Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2018-00754-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2018-00754-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2018-00754-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 13001-23-33-000-2018-00754-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Demandada: DIAN
Tema: Importación temporal a largo plazo. Finalización de la modalidad
y pago de tributos aduaneros en proceso de reorganización
empresarial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante y
demandada, contra la sentencia del 30 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 7, que resolvió:1
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD parcial de los numerales SEGUNDO y
TERCERO de la Resolución No. 000123 del 22 de enero de 2018 y su confirmatoria,
expedidos por la División de Gestión de Liquidación de Aduanas de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena, y por la División de Gestión Jurídica de la Dirección
Seccional de Aduanas de Cartagena respectivamente, en lo que atañe al pago de tributos
aduaneros por la suma de noventa y cuatro millones setecientos treinta y tres mil
seiscientos ochenta y un pesos m/cte. ($94.773.681); de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de la presente providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la DIAN a:
• Reintegrar a MUNDIAL SEGUROS S.A. la suma de noventa y cuatro millones
setecientos treinta y tres mil seiscientos ochenta y un pesos m/cte. ($94.773.681), por
concepto de pago de tributos aduaneros, debidamente ajustadas tomando como base el
Índice de Precios al Consumidor, en los términos del inciso final del artículo 187 del
CPACA; solo en el caso en que se demuestre que en virtud de la efectividad de la Póliza
No. C-100007046 se realizó este pago; en caso contrario exonerar a la demandante del
pago; conforme a las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones; por las razones expuestas en la parte
motiva de la presente providencia.
CUARTO: SIN CONDENA en costas en esta instancia procesal; según lo expuesto en
la parte motiva de la presente providencia. […].
ANTECEDENTES
Construcciones Civiles S.A., Conciviles S.A., introdujo al país, bajo la modalidad de
importación temporal a largo plazo, una volqueta usada para túnel de bajo perfil, para
1
Documento 20 expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
lo cual presentó la declaración 0120410282501 del 21 de agosto de 20102, y otorgó la
póliza de cumplimiento de disposiciones legales C-10000007046 del 25 de agosto de
2010, expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A.3, para garantizar la
finalización de la importación y el pago oportuno de los tributos aduaneros.
El 22 de enero de 2018, previo requerimiento especial 4 y respuesta a éste5, la División
de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, por
medio de la Resolución 0001236, declaró el incumplimiento por la no finalización de la
modalidad de importación, con la consecuente imposición de sanciones y liquidación
de tributos aduaneros con intereses moratorios. Asimismo, ordenó hacer efectiva la
póliza otorgada. Contra este acto se interpuso recurso de reconsideración7.
El 05 de julio de 2018, a través de la Resolución 0013758, la División de Gestión
Jurídica de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, confirmó la Resolución
000123 del 22 de enero de 2018.
DEMANDA
La Compañía Mundial de Seguros S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, formuló las siguientes pretensiones:
2.1. Se decrete la nulidad de los actos administrativos contenidos en las resoluciones
Nos. 000123 de enero 22 de 2018 de la División de Gestión de Liquidación y su
confirmatoria 001375 de julio 05 de 2018 de la División de Gestión Jurídica,
dependencias de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adscrita al
Ministerio de Hacienda y Crédito.
2.2. Mediante la resolución No. 000123 de enero 22 de 2018 […] se decidió: […]. Esta
decisión fue confirmada por el artículo primero de la Resolución No. 001375 de julio 05
de 2018 […].
2.3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, también se declare que era
improcedente decretar el cobro de todos los montos señalados en los numerales
precedentes, por medio de la efectividad de la Póliza de Cumplimiento de Obligaciones
Legales No. C-100007046, vigente del 21/08/2010 hasta el 03/09/2015, expedida por la
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NIT […], que garantizaba el pago de
tributos aduaneros, la sanción y los intereses, así como la finalización del régimen de
importación temporal a largo plazo de mercancía amparada en la Declaración de
Importación inicial con autoadhesivo No. 01204101282501 del 21/08/2010, aceptación
No. 482010000241672 del 21/08/2010 y levante No. 482010000229951 DEL
26/08/2010, por el valor total de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($131.766.514.oo),
ordenado por medio de los actos administrativos objeto de la presente demanda.
2.4. Se declare que las resoluciones Nos. 000123 de enero 22 de 2018 de la División
de Gestión de Liquidación y su confirmatoria 001375 de julio 05 de 2018 de la División
de Gestión Jurídica, dependencias de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena,
no pueden ser consideradas como título ejecutivo para el cobro de los tributos
2
Pg. 212 a 213. Cuaderno 01 expediente digital.
3
Pg. 220 a 223. Cuaderno 01 expediente digital.
4
Pg. 48 a 57. Cuaderno 02 expediente digital.
5
Pg. 59 a 71. Cuaderno 02 expediente digital.
6
Pg. 135 a 149. Cuaderno 02 expediente digital.
7
Pg. 183 a 201. Cuaderno 02 expediente digital.
8
Pg. 136 a 154. Cuaderno 03 expediente digital.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
aduaneros o de las sanciones por ellas impuestas, porque no decretaron una suma
expresa de dinero cuando simplemente ordenaron la efectividad de la Póliza de
Cumplimiento de Obligaciones Legales No. C-100007046, vigente del 21/08/2010 hasta
el 03/09/2015, expedida por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NIT […].
2.5 En caso de que, en el transcurso del presente proceso contencioso administrativo,
se haga efectivo por la DIAN el cobro de lo ordenado por los actos administrativos
demandados, en contra de la sociedad COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.; bien
sea por cobro persuasivo o cobro coactivo, o porque voluntariamente la demandante
pague las sumas mencionadas, se condene a la U.A.E. Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al pago de las
siguientes sumas:
2.5.1. Por daño emergente: La suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE
($131.766.514,00), suma que consta dentro del expediente administrativo, según
Resolución No. 000123 de enero 22 de 2018 de la División de Gestión de Liquidación
de Aduanas de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, confirmada por la
Resolución No. 001375 de julio 05 de 2018 de la División de Gestión Jurídica de la
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena. Este monto corresponde al cobro de los
tributos aduaneros y la imposición de las sanciones, que si bien no están fijados
específicamente en los actos administrativos demandados, como declaratoria de la
efectividad de la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Disposiciones Legales No. C-
100007046, vigente del 21/08/2010 hasta el 03/09/2015, expedida por la COMPAÑÍA
MUNDIAL DE SEGUROS S.A., NIT […], sí es la cuantía del proceso y constituyen las
declaratorias de tipo económico de los actos objeto de demanda. La póliza mencionada
fue otorgada por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. para respaldar las
obligaciones derivadas de las importaciones realizadas por la sociedad
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., que fue decretado por los actos administrativos
demandados, al final del proceso de sede administrativa. O, se haga el reintegro de la
suma que se pague efectivamente por el demandante a la DIAN, con el incremento de
intereses y actualizaciones.
2.5.2. Por lucro cesante: La actualización de la suma realmente pagada, según el
índice de precios al consumidor, más un 6% desde el momento en que se haga el pago
a la DIAN hasta el día en que se realice efectivamente el reintegro al demandante.
NOTA: Reiteramos que al momento de la radicación de la presente demanda la
sociedad COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. no ha pagado suma alguna por
las condenas plasmadas en los actos administrativos demandados, debido a que
decidió controvertir las resoluciones de la DIAN, pero si en el transcurso del proceso
contencioso se llegare a realizar un pago total o parcial se informará al Despacho para
que se incluya en la decisión de fondo a título de restablecimiento del derecho».
Invocó como disposiciones vulneradas los artículos 13 y 29 de la Constitución
Política; 17, 20, 24, 34, 40, 43, y 126 de la Ley 1116 de 2006; 1081 del Código de
Comercio; 150, 156 y 482-1 del Decreto 2685 de 1999; y el Auto 400-01455 de 23 de
agosto de 2013 de la Superintendencia de Sociedades. Como concepto de violación,
expuso, lo siguiente:
Inaplicación de las normas del proceso de reorganización empresarial: En la respuesta al
requerimiento especial, el importador explicó que el incumplimiento en el pago de las
cuotas 5 a 10 obedeció a la imposibilidad de sufragarlas por estar incurso en un
proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades, del
cual hizo parte la DIAN, entidad que aceptó el pago diferido al año 2021 de las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. Los actos acusados solo ordenaron
hacer efectiva la garantía otorgada, pero no indicaron por cuál monto, por lo que no
pueden considerarse como un título ejecutivo.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Los artículos 17 y 126 de la Ley 1116 de 2006 prohíben realizar pagos de cualquier
clase de obligación, normas que prevalecen sobre las disposiciones tributarias y
aduaneras, por lo que su desconocimiento constituye una causal de nulidad y puede
derivar en fraude o sustracción de una decisión judicial, pues la Superintendencia de
Sociedades funge como juez en la reorganización empresarial.
La solicitud de reorganización se presentó el 30 de julio de 2013, y se aprobó por auto
400-014355 del 23 de agosto del mismo año por la Superintendencia de Sociedades;
además, en el proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, se
tasaron las acreencias de la sociedad con la DIAN, incluidas las cuotas no pagadas
por la importación temporal cuestionada, para lo cual se firmó el acta de conciliación
de objeciones del 12 de marzo de 2014, acuerdo en el que se aceptó que estas
obligaciones fueran pagadas en dos cuotas iguales, el 5 de marzo y el 5 de julio de
2021.
Resulta contradictorio que dicha circunstancia fuera reconocida en varios apartes de
los actos acusados y, pese a ello, fueran impuestas las sanciones y liquidados los
tributos aduaneros. En efecto, mientras se encuentra en curso el proceso de
reorganización, no pueden realizarse pagos por fuera de las reglas propias de ese
trámite, tales pagos serían ineficaces de pleno derecho y darían lugar a la imposición
de las sanciones correspondientes, hasta tanto se revierta la operación. Además, de
hacerlo, violaría el principio de igualdad de los acreedores.
La importación temporal cuestionada no puede ser finalizada porque el artículo 150 del
Decreto 2685 de 1999, modificado por el artículo 8 del Decreto 4136 de 2004, exigía
el pago total de los tributos aduaneros para estos efectos.
Los artículos 43 [numerales 6 y 7] y 72 de la Ley 1116 de 2006 establecen que queda
suspendida la exigibilidad de gravámenes y garantías reales y fiduciarias constituidas
por el deudor, aunque las estipulaciones del acuerdo de reorganización no ponen fin a
las responsabilidades de los garantes. La Superintendencia de Sociedades, en el
comunicado 2018-01-219067 del 2 de mayo de 2018, le indicó a la DIAN que ningún
acreedor reconocido podría iniciar o continuar procesos de cobro por obligaciones que
hagan parte del acuerdo, porque implicaría una contradicción de dicha ley.
La mercancía importada no está ilegalmente en el país porque cuenta con una
declaración de importación temporal que, a su vez, está cobijada por el acuerdo de
reorganización empresarial del que hizo parte la DIAN; las obligaciones no están
incumplidas sino diferido su pago al año 2021.
Aplicación indebida e interpretación errónea del concepto 00055 de 29 de enero de 2016:
Aunque la normativa aduanera -Circular 0175 de 2001- prohíbe la aplicación retroactiva
de la doctrina de la entidad, los actos acusados se fundamentaron en dicho concepto
emitido en el año 2016, sin tener en cuenta que la importación temporal inició el 26 de
agosto de 2010, con la orden de levante de la mercancía, y el plazo de los cinco años
para su finalización venció el 26 de agosto de 2015; y la vigencia de la póliza inició el
21 de agosto de 2010 y finalizó el 3 de septiembre de 2015. Además, no es aplicable
al caso porque parte de sus consideraciones se refieren a la liquidación de empresas
y al cobro coactivo; en cuanto a la restructuración empresarial, solo ordena la
suspensión de garantías reales y fiduciarias, mas no aduaneras. Empero, se ignoró
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
que en el concepto también se señaló que las obligaciones por importaciones
temporales quedan sometidas al acuerdo de reorganización.
Violación del principio de igualdad y del precedente horizontal: La DIAN vulneró este
principio al decidir este caso de manera contraria a como lo hizo en cinco casos
iguales, los cuales constituyen precedente, y en los que aceptó que el proceso de
reorganización empresarial dio lugar al aplazamiento en el pago de las cuotas por la
importación temporal, por lo que no existió incumplimiento.
Violación de los principios de confianza legítima, buena fe y coordinación administrativa: La
Administración vulneró estos principios al exigir el pago de los tributos aduaneros y la
terminación de la importación temporal, pues el importador y la aseguradora confiaron
legítimamente en lo acordado en el proceso de reorganización empresarial.
Inaplicación de las normas que regulan la importación temporal: El artículo 482-1 [inc. final]
del Decreto 2685 de 1999 establece que las infracciones y sanciones previstas en la
norma solo son aplicables al importador; la DIAN debió valorar la existencia del
proceso de reorganización empresarial del importador, y el hecho de que no es posible
hacer la reexportación de la mercancía (art. 157) o efectuar su importación (art. 117) sin
el pago de los tributos aduaneros, supeditado al cumplimiento del acuerdo de
reorganización. Y no consideró viable una importación con franquicia (art. 135).
Y la terminación de la importación temporal de oficio le corresponde a la DIAN de
acuerdo con el artículo 150 ib., por lo que no puede trasladarle esta obligación al
particular, y no opera la causal de finalización de la importación por destrucción de la
mercancía, pues esto no ha ocurrido, y es improcedente la aprehensión de la
mercancía importada temporalmente por expreso mandato legal.
Prescripción de la acción de cobro: Se configuró la prescripción del contrato de seguros
conforme al artículo 1081 del Código de Comercio pues la resolución que ordenó hacer
efectiva la garantía se debió expedir dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia
del siniestro; como el plazo máximo para finalizar la importación temporal era el 26 de
agosto de 2015, el término de dos años vencía el 26 de agosto de 2017, y el referido
acto se expidió el 22 de enero de 2018.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La DIAN9 se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente:
Sobre la inaplicación de las normas del proceso de reorganización empresarial: Si bien es
cierto que Conciviles suscribió un acuerdo de reorganización empresarial en el que se
incluyeron obligaciones contraídas con la DIAN y se difirió su pago para el año 2021,
entre ellas, las cuotas 5 a 10 de los tributos aduaneros de la importación discutida, no
ocurrió lo mismo con la declaratoria de incumplimiento por la finalización de la
modalidad de importación temporal a largo plazo y la imposición de la sanción
impuesta, por ser obligaciones que no habían nacido a la vida jurídica al momento de
la expedición del auto por medio del cual se inició el proceso de reorganización
empresarial -23 de agosto de 2013- sino que surgieron en una fecha posterior -21 de
9
Pg. 138 a 187. Cuaderno 01 expediente digital.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
agosto de 2015-, fecha en la que se cumplieron los cinco años autorizados para la
importación temporal amparada con la declaración de importación del 21 de agosto de
2010.
El artículo 43 de la Ley 1116 de 2006 prevé que el acuerdo de reorganización no pone
fin a las obligaciones de los garantes del deudor, por lo que la DIAN estaba facultada
para iniciar los procesos de cobro de las obligaciones incumplidas por la importadora
y ordenar hacer efectiva la póliza de cumplimiento de disposiciones legales, la cual
constituye una garantía personal que ampara el pago de los tributos y las sanciones a
que hubiera lugar de la importación temporal a largo plazo. En el acta de conciliación
de objeciones consta expresamente que la demandada se reservó la facultad de exigir
el cumplimiento de las garantías conforme a dicho artículo, lo cual fue aprobado por el
importador y el promotor designado para el proceso de reorganización.
La importadora no puede seguir usufructuando una mercancía que no tiene definida
su situación administrativa, pues su ingreso al país estuvo restringido a las condiciones
especiales aplicables a los bienes de capital y a las importaciones temporales;
además, no consta el comunicado que, según la demandante, fue enviado por la
Superintendencia de Sociedades a la DIAN.
Sobre la aplicación indebida e interpretación errónea del concepto 000055 de 29 de enero de
2016: Contrario a lo señalado por la demandante, los actos acusados no se
fundamentaron en este oficio; la obligación de finalizar el régimen de importación
temporal era objeto de una garantía personal, la cual podía hacerse efectiva, con lo
cual la discusión no gira en torno a si la DIAN actuó como acreedor en el proceso de
reorganización, sino si podía afectar la póliza de cumplimiento de disposiciones legales
expedida por la actora.
Sobre la violación del principio de igualdad y del precedente horizontal: Los cinco casos
invocados por la actora tienen elementos fácticos y jurídicos diferentes a los
estudiados en el presente asunto, pues en ellos se limitó el estudio al pago de cuotas
por la importación temporal, y no a la obligación de dar por terminada esa modalidad;
además, los errores en los que pudo haber incurrido la administración no la atan ni
impiden que ejerza su facultad fiscalizadora.
Sobre la violación del principio de confianza legítima: No se vulneró este principio porque
se actuó conforme a lo dispuesto en el Decreto 2685 de 1999, la Ley 1116 de 2006, y
el acuerdo de reorganización empresarial; la administración no creó un derecho que
luego negó, y no tomó una decisión diferente en una situación idéntica.
Sobre la inaplicación de las normas que regulan la importación temporal: Los actos acusados
resolvieron los argumentos planteados por los usuarios vinculados al proceso, y
explicó que en cualquiera de las hipótesis a las que se ve enfrentado el importador
temporal -reexportar la mercancía, importarla de manera ordinaria o con franquicia, destruir o
legalizar la mercancía-, el elemento común es la mercancía no el pago de los tributos
aduaneros, con lo cual, lo determinante es la resolución de la situación administrativa
de la mercancía por cualquiera de las opciones expuestas.
Sobre la prescripción de la acción de cobro: La vigencia de la póliza de seguro de
cumplimiento de disposiciones legales C-100007046 inició el 25 de agosto de 2010 y
finalizó el 25 de agosto de 2015, por lo que el plazo para terminar el régimen de
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
importación y pagar la totalidad de las cuotas finalizaba dentro de la vigencia de la
póliza. Y como para la fecha de admisión del proceso de reorganización -23 de agosto
de 2013-, estaba vigente la póliza, y conforme al artículo 72 de la Ley 1116 de 2006, a
partir de ese momento se interrumpió el término de prescripción, no operó la caducidad
de las acciones respecto de los créditos causados contra el deudor antes del inicio de
dicho proceso.
Conciviles S.A. coadyuvó las pretensiones de la demanda presentada por la actora,
y solicitó declarar la nulidad de los actos acusados.
Propuso las excepciones de «inexistencia de los requisitos procesales y legales para exigir
el pago», «cobro de lo no debido» e «innominada o genérica». Frente a las dos primeras
excepciones explicó que, al acogerse al régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116
de 2006, en virtud del acuerdo alcanzado con los acreedores, entre ellos, la DIAN, los
valores pendientes de pago quedaron diferidos al año 2021, por lo que, al encontrase
suspendido el plazo o término de exigibilidad de las obligaciones a cargo de la
sociedad, cualquier actuación encaminada a exigir su pago contraría el ordenamiento
jurídico.
Los actos acusados vulneraron el artículo 43 [numeral 7] de la Ley 1116 de 2006 pues
la DIAN solo podía iniciar proceso de cobro en contra de los garantes en caso de
incumplimiento del acuerdo de reorganización, lo cual, a la fecha, no se ha verificado,
dado que la sociedad viene cumpliendo todas y cada una de las obligaciones
establecidas en el acuerdo de reorganización.
La posición de la DIAN, apoyada en el oficio 00055 del 29 de enero de 2016, en el
sentido de que la empresa, con independencia del inicio del proceso de
reorganización, debía cumplir las obligaciones del régimen de importación temporal,
es contradictoria e imposible de satisfacer dado que son obligaciones de pago que, al
ser diferidas, no estaban vencidas y, sin pago, no se pueden normalizar las
importaciones temporales.
Según lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1116 de 2006, no era posible pagar las
cuotas pendientes, por cuanto las mismas fueron diferidas y hacen parte de un acuerdo
aprobado, por lo que de haberse procedido con el pago, se hubiere inaplicado dicha
norma, específicamente, el principio de igualdad de todos los acreedores dentro de un
proceso concursal, y la DIAN se hubiere visto obligada a reembolsar las sumas de
dinero que eventualmente se hubieren pagado.
Aunque la DIAN hizo parte del proceso de reorganización empresarial, la Seccional de
Cartagena inició procesos sancionatorios por no haber terminado el régimen de
importación temporal, a sabiendas de que las cuotas pendientes quedaron incluidas
en el acuerdo; por auto 2019-01-004209 del 11 de enero de 2019 la Superintendencia
de Sociedades le comunicó a la DIAN que recibió copia de los actos acusados, y le
recalcó la prevalencia de las normas de insolvencia.
Asimismo, en comunicación 2018-01-219067 del 02 de mayo de 2018, la
Superintendencia de Sociedades, como juez del proceso concursal, en respuesta a lo
señalado por la DIAN en el sentido de que una vez verificado el incumplimiento, debía
determinarlo y exigir el cumplimiento del contrato de seguro mediante acto
administrativo, le precisó que «tratándose de obligaciones reconocidas en el acuerdo, las
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
mismas están sometidas a lo previsto en las normas indicadas en el oficio antes mencionado,
es decir los artículos 40 y 69.3 de la Ley 1116 de 2006, de tal forma, que no pueden exigirse
por fuera de los términos pactados en el acuerdo y confirmados por este Despacho».
SENTENCIA APELADA
El Tribunal anuló parcialmente los actos acusados, y no condenó en costas, por lo
siguiente10:
El pago de las cuotas de los tributos aduaneros, y la finalización de la modalidad de
importación, son dos obligaciones independientes a cargo del importador cuya
ejecución es autónoma; aunque las normas aduaneras exigen el pago de los tributos
para finalizar o modificar la modalidad de importación, los artículos 17 y 34 de la Ley
1116 de 2006, privilegian el contenido del acuerdo frente a las normas aduaneras y
tributarias, lo que permite suspender o diferir el pago de los tributos pero no suspenden
el cumplimiento de la obligación de finalizar el régimen de importación temporal.
En el acuerdo de reorganización se incluyó el pago de las cuotas pendientes de la
declaración de importación 01204101282501 del 21 de agosto de 2010, por lo que esta
obligación estaba cobijada en el acuerdo de acreedores; no ocurrió lo mismo frente a
la obligación de finalizar la modalidad de importación, toda vez que si bien el pago de
los tributos aduaneros estaba diferido en el tiempo con ocasión del proceso de
reorganización empresarial, subsistía la obligación de finalizar la modalidad de
importación temporal a largo plazo, y en consecuencia, aplicar uno de los supuestos
señalados en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, por lo que era dable, ante la
realidad del importador, finalizar el régimen liquidando los tributos aduaneros, sin
pagarlos, por efecto del acuerdo de reorganización al que estaba sometido.
No se trata de un imposible jurídico la exigencia de terminar la modalidad de
importación temporal, como lo sostiene la actora, pues se insiste que bastaba con que
se cumpliera con la obligación de finalización sin que fuera exigible el pago de tributos
aduaneros; así, la DIAN no desconoció el proceso de reorganización empresarial al
que se encontraba sometido el importador, y le era permitido hacer efectiva la póliza
de cumplimiento que respaldaba la sanción; no obstante, en la parte resolutiva del acto
acusado se ordenó el pago de los tributos reconocidos en el acuerdo, lo cual es
contradictorio por lo que se anulará parcialmente la actuación acusada, para excluir el
pago por concepto de los tributos aduaneros.
De acuerdo con el objeto y las condiciones generales de la póliza de cumplimiento C-
100007046, con vigencia desde el 21 de agosto de 2010 hasta el 03 de septiembre de
2015, el riesgo asegurado se materializó con la expedición de la Resolución 0001375
de 22 de enero de 2018, notificada el 25 del mismo mes y año, acto administrativo que
impuso efectivamente la sanción, fecha a partir de la cual se tuvo certeza sobre la
comisión de la infracción aduanera.
En consecuencia, era procedente hacer efectiva la póliza expedida por la actora
mediante la cual se garantizó el cumplimiento de la finalización del régimen de
importación temporal y el pago de los tributos aduaneros, comoquiera que según el
artículo 43 [numeral 6] de la Ley 1116 de 2006, el acuerdo de reorganización no
10
Documento 20 expediente digital.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
extingue la responsabilidad del garante frente a las obligaciones cobijadas en la póliza,
la cual estaba vigente en la fecha indicada.
RECURSOS DE APELACIÓN
La demandante11 solicitó revocar la sentencia de primera instancia en lo que le es
desfavorable y, en su lugar, acceder a la totalidad de las pretensiones de la demanda,
con fundamento en lo siguiente:
No existe fundamento legal para que en la sentencia recurrida se considerara que
podía finalizarse la importación temporal sin el pago de los tributos aduaneros, ya que
las normas aduaneras exigen que el importador haya satisfecho dicha obligación para
dar trámite a cualquiera de las figuras de terminación de la importación temporal,
consagradas en el artículo 156 del Decreto 2685 de 1999, vigente para la época de los
hechos.
La posición del a quo en el fallo recurrido corresponde a una interpretación que
pretende armonizar la Ley 1116 de 2006 con la legislación aduanera, normas que
regulan materias diferentes, lo que impide que la primera reemplace en toda su
extensión a la segunda, por lo que hay inconformidad en cuanto a la conducta que
sugiere el fallo debió adoptar el importador, esto es, terminar la importación temporal
pese al no pago de los tributos, considerando que el diferimiento del pago al final del
proceso de reorganización empresarial, permitía la finalización de la temporalidad de
las importaciones.
Lo procedente era interpretar, una vez aceptado que el pago de los tributos aduaneros
estaba diferido hasta el final del proceso de reorganización empresarial, que la
terminación de la modalidad de importación también lo estaba, corriendo la misma
surte en razón a la imposibilidad de escindir la modalidad de importación temporal y
sus obligaciones.
La ley 1116 de 2006 no contiene alguna norma que permita finalizar una importación
temporal pese a que esté suspendido o diferido el pago de los tributos aduaneros
porque el cumplimiento de la obligación de finalización depende del pago de los
mismos, por ello, la interpretación correcta era aceptar que la obligación de finalización
se suspendía por la aceptación expresa del diferimiento del pago de los tributos que
efectuó la DIAN dentro del proceso ante la Superintendencia de Sociedades.
Si, a la luz de la normativa aduanera, fuera posible la terminación de la importación
temporal sin el pago de los tributos aduaneros, por qué la DIAN no hizo la finalización
de oficio como se lo permite el artículo 156 [literal c]; la omisión que la sentencia
recurrida le atribuye al importador, debería ser reprochada a la DIAN por lo que la
interpretación del fallo recurrido solo sirve para sostener las sanciones al importador y
su cobro a la aseguradora por la no finalización, olvidando que ella depende
directamente del pago de los tributos.
En la demanda se analizaron inextenso las diferentes formas de terminación de la
importación temporal para reexportación en el mismo estado, contenidas en el artículo
11
Documento 029 expediente digital.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
156 del Decreto 2685 de 1999, concluyendo que es imposible jurídicamente dar por
terminada la importación sin el pago de los tributos aduaneros, suspendidos en virtud
del acuerdo final del proceso de reorganización empresarial.
Las normas aduaneras no permiten la finalización de las importaciones temporales sin
el pago de los tributos aduaneros debidos, por lo que, al estar estos tributos inmersos
en un proceso de reorganización empresarial, diferidos de común acuerdo con la
DIAN, sin haber llegado el plazo acordado, se puede afirmar que no hubo
incumplimiento de parte del importador, con lo cual, no podía imponerse las sanciones,
ni cobrar los tributos suspendidos y, por ende, no podía hacer efectiva la póliza de
cumplimiento de obligaciones legales.
Las sanciones impuestas y la declaratoria de efectividad de la garantía no solucionan
la situación de las mercancías en el país pues, pese a los actos administrativos, siguen
las mercancías en el país sin modificación; cuando se cumpla el acuerdo final del
proceso de reorganización se modificará la declaración y se finalizará la temporalidad.
En virtud del acuerdo de reorganización empresarial las obligaciones fiscales quedaron
congeladas y diferidas, al igual que las garantías, por lo que no pueden darse por
finalizadas; llegado el plazo señalado, la DIAN cuenta con las herramientas legales
para declarar los incumplimientos e imponer las sanciones que la normativa aduanera
consagra.
La póliza no puede hacerse efectiva porque debe respetarse lo dispuesto en el artículo
43 de la ley 1116 de 2006, en especial, el numeral 7 el cual establece que la DIAN solo
puede iniciar proceso de cobro en contra de los garantes, únicamente en caso de
incumplimiento del acuerdo de reorganización, hecho que a la fecha no se ha
verificado, pues el importador viene cumpliendo las obligaciones establecidas en el
acuerdo de reorganización.
La DIAN12 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
Erró el a quo al establecer que se debe excluir de los actos acusados la orden de pago
de los tributos aduaneros al considerar que están reconocidos en el acuerdo de
reorganización empresarial dado que, si bien es cierto, en dicho acuerdo se incluyeron
obligaciones contraídas con la DIAN y se difirió su pago al año 2021, también lo es
que en el mismo no quedaron contempladas todas las obligaciones que el importador
tenía con la entidad, sino solo aquellas que se causaron al momento de la suscripción
del acuerdo, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 18 y 25 de la Ley 1116 de
2006. Además, las acreencias garantizadas con póliza podrán hacerse efectivas por
parte de la administración, razón por la cual, no es un obstáculo para su cobro, el
hecho de que las mismas hubieran sido relacionadas en el acuerdo de reorganización
empresarial.
De acuerdo con la información que obra en el expediente administrativo y en el acuerdo
de reorganización suscrito por Conciviles S.A., algunas cuotas de la importación
temporal en estudio y los intereses moratorios, fueron reportadas como obligaciones
pendientes de pago y quedaron incluidas en el texto del acuerdo. Sin embargo, no
12
Documento 22 expediente digital.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
ocurrió lo mismo con la declaratoria de incumplimiento por la finalización de la
modalidad de importación temporal a largo plazo y la imposición de la sanción
impuesta, por ser obligaciones que no habían nacido a la vida jurídica al momento de
la expedición del auto que dio inicio al proceso de reorganización empresarial -23 de
agosto de 2013-, sino que surgieron en fecha posterior, -21 de agosto de 2015-, día en el
que se cumplieron los cinco años autorizados para la importación temporal amparada
en la declaración discutida; contrario a aquellas acreencias que hicieron parte de la
negociación, cuyo pago se haría en dos cuotas iguales: el 5 de marzo y el 5 de julio de
2021. Y, a junio de dicho año, ni la demandante, ni el importador, habían acreditado el
pago correspondiente a la primera cuota.
Conforme al numeral 6 del artículo 43 de la Ley 1116 de 2006, la administración está
facultada para ordenar y hacer efectiva la póliza correspondiente, e iniciar los procesos
de cobro de las obligaciones incumplidas por el importador, debido a que éste
garantizó el pago de los tributos y las sanciones a que hubiera lugar con la póliza
expedida por la actora. Además, está demostrado que en el acta de conciliación la
DIAN se reservó de manera expresa la facultad de exigir el cumplimiento de dicha
garantía en virtud del referido artículo.
Los actos administrativos se expidieron en debida forma por lo que era procedente que
se declarara el incumplimiento de la modalidad de importación temporal a largo plazo,
pues la obligación aduanera de finalizar la modalidad no se incluyó en el acuerdo de
reorganización empresarial, por lo que respecto de los tributos aduaneros y sanciones
a que hubiera lugar por la declaratoria de incumplimiento, la administración podía
ordenar hacer efectiva la garantía.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
Por auto del 3 de octubre de 202513, se admitieron los recursos de apelación y se
concedió el término previsto en los numerales 4 a 6 del artículo 247 del CPACA, para
que los sujetos procesales se pronunciaran.
El Ministerio Público14 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones de la demanda, por considerar que el acuerdo de
reorganización empresarial no suspende la facultad de la administración para declarar
el incumplimiento de la modalidad de importación, ni para hacer efectiva la garantía,
actuaciones que no constituyen un proceso de cobro, por lo que los actos acusados
se ajustaron a derecho, respetaron el debido proceso y los principios de buena fe,
transparencia y seguridad jurídica.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales se sancionó
al importador -Conciviles S.A.- por incumplir el régimen de importación temporal a largo
plazo, se determinaron los tributos aduaneros, y se ordenó hacer efectiva la póliza de
cumplimiento de disposiciones legales, expedida por la demandante.
13
Índice 4 en Samai.
14
Índice 11 en Samai.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
En los términos de los recursos de apelación interpuestos por las partes, demandante
y demandada, correspondería establecer, sin limitación15: i) si era procedente la
declaratoria de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la modalidad de
importación temporal, cuando el importador se encontraba en proceso de
reorganización y no podía finalizar dicha modalidad sin el pago previo de los tributos
aduaneros; o si, por el contrario, ii) la DIAN estaba facultada para declarar el
incumplimiento y exigir el pago de los tributos y, en la medida en que dicha obligación
no hacía parte del acuerdo de reorganización y, por ende, no se encontraba cobijada
por sus efectos.
En la actuación acusada, en concreto, en la Resolución 000123 del 22 de enero de
2018, la autoridad aduanera resolvió: i) declarar el incumplimiento del importador por
no finalizar la modalidad de importación temporal a largo plazo (art. 1); ii) sancionar al
importador por el incumplimiento y extemporaneidad en el pago de las cuotas 5 a 10,
y liquidar los tributos aduaneros ($94.773.681) con los respectivos intereses moratorios
(art. 2) y iii) hacer efectiva la póliza otorgada (art. 3). Decisión confirmada en
reconsideración.
La aseguradora demandó dichos actos por considerar, en esencia, que desconocieron
el acuerdo final del proceso de reorganización empresarial adelantado por la
Superintendencia de Sociedades, del cual hizo parte la DIAN, entidad que aceptó el
pago diferido al año 2021 de las cuotas pendientes a cargo del importador por lo que,
no existió incumplimiento, con lo cual, no podía imponerse las sanciones, cobrarse los
tributos suspendidos y hacerse efectiva la póliza otorgada.
La DIAN estima que el incumplimiento de la obligación de no finalización de la
modalidad de importación, que conllevó a la imposición de sanciones, no hizo parte
del acuerdo de acreedores, por ser una obligación que no había nacido a la vida
jurídica al momento de la expedición del auto que dio inicio al proceso de
reorganización empresarial -23 de agosto de 2013-, dado que surgió el 21 de agosto de
2015, esto es, cuando se cumplieron los cinco años autorizados para la importación
temporal, por lo que podía hacerse efectiva la póliza.
El Tribunal avaló la tesis de la administración respecto de la declaratoria del
incumplimiento al considerar que la modalidad de importación se podía finalizar sin el
pago total de los tributos aduaneros en virtud del proceso de reorganización
empresarial, siendo procedentes las sanciones y la orden de hacer efectiva la póliza,
pero consideró que el pago de dichos tributos debía excluirse de los actos acusados
por hacer parte del acuerdo de acreedores -lo que lo llevó a anular parcialmente los
artículos segundo y tercero de la resolución sanción-, aspecto que cuestionó la DIAN en el
recurso de apelación.
Se aclara que en el presente caso, al haberse realizado una declaración de importación
temporal a largo plazo de una volqueta usada para túnel de bajo perfil nació para el
importador dos obligaciones diferentes e independientes. La primera, la de pagar
tributos aduaneros en cuotas semestrales, por el término de permanencia de la
mercancía, y la segunda corresponde a finalizar la modalidad de importación, de
acuerdo con el Decreto 2685 de 1999.
15
El segundo inciso del artículo 328 del CGP, al fijar la competencia en segunda instancia, estableció que, «… cuando ambas
partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones».
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Así, sobre la primera obligación, el artículo 143 del Decreto 2685 de 1999, Estatuto
Aduanero entonces vigente, preveía que las importaciones temporales para
reexportación en el mismo estado, que fue la efectuada por el importador, pueden ser
de largo plazo, «cuando se trate de bienes de capital, sus piezas y accesorios necesarios
para su normal funcionamiento, que vengan en el mismo embarque. El plazo máximo de esta
importación será de cinco (5) años contados a partir del levante de la mercancía». (Resalta
la Sala)
Por su parte, el artículo 145 ib. precisa que los tributos aduaneros liquidados en la
declaración de importación temporal de largo plazo se distribuirán en cuotas
semestrales iguales por el término de permanencia de la mercancía en el territorio
aduanero nacional. En complemento del mencionado artículo, el artículo 146 ib.
determina que el pago de los tributos aduaneros debe realizarse en entidades
financieras habilitadas por la DIAN y en caso de incumplimiento se deben pagar
intereses moratorios.
De acuerdo con las normas enunciadas, la primera obligación que se genera en el
momento de realizarse una importación temporal de mercancías al territorio nacional
es el pago de una cuota semestral, que corresponde a tributos aduaneros.
Como obligación correlativa del importador, el régimen aduanero exige la finalización
de la modalidad de importación temporal. En ese contexto, el artículo 156 del Decreto
2685 de 1999 prevé diversas formas de terminación de dicha modalidad. Si bien una
de ellas corresponde a la modificación de la declaración de importación para
convertirla en importación ordinaria, supuesto en el cual procede el pago de los tributos
aduaneros cuando haya lugar, conforme al artículo 150 ibídem, también lo es que el
ordenamiento aduanero contempla otros eventos de finalización que no conllevan el
nacimiento de esa obligación tributaria.
En efecto, una de las formas de finalización de la importación temporal corresponde a
la reexportación de la mercancía, la cual puede efectuarse en cualquier momento
dentro del plazo autorizado y supone la salida de la mercancía del territorio aduanero
nacional, sin que ello genere el pago de tributos aduaneros. Esta figura no se restringe
a la salida definitiva de los bienes del país, sino que también comprende su envío al
exterior o a una zona franca industrial de bienes y de servicios para efectos de
reparación o reemplazo, conforme al parágrafo del artículo 303 ibídem.
Asimismo, el régimen aduanero prevé otras hipótesis de terminación de la importación
temporal que tampoco implican el pago de tributos aduaneros, como ocurre con la
destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito, evento que extingue la
obligación aduanera derivada de la permanencia del bien en el territorio nacional.
De esta manera, se advierte que el pago de tributos aduaneros no constituye un
requisito inherente ni indispensable para la finalización de la modalidad de importación
temporal a largo plazo, puesto que la normativa aplicable contempla diversos
mecanismos para definir la situación jurídica de la mercancía, algunos con pago de
tributos y otros exentos de dicha carga. Por ello, no prospera el argumento de la
demandante según el cual la terminación del régimen exige, en todos los casos, el
pago total de los tributos aduaneros.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
De otra parte, en atención a la naturaleza especial de la importación temporal y con el
propósito de garantizar la permanencia transitoria de los bienes en el territorio nacional
dentro del plazo autorizado, el artículo 147 del Decreto 2685 de 1999 estableció la
obligación de constituir una garantía a favor de la Nación, equivalente al 150% de los
tributos aduaneros. Dicha garantía tenía por objeto asegurar, al vencimiento del
término señalado en la declaración de importación, la finalización de la modalidad
mediante el pago de los tributos aduaneros, junto con los intereses moratorios y las
sanciones a que hubiere lugar.
En el evento de que la importación temporal dure más de 5 años, el artículo 147 ibidem
estableció:
«Tratándose de importaciones temporales de mercancías en arrendamiento, cuando la
duración del contrato de arrendamiento sea superior a cinco (5) años, la garantía se
constituirá con el objeto de responder, al vencimiento del quinto año o al vencimiento del
término para la cancelación de la cuota correspondiente a la mitad del plazo de los cinco
(5) años, por los tributos aduaneros, los intereses moratorios y la sanción a que haya
lugar.
En ambos casos, el objeto de la garantía también comprenderá los tributos aduaneros,
intereses y sanciones que se generen por el incumplimiento de la obligación prevista en
el inciso segundo del artículo 149 del presente decreto. (…)
PARÁGRAFO. La garantía prevista en este artículo también podrá hacerse efectiva
cuando la autoridad aduanera determine el incumplimiento en cualquiera de las cuotas
que se hayan causado hasta la mitad del plazo de importación señalado en la
declaración.»
Conforme a lo anterior, se advierte que la garantía constituida para respaldar la
importación temporal de bienes, independientemente del tiempo autorizado de
permanencia en el territorio nacional, tiene por objeto amparar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de dicha modalidad, incluyendo el pago de las cuotas que se
causen, la debida finalización de la importación y los intereses y sanciones a que haya
lugar.
En el presente caso, en la póliza de seguros expedida por mundial de seguros en
relación con la declaración de importación se estableció lo siguiente16:
«Garantizar la finalización de la importación temporal a largo plazo dentro de los
plazos señalados en la declaración y el pago oportuno de los tributos aduaneros
de acuerdo con la declaración de importación con autoadhesivo No.
01204101282501 del 21/08/2010, con aceptación No. 482010000241672 del
21/08/2010 y responder al quinto año por el pago de los tributos aduaneros, los
intereses moratorios y/o sanciones a que hubiere lugar según lo dispuesto en los
artículos 143 literal b, 145, 146, 147 y 156 del Decreto 2685 de 1999, modificado
por los artículos Nrs. 5, 6, 8 y 11 del Decreto 4136 del 10 de diciembre de 2004,
Decreto 2394 del 2002 y los artículos 98, 99, y 511 de la Resolución 4240 del 2000
y demás normas que los modifiquen o complementen.
La Compañía Mundial de Seguros renuncia expresamente al beneficio de
excusión, de acuerdo con el parágrafo del artículo 496 de la Resolución
4240/2000. (…)» (Subraya la Sala)
16
Pg. 220 a 223. Cuaderno 01 expediente digital.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
De acuerdo con la póliza transcrita, la demandante se obligó a garantizar de forma
integral la importación temporal respecto a los tributos aduaneros junto con la
finalización de la importación temporal, intereses y sanciones.
Durante el trámite del proceso se evidenció que el importador, llamado legalmente a
atender las obligaciones, fue admitido en un proceso de reorganización empresarial
en los términos de la Ley 1116 de 2006.
Como lo ha precisado la Sala17 «Acorde con el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006, el proceso
de reorganización pretende a través de un acuerdo preservar empresas viables y
normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración
operacional, administrativa, de activos o pasivos. Ahora, acorde con la específica regulación,
a partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización, no podrá admitirse ni
continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor
(art. 20 ibidem), de ahí que dicho régimen esté referido a identificar aquellos títulos que
deben calificarse y graduarse para su pago, dirigiéndose la medida a establecer nuevos
plazos para satisfacer las obligaciones de acuerdo con la prelación de los créditos, a
efectos de preservar el ente económico que ha perdido la capacidad de cumplimiento de sus
obligaciones. […] Sin embargo […] este trámite está referido a establecer nuevos plazos para
atender las deudas de títulos que para el momento de su inicio presten mérito ejecutivo, cuya
ejecución vía proceso judicial o administrativo de cobro coactivo erosionarían los recursos para
la supervivencia económica». (Resalta la Sala)
En cuanto a los créditos a favor de la DIAN, el artículo 34 de la ley de insolvencia, que
alude al contenido del acuerdo de reorganización, señala expresamente que «Los
créditos a favor de la DIAN y los demás acreedores de carácter fiscal no estarán sujetos a
los términos del estatuto tributario y demás disposiciones especiales, para efectos de
determinar sus condiciones de pago y tasas, las cuales quedarán sujetas a las resultas
del acuerdo de reorganización o de adjudicación». (Resalta la Sala)
Por su parte, el artículo 40, relativo a los efectos de los acuerdos de reorganización,
prescribe que «serán de obligatorio cumplimiento para el deudor o deudores respectivos
y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación
del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él» (Resalta la Sala)
Y el artículo 126 dispone que las normas del régimen de insolvencia establecido en la
Ley 1116 de 2006, «prevalecerán sobre cualquier otra de carácter ordinario que le sea
contraria». (Resalta la Sala)
En cuanto a la prevalencia del régimen de insolvencia sobre las demás normas y la
igualdad entre acreedores la Corte Constitucional en sentencia C- 006 de 2018 explicó:
«Con el ánimo de evitar la redundancia, la Corte advierte que en virtud de la
importancia de los principios de universalidad e igualdad del trámite de
insolvencia, particularmente relevantes en el proceso liquidatorio, el trato paritario
entre los acreedores se convierte en la piedra angular del proceso concursal y
constituye una regla acogida por la jurisprudencia constitucional.
Por otra parte, y en concordancia con lo sostenido por el Ministerio Público, la
preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial responde a la
17
Sentencias del 14 de noviembre de 2024, Exp. 26740, C.P. Wilson Ramos Girón, y del 6 de noviembre de 2025, Exp. 29226,
CP. Luis Antonio Rodríguez Montaño
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
naturaleza universal del proceso, característica que lo dota de efectividad y sin la
cual sería inoficioso acudir a él, pues una vez iniciado el proceso, no puede
admitirse demanda alguna en la cual se pretenda la apertura de otro proceso
concursal o de reorganización. La naturaleza y principios del trámite de insolvencia
exigen evitar la dispersión procesal y normativa, y unificar el trámite bajo un mismo
régimen.
En ese sentido, la Corte Constitucional reitera que las diferencias entre los grupos
de acreedores propuestos por el actor, no tienen relevancia para su participación
en el proceso liquidatorio, y por lo tanto, son sujetos con similitudes que exigen un
trato igual por parte de la ley. El carácter igualitario con que deben ser tratados
todos los acreedores y que excluye la aplicación de normas que favorezcan o
discriminen a algunos entre ellos, resulta acorde por lo tanto con los postulados
constitucionales y coherente con el contexto normativo, a efectos de lograr la más
amplia cobertura posible con los bienes del deudor, sin ventajas ni
discriminaciones de ningún tipo.» (Subraya la Sala)
De acuerdo con el criterio expuesto, la igualdad entre acreedores es necesaria en un
proceso de insolvencia, para que se cumplan con los principios de universalidad e
igualdad, que son pilares de dicho régimen.
Descendiendo al caso concreto, son hechos probados los siguientes:
El 21 de agosto de 2010, Conciviles S.A. -sociedad que se vinculó a este proceso e
intervino como litisconsorte necesario-, introdujo al país, bajo la modalidad de importación
temporal a largo plazo, una volqueta usada para túnel de bajo perfil, y presentó la
declaración de importación 01204101282501 con levante 482010000229951 del 26 de
agosto de 201018; los tributos aduaneros liquidados se pagarían en 10 cuotas, y la
finalización de la importación se daría el 26 de agosto de 2015.
Para amparar el cumplimiento de la obligación de finalizar la modalidad de importación
y cancelar la totalidad de los tributos aduaneros, se otorgó la póliza No. C-
10000007046 del 25 de agosto de 2010, expedida por la parte demandante 19.
El importador pagó las cuotas 1 a 4, no así las cuotas 5 a 10 debido a que por auto
400-014355 del 23 de agosto de 201320, fue admitido por la Superintendencia de
Sociedades a un proceso de reorganización empresarial regido por la Ley 1116 de
2006, el cual culminó con el acuerdo suscrito con los acreedores, entre ellos, la DIAN.
En el acta de conciliación de objeciones del 12 de marzo de 2014, se acordó con la
DIAN que se incluirían algunas obligaciones tributarias y aduaneras, entre ellas, las
que se derivaban de la declaración de importación cuestionada. En efecto, en dicha
acta21 se hizo constar lo siguiente:
«[…]
ACTA DE CONCILIACIÓN
[…]
Así mismo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales acepta que el valor total
adeudado a esta dirección por concepto de obligaciones Cambiarias y Aduaneras […]
da un valor total adeudado de $1.976.205.933. […].
18
Pg. 212-213. Cuaderno 02 expediente digital.
19
Pg. 220 a 223. Cuaderno 01 expediente digital.
20
Pg. 207 a 212. Cuaderno 02 expediente digital.
21
Pg. 27 a 29. Cuaderno 02 expediente digital.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
En desarrollo de la conciliación se dejó expresa constancia que las declaraciones de
importación antes indicadas se causaron con anterioridad a la fecha en la cual
CONCIVILES S.A. fuera admitida al proceso de reorganización, por lo que su pago se
supedita a lo que se apruebe en el acuerdo de acreedores.
Sin perjuicio de lo anterior, dado que sobre las obligaciones Cambiarias y/o Aduaneras en
cuantía $1.976.205.933 existen garantías otorgadas por un tercero (Mundial de Seguros),
la DIAN, en desarrollo de lo previsto en el artículo 28 de la ley 1116 de 2006, en
concordancia con el numeral 6 del artículo 43 de la misma ley -relativo a la
conservación y exigibilidad de garantías-, se reserva el derecho de exigir el
cumplimiento de tales garantías. […]» (Resalta y subraya la Sala)
En la relación con las deudas asociadas a las importaciones temporales a largo plazo
efectuadas por Conciviles se incluyó la declaración en estudio, así:
RADICADO DEL PÓLIZA FECHA DE CUOTAS CUOTAS DEUDA TOTAL CIUDAD DEL
BANCO LEVANTE VENCIDAS POR PAGO
AL 22 DE VENCER
AGOSTO
DE 2013
01204101282501 C-0000007046 26/08/2010 […] [….] […] CARTAGENA
Total: $1.976.205.933
En cuanto al plazo para el pago de dichas obligaciones, en el artículo 9 del acuerdo de
reorganización empresarial22, se estableció lo siguiente:
«Artículo 9. PAGO DEL PASIVO OBJETO DEL ACUERDO. […].
9.2. PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES. Las OBLIGACIONES FISCALES a favor
de entidades públicas por concepto de impuestos incluidas en el auto de calificación y
graduación de créditos, previa depuración y compensación de los saldos adeudados por
y a CONCIVILES S.A. se pagarán en dos (2) cuotas iguales los días cinco (5) de
marzo y cinco (5) de julio del año 2021. […]». (Resalta la Sala)
En relación con las garantías de las obligaciones cambiarias y aduaneras, en el Acta
de Conciliación de Objeciones del 12 de marzo de 2014, suscrita dentro del proceso
de reorganización, se consignó lo siguiente:
«Sin perjuicio de lo anterior, dado que sobre las obligaciones Cambiarias y/o
Aduaneras en cuantía $1.976.205.933 existen garantías otorgadas por un tercero
(Mundial de Seguros), la DIAN, en desarrollo de lo previsto en el artículo 28 de la ley
1116 de 2006, en concordancia con el numeral 6 del artículo 43 de la misma ley -relativo
a la conservación y exigibilidad de garantías-, se reserva el derecho de exigir el
cumplimiento de tales garantías.
Para el efecto, en caso de que el tercero proceda al pago en nombre de CONCIVILES
de las obligaciones amparadas con garantía, operará la subrogación a la que se refiere
el artículo 28 de la ley 1116 de 2006, según el cual ‘…La subrogación legal o cesión de
créditos traspasan al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y
accesorios en los términos del artículo 1670 del Código Civil. El adquirente de la
respectiva acreencia será titular también de los votos correspondientes a ella.». (Resalta
la Sala)
El anterior acervo probatorio permite establecer que el plazo máximo para la
finalización de la importación y el pago total de los tributos aduaneros vencía el 26 de
agosto de 2015. No obstante, dicho término fue modificado mediante el acuerdo de
22
Pg. 283 a 316. Cuaderno 02 expediente digital.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
reorganización, instrumento en el que, además, se reconoció expresamente que la
DIAN se reservaba la facultad de hacer efectiva la póliza de seguros.
Por lo anterior, resulta procedente que la DIAN mediante la Resolución No. 000123 del
22 de enero de 2018 declarara el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la
importación temporal en discusión e hiciera exigible la póliza de cumplimiento, para
garantizar el pago de la sanción por no finalizar el régimen del 5% del valor FOB por
$32.254.178, sanción por extemporaneidad de $4.738.655 y la suma por tributos
aduaneros de $94.773.681.
De modo que, para la Sala aun cuando las obligaciones aduaneras derivadas de las
declaraciones de importación fueron incluidas dentro del acuerdo de reorganización y
su pago quedó sometido a las condiciones allí pactadas, la DIAN en el Acta de
Conciliación de Objeciones del 12 de marzo de 2014 dejó expresamente consignada
su reserva para exigir el cumplimiento de las garantías que amparaban dichas
obligaciones, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su eventual pago por
parte del garante.
En ese contexto, dicha estipulación no constituye una manifestación aislada de
voluntad de la administración, sino que hace parte integral de los actos que
estructuraron el acuerdo de reorganización empresarial, razón por la cual sus efectos
deben analizarse a la luz del régimen especial previsto en la Ley 1116 de 2006. En
particular, los artículos 34 y 40 de dicha normativa que disponen que el acuerdo de
reorganización y las decisiones que integran su formación resultan obligatorios para el
deudor y para todos los acreedores, incluidos aquellos que no hubieren participado en
su negociación.
Adicionalmente, el artículo 126 ibidem establece que las normas del régimen de
insolvencia prevalecerán sobre cualquier otra disposición de carácter ordinario que les
sea contraria, lo que implica que las condiciones y reservas expresamente
consignadas dentro del acuerdo y en las actuaciones que hacen parte de su
construcción deben regir las relaciones entre las partes durante la vigencia del mismo.
En este orden de ideas, se advierte que en el proceso de insolvencia se acordó, que
el pago de tributos aduaneros se debió realizar en dos cuotas en el año 2021, por lo
que, en principio no podían ser cobrados por la DIAN en los actos demandados. Sin
embargo, como en dicho proceso la demandada se reservó el derecho de exigir el
cumplimiento de garantías podía cobrar todos los conceptos, incluidos tributos
aduaneros, sanciones e intereses a la entidad aseguradora, por lo que resultaba
procedente hacer efectiva la póliza, como lo hizo la DIAN en los actos administrativos
demandados.
Lo anterior difiere de lo establecido por el Tribunal en el fallo de primera instancia, ya
que la DIAN se encontraba facultada para ejecutar la póliza de seguro al haberse
reservado el derecho de exigir dicha garantía en el proceso de reorganización
empresarial. En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia y se negarán
las pretensiones de la demanda.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2018-00754-01 (29973)
Demandante: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Costas en segunda instancia
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 365 del CGP, aplicable por
remisión expresa del artículo 188 del CPACA23, y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la condena en
costas en esta instancia a la parte demandante toda vez que se revocará en su
totalidad la sentencia dictada por el Tribunal. Al efecto, se tasan las agencias en
derecho en un (1) SMMLV, por lo que se ordenará al tribunal tramitar el respectivo
incidente de liquidación de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas
en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. Revocar la sentencia del 30 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, Sala de Decisión No. 7, en su lugar se establece:
«PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.»
2. Condenar en costas a la demandante en segunda instancia. En consecuencia,
ordenar al Tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta sentencia.
Notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
23
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.