Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00411-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2018-00411-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).
Radicado :
13001-23-33-000-2018-00411-01
N° Interno 4360-2021:
Demandante :
María de la Concepción Andrade Fernández
Demandada :
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento de pensión gracia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra
la sentencia del 16 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La señora María de la Concepción Andrade Fernández, por intermedio de
apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las Resoluciones UGM 28023 de 20 de enero de
2012, UGM 41527 de 3 de abril siguiente y RDP 8645 de 4 de marzo de 2015,
por las que la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) y la UGPP
(que emitió la última) le negaron la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a: (i) reconocer la pensión gracia, con el 75% de los factores
salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de
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Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
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Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
pensionada, cuyas mesadas deberán ser actualizadas; y (ii) sufragar las
costas procesales.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante nació el 13 de febrero de 1954, trabajó en calidad de docente
nacionalizada del municipio de San Juan de Nepomuceno «desde el 23 de julio
de 1977 hasta el 30 de diciembre de 2014» y, por colmar los requisitos legales,
reclamó de la entonces Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) la pensión
gracia, negada a través de los actos acusados.
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora acusó como trasgredidas las siguientes disposiciones jurídicas:
De la Constitución Política, los artículos 2, 6, 13, 25, 53, 58 y 84.
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1, 3 y 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 33.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
La Ley 115 de 1994.
La demandante arguyó que, al haberse vinculado a la docencia oficial como
profesora nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, le asiste
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, con fundamento en las
precitadas normas.
2. Contestación de la demanda.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Aseveró que la actora
no completó los 20 años de servicio como docente oficial de carácter
departamental, distrital, municipal o nacionalizada, tal como lo exige el artículo
1º de la Ley 114 de 1913, pues no es posible computar los tiempos laborados en
calidad de maestra nacional, razón por la cual se deben denegar las
pretensiones de la demanda.
Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación,
cobro de lo no debido, falta de derecho para pedir, buena fe y prescripción.
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Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia proferida el 16 de
octubre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda (con
condena en costas). En consecuencia, ordenó a la UGPP reconocer la pensión
gracia a la demandante «[…] en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional; esto es, el comprendido entre el 25 de
abril de 2009 y 25 de abril de 2010», con efectos fiscales desde el 28 de febrero
de 2015, por prescripción trienal.
Consideró que comoquiera que la actora laboró durante 24 años, 4 meses y
23 días, su vinculación al magisterio como docente nacionalizada ocurrió con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 (11 de enero de 1978) y carece de
antecedentes disciplinarios, cumplió la totalidad de los requisitos para ser
acreedora de la pensión gracia, de conformidad con lo establecido en la Ley
114 de 1913.
Concluyó que se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción de las
mesadas causadas con anterioridad al 28 de febrero de 2015, dado que entre
la fecha de la reclamación administrativa (7 de noviembre de 2014) y la
presentación de la demanda (28 de febrero de 2018) trascurrieron más de 3
años.
4. El recurso de apelación.
La demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia. Alegó que
el a quo tomó los lapsos en que la actora trabajó bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios (desde 1988 hasta 1997), los cuales no son válidos
para la pensión gracia que depreca, pues «[…] no se acredit[ó] dentro del
proceso dicho período con un caudal probatorio suficiente que permitiera
determinar la existencia de dicha prestación de servicio docente».
Adujo que si bien es cierto que la actora cumplió el requisito de la edad (50
años), al igual que la consagración y la buena conducta, también lo es que no
satisfizo el tiempo de prestación de servicios departamental, distrital, municipal
o nacionalizada.
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
Agregó que, para la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, la demandante no
colmaba los requisitos para acceder a la referida prestación, por lo que, «[…]
con base en la sentencia C-489 DE 2000, la cual excluye del reconocimiento
a los docentes que no hubieren acreditado la totalidad de los requisitos a la
entrada en vigencia de la ley de nacionalización de la educación […]», se
deben denegar las pretensiones de la demanda.
5. Alegatos de conclusión
En auto del 8 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en virtud del numeral 5
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; no obstante, el apoderado de la UGPP presentó escrito en el que
reiteró los argumentos expresados en la alzada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 2, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si es procedente revocar la sentencia del
Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones. Para el
efecto se analizará si a la demandante le asiste razón jurídica para reclamar
de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir los requisitos
exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y demás normas
2
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues no es dable
computar para tales efectos el tiempo laborado bajo la modalidad de contratos
de prestación de servicios, como lo aduce la accionada.
Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.1 Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Hechos
probados; y 2.3 Caso concreto.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento
a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la
actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19133 consagró por primera vez la pensión
gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en
el Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen
derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con
las prescripciones de la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 1903 4, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
3
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4
«[S]obre Instrucción Pública».
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
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Posteriormente, la Ley 116 de 19285 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales
y los Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la
jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás
que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio
se sumarán los prestados en diversas épocas, tanto en el campo
de la enseñanza primaria como en el de la normalista, pudiéndose
contar en aquella la que implica la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual6.
La Ley 37 de 19337 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 19988, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y
4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley
114 de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión
de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola
la Ley Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el
legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la
pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a
ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos
del Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son
infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que
se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para
gozar de una pensión de jubilación. En este orden de ideas, la
5
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
6
«Articulo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación
que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo
los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades
territoriales y el de las descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
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norma parcialmente acusada, tiene una justificación objetiva y
razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble
remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34),
reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de
recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones
que sobre la materia establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 19759, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
demás normas que las hubieren desarrollado o modificado,
tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja
Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el
evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a
partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio
año equivalente a una mesada pensional.
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
9
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a
aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que
quedaron comprendidos en el mencionado proceso de
nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a
este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad
de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el
aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de
la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la
pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de
carácter nacional”.
[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria,
pues su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las
expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de
nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes
nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que
se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B
del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente
al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se
otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B,
No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador
fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo
de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados
hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con
la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989,
en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su
artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en
realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le
asignó la ley10.
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Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después
del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una
vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento.
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202011, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto
es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese
año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores
y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
11
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
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Los apartes acusados de la norma demandada, son
exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación
laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de
la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria
oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa
que culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido
por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua
distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de
los Fondos Educativos Regionales (FER), girados por concepto del
situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989,
en su artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes
venían vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de
diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la
“nacionalización” de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período
de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían
dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales,
vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de
Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a
los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión
gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida
a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como
tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para
quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de
1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues
la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en
nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre
en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por
el artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
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acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo
establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en
ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que asignaba también
al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio,
como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso
Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por
la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y
extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como
derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes del
1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con
posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún
“derecho adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya
consolidadas, sino que se limita, simplemente, a disponer que
quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad de
adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que,
precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en
cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por
otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio
oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981
no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no
exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la
antigüedad de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por
el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad
se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los
apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación12 [se subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
12
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del
1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
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Demandado: UGPP
2.2. Hechos probados.
i) De acuerdo con cédula de ciudadanía, la demandante nació el 13 de febrero
de 1954.
ii) «CERTIFICADO DE SERVICIOS PRESTADOS» (sic), expedido por el
alcalde de San Juan de Nepomuceno el 24 de septiembre de 2014, según el
cual:
[…] la docente MARIA DE LA CONCEPCION ANDRADE
FERNANDEZ […] laboró en este municipio en los años
relacionados a continuación:
Años Meses Días Modalidad de contratación
1978 11 20 Decreto No. 050/78
1984 11 00 Según contrato de prestación de
servicios
1988 03 00 Según contrato de prestación de
servicios
1991 09 00 Según contrato de prestación de
servicios
1993 5 13 Según contrato de prestación de
servicios
1994 07 00 Según contrato de prestación de
servicios
1995 12 00 Cobijado por Ley 60/93
1996 12 00 Cobijado por Ley 60/93
1997 05 23 Resolución No. 035/97
1997 06 08 Según Decreto No. 033/97
1998 12 00 Según Decreto No. 033/97
1999 12 00 Según Decreto No. 033/97
2000 12 00 Según Decreto No. 033/97
2001 12 00 Según Decreto No. 033/97
2002 10 29 Según Decreto No. 033/97
Que según archivo la docente […] fue nombra[da] en propiedad
según Decreto No. 033 de abril 23 de 1997 y posesionada el día 23
de junio de 1997, como docente en la Escuela Rural Mixta La Haya
[sic para toda la cita].
iii) «COPIA DE POSESI[Ó]N» (sic) de 11 de enero de 1978, que da cuenta de
que la demandante se presentó ante el despacho del alcalde de San Juan de
Nepomuceno con el fin de tomar posesión en el cargo de «Maestra de la
Escuela “Torneada” jurisdicción de este Municipio para que ha sido
nombrado(a) por Decreto 050 emanada de Alcaldía Municipal de fecha Once
de Enero de 1.978» (sic).
13
Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
iv) Certificación emitida por el alcalde de San Juan de Nepomuceno el 26 de
mayo de 1988, que indica:
Que la joven MARIA ANDRADE FERNANDEZ […] prestó sus
servicios como docente Municipal en la Escuela Urbana Mixta
localizada en el barrio “Pueblo Nuevo” de este Municipio, según
contrato de trabajo #26 y por un termino de 13 meses a partir del
día 1º (primero) de Febrero al 31 de Diciembre de 1.984.
Además tomó posesión como maestra Municipal de la Escuela
Rural mixta de la vereda de “La Torneada” jurisdicción de este
Municipio, nombrada según decreto # 050 emanado de la Alcaldía
Municipal y por el termino de un (1) año a partir del día 1º (primero)
de Enero al 31 de Diciembre de 1.978 [sic para toda la cita].
v) Resolución 35 de 20 de febrero de 1997, mediante la cual el alcalde de San
Juan de Nepomuceno comisionó a la actora por 6 meses «a la Escuela Mixta
de Chile».
vi) Decreto 33 de 23 de abril de 1997, a través del cual el alcalde de San Juan
de Nepomuceno nombró en propiedad, entre otros a la demandante, como
docente de la Escuela Rural Mixta La Haya, posesionada mediante acta de 23
de junio de ese año. En los considerandos de dicho acto se consignó:
Que e l parágrafo 1º del artículo 6o. de la Ley 60 de 1993 establece:
“Los docentes temporales vinculados por contrato a los servicios
estatales antes del 30 de junio de 1993, que llenen los requisitos
de la carrera docente, serán incorporados a las plantas de personal
en el Departamento o de los distritos o municipios donde vienen
prestando sus servicios previo estudio de necesidades y ampliación
de la planta de personal”.
Que según Directiva Ministerial No 002 de enero 16 de 1995,
facultan a las autoridades nominadoras para vincular a los
docentes contratados antes del 9 de febrero de 1994 en las
vacantes existentes o en nuevas plazas, siempre y cuando
cumplan los requisitos legales para su vinculación y de conformidad
con las disponibilidades presupuestales.
vii) «FORMATO [Ú]NICO PARA LA EXPEDICI[Ó]N DE CERTIFICADO DE
HISTORIA LABORAL» (sic) de 18 de septiembre de 2014, emitido por la
secretaría de educación de Bolívar, que informa que la accionante se vinculó
en calidad de docente municipal, en propiedad, desde el 23 de junio de 1997,
activa para la fecha de expedición del documento.
14
Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
viii) Declaración extraprocesal rendida por el señor Rafael Guillermo Castellar
Arias el 4 de noviembre de 2014 ante la Notaría Única de Bolívar, quien
manifestó: «[…] conozco de vista, trato y comunicación a la señora MARIA DE
LA CONCEPCION ANDRADE FERNANDEZ […] hasta la presente y por ese
conocimiento que tengo de ella es que se y me consta que es una persona
honrada, consagrada al trabajo, idónea, de buena conducta, y que además es
una persona de buenas costumbres y nunca se ha visto involucrada en actos
de violencia ante su familia, ni ante la comunidad en general» (sic para toda la
cita).
ix) Resolución 2544 de 25 de enero de 2010, por cuyo conducto la secretaría
de educación y cultura de Bolívar, en representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció «pensión de jubilación por
cuotas partes» a la actora, a partir del 14 de febrero de 2009. Asimismo,
señala:
Que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio
allegado[s], se establece que el educador prestó y ha venido
prestando sus servicios así:
Entidad Desde Hasta A M
Total D
días
Institución 01/01/1978 13/02/2009 30 07 21 11.031
educativa San
Pedro
Consolado
Actuación administrativa.
a) Resolución UGM 28023 de 20 de enero de 2012, por medio de la cual la
extinguida Cajanal le negó la pensión gracia a la demandante reclamada el
«20 de marzo de 2009», porque «[…] no fue acreditado en su totalidad el
cumplimiento de los requisitos, para el caso no demostró poseer 50 años de
edad, toda vez que no fue probada la fecha de nacimiento».
b) Contra la anterior determinación la actora interpuso recurso de reposición,
desatado en forma desfavorable por la precitada entidad, con Resolución UGM
41527 de 3 de abril de 2012, ya que no colmó los 20 años de servicios «[…]
en la docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital […]».
15
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
c) Resolución RDP 8645 de 4 de marzo de 2015, con la que la UGPP negó la
pensión gracia a la accionante, con ocasión de una nueva petición formulada
el «7 de noviembre de 2014», con las mismas consideraciones que el anterior
acto administrativo.
2.3. Caso concreto.
La señora María de la Concepción Andrade Fernández acude en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho para solicitar la pensión gracia, con el
75% de los factores salariales devengados durante el año anterior a la
adquisición del estatus de pensionada.
El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, toda vez que la actora laboró durante 24 años, 4 meses y 23
días, su vinculación al magisterio como docente nacionalizada ocurrió con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980 (11 de enero de 1978) y carece de
antecedentes disciplinarios, por lo que cumplió los requisitos para ser
acreedora de la pensión gracia.
La demandada formuló alzada contra la anterior decisión, al estimar que el a
quo tomó los períodos en que la demandante trabajó bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios (desde 1988 hasta 1997), los cuales no
son válidos para la pensión gracia que reclama. Además, porque no satisfizo
el tiempo como docente oficial de carácter departamental, distrital, municipal o
nacionalizada y tampoco colmó los requisitos antes de la entrada en vigor de
la Ley 91 de 1989 para acceder a la prestación que depreca.
De las pruebas antes enunciadas se desprende que la demandante nació el
13 de febrero de 1954 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Tiempo
Acto de
Nominador Desde Hasta laborado
nombramiento
a m d
1
Decreto 50 de 1978 11/01/1978 31/12/1978 20
1
Municipio San Contrato de
1
Juan de prestación de 01/02/1984 31/12/1984
1
Nepomuceno servicios 26
Contratos de 1988 3
prestación de 1991 9
servicios 1992 9
16
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
1993 5 13
1994 7
1995 1
1996 1
1997 5 23
1
Decreto 33/97 23/06/1997 18/09/201413 2 26
7
2
Total tiempo de servicio 4
4 22
En tal virtud, el 20 de marzo de 2009 y el 7 de noviembre de 2014 la actora
pidió de la entonces Cajanal y de la UGPP, respectivamente, el reconocimiento
de la pensión gracia, negado con los actos enjuiciados, puesto que, en criterio
de esas entidades, la maestra no acreditó los 20 años de servicios «[…] en la
docencia oficial del orden departamental, municipal o distrital […]».
Con el objeto de dilucidar los reparos de la recurrente, se deberán abordar las
distinciones previstas por el legislador entre profesores nacionales,
nacionalizados y territoriales, en lo que tiene que ver con su vinculación.
Al respecto, resulta oportuno aclarar que, en virtud de la Ley 43 de 1975, se
nacionalizó la educación primaria y secundaria, para lo cual se concedió un
término de 5 años (artículo 314), esto es, hasta el 31 de diciembre de 1980, de
lo que se colige que con antelación a dicho trámite únicamente existían dos
categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y territoriales. Y,
posterior a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron en
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó
establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de entidad
13
Fecha de expedición de la certificación.
14
«A partir del 1º. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los
gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos
respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento
(20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976
a 1980)».
17
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del
artículo 1015 de la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
La importancia de tal clasificación radica en que se constituye en el punto de
partida de la Administración y los jueces de esta jurisdicción para evaluar si el
profesor interesado tiene derecho o no al reconocimiento de la pensión gracia.
De acuerdo con lo expuesto, en lo atinente al primer lapso laborado por la
actora, esto es, del 11 de enero al 31 de diciembre de 1978 en el municipio de
San Juan de Nepomuceno (11 meses y 20 días), obra en el expediente
«COPIA DE POSESIÓN» y certificación que dan cuenta de que ella ingresó al
servicio educativo por nombramiento efectuado por el alcalde de ese municipio
mediante Decreto 50 de 1978 en la Escuela Rural Mixta de la vereda La
Torneada; por tanto, ese tiempo, que, valga decir, inició con anterioridad al 31
de diciembre de 1980, es susceptible de ser contabilizado para conceder la
pensión gracia deprecada.
Por otra parte, en lo atinente a la vinculación de la actora mediante contratos
de prestación de servicios con el municipio de San Juan de Nepomuceno de
manera interrumpida de 1984 a 1997 (parcial), que equivalen a 6 años, 2
meses y 6 días, se precisa que, según la jurisprudencia de esta Corporación16,
resulta irrelevante que la demandante haya laborado en esa modalidad y no
en propiedad, puesto que, según el ordenamiento que regula la pensión
reclamada, es suficiente que el interesado demuestre haber trabajado como
docente departamental, municipal, distrital o nacionalizado en diversas épocas
durante el tiempo mínimo requerido (20 años), siempre y cuando alguna de
estas haya sido con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
15
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos,
del Ministerio de Educación Nacional».
16
Ver, entre otras, las sentencias de 19 de febrero de 2018, expediente 250002342000201500032-01 (2300-2017);
19 de enero de 2017, expediente 540012333000201200180-01 (1706-2015); 19 de febrero de 2018, expediente
760012333000201301033-01 (3864-2015) y 16 de marzo de 2017, expediente 810012333000201300285-01 (2806-
2015).
18
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
Para esta subsección, tal modalidad de vinculación no es ajena a quienes se
incorporen a la planta docente de las entidades territoriales en propiedad,
puesto que las funciones que cumplen unos y otros son «[…] similares en el
campo educativo y, en consecuencia, [el vinculado mediante órdenes de
prestación de servicios también] está obligado a acreditar iguales condiciones
de formación y experiencia. Ello, por supuesto, descarta que la ley y las propias
instituciones, dentro de la autonomía de que gozan para darse sus propios
estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que desconozcan el
derecho de los docentes ocasionales […], a percibir las prestaciones sociales
reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores públicos o
privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado»17.
De igual forma, en lo concerniente a este tipo de vinculación, en particular
cuando se trata de educadores, la Corte Constitucional es del criterio que la
«[…] primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los
sujetos de las relaciones laborales, es un principio constitucional […]»18, y si
el intérprete judicial, «[…] en un caso concreto, decide, porque lo encuentra
probado, otorgarle a un docente-contratista el carácter de trabajador al servicio
del Estado, puede hacerlo con base en el artículo 53 de la CP […]»19.
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia,
habida cuenta de que la labor desempeñada a través de órdenes de prestación
de servicios desentraña una verdadera relación de trabajo, comoquiera que
los maestros vinculados bajo esa modalidad, se insiste, cumplen similares
funciones a los de planta que están sujetos a un específico régimen legal y
reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de formación y
experiencia20.
Asimismo, en lo referente al tiempo de labor de la accionante en San Juan de
Nepomuceno (del 23 de junio de 1997 al 18 de septiembre de 2014), la Sala
destaca que se produjo en propiedad, con fundamento en el Decreto 33 de 23
de abril de 1997, suscrito por el alcalde, sin intervención alguna de funcionarios
17
Corte Constitucional, sentencia C-517 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
18
Corte Constitucional, sentencia C-555 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
19
Ibidem.
20
Ver, de esta subsección, fallo de 28 de enero de 2021, expediente 52001-23-33-000-2016-00261-01 (2304-2019),
C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19
Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
del Ministerio de Educación Nacional y para que la actora prestara servicios
como maestra de la Escuela Rural Mixta La Haya.
Amén de lo anterior, la secretaría de educación de Bolívar certificó que la
vinculación de la docente es del orden «Municipal»; por consiguiente, no existe
duda acerca de la naturaleza del vínculo de la accionante del 23 de junio de
1997 al 18 de septiembre de 2014, que para la fecha de la última constancia
equivale a 17 años, 2 meses y 26 días.
Por tanto, contrario a lo afirmado por la parte apelante, se colige que la actora
sí aportó los elementos necesarios para acreditar la naturaleza de sus
designaciones, por lo que los interregnos antes citados de labor educativa, son
susceptibles de ser contabilizados para el reconocimiento de la pensión gracia
pretendida, máxime cuando no se ajusta a los parámetros de una correcta
administración que se niegue una prerrogativa de carácter pensional, con
fundamento en ritualismos e interpretaciones erradas de ciertos elementos de
prueba que no fueron cuestionados ante las autoridades pertinentes, ni
desvirtuados, controvertidos o tachados de falsos en el curso del presente
proceso por parte de la UGPP, por lo que conservan su validez y aptitud
probatoria.
Recuérdese que las anteriores pruebas son las que, conforme al artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo
de vinculación de una persona con la «profesión docente»21, toda vez que el
primero prevé que los maestros vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha
concluido que el funcionario competente para certificar la calidad de educador
territorial es el nominador.
Acerca del tema, esta Colegiatura, en sentencia de unificación CE- SUJ-SII-
11-2018 (SUJ-11-S2)22, fijó, entre otras reglas, la siguiente:
Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias
21
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 establece que «Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata este
Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y coordinación de los
planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, de conserjería
y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y demás actividades de educación
formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos que determine el reglamento ejecutivo».
22
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
20
Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
relacionadas con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el
sentido de que […] (iv) para acreditar la calidad de docente
territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, en este
caso se debe dar aplicación al principio de la primacía del derecho
sustancial sobre el formal, puesto que no se ajusta a los parámetros
de una correcta administración de justicia negar una prerrogativa,
máxime de carácter pensional, con el fundamento de que no se
aportaron unas pruebas específicas cuando mediante otros
elementos probatorios, se demuestran los hechos debatidos, los
cuales soportan las pretensiones de la demanda también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial [se destaca].
Frente al tercer argumento de disenso planteado, cabe precisar que esta
sección segunda (como se explicó en el acápite precedente), mediante
sentencia de unificación de 11 de agosto de 202223, al analizar una
controversia en la que el Tribunal de primera instancia negó la pensión gracia
deprecada por un pedagogo, al estimar que «[…] para la fecha de expedición
de la Ley 91 de 1989, «era necesario tener cumplidos todos los requisitos para
ser beneficiario de la pensión gracia, es decir, consolidado el derecho»»,
determinó el alcance e interpretación de la letra A del numeral 2 del artículo 15
de la Ley 91 de 1989, en el sentido de que la fecha de entrada en vigor de la
Ley 91 de 1989 (29 de diciembre del mismo año) no constituye un límite o
umbral para determinar la extinción del derecho pensional de un docente
nacionalizado o territorial, sino que es el parámetro que fijó el legislador para
unificar el régimen salarial y prestacional de los educadores; es decir, marca
el «deceso» de la denominada pensión gracia, sin que ello signifique frustrar
la posibilidad de acceder a ella de quienes colmaron los requisitos previstos
en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, por contar con un
derecho adquirido.
Asimismo, aunque la recurrente depreca la aplicación del fallo C-489 de 2000
de la Corte Constitucional, que, a su juicio, exige la consolidación del derecho
pensional antes del 29 de diciembre de 1989 o, cuando menos, que se hayan
completado once (11) años de servicios, en la citada providencia de unificación
23
Sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017).
21
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esta Colegiatura advirtió:
v) En igual sentido, la Sentencia C-084 de 1999 estableció que la
pensión gracia «sólo subsiste para los docentes que se vincularon
al servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980», es decir, que
mantuvo sus efectos aún con posterioridad a la expedición de
la Ley 91 de 1989, pues esta así lo dispuso expresamente en su
artículo 15.
82. A partir de dicha premisa, se sostuvo que «[e]llo significa, a
contrario sensu, que ella [alude a la pensión gracia] no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes,
“nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión
de jubilación […]”».
[…]
76. En virtud del anterior lineamiento jurisprudencial, algunos
juzgados y tribunales administrativos del país han sostenido
que la Sentencia C-489 de 2000 dispuso un límite temporal,
consistente en que la pensión gracia únicamente se podría
reconocer a quienes hubieran reunido todos los requisitos antes del
29 de diciembre de 1989; sin embargo, esta conclusión no se
desprende del texto de la referida providencia y resulta
contradictoria con las demás sentencias de constitucionalidad
que han abordado asuntos similares. Esta tesis se funda en los
siguientes razonamientos:
i) La Sentencia C-489 de 2000 no analizó la situación de los
docentes territoriales nacionales y nacionalizados vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980 y que cumplieron los requisitos para
acceder a la pensión gracia con posterioridad al 29 de diciembre de
1989; por el contrario, en la providencia se reflexionó
exclusivamente sobre la situación de quienes habían consolidado
el derecho antes de la última de las mencionadas fechas y en tal
sentido se condicionó la exequibilidad de la norma a la protección
de dicho grupo poblacional [se destaca].
Agregase a lo expuesto que, de conformidad con lo dicho por la Corte
Constitucional en sentencia SU-14 de 202024, la «lectura» correcta del artículo
15 (letra A del numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es aquella que permite a los
profesores oficiales obtener el pago de la pensión gracia siempre que «se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás
requisitos de ley», sin perjuicio de que el estatus lo hayan adquirido con
posterioridad a la promulgación de esa normativa.
Así las cosas, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y la Corte
Constitucional dilucidaron el alcance de la letra A del numeral 2 del artículo 15
24
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
22
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Demandado: UGPP
de la Ley 91 de 1989, para precisar que «Los docentes pueden acceder a la
pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y
cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente
establecidos para su reconocimiento»25.
Resulta importante anotar que el aludido fallo de unificación de 11 de agosto
de 2022 del Consejo de Estado (que valga decir, fue proferido con
posterioridad a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que
ahora nos ocupa26) estableció que «[…] la regla jurisprudencial fijada […] es
vinculante en los siguientes casos: (i) respecto de los asuntos similares que
actualmente se están tramitando en sede administrativa; (ii) respecto de los
procesos similares que se están adelantando en juzgados, tribunales
administrativos y Consejo de Estado» (se subraya), motivo por el cual este
criterio es el que se encuentra vigente y debe ser aplicado en el asunto sub
examine, cuanto más si atiende «[…] los principios de favorabilidad en materia
laboral y pro homine, los cuales derivan de la filosofía humanista que inspira
el ordenamiento constitucional colombiano y obligan a que «siempre, sin
excepción, entre dos o más posibles análisis de una situación, se prefiera
aquella que resulte más garantista o que permita la aplicación de forma más
amplia del derecho fundamental».27».
A manera de corolario, se tiene que la actora colmó los requisitos necesarios
para acceder a la pensión gracia, como son el haber prestado los servicios en
condición de maestra territorial por veinte (20) años (los cuales cumplió el 27
de abril de 2010, fecha en la que consolidó el estatus pensional), vinculada
antes del 31 de diciembre de 1980 (11 de enero de 1978), contar con 50 años
de edad (los cumplió el 13 de febrero de 2004) y observar una buena conducta
en su desempeño como docente (lo cual no ha sido objeto de controversia),
razones por las que es dable acceder al reconocimiento de la referida
prestación, como lo dispuso el a quo.
Por otra parte, se precisa que el a quo consideró que la demandante adquirió
el estatus pensional el «25 de abril de 2010», pues, en su criterio, ese día
25
Providencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de 2022.
26
Instaurada el 28 de febrero de 2018.
27
Corte Constitucional, Sentencia T-223 de 2021.
23
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Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
cumplió los 20 años de servicio, pero, al efectuar los cálculos pertinentes, la
subsección advierte que tal requisito en realidad se satisfizo el 27 de abril de
2010; sin embargo, como ese aspecto no fue objeto de alzada por la
demandada, no es posible para la Sala realizar alguna modificación, en virtud
del principio de non reformatio in pejus.
2.4. Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y
que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida en
el proceso, no es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses. Sin embargo, dado que el fallo apelado, en el ordinal quinto de
la parte decisoria la condenó en costas, se dispondrá su revocatoria, conforme
se ha precisado.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda, excepto la condena en costas impuesta a la demandada, que se
revocará.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de octubre de 2020, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las
súplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de
24
Numero interno: 4360-2021
Demandante: María de la Concepción Andrade Fernández
Demandado: UGPP
esta providencia, excepto lo relacionado con la condena en costas, que se
revoca.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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