Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00180-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2019-00180-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2019-00180-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
20 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00180-01 (2347-2024)
Demandante: Francisco Javier Pérez Mendoza
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. No se logró demostrar el
tiempo de servicio anterior al 31 de diciembre de 1980.
Valoración probatoria. No se analiza falsedad de documentos,
sino su idoneidad y conducencia. REVOCA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022) por
el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual accedió a las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Francisco Javier Pérez Mendoza instauró demanda1 en contra de la UGPP
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: (i) RDP 008906 del 9 de marzo de
2018, y (ii) RDP 036402 del 5 de septiembre de 2018; por medio de las cuales la
UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor del demandante y
confirmó tal decisión al resolver el recurso de apelación respectivamente.
Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la UGPP a reconocer,
liquidar y pagar la mencionada prerrogativa al actor conforme a las previsiones de
1 Ver expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
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la Ley 114 de 1913, en cuantía del 75% de los factores salariales percibidos por
este durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico, así como el
retroactivo debidamente actualizado de las mesadas adeudadas por dicho concepto
desde el 28 de agosto de 2008, reajustadas anualmente.
Que la parte pasiva dé cumplimiento al fallo en los términos del CPACA y se ordene
el pago de las costas conforme al artículo 188 de dicha norma.
HECHOS
Los hechos en que se fundamentó la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que el accionante nació el 28 de agosto de 1958. Que durante su vida laboral se
desempeñó al servicio del municipio de Pinillos como docente oficial con una
vinculación legal y reglamentaria sostenida desde el 4 de febrero de 1980 hasta el
26 de marzo de 1981, y luego mediante designación hecha por el departamento de
Bolívar a través del Decreto 256 del 5 de marzo del mismo año, esto a partir del 27
de marzo de esa anualidad hasta el 21 de enero de 2004.
Que, en dos ocasiones anteriores, el actor ya había solicitado el reconocimiento de
la pensión gracia, pero en ambas oportunidades le fue negado este beneficio,
específicamente mediante las Resoluciones UGM 23453 del 29 de diciembre de
2011 y RDP 000145 del 6 de enero de 2016, ello al indicar que no había aportado
el primer acto administrativo de nombramiento para poder establecer su vinculación
antes del 31 de diciembre de 1980.
Que, el 9 de noviembre de 2017 volvió a reclamar esta prerrogativa ante la UGPP,
entidad que nuevamente negó lo propio con la expedición de la Resolución RDP
008906 del 9 de marzo de 2018, asegurando para el efecto que, si bien aportó el
Decreto 053 del 4 de febrero de 1980, originado en cumplimiento de un fallo judicial,
este fue allegado en copia simple y no en original, por lo que carece de valor
probatorio.
Que presentó recurso de apelación contra dicha decisión, el cual fue resuelto
mediante la Resolución RDP 036402 del 5 de septiembre de 2018, en el sentido de
confirmar en todas y cada una de las partes el acto inicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
La parte activa aseguró que con los actos administrativos demandados se
transgredieron los artículos: 2, 13, 23, 25, 53 y 58 de la Constitución Política; así
como las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 43 de 1975, 4.ª de 1976,
71 de 1988, 91 de 1989, 6.ª de 1992; y el Decreto 2108 de 1992.
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Que el demandante es un docente que tiene casi 40 años en el magisterio,
ejerciendo con decoro su cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto 053
del 4 de febrero de 1980 proferido por el municipio de Pinillos (Bolívar), el cual ha
desempeñado por más de 20 años, lo que lo hacía titular de la pensión gracia. Que,
a pesar de lo anterior, la UGPP ha negado en tres oportunidades la mencionada
prerrogativa, lo cual ha desconfigurado el derecho que la ley categóricamente ha
reservado a todo docente que antes del 31 de diciembre de 1980 haya sido
vinculado como educador en la modalidad primaria, a través de entes territoriales,
tal como demostró que había ocurrido en su caso.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
El 25 de abril de 2019 fue admitida la demanda,2 la cual se notificó a la UGPP, quien
manifestó3 que, si bien dentro del cuaderno administrativo obra el Decreto 053 del
04 de febrero de 1980, en el cual se menciona la reconstrucción del expediente por
parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué, según sentencia dictada
el 8 de junio de 2017 en el proceso con radicado 13430310300120160005600, lo
cierto es que tal documento fue aportado en copia autenticada, razón por la cual no
es procedente reconocer la pensión gracia pretendida, pues el reclamante debió
allegar en original o copia auténtica el certificado de información laboral en formato
FOMAG en el que se indique el tipo de vinculación durante el periodo en cuestión.
Propuso como excepciones las que denominó: (i) prescripción, (ii) inexistencia de la
causa petendi y cobro de lo no debido, (iii) falta de derecho para pedir, (iv) buena
fe, y (v) genérica.
El 9 de julio de 20204 se celebró la audiencia inicial en la que se definió que no había
excepciones previas pendientes de resolver, pues la de prescripción sería analizada
con el fondo del asunto en la sentencia. Igualmente se fijó el litigio conforme a los
hechos, pretensiones y argumentos de defensa, se indicó que no hubo ánimo
conciliatorio, y se decretaron las pruebas solicitadas y ya recaudadas, por lo que se
prescindió de las etapas siguientes para correr traslado a las partes para alegar y al
Ministerio Público para conceptuar.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN5
El Tribunal Administrativo de Bolívar dictó sentencia escrita el 31 de agosto de 2022,
a través de la cual accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de
declarar la nulidad de los actos reprochados, y ordenar a la UGPP que reconociera
la pensión gracia a favor del reclamante desde el 13 de noviembre de 2014. No se
profirió condena en costas.
2 Ver el mismo índice.
3 Ver el mismo índice.
4
Ver el mismo índice.
5 Ver el mismo índice.
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Que la expresión “docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980”, prevista
normativamente como uno de los requisitos para adquirir la pensión gracia, no exige
que en esa fecha el docente deba tener un vínculo laboral vigente, sino que con
anterioridad haya laborado como tal, pues lo que cuenta para efectos pensionales
es el tiempo servido, de manera que la pérdida de continuidad no puede constituirse
en una causal de pérdida del derecho pensional.
Que, en el caso particular se demostró que el accionante nació el 28 de agosto de
1958, es decir, que a la fecha de solicitud de su pensión gracia tenía 56 años. Que,
adicionalmente se comprobó que mediante el Decreto 053 del 04 de febrero de
1980, el alcalde del municipio de Pinillos (Bolívar) lo nombró en el cargo de maestro
para la Escuela Rural de Puerto López, ocupando dicha posición hasta el 26 de
marzo de 1981, tal como consta en certificación expedida por la referida autoridad
el 26 de septiembre de 2017.
Que, posteriormente, mediante el Decreto 256 del 05 de marzo de 1981, por medio
del cual se crearon escuelas y plazas de educadores de enseñanza de primaria por
autorización del Ministerio de Educación Nacional, se nombró al actor como docente
oficial desde el 27 de marzo de 1981, donde prestó sus servicios hasta el día 7 de
diciembre de 2000, fecha en la cual fue trasladado y ubicado provisionalmente en
la Concentración Educativa Nuestra Señora de Fátima en el Municipio de
Magangué.
Que según lo dispuesto en la Resolución RDP 036402 del 5 de septiembre de 2018,
la UGPP negó el valor probatorio del acta del 27 de marzo de 1981 expedida por la
Alcaldía de Pinillos, por lo que estimó que resultaba necesario aportar copia
auténtica de cada uno de los actos de nombramiento del demandante para los
tiempos laborados con anterioridad a 1980, los cuales este allegó, por lo que sí se
cumplió con este requisito.
Que, en ese sentido, es claro que el accionante desde el 4 de febrero de 1980 hasta
el 26 de marzo de 1981 estuvo vinculado como educador territorial del municipio de
Pinillos, y a partir del 27 de marzo de 1981 su categoría cambio a docente
nacionalizado, de manera que, en total, aquel prestó sus servicios bajo dicha calidad
durante 1 año, 1 mes y 22 días inicialmente, y, luego, a lo largo de 22 años, 9 meses
y 25 días, lo que sin duda da cumplimiento a la normativa aplicable, toda vez que,
la vinculación del actor no se dio por parte del Ministerio de Educación Nacional, de
forma que sí es beneficiario del derecho reclamado.
Que como el actor adquirió el estatus respectivo el 28 de agosto de 2008, pero
radicó la petición pensional el 14 de noviembre de 2017, se habría consolidado el
fenómeno prescriptivo de las mesadas causadas con anterioridad al 13 de
noviembre de 2014.
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EL RECURSO DE APELACIÓN6
La parte demandada en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia a fin de que se nieguen las pretensiones del
reclamante. Para ello afirmó que la pensión gracia constituye un régimen pensional
extraordinario, de naturaleza especial, sometido a su propia normatividad, razón por
la cual resulta absolutamente indispensable que quienes consideren ser acreedores
de esta acrediten con suficiencia el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
normas que regulan este derecho.
Que el demandante no cumple a cabalidad con los requisitos y/o condicionamientos
consagrados en la norma para el efecto perseguido, concretamente la exigencia
concerniente a la vinculación como docente de carácter municipal, departamental,
distrital o nacionalizado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, toda vez que,
como ya se constató a partir de todo el material probatorio practicado, el único
vínculo del accionante tuvo lugar a partir del 27 de marzo de 1981, por lo cual, este
se encuentra deslegitimado para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.
Que, al margen de haber aportado algunas pruebas, lo cierto es que la parte activa
no acreditó de manera fehaciente y sin lugar a equívocos que cumplía con todos los
presupuestos para acceder a la prerrogativa solicitada, razón por la cual no puede
accederse a sus pretensiones infundadas. Que, en caso de confirmar el fallo
impugnado, debe tenerse en cuenta que no procede la condena en costas en su
contra por no haber actuado con temeridad o mala fe a lo largo de la actuación, y
que, en todo caso, es necesario aplicar la prescripción sobre las mesadas
acumuladas antes de la presentación de la petición formal de reconocimiento.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 7 de mayo de 20247 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una vez
ejecutoriada esta decisión, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia
sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir
concepto hasta antes de que el proceso ingresara al mismo.
La parte demandada8 intervino en esta oportunidad para asegurar que debe
tenerse en cuenta que dentro de las pruebas documentales no reposa en el
expediente administrativo los respectivos certificados del tiempo laborado del 4 de
febrero de 1980 hasta el 26 de marzo de 1981, razón por la cual, no es procedente
tener en cuenta dichos periodos como lo hizo el tribunal de origen, ya que este
realizó una indebida valoración probatoria al haber tenido por acreditado este hecho,
pese a que no se cuenta con la debida certificación que acredite el tipo de
6 Ver el mismo índice.
7 Ver índice 4 de SAMAI.
8 Ver índice 10 de SAMAI.
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vinculación, la característica de la plaza, el tiempo de nombramiento y la entidad
encargada del pago de los emolumentos como sería una en formato CETIL.
El Ministerio Público9 presentó concepto en este caso, solicitando que se confirme
el fallo impugnado al asegurar que, en el proceso quedó demostrado que el actor
se vinculó al servicio de la docencia con anterioridad al 1º de enero de 1981, estando
nombrado como docente para el departamento de Bolívar, lo que implica que logró
acreditar el tiempo señalado por la norma para ser acreedor de la pensión gracia,
esto, dentro del orden nacionalizado y/o territorial, por cuanto sus nombramientos
fueron ejecutados por la gobernación de dicha entidad territorial, esto, con miras a
prestar sus servicios en instituciones educativas del orden departamental y/o
municipal, sufragándose con recursos del sistema general de particiones, lo que
junto al cumplimiento de las demás exigencias, lo hace merecedor de la pensión
gracia solicitada.
En la oportunidad para pronunciarse, la parte demandante guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es determinar si el demandante
acreditó en debida forma el cumplimiento de las exigencias normativas para el
reconocimiento de la pensión gracia, especialmente la relativa a haber ejercido
algún período en calidad de docente territorial o nacionalizado con anterioridad al
31 de diciembre de 1980.
Marco normativo y jurisprudencial
Inicialmente, es de destacar que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio que no requiere efectuar cotizaciones de
ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar la acumulación
de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley 114 de 1913,
que en su artículo 1.° señaló que:
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
De igual forma, el artículo 3.° de dicha norma estableció que: «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4.º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados:
9 Ver índice 11 de SAMAI.
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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
La pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las escuelas
normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo 6.° de la
Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios departamentales o
municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…] de recibir dos
pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en su artículo 6°
señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de los requisitos
consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»10. Con la expedición de la Ley 37 de
1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de establecimiento de
enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o adiciones a los
requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que: «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4.ª de 1966, en su artículo
4.º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que: «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1.º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos:
10 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
[…] 2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión gracia
no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que,
en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter territorial
y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199711 señaló que:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
En lo que referente a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201812
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, frente al interrogante
de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo por el hecho
de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provengan del
presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes conclusiones:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
12 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
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En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse la naturaleza de la plaza a
ocupar, lo cual se puede advertir, entre otros, observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,13 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución en sede
administrativa y judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos:
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
13 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00180-01 (2347-2024)
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las mencionadas exigencias previstas en la normativa aplicable
para consolidar el derecho a la pensión gracia.
Sin embargo, la Sala considera necesario abordar inicialmente el estudio del tercer
requisito relativo a la demostración de un tiempo de servicio como docente
territorial o nacionalizado anterior al 31 de diciembre de 1980, pues, a partir del
acervo probatorio practicado, hay dudas e inconsistencias que impiden satisfacer
esta exigencia fundamental para acceder a la prerrogativa bajo estudio.
Al respecto, el accionante aseguró que su primera vinculación como educador oficial
fue a través de un nombramiento del orden territorial efectuado por el municipio de
Pinillos durante un período comprendido entre el 4 de febrero de 1980 y el 26 de
marzo de 1981.
Para demostrar lo anterior, la parte activa basó su reclamación en los siguientes
documentos:
(i) Copia del Decreto 053 del 4 de febrero de 1980, expedida el 26 de septiembre
de 2017, «por medio del cual se hace el nombramiento del señor Francisco Javier
Pérez Mendoza en cumplimiento de sentencia de 08 de junio de 2017 emitida por
el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué Bolívar».14
(ii) Copia del acta de posesión del accionante, emitida el 26 de septiembre de 2017
en acatamiento de la referida orden judicial, en la que se indica que dicha diligencia
tuvo lugar el 4 de febrero de 1980 ante el alcalde del municipio de Pinillos, a fin de
ocupar el cargo de docente de la Escuela Rural Mixta de Puerto López.15
14 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
15 Ver el mismo índice.
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(iii) Copia del certificado laboral generado el 26 de septiembre de 2017 por el alcalde
de la aludida entidad territorial de esta época, también en observancia del fallo en
mención, en el que se asegura que el reclamante ejerció funciones de educador
oficial del municipio desde el 4 de febrero de 1980 hasta el 26 de marzo de 1981.16
Pues bien, la parte activa a lo largo de su demanda afirmó que los aludidos medios
de convicción eran suficientes para tener acreditado el requisito del tiempo de labor
oficial educativa antes del 31 de diciembre de 1980, para lo cual precisó además
que la negativa por parte de la UGPP se fundamentó esencialmente en que dicha
entidad les restó valor probatorio por haber sido aportados en copia simple o
autenticada, pese a que debió ser allegada en su formato original.
Al respecto la Subsección precisa que, en razón de la libertad probatoria sin
formalidades de que trata el artículo 165 del CGP, así como en atención a las
posibilidades de contradicción de los medios de convicción en el proceso judicial,
no es acertado asegurar que a los elementos referidos anteriormente se les deba
disminuir capacidad demostrativa por tratarse de copias simples o por no estar
respaldados bajo una formalidad específica como la autenticación o incluidos como
fundamento de un certificado CETIL.
De hecho, al haber sido aportados, decretados y practicados como pruebas, lo que
se deduce es que estos documentos, en principio, cumplirían con la carga probatoria
de la parte activa prevista en el artículo 167 ibidem, de manera que aquellos tienen
que ser estudiados conforme a las reglas de la sana crítica a fin de extraer todas las
circunstancias de hecho y de derecho que permitan tener como ciertos los
supuestos de la demanda, tal como previamente ya lo ha estimado esta corporación
en casos similares.17
Ahora, el hecho de que el argumento de la solemnidad probatoria no sea válido para
desacreditar un tiempo de servicio, tampoco implica necesariamente que la
información contenida en tal documentación deba ser automáticamente asumida
como verdadera para tener demostrados esta clase de supuestos tan importantes
que permiten acceder a un derecho como el que es objeto de litigio.
Por el contrario, el permitir que se aporten copias en cualquier formato, lo que
conlleva es la obligación del juez de analizar críticamente la prueba para extraer de
esta todos los datos que le sean creíbles, conducentes y útiles para resolver la
controversia, siempre que no le generen duda ni incertidumbre en contraste con
todo el material probatorio recaudado, tal como se deriva del principio de la unidad
16 Ver el mismo índice.
17 Posición que ya fue planteada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; por ejemplo, en
sentencia del 30 de mayo de 2019. Radicado: 13001-23-33-000-2013-00709-01 (4114-2016).
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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00180-01 (2347-2024)
de la prueba contenido en el artículo 176 del CGP.18
Visto lo anterior, para la Sala, los mencionados documentos con los que la parte
activa pretendía demostrar la prestación del servicio docente durante el interregno
comprendido entre el 4 de febrero de 1980 y el 26 de marzo de 1981, no lograron
acreditar de manera fehaciente ese mismo hecho, pero no por considerarlos falsos
o carentes de autenticidad, sino porque de su contenido no es posible extraer con
certeza y claridad los aspectos esenciales para tener comprobado el desarrollo de
la labor durante ese tiempo mediante un vínculo docente de carácter territorial como
el alegado.
Al respecto, debe precisarse que en esta causa judicial no es dable emitir
pronunciamientos sobre la validez o no de los mencionados medios de prueba en
lo relacionado con juicios sobre su fiabilidad, pues, además, debe destacarse que
tanto el acto de nombramiento, el acta de posesión y el certificado laboral
anteriormente enlistados, fueron emitidos por el alcalde del municipio de Pinillos,
“en cumplimiento de un fallo judicial”.
Por tal razón, en esta oportunidad lo que se busca es realizar un examen crítico de
esas pruebas, tal y como fueron aportadas por la parte activa, pero de ninguna
manera desconociendo la sentencia del Juzgado Primero del Circuito de Magangué
(la cual se precisa que no fue aportada a este proceso), sino verificando que se
haya realizado justo lo que se ordenó por esta autoridad y no una nueva decisión
de la administración que se termine alejando de los supuestos jurídicos del caso.
Sobre el particular se destaca que, el alcalde de dicha entidad territorial para el año
2017 (Marcos Antonio Pérez Chávez), es quien expidió el 26 de septiembre de la
misma anualidad tales documentos que datan del 4 de febrero de 1980, ello única
y exclusivamente con el fin de acatar la sentencia del 8 de junio de 2017 proferida
por el mencionado despacho dentro del proceso de reconstrucción de historia
laboral con radicado 2016-00056-00.
Ahora, de la parte motiva del supuesto Decreto 053 del 4 de febrero de 1980, lo que
se aprecia con claridad es que en ningún momento este acto es una copia exacta
de su original, ya que su fundamento no es precisamente la voluntad de la
administración en 1980 de nombrar al demandante en el cargo de docente, sino que
se trata de la expedición de un nuevo acto administrativo basado en la obligación
de atender una orden judicial, la cual en todo caso no era volver a vincular al
18 Al respecto ver sentencia de la Corte Constitucional C-830 del 8 de octubre de 2002. Expediente D-3991. En
dicha providencia se señaló lo siguiente sobre el particular: «[…] en el campo probatorio rige, entre otros, un importante
principio denominado de unidad de la prueba, en virtud del cual se considera que todas las pruebas del proceso forman una
unidad y por consiguiente el juez debe apreciarlas en conjunto, esto es, en forma integral. La razón de ser del mismo es que
la evaluación individual o separada de los medios de prueba no es suficiente para establecer la verdad de los hechos y se
requiere, además de ella, efectuar la confrontación de tales medios para establecer sus concordancias y divergencias y lograr
conclusiones fundadas y claras sobre aquella verdad. […]»
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reclamante, sino “expedir copia del Decreto de nombramiento con fecha de inicio 4
de febrero de 1980”, tal como se lee textualmente de dicho documento.
Es decir, el decreto en mención que se encuentra como prueba practicada en esta
actuación, no corresponde a la versión original del que fue expedido en 1980, así
como tampoco a una copia simple o auténtica del mismo, que era lo que literalmente
había dispuesto el aludido juzgado civil, sino que se trata de un intento de
reproducción de aquel acto mediante la manifestación de voluntad de un nuevo
alcalde (Marcos Antonio Pérez Chávez), distinto al que en esa época presuntamente
había vinculado al actor (y que correspondía al señor Manuel Francisco Rangel
Obregón según se indica en la parte resolutiva), esto es, 37 años después de que
hubiesen ocurrido los hechos.
Como se observa, tal decisión no es una simple ejecución de una sentencia, sino
una expresión posterior de la autoridad administrativa, autónoma y apartada de la
verdadera orden del juez, porque, en realidad, materialmente lo que hizo fue volver
a efectuar un nombramiento del actor con aparentes efectos retroactivos desde
1980, sin que se haya efectuado en su lugar un procedimiento administrativo de
reconstrucción de documentos conforme a las reglas vigentes como habría sido el
Acuerdo 07 de 2014 del Archivo General de la Nación, en caso de que no existiera
el documento primigenio.
En ese orden, la copia del Decreto 053 del 4 de febrero de 1980 que fue allegada a
este proceso, y por relación directa, las del acta de posesión y el certificado
respaldados en dicha decisión, no son en sí mismos unos duplicados de sus
versiones originales, pues no reflejan lo que verdaderamente pudo o no haberse
definido en esa época, ya que en el presente litigio no existe certeza de lo ocurrido
en ese momento, más aún si se tiene en cuenta que no se aportaron elementos de
convicción diferentes que respaldaran lo propio, como por ejemplo habrían sido los
mismos medios de convicción que se practicaron en el proceso civil en comento.
En tal sentido, para la Subsección no resultan idóneas las pruebas bajo estudio,
toda vez que este criterio, en esencia, equivale a verificar si el documento es
adecuado para demostrar el punto que las partes colocan de presente, esto es, no
solo que esté relacionado con el objeto de la controversia y que se encuentre
permitido por la ley, sino que además tenga la viabilidad de generar certeza sobre
su contenido, o lo que es igual, que de su estudio no se creen dudas, sino
respuestas a un interrogante, tanto por su credibilidad sustancial como formal, es
decir, por la fiabilidad de lo que se consigna y se extrae de dicho material probatorio,
así como por la forma en la que lo hace.
En tal sentido, los documentos bajo examen no cumplen con las referidas
condiciones debido a una falta de capacidad probatoria originada en que, en razón
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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00180-01 (2347-2024)
a este último postulado (el de la credibilidad formal), se generan una serie de
cuestionamientos sobre el sustento de lo allí manifestado,19 tales como:
¿Por qué el alcalde del municipio de Pinillos del año 2017 expidió un nuevo acto
administrativo que intenta reproducir el proferido por el alcalde de 1980 a través del
Decreto 053 del 4 de febrero del mismo año, cuando según este documento la orden
en la sentencia fue solamente expedir una copia del mismo?, ¿si supuestamente no
existía la versión original de aquel acto de nombramiento, por qué en el proceso
judicial en mención el juzgado dispuso que se expidiera una copia y no que se
reconstruyera ese documento?, ¿cuál fue su fundamento para proferir esa
decisión?, ¿por qué no fueron aportadas a esta actuación el fallo judicial en comento
y las pruebas que dieron lugar a esa decisión?, ¿por qué el actor no promovió
directamente ante la entidad territorial una solicitud de reconstrucción de expediente
administrativo?
Surgen también estas preguntas respecto del acta de posesión y la certificación
laboral que respaldaban el hecho de la designación del demandante para el período
bajo análisis. Por ejemplo, ¿cómo un alcalde puede crear un acta de posesión o
certificar el tiempo de servicio y la calidad del vínculo de un docente después de
más de 37 años sin mencionar con qué pruebas fundamentó estas afirmaciones,
más allá del supuesto cumplimiento de un fallo judicial que no lo obligaba a ello?,
¿acaso reposan otros documentos diferentes a estos últimos como constancias de
pago, examen de ingreso, licencias, permisos o actos que hayan concedido otras
situaciones administrativas que no fueron anunciados en este proceso, pero sí en
el ordinario civil?, de ser así, ¿por qué no se aportaron ni se mencionaron en la
actuación?, ¿por qué no se solicitaron y practicaron testimonios, informes o
cualquier otro medio de prueba diferente que pudiera corroborar la prestación del
servicio del reclamante entre 1980 y 1981?
Como se observa, tales cuestionamientos crean una serie de dudas razonables
sobre la idoneidad de las aludidas pruebas y de su capacidad para acreditar la
supuesta labor desempeñada por el accionante, ya que tanto las copias del decreto
de nombramiento y la posesión, así como el certificado expedido por la presunta
autoridad nominadora después de más de 37 años desde la ocurrencia de los
hechos, solo fueron fundamentados en una providencia que, vale decir, no había
ordenado rehacer esos elementos, sino expedir copia de los mismos.
En tal sentido, lo único que corroboran dichos documentos es que dicha autoridad
técnicamente lo que hizo fue volver a nombrar al demandante en 2017 con efectos
desde 1980, pero sin un mínimo sustento o soporte documental o testimonial
diferente y contundente para poder convalidar esa supuesta vinculación inicial.
19 A esta misma conclusión llegó esta Subsección en un caso similar al presente, específicamente en sentencia
del 1.º de agosto de 2024, dictada en el radicado: 52001-23-33-000-2016-00208-01 (3052-2019).
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Es de destacar que, como estos documentos bajo análisis cimientan su contenido
en una sentencia cuyo texto completo se desconoce en este proceso, lo que
terminan generando es un ambiente de incertidumbre, toda vez que no se basaron
en hechos nuevos o en otro material probatorio incuestionable que permita
respaldar el supuesto que se quiere demostrar, por lo que necesariamente debe
restárseles credibilidad, no por considerarlas falsas, sino por su falta de idoneidad,
es decir, que no son medios inequívocos para poder establecer con precisión la
labor educativa presuntamente desarrollada por el actor.
Lo anterior impide tener como cierto el supuesto de la relación legal del demandante
antes del 31 de diciembre de 1980, pues se evidenció que las únicas pruebas con
las que se buscaba acreditar lo propio son en esencia inconducentes20 y, por tanto,
incumplen con uno de los elementos esenciales para que esta tuviera capacidad
demostrativa.
Contrario a ello, lo que se encuentra debidamente comprobado a través de los
demás certificados laborales verificados en comparación con los otros elementos
probatorios, es que el actor fue nombrado como docente del departamento de
Bolívar en virtud del el Decreto 256 del 27 de marzo de 1981;21 y que prestó el
servicio tal como se desprende de los reportes de pago de nómina del docente entre
2006 y 2007,22 ello para establecer con certeza que aquel sí se desempeñó como
educador oficial, pero solo desde 1981, por lo menos hasta el 8 de noviembre de
2018.
Lo anterior implica que el reclamante ejerció funciones como educador, pero con
posterioridad al 31 de diciembre de 1980, que era la fecha límite para acreditar una
vinculación viable de ser computada para el reconocimiento de la pensión gracia.
Ahora bien, en litigios como el presente relacionado con el reconocimiento de la
prerrogativa bajo análisis, esta Corporación en sentencia de unificación del 21 de
junio de 2018 fijó como regla en materia probatoria frente a la naturaleza jurídica de
la vinculación de un docente oficial, la siguiente: «[…] vi) Prueba de calidad de
docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo,
en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea
de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se
puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. […]».
20 Recuérdese que la conducencia de la prueba consiste en que: «[…] el medio probatorio propuesto sea
adecuado para demostrar el hecho. […]». Ver sentencia del Consejo de Estado proferida el 15 de marzo de
2013, radicado: 15001-23-31-000-2010-00933-02(19227), y el auto del 12 de diciembre de 2023 dictado por
esta corporación en el proceso 85001-23-33-000-2017-00178-02 (4654-2022).
21 Ver el expediente digital en el índice 2 de SAMAI.
22 Ver el mismo índice.
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Por eso, para demostrar la prestación del servicio del reclamante durante un lapso
anterior al 31 de diciembre de 1980, aquel, en principio, debió aportar el acto de
nombramiento y el acta de posesión y las certificaciones de tiempo de servicio, o
incluso las copias de estos, o bien los actos de reconstrucción de los mismos que
hubiesen seguido estrictamente la normativa de archivo propia para el efecto, sin
embargo, lo que se anexó a la demanda fueron unas versiones nuevas de tales
documentos, carentes de idoneidad como se estableció anteriormente.
Incluso, la parte activa también pudo haber aportado un certificado laboral expedido
directamente por su empleador, pero soportado en otro material de archivo creíble
que acreditara lo propio de manera indiscutible.
Aun así, esto no ocurrió, dado que los únicos documentos allegados al expediente,
lejos de ser contundentes y precisos en su información, lo que en realidad generaron
fue una serie de dudas que hacen imposible considerarlos inequívocos como se
exige jurisprudencialmente para estos casos, toda vez que, esta incertidumbre
conlleva la posibilidad de cometer eventualmente un error al momento de valorar la
prueba y de determinar como probado un supuesto de hecho tan importante como
el examinado, con base en el cual se pudo haber concedido la pretensión.
Además, sin tales documentos, el demandante igualmente pudo haber aportado,
incluso: constancias de pago de salarios como lo hizo para el período de 2006 y
2007 en adelante, actos administrativos de reconocimiento de prestaciones
sociales, vacaciones, cesantías, licencias o cualquier otra situación administrativa,
certificaciones laborales emitidas por los directores de las instituciones educativas
donde trabajó, informes escritos de la autoridad nominadora, o además, testimonios
convincentes, coherentes y conducentes que permitieran corroborar tanto la
existencia del vínculo como su naturaleza y duración exacta.
Ahora bien, lo que se aprecia en el asunto de la referencia es que, en ejercicio de
la aludida libertad probatoria, el accionante no ejerció una mayor diligencia, por lo
que se configuró el incumplimiento por parte de la parte activa de la carga probatoria
que le correspondía para demostrar sus supuestos de hecho.
Este mandato se deriva del contenido del artículo 167 del Código General del
Proceso que impone una carga procesal23 a las partes dentro del proceso judicial,
23 La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, han diferenciado los conceptos de «deberes
procesales», «obligaciones procesales» y «cargas procesales». Los primeros hacen alusión a los imperativos
ordenados en la ley para el adecuado desarrollo del proceso y que incumben tanto al juez como a las partes.
Los segundos son las obligaciones de contenido patrimonial impuestas a los sujetos procesales con ocasión
del adelantamiento del proceso, como las costas. Finalmente, las cargas procesales son situaciones que fija la
ley que implican una realización de una conducta facultativa de las partes y en su propio beneficio y cuya
inobservancia acarrea consecuencias desfavorables en su contra, verbigracia, no aportar pruebas. Al respecto
ver Auto del 17 de septiembre de 1985, Sala de Casación Civil, que resolvió una reposición. Gaceta Judicial
tomo CLXXX – N.º 2419, Bogotá, Colombia, año de 1985, pág. 427. También ver lo sentencia de la Corte
Constitucional C-1512 de 2000.
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consistente en la necesidad de presentar las pruebas demostrativas de los hechos
señalados en la demanda o de las excepciones que se aleguen en la contestación
para su respectivo éxito, ello con la opción judicial de variar el titular de esta, en
atención a las condiciones particulares para aportar los medios de convicción.
De esta manera, se extrae que el referido postulado adjetivo de la carga de la prueba
se compone de tres principios fundamentales: i) al demandante le corresponde
probar los hechos en que sustenta la demanda; ii) la parte demandada una vez
presenta excepciones actúa como accionante y, por ende, debe probar los hechos
en que basa su defensa y; iii) se predica la absolución del demandado si la parte
activa no prueba los supuestos de hecho en que fundamentó la demanda24.
Por tanto, al evidenciar en el caso bajo estudio que el único período computable
para colmar el requisito del tiempo de servicio necesario a fin de adquirir una
pensión gracia, es el comprendido entre 1981 y 2018, se concluye que el actor no
satisfizo la exigencia de acreditar un lapso de labor como docente territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980, de manera que resulta inane
examinar las demás exigencias para consolidar el derecho en litigio, pues finalmente
este no podría concederse.
En consecuencia, contrario a lo indicado por el Ministerio Público en su concepto,
habrá de revocarse el fallo apelado que accedió a las pretensiones de la demanda,
en el entendido de que en virtud de la valoración probatoria efectuada en esta
instancia se logró determinar que las pruebas allegadas no eran idóneas para
demostrar el hecho alegado.
De la condena en costas: análisis de primera y segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
24 En la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 1993 se analizó la evolución de las reglas de la carga de
la prueba contempladas en el artículo 177 del CPC. Ver también la sentencia del Consejo de Estado del 11 de
marzo de 2016. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Radicación: 05001-23-
31-000-2003-01739-01(1634-13).
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Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptó una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2.º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
Ahora, pese a que se está revocando la decisión del tribunal de origen, la Sala en
consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP,25 que refiere a la condena en
costas en ambas instancias a la parte que resulte vencida en segunda, decide
aplicar en su lugar el criterio previamente enunciado y observa que de los
argumentos planteados en la demanda y en el trámite de primera no se presenta
una falta de sustento jurídico que dé lugar a la imposición de dicha carga. Contrario
a ello, la parte demandante propuso argumentos razonables en defensa jurídica de
sus intereses y fue luego del debate jurídico y probatorio que se determinó en esta
oportunidad la improcedencia del derecho reclamado, por lo que no se impondrá tal
condena en ninguna de las instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: NEGAR las súplicas de la parte activa.
TERCERO: ABSTENERSE de condenar en costas al demandante según lo
manifestado en las consideraciones de este fallo.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA como apoderado general de la UGPP al
abogado Edgar José Polanco Pereira, y como su sustituto a Carlos Santiago
Valencia Vera, ambos portadores de las tarjetas profesionales 140.742 y 308.713
respectivamente, ello en los términos y para los fines de los poderes que obran en
el índice 17 de SAMAI.
25 «[…] Artículo 365. Condena en costas En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que
haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: […] 4. Cuando la sentencia de
segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de
ambas instancias. […]»
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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00180-01 (2347-2024)
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (+57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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20
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