
con lo cual satisfacía tal exigencia. Agregó que la demandada debió resolver de
fondo las nuevas peticiones y no remitirse a tales resoluciones. Aunque en los
hechos mencionó que se trasladó al RAIS en el año 1998 y de nuevo al RPM en
el año 2017 y que por lo tanto era beneficiario de la transición, lo cierto es que
ello no lo discutió porque en sede administrativa no se puso de presente esa
situación.

50. De igual manera, las entidades demandadas, en sus contestaciones, tampoco
aludieron a que Antonio Santos Teherán Beleño no fuera beneficiario del régimen
de transición. Su planteamiento se dirigió a refutar que el demandante había
cumplido con el tiempo de servicio para obtener el derecho y alegaron, ambas,
la falta de legitimación en la causa por pasiva. Ninguna reparó en que él había
perdido su derecho al régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
como consecuencia del traslado al RAIS en el año 1998 o porque no había
completado los 15 años de servicio a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.

51. En ese sentido, la fijación del litigio debió delimitarse al tema específico de si
Antonio Santos Teherán Beleño cumplió con los requisitos establecidos en el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para obtener el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes por ser el planteamiento jurídico de la demanda y el objeto
de la defensa de las entidades. Por tanto, la controversia no incluía el estudio de
si su traslado al RPM fue válido y si conservó el beneficio de regirse por las
disposiciones pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993, pues tales puntos no
fueron objeto de controversia ni en sede administrativa ni dentro del proceso
judicial.

52. Lo expuesto con mayor razón si se considera que el demandante demostró
con la copia de los oficios BZ2017 3199749-0817173 de 28 de marzo de 2017,

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BZ2017_3199749-1153669 del 5 de mayo de 2017 y 2017_4584301 del 8 de
mayo de 2017 que en el año 1998 se había trasladado del RPM al RAIS y que
desde el 1 de mayo de 2017 retornó a aquel porque Colpensiones encontró
probado que había cumplido con los requisitos señalados en la sentencia SU-062
de 2010 que reiteró lo establecido en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de
2004 frente al traslado de régimen en cualquier tiempo para quienes tuvieran 15
o más años de servicio al 1 de abril de 1994.

53. Este aval de la entidad otorgado en un acto administrativo que se presume
legal y con fundamento en tal providencia permitía concluir que Antonio Santos
Teherán Beleño acreditó las condiciones exigidas en tal sentencia como
beneficiario del régimen de transición, que como se explicó eran «(i) tener a 1 de
abril de 1994, 15 años de servicios cotizados. (ii) Trasladar al régimen de prima media
todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual. iii) Que el ahorro
hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del aporte legal
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media […]»
[sic].

54. De lo anterior también podía deducirse que en sede administrativa para el
traslado al RPM en el año 2017 se cumplió con todo el trámite previsto en los
artículos 12, 13, 15 y 17 del Decreto reglamentario 692 del 29 de marzo de 1994,
42 del Decreto 1406 de 1999, 2 de la Ley 797 de 2003 que modificó, entre otros,
el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y 1 y 3 del Decreto 3800 de
2003. También, que en él se acató la interpretación que la Corte Constitucional
hizo de los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en las sentencias
C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, SU-130 de 2013. Por lo tanto, no era este
proceso en el que debía verificarse si ello fue o no así, por no ser el objeto de
controversia.

55. De este modo, no se encontraba en debate si el demandante era o no
beneficiario del régimen de transición, puesto que ello no fue objeto de litigio
dentro del proceso, y estaba acreditado que sí lo era. Si bien no se desconoce
que en materia pensional debe verificarse que se cumpla con los requisitos
establecidos en la normativa pensional para decidir sobre el derecho, lo cierto es
que en el sub examine, con la aceptación de Colpensiones del traslado, la calidad
de beneficiario del régimen de transición ya estaba definida por un acto
administrativo que no estaba sujeto a control de legalidad dentro del presente
proceso.

56. En esa línea, al examinar si el demandante era beneficiario del régimen de
transición se desconoció el principio de congruencia de la sentencia reglado en
el artículo 281 del CGP, por cuanto la decisión no tuvo relación directa con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y la defensa de las entidades
y que giraron en torno a si se cumplieron con las condiciones del artículo 7 de la
Ley 71 de 1988 para el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

57. Por lo anterior, le asiste razón al apelante cuando afirma que en la sentencia
apelada no debió verificarse si era beneficiario del régimen de transición porque
eso ya se había definido en la actuación administrativa adelantada ante
Colpensiones en el año 2017 y no fue el objeto de controversia dentro del
presente proceso.

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58. En virtud de lo anterior, la Sala pasará a examinar si el demandante acreditó
los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para obtener el
reconocimiento de la pensión de jubilación que regula. Esto es, si demostró 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de previsión
de cualquier orden y en el ISS, y 60 años. Ello, sin entrar a analizar si era
beneficiario del régimen de transición reglado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, puesto que así lo aceptó Colpensiones en sede administrativa y ello no fue
objeto del litigio.

59. Pues bien, según se pudo establecer el demandante nació el 9 de mayo de
1946, por lo que cumplió 60 años ese día del año 2006.

60. Asimismo, de los certificados de cotizaciones y de tiempo de servicio
aportados al proceso se concluye que trabajó en el Ministerio de Defensa, la
Asamblea Departamental de Bolívar, la Contraloría Municipal de Cartagena, el
Fondo de Transporte y Tránsito de Bolívar, la Cámara de Representantes y en el
Senado de la República; y en las empresas privadas Lamadrid de Burrows Julia,
Panadería Imperial Ltda., Distribuidora Automotriz, en las que hicieron aportes al
ISS. De tales certificados se desprende que en total cotizó 1.094 semanas que
equivalen a 20,99 años de servicio.

61. Así las cosas, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión
de jubilación por aportes al cumplir con los dos requisitos establecidos en el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988.

62. Ahora bien, el reconocimiento de la pensión debe hacerse desde el 1 de
agosto de 2007 [día siguiente al retiro del servicio], pues para esa fecha ya había
cumplido la edad de 60 años, completado los 20 años de servicio y estaba
retirado del servicio como servidor público [su último empleo fue en el Senado de
la República], según lo exige para el pago el artículo 2 del Decreto 2709 del 13
de diciembre de 1994.

63. En cuanto al IBL aplicable, el reconocimiento pensional debe regirse por lo
establecido en el artículo 21 y el inciso 3.º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
puesto que el régimen de transición solo protegió del tránsito legislativo la edad,
el tiempo de servicio o de cotizaciones y la tasa de reemplazo.

64. En ese sentido, comoquiera que al demandante, cuando entró en vigor la Ley
100 de 1993, le faltaban más de 10 años para completar los requisitos para
pensionarse [la edad la cumplió el 9 de mayo de 2006], el IBL aplicable es el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años
anteriores al reconocimiento de la pensión, en el caso concreto como la pensión
se consolidó el 2 de agosto de 2006, pero el retiro del servicio de surtió el 31 de
julio de 2007, desde esta última fecha debió hacerse efectiva, por tanto la
liquidación debe efectuarse con el promedio de los 10 años anteriores al 1 de
agosto de 2007, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. El monto de la
pensión será equivalente al 75% del salario base de liquidación, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994.

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Demandante: Antonio Santos Teherán Beleño

65. Se precisa que, al revisar el Registro único de Afiliados [RUAF], se verificó que
el demandante en la actualidad no recibe ningún tipo de pensión59. Por lo tanto,
se descarta la incompatibilidad a la que alude el artículo 3 de tal decreto.

66. Ahora bien, el demandante adquirió el estatus pensional el 2 de agosto de
2006 y la primera petición que presentó data del 13 de mayo de 201160 resuelta
con las resoluciones 1477 del 3 de mayo de 2011 y 3639 del 29 de septiembre
de 2011, por lo que interrumpió el término de prescripción por el lapso de 3 años
que venció el 13 de mayo de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969. No obstante, a
partir de ese momento transcurrieron 3 años sin que se presentara la demanda.

67. El demandante solicitó de nuevo el reconocimiento prestacional el 29 de
diciembre de 2016 con la petición con radicado EXT-AMC-16-0086251 y la
demanda la presentó el 11 de diciembre de 201761. En consideración a que entre
esta petición y el estatus pensional (2006), trascurrieron más de 3 años, operó la
prescripción trienal de las mesadas pensionales, de conformidad con lo reglado
en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, por ende, el pago de las mesadas
procede a partir del 29 de diciembre 2013.

68. En cuanto a la entidad que deba asumir el pago de la prestación social, el
artículo 10 del Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994 establece que «[…] la
pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la última entidad de
previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación
continuo o discontinuo en ellas haya sido mínimo de seis (6) años. En caso contrario, la
pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la entidad de previsión
a la cual se haya efectuado el mayor tiempo de aportes […]».

69. En el presente caso, el último fondo al que se realizaron aportes fue a
Fonprecon, pero no por un periodo superior a 6 años. En ese sentido, el pago de
la pensión le corresponde al Distrito de Cartagena, pues fue su fondo el que
recibió un mayor número de aportes a lo largo de la vida laboral del demandante
[359,71 semanas]. Además, se precisa que es la entidad territorial porque el
Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena es un patrimonio autónomo que
carece de personería jurídica y está adscrito a aquel ente territorial, según lo
dispuesto en los artículos 3 del Decreto 1296 de 199462 y 1 del Acuerdo Distrital
de Cartagena 041 de 200463.

70. La entidad tiene derecho, por disponerlo así el artículo 11 del Decreto 2709
del 13 de diciembre de 1994, a reclamarle la cuota parte a las demás entidades

59 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx.
60
Índice 2, Samai. Archivo 01 «expediente digitalizado», folios 58 a 60 [página 58 a 60 PDF].
61
Ibidem, folio 120.
62
«Por el cual se establece el régimen de los fondos departamentales, distritales y municipales
de pensiones públicas». El artículo establece que «[l]os fondos departamentales, distritales y
municipales de pensiones públicas, serán cuentas especiales, sin personería jurídica, adscritas
a la respectiva entidad territorial o a una distinta según la conveniencia, cuyos recursos se
administrarán mediante encargo fiduciario».
63 Según el artículo 1 del Acuerdo Distrital 041 de 2004, el Fondo Territorial de Pensiones del

Distrito de Cartagena es un «patrimonio autónomo sin personería jurídica, administrado por el
Distrito de Cartagena de Indias a través de una unidad ejecutora de presupuesto, dependiente
del Despacho del Alcalde, cuyos recursos serán entregados en administración mediante encargo
fiduciario». De esa manera, el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena es una
dependencia de la Alcaldía de dicha ciudad.

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de previsión social o fondos pensionales en los que Antonio Santos Teherán
Beleño hubiese realizado cotizaciones o a solicitar el traslado de los recursos, si
ello no hubiese ocurrido, al fondo privado de pensiones.

71. Por lo anterior, se declarará probada parcialmente la excepción de «falta de
legitimación en la causa por pasiva» propuesta por el departamento de Bolívar, al
no ser la encargada de reconocer la prestación social; sin embargo, ello no exime
al Fondo Territorial de Pensiones del departamento de Bolívar de las obligaciones
que surjan como consecuencia del reconocimiento que se decreta, en atención a
que fue una de las entidades de previsión social que recibió aportes del
demandante durante su vida laboral. Asimismo, en consideración a que se
accederá a las pretensiones de la demanda, se declarará no probada la
excepción formulada por el Distrito de Cartagena denominada «Indebida
presentación de la demanda».

2.5. Conclusión

72. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que en el presente asunto el
tribunal vulneró el principio de congruencia al estudiar si el demandante era
beneficiario del régimen de transición reglado en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, puesto que ello ya se había definido en la actuación administrativa
adelantada ante Colpensiones en el año 2017 y no fue el objeto de controversia
dentro del presente proceso.

73. En ese sentido, la decisión de primera instancia no tuvo una relación directa
con los hechos y las pretensiones de la demanda y la defensa de las entidades,
pues las partes solo discutieron si en el presente caso se cumplieron con los
requisitos del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 para el reconocimiento de la pensión
de jubilación por aportes.

74. Asimismo, se concluye que Antonio Santos Teherán tiene derecho al
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes prevista en el artículo 7
de la Ley 71 de 1988, por cuanto demostró los requisitos de edad [60 años] y de
tiempo de servicios [20,98 años].

75. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 1 de diciembre de
2023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la
demanda presentada por Antonio Santos Teherán Beleño contra el Distrito de
Cartagena de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

76. En su lugar se declarará la nulidad de las resoluciones 1477 del 3 de mayo de
2011 y 3639 del 29 de septiembre de 2011 y de los oficios AMC-OFI-0009984-
2017 del 14 de febrero de 2017 y AMC-OFI-0062405-2017 del 20 de junio de
2017 con los cuales el Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena negó al
demandante el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

77. A título de restablecimiento del derecho se condenará al Fondo de Pensiones
del Distrito de Cartagena [adscrito al Distrito de Cartagena] a pagar a Antonio
Santos Teherán Beleño la pensión de jubilación por aportes con fecha de estatus
el 2 de agosto de 2006. Ahora, como la prestación solo podía pagarse desde el

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1 de agosto de 2007, en atención a que se retiró el 31 de julio de 2007, la
liquidación deberá efectuarse con el 75% del promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales cotizó durante los últimos 10 años de servicio anteriores al 1 de
agosto de 2007, actualizados anualmente con base en la variación del índice de
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE, por virtud de la
Ley 71 de 1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994 y 21 y 36 de la
Ley 100 de 1993.

78. Asimismo, se declarará la prescripción de las mesadas pensionales causadas
con anterioridad al 29 de diciembre 2013.

3. Costas

79. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la
parte demandada.

80. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Revocar la sentencia proferida el 1 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Antonio Santos Teherán Beleño contra el Distrito Cartagena de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo. Declarar parcialmente probada la excepción de «falta de legitimación en
la causa por pasiva» propuesta por el departamento de Bolívar, en los términos
expuestos en la parte motiva, y no probada la excepción formulada por el Distrito
de Cartagena denominada «Indebida presentación de la demanda».

Tercero. Declarar la nulidad de las resoluciones 1477 del 3 de mayo de 2011 y
3639 del 29 de septiembre de 2011 y de los oficios AMC-OFI-0009984-2017 del
14 de febrero de 2017 y AMC-OFI-0062405-2017 del 20 de junio de 2017 con los
cuales el Fondo de Pensiones del Distrito de Cartagena [adscrito al Distrito de
Cartagena] negó al demandante el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes.

Cuarto. Condenar, a título de restablecimiento del derecho, Fondo de Pensiones
del Distrito de Cartagena [adscrito al Distrito de Cartagena] a reconocer a Antonio
Santos Teherán Beleño la pensión de jubilación por aportes a partir del 1 de
agosto de 2007 con fecha de estatus del 2 de agosto de 2006. El pago de la
prestación deberá realizarse desde el 29 de diciembre de 2013 en un valor
equivalente al 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó
durante los 10 años anteriores 1 de agosto de 2007 [en atención a la fecha del
retiro], actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE, por virtud de la Ley 71 de

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1988 y en los artículos 6 y 8 del Decreto 2709 de 1994 y 21 y 36 de la Ley 100
de 1993.

La entidad tiene derecho, por disponerlo así el artículo 11 del Decreto 2709 de
1994, a reclamar la cuota parte a las demás entidades de previsión social o
fondos pensionales en los que Antonio Santos Teherán Beleño hubiese realizado
cotizaciones o a solicitar el traslado de los recursos, si ello no hubiese ocurrido,
al fondo privado de pensiones.

Quinto. Declarar la prescripción de las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 29 de diciembre 2013, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

Sexto. Sin condena en costas en esta instancia

Séptimo. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Octavo. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
YSB

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