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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00537-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00537-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, no condenar en costas en primera instancia. 30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 15 Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023) Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda presentada por José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. Tercero. Sin condena en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Ausente con excusa JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. MAG 16

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00537-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., doce (12) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional y otro1

Tema: Reliquidación de la asignación de retiro por reajuste de la
asignación básica de los años 1997 a 2006

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1.La demanda

1.1.1.Pretensiones

1.José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad de los actos administrativos i)
201704233302111/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10, sin
fecha; ii) 20170423330234531/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-DIPER-
DINOM-1.10 del 22 de junio de 2017, emitidos por la jefe de la División de Nóminas
de la Armada Nacional (encargada), mediante los cuales se le indicó que no era de
su competencia la reliquidación de la asignación de retiro y que el reajuste de la
asignación mensual de los miembros de las Fuerzas Militares procedía únicamente

1 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil.
2 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

con sujeción al principio de oscilación; y iii) 0010802 CREMIL 10935 consecutivo
2016-10803 del 22 de febrero de 2016, expedido por el jefe de la Oficina Asesora
Jurídica del Cremil, mediante el cual se negó la reliquidación de la asignación de
retiro, toda vez que en los años 1997 a 2004, cuando se presentó la diferencia entre
el porcentaje del IPC y la aplicación del principio de oscilación se encontraba en
servicio activo.

2.Igualmente, que se inaplicara por vía de la excepción de inconstitucionalidad el
artículo 1 de los decretos 122 de 1997, 62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002,
3552 de 2003 y 4158 de 2004.

3.Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó:

3.1.La reliquidación y el pago de la diferencia de los salarios «de los decretos de
oscilación y el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), desde el 1 de enero de 1997 hasta
diciembre 28 de 2006, y la reliquidación a partir de diciembre 29 de 2006 fecha efectiva del
retiro, INCLUYENDO LOS TRES MESES DE ALTA, para los años más favorables hasta la
fecha, con prescripción cuatrienal desde la fecha de petición en MARZO 03 de 2017 y
MAYO 31 de 2017, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), cuando
este Índice sea mayor a la escala gradual porcentual y al método de oscilación» (sic);

3.2. El
ajuste de la hoja de tiempo de servicios de la Armada Nacional, y la
elaboración nuevamente del expediente prestacional con destino a Cremil y, en
consecuencia, reliquidar la asignación de retiro;

3.3. El pago que resulte de las diferencia porcentual «entre la aplicación existente entre
el incremento de la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor (I.P.C.), con
un detrimento histórico del 36.27%, y se tenga en cuenta la nueva asignación básica
reajustada para el cómputo con retroactividad de los valores adeudados correspondientes
a la aplicación de las primas que constituyen parte integral de dicha asignación, teniendo
en cuenta que se trata de prestaciones periódicas y en consecuencia el efecto negativo de
la variación porcentual del índice de Precios al Consumidor (I.P.C.)» (sic).

3.4. El pago de las diferencias de la asignación de retiro por el no reajuste oportuno
del sueldo básico, desde el 29 de diciembre de 2006 hasta le fecha en la que
adquiera firmeza la sentencia que ponga fin al proceso.

3.5.El pago retroactivo de los valores adeudados, debidamente indexados, junto con
los intereses a que haya lugar y el cumplimiento de la sentencia en los términos de
los artículos 192 y siguientes del CPACA; y

3.6.La condena en costas a las demandadas.

1.1.2.Fundamentos fácticos

2

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

4.En la demanda se narraron los siguientes hechos:

4.1.José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres laboró al servicio de la Armada Nacional
desde el 1° de enero de 1997 hasta el 28 de diciembre de 2006, fecha en la que fue
retirado mediante el Decreto 3403 de 2006.

4.2.Cremil expidió la Resolución 3944 del 5 de diciembre de 2006, a través de la cual
le reconoció una asignación de retiro, una vez culminaron los 3 meses de alta.

4.3.Desde el 1 de enero de 1997 al 31 de diciembre de 2004, los incrementos legales
anuales decretados para el personal de la Fuerza Pública estuvieron por debajo del
IPC.

4.4.La Armada Nacional, a partir del 1 de enero de 1997, no reajustó el salario de
acuerdo con los porcentajes del IPC a pesar de que era miembro activo de la
institución, lo cual afectó la liquidación del salario y demás prestaciones, así como
de la asignación de retiro. Por lo anterior, se le generó un detrimento histórico
acumulado del salario con una diferencia que asciende al 36.27%, lo que impactó
en su mesada pensional.

1.1.3.Normas violadas y concepto de violación

5.Como tales se citaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 46, 48, 53, 56, 93, 209, 218, 219,
220 de la Constitución Política; 2 y 13 de la Ley 4 de 1992; y 14 y 279 de la Ley 100
de 1993; y las leyes 238 de 1995 y 278 de 1996.

6.En cuanto al concepto de violación, expuso lo siguiente3:

6.1.Los actos administrativos demandados vulneraron las normas antes citadas, al
haber negado los ajustes de los salarios y la reliquidación de la asignación de retiro
con fundamento en el IPC entre 1997 a 2004. Asimismo, desconocieron los fines
esenciales del Estado Social de derecho, la dignidad humana y el deber de
protección especial a los miembros de la Fuerza Pública, quienes, debido a las
condiciones particulares del servicio tienen como principal compensación su
remuneración y prestaciones económicas. Por lo que el reajuste salarial por debajo
del IPC afectó el poder adquisitivo de sus ingresos y, en consecuencia, su mínimo
vital y calidad de vida.

6.2. El trato otorgado al personal activo y retirado de las Fuerzas Públicas resultó
discriminatorio frente a otros trabajadores cuyos ingresos sí fueron reajustados
conforme con el IPC. La inflación afecta por igual a todos los trabajadores y

3 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, páginas 57 a 91.

3

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

pensionados, por lo que debía garantizarse la movilidad salarial y prestacional en
condiciones equivalentes. Tal y como lo ha considerado la Corte Constitucional,
entre otras, en las sentencias C-588 de 1992 y T-345 de 2007.

6.3.El Estado incumplió con los mandatos previstos en los artículos 48 y 53
Constitucional, al no preservar el poder adquisitivo de los salarios y de la asignación
de retiro. El principio de favorabilidad imponía aplicar el mecanismo más beneficioso
para el trabajador, esto es, el incremento con base en el IPC y no los porcentajes
fijados en los decretos salariales expedidos anualmente por el gobierno nacional y
que aplicaron el principio de oscilación.

6.4.Durante el periodo comprendido entre 1997 y 2004 no se efectuó una nivelación
salarial ni un reajuste de la asignación de retiro con base en el IPC, pese a que
resultaba más favorable que los incrementos previstos en los decretos 122 de 1997,
62 de 1999, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158 de 2004; situación
que impactó negativamente en la base salarial y en las mesadas de la asignación
de retiro reconocida después.

6.5.Los actos demandados incurrieron en infracción de las normas en que debían
fundarse y en falsa motivación, porque las entidades aplicaron disposiciones de
inferior jerarquía y omitieron los artículos 14 y 279, parágrafo 4, de la Ley 100 de
1993, que hacen extensivos a los regímenes especiales los beneficios relacionados
con el reajuste de las pensiones conforme con el IPC.

6.6.La asignación de retiro debía recibir igual tratamiento que una pensión para
efectos de su reajuste, razón por la cual los incrementos no podían fijarse por debajo
de la variación del IPC.

1.2.Contestaciones de la demanda

7.La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional4 se opuso a las
pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de «caducidad del medio de
control frente a las pretensiones», «presunción de legalidad del acto demandado»,
«carencia del derecho del demandante y cobro de lo no debido», «buena fe», «inactividad
injustificada del interesado – prescripción de derechos laborales» y la «innominada» con
sustento en lo que sigue:

7.1.Los actos acusados fueron expedidos de acuerdo con el régimen especial
aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y las normas vigentes sobre reajuste
salarial y prestacional.

7.2.La Constitución Política incorporó, en el artículo 150 numeral 19 literal e), el

4 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, páginas 120 a 138.

4

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

sistema de leyes marco para regular el régimen salarial y prestacional de la Fuerza
Pública, desarrollo que se concretó en la Ley 4ª de 1992 y en los decretos anuales
expedidos por el gobierno nacional. Estas normas constituyen el régimen especial
y prevalente frente a las leyes 100 de 1993 y 238 de 1995, por lo que no era viable
aplicarlas a este personal. Por su parte, la Ley 238 de 1995, al ser una ley ordinaria,
no puede modificar ni desplazar las normas especiales expedidas con fundamento
en la ley marco prevista en la Constitución.

7.3.La Corte Constitucional ha indicado que el régimen prestacional de la Fuerza
Pública es especial, autónomo y está excluido del Sistema Integral de Seguridad
Social regulado en la Ley 100 de 19935. Así pues, quienes pertenecen a un régimen
especial deben someterse de forma integral a este, sin que resulte procedente
reclamación alguna de la aplicación parcial de beneficios propios del régimen
general.

7.4.No vulneró el derecho a la igualdad, toda vez que la jurisprudencia constitucional
ha reconocido que la existencia de regímenes especiales no constituye, por sí sola,
un trato discriminatorio. No es posible comparar de forma aislada los beneficios de
un régimen especial con el general, ya que cada sistema responde a una estructura
normativa integral y diferenciada.

7.5.Durante los años reclamados por el demandante, este se encontraba en servicio
activo y sus asignaciones salariales fueron reajustadas con los decretos anuales,
actos que gozan de presunción de legalidad y que no han sido anulados ni
suspendidos por la jurisdicción competente.

7.6.El reajuste con fundamento en el IPC ha sido reconocido por la jurisprudencia
únicamente respecto de las asignaciones de retiro y no frente a los salarios
percibidos en servicio activo, lo que implicaría crear un tercer régimen de reajuste
no previsto legalmente, con lo que se modificaría indebidamente la base salarial del
demandante.

7.7.En todo caso, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el reajuste
con base en el IPC para asignaciones de retiro tenía como límite temporal el 31 de
diciembre de 2004, debido a la entrada en vigencia del Decreto 4433 de ese año.
En consecuencia, no existía fundamento legal ni jurisprudencial que permitiera
extender tal reajuste a las asignaciones básicas mensuales devengadas por el actor
mientras permaneció en servicio activo.

8.Cremil6 se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de
«falta de legitimidad en la causa por pasiva con anterioridad al 05 de diciembre de

5 Sentencias C-781 de 2001 Y C-432 de 2004.
6 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, páginas 191 A 205.

5

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

2006», «inexistencia de fundamento jurídico para solicitar reajuste de asignación de
retiro conforme al IPC desde el año 2005» y «prescripción del derecho» con
fundamento en que:

8.1.El régimen salarial y prestacional de los miembros de la Fuerza Pública es de
carácter especial y prevalece sobre las disposiciones generales, de conformidad
con el artículo 5 de la Ley 57 de 1887.

8.2.Las asignaciones de retiro de los oficiales y suboficiales deben reajustarse según
el principio de oscilación, esto es, de acuerdo con las variaciones que se introduzcan
en las asignaciones del personal en servicio activo según el respectivo grado. Para
ello, el gobierno nacional expide anualmente decretos que fijan los incrementos
salariales del personal activo, los cuales sirven de base para reajustar las
asignaciones de retiro. Este sistema se ajusta al ordenamiento jurídico y encuentra
respaldo constitucional en el Acto Legislativo 01 de 2005, que mantuvo el régimen
especial.

8.3.La jurisprudencia ha diferenciado la asignación de retiro de la pensión de
jubilación regulada en la Ley 100 de 1993, por lo que no resultaba procedente
aplicar a los miembros de la Fuerza Pública las reglas generales previstas para el
sistema pensional común.

8.4.La Ley 4 de 1992 y los decretos expedidos en su desarrollo establecen la
prohibición de modificar el régimen especial salarial y prestacional de la Fuerza
Pública. El artículo 10 ejusdem dispone que cualquier régimen salarial o
prestacional contrario a sus disposiciones carece de efectos y no genera derechos
adquiridos.

8.5.Elprincipio de oscilación es un mecanismo que busca preservar el poder
adquisitivo de las asignaciones de retiro y garantizar la igualdad entre el personal
activo y retirado de la Fuerza Pública. Este sistema está previsto en el artículo 169
del Decreto 1211 de 1990 y, posteriormente, en el artículo 42 del Decreto 4433 de
2004, normas que, además, prohíben acoger mecanismos de reajuste
determinados para otros sectores de la administración pública, salvo disposición
expresa.

8.6.La aplicación de fórmulas distintas del principio de oscilación implicaría la
creación de un régimen prestacional no previsto en la ley. Mediante el concepto del
21 de agosto de 2003, el Ministerio de Hacienda precisó que las asignaciones de
retiro se encuentran directamente ligadas con los incrementos salariales del
personal activo.

8.7.No todos los años resultaba más favorable el reajuste con base en el IPC frente
al sistema de oscilación, por lo que la aplicación únicamente en los periodos
beneficiosos desconocería la integralidad del régimen especial y podría generar la

6

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

obligación de reintegrar valores pagados en exceso a cargo del demandante.

8.8.Los incrementos salariales no constituyeron factor salarial computable para la
liquidación de la asignación de retiro.

8.9.La Ley 238 de 1995 creó el beneficio del reajuste con base en el IPC solo
respecto de las pensiones y asignaciones de retiro y no sobre los sueldos
devengados en actividad. Asimismo, el Consejo de Estado ha reconocido de
manera temporal el reajuste con base en el IPC por aplicación del principio de
favorabilidad, únicamente respecto de las asignaciones de retiro y para los años
1997 a 2004, límite fijado con la expedición del Decreto 4433 de 2004.

8.10.Elprincipio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, incorporado
mediante el Acto Legislativo 01 de 2005, indica que las decisiones judiciales no
pueden imponer cargas prestacionales carentes de respaldo legal o superiores a
las previstas en la norma.

8.11.Actuó conforme con la normatividad especial vigente y dentro de las
competencias asignadas legalmente para el reconocimiento y pago de asignaciones
de retiro. Igualmente, no se configuró falsa motivación en los actos acusados, pues
fueron expedidos de acuerdo con el régimen especial aplicable a la Fuerza Pública.
Además, la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que la falsa motivación se
presenta cuando el acto se fundamenta en hechos o razones contrarias a la
realidad, lo que no ocurrió en este caso.

1.3.Sentencia de primera instancia

9.En sentencia proferida el 28 de febrero de 2020, el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante. Para tal efecto, sostuvo lo que sigue7:

9.1.El artículo 14 de la Ley 100 de 1993, relativo al reajuste pensional con base en
el IPC, únicamente resultaba aplicable a quienes durante los años 1997 a 2004
gozaban de asignación de retiro y no al personal que se encontraba en servicio
activo.

9.2.El demandante permaneció activo en el periodo que reclamó y solo fue retirado
del servicio en el año 2006, razón por la cual su régimen salarial se regía por la Ley
4ª de 1992 y los decretos expedidos anualmente por el gobierno nacional para la
Fuerza Pública, mas no por el sistema de reajuste previsto en la Ley 100 de 1993.

9.3.La aplicación del IPC a las asignaciones de retiro surgió de manera excepcional,

7 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-2, páginas 37 a 45.

7

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

por favorabilidad, cuando el sistema de oscilación resultó menos beneficioso; sin
embargo, tal criterio no podía extenderse a los salarios devengados en servicio
activo ni utilizarse para modificar de manera retrospectiva la base de liquidación de
la asignación de retiro. Por lo que no procedía el reajuste salarial solicitado ni el
reconocimiento de diferencias en las mesadas de la asignación de retiro.

9.4.Procede la condena en costas a la parte vencida en el proceso en virtud de lo
establecido en el artículo 188 del CPACA.

1.4.Recurso de apelación

10.La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y
en su lugar se accediera a las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base
en los siguientes argumentos8:

10.1.Después de la Constitución Política de 1991 y de la expedición de la Ley 4 de
1992, el gobierno nacional ha fijado anualmente las prestaciones de los miembros
de la Fuerza Pública en sus diferentes grados; sin embargo, esto se realizó por
debajo de la variación porcentual del IPC, lo cual afectó su patrimonio «mes a mes y
año a año, incidiendo de manera notoria posteriormente en su asignación de retiro en un -
36.27%» y vulneró el derecho a la igualdad respecto de otros oficiales de su mismo
grado en condición de trabajadores.

10.2.El salario debía ser móvil, es decir, ajustado año a año siempre que conservara
su valor frente a la inflación de la economía del país, lo cual, a su vez, conllevaba al
reajuste en los términos del IPC para que se mantuviera su poder adquisitivo, tal
como se sostuvo en las sentencias T-276 de 1997, T-102 de 1995, entre otras
proferidas por la Corte Constitucional.

10.3.Además, en las sentencias del 28 de junio de 2012 del Consejo de Estado 9 y C-
1433 de 2000 y C-931 de 2004 de la Corte Constitucional se estableció que el
Estado debía garantizar que, de manera progresiva, se actualizara el salario de
acuerdo con el IPC, es decir que la variación porcentual se aplicaba «a los empleados
públicos, esto [incluía] a los integrantes de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía
Nacional), no [podía] bajo ninguna circunstancia, ser inferior a la inflación ocurrida o
correspondiente al año inmediatamente anterior, sin importar el grado o cargo que se
ostent[ara] y desempeñ[ara] el servidor, como es el caso que nos ocupa, bajo el agravante
en el evento de ocurrencia, se vulneraria flagrantemente derechos de raigambre
Constitucional ya ampliamente fundamentados en este recurso y a lo largo de la demanda»
(sic).

1.5.Alegatos de conclusión

8 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-2, páginas 48 a 85.
9 Radicado: 05001233100020010226001

8

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

11.Cremil presentó alegatos de conclusión10 en el que reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda. Por su parte, el Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional, el demandante y el Ministerio Público guardaron
silencio en esta instancia judicial11.

2. Consideraciones

2.1.El Problema jurídico

12.Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿si José Alfonso Díaz
Gutiérrez de Piñeres tenía derecho a que se reajustara la base de liquidación de la
asignación de retiro que le fue reconocida, respecto de los salarios percibidos entre
los años 1997 y 2006 con fundamento en el IPC?

2.2.Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1.Régimen salarial de la Fuerza Pública

13.El artículo 150 de la Constitución Política previó que el Congreso de la República
tiene, entre otras, la función de dictar las normas generales y señalar en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno nacional para «[f]ijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».

14.Con fundamento en la anterior disposición, se expidió la Ley 4 de 1992 12, en la
cual se ordenó que, para fijar el régimen salarial y prestacional de los miembros de
la Fuerza Pública [entre otros], el gobierno nacional debía tener en cuenta, entre
otras cosas, la sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal y la
racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad. Con base en lo anterior, dispuso
que el gobierno nacional modificaría el régimen salarial correspondiente a los
empleados «aumentando sus remuneraciones».

15.Adicionalmente, en el artículo 13, previó que el gobierno nacional establecería
una escala gradual porcentual para nivelar la remuneración del personal activo y
retirado de la Fuerza Pública, la cual debía producirse en las vigencias fiscales de
1993 a 1996. Ello ocurrió a partir del Decreto 107 de 1996 que desarrolló este

10 Índice 21 de Samai, documento «22_MemorialWeb_Alegatos-2026027612_ALEGATOS(.pdf)
NroActua 21».
11 De acuerdo con la constancia secretarial del 15 de mayo de 2026, visible a índice 22 de Samai.
12 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública para la fijación de las prestaciones sociales
de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en
el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

artículo al precisar que los sueldos básicos corresponderían al porcentaje que se
indicaba para cada grado, «con respecto a la asignación básica del grado de General».
A partir de 1997 el presidente de la República expidió los decretos salariales y, para
ello, sirvió de base el porcentaje de la asignación del grado de general.

16.Como se observa, las asignaciones básicas están sujetas a los decretos que
expide anualmente el gobierno nacional13, los cuales constituyen única fuente para
realizar el incremento salarial, pues el artículo 10 ibidem estableció expresamente
que «[t]odo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente ley o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional
en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».

2.3.De lo probado

17.En el expediente se encuentran los siguientes hechos probados:

18.José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres laboró en el Comando de la Fuerza Naval
del Caribe, así14:

Descripción Desde Hasta
Alumno oficial Enap. 10-01-1970 30-11-1974
Oficial Enap. 01-12-1974 29-09-2006
Alta 3 meses 30-09-2006 29-12-2006

19.Cremil le reconoció una asignación de retiro a través de la Resolución 3944 del 5
de diciembre de 2006, en cuantía equivalente al [9]5% del sueldo básico de
actividad para el grado y partidas legalmente computables, a partir del 29 de
diciembre de 200615.

20.El 10 de febrero de 201616 ante Cremil y, el 3 de marzo de 201717 y el 31 de mayo
de igual año18 ante la Armada Nacional, solicitó el reajuste salarial y la reliquidación
de la asignación de retiro en aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

13 Decretos 335 de 1992, 25 de 1993, 65 de 1994, 133 de 1995, 107 de 1996, 122 de 1997, 58 de

1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003, 4158 de 2004, 923 de
2005, 407 de 2006, 1515 de 2007, 673 de 2008, 737 de 2009, 1530 de 2010, 1050 de 2011, 842 de
2012 y 1017 de 2013, 187 de 2014, 1028 de 2015, 214 de 2016, 984 de 2017, 324 de 2018, 1002
de 2019, 318 de 2020, 976 de 2021, 466 de 2022, 910 de 2023.
14 171
15 Páginas 27 a 29.
16 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
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13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, página 18.
17 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, páginas 6 a 12.
18 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, páginas 13 y 17.

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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

21.Con oficio 0010802 CREMIL 10935 CONSECUNTIVO 2016-10803 del 22 de
febrero de 2016, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Cremil le negó la
reliquidación de la asignación de retiro, porque en los años 1997 a 2004, cuando se
presentó la diferencia entre el porcentaje del IPC y la aplicación del principio de
oscilación, se encontraba en servicio activo19.

22.Mediante los oficios 201704233302111/MDN-CGFM-CARMA-SECAR-JEDHU-
DIPER-DINOM-1.10, sin fecha20, y 20170423330234531/MDN-CGFM-CARMA-
SECAR-JEDHU-DIPER-DINOM-1.10 del 22 de junio de 201721, la jefe de la División
de Nóminas de la Armada Nacional (encargada) le indicó que no era de su
competencia la reliquidación de la asignación de retiro y que el reajuste de la
asignación mensual de los miembros de las Fuerzas Militares procedía únicamente
con sujeción al principio de oscilación, en virtud de la normativa especial que los
rige.

2.4.Caso concreto

23.El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en que el reajuste con base en el IPC previsto en el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 solo era aplicable a quienes disfrutaban la asignación de retiro, no
al personal activo. Como el demandante había permanecido activo hasta el año
2006, su régimen salarial se regía por la Ley 4ª de 1992 y los decretos anuales
expedidos por el gobierno nacional.

24.El demandante presentó recurso de apelación con fundamento en que con los
decretos anuales expedidos entre 1997 y 2004 vulneraron sus derechos al fijar
incrementos salariales por debajo del IPC, lo que afectó el poder adquisitivo de su
salario y, posteriormente, el monto de su asignación de retiro. Asimismo, indicó que
conforme con la Constitución y la jurisprudencia, los salarios debían ajustarse al
menos en igual porcentaje de la inflación para garantizar su carácter móvil y
preservar el derecho a la igualdad y al mínimo vital.

25.Con el fin de resolver los argumentos expuestos en el recurso, debe puntualizarse
que, ciertamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha explicado que el
trabajador tiene derecho a que se aumente el salario con el fin de garantizar el poder
adquisitivo; así lo sostuvo en las sentencias C-931 de 2004, C-815 de 1999, C-1017
de 2003, C-1433 de 2000 y C-1064 de 2001. Concretamente, en la primera explicó

19 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
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13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, página 22.
20 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, página 19.
21 Índice 2 de Samai, EXPEDIENTE DIGITAL, archivo
«ED_EXPDIGITA_13001233300020180053(.zip) NroActua 2», carpeta
13001233300020180053700, documento 13001233300020180053700-01, página 21.

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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

lo que se transcribe a continuación:

«En otras palabras, en la Sentencia C-1064 de 2001 la Corte mantuvo la ratio
decidendi de la C-1433 de 2000, es decir, la consideración según la cual la
Constitución protege el derecho constitucional a mantener el poder adquisitivo del
salario y que ello comprende que cada año éste sea reajustado para todos los
servidores cobijados por la ley anual de presupuesto. Pero se apartó de las
consecuencias deducidas de esta premisa en la Sentencia anterior. En
consecuencia, en 2001 no impartió una orden específica contentiva de una
fórmula única para aumentar los salarios de todos los servidores públicos, sino
que, tomando como pauta artículo 187 de la Constitución Política, que señala el
criterio para determinar el aumento salarial de los congresistas acudiendo al
promedio ponderado de los salarios de los servidores de la administración central,
diferenció el conjunto de servidores públicos que por su nivel de salario merecían
una protección reforzada, de aquellos que devengan más y no la requerían.
Aquellos cuyo salario fuera menor a dicho promedio ponderado tenían un derecho
“de carácter intangible” a mantener el poder adquisitivo real, en virtud de la
protección constitucional reforzada que la Constitución dispone a su favor (C.P
Art. 334.), de la obligación del Estado de velar la igualdad sea real y efectiva (C.P
Art. 13) y asegurar a todas las personas condiciones de vida digna. (C.P Art.1).
Este primer grupo de trabajadores, dijo la Sentencia C-1064 de 2001, tenía
derecho a que se les aumentara su salario, no sólo nominalmente sino de forma
tal que se mantuviera el poder adquisitivo real del mismo. Para tal efecto debía
tenerse como criterio preponderante la inflación. En el caso de los servidores
públicos que devengaran salarios más altos a este tope, la situación era diferente,
pues no se trataba de sujetos que merecieran una protección reforzada. Por lo
tanto su derecho a mantener el poder adquisitivo real del salario podía ser limitado,
siempre y cuando la limitación fuera razonable. Sobre la razonabilidad de la
limitación estimó que el juicio del juez constitucional debía ser estricto, por cuanto
la limitación podía llegar a afectar derechos constitucionales como el salario móvil,
el mínimo vital o la dignidad» (sic).

26.Ahora, este deber de mantener el poder adquisitivo de los salarios corresponde
exclusivamente al gobierno nacional, en virtud de lo previsto en la Ley 4 de 1992.

27.Por su parte, el artículo 14 de la Ley 100 de 199322 ordenó que las pensiones «se
reajustarán anualmente de oficio, el 1 de enero de cada año, según la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente
anterior». El objetivo principal de esta norma se contrajo a que dichas prestaciones
mantuvieran su poder adquisitivo.

28.Asimismo, el artículo 279 ibidem previó que lo dispuesto en la ley no se aplicaría
a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares, pero mediante la
Ley 238 de 199523 se adicionó en el sentido de que dichas excepciones no
implicaban «la negación de los beneficios y derechos determinados en los artículos 14 y
142 [...] para los pensionados de los sectores aquí contemplados».

29.A partir de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación24 ha señalado

22 «Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
23 «Por la cual se adiciona el artículo 279 de la Ley 100 de 1993».
24 Ver, por ejemplo, las sentencias proferidas el 17 de mayo de 2007 (8464-2005), 15 de noviembre

de 2012 (25000-23-25-000-2010-00511-01).

12

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

pacíficamente que el reajuste conforme con el IPC procedía únicamente cuando se
trataba de asignaciones de retiro, siempre y cuando resultara más favorable y hasta
antes de que fuera expedida la Ley 923 de 200425, reglamentada por el Decreto
4433 de 200426, pues a partir de este momento se estableció que las asignaciones
de retiro y pensiones, se incrementarían «en el mismo porcentaje en que se
aument[aran] las asignaciones en actividad para cada grado» [artículo 42].

30.Ciertamente, desde el año 200727, esta Corporación sostuvo lo que a
continuación se transcribe:

«[...] no existe la menor duda en el sentido que bajo los mandatos del artículo
original 279 de la ley 100 de 1993 los pensionados de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional no eran acreedores del reajuste de sus pensiones como lo
dispone el artículo 14 de aquella, vale decir, teniendo en cuenta la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE para el
año inmediatamente anterior, sino como lo disponía el decreto 1212 de 1990, o
sea mediante la oscilación de las asignaciones de los miembros de la Policía
Nacional en actividad.

[...] a partir de la vigencia de la Ley 238 de 1995, el grupo de pensionados de los
sectores excluidos de la aplicación de la ley 100 de 1993, sí tienen derecho a que
se les reajuste sus pensiones teniendo en cuenta la variación porcentual del Índice
de Precios al Consumidor certificado por el DANE como lo dispuso el artículo 14
de la última y a la mesada 14 en los términos del artículo 142 ibidem» (sic).

31.Más recientemente, en la sentencia proferida el 14 de julio de 2022 28, se
puntualizó lo siguiente:

«1.- Con la entrada en vigencia de la Ley 238 de 1995 (26 de diciembre de 1995
fecha de su publicación), las excepciones consagradas en el artículo 279 de la
Ley 100 de 1993 presentaron una modificación consistente en que a los
pensionados de los sectores allí contemplados entre ellos los de las Fuerzas
Militares y Policía Nacional, en virtud del principio de favorabilidad y conforme a
los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 se les podía reajustar la asignación
de retiro conforme al índice de precios al consumidor del año inmediatamente
anterior certificado por el DANE y la mesada 14, respectivamente, siempre que el
incremento realizado por el Gobierno Nacional en los decretos anuales de las
asignaciones en actividad de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional sea inferior.

2.- En vigencia de la Ley 238 de 1995 el reajuste por favorabilidad de las
asignaciones de retiro de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía
Nacional conforme al índice de precios al consumidor señalado en el artículo 14
de la ley 100 de 1993, en cada caso concreto, aplica desde el año 1993 hasta
2004, toda vez que a partir del 1.° de enero de 2005 se implementó nuevamente

25 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».
26 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública».
27 Sentencia proferida el 17 de mayo de 2017, número interno 8464-2005.
28 Número interno 25000-23-42-000-2019-00883-01 (0501-2022).

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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

el principio de oscilación a través de la expedición del Decreto 4433 de 2004.

3.- El reajuste conforme al IPC incide directamente en la base de la respectiva
prestación pensional y debe servir para la liquidación de los incrementos que a
partir del año 2005 se efectuaran sobre dicha prestación» (sic).

32.Entonces, el reajuste conforme con el IPC procede únicamente respecto de las
asignaciones de retiro y pensiones, pero no de los salarios, en razón a que las leyes
y decretos reglamentarios no especificaron modificación alguna o disposición
diferente a que el gobierno nacional, a través de decretos, es el que establece el
incremento de las asignaciones básicas de los miembros de la Fuerza Pública. Así
se sostuvo en la sentencia proferida el 12 de septiembre de 202229:

«Así, debido a que para esos periodos la señora Claudia Jesús Guio Rivera era
miembro activo de la Policía Nacional, el incremento de su sueldo básico mensual
debía atender a las citadas disposiciones gubernamentales y no podía efectuarse
con fundamento en una norma dirigida al personal retirado de la Fuerza Pública.

Como consecuencia de lo anterior, debe decirse que no hay lugar a conceder
ningún tipo de reliquidación de la asignación de retiro de la demandante, toda vez
que no está demostrado en el proceso que haya existido alguna irregularidad en
la fijación de su base de liquidación, por cuanto la asignación se calculó a partir
de lo devengado por la accionante, lo que quiere decir que no hay prueba de que
exista alguna suma adeudada en favor de la señora Guio Rivera por ese
concepto» (sic).

33.En ese hilo argumentativo, como el gobierno nacional estableció el reajuste de
los salarios en los años 1997 a 2004 a través de los Decretos 122 de 1997, 58 de
1998, 62 de 1999, 2724 de 2000, 2737 de 2001, 745 de 2002, 3552 de 2003 y 4158
de 2004, debe concluirse que, comoquiera que José Alfonso Díaz Gutiérrez de
Piñeres estaba vinculado para esas anualidades, su salario debía ajustarse a este
contenido normativo y no en los términos de disposiciones que están previstas
expresamente para la prestación social. En consecuencia, no hay lugar a ajustar la
asignación de retiro porque no se demostró irregularidad alguna en su liquidación.

34.En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

2.5.Conclusión

35.Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que negó
las pretensiones de la demanda, en razón a que José Alfonso Díaz Gutiérrez de
Piñeres no tenía derecho a que se reajustara la asignación de retiro porque el
incremento de la asignación básica mensual devengada en los años 1997 a 2006
se realizó en los términos expedidos por el gobierno nacional, el cual, según la Ley
4 de 1992, es el único competente para determinarlo; por consiguiente, no se
demostró irregularidad alguna que modificara la base de liquidación

29 Sección Segunda, Subsección A, radicación 25000-23-42-000-2017-05918-02 (3545-2021).

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Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

2.6.Costas

36.La condena en costas en la Jurisdicción de lo contencioso-administrativo está
prevista en el artículo 188 del CPACA que dispuso:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

37.Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

38.Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma30.

39.Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

40.No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se
advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la que no se condenará en costas en esta instancia y revocará la condena
impuesta en primera instancia, por no haberse efectuado el análisis aquí expuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal 2° de la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020
por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, no condenar en costas en
primera instancia.

30En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

15

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00537-01 (4193-2023)
Demandante: José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 28 de febrero de 2020
por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó las pretensiones de la demanda
presentada por José Alfonso Díaz Gutiérrez de Piñeres contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Armada Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional.

Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el
aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Ausente con excusa

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MAG

16

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