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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00423-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 13001-23-33-000-2018-00423-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2024 proferida por la Sala de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar como agencias en derecho la suma equivalente a un (1) SMLMV a cargo de la Fundación Unidad Solidaria y en favor de la Agencia Nacional de Minería. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. 26 Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344) Demandante: Fundación Unidad Solidaria Demandado: Agencia Nacional de Minería Referencia: Controversia contractual

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 13001-23-33-000-2018-00423-01

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)
Demandante: Fundación Unidad Solidaria
Demandada: Agencia Nacional de Minería
Medio de control: Controversias contractuales
Asunto: Sentencia de segunda instancia

Temas: INDEBIDA O FALTA DE NOTIFICACIÓN – No conlleva por sí misma la nulidad de los actos
administrativos, sin perjuicio de que puede conllevar a la invalidez si, por sus características concretas,
quiebra el derecho de defensa al resultar determinante del sentido de la decisión o porque conlleva a
la imposibilidad de contradecirla / CARÁCTER ESPECIAL Y PREFERENTE DE LAS NORMAS DEL
CÓDIGO DE MINAS - No implica una autosuficiencia absoluta del ordenamiento minero, pues el mismo
estatuto prevé mecanismos de integración normativa por remisión directa o por aplicación supletoria /
NOTIFICACIÓN DEL ACTO QUE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN
MINERA CONFORME A LAS NORMAS DEL CPACA - No desconoce la especialidad y preferencia de
la normatividad minera, sino que corresponde a la aplicación de la ruta que el propio legislador minero
diseñó de forma expresa para regular aquellas situaciones no contempladas de manera específica /
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - Es un negocio jurídico reglado, solemne y de adhesión, cuya
estructura no es aleatoria ni queda al arbitrio de las partes, sino que obedece a una lógica técnica y
jurídica imperativa que se materializa en un desarrollo por etapas sucesivas / ETAPAS DEL
CONTRATO DE CONCESIÓN MINERA - Su secuencia y duración son elementos estructurales del
negocio jurídico, cuya alteración está sujeta a formalidades y no puede inferirse de actos de mera
ejecución de las obligaciones técnicas a cargo del concesionario / APROBACIÓN DEL PROGRAMA
DE TRABAJOS Y OBRAS - No es un acto dispositivo con la potestad de alterar los plazos
contractuales, sino una decisión de control técnico y un juicio de viabilidad que valida la suficiencia de
la exploración realizada y la idoneidad del plan propuesto para las fases subsiguientes / RE NUNCIA
TÁCITA AL PLAZO RESTANTE DE LA EXPLORACIÓN – Una modificación tan trascendental como el
recorte de una etapa contractual, no se produce de manera implícita por la sola interpretación de la
conducta del concesionario o de la simple aprobación del PTO; requiere una solicitud expresa del
concesionario en tal sentido y una modificación formal del negocio jurídico .

Surtido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado,
la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia que negó las pretensiones.

La controversia está relacionada con los supuestos motivos de ilegalidad de los actos
administrativos por los cuales la Agencia Nacional de Minería declaró la caducidad
de un contrato de concesión minera.

1

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)
Demandante: Fundación Unidad Solidaria
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversia contractual

I LA SENTENCIA IMPUGNADA

1.
Corresponde a la decisión adoptada el 29 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que negó las pretensiones formuladas 1 por la Fundación
Unidad Solidaria (en adelante la demandante, la parte actora o la Fundación) en
contra de la Agencia Nacional de Minería (en adelante la entidad, la autoridad minera
o la ANM), cuyos hechos principales, fundamentos de derecho y pretensiones se
enuncian a continuación.

Hechos

2. El 6 de abril de 2011, la Fundación y el departamento de Bolívar firmaron el
contrato de concesión minera JG8-15022 cuyo objeto consistió en la exploración y
explotación de yacimientos de cobre, plata y otros minerales en los municipios de
Santa Rosa del Sur y Montecristo, con una duración de 30 años a partir de su
inscripción en el Registro Minero Nacional, lo cual se realizó el 4 de noviembre de
2011.

3.
El 10 de julio de 2012 el departamento de Bolívar profirió el Auto 0444, donde
aprobó el Plan de Trabajos y Obras (PTO) presentado por el concesionario.

4.
Mediante la Resolución VSC-598 del 27 de junio de 2013, la Agencia Nacional
de Minería (ANM) asumió el conocimiento y la gestión de los expedientes mineros
que le fueron entregados por la gobernación de Bolívar, incluyendo el contrato en
cuestión.

5.
A través de la Resolución VSC- 000319 del 26 de junio de 2015, la ANM declaró
la caducidad del contrato de concesión JG8-15022 con fundamento en el
incumplimiento de la obligación de pago del canon superficiario correspondiente a la
segunda y tercera anualidad de la etapa de exploración, decisión que fue notificada
por aviso el 7 de septiembre de 2015.

6.
Mediante oficios del 6 y 21 de agosto de 2015, la Fundación solicitó la
suspensión temporal de las obligaciones derivadas del contrato con fundamento en
el artículo 52 de la Ley 685 de 2001 (Código de Minas).

7. En la Resolución VSC-000873 del 17 de agosto de 2016, la ANM resolvió el
recurso de reposición interpuesto por la fundación, confirmando en su totalidad la
decisión de declarar la caducidad del contrato.

1 La demanda fue presentada el 11 de enero de 2017, según consta en el acta individual de reparto. Expediente

digital, archivo “007ED_03ActuacionTribunalC(.pdf)”, pág. 1.

2

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)
Demandante: Fundación Unidad Solidaria
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversia contractual

Cargos de nulidad

8.
Según se expresó en la demanda 2, las resoluciones presentan defectos de
ilegalidad por violación al debido proceso y falsa motivación.

9. El desconocimiento del debido proceso se fundamentó en una indebida
notificación de los actos acusados y la omisión de resolver la solicitud de suspensión.
Se indicó que la ANM notificó a la Fundación la decisión de declarar la caducidad del
contrato utilizando las normas generales de la Ley 1437 de 2011 (CPACA) pese a
que la entidad estaba obligada a aplicar el procedimiento de notificación establecido
en el artículo 269 del Código de Minas. Además, la autoridad minera también vulneró
el debido proceso al no resolver la solicitud de suspensión de las obligaciones del
contrato. Señaló que, al momento de radicar dicha solicitud, la resolución de
caducidad aún no había sido notificada ni se habían resuelto los recursos en su
contra, por lo que no producía efectos jurídicos.

10. La falsa motivación se sustentó en que la razón para declarar la caducidad del
contrato —el supuesto incumplimiento en el pago del canon superficiario del segundo
y tercer año de la etapa de exploración— se basó en una obligación inexistente.
Afirmó que al haber obtenido el concesionario la aprobación del Programa de
Trabajos y Obras (PTO) durante el primer año del contrato, la etapa de exploración
se dio por terminada de manera anticipada, iniciando automáticamente la fase de
construcción y montaje. En consecuencia, la autoridad minera no podía exigir el pago
de un canon correspondiente a una etapa contractual que ya no existía; lo correcto,
habría sido requerir el pago correspondiente al primer año de la etapa de construcción
y montaje, actuación que la entidad demandada nunca realizó.

Pretensiones

11. Soportado en los fundamentos de hecho y de derecho antes referidos, la parte
actora solicitó 3 declarar la nulidad de los actos administrativos expedidos por la ANM

2 Expediente digital, archivos “005ED_01Demanda201800423pd(.pdf)” y “014ED_10Solicitudadicionde(.pdf)”
3 Textualmente pidió: “Primero: Que son nulas las resoluciones números VSC-000319 de 26 de junio de 2015

‘POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN NO. JG8-15022’
y No. VSC 000873 de 17 de agosto de 2016 ‘POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE
REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN NO. VSC-000319 de 26 de junio de 2015, DENTRO
DEL EXPEDIENTE No. JG8-15022’, expedidas por la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA. Segunda: Que como
consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada,
continuar con el trámite de ejecución del contrato único de concesión No. JG8-15022, teniendo en cuenta las
normas vigentes sobre la materia. Tercera: Que de manera subsidiaria a las peticiones anteriores, que la Nación
Colombiana-Agencia Nacional de Minería reconozca y pague a mi poderdante los siguientes perjuicios materiales:
a) Por concepto de daño emergente la suma total de trescientos millones de pesos ($300.000.000). b) Por
concepto de lucro cesante la suma total de treinta y ocho mil cuatrocientos nueve millones ciento doce mil
novecientos cincuenta y siete pesos ($38.409.112.957.00) M/cte. Cuarta: Que se reconozca los intereses
moratorios hasta cuando se dé cabal cumplimiento al acuerdo conciliatorio, en los términos de los artículos 192 y

3

Radicación: 13001-23-33-000-2018-00423-01 (72344)
Demandante: Fundación Unidad Solidaria
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversia contractual

que declararon y posteriormente confirmaron la caducidad del contrato de concesión
minera JG8-15022 (resoluciones VSC-000319 y VSC-000873), y a título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara a la ANM continuar con la
ejecución del contrato. De forma subsidiaria, reclamó el pago de una indemnización
por perjuicios materiales, desglosada en daño emergente y lucro cesante.
Adicionalmente, solicitó el reconocimiento de intereses moratorios sobre esas sumas
y que se condenara en costas a la entidad demandada.

Contestación de la demanda

12.
La entidad demandada se opuso a las pretensiones defendiendo la legalidad de
los actos administrativos acusados 4. Calificó el caso como una situación inusual en la
que un deudor, en este caso el concesionario, utiliza la vía judicial para oponerse al
pago de las contraprestaciones económicas que por mandato constitucional y legal le
debe al Estado colombiano por la explotación de los recursos naturales no
renovables. Sostuvo que el incumplimiento del demandante fue claro, grave y
debidamente comprobado, lo que justificó plenamente la declaratoria de caducidad
como medida para proteger el interés general.

13. Desvirtuó el cargo de falsa motivación, afirmando que la obligación de pagar el
canon superficiario era plenamente existente y exigible, por cuanto la aprobación del
PTO no implica una terminación automática de la etapa de exploración, ni una
renuncia al término restante, como tampoco un inicio oficioso de la etapa de
explotación. Según la normativa minera, para que se formalice una renuncia o el paso
anticipado a otra etapa, el titular minero debe solicitarlo por escrito a la autoridad
minera y ambiental, por lo que, al no existir prueba de tal actuación, el contrato
permanecía legal y fácticamente en la etapa de exploración. En consecuencia, el no
pago del canon de la segunda y tercera anualidad de dicha etapa constituyó un
incumplimiento directo de las obligaciones contractuales (cláusulas 6.15 y 17.4), lo
que obligó a la entidad a iniciar el procedimiento sancionatorio que culminó con la
declaratoria de caducidad.

14.
En cuanto al cargo de violación al debido proceso por indebida notificación,
argumentó que su actuación se ajustó a derecho, pues, aunque el Código de Minas
es una norma especial, su artículo 297 remite expresamente al CPACA para regular
lo no previsto en materia de procedimiento gubernativo, y dado que la declaratoria de
caducidad es un acto que pone fin a una actuación administrativa contractual, su
notificación debía regirse por las normas del CPACA que establecen el procedimiento
de citación y notificación por aviso, el cual fue correctamente aplicado. Además, la

195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Quinta: Que se condene en
costas a la parte demandada”.
4 Expediente digital, archivos “018ED_14ContestacionDemand(.pdf)” y “019ED_15contestacionreform(.pdf)”

4

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Demandante: Fundación Unidad Solidaria
Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversia contractual

solicitud de suspensión de las obligaciones del contrato de concesión fue radicada
con posterioridad a la declaratoria de caducidad, por lo que la misma resultaba
improcedente, tal y como se determinó expresamente por la entidad en la Resolución
VSC-000873 del 17 de agosto de 2016.

Alegatos en primera instancia

15. Agotado el período probatorio 5, la parte actora reafirmó en sus alegatos de
conclusión6 lo expuesto en la demanda respecto del cargo de falsa motivación,
agregando que el control de la autoridad minera es riguroso y sus facultades se deben
ejercer de manera oficiosa. Con este argumento, profundizó su tesis de que, una vez
aprobado el PTO, no era necesario que el concesionario solicitara una renuncia del
término restante de la etapa de exploración, pues ésta ya se encontraba implícita en
el acto administrativo de aprobación, haciendo inexistente la obligación de pago del
canon.

16.
La entidad demandada reiteró los argumentos de defensa allegados con la
contestación 7, resaltando que el cambio de la etapa de exploración a la de explotación
no es automático ni oficioso. Para ello, puso especial énfasis en que el Código de
Minas exige que el concesionario dé un “aviso escrito” a la autoridad minera y
ambiental para iniciar formalmente el período de explotación.

17. El Ministerio Público guardó silencio.

Los fundamentos de la sentencia impugnada

18. El Tribunal Administrativo de Bolívar negó la totalidad de las pretensiones de la
demanda.

19.
En relación con el cargo de falsa motivación, el Tribunal determinó que la
obligación de pagar el canon superficiario correspondiente a la segunda y tercera
anualidad de la etapa de exploración era plenamente existente y exigible. El
argumento del demandante, según el cual el PTO daba por terminada
automáticamente la etapa de exploración, fue rechazado con fundamento en que el

5 Se decretaron como pruebas las documentales aportadas con la demanda, con la reforma de la demanda y con

la contestación, incluyendo: los antecedentes administrativos, copia de las resoluciones demandadas, del contrato
de concesión, del auto 000102 del 6 de febrero de 2014 mediante el cual se requirió el pago del canon superficiario
al demandante, de la solicitud de prórroga para el pago presentada por la demandante el 10 de marzo de 2014,
de las solicitudes de suspensión del contrato presentadas por la demandante en agosto de 2015 y de las actas de
inspección realizadas al área del contrato los días 17 y 18 de septiembre de 2013, así como de las visitas del 23
de enero y 12 de febrero de 2014. Se negó el decreto del testimonio de Joaquín Alonso Buenaventura. Expediente
digital, archivo “031ED_27ActaAudienciaInici(.pdf)”.
6 Expediente digital, archivo “033ED_29AlegatosConclusion(.pdf)”.
7 Expediente digital, archivo “032ED_28AlegatosConclusion(.pdf)”.

5

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Código de Minas y las cláusulas del contrato no establecen que la sola aprobación
del PTO constituya un cambio de fase contractual. Por el contrario, el cronograma del
contrato era claro en definir las fechas de inicio y fin de cada etapa, y la carga de
probar una transición anticipada a la fase de construcción y montaje recaía sobre el
demandante, quien no aportó ninguna prueba al respecto.

20. El cargo de violación al debido proceso fue analizado por el Tribunal en sus dos
componentes. Primero, sobre la indebida notificación, concluyó que la ANM actuó
correctamente al aplicar las normas del CPACA. En cuanto a la omisión de resolver
la solicitud de suspensión de las obligaciones derivadas de la concesión, determinó
que la ANM no tenía la obligación de pronunciarse sobre dicha petición, pues esta fue
radicada en agosto de 2015, cuando la resolución que declaró la caducidad ya había
sido expedida (junio de 2015), y por ende, la situación jurídica del contrato ya estaba
definida, toda vez que la notificación posterior del acto solo tenía como fin garantizar
el derecho de defensa sin que ello restara efectos a la decisión ya tomada. Por ende,
las solicitudes de suspensión de agosto de 2015 no generaban un deber decisorio
que afectara la validez de la caducidad ni la competencia para decidir; por lo mismo,
la Resolución VSC-000873 de 17 de agosto de 2016 dejó constancia de la
extemporaneidad de esas solicitudes pues la caducidad ya se había declarado.

21.
En cuanto a la condena en costas, el Tribunal decidió abstenerse de imponerla
a la parte demandante, al considerar que la demanda no carecía manifiestamente de
fundamento legal ni se demostró mala fe en su interposición.

El recurso de apelación

22. La parte demandante solicitó revocar la sentencia del a quo y que se acceda a
las pretensiones de la demanda 8, con fundamento en dos (2) cargos concretos.

23.
Indicó que el principio de especialidad, conduce a que la notificación de los actos
debió regirse por el artículo 269 del Código de Minas y no por las normas generales
del CPACA. Para sustentar este punto y contradecir el razonamiento del Tribunal, la
parte actora invocó como precedente vinculante la sentencia T-404 de 2014 de la
Corte Constitucional, demostrando con ello el error de derecho en el que incurrió el
fallador de primera instancia.

24. Reiteró que la obligación de pago del canon superficiario era inexistente, pero
que el Tribunal incurrió en una confusión al mezclar los conceptos de terminación del
periodo de exploración, con el inicio de la etapa de explotación. Sostuvo que la causa
eficiente para que el canon no fuera exigible es la aprobación del PTO mediante un

8 Expediente digital, archivo “038ED_34RecursoApelacionpd(.pdf)”

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acto administrativo de la propia autoridad minera, por lo que resulta inadmisible
afirmar que debía notificarse a la ANM de un acto que ella misma aprobó,
especialmente cuando el artículo 263 del Código de Minas ordena el “impulso
oficioso”. Con esto, confrontó la conclusión del Tribunal, aclarando que el debate no
debía centrarse en la etapa en que estaba el contrato, o si había iniciado la etapa de
explotación, sino en que, al ser aprobado el PTO, se entendía que el titular había
renunciado al tiempo restante de la etapa de exploración y, por sustracción de
materia, ya no se podía cobrar un canon por un periodo que legalmente había
culminado.

Concepto del Ministerio Público

25.
El procurador delegado solicitó en el trámite de la segunda instancia confirmar
en su totalidad la sentencia del Tribunal. Respecto al cargo de violación al debido
proceso, desestimó el argumento de la indebida notificación al considerar que la ANM
actuó correctamente al realizar el procedimiento de citación y aviso en los términos
de la Ley 1437 de 2011, añadiendo que, en todo caso, el derecho de defensa del
demandante fue garantizado. En cuanto al cargo de falsa motivación, sostuvo que la
obligación de pagar el canon superficiario de la segunda y tercera anualidad de la
etapa de exploración era plenamente existente y exigible, toda vez que el PTO no
modifica automáticamente las etapas del contrato ni implica una renuncia tácita a los
términos de la etapa de exploración.

II CONSIDERACIONES

Objeto de la apelación

26.
Atendiendo a lo resuelto por el a quo y los cargos formulados en el recurso de
alzada, corresponde a la Sala establecer: (i) si existió violación del derecho al debido
proceso de la parte actora a partir de un vicio en la notificación de los actos
demandados, imputable a un yerro en la identificación de la normativa que regía ese
trámite; y (ii) si erró el Tribunal al desestimar el cargo de falsa motivación, al no
reconocer que la aprobación del PTO por parte de la autoridad minera constituye una
renuncia tácita al tiempo restante de la etapa de exploración, extinguiendo la
obligación de pagar el canon superficiario por dicho periodo.

Sobre la notificación del acto que declaró la caducidad y la presunta
vulneración del debido proceso

27. El debido proceso es un principio y derecho fundamental que se entrelaza con
el de legalidad. En su alcance, las autoridades administrativas deben adelantar sus
actuaciones con arreglo al procedimiento definido previamente en la ley, con

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aplicación del principio de juez natural y con respeto de los derechos de defensa y
contradicción, garantizando la posibilidad de aportar y controvertir pruebas, la
publicidad de las actuaciones y decisiones proferidas en el curso de tales
procedimientos, y concediendo la oportunidad de impugnarlas. Tratándose del ámbito
administrativo, este derecho debe desarrollarse bajo los principios orientadores de la
función administrativa.

28.
El artículo 29 constitucional compendia el contenido de tal derecho y garantía,
y del mismo se desprende que el debido proceso se compone de las prerrogativas a:
(i)
ser juzgado con base en normas previas a la conducta que se endilga, (ii) solo ser
condenado por hechos previstos como delito o infracción al momento de su comisión,
(iii)
ser juzgado en atención a las formas previstas para cada juicio, previa
determinación legal, (iv) ser juzgado por una autoridad competente, independiente e
imparcial, (v) no desconocer la presunción de inocencia, (vi) no ser juzgado dos veces
por la misma conducta, (vii) aplicar el principio de favorabilidad, (viii) aportar y
controvertir las pruebas que se aduzcan en contra del procesado, (ix) el proceso debe
sustentarse en pruebas legalmente obtenidas y, (x) se debe lograr la resolución de las
controversias jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas y con respeto de los
principios procesales. La ausencia de cualquiera de estas garantías, con impacto real
al derecho nuclear del debido proceso, se estatuye como motivo apto para pedir la
nulidad del acto según preceptivas contenidas en los artículos 137 y 138 de la Ley
1437 de 2011.

29.
Los argumentos que plantea el recurrente no están relacionados con la forma
en la que se expresan las garantías al debido proceso acabadas de mencionar, pues
más que exponer una trasgresión al derecho a ser oído, a presentar y controvertir
pruebas o a tener un juicio precedido de un procedimiento claro y previamente
definido, están asociados con la norma aplicable para notificar el acto que declaró la
caducidad del contrato, pero sin que se aduzca una afectación real y sustancial a su
derecho de defensa. Los reproches del apelante por “indebida notificación” no
describen, en estricto sentido, una restricción material a sus garantías frente a la
actuación administrativa, sino una disputa formal sobre el régimen normativo que
debía regir la comunicación de los actos (Código de Minas o CPACA), pese a que lo
decisivo para el debido proceso no es la etiqueta normativa, sino si el administrado
estuvo efectivamente en posición de defenderse.

30.
En el caso concreto, está acreditado y no se discute, que la Fundación
demandante: (i) fue previamente requerida por la autoridad minera por el
incumplimiento relativo al canon superficiario, con indicación de las consecuencias y
el otorgamiento de un término para subsanar no mayor a 30 días 9; (ii) no corrigió la

9 Expediente digital, archivo “Cuaderno 1.2 000-2018-000423-02”, págs. 60 a 63.

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mora, tras lo cual se expidió la decisión de caducidad; (iii) dicha decisión le fue
efectivamente comunicada, y conoció su contenido; y (iv) ejerció su derecho de
contradicción, presentando argumentos en su recurso de reposición que fueron
examinados y resueltos de fondo por la administración.

31.
En tales condiciones, incluso si se aceptara que existió alguna inconsistencia
formal en el modo de notificar el acto, lo cierto es que la autoridad minera dio estricto
cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 112 10 y 28811 del Código de Minas que
determinan la declaratoria de caducidad del contrato, sin que se produjera algún tipo
de indefensión del concesionario, en tanto hubo información previa del
incumplimiento, oportunidad real de enmienda, conocimiento de la decisión y un
trámite en el que pudo plantear su postura y obtuvo una respuesta de fondo motivada,
determinando la ausencia de una vulneración del debido proceso.

32. Esta conclusión resulta plenamente compatible con: (i) el principio de
instrumentalidad de las formas, según el cual las formalidades procesales no son un
fin en sí mismas, sino un medio para garantizar la justicia material y la prevalencia del
derecho sustancial; y (ii) la distinción conceptual entre la validez y la eficacia del acto
administrativo, de donde se extrae que la falta de notificación o una irregularidad en
esta no vicia de nulidad el acto, sino que afecta su eficacia y oponibilidad, toda vez
que las causales de nulidad se predican de la realidad fáctica y jurídica existente al
momento del nacimiento del acto, es decir, de vicios intrínsecos a su formación,
mientras que la notificación, es un requisito posterior que condiciona la producción de
sus efectos jurídicos y su ejecutoriedad frente al administrado 12.

33.
Lo anterior no desconoce que la falta o indebida notificación podría conllevar a
la invalidez si, por sus características concretas, quiebra el derecho de defensa al
resultar determinante del sentido de la decisión o porque conlleva la imposibilidad de
contradecirla; sin embargo, en el presente caso ello no ocurrió, pues como se indicó,
el interesado conoció el reproche de la autoridad minera, tuvo la posibilidad de
subsanar, accedió al contenido del acto sancionatorio y controvirtió sus fundamentos,

10 “El contrato podrá terminarse por la declaración de su caducidad, exclusivamente por las siguientes causas:

(…) d) El no pago oportuno y completo de las contraprestaciones económicas”.
11 “La caducidad del contrato, en los casos en que hubiere lugar, será declarada previa resolución de trámite en

la que, de manera concreta y específica, se señalen la causal o causales en que hubiere incurrido el concesionario.
En esta misma providencia se le fijará un término, no mayor de treinta (30) días, para que subsane las faltas que
se le imputan o formule su defensa, respaldada con las pruebas correspondientes. Vencido este término se
resolverá lo pertinente en un plazo máximo de diez (10) días. Los funcionarios que dejaren vencer este plazo
serán sancionados disciplinariamente como responsables de falta grave”.
12 Sobre el particular puede verse, entre otros: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del

8 de agosto de 2012, Rad. 54001-23-31-000-1999-00111-01 (23358), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa;
Sección Quinta, sentencia del 8 de marzo de 2018, Rad. 25000-23-24-000-2005-01532-01, C.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez; Sección Cuarta, sentencia del 26 de noviembre de 2009, Rad. 19001-23-31-000-2005-
00790-01 (17295), C.P. Héctor J. Romero Díaz

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Demandado: Agencia Nacional de Minería
Referencia: Controversia contractual

siendo sus razones despachadas por la autoridad, por lo que la eventual irregularidad
de forma no alcanza una entidad invalidante.

34. Adicionalmente, la Sala también advierte que la notificación de los actos
administrativos que declararon la caducidad del contrato se efectuó correctamente,
sin desconocer el carácter especial y preferente de las normas del Código de Minas.
Si bien el artículo 3 de la Ley 685 de 2001 consagra el principio de especialidad, este
no implica una autosuficiencia absoluta del ordenamiento minero, pues el mismo
estatuto prevé mecanismos de integración normativa, ya sea por remisión directa o
por aplicación supletoria, para regular aquellas situaciones no contempladas de
manera específica. En esa medida, la controversia planteada por el apelante parte de
una interpretación aislada del artículo 269, omitiendo la estructura procedimental
completa que el propio legislador diseñó en materia minera.

35. El presunto conflicto de normas planteado por el apelante se resuelve al analizar
el ámbito de aplicación de cada disposición, la naturaleza del acto sancionatorio y la
cláusula de remisión expresa del propio Código de Minas. El artículo 269 se encuentra
ubicado en la regulación específica del procedimiento para la formación y celebración
del contrato de concesión, por lo que su alcance refiere a las actuaciones de esa fase,
como son las providencias que “rechacen la propuesta o resuelvan las oposiciones y
de las que dispongan la comparecencia o intervención de terceros” a las que
expresamente alude la misma norma, sin que se extienda al acto que pone fin a un
procedimiento sancionatorio por incumplimiento contractual, como aquel que
determina la caducidad del contrato de concesión.

36. La declaratoria de caducidad es la máxima sanción que la autoridad minera
puede imponer al concesionario por un incumplimiento grave, en tanto extingue la
relación contractual, afecta situaciones jurídicas consolidadas y se adopta en ejercicio
de la potestad sancionatoria del Estado, de manera que el trámite que conduce a su
expedición exige garantías reforzadas del derecho al debido proceso. Si bien el
artículo 288 del Código de Minas establece un procedimiento especial para declarar
la caducidad, mediante un requerimiento previo, el otorgamiento de un plazo para
subsanar y la adopción motivada de la decisión, guarda silencio sobre la forma de
notificar esta última. Ante este vacío, la remisión del artículo 297 del Código de Minas
al CPACA es la vía natural para complementar el procedimiento, pues este último
contiene un régimen de notificaciones (personal y por aviso) diseñado
específicamente para actos que ponen fin a una actuación administrativa,
garantizando plenamente el derecho de defensa.

37. La inaplicabilidad del artículo 269 del Código de Minas se hace evidente al
contrastar su contenido con la naturaleza del acto de caducidad. El artículo 269 es
una norma de carácter especial cuyo catálogo para la notificación personal se limita

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a tres supuestos específicos de la fase de formación del contrato: el rechazo de las
propuestas, la resolución de oposiciones y la intervención de terceros. La caducidad,
por ser una sanción que se impone durante la ejecución del contrato, es una figura
jurídica ajena a ese listado taxativo, y es precisamente para estas actuaciones no
reguladas en detalle, que el legislador previó la cláusula de remisión del artículo 297.
Esta disposición integra el procedimiento, acogiendo la robustez del régimen general
para las actuaciones de la autoridad minera distintas a las de formación del contrato
y que ponen fin a una actuación administrativa, como las que imponen sanciones
contractuales, cuyos mecanismos de notificación personal y por aviso garantizan
información suficiente, indicación de recursos y cómputo claro de términos,
preservando plenamente el derecho de defensa.

38.
Por tanto, acoger el CPACA para la notificación de la caducidad no desconoce
la especialidad y preferencia de la normatividad minera, sino que corresponde a la
aplicación de la ruta que el propio legislador minero diseñó de forma expresa.

39.
Finalmente, debe indicarse que resulta paradójico e insostenible que el apelante
alegue la vulneración de su derecho de defensa con base en la inaplicación de una
norma que, de haberse seguido, le habría ofrecido una garantía de publicidad inferior
a la que efectivamente se le brindó, pues el artículo 269 del Código de Minas
establece la notificación por estado como regla general y enumera taxativamente los
únicos tres eventos que requieren notificación personal, entre los cuales no se
encuentra la declaratoria de caducidad.

40. En lo que respecta a la invocación de la sentencia T-404 de 2014 como
precedente vinculante, el reproche del apelante carece de acierto, pues parte de una
descontextualización de su alcance y de una omisión de las particularidades del caso
bajo estudio. Dicha providencia de tutela, reitera la importancia del debido proceso
administrativo en materia minera, pero no establece una regla absoluta e inflexible
que imponga la aplicación del artículo 269 del Código de Minas para la notificación
de todos los actos que se profieran en el marco de la actividad, con independencia
de su naturaleza y de la etapa contractual en que se emitan. La interpretación del
recurrente ignora que el análisis de un precedente exige examinar la similitud fáctica
y jurídica (la ratio decidendi), y en este caso, la controversia no gira en torno a la
protección de derechos fundamentales de terceros o comunidades en la fase de
formación del título, sino a la comunicación de una sanción contractual entre las
partes de un negocio jurídico en ejecución.

41.
Por tanto, el pronunciamiento de la Corte Constitucional tampoco viabiliza la
tesis propuesta por la parte actora, por cuanto no deroga ni desconoce la aplicación
de la cláusula de remisión expresa del artículo 297 del mismo Código, ni altera la
lógica sistemática del ordenamiento minero que distingue entre los actos del trámite

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inicial del procedimiento minero y los actos definitivos que resuelven una actuación
administrativa sancionatoria, para los cuales el CPACA ofrece un régimen de
notificación más garantista y adecuado, que fue el correctamente aplicado por la
autoridad minera.

Respecto de la terminación anticipada de la etapa de exploración, el pago del
canon superficiario y la falsa motivación
42. El demandante sostiene que la motivación del acto es espuria, por cuanto se
fundamenta en el presunto incumplimiento de la obligación de pagar el canon
superficiario correspondiente a la segunda y tercera anualidad de la etapa de
exploración. Según su tesis, dicha obligación se extinguió, toda vez que la etapa de
exploración terminó de forma anticipada y automática con la aprobación del Programa
de Trabajos y Obras (PTO) al finalizar el primer año del plazo contractual, que era de
tres años. Argumenta que la aprobación de dicho documento técnico implicó una
renuncia tácita al plazo restante de la exploración y un tránsito inmediato a la siguiente
fase contractual, haciendo inexigible el canon superficiario asociado a un período que,
en su entendimiento, ya no estaba en curso.

43.
Para resolver este cargo, la Sala abordará el análisis de manera sistemática,
desglosando los elementos normativos, contractuales y fácticos que rigen la materia,
para lo cual: (i) se examinará la naturaleza jurídica del PTO y su rol dentro de la
secuencia reglada de las etapas del contrato de concesión minera; (ii) se analizará la
figura de la renuncia en el derecho, con especial énfasis en la renuncia tácita a plazos
o etapas contractuales; (iii) se establecerá la formalidad que rige cualquier
modificación a las condiciones esenciales del contrato minero, como lo es la duración
de sus fases; y finalmente, (iv) se aplicarán estas consideraciones al caso concreto
para determinar si, como lo alega el actor, la administración incurrió en una falsa
motivación al exigir el pago del canon superficiario y, consecuentemente, al declarar
la caducidad del contrato por su no pago.

La secuencia de las etapas del contrato de concesión minera y la naturaleza del
PTO
44.
La ley es clara al determinar que la concesión minera es un contrato especial,
regido por su propia legislación 13, donde el particular se constituye en un colaborador
o instrumento de la entidad estatal para la realización de una actividad o prestación
específica y especialmente protegida, como es la explotación de los recursos
naturales, respecto de los cuales el Estado debe planificar su manejo y
aprovechamiento, garantizando un desarrollo sostenible y la conservación, o

13 Ley 685 de 2001. Artículo 45.

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sustitución de los mismos 14. Por ende, conforme a lo dispuesto por el Código de
Minas, es un negocio jurídico reglado 15, solemne16 y de adhesión 17, cuya estructura
no es aleatoria ni queda al arbitrio de las partes, sino que obedece a una lógica técnica
y jurídica imperativa que se materializa en un desarrollo por etapas sucesivas y
preclusivas, cada una con un objeto, un término y un conjunto de obligaciones
claramente definidos por el legislador. Esta arquitectura secuencial es un elemento
esencial del contrato minero, por lo que no se trata de una mera formalidad, sino de
la manifestación de un diseño racional del proyecto minero y de un imperativo legal
que define la esencia misma del objeto contractual, tal como es consagrado por el
artículo 45 del Código de Minas 18, al establecer que el contrato de concesión
comprende, de manera inescindible, las fases de exploración técnica, explotación
económica, y eventualmente el beneficio y cierre.

45. Este diseño normativo no es caprichoso, sino que responde a una lógica técnica
y económica ineludible que garantiza el desarrollo racional y sostenible del proyecto
minero. La fase de exploración constituye el cimiento, pues su finalidad es la de
identificar, dimensionar y evaluar la viabilidad del yacimiento, de manera que solo a
partir de los hallazgos positivos y la certeza técnica que esta etapa arroja, puede
avanzarse con certidumbre a la fase de construcción y montaje, que implica la
materialización de las inversiones en infraestructura necesarias para el
aprovechamiento del recurso. Finalmente, y como culminación del ciclo, se procede
a la explotación económica, que es la extracción sistemática del mineral para su
comercialización, representando la materialización del interés económico tanto del
concesionario como del Estado a través de las regalías.

46.
De esta manera, cada etapa se erige como un presupuesto jurídico y fáctico
indispensable para la siguiente, no siendo concebible, ni técnica ni legalmente, iniciar
una explotación sin haber explorado, ni construir una infraestructura de montaje sin
saber qué se va a explotar y cómo. Esta progresión lógica y preclusiva asegura una

14 Constitución Política. Artículo 80.
15 El artículo 53 de la Ley 685 de 2001 establece que el contrato de concesión se rige en su etapa precontractual

y contractual exclusivamente por lo dispuesto en dicha ley, de tal forma que las disposiciones generales sobre
contratos estatales y las relativas a procedimientos precontractuales, no son aplicables a la formulación y trámite
de las propuestas de concesión minera, ni a la suscripción, perfeccionamiento, validez, ejecución y terminación
del contrato, lo cual estará sujeto exclusivamente a sus disposiciones, o a las que éstas hagan remisión directa y
expresa.
16 Artículo 50. “El contrato de concesión debe estar contenido en documento redactado en idioma castellano y

estar a su vez suscrito por las partes. Para su perfeccionamiento y su prueba sólo necesitará inscribirse en el
Registro Minero Nacional”.
17 Artículo 49. “La concesión minera es un contrato de adhesión en cuanto que, para celebrarse, no da lugar a

prenegociar sus términos, condiciones y modalidades, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 31, 248 y 355
del presente Código”.
18 “El contrato de concesión comprende dentro de su objeto las fases de exploración técnica, explotación

económica, beneficio de los minerales por cuenta y riesgo del concesionario y el cierre o abandono de los trabajos
y obras correspondientes”.

13

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gestión ordenada de los recursos y una mitigación progresiva de los riesgos
asociados al proyecto. Por ende, la secuencia de las etapas y su duración son
elementos estructurales del contrato, cuya alteración, como se analizará más
adelante, está sujeta a formalidades y no puede inferirse de actos de mera ejecución
de las obligaciones técnicas a cargo del concesionario.

47. En el contrato de concesión minera JG8-1502219, suscrito entre el departamento
de Bolívar y la Fundación demandante, se incorporó fielmente esta estructura legal.
En la cláusula cuarta del negocio jurídico, bajo el título “Duración del Contrato y
Etapas”, se estipuló de manera inequívoca y vinculante para las partes una duración
total de treinta (30) años, y se definió el plazo para la primera etapa en los siguientes
términos: “a) Plazo para Exploración: Tres (3) años, contados a partir de su inscripción
en el Registro Minero para hacer la exploración técnica del área contratada (…)”. Esta
estipulación contractual, que es ley para las partes, fijó un marco temporal claro y
definido para el cumplimiento de las obligaciones exploratorias, coincidente con lo
dispuesto por el artículo 71 del Código de Minas, conforme al cual, “[d]entro de los
tres (3) años siguientes a la fecha de inscripción del contrato, el concesionario deberá
hacer la exploración técnica del área contratada”.

48. Como parte de la etapa de exploración, el PTO emerge como una figura central,
pero su naturaleza y función han sido erróneamente interpretadas por el demandante.
Dicho programa es un documento técnico obligatorio que detalla la planificación,
metodología y recursos necesarios para ejecutar las actividades de exploración,
explotación, beneficio y cierre de una mina. Este plan incluye la delimitación del área
de explotación, las características del mineral, las obras e instalaciones requeridas,
el cronograma de actividades, las medidas de mitigación ambiental y de seguridad,
así como la escala y duración de la producción esperada, entre otras. Su finalidad es
garantizar que las operaciones mineras se realicen de manera técnica, económica y
ambientalmente responsable, promoviendo la sostenibilidad y reduciendo sus
impactos negativos; es la bitácora técnica que demarca la forma en la que el
concesionario ejecutará las actividades mineras y el instrumento que permite a la
autoridad minera ejecutar la supervisión y control para asegurar el cumplimiento de
los estándares exigidos 20.

49.
En este orden, el PTO no es un acto jurídico con la virtualidad de modificar las
fases del contrato; es, en su esencia, el principal producto técnico y la culminación
del objeto misional de la etapa de exploración, esto es, un instrumento de planificación
detallado que, con base en los hallazgos geológicos, describe el cronograma, los
equipos, los costos, las medidas de seguridad y los planes de manejo ambiental con

19 Expediente digital, archivo “CONTRATO DE CONCESIÓN JG8 15022”.
20 Artículo 84 del Código de Minas.

14

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los que se pretende acometer las etapas futuras de construcción, montaje y
explotación. Es un instrumento que permite a la autoridad minera ejercer un control
sobre el proyecto, verificando su viabilidad, racionalidad y coherencia antes de
autorizar el paso a las fases de mayor impacto e inversión.

50.
La exploración, como fase de investigación y descubrimiento, es la causa que
da origen al PTO, pero este último no determina la terminación de la etapa de
exploración, pues la aprobación de ese programa por parte de la autoridad minera no
es un acto dispositivo con la potestad de alterar los plazos contractuales, sino una
decisión de control técnico y un juicio de viabilidad que valida la suficiencia de la
exploración realizada y la idoneidad del plan propuesto para las fases subsiguientes.
La aprobación del PTO, por tanto, no es la puerta de salida de la etapa de exploración;
es, más bien un elemento que, una vez agotado el tiempo de esa etapa o formalizada
su finalización anticipada, permitirá desarrollar las actividades de la fase siguiente. En
otras palabras, certifica que el concesionario ha cumplido a cabalidad con la
obligación de explorar y se encuentra técnicamente habilitado para, en el momento
jurídicamente oportuno, iniciar la construcción y montaje, pero no anticipa ni precipita
dicho momento.

51. Esta distinción es crucial para entender la transición entre las fases en el
contrato de concesión minera. El artículo 72 de la Ley 685 de 2001 es explícito al
señalar que el período de construcción y montaje se inicia “una vez terminado
definitivamente el período de exploración”. La expresión “terminado definitivamente”
alude a un hito jurídico claro y verificable, que no puede ser otro que la expiración del
plazo legal o contractual pactado —en este caso, los tres años estipulados en la
cláusula cuarta 5— o, en su defecto, la terminación anticipada del mismo, producto de
un acto formal de modificación del contrato.

52.
Admitir que la sola aprobación de un documento técnico como el PTO produce
la terminación automática de una etapa contractual, generaría una inaceptable
inseguridad jurídica. Las obligaciones de las partes, como el pago del canon
superficiario o la presentación de informes, varían sustancialmente entre una etapa y
otra, por lo que la certeza sobre el momento exacto en que estas obligaciones mutan
es indispensable para el ejercicio de la función de fiscalización de la autoridad minera
y para la propia seguridad del concesionario sobre sus derechos y deberes. Por ello,
la lógica del sistema minero, exige un hito formal, explícito y debidamente
documentado que marque la transición entre fases, que en el caso analizado no
puede corresponder a la simple aprobación de un plan técnico, sino a un acto con
entidad jurídica suficiente para modificar las condiciones de ejecución del contrato.

53.
La aprobación del PTO, por tanto, habilita al concesionario para que, llegado el
momento oportuno —es decir, al finalizar el plazo de exploración o al formalizar su

15

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terminación anticipada—, pueda iniciar la ejecución de la siguiente etapa, pero no
sustituye ni el plazo pactado ni los actos formales requeridos para alterarlo.

Sobre la renuncia tácita a una etapa contractual
54.
El segundo pilar del argumento del demandante se sustenta en la idea de una
“renuncia tácita” al plazo restante de la etapa de exploración, inferida de la
presentación y aprobación anticipada del PTO. Esta tesis colisiona frontalmente con
principios esenciales aplicables a las relaciones contractuales, los cuales exigen que
la renuncia a un derecho sea un acto de voluntad cualificado, manifiesto e inequívoco.

55.
La regla consistente en que la renuncia a un derecho no se presume, obedece
a la función de los derechos subjetivos como posiciones jurídicas protegidas que solo
pueden ceder ante una manifestación de voluntad que sea clara, específica y no
equívoca. Dado que la renuncia supone un sacrificio consciente de una ventaja
jurídica, exige un acto de disposición en el que el titular identifique el derecho que
abandona y el alcance de esa abdicación, por lo que cualquier duda interpretativa se
resuelve a favor de la conservación del derecho (interpretación restrictiva de la
renuncia), de modo que el ordenamiento evita que comportamientos neutros,
preparatorios o meramente compatibles con diversas finalidades se conviertan, por
conjetura, en pérdida de derechos. Todo esto, sin perjuicio de que la ley o las partes
puedan otorgar consecuencias a su silencio.

56.
Bajo ese estándar y como filtro de validez, la renuncia debe ser expresa, esto
es exteriorizada en términos que permitan reconocer sin ambages el propósito
abdicativo; y debe ser inequívoca, de manera que no puede sostenerse sobre
conductas ambiguas, silencios, omisiones o actos cuya lectura admita alternativas
razonables. Tampoco bastan fórmulas genéricas o alusiones imprecisas, por lo que
el acto ha de delimitar el objeto (qué derecho se renuncia), el alcance (total o parcial,
definitivo o condicionado) y las consecuencias. Además, la renuncia debe emanar de
quien tiene capacidad y legitimación para disponer del derecho, ser libre de vicios del
consentimiento y —cuando así lo exijan la ley o el pacto— observar las formas
previstas (por ejemplo, documento escrito, suscripción por las partes, o publicidad
registral).

57. Finalmente, la práctica negocial y la tutela judicial refuerzan este canon, pues la
renuncia no puede construirse por inferencias débiles ni por el solo hecho de que una
parte despliegue actuaciones orientadas a la ejecución o planificación contractual. La
carga de demostrar la renuncia recae en quien la alega, y esa prueba debe ser directa
(declaración expresa, cláusula contractual, acuerdo modificatorio) o indiciaria robusta
cuya única lectura razonable sea la abdicación. En caso de ausencia de esa claridad
y unicidad de sentido, el juez debe mantener vigente el derecho y el equilibrio del

16

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sinalagma, resguardando la seguridad jurídica y la confianza legítima que presiden el
tráfico contractual.

58. En el contexto del contrato de concesión minera, el plazo de una etapa
contractual posee una naturaleza dual y fundamental que trasciende la mera noción
de una carga temporal, constituyendo un derecho subjetivo y una garantía para
ambas partes, así como un pilar del equilibrio económico y obligacional del negocio.
Desde la perspectiva del concesionario, por ejemplo, el plazo fijado para la
exploración representa el marco temporal cierto y definido del que dispone para
ejercer, sin premuras indebidas, sus facultades contractuales, como ejecutar las
actividades de exploración, mitigar los riesgos geológicos y económicos inherentes,
optimizar la calidad de sus estudios, tomar decisiones informadas y planificar las
futuras inversiones requeridas para la siguiente fase. Correlativamente, desde la
óptica del Estado, dicho plazo no es un tiempo muerto, sino el período que activa sus
propias facultades y derechos, en tanto puede exigir las contraprestaciones
económicas específicas pactadas, como el canon superficiario que se causa por la
disponibilidad del área durante ese tiempo, y por otra parte, es el marco dentro del
cual ejerce su potestad de fiscalización y demanda el cumplimiento de las
obligaciones de hacer que corresponden estrictamente a esa fase (inversiones
mínimas, reportes técnicos, etc.).

59.
La presentación anticipada del PTO no constituye, desde ninguna óptica
razonable, una manifestación clara e inequívoca de renuncia al plazo de exploración,
porque se explica de modo natural como un acto de diligencia orientado a ordenar el
proyecto y a reducir incertidumbres técnicas. Esa actuación puede buscar confirmar
con tiempo la viabilidad del diseño, armonizar cronogramas internos, coordinar
permisos y preparar una transición fluida al concluir el término legal, y todas esas
finalidades son plenamente compatibles con la conservación del derecho a seguir
explorando durante el plazo vigente. Interpretar esa conducta como abdicación del
tiempo restante exigiría una declaración expresa e incompatible con cualquier otra
lectura, y aquí no existe tal incompatibilidad, pues el concesionario puede avanzar en
la planeación sin por ello renunciar a continuar la exploración, a perfeccionar estudios
o a cumplir obligaciones pendientes. En suma, la radicación temprana del PTO es un
indicio de buena gestión y de preparación responsable, no un acto dispositivo que
modifique los derechos ni una señal unívoca de abandono de los términos pactados.

60.
El propio Código de Minas, al regular la figura de la renuncia, lo hace de una
manera que refuerza su carácter formal y solemne. El artículo 110 y siguientes de la
Ley 685 de 2001 contemplan la renuncia, pero se refieren exclusivamente a la
renuncia total al contrato de concesión, la cual consiste en un acto voluntario que
debe ser presentado formalmente por escrito ante la autoridad minera y está
supeditada a que el concesionario se encuentre a paz y salvo con todas sus

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obligaciones exigibles. La existencia de un procedimiento reglado y formal para la
renuncia total del contrato evidencia que el legislador no previó la posibilidad de
renuncias parciales tácitas o informales a una de sus etapas. Si para extinguir el
vínculo contractual en su totalidad se exige una manifestación expresa y el
cumplimiento de condiciones previas, resulta contrario a esa misma lógica
argumentar que una modificación sustancial como el acortamiento de una etapa clave
pueda ocurrir de manera implícita.

61. Esta conclusión se ve robustecida por el principio de estabilidad contractual que
inspira el Código de Minas. El artículo 47 establece que los estudios, trabajos y obras
a los que se compromete el concesionario son los que expresamente se enumeran
en el código, y no habrá lugar a modificarlos ni adicionarlos por disposición de las
autoridades, mientras que el artículo 51 del mismo cuerpo normativo prohíbe a la
entidad pública concedente modificar, terminar o interpretar unilateralmente el
contrato de concesión, con la única excepción de la declaratoria de caducidad. Estas
disposiciones consagran una suerte de inmutabilidad relativa del contrato minero,
protegiendo al concesionario de la discrecionalidad de la administración y
garantizando que las “reglas de juego” pactadas se mantengan estables durante su
ejecución. Si la propia autoridad minera, que ostenta la potestad de imperio, tiene
vedado modificar unilateralmente las condiciones del contrato, resultaría una
asimetría jurídica inaceptable permitir que una modificación tan trascendental como
el recorte de una etapa contractual se produzca de manera implícita, por la sola
interpretación de la conducta del concesionario o de la simple aprobación del PTO.

62. La tesis del demandante sobre la “terminación automática” o la “renuncia tácita”
es, en el fondo, una forma de modificación contractual no formalizada, y por ende,
una figura que el Código de Minas no contempla. La estabilidad y seguridad jurídica
del título minero, que es una garantía para ambas partes, se vería gravemente
erosionada si se admitiera que sus elementos esenciales, como la duración de sus
etapas, pueden alterarse por presunciones o inferencias en lugar de actos jurídicos
formales y explícitos.

La modificación de las etapas del contrato requiere un acto formal

63.
El corolario lógico de los argumentos expuestos es que cualquier alteración de
las etapas del contrato de concesión minera, ya sea para acortarlas, prorrogarlas o
suspenderlas, constituye una modificación contractual que, por su naturaleza y por
imperativo legal, debe estar revestida de formalidad. La tesis del demandante se
desvanece al ser confrontada con la solemnidad que rige la modificación de los
contratos estatales y, de manera particular, con las disposiciones específicas del
Código de Minas que regulan esta materia. La duración de las etapas es una
condición esencial del contrato de concesión, como se evidencia en la cláusula cuarta

18

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del contrato que suscita la controversia, por lo que su alteración no es un asunto
menor o accesorio, sino una modificación sustancial. El contrato de concesión minera,
siendo solemne, requiere que sus modificaciones también lo sean, es decir, que
consten por escrito para su existencia y validez, siendo inadmisible la modificación
verbal o la que se deduce de hechos o comportamientos de las partes; se requiere
un acto jurídico formal que documente el nuevo acuerdo de voluntades.

64. Este principio general se ve reforzado por el carácter eminentemente reglado
del derecho minero. El Código de Minas no deja al libre albedrío de las partes la forma
de alterar las condiciones contractuales, sino que establece un catálogo preciso y
cerrado de supuestos en los cuales el contrato puede ser modificado, y para cada uno
de ellos, prescribe un procedimiento formal que invariablemente inicia con una
solicitud expresa del concesionario y culmina con una decisión formal de la autoridad
minera.

65. Un análisis sistemático de la Ley 685 de 2001 así lo demuestra: (i) el artículo 52
establece que “a solicitud del concesionario” ante la autoridad minera, las
obligaciones emanadas del contrato podrán suspenderse temporalmente ante la
ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito; (ii) el artículo 54 señala que
cuando circunstancias transitorias de orden técnico o económico, no constitutivas de
fuerza mayor o de caso fortuito, impidan o dificulten las labores de exploración que
ya se hubieren iniciado o las de construcción y montaje o las de explotación, la
autoridad minera, “a solicitud debidamente comprobada del concesionario”, podrá
autorizarlo para suspender temporalmente la explotación o para disminuir los
volúmenes normales de producción; (iii) el artículo 62 indica que cuando por los
trabajos de exploración o explotación se encontraren minerales distintos de los que
son objeto del contrato, “el contratista podrá solicitar” que su concesión se extienda a
dichos minerales; y (iv) el artículo 75 dispone que el contratista puede solicitar
prórrogas de las etapas de exploración o de construcción y montaje, con debida
justificación y con antelación no menor de tres (3) meses al vencimiento del período
de que se trate.

66.
Este conjunto de normas evidencia una tipicidad en las modificaciones
contractuales mineras, por cuanto el legislador ha previsto de manera taxativa las
causales y los procedimientos para alterar el curso normal del contrato. La figura de
una terminación anticipada de la etapa de exploración por la simple aprobación del
PTO no se encuentra en este catálogo legal, y aplicando el principio de hermenéutica
jurídica según el cual las excepciones y los procedimientos especiales son de
interpretación restrictiva, junto con el principio de legalidad que rige las actuaciones
administrativas, se debe concluir que una modalidad de modificación no prevista
expresamente por la ley es improcedente.

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67. La evidencia definitiva y contundente que desvirtúa por completo la
argumentación del demandante se encuentra en el tenor literal del artículo 71 del
propio Código de Minas. Esta norma, que regula específicamente el período de
exploración, establece en su inciso final que “A solicitud del proponente podrá
señalarse en el contrato un período de exploración menor siempre que no implique
exonerarlo de las obligaciones mínimas exigidas para esta etapa del contrato”. El
texto de esta disposición es de una claridad meridiana y no admite interpretaciones
ambiguas, pues desglosado en sus elementos esenciales, enseña que la reducción
del plazo de exploración: (i) es una potestad que se ejerce a iniciativa del interesado;
(ii)
no es un evento que ocurra de manera automática o implícita, sino que requiere un
acto volitivo y expreso; y (iii) debe quedar formalizado y consignado en el negocio
jurídico.

68. Esta norma especial gobierna la materia en discusión, y si el legislador reguló
de forma precisa y exclusiva el único mecanismo válido para acortar la etapa de
exploración, cierra por completo la puerta a cualquier otra vía de facto o presunta para
lograr el mismo resultado. La presentación y aprobación del PTO es un hito técnico
que demuestra la diligencia del concesionario y su preparación para la siguiente fase,
pero no tiene la entidad jurídica para alterar unilateralmente los plazos y obligaciones
definidos en el contrato y en la ley. Para que la etapa de exploración hubiese
terminado antes del plazo de tres años pactado, se requería una solicitud expresa del
concesionario en tal sentido y una modificación formal del contrato, aprobada por la
autoridad minera.

Naturaleza jurídica del canon superficiario
69.
El artículo 230 de la Ley 685 de 2001 define esta figura como una
contraprestación económica que el concesionario debe pagar al Estado por el
derecho a explorar y mantener a su disposición un área determinada del subsuelo
nacional. Su naturaleza jurídica es clara: no se trata de una remuneración por el
ejercicio efectivo de actividades mineras, sino por la titularidad del derecho a
realizarlas.

70.
La norma es enfática al señalar que el canon se causa por “anualidades
anticipadas” durante las etapas de exploración y de construcción y montaje, por lo
que no es una obligación de hacer dependiente de la actividad del concesionario, sino
una obligación de dar cuyo hecho generador es el mero transcurso del tiempo
mientras la fase contractual respectiva se encuentre legalmente vigente. El canon
superficiario, además, cumple una función de política pública esencial consistente en
desincentivar la tenencia de títulos mineros con fines meramente especulativos,
asegurando que solo quienes tienen una intención real de explorar y explotar los
recursos del Estado mantengan ese beneficio. Su no pago, por tanto, no es un simple

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incumplimiento pecuniario, sino un atentado contra los recursos públicos y la finalidad
misma de la actividad minera, conllevando como sanción la declaratoria de caducidad
del contrato conforme al literal d) del artículo 112 del Código de Minas.

Resolución del cargo de falsa motivación
71.
Descendiendo de las consideraciones normativas y jurisprudenciales al acervo
probatorio que obra en el expediente, se hace evidente que el cargo de falsa
motivación formulado por el demandante carece de sustento fáctico y jurídico. La tesis
de la terminación automática de la etapa de exploración no solo contraviene la ley y
los principios contractuales, sino que es desmentida por la propia conducta del
concesionario y por la realidad material verificada en el área del contrato.

72. La revisión del expediente administrativo y de las demás pruebas aportadas al
proceso permite constatar que no obró solicitud formal presentada por la Fundación
con el fin de reducir el plazo de tres (3) años de la etapa de exploración, ni
manifestación alguna de renunciar al tiempo restante una vez se aprobó el PTO
mediante Auto 0444 del 10 de julio de 2012 21. En consecuencia, nunca se suscribió
un otrosí ni se expidió acto administrativo alguno que modificara la cláusula cuarta del
contrato de concesión JG8-15022, y por ende, el plazo de la etapa de exploración,
legal y contractualmente vigente, continuó siendo el originalmente pactado de tres (3)
años contados a partir de la inscripción en el Registro Minero Nacional realizada el 4
de noviembre de 2011, de manera que este se extendía hasta el 3 de noviembre de
2014. La obligación de pagar el canon superficiario, que conforme a la ley y a la
cláusula sexta del contrato se causaba por anualidades anticipadas durante las
etapas de exploración y construcción y montaje, se mantuvo plenamente exigible para
la segunda anualidad (noviembre 2012 - noviembre 2013) y la tercera anualidad
(noviembre 2013 - noviembre 2014).

73.
La invocación del “impulso oficioso” consagrado en el artículo 263 del Código
de Minas para endilgar a la administración el deber de formalizar el cambio de etapa,
es un argumento que parte de una profunda desnaturalización de dicha figura. Este
impone a la autoridad minera la obligación de dirigir el procedimiento y evitar su
paralización por causas que le sean imputables, pero de ninguna manera la convierte
en un gestor de los intereses del concesionario ni la faculta para subrogar su voluntad
en actos de disposición que la ley ha dejado a su exclusiva iniciativa.

74.
La tesis del apelante confunde el deber de dar trámite con el de tomar
decisiones por el administrado, y el impulso oficioso no puede llegar al extremo de
obligar a la autoridad a interpretar la aprobación de un documento técnico —el PTO—

21 Expediente digital, archivo “Cuaderno 1 000-2018-00423-02”, pág. 113.

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como una solicitud tácita de renuncia a un plazo contractual, pues ello implicaría una
actuación que excede sus competencias y vulnera la autonomía del titular minero. Es
precisamente para evitar estas inferencias que la normativa especial, en el artículo
71 del mismo Código, radicó de forma expresa e inequívoca en cabeza del
concesionario la potestad de solicitar la reducción del plazo de exploración, cerrando
la puerta a que una modificación sustancial del contrato se produzca por la vía de una
presunción, de una supuesta omisión de la entidad o de una decisión unilateral suya.
Por tanto, el argumento es inadmisible, pues pretende invertir las cargas que la ley
ha definido y crear una modificación contractual tácita y unilateral que aquella no
prevé.

75. Adicionalmente y más allá de la ausencia de un acto formal de modificación, la
propia conducta del demandante desvirtúa de manera categórica y contundente su
tesis jurídica. En este sentido, resulta de la mayor relevancia el oficio con radicado
20145500102852 del 10 de marzo de 2014 22, mediante el cual el representante legal
de la sociedad demandante, en respuesta al requerimiento de pago de la segunda y
tercera anualidad de la etapa de exploración, solicitó a la autoridad minera una
prórroga de tres meses para cancelar los valores adeudados por ese concepto. La
justificación esgrimida por el propio concesionario en dicha comunicación es
reveladora y definitiva respecto de los argumentos en los que funda sus pretensiones,
pues manifestó que la solicitud de plazo se sustentaba en que “los trabajos
exploratorios y sus respectivos informes se han retrasado por algunos inconvenientes
de orden público, en la zona del título”. Esta afirmación, realizada casi dos (2) años
después de la fecha en que ahora alega que la etapa de exploración había terminado
(10 de julio de 2012), constituye una manifestación inequívoca de que el propio
concesionario se consideraba, para marzo de 2014, en plena etapa de exploración.

76. Es un imposible lógico y fáctico que los trabajos de una etapa contractual ya
concluida puedan estar “retrasados”, por lo que las propias manifestaciones del ahora
demandante durante la ejecución del negocio jurídico revelan que, en marzo de 2014,
transcurridos casi dos (2) años desde la aprobación del PTO, actuaba bajo el pleno
entendimiento de que la fase exploratoria seguía vigente y, por consiguiente, que la
obligación correlativa de pagar el canon superficiario también lo estaba. Pretender
ahora, en sede judicial, la existencia de una terminación automática en 2012, es una
postura que atenta contra el principio de buena fe contractual y la doctrina de los actos
propios (venire contra factum proprium non valet).

77. Aunado a lo anterior, consta en los antecedentes del acto que resolvió el recurso
de reposición contra la declaratoria de caducidad que el demandante efectuó el pago
del canon correspondiente a la segunda anualidad con posterioridad a dicha

22 Expediente digital, archivo “Cuaderno 2 EXP. JG8-15022”, pág. 74.

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declaratoria23. Ese pago extemporáneo, por su propia naturaleza, carecía de
virtualidad para neutralizar la mora ya configurada, revivir el vínculo contractual o
retrotraer los efectos del acto sancionatorio, menos aún, para purgar las
consecuencias jurídicas derivadas del incumplimiento oportuno de una obligación
objetiva, periódica y claramente determinada. En otras palabras, el desembolso tardío
no desnaturaliza el presupuesto fáctico que soportó la decisión administrativa —la
inobservancia en tiempo del deber de pago— ni enerva la presunción de legalidad
que ampara la medida adoptada, la cual permanece incólume mientras no sea
desvirtuada por prueba idónea en contrario. Además, el acto también se sustentó en
la falta de pago de la tercera anualidad, respecto del cual no existe afirmación ni
sustento probatorio alguno de que se hubiese realizado.

78.
Con todo, el pago de la segunda anualidad sí reviste un valor jurídico autónomo
como acto concluyente de reconocimiento de la deuda, en tanto revela que el
administrado aceptó la existencia, exigibilidad y cuantía del canon, y obró en
consecuencia. Ese comportamiento resulta incompatible con la tesis que ahora
pretende desconocer la obligación y, por ello, activa las reglas de la buena fe y de los
actos propios, que impiden a la parte actora adoptar en juicio una postura
abiertamente contradictoria con su conducta precedente. Además, el abono ulterior
confirma que la causa del incumplimiento no fue una imposibilidad sobrevenida o un
error invencible de interpretación normativa, sino la falta de satisfacción oportuna de
una prestación debida; así, el debate en esta instancia no puede reorientarse hacia
la inexistencia de la obligación, sino —a lo sumo— hacia otros aspectos distintos (p.
ej., la cuantía), sin que ello borre el reconocimiento objetivo que el propio pago tardío
comporta.

79.
Además la realidad fáctica del proyecto minero, constatada en el terreno por la
autoridad de fiscalización, también corrobora la permanencia del contrato en la etapa
exploratoria. Las actas de inspección realizadas en los años 2013 y 2014 24, es decir,
con posterioridad a la aprobación del PTO, dejaron constancia de que el contrato se
encontraba en “fase de exploración” y que, además, “no se evidenciaba personal
laborando ni trabajos en el área”. Esta verificación en campo demuestra fáctica y
jurídicamente que nunca hubo una transición material a la etapa de construcción y
montaje, lo cual es coherente con la vigencia jurídica de la etapa de exploración.

80.
Esta verificación en campo desestima la tesis del demandante, pues demuestra
que la aprobación del PTO fue un hito documental que jamás produjo una transición
material a la siguiente fase. Si, como se alega, la exploración hubiese terminado
automáticamente con dicho PTO, el contrato habría entrado de inmediato en la etapa

23 Expediente digital, archivo “006ED_02AnexosDemanda20180(.pdf)”, pág. 23.
24 Expediente digital, archivo “Cuaderno 2 000-2018-00423-02”, págs. 24 a 85.

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de construcción y montaje, y la fiscalización, por ende, debería haber encontrado años
después indicios de obras, instalaciones, movimiento de maquinaria o preparativos
físicos. Esta ausencia fáctica de labores de construcción es coherente con que dicha
etapa nunca comenzó, y no lo hizo, precisamente, porque la etapa de exploración con
su plazo legal seguía jurídicamente vigente.

81. En este orden de ideas, el cargo de falsa motivación se desvanece por
completo, por cuanto los actos administrativos demandados se fundamentaron en una
base fáctica y jurídica veraz y correcta: la existencia de un contrato de concesión con
una etapa de exploración pactada a tres años; la causación del canon superficiario
por los periodos que sustentaron el incumplimiento; y la ausencia de un acto jurídico
que modificara o extinguiera el plazo contractual y la obligación de pago correlativa.
Los presupuestos normativos fueron, igualmente, los correctos: la exigencia del
cumplimiento de una obligación pecuniaria clara, expresa y exigible, derivada
directamente de la Ley 685 de 2001 y de la cláusula sexta del contrato de concesión,
cuyo incumplimiento también por disposición legal y contractual, conllevaba la
declaratoria de caducidad del contrato.

82. En consecuencia, al estar demostrada la plena correspondencia entre los
motivos invocados por la administración y la realidad fáctica y jurídica del contrato, no
es posible predicar la existencia de una falsa motivación, por lo que el cargo no tiene
vocación de prosperidad.

Conclusiones
83. Con base en el análisis normativo, jurisprudencial y probatorio desarrollado en
los acápites precedentes, este Despacho arriba a las siguientes conclusiones
definitorias para la resolución del cargo de nulidad por falsa motivación:

84. (i) El PTO es un instrumento de naturaleza técnica y operativa, que compila los

resultados de la exploración y planifica las futuras etapas de construcción y
explotación. Su aprobación por parte de la autoridad minera constituye un acto de
control técnico que verifica la viabilidad del proyecto, pero carece de la entidad jurídica
para modificar las fases, plazos y condiciones del contrato de concesión. No sustituye
las declaraciones, avisos o actos formales que la ley exige para transitar de una etapa
a otra.

85. (ii)
El régimen minero, en aras de la seguridad jurídica, exige actuaciones
expresas y formales del titular para la modificación del contrato (como avisos escritos,
solicitudes de modificación o de prórroga) dirigidas a la autoridad minera, quien
verifica el cumplimiento de los requisitos necesarios para su aprobación. Sin la
ocurrencia de uno de estos hitos formales, el plazo previsto y acordado para las

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etapas del contrato no cambia por el solo hecho de la aprobación de un documento
técnico como el PTO.

86. (iii) La renuncia a derechos o al plazo de una etapa contractual es una figura de

carácter excepcional que requiere una manifestación de voluntad expresa, clara e
inequívoca del titular, y su posterior aceptación o registro por parte de la autoridad,
conforme a los procedimientos del Código de Minas. La tesis de una “renuncia tácita”
por la aprobación del PTO desconoce el carácter solemne y expreso de estos actos,
introduciendo una presunción que ni la ley ni el contrato contemplan.

87. (iv)
El régimen minero colombiano es de estricta tipicidad en lo que respecta a
las modificaciones contractuales. Los cambios que afectan la duración de las etapas,
las obligaciones del concesionario y la causación de contraprestaciones económicas
deben constar en actos formales y escritos. Admitir que la aprobación del PTO acorta
la etapa de exploración por sí misma rompería la seguridad jurídica y el principio de
legalidad, al introducir modificaciones implícitas no previstas en la normativa.

88. (v)
Quien alega la extinción de una obligación contractual, como el pago del
canon superficiario, por un supuesto cambio de etapa, tiene la carga de probar el acto
jurídico formal que soporta dicha modificación. En el presente caso, el demandante
no aportó prueba alguna de haber solicitado la reducción del plazo de exploración,
que la autoridad minera lo hubiese aprobado, ni que el contrato hubiese sido
modificado en tal sentido.

89. (vi)
Las propias actuaciones del concesionario, particularmente la solicitud de
prórroga para el pago del canon en 2014, en la que adujo retrasos en los “trabajos
exploratorios”, constituyen una prueba irrefutable en su contra, que desvirtúa la tesis
de que la etapa de exploración había terminado en 2012 y demuestra su
reconocimiento de la vigencia de dicha etapa y de las obligaciones inherentes a ella.

90. (vii)
Las inspecciones de campo realizadas por la autoridad fiscalizadora
confirmaron que, fáctica y jurídicamente, el contrato permanecía en la etapa de
exploración y no había transitado a la de construcción y montaje, lo que hace
plenamente coherente la exigencia del canon superficiario correspondiente a dicha
fase.

91. En virtud de todo lo expuesto se concluye que los actos administrativos
demandados se fundamentaron en una base fáctica y jurídica correcta, al constatar
la vigencia de la etapa de exploración y el incumplimiento de la obligación de pago
del canon superficiario. Por consiguiente, como no se probó la violación del debido
proceso, ni el vicio de falsa motivación, se confirmará la sentencia de primera
instancia.

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Costas

92.De acuerdo con el artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, en armonía con el artículo 365 del Código General del Proceso, la
condena en costas no requiere la apreciación o calificación de una conducta
temeraria, sino la verificación objetiva de quién resultó vencido, por lo que resulta
procedente la condena en costas en contra de la Fundación demandante, en la
medida en que fracasaron los cargos de apelación que formuló contra la sentencia de
primera instancia.

93.
En relación con las agencias en derecho, como integrantes de las costas
procesales, se rigen por el Acuerdo PSAA16-10554 de 5 de agosto de 2016 expedido
por el Consejo Superior de la Judicatura. De conformidad con su artículo 2º, su fijación
depende de “la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la
parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias
especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la
labor jurídica desarrollada”, sin que en ningún caso se puedan desconocer los rangos
de las tarifas mínimas y máximas señaladas por el artículo 5 de esta misma normativa,
la cual, para los asuntos declarativos de segunda instancia con cuantía, fija una tarifa
mínima de un (1) SMLMV y una máxima de (6) SMLMV. En este caso, las agencias
en derecho se fijan en un (1) SMLMV, a cargo de la parte vencida y en favor de la
entidad demandada.

III. PARTE RESOLUTIVA

94.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de abril de 2024 proferida por la Sala
de Decisión 4 del Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. Fijar como agencias en
derecho la suma equivalente a un (1) SMLMV a cargo de la Fundación Unidad
Solidaria y en favor de la Agencia Nacional de Minería.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento
en el enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a
la derecha.

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