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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00010-01

Fecha
11 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2.023 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por los motivos explicados. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicación: 13001-23-33-000-2018-00010-01 (4418-2024) Segundo. Se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante (Colpensiones), por las razones expuestas. Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00010-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

11 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Once (11) de junio dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00010-01 (4418-2024)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones
Demandado: Lacides Antonio Payares Zamora

Tema: Compartibilidad pensional / Conmutabilidad pensional / Pensión
Sanción / Artículo 17 del Decreto 758 de 1990. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, contra
la sentencia proferida el veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
por el Tribunal Administrativo de Bolivar, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

2. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró
demanda contra el señor Lacides Antonio Payares Zamora en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:

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PRETENSIONES

3. Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 288159 del 31 de octubre del
2013, por la cual se reconoció la pensión de vejez a favor del demandado de
conformidad con la Ley 33 de 1985 y a título de restablecimiento, se ordene el
reconocimiento de la prestación, pero con carácter compartido.

4. Que se ordene al demandado devolver, de forma indexada, el retroactivo y el
valor de la diferencia resultante, entre lo pagado por concepto de pensión de vejez a
partir de la fecha de inclusión en nómina de la Resolución GNR 288159 del 31 de
octubre del 2013 y el reconocimiento de carácter compartido.

HECHOS

5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

6. Que el señor Lacides Antonio Payares Zamora nació el 28 de enero de 1950
y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras – INAT, en calidad de empleador,
mediante la Resolución 206 del 8 de junio de 2006, le reconoció pensión sanción en
cuantía de $841.149, a partir del 8 de junio de 2006, en cumplimiento de la sentencia
emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla el 24 de junio
de 2003.

7. Que, mediante Resolución 235 del 5 de julio de 2006, la INAT modificó la
cuantía de la pensión en $408.000 y su fecha de inclusión en nómina, para el 1° de
junio de 2006. El pago del retroactivo pensional del periodo comprendido entre el 29
de enero de 2000 al 28 de enero de 2005 y el 29 de enero de 2005 al 31 de mayo de
2006, fue ordenado por ese empleador en las Resoluciones 0169 del 22 de agosto
de 2005 y 0261 del 14 de julio de 2006, respectivamente.

8. Que, a través de la Resolución 1266 del 13 de febrero de 2012, el Instituto de
Seguros Sociales – I.S.S. (hoy Colpensiones) negó la pensión de vejez, pero la
decisión se repuso y el reconocimiento fue ordenado en la Resolución GNR 288159
del 31 de octubre del 2013, en aplicación de la Ley 33 de 1985, con cuantía de
$785.500, efectiva a partir del 01 de agosto de 2013. Que en la Resolución GNR
406725 del 14 de diciembre de 2015, Colpensiones dispuso que el beneficiario
pensional reintegrara unas sumas de dinero.

9. Que el 21 de abril de 2016 el beneficiario pensional solicitó su reliquidación, lo
cual se fue negado en la Resolución GNR 174657 del 16 de junio de 2016 y, por
requerimiento del 7 de septiembre de 2016, Colpensiones solicitó el consentimiento
para revocar directamente la Resolución GNR 288159 del 31 de octubre del 2013, al
considerar que no se ajustaba a derecho. Mediante Resolución 2667291 del 9 de

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septiembre de 2016 revocó la Resolución GNR 406725 del 14 de diciembre de 2015,
en atención al recurso presentado por Salud Total EPS.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

10. Citó como vulnerado el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el Decreto 813 de
1994, el Decreto 758 de 1990 y la Ley 1437 de 2011.

11. Sostuvo que el acto acusado vulnera las normas señaladas porque no se tuvo
en cuenta la vocación de compartibilidad de la pensión y, por ende, resulta
procedente la acción de lesividad para ajustar la mesada pensional, proteger el erario
y al Sistema General de Pensiones.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

12. La demanda fue admitida el 17 de julio de 2018. El demandado1 se opuso a
la pretensión de ordenar el reconocimiento de carácter compartido porque cumplía
con todos los requisitos para adquirir su estatus pensional y afirmó que no había
lugar a recuperar las mesadas pagadas, dada la buena fe de la beneficiaria
pensional. Solicitó vincular al INAT en calidad de empleador.

13. El 26 de febrero de 2019 se negó la medida cautelar, cuya decisión se
confirmó el 26 de febrero de 2020. Por auto del 4 de agosto de 2023 se dio trámite
de sentencia anticipada, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas y se corrió traslado
para alegar2.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

14. Mediante sentencia del 29 de septiembre de 2.023, el Tribunal Administrativo
de Bolívar negó las pretensiones al considerar que el artículo 6° de la Resolución
206 del 8 de junio de 2006, por la que se reconoció la pensión sanción ordenada por
el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla, dispuso la posibilidad de
conmutar la prestación, según lo reglado en el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, al
indicar que «(…) el empleador podrá conmutar la pensión con el Instituto de Seguros
Sociales (…)».

15. Que, en consecuencia, el INAT en calidad de empleador dispuso conmutar la
pensión sanción una vez su beneficiario obtuviese la pensión de vejez establecida

1 Gestión documental del Samai del Tribunal. Cuaderno principal, archivo denominado:
03CuadernoMedidaCautelar2.pdf. Páginas 58 a 62.
2 Gestión documental del Samai del Tribunal. Cuaderno principal, archivo denominado:
05AutoTrasladoAlegar.pdf

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en el Sistema General de Seguridad Social y que, como conmutar, según la Real
Academia de la lengua Española, es «cambiar una cosa por otra», el pago de la
prestación debía ser subrogado en cabeza del Instituto de Seguros Sociales (hoy
Colpensiones), en el evento de que adquiriera la pensión ordinaria de vejez. De este
modo, a partir de la expedición de la Resolución demandada (31 de octubre de 2013)
se extinguió la obligación a cargo de la entidad empleadora INAT (hoy Ministerio de
Agricultura y Desarrollo) de seguir pagando la pensión sanción.

16. Que, además, la pensión de vejez reconocida por el Ministerio de Agricultura,
por valor de un SMLMV, $433.700 para el año 2007, (fecha en que se certificó),
superaba la cuantía que percibía el demandado con el reconocimiento de la pensión
de vejez emitido por Colpensiones, en cuantía de $785.500, para el año 2013. Que
la mesada otorgada por la Administradora de Fondo Pensional era superior al salario
mínimo del año 2013 y que, al ser la prestación económica reconocida por
Colpensiones, mayor a la definida por la INAT, no se podía aplicar la figura de la
pensión compartida porque no habría excedente alguno que tuviera que asumir el
empleador, en los términos del artículo 18 del Decreto 758 de 1990.

17. Que, en ese sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo (actuando como
sucesor pensional del INAT liquidado) había expedido la Resolución 232 del 26 de
mayo de 2014, para declarar la extinción de la obligación pensional que venía
devengando, dando cumplimiento a la condición resolutoria y la consecuente
subrogación de la obligación en cabeza de Colpensiones, desde el 1° de agosto de
2013 y que tampoco procedía ordenar la devolución de mesadas puesto que no logró
demostrarse la mala fe del beneficiario pensional.

RECURSO DE APELACIÓN

18. Colpensiones interpuso recurso de apelación al considerar que se debió
declarar la nulidad de la resolución demandada porque al no ser definida la
compartibilidad se generó un reconocimiento de mesada a cargo de Colpensiones,
por un valor superior a la que en derecho le correspondía.

19. Que el reconocimiento de prestaciones contrarias a la ley atenta contra el
principio de Estabilidad Financiera del Sistema General de Pensiones establecido
por el Acto Legislativo 001 de 2005 como una obligación del Estado. Solicitó, en
consecuencia, revocar la sentencia y, en su lugar, acceder a las pretensiones.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

20. El 11 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación. Las partes y
el Ministerio público guardaron silencio en esta etapa.

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21. Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

22. La Sala debe definir si procedía declararse la nulidad de la Resolución GNR
288159 del 31 de octubre del 2013, por la que se reconoció la pensión de vejez, al
no haber determinado la compartibilidad de la pensión, en aplicación del artículo 17
del Decreto 758 de 1990.

23. En caso afirmativo, se estudiará si es procedente ordenar al demandado la
devolución de las sumas recibidas.

Sobre la pensión sanción

24. El artículo 37 de la Ley 50 de 19903, dispuso las condiciones que se debían
cumplir para otorgar una pensión en los términos del artículo 8 de la Ley 171 de 1961:
i) tener la calidad de trabajador de los sectores privado o público, vinculado por
contrato de trabajo; ii) haber sido despedido sin justa causa, para lo cual debería
contar con a) más de 10 y menos de 15 años de servicios y 60 de edad, o b) más de
15 años de servicios y 50 de edad; o, en su defecto, iii) tener más de 15 años de
servicio cuando el retiro fuere voluntario, evento en el cual el derecho se causaría
cuando el trabajador alcanzara los 60 de edad4.

25. En el inciso 4° de la norma en cita, se especificó que en los demás aspectos
la pensión se regiría por las normas legales de la pensión de jubilación y que este
tipo de pensiones, —es decir, la pensión sanción— «(…) dejarán de estar a cargo
de los empleadores cuando la pensión de vejez sea asumida por el Instituto de
Seguros Sociales, de acuerdo con la ley y dentro de los reglamentos que dicte
el mismo Instituto (…)»

26. Además, en los parágrafos 1° y 2° de la disposición normativa se dispuso que
el empleador pagaría el valor de las cotizaciones que faltaren al Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones) para que el trabajador adquiera el derecho proporcional
a la pensión de vejez y que, en cualquiera de los eventos previstos en el presente
artículo, el empleador podría conmutar la pensión con el Instituto de Seguros
Sociales.

3 Por la cual se introducen reformas al Código sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2020. Exp. 08001-23-31-

000-2010-00356-01 (2897-17). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Sobre la conmutación pensional

27. La figura de la conmutación pensional tiene antecedentes en los Decretos
2677 de 19715 y 1572 de 19736, en los cuales se contempló como un mecanismo
excepcional que permitía al I.S.S. sustituir a las empresas que se encontraban en
proceso de cierre o liquidación, el pago de pensiones legales y convencionales.

28. La Ley 550 de 19997, que tuvo por objeto establecer un régimen para
promover y facilitar la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales, en su artículo 41, extendió la conmutación total o parcial para todos los
casos en los que se requiriera la normalización del pasivo pensional, para lograr el
pago oportuno de las obligaciones pensionales, sin importar si la empresa estaba en
un acuerdo de reestructuración y, adicionalmente, permitió que la sustitución se
realizara mediante compañías de seguros, fondos de pensiones y patrimonios
autónomos, y otorgó al Gobierno Nacional facultades para reglamentar dicha figura.

29. En ejercicio de esa potestad fue expedido el Decreto 1260 de 20008 que, en
su artículo 3°, estableció las distintas formas en que se podía realizar la conmutación
pensional total y señaló que ésta se podría llevar a cabo con el i) Instituto de Seguros
Sociales; ii) con una compañía de seguros a través de una renta vitalicia; iii) como
un retiro programado administrado por una administradora de fondos de pensiones,
y iv) por los demás mecanismos que señale el Gobierno Nacional de acuerdo con la
ley.

30. En el artículo 4° se definió que la figura tendría por objeto lograr que se pague
a quienes tengan o lleguen a tener derecho a ella, la respectiva mesada pensional
en el monto que corresponda al momento de la conmutación, de acuerdo con la ley,
la convención o el pacto colectivo. Una vez realizada la conmutación pensional total,
el empleador quedaría liberado de la obligación de pago de la pensión.

31. En relación con la autorización para llevar a cabo la conmutación, el artículo
12, señaló que cuando se trate de entidades públicas del orden nacional o territorial,
cuando estas no estén sujetas a la inspección, vigilancia o control de una
Superintendencia, el mecanismo de conmutación requeriría la aprobación del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previo concepto favorable de su viabilidad
financiera emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

5 Por el cual se fijan normas sobre conmutación de las pensiones de jubilación del sector privado.
6 Por la cual se reglamenta el Decreto 2677 de 1971, y el artículo 13 de la Ley 171 de 1961.
7 Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de

los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esa ley.
8 Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamenta parcialmente el artículo 41 de la Ley 550

de 1999, en cuanto se refiere a la conmutación total y a mecanismos de normalización pensional aplicables a
las empresas en liquidación.

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32. Posteriormente, en el Decreto 941 de 20029, se reglamentó la conmutación
parcial y se dispuso en su artículo 1° que cuando procediera la normalización
pensional, las entidades públicas y privadas y los empleadores de cualquier
naturaleza que tuvieran a su cargo el pago de pensiones, podrían conmutar
parcialmente dichas obligaciones mediante la creación de patrimonios autónomos
pensionales autorizados por la Ley 550 de 1999 y el parágrafo 2° del artículo 41 de
la Ley 80 de 1993, de conformidad con lo previsto en ese decreto.

33. Finalmente, el Decreto 1833 de 201610, que compiló las normas del Sistema
General de Pensiones, reiteró dicha lógica normativa en el capítulo 8, en el que se
desarrolla la normalización pensional (artículos 2.2.8.8.1 al 2.2.8.8.42.).

34. En relación con la conmutabilidad, esta Corporación explicó:

«(…) 3.1.2. En ese contexto, la conmutación pensional se presenta cuando el
empleador, particular o estatal, adquiere obligaciones de índole pensional
respecto de sus empleados y las sustituye a una entidad del sistema de
seguridad social o a una aseguradora para que ésta la asuma, previo el pago de
un capital.

La conmutación es total y definitiva cuando el empleador se libera integralmente
de toda responsabilidad del pago de los pasivos pensionales, y parcial, cuando
éste conserva responsabilidad por el pasivo transferido.

Para ello, el empleador traslada a una compañía de seguros, o administradoras
de pensiones, o al ISS, cierto capital que representa el valor de las
obligaciones pensionales, con la finalidad de que dichas entidades se
encarguen del pago de la pensión.

De esta manera, los recursos que reciben las aseguradoras por este
concepto tienen por objeto garantizar el reconocimiento y pago de la
pensión.

3.1.3. Síguese de lo expuesto que la conmutación pensional es financiada
por el empleador en cumplimiento de su obligación de pago de las
pensiones de sus trabajadores en el régimen de seguridad social, por tanto,
esas rentas constituyen cotizaciones, que, además, tienen la connotación de una
contribución parafiscal (…)»11. (Negrita para resaltar)

9 Por el cual se adoptan unas medidas de intervención y se reglamentan parcialmente el artículo 41 de la Ley 550

de 1999, el parágrafo 2° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 283 de la Ley 100 de 1993.
10 Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.
11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 17 de marzo de 2016. Exp. 25000-23-37-000-2012-00263-

01(20586). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Sobre la compartibilidad pensional

35. El Decreto 2879 de 198512, en su artículo 5, determinó que los
empleadores inscritos al Instituto de Seguros Sociales – I.S.S., que a partir de la
fecha de publicación del decreto, otorgaran a sus trabajadores pensiones de
jubilación, continuarían cotizando para las contingencias de Invalidez, Vejez y
Muerte, hasta cuando los asegurados cumplieran los requisitos exigidos por el
I.S.S. para otorgar la pensión de Vejez y que, en este momento, el Instituto
procedería a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el
mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía
siendo pagada por el empleador.

36. El Decreto 758 de 199013, en relación con las pensiones sanción
reconocidas, dispuso:

«(…) Artículo 17. Compartibilidad de las pensiones sanción. Los
trabajadores que sean despedidos por el patrono sin justa causa y tengan
derecho al cumplir la edad requerida por la ley, al pago de la pensión restringida
de que habla el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, tendrán derecho a que el
patrono cotice para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, a partir de la fecha
en que cubra dicha pensión y hasta cuando cumplan con los requisitos mínimos
exigidos por estos Reglamentos para la pensión de vejez. En este momento, el
Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono
únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el
Instituto y la que venía cubriendo al pensionado. (…)». (Negrita para
resaltar)

37. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU 542 de 2016, explicó
la noción y finalidad de la Compartibilidad pensional:

«(…) La pensión compartida se da cuando el empleador le reconoció a su
extrabajador pensión de vejez en virtud de una convención o acuerdo extralegal
por un monto determinado y estipuló que dicha pensión será posteriormente
compartida con la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, en la
actualidad por Colpensiones.

De esta forma, cuando la empresa a la que se encontraba vinculado laboralmente
el trabajador contemplaba el cumplimiento de requisitos más favorables para
acceder a la pensión que los exigidos por el régimen general, el empleador
asume el pago de las mesadas hasta que el trabajador cumpla la edad y el tiempo
de cotización exigidos por la ley para todas las personas. En caso de que el
monto de la pensión reconocida por el empleador sea superior al
reconocido por Colpensiones, deberá el empleador reconocer y pagar la
diferencia. (…)». (Negrita para resaltar)
38. Esta Corporación ha precisado también que en la pensión compartida

12 Por el cual se aprobó el Acuerdo número 029 del 26 de septiembre de 1985, emanado del Consejo Nacional

de Seguros Sociales Obligatorios.
13 por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero 1° de 1990, emanado del Consejo Nacional de

Seguros Sociales Obligatorios.

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el reconocimiento y pago lo asume inicialmente el patrono, pero cuando se
satisfacen los requisitos exigidos por el I.S.S. (hoy Colpensiones), éste asume
su obligación y el empleador cesa en el pago de dicha prestación, salvo que
Colpensiones cuando reconozca la prestación, lo haga en cuantía inferior14.

39. Esto quiere decir que en el momento en que se reconozca le pensión
de vejez se estudiará la Compartibilidad de la prestación y pueden presentarse
dos escenarios. Veamos:

i) En el primero de ellos el monto de la mesada convencional, de jubilación
o sanción, reconocida por el empleador, es menor al monto de la mesada
por vejez asumida por Colpensiones. Para este caso la diferencia a pagar
por el empleador es cero porque la pensión de vejez es mayor que la de
jubilación, quedando así Colpensiones con el 100% a cargo de la mesada
pensional.

ii) En el segundo escenario el monto de la mesada de la pensión inicial es
mayor al de la reconocida por vejez, caso en el cual —en contraste con el
anterior—, el empleador sí debe pagar la diferencia o remanente
resultante, lo cual se debe hacer a partir del momento en el que se
reconoce la prestación por vejez.

Resolución del caso concreto

40. De las pruebas se logró determinar que el Instituto Nacional de Adecuación
de Tierras - INAT (hoy Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), en cumplimiento
de orden judicial, emitió la Resolución 0206 del 8 de junio de 2006, en la que
reconoció la pensión sanción a favor del demandado, así:

«(…) ARTÍCULO PRIMERO: Incluir en nómina de pensión sanción a PAYARES
ZAMORA LACIDES ANTONIO en acatamiento a la Sentencia del 24 de junio de
2003, del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Barranquilla (Atlántico) (…)

ARTÍCULO SEXTO: El Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT en
Liquidación o la entidad que haga sus veces deberá afiliar al beneficiario al
Sistema General de Pensiones y pagará la totalidad de la cotización con el fin
de obtener la conmutación pensional prevista en el Artículo 37 de la Ley 50 de
1990 (…)»15 (Negrita para resaltar)

41. Mediante Resolución 235 del 5 de julio de 2006, la INAT modificó la cuantía
de la pensión en $408.000 con fecha de inclusión en nómina para el 1° de junio de

14 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 16 de septiembre de 2021. Exp. 05001

2333 000 2017 02855 01 (6384-2019). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, páginas 170 a 171 y
página 86.

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200616. El pago del retroactivo pensional del periodo comprendido entre el 29 de
enero de 2000 al 28 de enero de 2005 y el 29 de enero de 2005 al 31 de mayo de
2006, se ordenó en las Resoluciones 0169 del 22 de agosto de 2005 y 0261 del 14
de julio de 2006, respectivamente17.

42. En la Resolución 1266 del 13 de febrero de 2012, el Instituto de Seguros
Sociales – I.S.S. (hoy Colpensiones) negó la pensión de vejez18, pero dicha decisión
fue recurrida y, mediante Resolución GNR 288159 del 31 de octubre del 2013, se
ordenó su reconocimiento y pago, en aplicación de la Ley 33 de 1985, con cuantía
de $785.500, efectiva a partir del 1° de agosto de 201319. En efecto, tal como se
indica en el recurso, se observa que el dicho acto administrativo no se dijo nada en
relación con la compartibilidad de la prestación. Veamos:

«(…) ARTÍCULO PRIMERO: Revocar en todas y cada una de sus partes la
Resolución No. 1266 de 13 de febrero de 2012 que negó una pensión de vejez al
(la) señor (a) PAYARES ZAMORA LACIDES ANTONIO, ya identificado(a), de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: reconocer y ordenar el pago a favor de (la) señor(a)
PAYARES ZAMORA LACIDES ANTONIO, ya identificado(a), de una pensión
mensual vitalicia de vejez, en los siguientes términos y cuantías:

Valor mesada a 1 de agosto de 2013= $785.500 (…)

ARTÍCULO TERCERO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar
a ello será ingresada en la nómina del período 201311 que se paga en el período
201312 en la central de pagos del banco BANCOLOMBIA (…)

ARTÍCULO CUARTO: A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación
se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en
SALUD TOTAL.

ARTÍCULO QUINTO: La gerencia de reconocimiento comunicará a la Gerencia
Nacional de Ingresos y Egresos de la Vicepresidencia de Financiamiento e
Inversiones de Colpensiones para que se inicie el trámite de liquidación y cobro del
BONO TIPO B a las entidades respectivas, para el financiamiento de la pensión.

ARTÍCULO SEXTO: Esta prestación económica es incompatible con cualquier otra
asignación del Tesoro Público, conforme a los establecido ene l artículo 128 de la
Constitución Política de Colombia (…)» (Negrita para resaltar)

43. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en atención al reconocimiento
de la prestación de vejez, emitió la Resolución 232 del 26 de mayo de 2014, en la
cual resolvió «(…) declarar la extinción de la obligación pensional que venía

16 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 80.
17 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 183.
18 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 116 a 118.
19 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 238 a 246.

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pagando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural al señor LACIDES ANTONIO
PAYARES ZAMORA, teniendo en cuenta el cumplimiento de la condición
resolutoria y la consiguiente subrogación total de la obligación por parte de
Colpensiones desde el 1 de agosto (…)20».

44. Por su parte, en la Resolución GNR 406725 del 14 de diciembre de 201521,
Colpensiones dispuso el reintegro de unas sumas de dinero a cargo del beneficiario
y de su EPS, sin embargo, esa decisión se revocó mediante la Resolución 2667291
del 9 de septiembre de 201622, que resolvió el recurso de reposición interpuesto por
la EPS, al considerar que dada la naturaleza compartible de la prestación, no era
procedente efectuar cobro alguno porque no se configuraba la vulneración del
artículo 128 de la constitución política.

45. Recuérdese que Colpensiones, en el recurso de apelación, insistió en que la
Resolución GNR 88159 del 31 de octubre del 2013, por la cual realizó el
reconocimiento prestacional de vejez, debió ser declarada nula por el tribunal,
puesto que no definió la compartibilidad y ello generó un reconocimiento de mesada
a cargo de Colpensiones, por un valor superior a la que en derecho le correspondía.

46. Esta Sala está de acuerdo con el tribunal al afirmar que «(…) no se puede
aplicar la figura de la pensión compartida, dado que, la pensión de vejez supera el
monto de la reconocida por el INAT liquidado (hoy Ministerio de Agricultura) (…)»,
pues, en efecto, el monto de la mesada reconocida por el empleador es menor al
monto de la mesada por vejez asumida por Colpensiones.

47. Sin embargo, dado que el tribunal aplicó el artículo 18, relativo a la
compartibilidad de las pensiones extralegales, se precisa que la norma aplicable al
caso es la contenida en el artículo 17 del Decreto 758 de 1990, que regula la
compartibilidad de las pensiones sanción —que es la naturaleza de la prestación
que fue compartida con Colpensiones23—.

48. Para este caso la diferencia a pagar por el empleador es cero porque la
pensión de vejez es mayor que la pensión sanción, quedando así Colpensiones con
el 100% a cargo de la mesada pensional. Veamos:

20 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 169.
21 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 253 a 258.
22 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 277 a 281.
23 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, páginas 170 a 171 y
página 86.

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Mesada de la pensión sanción Mesada de la pensión de vejez

($408.000)24 ($785.500)26

Equivalente a un SMLMV para el 200625 Es mayor al SMLMV para el 2013 que se
decretó en $589.50027

49. En consecuencia, si bien la declaración de la compartibilidad se debe realizar
en el acto administrativo de reconocimiento de la pensión de vejez, lo cierto es que
—para este caso—, dado que el valor compartible es de cero, es innecesario
declarar la nulidad del acto.

50. Ahora, es importante resaltar que si bien en el acto que reconoció la pensión
sanción se dispuso que se afiliaría al beneficiario al Sistema General de Pensiones
para pagar las cotizaciones «(…) con el fin de obtener la conmutación28pensional
prevista en el Artículo 37 de la Ley 50 de 1990(…)», en la Resolución 261 del 14 de
julio de 2006 el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras - INAT (hoy Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural), explicó que se trataba de la figura de
compartibilidad pensional:

«(…) Según lo previsto en el inciso 4° del artículo 8° de la Ley 171 de 1961, una
vez en firme la sentencia judicial que ordena el reconocimiento de la pensión
sanción, la entidad condenada, debe pagar las mesadas desde la fecha de su
causación hasta que la misma finiquite por causa determinada en la Ley o hasta
que el Instituto de Seguro Social, reconozca la pensión de vejez en virtud del
artículo 17 del Acuerdo del ISS N° 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de
1990, el cual establece que es procedente la compartibilidad de la pensión
sanción prevista en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961 (…)»29 (Negrita para
resaltar)

51. Para la Sala es importante determinar en este punto que, tal como se
desarrolló en el marco jurídico de esta providencia, la conmutabilidad es un
fenómeno que se aplica en materia de normalización pensional y tiene contornos y
contextos diferentes a los de la compartibilidad que, se insiste, es la figura aplicable
para este caso.

24 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 80.
25 Correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente para el año del reconocimiento, es decir, el 2006.

(Decreto 4686 del 21 de diciembre de 2005).
26 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, página 300.
27 Para el 2013, momento del reconocimiento de la pensión de vejez, el salario mínimo se decretó en $589.500

(Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012).
28 Se destaca que al expediente no fue aportado el fallo que ordenó el reconocimiento de la pensión sanción. La

denominación de ”conmutabilidad pensional” fue estipulada por la INAT, en la Resolución que cumplió dicha
orden.
29 Samai, índice 2. Expediente digital contenido en la carpeta denominada: 5ED_EXP
DIGITA_13001233300020180001(.zip) NroActua 2, PDF 04 ExpedienteAdministrativo, páginas 170 a 171 y
página 81.

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52. Dado que no prosperó el recurso, es innecesario realizar pronunciamiento
alguno en relación con la devolución de las sumas recibidas. Por los motivos
expuestos, se confirmará la sentencia primera instancia.

De la condena en costas en segunda instancia

53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

56. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 29 de septiembre de 2.023 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por los motivos explicados.

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Segundo. Se condena en costas de segunda instancia a la parte demandante
(Colpensiones), por las razones expuestas.

Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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