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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00251-02

Fecha
29 de enero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00251-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 18 Número Interno: 2890-2025 Demandante: Colpensiones Demandada: Fermín Peña Arroyo SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00251-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de enero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veintinueve (29) de Enero de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 130012333000201800251 (2890-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Demandado: Fermín Peña Arroyo
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Lesividad - pensión de vejez

Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del Trece (13) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Bolivar1, que negó a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2.

1.1.1. Pretensiones.

La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitando
que se declare la nulidad de la Resolución 325335 de Veintiuno (21) de
Octubre de Dos Mil Quince (2015), mediante la cual, se reconoció una pensión
de vejez a favor del señor Fermin Peña Arroyo, con efecto a partir del Primero

1 Sala conformada por los Magistrados José Rafael Guerrero Leal, Marcela de Jesús López Alvárez y Moisés

de Jesús Rodríguez Pérez.
2 Expediente digital – Samai – índice 2 – 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) –
01CuadernoPrincipal.

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

(1) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015), por un valor mensual de
$2.320.165, conforme a la Ley 33 de 1985, y pagada en el periodo 2015-12.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que, se declare que el
demandado no es beneficiario del régimen de transición, que su prestación se
estudie conforme a la Ley 797 de 2003, y que se ordene la devolución de los
valores pagados por concepto de la mencionada pensión, desde la fecha de
inclusión en nómina de pensionados, hasta que se ordene la suspensión
provisional del acto o se declare su nulidad.

Solicita, además, que las sumas a devolver sean actualizadas e indexadas
conforme corresponda, con el fin de evitar detrimento patrimonial para
COLPENSIONES, por pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

1.1.2 Hechos

Colpensiones indicó que, el señor Fermin Peña Arroyo nació el Once (11) de
Octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (1955), por lo que, a la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones, Primero (1) de Abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994), tenía Treinta y Ocho (38) años de edad
y 941 semanas de cotización, cumpliendo los Sesenta (60) años en octubre
de 2015.

Expuso que, el señor Peña Arroyo, acredita 955 semanas de cotización en el
sector público, como trabajador oficial, hasta el Dieciséis (16) de Diciembre de
Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999).

Indicó que, mediante la Resolución 325335 de Veintiuno (21) de Octubre de
Dos Mil Quince (2015), COLPENSIONES reconoció una pensión de vejez a
favor del señor Peña Arroyo, con efectividad a partir del Primero (1) de
Noviembre de Dos Mil Quince (2015), por un valor mensual de $2.320.165,
conforme a la Ley 33 de 1985, ingresada en la nómina del periodo 2015-11 y
pagada en el periodo 2015-12.

Mediante Resolución GNR 3056 de Seis (6) de Enero de Dos Mil Dieciséis
(2016), COLPENSIONES confirmó la Resolución 325335 de veintiuno (21) de

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

Octubre de Dos Mil Quince (2015). Posteriormente, bajo el radicado
BZ2015_10659049_2-1437591 de Nueve (9) de Junio de Dos Mil Dieciséis
(2016), la administradora solicitó consentimiento al señor Peña Arroyo para
revocar la resolución mencionada.

Finalmente, mediante Resolución VPB 30118 de Veintidós (22) de Julio de Dos
Mil Dieciséis (2016), COLPENSIONES negó la reliquidación pensional
solicitada por el señor Peña Arroyo.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora invocó como normas violadas las siguientes: La Constitución
Política, el Acto Legislativo 01 de 2005, la Ley 33 de 1985, el Decreto 758 de
1990 y la Ley 71 de 1988.

Sostiene que, la Resolución 325335 del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil
Quince (2015), adolece de un vicio de legalidad por violación directa de la ley
y de las normas en las que debió fundarse.

El núcleo del argumento, se centra en que, el acto administrativo reconoció
una pensión de vejez al señor Peña Arroyo, bajo el régimen de transición, sin
que el beneficiario cumpliera con los requisitos legales para acceder a dicho
régimen, ni a la prestación otorgada.

Colpensiones, argumenta que, a la fecha de entrada en vigencia del Sistema
General de Pensiones, esto es, el Primero (01) de Abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994), el señor Peña Arroyo contaba con treinta y ocho (38)
años de edad y no con los cuarenta (40) años exigidos para los hombres, por
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Por lo que, al no cumplir con el requisito de edad, ni acreditar quince (15) años
de servicios a dicha fecha, el demandado no adquirió la calidad de beneficiario
del régimen de transición.

La demandante señala que, la resolución atacada incurrió en error al aplicar la
Ley 33 de 1985, la cual exige para los empleados oficiales un tiempo de

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

servicio de veinte (20) años continuos o discontinuos, exclusivamente en el
sector público.

Según el análisis de la entidad: (i) El demandado acredita un total de 955
semanas como trabajador oficial hasta el Dieciséis (16) de Diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999), (ii) dicho tiempo es inferior a las mil
veintinueve (1.029) semanas, equivalentes a los veinte (20) años de servicio
exigidos por la norma en mención y (iii) advierte que, no es posible computar
tiempos cotizados al sector privado para efectos de la pensión prevista en la
Ley 33 de 1985.

Finalmente, alega que, el acto administrativo es lesivo a los intereses del
Estado, toda vez que, se reconoció una prestación económica sin el
cumplimiento de los requisitos legales.

1.2 Contestación de la demanda3.

El curador ad-litem designado para representar al señor Fermín Peña Arroyo,
procedió a contestar la demanda, fundamentando su oposición en la existencia
de la cosa juzgada administrativa y la protección de los derechos adquiridos
del pensionado, bajo las siguientes consideraciones:

Sostiene que, la Resolución 325335 del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil
Quince (2015), goza de presunción de legalidad y no se fundamentó en actos
fraudulentos; señalando que, el reconocimiento pensional fue el resultado de
una corrección de la historia laboral, ordenada por el Juzgado Sexto Civil del
Circuito de Cartagena, lo que desvirtúa cualquier tacha de ilegalidad por parte
del beneficiario.

Frente a los hechos de la demanda, advierte una discrepancia, en la edad del
señor Peña Arroyo, indica que, al entrar en vigencia el Sistema General de
Pensiones, el Primero (01) de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994), el demandado contaba con una edad aproximada de treinta y nueve

3 Expediente digital – Samai – índice 2 – 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) –
13ContestacionDemandaCuradorAdlitem.

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

(39) años y seis (06) meses, basándose en la información consignada en el
acto administrativo atacado.

Argumenta que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
(sentencia SL1981-2022), para consolidar el derecho a la pensión de vejez
bajo el régimen de transición (Acuerdo 049 de 1990), es plenamente válido
sumar las semanas cotizadas tanto al sector público como al privado; por tanto,
el cumplimiento de la densidad de semanas exigida es legítimo al computar la
totalidad de los servicios prestados por el cotizante.

Finalmente, formuló las excepciones que denominó: «procedencia del
reconocimiento por Régimen de Transición», «irrevocabilidad del acto
administrativo» y la «genérica».

1.3. Sentencia de primera instancia4.

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el Trece
(13) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), resolvió negar las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

El Tribunal señaló que, Colpensiones, no probó la premisa fáctica de su
demanda, y tras realizar una indagación normativa, encontró que, si bien
CORELCA sufrió transformaciones, pasó de ser una Empresa Industrial y
Comercial del Estado, a una Empresa de Servicios Públicos de carácter oficial,
a través del Decreto 1161 de Junio de Mil Novecientos Noventa y Nueve
(1999); por tanto, no se acreditó que los tiempos laborados después del
Dieciséis (16) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Nueve (1999),
fueran privados.

El A-quo determinó que, la demandante no desarrolló un concepto de violación
razonado ni preciso; por lo que, en virtud del principio de justicia rogada, señaló
que no le corresponde al juez administrativo realizar un examen oficioso de
legalidad para suplir las deficiencias argumentativas de las partes,
especialmente cuando se pretende derribar la presunción de legalidad de un
acto propio.

4 Expediente digital – Samai – índice 2 – 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) – 33Sentencia.

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

Indicó que, al no existir evidencia que corroborara el error en la liquidación, ni
el supuesto cambio de naturaleza jurídica de la empleadora a una de sector
privado, el acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de
vejez debe permanecer incólume.

1.4. Recurso de apelación.

1.4.1 La parte demandante5, interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia proferida el Trece (13) de Septiembre de Dos
Mil Veinticuatro (2024), solicitando que, se revoque la decisión y, en su lugar,
se acceda a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
motivos de inconformidad.

La entidad apelante sostiene que, el Tribunal incurrió en un yerro, al no aplicar
correctamente el Decreto 2515 de 1999 y el artículo 41 de la Ley 142 de 1994.
Argumenta que, a partir del Dieciséis (16) de Diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), los trabajadores de dicha empresa de servicios
públicos pasaron a ser trabajadores particulares, sujetos al Código Sustantivo
del Trabajo.

En tal sentido, afirma que el señor Fermín Peña Arroyo solo acreditó
novecientas cincuenta y cinco (955) semanas como trabajador oficial, cifra
inferior a las mil veintinueve (1.029) semanas, (20 años), que exige de manera
imperativa la Ley 33 de 1985, para el sector público.

Señala la recurrente que, la prestación tampoco encuentra sustento bajo la
Ley 71 de 1988, ni el Decreto 758 de 1990, pues en ningún escenario el
demandado logra consolidar el derecho pensional, por falta de densidad de
semanas. Indica que el estudio debió realizarse bajo la Ley 797 de 2003, con
la cual, tampoco se cumplen los requisitos.

Manifiesta que, mantener el acto administrativo demandado, afecta la
estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, contraviniendo el

5
Expediente digital – Samai – índice 2 – 5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) – 35RecursoApelacion.

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

artículo 48 de la Constitución Política y el Acto Legislativo 01 de 2005; citando
la sentencia SU-149 de 2021, y enfatiza que no es dable convalidar derechos
pensionales que carezcan de los requisitos legales vigentes, pues ello, genera
un detrimento patrimonial al erario y pone en riesgo la viabilidad del sistema
para las futuras generaciones.

Finalmente, la parte actora controvierte la tesis del Tribunal sobre la falta de
carga argumentativa, asegurando que, en la demanda se identificaron
claramente las normas infringidas y la motivación de la violación.

Argumenta que, la defensa del patrimonio público es un deber colectivo, que
obliga al reintegro de los recursos pagados irregularmente (mesadas,
retroactivos y salud), por lo cual, solicita la nulidad de la resolución cuestionada
y la consecuente devolución de los valores percibidos por el demandado,
debidamente indexados.

1.5. Trámite de segunda instancia.

Por medio de auto del Diez (10) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el
artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.

Dentro del plazo legal, el Ministerio Público7 emitió concepto, pidiendo
confirmar la sentencia de primera instancia proferida el Trece (13) de Septiembre
de Dos Mil Veinticuatro (2024); coincidiendo con el A-quo, en que Colpensiones
no logró probar la premisa central de su demanda.

Señala que, mientras la entidad afirma que los tiempos cotizados en CORELCA
S.A. E.S.P. posteriores al Dieciséis (16) de Diciembre de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999) son privados, el Decreto 1161 de Mil Novecientos
Noventa y Nueve (1999), demuestra que dicha empresa se transformó en una
entidad de servicios públicos de carácter oficial.

6 Samai - índice 4.
7 Samai - índice 13

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

Expone que, conforme al artículo 164 del CPACA, no hay lugar a recuperar
prestaciones pagadas a particulares de buena fe, condición que se presume en
el demandado, máxime, cuando el reconocimiento provino de una orden judicial
de corrección de historia laboral.

Finalmente, el Ministerio Público aclara que, si bien la sostenibilidad financiera
es un principio constitucional relevante, no puede invocarse de forma abstracta
para desconocer derechos consolidados.

Subraya que, la principal obligada a verificar con diligencia los requisitos
pensionales es la administradora de pensiones; y que, cualquier error
administrativo en dicha verificación no debe ser trasladado al administrado
cuando este ha actuado conforme a la ley.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.

Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3288 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, si se debe declarar la nulidad de la
Resolución GNR 325335 del Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil Quince

8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

(2015) y, en consecuencia, disponer que el demandado no tiene derecho a
gozar de la pensión de vejez.

En caso de establecer que, dicho reconocimiento pensional se apartó del
ordenamiento jurídico, deberá dilucidarse, si es posible ordenar el reintegro de
las mesadas pensionales que le fueron reconocidas.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Pruebas
recaudadas; y 2.2.3 Caso concreto.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial

2.2.2. Régimen de transición de la Ley 100 de 19939.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esta
normativa entró en vigencia a nivel nacional, el Primero (1°) de Abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994) y, a nivel territorial, el Treinta (30) de
junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995), estableciendo un régimen
de transición en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la pensión de
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para
los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años,
es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder
a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso
anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad,
caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen.

9 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, del 8 de noviembre de 2024, expediente 25000-23-

42-000-2017-04589-01 (1812-2023) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro
individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida.

Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores,
aun cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo
de los derechos adquiridos, a que se les reconozca y liquide la pensión en las
condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que cumplieron tales requisitos.

PARÁGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el
inciso primero (1º) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas
cotizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros
Sociales, a las Cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector público o
privado, o el tiempo de servicio como servidores públicos cualquiera sea el número de
semanas cotizadas o tiempo de servicio». (Negrilla y subrayado de la Sala)

De conformidad con la norma transcrita, quienes cumplan con los requisitos
establecidos, para ser beneficiarios del régimen de transición, tienen derecho
a que se considere, para el reconocimiento y pago de su pensión, la edad, el
tiempo de cotización y el monto, correspondientes al régimen anterior al cual
se encuentren afiliados.

Este reconocimiento, responde a las expectativas legítimas de aquellos que
han venido realizando aportes para su pensión, bajo dicho régimen. En este
sentido, para los empleados públicos no sujetos a regímenes especiales, el
régimen aplicable es el previsto en la Ley 33 de 1985; para aquellos que han
cotizado al Instituto de Seguro Social (ISS), sería el Decreto 758 de 1990; y
para quienes acreditan haber laborado tanto en el sector público como en el
privado, les resulta aplicable la Ley 71 de 1988.

2.2.3. Pensión de jubilación de acuerdo con la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.

Con la expedición de la Ley 797 de 2003, se modificó el artículo 33 la Ley 100
de 1993, y se establecieron como requisitos para obtener la pensión de vejez
los siguientes:

«ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Para tener
el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años
si es hombre.

A partir del 1º. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57)
años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1º. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y
a partir del 1º. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300
semanas en el año 2015».

2.2.4 Devolución de sumas pagadas10

Debe señalarse que, según el artículo 8311 de la Carta Política, la buena fe se
presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-131
de 200412, definió el principio general de la buena fe, así:

«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los principios
generales del derecho13, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, el cual
gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los ciudadanos, y que sirve
de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor del intérprete y constituye un
decisivo instrumento de integración del sistema de fuentes colombiano.

En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una
exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra
dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas
y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte
esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen
el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal
suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más
congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos
intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de
la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad
surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el
ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar
las lagunas del sistema jurídico».

En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación, sin

10
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-
23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
11
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
12
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
13
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía, en el proceso
deberá estar probada la mala fe con que pudieron actuar, para obtener el pago
de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere
ser desvirtuada.

En ese sentido, se pronunció esta Sala, el Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017)14, al estimar que «[…] la devolución de las sumas pagadas por
prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables
encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de
modo que si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que
«[e]l concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir
los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los
derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por
mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta». Criterio reiterado por esta subsección, el 16 de agosto

de 201815.

2.2.5. Pruebas recaudadas.

i. Cédula de ciudadanía del señor Fermín Peña Arroyo16, que da cuenta que
nació el Once (11) de Octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco
(1955).
ii. Resolución No. GNR 325335 de Veintiuno (21) de Octubre de Dos Mil
Quince (2015)17, por medio de la cual, Colpensiones reconoce y ordena el
pago de una pensión de vejez.
iii. Resolución GNR 3056 del Seis (06) de Enero de Dos Mil Dieciséis
(2016) 18 , por medio de la cual, resolvió el recurso de reposición,
confirmando el reconocimiento pensional inicial.
iv. Resolución VPB 30118 del Veintidós (22) de Julio de Dos Mil Dieciséis

14 Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret

Pérez Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15 Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también

sentencia de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P.
César Palomino Cortés.
16 Expediente digital – Samai – índice 2 – archivo «5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) –

01CuadernoPrincipal» página 8.
17Expediente digital – Samai – índice 2 – archivo «5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) –

01CuadernoPrincipal» página 9 a 17.
18 Expediente digital – Samai – índice 2 – archivo «5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) –

01CuadernoPrincipal».

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Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

(2016)19, que resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado
del demandado, confirmando la negativa a una reliquidación pensional
solicitada.

2.2.6. Caso concreto.

Con miras a resolver el problema jurídico planteado, y teniendo en cuenta los
elementos de prueba allegados al plenario, la Sala procede a realizar las
siguientes precisiones:

Se tiene acreditado que, el señor Fermín Peña Arroyo nació el Once (11) de
Octubre de Mil Novecientos Cincuenta y Cinco (1955); en consecuencia, al
Primero (1°) de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), fecha de
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, contaba con treinta y
ocho (38) años de edad.

Si bien el demandado, no cumplía el requisito etario de 40 años para los
hombres, el parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, permite el acceso
al régimen de transición por tiempo de servicios de 15 años o más a dicha
data, requisito cumplido por el demandado, en razón a que, la certificación de
tiempos —consolidada y verificada por la propia entidad demandada en la
Resolución No. 30118 de 2016— permite constatar que, para la fecha de
entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones, el señor Fermín Peña
Arroyo había acreditado un total aproximado de Ochocientas Veintiocho (828)
semanas cotizadas.

Así las cosas, resulta jurídicamente inaceptable la afirmación de Colpensiones,
según la cual, el demandado no era beneficiario del régimen de transición,
pues, la propia entidad dejó constancia expresa, en sede administrativa, del
cumplimiento del requisito temporal exigido por la ley.

En consecuencia, la negativa posterior del carácter transicional del derecho
pensional, desconoce el principio de confianza legítima, así como, la
coherencia y congruencia que debe regir la actuación administrativa.

19
Expediente digital – Samai – índice 2 – archivo «5ED_EXPDIGITA_13001233300020180025(zip) –
01CuadernoPrincipal», pagina 31.

14

Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

En el sub-lite, obra la Resolución GNR 325335 del Veintiuno (21) de Octubre
de Dos Mil Quince (2015), a través de la cual, Colpensiones, reconoció la
pensión de vejez al demandado, bajo el régimen de la Ley 33 de 1985, tras
convalidar un tiempo total de servicios de 1.096 semanas, de las cuales, la
entidad ahora cuestiona, aquellas laboradas en CORELCA S.A. E.S.P. con
posterioridad al Dieciséis (16) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y
Nueve (1999).

El argumento central de la apelante, sostiene que, el tiempo laborado en
CORELCA a partir de la fecha citada, debe calificarse como "privado" y no
"público", lo que despojaría al demandado del cumplimiento de los 20 años de
servicio oficial, exigidos por la Ley 33 de 1985.

No obstante, esta Sala coincide con el A-quo, en advertir una orfandad
probatoria absoluta, respecto a dicha premisa fáctica; por el contrario, tras el
examen normativo realizado, se observa que, mediante el Decreto 2515 de Mil
Novecientos Noventa y Nueve (1999)20, CORELCA sufrió una
reestructuración, transformándose en una Empresa de Servicios Públicos de
carácter oficial. En tal virtud, sus trabajadores mantuvieron la calidad de
servidores públicos, desvirtuando la tesis de la demandante sobre el carácter
privado de tales aportes.

Al respecto, debe reiterarse que, en el marco de la justicia rogada, incumbe a
la parte demandante la carga de probar los supuestos de hecho de las normas
que invoca como infringidas21. En este caso, Colpensiones no aportó el texto
de las normas de alcance no nacional, que acreditaran el supuesto cambio de
naturaleza jurídica a empresa privada, ni desarrolló un concepto de violación
que permitiera derribar la presunción de legalidad de su propio acto

20
«Por el cual se modifica la estructura de la Corporacion Electrica de la Costa Atlantica, Corelca».
21
«Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas
El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al
proceso, de oficio o a solicitud de parte.La copia total o parcial de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad
competente del respectivo país, por el cónsul de ese país en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país.
También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o
experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para
actuar como abogado allí.
Cuando se trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de
origen o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente.
Estas reglas se aplicarán a las resoluciones, circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo,
no será necesaria su presentación cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente.
PARÁGRAFO. Cuando sea necesario se solicitará constancia de su vigencia.».

15

Número Interno: 2890-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Fermín Peña Arroyo

administrativo.

Si bien Colpensiones, invoca la disposición normativa pertinente, lo cierto es
que, de su contenido no se desprende la conversión de la Corporación
Eléctrica de la Costa Atlántica —CORELCA— en una entidad de naturaleza
privada; ya que, lo que allí se establece, es la modificación de su estructura
jurídica, mediante la cual se transforma dicha entidad, originalmente
constituida como Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden
nacional, reestructurada por el Decreto 2121 de 1992, en una empresa de
servicios públicos de carácter oficial.

En tal virtud, CORELCA, a partir de la norma que, Colpensiones solicita
aplicación, esto es, el Decreto 2515 de 1999, continuó integrada al sector
descentralizado por servicios del orden nacional, sometida al régimen previsto
en las Leyes 142 y 143 de 1994, así como, a las demás normas legales
pertinentes y a sus estatutos sociales, adoptando para todos los efectos la
denominación Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. –
CORELCA S.A. E.S.P., sin que de ello se derive, la pérdida de su naturaleza
jurídica pública, por coniguiente, sus trabajadores, no se rigen por el derecho
privado.

Esta conclusión, se ve reforzada por lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley
142 de 1994, que establece:

«ARTÍCULO 41. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Las personas que
presten sus servicios a las empresas de servicios públicos privadas o mixtas, tendrán
el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código
Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta Ley. Las personas que presten sus
servicios a aquellas empresas que a partir de la vigencia de esta Ley se acojan a lo
establecido en el parágrafo del artículo 17., se regirán por las normas establecidas en
el inciso primero del22 artículo 5 del Decreto-Ley 3135 de 1968.»

En contraste, la misma disposición prevé expresamente que los trabajadores
de aquellas empresas que, a partir de la vigencia de la ley, se acojan al
régimen previsto en el parágrafo del artículo 17, se rigen por las normas del

22
El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-253 de 1996.

16

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Demandada: Fermín Peña Arroyo

inciso primero del artículo 5 del Decreto Ley 3135 de 1968, esto es, por el
régimen propio de los empleados públicos.

Así las cosas, no resulta jurídicamente sostenible, la interpretación de
Colpensiones, según la cual, la transformación de CORELCA en empresa de
servicios públicos, implicó su privatización o la sujeción de sus trabajadores,
al régimen laboral privado, en tanto tal condición, no quedó acreditada al
interior del proceso, como bien lo dilucidó el sentenciador de primera instancia,
al advertir que, el expediente estaba desprovisto de elementos que permitieran
abordar la discusión judicial planteada.

Siendo así las cosas, no se probó por parte de Colpensiones, el carácter
particular del empleo del demandante.

Por el contrario, con base en la norma que Colpensiones consideró aplicable,
esto es tratándose de una empresa de servicios públicos de carácter oficial,
subsistía su naturaleza pública y, con ella, el régimen jurídico especial
aplicable a su personal, lo que desvirtúa de manera clara y suficiente el
fundamento normativo invocado por la entidad demandante.

Invocó la entidad recurrente, el principio de sostenibilidad financiera para
justificar la nulidad; frente a ello, la Sala precisa, que, dicho principio no puede
operar de manera abstracta, para socavar la seguridad jurídica de actos
administrativos que reconocen derechos subjetivos, a menos que se
demuestre fehacientemente la ilegalidad23.

Dado que, la Resolución GNR 325335 de Dos Mil Quince (2015), se encuentra
amparada por la presunción de legalidad, y que la entidad actora no logró
demostrar el vicio de infracción normativa, ni el supuesto error en el cómputo
de tiempos públicos, la Sala concluye que, el derecho pensional del
demandado debe permanecer incólume.

En ese orden de ideas, habida cuenta que, no prosperaron las pretensiones
encaminadas a la declaratoria de nulidad de los actos administrativos

23
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección: Segunda, Subsección "B", Consejera Ponente:
Sandra Lisset Ibarra Vélez, Radicado: 05001-23-33-000-2013-00755-01(2617-14).

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demandados, carece de objeto jurídico, que la Sala se pronuncie sobre las
pretensiones consecuenciales relativas a la devolución de las sumas de dinero
presuntamente percibidas sin justa causa.

En efecto, al mantenerse incólumes los actos acusados, estos continúan
produciendo plenos efectos jurídicos, de suerte que, no se configura el
supuesto fáctico ni jurídico, que habilite el análisis de una restitución de
recursos, razón por la cual, cualquier consideración adicional al respecto,
devendría inocua.

Por lo expuesto, no hay lugar a declarar la nulidad del acto administrativo
demandado, ni a ordenar reintegro alguno de sumas de dinero, por lo que, la
Sala procederá a confirmar la sentencia de primera instancia.

2.3 Condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365
del Código General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación
[…]».

Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se observa que se hayan
causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no condenará en
costas a la parte vencida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Trece (13) de Septiembre de Dos
Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Bolívar, que
negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.

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SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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