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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2019-00311-01

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2019-00311-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Modificar la sentencia del 1.° de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 4. En su lugar, “Primero. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión AMC- RES000007-2018 del 3 de enero de 2018 y la Resolución AMC-RES- 003478-2018 del 18 de septiembre de 2018, proferidos por el distrito de Cartagena. Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de la declaración de ICA presentada el 27 de marzo de 2015 por Portales Urbanos S.A. ante el Distrito de Cartagena por el periodo gravable 2014. Tercero. Sin condena en costas en primera instancia.” 2. Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandada, en el componente de agencias en derecho en un (1) smlmv. En consecuencia, ordenar al Tribunal tramitar al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 13001-23-33-000-2019-00311-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

9 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2019-00311-01 (30167)
Demandante: Portales Urbanos S.A.
Demandado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.

Tema: Impuesto de industria y comercio – Año 2014. Principio de
territorialidad. Valoración Probatoria.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia del 1.° de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 4, que resolvió1:

“Primero: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación Oficial de Revisión No. AMC-
RES000007-2018 del 3 de enero de 2018 mediante la cual la Secretaría de Hacienda
de Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural modificó la declaración del impuesto
de industria y comercio del año gravable 2014, presentada por Portales Urbanos; y
también la Resolución No. AMC-RES-003478-2018 del 18 de septiembre de 2018 que
resolvió el Recurso de Reconsideración, y confirmó parcialmente la Liquidación Oficial
de Revisión.

Segundo: Como como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho:

2.1 Ordenar al Distrito de Cartagena realizar la reliquidación del impuesto de industria y
comercio del año gravable 2014, de la sociedad demandante Portales Urbanos S.A.,
con el nuevo saldo de “ingresos obtenidos fuera del distrito” que corresponde a (…)
($31.104.187.098,00).

2.2 Ordenar al Distrito de Cartagena realizar la reliquidación de la sanción por
inexactitud impuesta con base en el artículo 288 de la Ley 1819/16 “La sanción por
inexactitud será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre el saldo a
pagar o saldo a favor”.

Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda.

Cuarto: Abstenerse de condenar en costas, de acuerdo con lo expuesto en esta
providencia. (…)”

1
Samai, Índice 2, Archivo: 17ED_SENTENCIA_16Sentenciapdf(.pdf)

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00311-01 (30167)
Demandante: Portales Urbanos S.A.

ANTECEDENTES

El 27 de marzo de 2015, Portales Urbanos S.A. presentó declaración del impuesto
de industria y comercio (ICA) del año 2014 ante el distrito de Cartagena2. Esta
declaración fue objeto de fiscalización y previo requerimiento especial el distrito de
Cartagena expidió la Liquidación Oficial de Revisión AMC-RES000007-2018 del 3
de enero de 2018, para desconocer la totalidad de ingresos brutos declarados por
la parte demandante como obtenidos fuera de ese distrito y liquidar sanción por
inexactitud3.

El 5 de agosto de 2020, la contribuyente interpuso recurso de reconsideración,
resuelto en forma negativa mediante la Resolución AMC-RES-003478-2018 del 18
de septiembre de 2018, que modificó la liquidación para aceptar los ingresos
obtenidos directamente por la demandante en otros municipios, con la consiguiente
reliquidación de la sanción por inexactitud4.

DEMANDA

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la
sociedad demandante formuló las siguientes pretensiones5:

“A. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No. AMC-
RES000007-2018 del 3 de enero de 2018, y de la Resolución No. AMC-RES-003478-
2018 del 18 de septiembre de 2018 que resolvió el Recurso de Reconsideración,
mediante las cuales se modificó la declaración del impuesto de industria y comercio del
año gravable 2014 a Portales Urbanos, expedidas por la Secretaría de Hacienda de
Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural.

B. Que a título de restablecimiento del derecho se declare la firmeza de la declaración
del impuesto de industria y comercio del año gravable 2014 presentada por Portales
Urbanos.”

Invocó como disposiciones violadas los artículos 29, 95, numeral 9, y 363 de la
Constitución Política; 640, parágrafo, 647, 648 y 742 del Estatuto Tributario; 59 de
la Ley 788 de 2002; 54 de la Ley 1430 de 2010; 177 de la Ley 1607 de 2012; 288
de la Ley 1819 de 2016; y 302 del Acuerdo 041 de 2006 del distrito de Cartagena.
Como concepto de la violación expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 y numeral 9 del artículo 95 de
la Carta Política

El distrito de Cartagena pretende gravar ingresos obtenidos fuera de su territorio,
que ya fueron gravados con ICA en otras jurisdicciones territoriales. Esto obedece
a que tales ingresos provienen de su participación en contratos de colaboración
empresarial -consorcios PROCAPEX y Nororiente, y un contrato de cuentas en
participación-, en los cuales el deber de declarar y pagar recae sobre el
representante de cada consorcio y el socio gestor, conforme al artículo 54 de la Ley
1430 de 2010.

2
Samai, Índice 2, Archivo: 2ED_EXPEDIENTE_02ExpedienteAdminist(.pdf), pp. 8.
3
Samai, Ib, pp. 44-50.
4
Samai, Ib, pp. 175-190.
5
Samai, Índice 2, Archivo: 3ED_EXPEDIENTE_01ExpedienteDigitali(.pdf), pp. 1-38.

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2

Radicado: 13001-23-33-000-2019-00311-01 (30167)
Demandante: Portales Urbanos S.A.

En ese sentido, era procedente detraer de la base gravable del respectivo impuesto
en la declaración que presentó en condición de sujeto pasivo por el año gravable
2014, el valor de los ingresos declarados con pago por los responsables de los
contratos de colaboración empresarial. Gravar nuevamente esos ingresos en
cabeza de Portales Urbanos vulnera los principios de eficiencia, equidad,
progresividad y aquél que prohíbe la doble tributación sobre un mismo hecho
económico

Pruebas del valor declarado como ingresos obtenidos fuera del Distrito de
Cartagena

Aunque la entidad demandada aceptó tanto los ingresos gravados que directamente
declaró en otras jurisdicciones, como los generados fuera de ese distrito por su
participación en el consorcio constructor Nororiente; rechazó la totalidad de ingresos
que obtuvo en condición de socio oculto del contrato de cuentas en participación
celebrado con la Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales S.A.
(SOCINSA) en cuantía de $8.727.333.748; y la suma de $13.403.440.203 de los
percibidos a través del consorcio PROCAPEX al reconocer tan sólo el equivalente
a una participación del 10%, pese a que para el año 2014 era del 32% - hecho que
probado con el acta de modificó la composición de dicho consorcio - y desconocer los
ingresos obtenidos en el municipio de Montería por considerar que la declaración
de ICA fue presentada sin sello ni pago cuando resultaba suficiente el certificado de
revisor fiscal sobre la distribución ingreso para tenerlos como probados. Por ello, se
allega la declaración de ICA presentada ante el municipio de Montería con el
comprobante de pago, a fin de desvirtuar a motivación de los actos acusados.

Del total de ingresos obtenidos por el contrato de colaboración empresarial
celebrado con SOCINSA, le correspondía la suma de $8.727.333.747 equivalente
a su participación del 95.5% como socio oculto. Sin embargo, la autoridad tributaria
territorial desconoció mérito probatorio a la certificación de ingresos expedida por el
socio gestor, por no haber sido acompañada con los estados financieros o los libros
auxiliares de contabilidad que le dieran soporte. Tales documentos se aportan con
la demanda.

Indebida valoración probatoria

La administración tributaria vulneró los derechos al debido proceso y defensa -
artículo 29 constitucional- y el mandato de basar las decisiones administrativas en
hechos que aparezcan demostrados -artículo 742 del ET-, al no valorar la totalidad
de pruebas aportades, las cuales demostraban que la suma cuestionada
efectivamente correspondía a ingresos obtenidos fuera del distrito de Cartagena.

La falta de valoración probatoria radica en que no se identificaron las razones por
las cuales las pruebas recaudadas no acreditaban la extraterritorialidad de los
ingresos declarados. En particular, desconoció valor probatorio a los certificados de
ingresos expedidos por los responsables de los contratos de colaboración
empresarial y exigió su comprobación a través de copia de los contratos suscritos y
de las declaraciones de ICA presentadas en otros municipios; que, a su vez fueron
considerados insuficientes luego de ser aportados, requiriéndose la presentación de
pruebas contables del contrato de cuentas en participación.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00311-01 (30167)
Demandante: Portales Urbanos S.A.

Asimismo, incurrió en indebida valoración de las pruebas aportadas para acreditar
su porcentaje de participación en el consorcio PROCAPEX para el año gravable
investigado; lo que derivó en el reconocimiento de menor valor de los ingresos
realmente percibidos.

Improcedencia de la sanción por inexactitud

Ninguno de los supuestos de hecho sancionados con inexactitud se encuentra
configurado y no se demostró que hubiera actuado con intención defraudatoria,
omitido información o registrado datos falsos o irreales. En contraste, se probó con
medios idóneos que los ingresos discutidos no se encuentran gravados en el distrito
de Cartagena y fueron declarados ante los entes territoriales respectivos en
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

Sin perjuicio de lo anterior, solicitó la reducción de la sanción por inexactitud de
acuerdo con el artículo 302 del Acuerdo Distrital 041 de 2006, del 160% al 100% de
la diferencia entre el saldo a pagar determinado oficialmente y el declarado, en
aplicación del principio de favorabilidad, previsto en el artículo 640 del Estatuto
Tributario Nacional6.

OPOSICIÓN

El distrito de Cartagena contestó la demanda de manera extemporánea.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin imponer
condena en costas en primera instancia, por las razones que se sintetizan a
continuación:

No se advierte violación de las normas superiores, comoquiera que la
administración tributaria reconoce en los actos demandados que los contratos de
colaboración empresarial tienen la responsabilidad de declarar y pagar los
impuestos generados sobre los ingresos obtenidos en desarrollo de sus actividades
en las jurisdicciones correspondientes y, correlativamente, los partícipes en estos
contratos pueden detraer de la base gravable del ICA los ingresos que ya fueron
declarados por el representante o socio gestor de aquellos, según corresponda, en
proporción a su participación, tal como lo dispone el artículo 54 de la Ley 1430 de
2010. Por tanto, la discrepancia entre las partes radica en la idoneidad de las
pruebas allegadas para acreditar la extraterritorialidad.

En razón a que, el acta de modificación del acuerdo de constitución del consorcio
PROCAPEX acredita que la participación de la demandante pasó del 10% al 32% y
que este contrato presentó declaraciones de ICA en cada uno de los municipios en
que desarrolló sus actividades por la totalidad de los ingresos obtenidos, incluido
Montería, procedía la exclusión reclamada por la contribuyente en la suma
equivalente al 32% de tales ingresos.

6
Modificado por la Ley 1819 de 2016, que resulta aplicable al ámbito territorial por disposición del artículo 59 de la Ley 788
de 2002.

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Demandante: Portales Urbanos S.A.

Pese a que se encuentra acreditado que la demandante percibió ingresos como
socia oculta en el contrato de cuentas en participación que celebró con SOCINSA
quien actuó como socia gestora, lo cierto es que, no es posible establecer la cuantía
de los mismos y los lugares en que indirectamente los percibió, en razón a que los
certificados de revisor fiscal sobre los ingresos obtenidos por la demandante en tal
condición y los estados financieros de SOCINSA allegados por el demandante para
desvirtuar las glosas propuestas por la Administración, reflejan situaciones de
carácter técnico en las cuales el tribunal no es experto, lo que le impide realizar su
valoración ante la ausencia de un dictamen pericial sobre el particular y la falta de
detalle de los certificados sobre los registros contables que le dan soporte.

Finalmente, es procedente reliquidar la sanción por inexactitud considerando la
exclusión de los ingresos que la demandante acreditó como integrante del consorcio
PROCAPEX que tributaron en otras jurisdicciones diferentes al distrito de Cartagena
y para reducirla al 100% de la diferencia entre el valor a pagar determinado
oficialmente y el declarado, en aplicación del principio de favorabilidad.

No hay lugar a imponer condena en costas al haberse acogido parcialmente las
pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que pidió revocar la
sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a la totalidad de las
pretensiones de la demanda, con el siguiente fundamento:

La sentencia de primera instancia omitió valorar los documentos allegados, que
cumplen con los requisitos exigidos por la ley, para acreditar la extraterritorialidad
de los ingresos provenientes del contrato de cuentas en participación celebrado con
SOCINSA, por considerar que se trataba de una prueba documental de carácter
técnico, por lo que ante la ausencia de solicitud de una prueba pericial y al no contar
con el conocimiento necesario para su comprensión llegó una conclusión opuesta a
lo que se encontraba probado. La exigencia de una prueba pericial en esas
circunstancias resulta desproporcionada, constituye un vicio grave de valoración
probatoria y desconoce abiertamente los principios de celeridad y eficacia que rigen
las actuaciones judiciales, así como los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, máxime si se tiene en cuenta que se encontraba facultado
para decretar pruebas de oficio -artículo 169 del CGP-.

Desconoció el a quo el mérito probatorio de los certificados de ingresos
expedidos por el revisor fiscal del contrato de cuentas en participación y por
quien es legalmente responsable en condición de socio gestor, sin fundamento
normativo válido y motivación suficiente, lo que desconoce el principio de legalidad,
la sana crítica en la valoración de la prueba, los derechos al debido proceso y
defensa, así como la idoneidad de esta prueba para acreditar hechos económicos
reconocida de manera reiterada por el Consejo de Estado y, en particular, la
territorialidad del hecho generador del ICA.

Con ocasión de la demandada se allegaron tanto las declaraciones de ICA
presentadas por SOCINSA en distintas jurisdicciones por el año gravable 2014, como
una certificación expedida por su revisor fiscal sobre los ingresos obtenidos por esta

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en ese periodo, el valor que de ellos se derivó de la ejecución del contrato de
colaboración empresarial y los correspondientes a la demandante como partícipe
inactiva; la cual cuenta con respaldo en los estados financieros y registros contables
de esa sociedad que también se aportaron. Por tanto, encontrándose así probado
que la demandante percibió ingresos por valor de $8.860.237.304 en virtud de este
contrato y que estos corresponden a actividades desarrolladas en otras
jurisdicciones, se impone aceptar los valores declarados.

De otra parte, se observa que el a quo cometió un error de transcripción que incidió
en el cálculo del valor a reconocer como ingresos obtenidos por la demandante por
su participación en el consorcio PROCAPEX que, conllevó al desconocimiento de la
suma de $1.280.031.783 de ingresos obtenidos en otros municipios. En efecto, este
contrato generó ingresos en la ciudad de Medellín por la suma de $4.820.959.000,
no de $820.959.000, de manera que el porcentaje de participación del 32% debió
aplicarse sobre una base de $56.301.081.000 de ingresos que se encontraban
acreditados.

El Tribunal dejó de pronunciarse sobre el cargo de la demanda de indebida
valoración probatoria en que incurrió la autoridad tributaria, basado en que los actos
acusados no expresan de manera suficiente las razones por las cuales se
desestimaron las pruebas allegadas durante la actuación administrativa y, se
imponen límites a la actividad probatoria desplegada por la contribuyente que no se
encuentran establecidas en la ley.

Insistió en la improcedencia de la sanción por inexactitud impuesta, por no haberse
configurado alguno de los supuestos de hecho establecidos como infracción.

Finalmente, pidió condenar en costas a la entidad demandada, tomando en cuenta
que sus actuaciones vulneraron las garantías del debido proceso y generaron un
desgaste innecesario de la administración de justicia.

TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se admitió por auto de 16 de diciembre de 2025 7, sin
pronunciamiento frente a este. Al ser innecesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia, no se dio traslado para alegar (art. 247 CPACA). El Ministerio público no
emitió concepto.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se decide la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se modificó
la declaración del impuesto de industria y comercio correspondiente al año gravable
2014, con fundamento en los cargos formulados por la parte demandante, en su
condición de apelante única, contra la sentencia del Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 4, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas.

7
Samai, índice 4.

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En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala establecer si: (i) la
sentencia de primera instancia es incongruente por no haberse pronunciado sobre
la alegada insuficiencia de motivación de los actos administrativos al desestimar las
pruebas aportadas; (ii) el Tribunal realizó una indebida valoración probatoria y, en
consecuencia, se encuentran acreditados los ingresos obtenidos en jurisdicciones
distintas al Distrito de Cartagena; (iii) la sentencia apelada contiene un error en la
cuantificación de los ingresos derivados de la participación de la demandante en el
consorcio PROCAPEX; (iv) procede la sanción por inexactitud impuesta en los actos
demandados; y (v) hay lugar a condenar en costas a la parte demandada en primera
instancia.

El litigio planteado en esta instancia gira en torno al rechazo de la exclusión de la
base gravable de los ingresos declarados como obtenidos fuera del distrito de
Cartagena, por no haberse acreditado la extraterritorialidad de las actividades
gravadas de los que se derivaron y que fueron objeto de declaración y pago del
impuesto de industria y comercio en las jurisdicciones correspondientes; sin que se
discuta la procedencia de la exclusión de ese concepto para la determinación de la
base gravable, que es aceptada por la administración tributaria distrital.

Congruencia de la sentencia

La apelante aduce que la sentencia de primera instancia omitió pronunciarse sobre
el cargo de indebida valoración probatoria en que, a su juicio, incurrió la autoridad
tributaria al no expresar de manera suficiente las razones por las cuales desestimó
las pruebas allegadas en la actuación administrativa, particularmente las
certificaciones expedidas por el socio gestor y representantes de los contratos de
colaboración empresarial. Añade que la administración impuso exigencias
probatorias no previstas en la ley, al requerir documentos específicos, tales como
copias de contratos y declaraciones presentadas en otros municipios, como única
forma de acreditar la extraterritorialidad de los ingresos, restringiendo así el derecho
a la defensa.

Dado que la apelada mantuvo el rechazo de los ingresos declarados como
obtenidos en otros municipios únicamente respecto de aquellos provenientes de la
participación de la contribuyente en el contrato de cuentas en participación
celebrado con SOCINSA, el análisis del anterior planteamiento en esta instancia se
circunscribirá a ese aspecto, en tanto que el recurso de apelación se entiende
interpuesto en lo desfavorable al apelante único, conforme a lo dispuesto en el
artículo 320 del ET.

Para resolver, la Sala precisa que de acuerdo con lo previsto en los artículos 1878
del CPACA y 281 del CGP9, el principio de congruencia de la sentencia comprende
una dimensión interna, referida a la necesaria correspondencia entre la motivación
y la parte resolutiva de la providencia; y otra externa, consistente en la conformidad
que debe existir entre la decisión judicial y lo pedido por las partes en la demanda y

8
“la sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve resumen de la demanda y de su contestación y un análisis
crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar
las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen”.
9
“la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la Ley”.

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en su contestación10. De igual manera, la Sala ha precisado que este principio
delimita el ámbito de la función jurisdiccional, de manera que el juez no fallará ultra
petita, al extender su decisión más allá de lo pedido, ni extra petita, al reconocer
algo que no fue solicitado, pues el marco de la decisión está constituido por las
pretensiones y excepciones probadas a lo largo del desarrollo del proceso; así como
tampoco minima petita11, al omitir pronunciarse sobre alguno de los extremos de la
litis que deban ser resueltos, pues tiene el deber de resolver los problemas jurídicos
sometidos a su consideración. Con todo, el deber de congruencia no implica que el
juez deba «responder de forma individual y autónoma cada uno de los razonamientos
expuestos para sustentar una misma censura»12, siempre que el debate sometido a su
consideración haya sido resuelto con la debida exposición de las razones que
sustentan la decisión.

En este caso, se observa que el Tribunal consideró que la controversia versaba
sobre una discrepancia de las partes en torno a la suficiencia e idoneidad de las
pruebas aportadas para acreditar la extraterritorialidad de los ingresos. De ahí que,
concluyó que la administración no desconoció del derecho de la contribuyente a
detraer tales ingresos, sino que estimó insuficientes las pruebas aportadas para
demostrar la extraterritorialidad, por lo que consideró necesario que se allegaran
soportes adicionales, tales como declaraciones en otros municipios y contratos. En
ese entendido, el a quo abordó el análisis de las pruebas allegadas por la demandante
para acreditar la extraterritorialidad de los ingresos, que le condujo a desestimar el
certificado de revisor fiscal aportado y a considerar insuficiente la actividad probatoria
desplegada por el demandante en la medida en que no aportó un dictamen pericial
que permitiera acreditar que la contabilidad respaldaba el contenido de la certificación.
Ante la ausencia de dicho medio de prueba, procedió a negar el cargo.

En ese sentido, aunque el juzgador de primera instancia no abordó de manera
detallada y específica el argumento relativo a la motivación de la Administración
para desestimar las pruebas aportadas y exigir elementos probatorios adicionales
para acreditar la extraterritorialidad de los ingresos, este planteamiento se
encuentra estrechamente relacionado con la censura de indebida valoración
probatoria cuyo análisis se abordó en la sentencia de primera instancia, siendo
resuelto de forma adversa a las pretensiones del libelo introductorio, con exposición
de las razones por las que consideró que las pruebas allegadas no permitían
acreditar con suficiencia la extraterritorialidad de los ingresos derivados de la
ejecución del contrato de cuentas en participación, las cuales pudieron ser
controvertidas por la apelante en el recurso interpuesto y corresponde en esta
instancia examinar integralmente los cuestionamientos formulados en la apelación.

Por consiguiente, la omisión advertida no configura una vulneración del principio de
congruencia ni conduce, por sí misma, a la nulidad de los actos acusados o a la
revocatoria de la sentencia recurrida. En consecuencia, no prospera este cargo de
apelación.

10
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 1° de agosto de 2019, exp. 24074, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
26 de julio de 2012, exp. 18380, MP. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, y 14 de agosto de 2013, exp. 18580, MP. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas, reiteradas en sentencia del 29 de abril de 2020, exp. 22085, MP. Stella Jeannette Carvajal
Basto; entre otras.
11
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 1° de septiembre de 2020, exp. 11001-03-15-000-2020-00266-00, MP.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; y Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 5 de marzo de 2020, exp. 64627 A, y
18 de diciembre de 2020, exp. 62573, MP. Nicolás Yepes Corrales.
12
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 2 de julio de 2026, exp. 30080, MP. Claudia Rodríguez Velásquez.

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Radicado: 13001-23-33-000-2019-00311-01 (30167)
Demandante: Portales Urbanos S.A.

Definido lo anterior, la Sala pasa a estudiar el fondo del asunto en relación con los
demás reparos planteados en el recurso de apelación.

De los ingresos obtenidos fuera del Distrito de Cartagena. Valoración
probatoria

La demandante discute la valoración probatoria realizada por el a quo, al sostener
que las pruebas aportadas son suficientes para reconocer la extraterritorialidad de
los ingresos declarados, en particular, los provenientes del contrato de cuentas en
participación celebrado con SOCINSA, que fueron desestimadas en el entendido de
que se requería del dictamen de un perito experto para realizar la valoración
adecuada de las pruebas contables allegadas. Además, reprocha que el Tribunal
dejara de verificar la alegada motivación insuficiente de los actos acusados que
soportara negar valor probatorio al certificado de ingresos expedido por SOCINSA.

En consecuencia, el análisis de la Sala se dirigirá a determinar si las pruebas
allegadas por el demandante permiten establecer que los ingresos que percibió en
calidad de socia oculta del contrato de cuentas en participación suscrito con
SOCINSA, se generaron por el desarrollo de actividades gravadas fuera del distrito
de Cartagena; partiendo de la base de que no se discute si las actividades
realizadas de manera indirecta por la demandante fueron de servicios.

El artículo 32 de la Ley 14 de 1983, compilado en el artículo 195 del Decreto 1333
de 198613, fija la regla general de territorialidad al establecer que la prestación de
servicios estará gravada con ICA en la jurisdicción municipal donde « se ejerzan o
realicen […], directa o indirectamente» las actividades correspondientes. En esa misma
línea, el artículo 87 del Acuerdo Distrital 041 de 2006 prevé que están gravadas en
Cartagena, las actividades de servicios que se realicen en su territorio.

Por su parte, el artículo 36 de la misma ley, compilado en el artículo 199 del Decreto
1333 de 1986, señala como actividades de servicios las dedicadas a satisfacer
necesidades de la comunidad a través de la construcción y de administración de
inmuebles, entre otras actividades; mientras que, el artículo 90 del Acuerdo 041 de
2006 define como actividad de servicios toda obligación de hacer ejecutada a
cambio de una contraprestación económica, independientemente de que predomine
el factor material o intelectual y siempre que no exista vínculo laboral con quien la
contrata.

De acuerdo con el artículo 98 del Acuerdo 041 de 2006, la base gravable del
impuesto de industria y comercio en el distrito de Cartagena está conformada por
los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios obtenidos por el contribuyente
durante el periodo, una vez detraídos los correspondientes a las actividades exentas
y no sujetas, las devoluciones rebajas y descuentos, la venta de activos fijos y los
ingresos percibidos en otra jurisdicción municipal. De ahí la importancia de
establecer el lugar en que se realizaron de manera indirecta las actividades
gravadas que cuestiona la entidad demandada.

13
«Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal».

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Es así que, la territorialidad del impuesto en la actividad de servicios impone
establecer el lugar donde se ejecutaron las concretas prestaciones que constituyen
el objeto de la obligación contractual y de las cuales provienen los ingresos. Luego,
la extraterritorialidad de un ingreso a efectos de ICA depende de la demostración
de que la actividad que lo generó fue desarrollada en una jurisdicción distinta de
aquella que pretende gravarlo.

En cuanto a los requisitos para la procedencia de la exclusión de la base gravable
del ICA de los ingresos declarados en otros municipios, la Sección ha reiterado que
el contribuyente puede demostrar por cualquier medio probatorio la
extraterritorialidad de los ingresos14. Asimismo, que «la declaración tributaria
presentada en el municipio donde se presentó el hecho generador del impuesto»
establecida como prueba de extraterritorialidad en la letra c del numeral 3 del
artículo 99 del mismo acuerdo distrital, no constituye «la única prueba» de los
ingresos obtenidos en cada ente territorial, «pues no existe una disposición normativa
que preestablezca un determinado medio probatorio para acreditar la extraterritorialidad de
los ingresos a efectos de la causación»15. Es así que, el artículo 405 ibidem
expresamente establece que, para «efectos probatorios» en los procedimientos
adelantados por la entidad demandada resultan aplicables tanto las respectivas
disposiciones de ese Acuerdo, como las contenidas en los capítulos I, II y III del
título VI del Libro Quinto del Estatuto Tributario Nacional, con excepción de los
artículos 770, 771 y 789.

De lo anterior deviene que los actos expedidos por el distrito de Cartagena en
asuntos tributarios, puedan estar soportados y ser controvertidos con los medios de
prueba previstos tanto en las normas locales como nacionales, entre los que se
encuentran la contabilidad del contribuyente -Art. 772 ET- y el certificado de contador
público o de revisor fiscal -Art. 777 ET-.

Lo descrito guarda armonía, además, con el artículo 1 del Decreto 3070 de 199316,
compilado en el artículo 2.1.1.1. del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016,
establece que los registros contables de los contribuyentes constituyen una prueba
idónea de la territorialidad cuando realizan actividades gravadas «en más de un
municipio, a través de sucursales o agencias, […] o de establecimientos de comercio […]»,
al señalar que en esos supuestos deben «llevar registros contables que permitan la
determinación del volumen de ingreso obtenidos por las operaciones realizadas en dichos
municipios». Para ello, el contribuyente puede aportar directamente su contabilidad
o un certificado de contador o revisor fiscal expedido de conformidad con las normas
legales vigentes como lo prevé el artículo 777 del ET, sin perjuicio de la facultad que
tiene la administración tributaria de hacer las comprobaciones pertinentes. Esto no
es óbice para que el contribuyente allegue cualquier otro medio de prueba que
resuelte suficiente para acreditar la territorialidad de la actividad gravada con ICA,
cuando su comprobación le sea requerida por la autoridad tributaria.

14
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 23 de agosto y 12 de diciembre de 2018, exps. 22186 y 20781, MP.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, 12 de marzo de 2020, exp. 24097, MP. Julio Roberto Piza; 25 de marzo de 2021, exp. 24366,
MP. Stella Jeannette Carvajal Basto; y 16 de junio de 2022, exp. 26311, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Reiteradas en
sentencia de 31 de octubre de 2024, exp. 28848, MP. Wilson Ramos Girón.
15
Entre otras, Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del. 22 de septiembre de 2016, 10 de mayo y 23 de agosto de
2018 (exps. 20648, 21323 y 22186, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez); del 14 de marzo de 2019 (exp. 22241, MP. Milton
Chaves García) y del 4 de abril de 2019 (exp.21356, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto). Reiteradas en sentencias del 31
de octubre de 2024, exp. 28848, MP. Wilson Ramos Girón.
16
«Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 14 de 1983 y se dictan otras disposiciones».

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Al respecto, la Sala ha sostenido que el mérito probatorio de este certificado
depende de su contenido, de la capacidad que tiene para probar el hecho
investigado o los conceptos y sumas certificadas, ya que la suficiencia que declara
el artículo 777 en mención está sujeta a que contenga «algún grado de detalle en
cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden
demostrarse, para que la misma pueda tener la eficacia y suficiencia probatoria»17, no
bastando que contenga «simples afirmaciones o enunciaciones, carentes de respaldo
documental y/o contable»18.

En relación con las operaciones gravadas que se realizan a través de contratos de
colaboración empresarial, el artículo 54 de la ley 1430 de 2010, modificado por el
artículo 177 de la Ley 1607 de 2012, establece que «son sujetos pasivos de los
impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de
hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones
temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto»;
y radica el cumplimiento del deber de declarar en el socio gestor de los contratos de
cuenta de participación, y en el representante de los consorcios y uniones
temporales19.

A partir de la precitada disposición, la Sección ha explicado que la sujeción pasiva
del ICA recae en la persona natural, jurídica o sociedad de hecho que realiza la
actividad económica de manera indirecta, «sin perjuicio de que el hecho generador del
tributo figue en el ente asociativo»20 y que la responsabilidad por el cumplimiento del
deber de declarar por ese hecho imponible corresponda al representante de dicho
ente y al socio gestor del contrato, por disposición del inciso 2 del parágrafo 2 del
artículo 54 en comento.

En lo que atañe a los contratos de cuentas en participación, el artículo 507 del
Código de Comercio dispone que son negocios jurídicos en virtud de los cuales dos
o más comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles
determinadas, que debe ser ejecutada por uno de ellos a su nombre y bajo su crédito
personal, con el deber de rendir cuentas y dividir las ganancias o pérdidas con los
otros partícipes en la proporción convenida. De igual manera, el artículo 508 ibidem
establece que este contrato no está sometido a solemnidades, por lo que su objeto,
forma, interés y demás condiciones se regirán por lo convenido entre los partícipes.

De acuerdo con lo precisado por la Sección en otras oportunidades, en este contrato
interactúa un socio gestor que realiza una operación determinada y se considera
único dueño del negocio frente a terceros, y un socio inactivo que aporta su capital
para la consecución de la finalidad económica perseguida, bien sea dinero, valores,
inmuebles e industria21, con la subsecuente repartición de las ganancias o pérdidas
entre los copartícipes en la proporción convenida, independientemente del

17
Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 30 de abril de 1998, exp. 8725 MP. Delio Gómez Leyva;
del 27 de noviembre de 1998, exp. 9099, MP. Julio Enrique Correa Restrepo; del 15 de octubre de 1999, exp. 9387, MP. Delio
Gómez Leyva; del 20 de marzo de 2003, exp. 12951, MP. Juan Ángel Palacio Hincapié; del 1.° de abril de 2004, exp. 13681,
MP. María Inés Ortiz Barbosa y del 8 de julio de 2010, exp. 16508, MP. William Giraldo Giraldo. Reiteradas en la sentencia
del 4 de diciembre de 2025, exp. 29566, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias del 25 de noviembre de 2004, exp. 14155, MP. María Inés Ortiz Barbosa;
6 de agosto de 2014, exp. 19288, MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez; reiteradas en la sentencia del 4 de diciembre de 2025,
exp. 29566, MP. Luis Antonio Rodríguez Montaño.
19
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de marzo de 2025, exp. 29137, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 2 de mayo de 2024, exp. 28351, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Reiterada en sentencia del 27 de marzo de 2025, exp. 29137, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
21
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 22805, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.

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mecanismo o de su periodicidad, habida consideración a que el riesgo se distribuye
entre los contratantes22.

Es así que, corresponde al socio gestor contabilizar los ingresos, costos y gastos
que reciba por la operación gravada que desarrolla, hacer cortes con la periodicidad
acordada en el contrato, reconociendo como un pasivo el ingreso que debe repartir
al partícipe oculto, repartir la utilidad o pérdida a este y presentar las declaraciones
del impuesto de industria y comercio en las respectivas jurisdicciones. A su turno,
el socio oculto únicamente podrá declarar junto a sus ingresos propios, la utilidad
que le corresponda según la proporción pactada23.

En el presente caso, la demandante afirmó que el Tribunal no valoró
adecuadamente los certificados de ingresos expedidos, unos por el presentante
legal de SOCINSA como socio gestor del contrato de cuentas en participación y
otros por su revisor fiscal, los cuales estima como prueba suficiente de la
extraterritorialidad de los ingresos; y, además, omitió la apreciación de los estados
financieros y registros contables que soportan lo certificado.

Pues bien, la sociedad Portales Urbanos S.A. presentó declaración de ICA por el
periodo gravable 2014 en el distrito de Cartagena24, en que registró ingresos brutos
ordinarios y extraordinarios del periodo de $41.243.201.000, de los cuales detrajo
aquellos obtenidos fuera de dicha jurisdicción por valor de $41.111.552.000,
estableciendo un total de ingresos brutos gravables en ese distrito de $131.649.000.

Mediante requerimiento especial25, la autoridad tributaria propuso rechazar
$41.111.552.000 correspondientes a los ingresos percibidos fuera del distrito de
Cartagena y, correlativamente, adicionar los ingresos gravados en ese distrito en
ese mismo valor. La sociedad contribuyente dio respuesta a este requerimiento 26,
explicando que los ingresos detraídos fueron obtenidos por actividades que
desarrolló: (i) directamente en las ciudades de Santa Marta, Bogotá, Bucaramanga,
Barranquilla y Armenia por cuantía global de $4.276.437.000, jurisdicciones en que
presentó las respectivas declaraciones27; y (ii) a través de contratos de colaboración
empresarial de los derivó el valor total de $36.835.115.000 en proporción a su
participación, como emana de las certificaciones de ingresos expedidas por el
revisor fiscal de dos consorcios y por el representante legal del socio gestor del
contrato de cuentas en participación.

A través de la liquidación oficial de revisión acusada, el distrito demandado
reconoció ingresos brutos obtenidos fuera de su territorio por $4.276.437.000,
mientras que rechazó los percibidos por la participación de la contribuyente en
contrato de colaboración empresarial por considerar insuficientes las distintas
certificaciones de ingresos allegadas para acreditar que la suma de $36.835.115.00
se derivaron de actividades gravadas en otros municipios, ya que no aportó los
respectivos contratos de conformación de los consorcios y de cuentas en
participación, ni las declaraciones de ICA que estos hubieran presentado.

22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de agosto del 2018, exp. 21745, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
23
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de agosto de 2020, exp. 22805, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
24
Samai, Índice 2, Archivo: 2ED_EXPEDIENTE_02ExpedienteAdminist(.pdf), pp. 8.
25
Samai, Ib., pp. 4-6.
26
Samai, Ib., pp. 33-43.
27
Samai, Ib., pp. 11-21.

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Con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto en contra de la liquidación
oficial de revisión acusada28, la demandante allegó los contratos de colaboración
empresarial, las declaraciones de ICA presentadas por estos, certificaciones de los
ingresos obtenidos por las actividades gravadas que realizó a través de contratos
de colaboración empresarial en el año gravable 2014, y una certificación expedida
por su revisor fiscal sobre el origen y cuantía de sus ingresos.

Con fundamento en lo anterior, en la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración29 se dispuso modificar la liquidación oficial para aceptar: (i) los
ingresos obtenidos en otros municipios por las actividades del consorcio Constructor
Nororiente, equivalentes al 37.5% de participación de la contribuyente; y (ii) la suma
equivalente al 10% de su participación en los ingresos obtenidos por el consorcio
PROCAPEX en seis de siete municipios, debido a que no reconoció valor probatorio
a la declaración de ICA presentada por este en Montería por no tener constancia de
presentación y pago. En suma, consideró probados ingresos declarados como
obtenidos fuera del distrito de Cartagena por un total de $19.022.323.250 y mantuvo
el rechazo de $22.089.229.000 correspondientes a ingresos declarados como
percibidos en otros municipios, ante la imposibilidad de identificar el valor exacto de
ingresos derivados del contrato de cuentas en participación, en la medida en que
en las declaraciones de ICA presentadas por el socio gestor figuraba un ingreso
global de $81.124.184.000 que incluía en forma indistinta los ingresos propios de
SOCINSA y los generados por la ejecución de ese contrato; y no se allegaron
soportes adicionales como estados financieros o libros auxiliares de contabilidad de
dicho partícipe.

Inconforme con lo anterior, en sede judicial el demandante solicitó la procedencia
de ingresos equivalentes al 32% de su participación en el consorcio PROCAPEX,
debido a que la entidad demanda solo reconoció el 10%, sin tener en cuenta que la
composición inicial de dicho contrato de colaboración empresarial fue modificada
mediante Acta 7 de 27 de diciembre de 2013. Igualmente, pidió el reconocimiento
de los ingresos provenientes del contrato de cuentas en participación celebrado con
SOCINSA, que asegura se encuentran acreditados con las pruebas allegadas
durante el procedimiento de determinación oficial y las aportadas con la demanda -
estados financieros y registros contables del partícipe gestor-.

Al respecto, el a quo encontró acreditado que la participación de la demandante en
el consorcio PROCAPEX pasó del 10% al 32% a partir del 27 diciembre de 2013,
por lo que aceptó la suma adicional de $6.266.865.098 por ingresos obtenidos a
través este contrato en otras jurisdicciones municipales. No obstante, mantuvo el
rechazo de los ingresos derivados del contrato de cuentas en participación
declarados como obtenidos fuera del distrito de Cartagena, al negar mérito
probatorio al certificado de revisor fiscal de SOCINSA y no haberse allegado o
solicitado en sede judicial, una prueba pericial que permitiera la valoración de la
prueba contable allegada dado su carácter técnico.

A partir del anterior recuento fáctico, la Sala evidencia que la entidad demandante
sí expuso el mérito que asignó a los medios de prueba allegados durante la
actuación administrativa, en particular, a las certificaciones de ingresos expedidas

28
Samai, Ib., pp. 143-168.
29
Samai, Ib., pp. 175-190.

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por SOCINSA como socio gestor del contrato de cuentas en participación celebrado
con la actora, cuya valoración individual no resultaba suficiente para demostrar la
extraterritorialidad de los ingresos alegada por la contribuyente y, ante la escasa
actividad probatoria desplegada por este, en los actos acusados indicó los medios
de pruebas que apreciados en su conjunto podrían haber conducido a acreditar lo
pretendido por el demandante, ante cuya ausencia, concluyó que las pruebas
allegadas no permitían identificar de la totalidad de ingresos obtenidos y declarados
por SOCINSA en distintos municipios, el valor específico de los correspondientes a
las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato de cuentas en
participación. En ese sentido, no prospera el motivo de inconformidad propuesto por
la apelante sobre la motivación de los actos demandados.

Asimismo, se precisa que en esta instancia la suma discutida asciende a
$10.007.364.902 que se componen así: $8.727.333.000 por ingresos originados en
la ejecución del contrato de cuentas en participación y $1.280.031.902 asociados al
consorcio PROCAPEX -reclamados porque a juicio de la apelante, el Tribunal reconoció
un valor de ingreso inferior al que se encontraba probado-.

Pues bien, en relación con el primero de esos contratos, se encuentra acreditado
que el 1° de enero de 2010 la demandante y SOCINSA suscribieron un contrato de
cuentas en participación para la celebración y ejecución de contratos de
arrendamiento de locales comerciales de su propiedad, en que aquélla actuaría
como socia oculta con una participación del 90% en las utilidades y pérdidas que
resultaran del desarrollo de las operaciones, mientras que esta última fungiría como
socia gestora con una participación del 10%30. Adicionalmente, allí se pactó que las
operaciones de arrendamiento se ejecutarían de manera preferente en las ciudades
de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla, sin perjuicio de que las partes convinieran
en ampliar el ámbito de aplicación territorial del contrato. De igual manera que, el
24 de marzo de 2011 suscribieron otro sí al contrato de cuentas en participación 31
para modificar los porcentajes de distribución de utilidades y pérdidas así: 98.5%
para Portales Urbanos S.A. y 1.5% para SOCINSA.

En la certificación expedida el 10 de julio de 2017por el revisor fiscal de SOCINSA32,
se indicó de manera general que: (i) «De acuerdo con los registros contables de la
Compañía», Portales Urbanos S.A. recibió ingresos por su participación en el
contrato de cuentas en participación por favor de $8.727.333.748 en el año 2014;
(ii) declaró y pago el impuesto de industria y comercio correspondiente a la totalidad
de ingresos generados en virtud de ese contrato. Aunado a lo anterior, en las
certificaciones emitidas el 6 de febrero y 6 de marzo de 201833 por el revisor fiscal
y el representante legal del partícipe gestor, se desglosaron las referidas
declaraciones, con indicación de los formularios, fechas y municipios en que fueron
presentadas -Santa Marta, Cartagena, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga y Bogotá-.

Con la demanda se allegó certificación expedida por el revisor fiscal de dicha socia
gestora34, en que consta que SOCINSA obtuvo ingresos de $81.124.182.000 en
desarrollo de su objeto social durante el periodo gravable 2014, de los cuales

30
Samai, Índice 2, Archivo: 3ED_EXPEDIENTE_01ExpedienteDigitali(.pdf), pp. 63-69.
31
Samai, Ib., pp. 116.
32
Samai, Índice 2, Archivo: 2ED_EXPEDIENTE_02ExpedienteAdminist(.pdf)), pp. 22.
33
Samai, Ib., pp. 75-76 y 77-79.
34
Samai, Índice 2, Archivo: 3ED_EXPEDIENTE_01ExpedienteDigitali(.pdf), pp. 73-75.

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$8.860.237.307 corresponden a la ejecución del contrato de colaboración
empresarial, que tiene por objeto el arrendamiento de locales comerciales ubicados
en las ciudades de Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta y
Cartagena. Allí se indica que lo certificado se soporta en: (i) la verificación de los
estados financieros de la sociedad a 31 de diciembre de 2014, (ii) las declaraciones
del impuesto de industria y comercio presentadas por el año gravable 2014 y (iii) los
registros contables del arrendamiento de locales comerciales objeto del contrato de
colaboración empresarial antes anotado.

En el estado de resultados de SOCINSA a 31 de diciembre de 2014 se registró que
en dicho periodo gravable esta sociedad obtuvo ingresos por $75.281.128.00035; y
en el estado financiero de balance general con el mismo corte, se registró que la
cuenta de «otros pasivos» tenía un saldo de $7.339.362 que correspondía a dineros
recibidos anticipadamente por el arrendamiento de locales comerciales -en cuantía
de $120.982- y a ingresos recibidos para terceros «por los arrendamientos de locales
comerciales en el marco de los contratos de cuentas en participación celebrados por
Portales Urbanos S.A., Portal de Armenia S.A. e Incopac S.A.»36 -por $7.218.380-, según
lo explicado en la nota 14 a los estados financieros. Allí también se indicó un saldo
de las cuentas de orden de $28.818.26337 en que se registran los derechos o
responsabilidades contingentes, tales como las concernientes a contratos de
cuentas en participación -por $28.605.832-, de acuerdo con lo precisado en la nota
1738.

En el extracto del libro auxiliar de la cuenta 2840 de «pasivos en cuentas en
participación» se registra un saldo de $8.860.237.307, cuyo 98.5% correspondería a
la utilidad a favor del partícipe. Este saldo corresponde a la obligación que tiene a
su cargo y a favor de la demandante como socia oculta por concepto de
liquidaciones parciales del contrato de cuentas en participación celebrado entre
ellos, donde se observa el registro de los ingresos por arrendamiento y de los gastos
por honorarios profesionales asociados al contrato, impuestos, pagos de servicios
públicos, seguros, cuotas de administración y de carácter financiero, con
especificación de la fecha y el número del documento soporte respectivo. Estos
registros contables resultan concordantes con la cifra total de ingresos obtenidos
por el contrato de cuentas en participación en la vigencia revisada, que fue
certificada por el revisor fiscal.

En las declaraciones de ICA presentadas por SOCINSA se indicó que obtuvo
ingresos totales por $81.124.182.000, de los cuales percibió $79.983.615.000 en
otros municipios, como se observa a continuación:

Ciudad de presentación Ingresos declarados
Cartagena $ 1.140.589.000
Otros municipios $ 79.983.615.000
▪ Bogotá $ 2.648.098.00039
▪ Santa Marta $ 1.704.415.000

35
Samai, Ib., pp. 78.
36
Samai, Ib., pp. 98.
37
Samai, Ib., pp. 77.
38
Samai, Ib., pp. 88 y 100.
39
Corresponde a la sumatoria de las declaraciones de los bimestre I a VI de 2014 presentadas el 18 de marzo, 16 de mayo,
13 de julio, 19 de septiembre, 19 de noviembre de 2014, y 19 de enero de 2015, por valor de $18.202.956.000,
$8.114.600.000, $7.576.900.000, $5.254.442.000, $11.171.541.000 y $30.803.743.000, respectivamente.

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▪ Bucaramanga $ 508.009.000
▪ Armenia $ 894.123.000
▪ Barranquilla $ 74.228.970.000
Total de ingresos ordinarios y extraordinarios declarados $ 81.124.182.000

De ese modo se evidencia que los ingresos reflejados en el estado de resultados
certificado y dictaminado con corte a 31 de diciembre de 2024 -$75.281.128.000-,
no coinciden con el valor indicado en cada una de las certificaciones emitidas por el
revisor fiscal y, tampoco, con la suma registrada como ingresos totales en cada una
de las declaraciones de impuesto de industria y comercio que presentó en Bogotá,
Santa Marta, Bucaramanga, Cartagena, Armenia y Barranquilla.

Podría inferirse que la diferencia entre el valor registrado en el estado de resultados
y el total declarado para efectos de ICA obedece, al menos parcialmente, a la
utilidad derivada del contrato de cuentas en participación que, de acuerdo con el
artículo 54 de la Ley 1430 de 201040 vigente para la época de los hechos, debía ser
declarada por el socio gestor. Sin embargo, el mayor valor declarado por SOCINSA
asciende a la suma de $5.843.054.000 que resulta inferior a los $8.727.333.747 de
utilidad que corresponde a la demandante según su porcentaje de participación. A
ello se agrega que SOCINSA actuaba como socio gestor de otros contratos de
cuentas en participación, tal como se desprende de las notas a los estados
financieros en las que no se desglosan los ingresos provenientes de cada uno de
esos negocios jurídicos y menos, se identifican los municipios en que fueron
obtenidos.

En esas condiciones, las declaraciones de ICA presentadas por SOCINSA y sus
estados financieros, no permiten establecer qué parte de los ingresos allí
registrados corresponden específicamente al contrato de cuentas en participación
celebrado con la demandante, ni determinar en qué jurisdicción se generaron tales
ingresos. No obstante, el extracto del libro auxiliar por tercero de la cuenta 2840 de
SOCINSA sí registra las operaciones realizadas en desarrollo de dicho contrato y
presentan un saldo total de $8.860.237.307. Allí se identifican movimientos
relacionados con ingresos por arrendamiento e intereses, así como los costos y
gastos asociados a impuestos, servicios, seguros, administración y financieros. Por
tanto, es esta prueba contable la que permite establecer el valor total de los ingresos
derivados de este contrato y, a partir del porcentaje de participación pactado, la
suma que corresponde a la demandante como socia oculta -$8.727.333.747-.

Ahora bien, la cuestión que debe resolverse no se restringe a la acreditación del
monto los ingresos correspondientes a la demandante por su participación en dicho
negocio jurídico, pues se requiere determinar si existe prueba suficiente para
concluir que estos fueron generados por actividades desarrolladas en el Distrito de
Cartagena.

Sobre este particular, se advierte que los documentos analizados presentan
discrepancias respecto de la cifra total de ingresos devengados por SOCINSA en el
año gravable cuestionado y no permiten establecer si los ingresos derivados del
contrato de cuentas de participación celebrado con la demandante fueron incluidos,
total o parcialmente, en las declaraciones de ICA presentadas por el socio gestor

40
Modificado por el artículo 177 de la Ley 1607 de 2012.

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en las distintas jurisdicciones. Tampoco obran medios de prueba adicionales que
evidencien que los ingresos percibidos por Portales Urbanos como socia oculta en
dicho contrato corresponden a actividades realizadas en el distrito de Cartagena.

En este punto resulta relevante recordar que la Sala ha precisado que cuando la
Administración pretenda «alterar el aspecto positivo de la base gravable» mediante la
adición de ingresos u operaciones gravables en su jurisdicción, «en aplicación del
principio general de la carga de la prueba contenido en el artículo 177 CPC, reiterado por
el artículo 167 CGP, corresponde a la Administración demostrar que las operaciones
sometidas a tributación se causaron en su jurisdicción, pues este se constituye en el sujeto
que inicia la actuación administrativa tendiente a liquidar el tributo oficialmente»41. En
efecto, «la carga de la prueba se asigna a la autoridad que constituye el sujeto que invoca
a su favor la modificación del caso. Lo anterior obedece al deber de la Administración de
agotar una actividad de verificación suficiente respecto de la liquidación de los tributos que
efectúan los sujetos pasivos»42.

Se advierte que, en este caso, la contribuyente aportó elementos de prueba dirigidos
a demostrar el origen y cuantía de los ingresos y, particularmente, la existencia del
contrato de cuentas en participación, su objeto, el porcentaje de participación, los
ingresos derivados de su ejecución y los registros contables que respaldaban tales
operaciones. Frente a ello, el Distrito de Cartagena no aportó elementos de juicio
que permitieran establecer que los ingresos correspondientes a la participación de
Portales Urbanos S.A. en el contrato de cuentas en participación fueron generados
por actividades realizadas en su territorio.

Es así que, ninguno de los documentos allegados en sede administrativa y judicial,
valorados individualmente y en conjunto, como lo impone el artículo 176 del CGP43,
permite concluir que los ingresos declarados por la demandante como obtenidos en
jurisdicciones distintas a Cartagena hayan sido obtenidos en ese distrito, pese a que
este tenía el deber de probar los ingresos gravados en su jurisdicción, lo cual impone
demostrar que la actividad gravada se realizó allí, como lo ha sostenido la Sección
en oportunidades anteriores44. Incluso, de la certificación de revisor fiscal allegada
con la demanda se desprende que los locales comerciales arrendados por el socio
gestor se encontraban ubicados en las ciudades de Bogotá, Armenia,
Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, lo que resulta coincidente
con las jurisdicciones en que SOCINSA presentó declaraciones de ICA; sin que
tampoco pueda concluirse que estos medios de prueba resultan suficientes para
acreditar que la actividad gravada de arrendamiento de tales inmuebles fue
desarrollada por el socio gestor en esas jurisdicciones.

Así pues, el distrito de Cartagena no cumplió con su carga de demostrar que los
ingresos declarados por la sociedad como percibidos en otros municipios en virtud
de su participación en el contrato de cuentas en participación, estén gravados en su
territorio, en el que por demás declaró ingresos gravados por valor de $131.649.000.
En ese entendido, era improcedente adicionar la base gravable de ICA, sin

41
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 23 de febrero de 2023, exp. 27037, C.P. Wilson Ramos Girón.
42
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 27 de abril de 2023, exp. 27082, MP. Wilson Ramos Girón.
43
Las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y debe exponerse
razonadamente el mérito que se le asigne a cada prueba.
44
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 18 de junio de 2026, exp. 30153, MP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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desplegar efectivamente sus facultades de fiscalización y probatorias para soportar
la territorialidad de las operaciones gravadas que dan lugar a esa adición 45.

En ese orden de ideas, era improcedente adicionar a la base gravable del impuesto
de industria y comercio causado en Cartagena, los ingresos derivados del contrato
de cuentas en participación sin que previamente se hubiera acreditado que las
actividades que los generaron se realizaron en ese distrito. Por las razones
expuestas, el cargo de apelación prospera.

Por último, no puede dejar de mencionarse que, atendiendo a lo establecido en el
artículo 176 referido y la libertad probatoria que existe para demostrar la
extraterritorialidad de los ingresos percibidos, correspondía al a quo valorar
individualmente y en su conjunto la totalidad de pruebas allegadas y otorgarles el
valor probatorio que les correspondía, sin que pudiera aducir la falta de
conocimiento experto para omitir su apreciación y exigir que se allegar un dictamen
pericial que le permitiera comprender el contenido de las pruebas contables
recaudadas.

La prueba pericial constituye un medio de prueba disponible para esclarecer
cuestiones que requieran conocimientos especializados, pero su ausencia no
autoriza al juez a abstenerse de valorar otros medios probatorios legalmente
admisibles, particularmente cuando se trata de documentos contables y
certificaciones expedidas por profesionales que, en principio, gozan de aptitud
probatoria conforme a las normas tributarias. Por el contrario, le correspondía
determinar su mérito probatorio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin
condicionar su apreciación a la existencia de un dictamen pericial que no fue exigido
por la ley como requisito para acreditar la extraterritorialidad.

Cuantificación de los ingresos derivados del consorcio PROCAPEX

La demandante solicitó se corrija el error cometido en la liquidación efectuada por
el Tribunal respecto de los ingresos obtenidos por su participación en el consorcio
PROCAPEX, que derivó en su reconocimiento por un valor inferior al que se
encontraba demostrado.

Sobre este aspecto, se encuentra acreditado que mediante acuerdo suscrito el 22
de octubre de 2008, se conformó el consorcio PROCAPEX al que concurrió la
sociedad demandante con una participación del 10%46. Asimismo, que a través de
Acta 7 de 27 de diciembre de 201347, la participación de la demandante en dicho
contrato pasó del 10% al 32%, tal como lo advirtió el a quo en la sentencia apelada.

No obstante, al efectuar la liquidación correspondiente, el Tribunal incurrió en un
error de transcripción, pues tomó equivocadamente la suma de $820.959.000 como
ingresos declarados en la ciudad de Medellín, cuando el valor declarado fue de
$4.820.959.00048. Esto conllevó a que calculara un total de ingresos obtenidos y
declarados por el consorcio PROCAPEX de $52.300.981.000, sobre el cual aplicó

45
Ib.
46
Samai, Índice 2, Archivo: 3ED_EXPEDIENTE_01ExpedienteDigitali(.pdf), pp. 54-61.
47
Samai, Ib., pp. 107.
48
Samai, Ib., pp. 45.

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dicho porcentaje de participación en un valor inferior al que se encontraba
acreditado.

Corregido ese yerro, la base total de ingresos declarados por el consorcio fuera del
distrito de Cartagena asciende a $56.300.981.000 y, aplicada sobre ella la
participación del 32%, corresponde reconocer a la demandante ingresos obtenidos
en otras jurisdicciones por $18.016.313.920, tal como lo solicita en el recurso de
apelación. Por consiguiente, el cargo de apelación prospera.

Como consecuencia de la expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarará la nulidad total de los actos demandados, pues
no procedía la adición de ingresos obtenidos fuera del territorio de Cartagena.

Debido a que la nulidad total de los actos acusados hace improcedente el cobro de
la sanción por inexactitud, la Sala se abstendrá de analizar el cargo de apelación
formulado al respecto.

Condena en costas en primera instancia

El a quo declaró la nulidad parcial de los actos y a título de restablecimiento del
derecho dispuso la reliquidación del impuesto y correlativamente de la sanción por
inexactitud, sin imponer condena en costas al haber accedido parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Al respecto, el numeral 1 del 365 CGP establece que se condenará en costas a «la
parte vencida del proceso o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación», en contraste, el numeral 5 ibidem, dispone que «en caso de que prospere
parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar
condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión». En ese sentido, la
prosperidad parcial de las pretensiones no conlleva automáticamente la
exoneración de la condena en costas, sino que habilita al juez para decidir
motivadamente si se abstiene de imponerlas o si las reconoce de manera total o
parcial.

En el caso sub examine, el Tribunal declaró la nulidad parcial de los actos
administrativos y consideró improcedente la condena en costas a la entidad
demandada. Como ha sido posición reiterada de la Sala que, cuando se declara la
nulidad parcial de los actos administrativos no existe parte vencida en el proceso,
se considera que tampoco procedería la condena en costas. En ese sentido, no
prospera el cargo.

Condena en costas en segunda instancia

De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 365 del CGP49, aplicable
por remisión expresa del artículo 188 del CPACA50, y acorde con lo contemplado en
el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025, procede la condena en
costas en segunda instancia contra la demandada, al resultar vencida en el proceso.

49
«Art. 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia en la
condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: (…) 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, (…)».
50
«Art. 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) SMMLV. Por tanto, se
ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de la condena en
costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

1. Modificar la sentencia del 1.° de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 4. En su lugar,

“Primero. Declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión AMC-
RES000007-2018 del 3 de enero de 2018 y la Resolución AMC-RES-
003478-2018 del 18 de septiembre de 2018, proferidos por el distrito de
Cartagena.

Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de
la declaración de ICA presentada el 27 de marzo de 2015 por Portales
Urbanos S.A. ante el Distrito de Cartagena por el periodo gravable 2014.

Tercero. Sin condena en costas en primera instancia.”

2. Condenar en costas en segunda instancia a la parte demandada, en el
componente de agencias en derecho en un (1) smlmv. En consecuencia, ordenar
al Tribunal tramitar al respectivo incidente, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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