Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2019-00036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00036-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00036-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
12 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Doce (12) de Febrero de Dos mil Veintiséis (2026)
Radicado: 13001-23-33-000-2019-00036-01 (5441-2024)1
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Indemnización sustitutiva pensión de vejez
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6, que negó las pretensiones de
la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
El señor Pablo Tobar Bernal, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de la Resolución No. 5690
del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio de la cual, negó el
pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
1
Expediente electrónico.
2
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«01ActuacionesD01», páginas 1 a 8.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez por la suma de Ciento Nueve Millones
Trescientos Veintiséis Mil Quinientos Sesenta y Ocho Pesos con Cuarenta y Un Centavos
($109.326.568,41), por haber laborado como docente oficial al servicio de la secretaría
de educación del distrito de Cartagena, desde el Dos (2) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Uno (1991) hasta el Treinta (30) de julio del Dos Mil Seis (2006); (ii) el pago
de todas las sumas adeudadas, conforme al índice de precios al consumidor en los
términos del artículo 187 CPACA; (iii) el cumplimiento de la sentencia y el pago de los
intereses moratorios causados de conformidad con el artículo 192 del CPACA y; (iv) la
condene en costas a la demandada.
1.1. 2 Hechos
El señor Pablo Tobar Bernal, nació el Diecisiete (17) de agosto de Mil Novecientos
Cuarenta y Uno (1941), es decir que, para la fecha de la presentación de la demanda3,
contaba con Setenta y Siete (77) años de edad.
Adujo que, laboró como docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, desde el Dos (2) de abril de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991) hasta el
Treinta (30) de julio de Dos Mil Seis (2006).
Enfatizó que, fue nombrado como docente oficial por medio del Decreto No. 203 del
Quince (15) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991), proferido por el Distrito
de Cartagena de Indias y, que ejerció sus labores en la Institución Educativa Hermano
Antonio Ramos de La Salle.
Expuso que, el Cuatro (4) de junio de Dos Mil Seis (2006), presentó renuncia voluntaria
ante la Secretaría de Educación Distrital, la cual fue aceptada a través del Decreto No.
0549 del Treinta (30) de julio de Dos Mil Seis (2006).
Manifestó que, durante su vinculación, prestó sus servicios de forma continua por Quince
(15) años, Tres (3) meses y Veinticuatro (24) días, como docente oficial del Distrito de
Cartagena de Indias. Sin embargo, señaló que, actualmente no se encuentra en
posibilidad de continuar cotizando con el fin de acceder a la pensión de vejez.
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22 de enero de 2019.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Mencionó que, a través de radicado 2016PQR10533 del Siete (7) de julio de Dos Mil
Dieciséis (2016), solicitó a la Secretaría de Educación Distrital el reconocimiento y pago
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante
Resolución No. 5690 del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017), al
considerar aplicable la Ley 33 de 1985, que no prevé devolución de aportes ni dicha
indemnización.
1.2. Concepto de violación
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes:
Constitución Política, artículos 2, 13, 23, 29, 89, y 94, Ley 100 de 1993, artículo 37; 446
de 1998; 640 de 2001 y; Ley 1437 de 2011, artículo 86 y Decreto 1730 de 2001.
Señaló que, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, reconoce la indemnización sustitutiva
de la pensión de vejez a quienes, habiendo alcanzado la edad pensional, no completaron
las semanas mínimas de cotización y manifiestan su imposibilidad de continuar
aportando.
Finalmente, adujo que, la jurisprudencia del Consejo de Estado, entre ellas, la del
Veintiséis (26) de octubre de Dos Mil Seis (2006), proferida dentro del expediente con
radicado 4109-04, sostuvo que, admitir la negativa al reconocimiento de la indemnización
sustitutiva da lugar a un enriquecimiento sin causa, en la medida en que el derecho
pensional se origina en los aportes efectuados por el trabajador a las entidades de
previsión durante un lapso determinado, los cuales constituyen el soporte económico
destinado a financiar la prestación pensional.
2. Contestación de la demanda4
La parte demandada guardó silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
4
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«ED_20190090100(.zip)», página 45.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
3. Sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6, mediante sentencia del
Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintitrés (2023), negó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.
Como fundamento de la decisión, adujo que, la Ley 100 de 1993, en su artículo 279,
excluye de su aplicación al personal docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, aunado que, la Ley 812 de 2003, estableció que, el régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al
servicio público educativo oficial, será el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de esa ley.
Señaló que, el reconocimiento y pago de prestaciones laborales o sociales a un docente
como el demandante, afiliado al Fomag, debe sujetarse al régimen especial previsto en
la normativa que regula dicha materia, por lo que, la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez reclamada, no le resulta aplicable y, por ende, no le asiste el derecho a
su reconocimiento.
De otra parte, citó lo expuesto en la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, del Siete (7) de noviembre del Dos Mil Dieciséis (2016)6, con el fin
de resaltar que, «[…] una situación regulada por un régimen especial, se le aplica una disposición más
favorable del régimen general, únicamente cuando dicha situación es reglamentada en ambos regímenes.
Pero en el caso de los docentes, lo que existe es un vacío normativo ya que el régimen especial
sencillamente no consagró a su favor la figura de la indemnización sustitutiva de pensión».
En ese sentido, descartó la aplicación del principio de favorabilidad, al no existir dos
institutos normativos a partir de los cuales deba favorecerse uno en detrimento del otro,
sino la ausencia de una norma que reconozca al demandante el derecho a la
indemnización sustitutiva. Igualmente, rechazó el argumento según el cual, la falta de
límite temporal en la Ley 100 de 1993, permitiría reconocer dicha prestación a quienes
cotizaron o trabajaron antes de su vigencia, con independencia del régimen aplicable, al
sostener que, dicha ley tiene un ámbito temporal definido y que, en concordancia, con la
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Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«23SentenciaPrimeraInstancia».
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Radicado 68001-23-33-000-2014-00274-01(0965-2016), C.P Gabriel Valbuena Hernández.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Ley 812 de 2003, la situación prestacional de los docentes continúa rigiéndose por el
régimen especial del Magisterio.
En consecuencia, concluyó que, al no existir norma que reconozca la indemnización
sustitutiva en dicho régimen, no es posible predicar enriquecimiento sin causa por parte
de la entidad demandada.
4. El recurso de apelación7
El señor Pablo Tobar Bernal, por intermedio de apoderado judicial, impetró recurso de
apelación, contra la sentencia de primera instancia, en procura que se revoque lo allí
decidido y, en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la alzada, adujo que, el Tribunal desconoció el principio de
favorabilidad y la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, al haber negado la
indemnización sustitutiva con fundamento en el carácter exceptuado del régimen
docente, sin valorar que, la jurisprudencia constitucional y contenciosa, es procedente
aplicar retrospectivamente la Ley 100 de 1993, cuando la situación jurídica no se ha
consolidado y el régimen general resulta más favorable para garantizar el derecho a la
seguridad social, incluso cuando las cotizaciones se realizaron con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Alegó que, el A-quo, interpretó de manera errónea el vacío normativo del régimen
especial del Magisterio, al considerar que, el silencio del régimen especial frente a la
indemnización sustitutiva impide acudir al régimen general, pese a que, la jurisprudencia
ha señalado que, dicho vacío no puede traducirse en la negación de derechos ni en un
enriquecimiento sin causa por parte del Estado.
Finalmente, expuso que, negar la devolución de los aportes efectuados por el docente,
pese a no haber consolidado pensión, desconoce el carácter parafiscal de dichos
recursos y vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, generando un beneficio
injustificado a favor de la entidad demandada.
5. Trámite de segunda instancia
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Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«26RecursoApelación».
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Por medio de auto del Veintiuno (21) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA
y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio
Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este proceso,
de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del CPACA.
Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General del Proceso
(CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le corresponde
a la Sala establecer, si se revoca la sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión No. 6, que negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto se analizará
si al señor Pablo Tobar Bernal, le asiste el derecho del reconocimiento de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la Ley 100
de 1993.
Con el propósito de desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Pruebas recaudadas; y 2.3 Caso
concreto.
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Samai - índice 00004.
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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia».
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
2.1. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1 De la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez10.
El artículo 48 constitucional garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
seguridad social, que comporta un servicio público de carácter obligatorio que se presta
con sujeción, entre otros principios, al de universalidad, definido por el artículo 2 de la
Ley 100 de 1993, como la «[…] garantía de la protección para todas las personas, sin ninguna
discriminación, en todas las etapas de la vida». De igual manera, la Corte Constitucional11 ha
precisado que el derecho a la seguridad social es un derecho constitucional fundamental,
en razón a su estrecha relación con los derechos a la vida, trabajo y salud.
En tal sentido, el artículo 46 superior prevé que el Estado garantizará a las personas de
la tercera edad los servicios de seguridad social integral; por su parte, el 47 impone al
Estado la obligación de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración
social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; y el 53, al establecer los
principios mínimos fundamentales que debe contener el estatuto del trabajo, incluye la
garantía a la seguridad social.
Ahora bien, debe recordarse que, ante la imposibilidad de algunas personas de acceder
a una pensión por no tener las suficientes cotizaciones o aportes que exige la normativa
para tal fin, pese a contar con la edad, el legislador previó una prestación de
compensación denominada indemnización sustitutiva12.
Dicha prestación fue inicialmente concebida para los afiliados del entonces Instituto de
Seguros Sociales (ISS)13, a través del Decreto 3041 de 19 de diciembre de 196614, que
señalaba:
10
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), 05001-23-33-000-2020-02367-
01 (6722-2023)
11 Al respecto, consultar las sentencias C-134 y T-011 de 1993, M. P. Alejandro Martínez Caballero, y T-116 y T-356 de 1993, M. P.
Hernando Herrera Vergara.
12 Figura que, mutatis mutandis, en el régimen de ahorro individual con solidaridad corresponde a la devolución de saldos. Artículo
66 de la Ley 100 de 1993: «Quienes a las edades previstas en el artículo anterior no hayan cotizado el número mínimo de semanas
exigidas, y no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho
a la devolución del capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el valor del bono
pensional, si a éste hubiere lugar, o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho».
13 Es de anotar que antes de la entrada en vigor de la Carta Política de 1991 y la Ley 100 de 1993, no había un sistema integrado
de seguridad social, sino que existían diferentes regímenes administrados por diversas entidades, que para el caso de los servidores
públicos estaba a cargo de la liquidada Cajanal, cajas de los entes territoriales e instituciones oficiales a cargo del manejo específico
de otros sectores (ver sentencia T-719 de 2011 de la Corte Constitucional, M. P. Nilson Pinilla Pinilla).
14 «Por el cual se aprueba el reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte».
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Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
“Artículo 1o. Apruébase el reglamento general del seguro de invalidez, vejez y muerte, expedido
por el consejo directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales mediante el acuerdo
número 224 de 1966, que a la letra dice: […]
Artículo 24. Si al momento del fallecimiento, el asegurado no tuviera el número de semanas de
cotización o la densidad de cotizaciones requeridas para dejar derecho a pensiones de
sobrevivientes, se otorgará a sus herederos, una indemnización igual a una vez el valor de la
mensualidad de la pensión de invalidez que le habría correspondido en esa fecha al causante,
por cada veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas, sin que el mínimo pueda ser inferior
a doce (12) mensualidades.
Esta indemnización se distribuirá entre los deudos en la misma proporción en que habría
correspondido hacerlo con las pensiones de sobrevivientes.
Parágrafo. Esta indemnización solamente se aplicará a los trabajadores que ingresen al instituto
por primera vez con posterioridad a los primeros tres (3) años de iniciación del seguro de
invalidez, vejez y muerte”.
Y en el Decreto 758 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo número 049 de febrero
1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios, señaló en
su artículo 14:
“Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido las
edades mínimas exigidas para adquirir el derecho a la pensión de vejez, se retiraren
definitivamente de las actividades sujetas al seguro social y no hubieren acreditado el número
mínimo de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se cause, percibirán en
sustitución, por cada veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas, una indemnización
equivalente a una mensualidad de la pensión por invalidez permanente total que les hubiere
correspondido en el supuesto de haberse invalidado al cumplimiento de la respectiva edad.
Para conceder esta indemnización se requiere, que no hayan transcurrido más de diez (10)
años entre el período a que corresponde la última cotización acreditada y la fecha de
cumplimiento de las edades para adquirir el derecho a la pensión de vejez, y que el asegurado
tenga acreditadas no menos de cien (100) semanas de cotización.
Parágrafo. Las personas que en cualquier tiempo reciban la indemnización de que trata este
artículo, no podrán ser inscritas nuevamente en el seguro de vejez, invalidez y muerte. Las
semanas tenidas en cuenta para efectos de la indemnización, no se computarán para la pensión
de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988.
Como se observa, consistía en una prestación que no podía disfrutar el trabajador en vida, sino
los beneficiarios ante su deceso, una vez acreditaran que no se colmaban los requisitos para
acceder a la pensión de sobrevivientes”.
Luego, con el artículo 37 de la Ley 100 de 1993, se estableció la denominada
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, así:
“Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez no hayan
cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su imposibilidad de continuar cotizando,
tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así
obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado
el afiliado”.
En este orden de ideas, la indemnización sustitutiva se constituye como una de las
prestaciones del sistema general de seguridad social en pensiones a la que pueden
acceder quienes, pese a haber cumplido la edad de pensión, no han completado el
número de semanas cotizadas requeridas para ello. En todo caso, exige del afiliado,
quien se retira del sistema, manifestar su imposibilidad de cotizar15.
La anterior disposición fue reglamentada por el artículo 3 del Decreto 1730 de 200116,
que fijó la fórmula para liquidar la referida indemnización. Así mismo, reiteró que «[h]abrá
lugar al reconocimiento de la indemnización sustitutiva prevista en la Ley 100 de 1993, por parte de las
Administradoras del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, cuando con posterioridad a la
vigencia del Sistema General de Pensiones […]», el «[…] afiliado se retire del servicio habiendo cumplido
con la edad, pero sin el número mínimo de semanas de cotización exigido para tener derecho a la pensión
de vejez y declare su imposibilidad de seguir cotizando» (artículo 1º).
Cabe precisar que, aunque dicha normativa señala que, los requisitos de la
indemnización sustitutiva se deben consolidar con posterioridad a la entrada en vigor del
sistema general de seguridad social en pensiones (1 de abril de 1994 o 30 de junio de
1995, para las entidades territoriales), tanto esta Corporación17 como la Corte
Constitucional18 han sostenido que su reconocimiento es procedente así no se haya
estado afiliado al sistema y el vínculo laboral termine antes de dicha fecha.
2.2. Pruebas recaudadas.
i) Cédula de ciudadanía de extranjería19 del señor Pablo Tobar Bernal, que da cuenta,
que nació el Diecisiete (17) de agosto de Mil Novecientos Cuarenta y Uno (1941).
ii) Decreto 203 del Quince (15) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991)20, por
medio del cual, el secretario de educación, cultura y recreación y, el gobernador de
15 Ver sentencias T-861 de 2014, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, y T-596 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo,
entre otras.
16
«Por medio del cual se reglamentan los artículos 37, 45 y 49 de la Ley 100 de 1993 referentes a la indemnización sustitutiva del
régimen solidario de prima media con prestación definida».
17
Consejo de Estado, sentencias de (i) 14 de abril de 2005, expediente: 11001-03-25-000-2003-00112-01 (477-03), C. P. Ana
Margarita Olaya Forero; y (ii) 14 de agosto de 2008, sección segunda, expediente 7257-05, C. P. Alfonso Vargas Rincón.
18
Entre otros, fallos T-529 de 2009, T-385 de 2012 y T-308 de 2013.
19
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«01ActuacionesD01», página 9.
20
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«01ActuacionesD01», página 10.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Bolívar, nombran al demandante en el cargo de profesor, código 7500-10, especialidad
filosofía y letras, en la jornada adicional La Salle de Cartagena y; acta de posesión21.
iii) Declaración extraproceso del Veinticuatro (24) de febrero de Dos Mil Dieciséis
(2016),22, donde el señor Pablo Tobar Bernal, señala que no se encuentra en la capacidad
de continuar cotizando por su avanzada edad.
iv) Solicitud del Siete (7) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016)23, por medio de la cual el
actor pidió el reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, la
cual fue atendida mediante oficio 2017EE1772 del Veintidós (22) de mayo de Dos Mil
Diecisiete (2017)24, por la secretaria de educación distrital de Cartagena de Indias, donde
le informa que su solicitud permanece en estado de suspensión, debido a irregularidades
detectadas en la inscripción en NURF II y que, pese al envío de los documentos a
Fiduprevisora S.A, no se registra actualización a la fecha.
v) Formato Único para la expedición del certificado de Historia Laboral del Nueve (9) de
marzo de Dos Mil Dieciséis (2016)25, expedido por el Fondo de Prestaciones del
Magisterio, de la Secretaría de Educación del Distrito de Cartagena de Indias; que señala
que el accionante prestó sus servicios como docente de básica secundaria, escalafón 13,
nombrado en propiedad desde el Dos (2) de abril de Mil Novecientos Noventa y Uno
(1991) hasta el Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Seis (2006).
21
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«01ActuacionesD01», página 11.
22
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«05RespuestaRequerimientoPrueba», página 36.
23
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«05RespuestaRequerimientoPrueba», páginas 47 a 52.
24
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«05RespuestaRequerimientoPrueba», página 25.
25
Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«01ActuacionesD01», página 12.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
vi) Reiteración a la solicitud de reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la
pensión de vejez, mediante escrito del Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Diecisiete
(2017)26.
vii) Resolución No. 5690 del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017)27, por
medio de la cual, la secretaría de educación distrital de Cartagena, niega la solicitud de
reconocimiento de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al actor.
viii) Certificado de salarios por parte de la secretaría de educación del distrito de
Cartagena de Indias28, del Primero (1) de noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017), donde
se enlista los factores salariales devengados por el demandante desde el Primero (1) de
enero de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996) hasta el Veinticinco (25) de julio de Dos
Mil Seis (2006).
ix) Certificado de información laboral para bonos pensionales y pensiones, expedido por
la secretaría de educación distrital de Cartagena de indias, el Doce (12) de junio de Dos
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Índice 002 de Samai, expediente digital, carpeta «5ED_EXPEDIENTE_13001233300020190003(.zip)», archivo
«05RespuestaRequerimientoPrueba», página 24.
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«01ActuacionesD01», páginas 17 a 18.
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«01ActuacionesD01», páginas 14 a 16.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Mil Dieciocho (2018)29, donde se certifica que el accionante trabajó para la secretaría
desde el Dos (2) de abril de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991) hasta el Veinticinco
(25) de julio de Dos Mil Seis (2006).
x) Certificado de salarios por parte de la secretaría de educación de Bolívar, del Siete (7)
de marzo de Dos Mil Veintitrés (2023)30, donde se enlista los factores salariales
devengados por el actor desde el Primero (1) de enero de Mil Novecientos Noventa y Uno
(1991) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Noventa y Cinco
(1995).
2.3. Caso concreto.
Con miras a resolver el problema jurídico planteado, teniendo en cuenta los elementos de
prueba allegados al proceso, tenemos acreditado que:
El señor Pablo Tobar Bernal, nació el Diecisiete (17) de agosto de Mil Novecientos
Cuarenta y Uno (1941); por lo que, al momento de la reclamación administrativa tenía
más de 74 años de edad.
Igualmente, en el presente caso se encuentra acreditado que, laboró como docente
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desde el Dos (2) de
abril de Mil Novecientos Noventa y Uno (1991) hasta el Veinticinco (25) de julio de Dos
Mil Seis (2006); para un total de servicio al sector público docente de Quince (15) años,
Tres (3) meses y Veintinueve (29) días.
Asimismo, que no tiene derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación bajo las
Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, pues no cumplió con los 20 años de servicio; de allí que,
el actor manifestara su imposibilidad de continuar cotizando.
El demandante, el Siete (7) de julio de Dos Mil Dieciséis (2016), solicitó el reconocimiento
de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, siendo negada por medio de la
Resolución No. 5690 del Veintisiete (27) de julio de Dos Mil Diecisiete (2017)31, al
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«01ActuacionesD01», página 22.
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«14RespuestaOficio0367», páginas 4 a 6.
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«01ActuacionesD01», páginas 17 a 18.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
considerarse que, los docentes que se encuentran exceptuados de la aplicación de la Ley
100 de 1993 y que, por haber laborado en el sector educativo entre 1991 y 2006, con
anterioridad al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, le resulta aplicable la Ley 33 de 1985,
norma que no contempla la indemnización sustitutiva ni la devolución de aportes, por lo
que, no procede el reconocimiento de la prestación.
Respecto del derecho a la indemnización sustitutiva, esta Subsección32 ha señalado que,
para el reconocimiento de la aludida indemnización únicamente es necesario que el «ex
servidor público»: (i) haya cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, sin haber
cotizado el mínimo de semanas requerido y; (ii) manifieste la imposibilidad de continuar
con los aportes a pensión; Circunstancias que se cumplen en el caso bajo estudio, por
cuanto al alcanzar los 74 años de edad al momento de reclamar dicha indemnización,
permite advertir su imposibilidad para seguir cotizando en algún fondo pensional.
Igualmente, la Sala ha reiterado que33, para efectos del reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no es procedente exigir que el
cumplimiento de la edad para adquirir la pensión se dé durante la vinculación laboral, ni
mucho menos que, las cotizaciones para pensión se hayan realizado con posterioridad a
la entrada en vigor del sistema general de seguridad social (1º. de abril de 1994), como
lo ha expresado la Corte Constitucional, «[…] es inválida cualquier interpretación restrictiva en la
cual se establezca como requisito adicional para acceder a la indemnización sustitutiva que el afiliado haya
cotizado al sistema a partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993 o que al momento de la desvinculación
del trabajador éste haya cumplido con la edad exigida para acceder a la pensión de vejez 34, pues ello (i)
contradice de manera directa los artículos 48, 49 y 366 de la Constitución Política, (ii) propicia un
enriquecimiento sin justa causa de la entidad a la cual se efectuaron los aportes 35 y (iii) vulnera el principio
constitucional de favorabilidad en materia laboral, expresamente previsto en el artículo 53 Superior» 36.
Ahora bien, sobre la aplicación del régimen general a los sectores que hacen parte de los
regímenes especiales, esta Sala37 analizó el caso de un miembro de la Fuerza Pública el
cual está exento de la Ley 100 de 1993 en virtud de su artículo 279 ibidem, y concluyó
que, «[…] si bien los miembros de la Fuerza Pública están exentos de la Ley 100 de 1993 en virtud de su
artículo 279 ibidem, es posible que excepcionalmente se rijan por ella gracias al principio de favorabilidad
32
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, veintidós (22) de agosto de dos mil veinticuatro (2024), 76001-23-33-000-2015-00855-
01 (0761-2023).
33
Ibid.
34
«Sentencia T-850 de 2008, entre otras».
35
«Sentencia T-850 de 2008 y T-238 de 2009».
36
Sentencia T-529 de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
37
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025), 66001-23-33-000-2021-00024-01 (3400-
2024).
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Número Interno: 5441-2024
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en aquellos casos en que el régimen especial no consagre la prestación solicitada, como en el caso bajo
estudio, el pago de la indemnización sustitutiva por vejez, conforme lo preceptúa el artículo 288 de la Ley
100 de 1993, «[…] Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor
público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida
que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre
que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley».
Además, la Corte Constitucional en sentencia T-321/25 del Veintiocho (28) de julio de
Dos Mil Veinticinco (2025)38, expuso que: «[…] (ii) la falta de afiliación a alguno de los regímenes
pensionales creados en la Ley 100 de 1993 no es obstáculo para el reconocimiento de esta prestación; […]
(iv) el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva constituye una obligación de orden público y
de aplicación inmediata, esto es, sin condicionamientos derivados de la afiliación al sistema o fecha de
retiro».
En este caso, se evidencia que, el actor prestó sus servicios como docente afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, desde el Dos (2) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Uno (1991) hasta el Veinticinco (25) de julio de Dos Mil Seis
(2006); para un total de servicio al sector público docente de Quince (15) años, Tres (3)
meses y Veintinueve (29) días, circunstancia que, no puede pasar inadvertida para la
concesión de la prestación pedida, toda vez que, fueron deducciones que se le realizaron,
y por ende, su desconocimiento implica un enriquecimiento sin justa causa39 por parte de
los entes empleadores, aunado a que, el actor es un sujeto de especial protección
constitucional, pues, en la actualidad cuenta con 84 años de edad40. Siendo procedente
la excepción en aplicación al principio de favorabilidad previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política y contenido en el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 41, como esta
Sala ha desarrollado en otros casos de regímenes especiales42.
38
M.P Vladimir Fernández Andrade.
39
Sentencia T-471/17. M.P Gloria Stella Ortiz Delgado. «La prohibición del enriquecimiento sin causa, por lo que si un afiliado no
cumplió con los requisitos para ser beneficiario de la pensión de vejez, debe garantizarse el retorno de los aportes efectuados al
sistema. Por tal razón, la ausencia de reconocimiento de la prestación solicitada, implica la retención de las contribuciones realizados
por aquel, por lo que la entidad competente tiene a su favor un activo sin causa que lo justifique».
40
Sentencia T-321/25. M.P Vladimir Fernández Andrade. «La seguridad social es un derecho fundamental de carácter irrenunciable
(art. 48 C.P.) que adquiere una especial relevancia cuando se trata de personas adultas mayores, quienes deben ser objeto de un
trato prioritario por parte del Estado (art. 46 C.P.). La Corte ha reconocido que este derecho no puede ser entendido como una mera
expectativa, sino como una prestación indispensable para asegurar una existencia digna, particularmente, frente a quienes se
encuentran en situación de desprotección material».
41
«ARTÍCULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores. Todo trabajador privado u
oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier
norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma materia, siempre
que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley».
42
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, tres (03) de julio de dos mil veinticinco (2025), 66001-23-33-000-2021-00024-01 (3400-
2025).
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Número Interno: 5441-2024
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Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
En tales condiciones, considera la Sala que, al demandante le asiste el derecho a la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, conforme al artículo 37 de la Ley 100
de 1993 y los parámetros del artículo 3º del Decreto 1730 de 2001.
Vistas así las cosas, la Sala revocará la sentencia apelada que negó las pretensiones de
la demanda, y en consecuencia, anulará la Resolución No. 5690 del Veintisiete (27) de
julio de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio del cual la secretaría de educación distrital
de Cartagena, negó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al demandante y
se ordenará su reconocimiento en proporción al tiempo laborado en Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, de conformidad con el artículo 37 de la
Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario No. 1730 de 2001.
No obstante, sin ánimo de quebrantar el derecho al debido proceso la Nación – Ministerio
de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag, y por tratarse el actor de un sujeto de especial protección constitucional, pues,
en la actualidad cuenta con 84 años de edad, se exhortará a estas entidades para que le
dé prioridad y le reconozca el derecho a este, en atención a que se trata de un sujeto de
especial protección constitucional, dado que, en la presente providencia quedó sentado que
a él le asiste el derecho.
2.4 Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 6, que
negó las pretensiones de la demanda, en el proceso instaurado por el señor Pablo Tobar
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Bernal contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, por las razones expuestas en la parte
motiva; y en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 5690 del Veintisiete (27) de julio
de Dos Mil Diecisiete (2017), por medio de la cual la secretaría de educación distrital de
Cartagena, negó la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho,
ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, el reconocimiento y pago de la
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a que tiene derecho el señor Pablo Tobar
Bernal, en proporción al tiempo laborado, de conformidad con el artículo 37 de la Ley 100
de 1993 y su Decreto Reglamentario No. 1730 de 2001.
EXHORTAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, dé prioridad y le reconozca el derecho a
este, en atención a que se trata de un sujeto de especial protección constitucional.
TERCERO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, efectuar los ajustes del valor sobre las
sumas que resulten a favor de la parte demandante, según el Índice de Precios al
Consumidor, de conformidad con el artículo 187 del CPACA.
CUARO: DAR cumplimiento a este proveído dentro de los términos establecidos para ello
por los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Número Interno: 5441-2024
Demandante: Pablo Tobar Bernal
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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